Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 20 de mayo de 2021

Foto: redes sociales

Ciudad de México. A casi un año de persecución y criminalización en su contra, la defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández Montalván, inició una huelga de hambre por la “sistemática discriminación y racismo” a la que considera ha sido sometida desde que permanece en prisión.

La tarde de este lunes 16 de mayo, la defensora de los pueblos indígenas y las mujeres informó vía telefónica a su defensor legal, Antonio Lara Duque, que ese día habría iniciado una huelga de hambre al interior del Penal Federal Nº 16, en Morelos, donde permanece recluida desde el pasado 24 de octubre. 

Como narró Lara Duque en entrevista con Cimacnoticias, tras las primeras 12 horas de huelga, Kenia ya presentaba mareos y sensación de debilidad. No obstante, no es posible saber cuál es su estado de salud actual, ya que al estar recluida en un penal federal, Kenia sólo puede comunicarse con su abogado cada dos días, hasta por 10 minutos.

Con esta huelga, la defensora pretende denunciar la “sistemática discriminación y racismo” de la que ha sido objeto ante los juzgadores que conocen de las siete causas penales que persisten en su contra, ya que –explicó Lara Duque– no se le reconoce su identidad indígena porque habla español y tuvo estudios. Bajo ese argumento, por ejemplo, el Poder Judicial se ha negado a proporcionar un intérprete de la lengua amuzgo, que se habla en la región de Costa Chica de Guerrero, de donde es originaria Kenia. 

La joven defensora también busca hacer visible la inoperancia de la Ley de Amnistía, aprobada hace un año, bajo la cual ella podría enfrentar en libertad los siete procesos por los que se le acusa, toda vez que (como se estipula en esta legislación promovida por el propio presidente de México) en el caso de aquella persona que presenta indicios de violación a DH y/o debido proceso, los organismos de DH (nacionales, estatales o internacionales) pueden proponer su libertad, precisó el abogado.

Ordenan arresto de abogado de Kenia

Kenia Hernández es una defensora de presas y presos políticos, de las mujeres y los pueblos indígenas; una de las formas de protesta es a través de la toma de casetas; sin embargo, desde el año pasado el gobierno federal ha buscado criminalizarla con siete denuncias en su contra, todas presentadas por Fiscalías de tres entidades distintas en un plazo de menos de un año. 

La primera causa penal contra Kenia se abrió el pasado 6 de junio, cuando la Fiscalía de Justicia del Estado de México la acusó del robo de una cartera de 500 pesos. Este proceso legal, del fuero común, es el más avanzado de los otros seis que enfrenta actualmente, cinco de ellas por delitos federales. 

No obstante, el juez que lleva ese primer caso, Jorge González Rivera, ordenó el pasado 18 de mayo el arresto del abogado de Kenia. Lara Duque explicó que esta orden de arresto que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, tiene de fondo impedir que esté presente en el próximo juicio de Kenia para que, en consecuencia, el Estado alegue “abandono de defensa” e imponga un abogado de oficio “a modo”.

Lara Duque dijo que sí acudirá al arresto pero que se negarán a aceptar un abogado que desconoce la estrategia legal de defensa por la libertad de Kenia. El resto de las causas penales, (radicadas una en el Estado de México, tres en Guanajuato, y dos en Guerrero) se mantienen en etapa inicial e intermedia. 

21/AJSE/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Soto Espinosa, A. J. (2021). Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal. CIMAC Noticias. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/20/inicia-defensora-kenia-hernandez-huelga-de-hambre-en-penal

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación

El 14 de mayo el ayuntamiento de Juan C. Bonilla clausuró la planta de Bonafont después de que durante casi dos meses habitantes cerraran las instalaciones denunciando la falta de agua a causa del extractivismo de la embotelladora

Aranzazú Ayala Martínez (@aranhera), Lado B

18 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

Aunque desde el 22 de marzo habitantes del municipio de Juan C. Bonilla cerraron la planta de Bonafont, y señalaron a la embotelladora por extraer más agua de la permitida y provocar desabasto en los pozos noria de las comunidades, apenas este fin de semana el Ayuntamiento clausuró las instalaciones.

Integrados en la organización “Pueblos Unidos”, vecinos de las comunidades de Zacatepec, Cuanalá y más del municipio, respaldadas por otras de la región de las Cholulas, dieron este martes 18 una rueda de prensa donde informaron que el viernes 14 de mayo el ayuntamiento llegó de manera irregular a poner los sellos de clausura.

Fue personal de Protección Civil quien llegó a poner los sellos pero solo en la entrada principal; se negaron a ponerlos en la puerta trasera, pues argumentaron que ahí nadie los vería. Ese día, los trabajadores del ayuntamiento dijeron a quienes estaban en el plantón que la clausura era por una falta fiscal, debido a un supuesto adeudo de la empresa.

Durante la conferencia de prensa, los pobladores defensores del agua dijeron que consideran que esta acción busca que el plantón, que estará de manera indefinida hasta que se vaya la empresa, “pierda credibilidad y fuerza”, y que tiene que ver con el tema electoral y estrategias de campaña.

Esto porque desde el inicio del conflicto el 22 de marzo de este año, el gobierno municipal no se había presentado ni formado parte de los diálogos, lo cual también señaló la propia Bonafont en una entrevista para LADO B.

Joel Lozano Alameda, actual alcalde de Juan C. Bonilla, ya ha sido denunciado por los habitantes al menos desde 2019, cuando ocurrió el conflicto por la defensa del río Metlapanapa para evitar que las empresas textiles descargaran aguas negras en su cauce. En ese momento, Lozano fue señalado de no querer dialogar con los habitantes inconformes, y apoyar a las empresas.

Lo que llevó a la clausura

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

El gobierno municipal envió el mismo día de la rueda de prensa de Pueblos Unidos, este martes 18, un comunicado donde explica que llevó a cabo siete acciones jurídicas, supuestamente iniciadas desde 2019, que derivaron en la clausura de Bonafont.

De acuerdo con la versión del municipio, el 10 de febrero de 2019 se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial una inspección del impacto ambiental de Bonafont; el 29 de marzo de 2021 (más de dos años más tarde) le pidieron al representante legal de la embotelladora que diera copia de los permisos de impacto ambiental, las cuales aseguran que no fueron presentadas. 

El comunicado, firmado por Joel Lozano, dice que ese mismo 29 de marzo, una semana después del inicio del plantón, se le pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar el tema de impacto ambiental, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausurar la embotelladora ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo. El 7 de abril el municipio pidió a Conagua otra inspección, y el 8 de abril una más a Profepa.

Conagua explicó a LADO B que el 26 de marzo, inspectores de la delegación de Puebla acudieron a Bonafont pero por el bloqueo no pudieron hacer su trabajo, lo cual informaron el 5 de abril al edil Joel Lozano. 

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

La dependencia agregó que el ayuntamiento no puede pedir a Conagua que clausure si no hay condiciones ni siquiera para hacer la inspección, y que será hasta que puedan realizarla cuando determinen si se infringió alguna norma o ley. Mediante su enlace de prensa, Conagua aclaró que las inspecciones se harán “todo en apego a derecho y siguiendo nuestros procedimientos establecidos en la Ley, no por que alguien diga que se debe clausurar.”

En el comunicado, el municipio dijo también que la clausura de Bonafont fue “motivada en procedimientos administrativos en la dirección de protección civil y tesorería municipal”. Mediante su enlace de prensa, el ayuntamiento aseguró que la empresa no se ha acercado a ellos, y dijeron que aclararían a que se refieren con el tema de tesorería municipal pero al cierre de esta edición no hay respuesta aún. 

Por su parte, la persona encargada de medios de Bonafont dijo a LADO B que estaban revisando la información; al momento de esta publicación no se habían tenido noticias de la empresa. 

Al respecto, los integrantes de Pueblos Unidos recordaron que seguirán en el plantón y tomarán sus decisiones mediante asambleas, con base en la organización comunitaria.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

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Ayala Martínez, A. (2021). Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación. Lado B. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/clausura-ayuntamiento-planta-de-bonafont-en-juan-c-bonilla-habitantes-denuncian-simulacion/

En prisión y vinculada a proceso, presidenta Municipal de Nochixtlán, por desaparición de defensora México-Británica

Jaime Guerrero | CIMAC Noticias

Martes 18 de mayo de 2021

Oaxaca, Oax. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra la presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, su asesor jurídico y su escolta, J. R. M. M. y J. A. H., como probables responsables del delito de desaparición de personas en agravio de la activista México-Británica, Claudia Uruchurtu Cruz.

La defensora desapareció el pasado 26 de marzo de 2021 en la jurisdicción de Asunción Nochixtlán, tras participar en una protesta contra la munícipe.

De acuerdo con los hechos plasmados en el expediente penal 203/2021, el pasado 26 de marzo de 2021, Uruchurtu Cruz fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar.

La investigación se realizó con perspectiva de género para priorizar las necesidades particulares de la víctima directa y víctimas indirectas, aseguró la Fiscalía.

Los trabajos estuvieron apoyados en todo momento por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), así como la Secretaría de Gobernación que dio intervención a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a fin de realizar las acciones de búsqueda y localización pertinentes.

El pasado 7 de mayo la Fiscalía General del Estado dio cumplimiento al mandato judicial girado en contra de las personas probables responsables, logrando su aprehensión y presentación ante el Juez de la causa.

Proceso de vinculación de la presidenta municipal de Nochixtlán

En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la

FGEO, el Juez en turno determinó vincular a proceso a L. V. H., J. R. M. M. y J. A. H., a quienes impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de otorgar cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.

Respecto a la localización de Uruchurtu Cruz, la FGEO no descarta ninguna de las líneas de investigación contenidas en la teoría del caso para dar con su paradero.

Reiteró su compromiso de procurar el acceso pleno a la justicia para las víctimas directas e indirectas, así como el trabajo en el proceso resarcitorio del daño.

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un testigo protegido -involucrado en el caso- señaló que Victoria Huerta, daría la orden de asesinar a la activista México-Británica Claudia Ururchurtu Cruz, desaparecida el pasado 26 de marzo.

En su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, declaró sin que mediara pregunta de por medio del caso, que un participante, acogido en la figura de testigo protegido, aportó información y reveló que la defensora fue asesinada por la presunta orden de Victoria Huerta.

“Un participante, como testigo protegido, da conocer que la habían asesinado y que la orden había salido, presuntamente, supuestamente, de la presidenta municipal (Lizbeth Victoria Huerta) del partido Morena”, confesó López Obrador.

Frente a ese caso, aseguró que la instrucción es aplicar la ley, sea quien sea, en alusión a la presidenta municipal de Nochixtlán emanada de Morena.

López Obrador aseguró que su proyecto de gobierno no llegó al poder para eternizar la corrupción y la impunidad.

*Este artículo fue retomado del portal pagina3.mx

21/JG/LGL

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Guerrero, J. (2021). En prisión y vinculada a proceso, presidenta Municipal de Nochixtlán, por desaparición de defensora México-Británica. CIMAC Noticias. Recuperado el 18 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/18/en-prision-y-vinculada-a-proceso-presidenta-municipal-de-nochixtlan-por-desaparicion-de-defensora-mexico-britanica

Mordaza legal: al menos 156 defensores ambientales demandados por proteger su territorio en cuatro países de Latinoamérica

Michelle Carrere & Vanessa Romo | Mongabay Latam

Martes 4 de mayo de 2021

  • Los defensores son denunciados y hasta apresados como parte de su protesta contra proyectos mineros, agroindustriales y energéticos.
  • En la mayoría de los casos es el Estado el que los ha denunciado por obstrucción de vías públicas o disturbios, pero también por extorsión y terrorismo.
  • Los expertos señalan que la criminalización cumple un objetivo: desmovilizar a los defensores mediante el miedo, el agotamiento, la estigmatización e incluso la ruina social y financiera. 

Wbeimar Cetina recuerda con una claridad estremecedora los catorce meses en la Cárcel de Arauca, en Colombia, aislado y sin poder recibir visitas por la pandemia. Entre esas cuatro paredes recreaba los últimos momentos vividos con su familia. También volvía una y otra vez sobre los eventos del 10 de febrero de 2020, el día en que un grupo de policías armados con fusiles llamaron a la puerta de su casa para llevárselo preso. Lo acusaron de financiar y ser parte de la guerrilla colombiana. Cetina dice que quien protesta contra la empresa petrolera en Arauca, se convierte de inmediato en un aliado de la subversión.

Siete meses antes, en su Arauca natal, Wbeimar Cetina lideró una gran marcha, como presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, contra lo que ellos consideran abusos ambientales y laborales de la empresa petrolera Occidental de Colombia (Oxy), la que opera en la zona desde la década de 1970. “En este tiempo han acabado con un santuario indígena, han desplazado comuneros y hemos denunciado constantemente derrames de crudo”, dice el líder comunal. La última de estas protestas, la de julio 2019, lo llevó a prisión.

Junto con Wbeimar Cetina, otros seis líderes de Arauca están siendo procesados por rebelión y hasta terrorismo por esa misma protesta y cuatro de ellos están en prisión. Esto le costó al dirigente comunal no solo catorce meses de privación de libertad sino también la ruptura del vínculo familiar. Por eso repite que la cárcel le arrebató hasta su hogar. Ahora espera con temor el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la apelación presentada por la contraparte, pues sabe que su libertad depende de esa decisión.

Lo que ocurrió con Wbeimar Cetina no es un caso aislado. América Latina es un lugar peligroso para los defensores ambientales no solo porque los matan, sino también porque los demandan o criminalizan. Según Front Line Defenders, este es el tercer ataque más recurrente cuando se habla de las amenazas contra líderes y lideresas de la región. La información que da cuenta de este problema, sin embargo, se encuentra muy dispersa. Laura Furones, líder de campaña de Global Witness, reconoce que harían falta muchos más recursos para poder identificar y sistematizar los casos en cada uno de los países de Latinoamérica. Un tema adicional —dijo a Mongabay Latam, Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU)— es el subregistro de actos de criminalización de quienes defienden el medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional”.

Mongabay Latam rastreó en Ministerios Públicos, fiscalías, defensorías del pueblo y 11 organizaciones de derechos humanos de Colombia, México, Ecuador y Perú los casos de defensores ambientales que enfrentan hoy procesos judiciales y construyó una base de datos para dibujar el rostro de esta criminalización.

¿Quiénes son? ¿Qué recursos defienden? ¿Quiénes los denuncian y por qué?

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Lo que dicen los datos

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la criminalizaciónde defensores ambientales ocurre precisamente cuando “el sistema penal de justicia es manipulado” para impedir que estos realicen su labor de defensa de los territorios y del medio ambiente.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Perú (IDL), añade que en estos casos hay dos elementos que deben estar presentes: que la persona denunciada tenga una relación directa con el reclamo o protesta y que los hechos imputados a la persona sean por la defensa de los intereses de una comunidad. “Esto ayuda en un porcentaje importante —explica Rivera— a identificar un acto de represión por la condición de dirigente, por haber levantado su voz de protesta o haber expuesto públicamente los intereses de algún grupo económico contrarios a su comunidad”.

El defensor Dixon Torres durante una protesta del caso Arauca, Colombia. Foto: Dixon Torres

Siguiendo los criterios de la CIDH y de IDL, Mongabay Latam revisó los listados de casos detectados por más de una decena de organizaciones de derechos humanos en Colombia, Perú, Ecuador y México. Luego de filtrar la información y de corroborarla identificamos que por lo menos 156 defensores ambientales tienen procesos judiciales activos en estos cuatro países por ejercer su labor como activistas.

La investigación reveló que en Perú existen 77 casos activos, 36 en Colombia, 22 en México y 21 en Ecuador. Del total de defensores judicializados, 132 son hombres y 24 son mujeres, y 37 de ellos son pobladores indígenas de la Amazonía de Perú y Ecuador.

La situación es tan agobiante y peligrosa en algunos casos, que 13 de los demandados han solicitado mantener en reserva sus nombres por miedo a las represalias y la estigmatización que viven por ser víctimas de esta criminalización.

También identificamos que los sectores más problemáticos que derivan en conflictos ambientales con casos de criminalización asociados, son la minería y la agroindustria, con 58 y 34 personas respectivamente que tienen procesos penales activos.Los delitos más frecuentes por los que se les acusa son obstrucción de vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje.

“La criminalización de los defensores del medio ambiente en América Latina ha sido un problema desde que he trabajado con defensores de derechos humanos”, aseguró Lawlor y agregó que “desde que comencé con el mandato, defensores y la sociedad civil me han señalado repetidamente estos casos”.

https://unidadid.mx/PruebasViz/visualizacionAbusosJudiciales/

“El presente artículo es propiedad de Mongabay Latam“.

Carrere, M.; Romo, V. (2021). Mordaza legal: al menos 156 defensores ambientales demandados por proteger su territorio en cuatro países de Latinoamérica. Mongabay Latam. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://es.mongabay.com/2021/05/mordaza-legal-al-menos-156-defensores-ambientales-demandados-por-proteger-su-territorio/

Tribunal Supremo debe defender suspensión de operación de granja con 49 mil cerdos en la Península de Yucatán

Earth Justice | Biodiversidad LA

Martes 11 de mayo de 2021

Grupos conservacionistas, científicos, médicos y expertos en salud pública presentaron hoy un escrito legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México apoyando los reclamos constitucionales planteados por niñas y niños mayas, que se oponen a la aprobación y operación de una granja industrial de animales en la Península de Yucatán.

Foto: Greenpeace
Tribunal Supremo de México debe defender suspensión de operación de granja con 49 mil cerdos en la Península
 de Yucatán, exigen expertos en salud pública y conservacionistas

La demanda cuestiona la decisión de las autoridades mexicanas de permitir la operación industrial de 49 mil cerdos en un área ecológicamente sensible cerca del pueblo maya de Homún. La decisión de permitir la instalación masiva, a pesar de los riesgos para la calidad del aire, el agua y la salud humana, viola el derecho de las niñas y los niños mayas a un medio ambiente sano, así como la autonomía como pueblo indígena, según dice la demanda.

El caso, que ha resultado en la  suspensión de la operación de las instalaciones, está programado para ser escuchado por la Suprema Corte de México a finales de este año.

“La contaminación derivada de las granjas porcinas industriales ya ha degradado de manera desproporcionada enormes extensiones de tierra y agua de comunidades indígenas en la Península de Yucatán”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Agregar otra mega granja abrumará este frágil ecosistema con excrementos y gases nocivos de animales”.

El escrito amigo de la corte” presentado hoy, detalla evidencia científica sustancial sobre los daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente asociados con las operaciones industriales de granjas porcinas. Estos daños incluyen la contaminación del agua, incluidos los cenotes, la emisión de contaminación atmosférica nociva, la propagación de patógenos peligrosos y la contribución al cambio climático.

Algunas de las personas que se unen al escrito de amigo de la corte” también son autores de la literatura científica citada en el escrito.

“Numerosos estudios científicos proporcionan evidencia de que las operaciones industriales de cerdos liberan contaminantes a las comunidades vecinas, donde afectan la salud y la calidad de vida de los vecinos. Tales operaciones se han asociado con aumentos en los síntomas respiratorios y de asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca”, dijo la Dra. Jill Johnston, profesora asistente de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien se unió al escrito de amigo de la corte”.

Las operaciones de granjas industriales de animales son contaminantes notorios. Se espera que la operación de esta granja en particular genere más de 272 millones de kilogramos de orina y heces cada año, más de lo que genera toda la población humana de Tijuana. Ese desperdicio se almacenará en pozos descubiertos y luego se eliminará en campos cercanos, una práctica empleada por muchas granjas industriales de animales en los Estados Unidos.

“La Península de Yucatán se ve frecuentemente afectada por huracanes, lo que probablemente hará que los pozos de desechos de esta instalación se desborden”, dijo la Dra. Ana María Rule, profesora asistente de salud e ingeniería ambiental y directora del Laboratorio de Evaluación de Exposición de la Universidad Johns Hopkins que se unió al amigo de la corte”. “Ya ha sucedido en los Estados Unidos varias veces en los últimos años, y no hay razón para creer que no sucederá en el ecosistema más frágil y único de la península de Yucatán”.

De hecho, como se documenta en el informe de Greenpeace  La carne que está consumiendo el planeta, el crecimiento desenfrenado de las operaciones industriales porcinas ya ha degradado el aire, el suelo y el agua de la península de Yucatán. Esos daños se agravarán si se permite que la instalación en cuestión funcione sin tecnología avanzada de gestión de residuos.

“La ganadería industrial pone en riesgo nuestra salud y la salud del medio ambiente. Este tipo de producción intensiva está cerca de los centros de población y las ciudades, lo que genera una mayor exposición a las enfermedades. Por eso debemos buscar una transición del modelo agroindustrial, hacia una producción agroecológica, sustentable y saludable que respete los ciclos de la naturaleza y garantice el respeto a los derechos de las personas”, dijo Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México.

La Península de Yucatán alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado intergubernamental que protege humedales espectaculares: Laguna de Términos, Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, Parque Estatal Lagunas de Yalahau y Reserva de la Biosfera Ría Celestún.

La  Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, ubicada en Homún en un sitio de importancia ecológica y mundial, es especialmente vulnerable a la contaminación de la operación de la granja. Los cenotes de la reserva son el hogar de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluidos tres peces: la brótula ciega mexicana, la anguila ciega de cenote y el topote aleta grande.

Los cenotes también brindan áreas de descanso para las aves acuáticas durante su migración hacia el sur, y hábitat vital para especies nativas como la tortuga de caja yucatana, la salamandra lengua de hongo yucateca, la golondrina yucateca y la chara yucateca.

“El derecho mexicano e internacional requiere que las autoridades apliquen el principio precautorio, y el mensaje del principio precautorio es claro: debemos detener los riesgos inaceptables antes de que ocurran daños”, dijo Guillermo Zúñiga Martínez, abogado de Earthjustice. “Las operaciones industriales porcinas envenenan a los trabajadores y las comunidades, y amenazan el entorno único de Península de Yucatán. Las autoridades no deben esperar a que los niños se enfermen antes de reconocer lo que todos saben que es verdad: que es necesaria tecnología avanzada de tratamiento de desechos para proteger a las personas y el medio ambiente, y esta instalación debe adoptar una tecnología funcional avanzada antes de que se reanuden las operaciones”.

El mes pasado, el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una petición formal a las autoridades mexicanas exhortándolas a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas conforme a la legislación mexicana y los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta, sobre la concesión de permisos y la operación de explotaciones porcinas industriales en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Las organizaciones solicitaron al gobierno que aceptara una denuncia popular de 21 comunidades mayas que, solicitan una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas operaciones de granjas cerdos industriales y expansiones de operaciones existentes, hasta que se respeten y resuelvan los derechos del pueblo maya y el daño continuo a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.

“Una extensa investigación científica ha documentado que las operaciones de confinamiento de cerdos a escala industrial que utilizan pozos de desechos y disposición en tierra pueden contaminar las aguas subterráneas, contaminar las aguas superficiales y emitir gases peligrosos al aire”, dijo Kelly Hunter Foster, Abogada Senior de Waterkeeper Alliance. “Está bien establecido que estas prácticas obsoletas representan amenazas sustanciales para las personas y los recursos naturales”.

Earthjustice presentó el escrito de hoy en su propia representación y en nombre del Centro para la Diversidad Biológica, Coastal Carolina Riverwatch, Greenpeace México, Waterkeeper Alliance y los expertos Larry Baldwin, Dr. Lawrence Cahoon, Dr. Meghan Davis, Dr. Mike Fliss, Dr. Jill Johnston, Dr. Robert S. Lawrence, Bob Martin, Dr. Arbor JL Quist, Dra. Ana María Rule, Dr. Kendall Thu, Dr. D’Ann Williams y Dr. Sacoby Wilson.

El Centro para la Diversidad Biológica es una organización nacional de conservación sin fines de lucro con más de 1.7 millones de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies en peligro de extinción y lugares silvestres.

Greenpeace es una organización ambiental global, política y económicamente independiente que busca cambios en las políticas públicas, prácticas corporativas y cultura, para enfrentar las amenazas del cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad a través de campañas disruptivas para incentivar la acción de la gente.

Earthjustice es la principal organización de derecho ambiental sin fines de lucro. Ejercemos el poder de la ley y la fuerza de la asociación para proteger la salud de las personas, preservar los lugares magníficos y la vida silvestre, promover la energía limpia y combatir el cambio climático. Estamos aquí porque la tierra necesita justicia.

Waterkeeper Alliance es un movimiento global que une a más de 350 grupos de Waterkeeper en todo el mundo y centra la acción ciudadana en los problemas que afectan a nuestras vías fluviales, desde la contaminación hasta el cambio climático. El movimiento Waterkeeper patrulla y protege más de 2.75 millones de millas cuadradas de ríos, lagos y costas en América, Europa, Australia, Asia y África.

Fuente:  Earthjustice

“El presente artículo es propiedad de Biodiversidad LA“.

Earthjustica (2021). Tribunal Supremo debe defender suspensión de operación de granja con 49 mil cerdos en la Península de Yucatán. Biodiversidad LA. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://www.biodiversidadla.org/Noticias/Tribunal-Supremo-debe-defender-suspension-de-operacion-de-granja-con-49-mil-cerdos-en-la-Peninsula-de-Yucatan

Encubren medios colombianos violencia contra mujeres en Paro Nacional, denuncian defensoras

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias.

Lunes 17 de mayo de 2021

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Imagen retomada del blog geocolombia

Ciudad de México. En Colombia, los medios de comunicación locales encubren los actos de extrema violencia que realiza la policía de este país contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) y jóvenes al tergiversar la información y calificarlas como “vándalas” cuando ellas ejercen su derecho a la protesta en las movilizaciones del Paro Nacional, que hoy cumple 19 días en pie. 

Así lo afirmaron defensoras de DH de organizaciones feministas de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca al suroeste de Bogotá, durante una conferencia de prensa virtual para evidenciar que a la prensa de su país no le interesa hablar de los casos de violencia sexual y agresiones por parte de la policía contra defensoras y jóvenes, en vez de ello, hace montajes que las muestran como “delincuentes” y así justificar que si la policía las encarceló, usó extrema fuerza o armas contras ellas, fue de forma legítima. 

En suma, dijeron, los medios de comunicación responsabilizan a las víctimas de sus agresiones, deslegitiman los motivos que originaron el Paro Nacional y el por qué éste continua, no reconocen que la violencia policiaca se concentra en los cuerpos de las mujeres y niegan la presencia de las defensoras y jóvenes en la primera línea de las protestas al no nombrarlas ni incluir su voz en las noticias. 

El 28 de abril, el Paro Nacional inició con el fin de que el presidente de Colombia, Iván Duque, retirara su reforma tributaria que pretendía subir los costos de la gasolina, la renta y la canasta básica. Este proyecto fue eliminado el 2 de mayo, pero las y los colombianos siguen en las calles porque exigen que su gobierno no deje de pagarles el acceso pleno a servicios de salud, un salario digno, oportunidades de trabajo, educación, y también exigieron un alto a la violencia contra las mujeres y una reforma que desmantele el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). 

Resaltaron que muchas defensoras han sido detenidas de forma arbitraria, a pesar de que portaban la vestimenta de las organizaciones donde trabajan o presentaron su carnet que avala su cargo. “Hay 2 defensoras que sufrieron amenazas de muerte y de violencia sexual en una estación de policía. Las golpearon y fueron impactadas con armas del ESMAD de manera directa en sus cuerpos, a pesar de ello, aquí estamos, resistiendo”. 

A estos 2 casos se sumó el de la defensora conocida como Libertad de la “Colectiva Reparando Ausencias”, quien relató que el 29 de abril intentó denunciar que un joven era agredido por casi 20 policías, los cuales se abalanzaron contra ella al ver lo que hacía y le dijeron que estaba detenida, aunque mostró su identificación. Ella forcejeó contra ellos, pero la encapsularon, violentaron sexualmente y golpearon para subirla a un vehículo. 

La llevaron a una estación de policía donde declaró a las demás autoridades de ese lugar que había sido víctima de violencia, pero éstas le respondieron que “se lo había buscado” y la amenazaron con culparla de terrorista. Gracias a que una compañera de ella pudo dar con su paradero y junto a la demanda de su familia y más sociedad civil fue liberada.

“Grité como nunca en mi vida. Grité como si se me fuera el alma porque sabía que no iba a volver. Ese día me rompieron. El alma está rota, porque nunca somos las mismas después de una agresión sexual. Por eso la chica de Popayán no se suicidó, la mató la policía”, recalcó. 

Jessica Amaya, una joven, coincidió con las declaraciones de Libertad. El 28 de abril, ella participó en un bloqueo en Cali, al cual un gran número de policías llegó, los emboscaron y replegaron. Comenzó a correr cuando una de los policías la señaló, pero no pudo escapar, se hizo bolita en el suelo, sintió alrededor de 45 golpes en su cabeza, luego de un rato perdió la conciencia. 

Al despertar se dio cuenta que la habían colocado debajo de unos arbustos, no veía bien de un ojo y tenía la ropa rasgada. Escuchó disparos a su alrededor y decidió hacerse la muerta por miedo a que volvieran por ella. Regresó a su casa y se quedo ahí, por su parte, su hermana quiso regresar a la calle, pero en una horas terminó en el hospital al recibir un impacto de bala en el brazo. 

Recordaron que según las leyes de su país la policía tiene como objetivo proteger a la ciudadanía y los militares deben defender las fronteras y no estar en las calles, pero eso es sólo una ilusión que se queda en el papel. “¿A quiénes están cuidando la vida estas autoridades?, ¿acaso somos nosotras y nosotros enemigos de guerra? Exigimos que paren de matar”, demandaron las defensoras afrocolombianas de la “Red de Madres del Oriente de Cali”

Estas defensoras explicaron que en el oriente de Cali, donde ellas residen, la violencia de género es más grave, y a ella se le suma el racismo. Por ser mujeres afrocolombianas sus únicas opciones laborales es trabajar limpiando casas, por lo que nunca ganan lo suficiente para enviar a sus hijas e hijos a escuela o trasladarse a otra ciudad.

Las agresiones contra su población son tantas, que las y los jóvenes se frustran al ver que no pueden hacer uso de sus derechos en ninguna parte de Colombia, por ejemplo, un joven joven quiso suicidarse al darse cuenta que por más que trabajara nunca le iba a dar el salario que merecería, en consecuencia, su madres tendría que regrese a laborar en casas. 

Datos citados por las defensoras registraron 33 desapariciones de mujeres (3 en el Valle de Cauca y 20 a nivel nacional); 16 agresiones sexuales (3 de ellas fueron a menores de edad en Popayán, municipio colombiano); y 24 asesinatos de mujeres (2 de ellos fueron menores de edad) del 28 de abril al 9 de mayo, pero prevén que sean mayores, ya que no todas las mujeres y jóvenes denuncian ante las autoridades o evidencian sus casos en redes sociales. 

Cabe recordar que el 14 de mayo, cientos de mujeres, defensoras y sociedad civil salieron a las calles en distintas ciudades de Colombia para exigir justicia por los 3 casos de menores de edad que fueron agredidas sexualmente por policías en Popayán; una de ellas decidió suicidarse luego de vivir estos actos violentos.

Ante la desinformación de la prensa, llamaron a que más defensoras de otras organizaciones de Cali u otras ciudades se sumen a la red de apoyo que ellas intentan crear para impulsar las voz de las mujeres y jóvenes, a través de sus redes sociales y espacios, se continue registrando los casos de violencia contra ellas, se sientan acompañadas, y entre todas luchen porque las víctimas accedan a la justicia. 

Demandaron el despido del presidente de Colombia y del Ministro de Defensa, Diego Molano, y que se les incluya en la creación de las nuevas reformas que el Paro Nacional busca promover. “Cuántas veces me mataron, sin embargo, estoy aquí resucitando” cantaron las defensoras y las mujeres que estuvieron presentes al finalizar la conferencia.

En ese evento también participaron defensoras del pueblo “Misak”, conocido también como el l pueblo Guambiano que se ubica al sur de Colombia en el departamento del Cauca, de la “Fundación Ana María” y del “Taller Colectivo Político”. 

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Encubren medios colombianos violencia contra mujeres en Paro Nacional, denuncian defensoras. CIMAC Noticias. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/17/encubren-medios-colombianos-violencia-contra-mujeres-en-paro-nacional-denuncian-defensoras

En Nahuatzen, renuevan Consejo Ciudadano Indígena a pesar de agresiones

Erika Lozano | Desinformémonos.

Jueves 13 de mayo de 2021

Fotos: Eber Huitzil

Ciudad de México | Desinformémonos. Tras realizar asambleas en los cuatro barrios de la comunidad, y a pesar del ataque a la Casa comunal, además de las amenazas contra concejales, cometidas por integrantes de distintos partidos políticos, este miércoles se renovó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán.

Después de que el fin de semana, candidatos y personas afines al al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista, además de trabajadores del Ayuntamiento de Nahuatzen, destruyeron dos vehículos, así como el archivo del gobierno comunal e intentaron agredir con palos a comuneros del Consejo Indígena de Nahuatzen la mañana del sábado, “fue complicado invitar a la comunidad a participar en las asambleas”, aseguró el vocero del Consejo saliente, Efraín Avilés en entrevista telefónica con Desinformémonos. Durante las asambleas realizadas este miércoles, candidatos de partidos políticos amenazaron a personas de la comunidad y las llamaron a no participar, señaló Avilés.

Foto: Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

La destrucción de la Casa ocurre después de una asamblea donde se decide continuar con el proceso de la renovación del Consejo, estas agresiones se dan en el marco de las elecciones, ya que los partidos políticos como el PRI, PAN, PRD, Morena y PES, se unieron contra los consejos con el “interés de impedir el ejercicio de autonomía en la comunidad”, denunció una integrante de la Red Solidaria de Michoacán, que por cuestiones de seguridad omite su nombre.

En la comunidad no hay garantías de seguridad pública y ha habido una simulación con respecto al acceso a la justicia, aseguró la defensora, y añadió, que los ataques recientes son una continuación de un patrón de criminalización en una zona donde existen muchas comunidades que se han organizado para ejercer su derecho a la libre determinación. Reiteró que el poder ejecutivo tiene responsabilidad, ya que tiene conocimiento de lo que ocurre en la región y no actúa en consecuencia.

La integrante de la Red también denunció que recientemente se han repartido volantes en la comunidad donde la Fiscalía local criminaliza a integrantes del Consejo y asegura que tienen órdenes de aprehensión. “El gobierno estatal y la secretaría de gobierno quieren plantear que lo que ocurre en Nahuatzen es un conflicto intercomunal y no se cuestiona si se están respetando los derechos humanos”, denunció la activista y añadió que desde el 2015, cuando Nahuatzen declaró su autonomía, ha habido distintos intentos de desarticular a la comunidad a través de la violencia. Actualmente la comunidad se encuentra en un proceso jurídico para que el Instituto Nacional Electoral reconozca sus atribuciones como gobierno comunal y les otorguen el presupuesto correspondiente, señaló la defensora.

Foto: Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Lozano, E. (2021). En Nahuatzen, renuevan Consejo Ciudadano Indígena a pesar de agresiones. Desinformémonos. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/en-nahuatzen-renuevan-consejo-ciudadano-indigena-a-pesar-de-agresiones/

Comunidad mixe detiene trabajos del Corredor Interoceánico

Redacción | Desinformémonos.

Viernes 14 de mayo de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Ejidatarios de Mogoñe Viejo, Guichicovi, Oaxaca, detuvieron los trabajos de rehabilitación del ferrocarril transístmico, pues han demandado a las autoridades que informen sobre el proyecto y realicen una consulta, pero hasta la fecha no los han atendido.

Durante los últimos diez días, los ejidos mixes de Mogoñe Viejo y el Zarzal han expulsado en tres ocasiones a trabajadores del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, quienes ingresaron en la zona sin su permiso, señalaron en un comunicado la Asamblea de Comunidades y Colonias del Istmo y Resistencia Civil del Istmo.

Las comunidades expresaron su solidaridad con los comuneros de Santa Cruz, Tagolaba, Tehuantepec, quienes realizan un bloqueo carretero por el despojo de tierras que pretenden hacer las autoridades para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

También se solidarizaron con los comuneros de Puente Madera, quienes han denunciado al presidente municipal de San Blas Atempa por imponer una consulta «simulada» para la venta de terrenos para la construcción de un parque industrial.

Exigieron al gobierno federal que respete los derechos de los pueblos, condenaron la imposición de megaproyectos, los cuales «significan despojo y divisionismo para los pueblos de nuestra región».

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Redacción (2021). Comunidad mixe detiene trabajos del Corredor Interoceánico. Desinformémonos. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/comunidad-mixe-detiene-trabajos-del-corredor-interoceanico/

Condena ONU DH desaparición de defensoras en Edomex y Oaxaca, exige investigación

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 13 de mayo de 2021

FOTOCIMAC: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México.- Organizaciones internacionales y nacionales a favor de los Derechos Humanos exigieron que se investigue la desaparición de la defensora de Derechos Humanos Grisell Pérez Rivera, ocurrida en Tlalmanalco, Estado de México.

Grisell Pérez Rivera desapareció el pasado 26 de marzo de 2021. La última ubicación identificada por sus familiares fue el domicilio del refugio del que es fundadora y directora, “La Cabaña de la Sabiduría”, ubicada en una zona boscosa del municipio de Tlalmanalco, Estado de México. 

De acuerdo con información dada a conocer por la Red Nacional de Defensoras de DH, pese a que sus familiares reportaron la desaparición el mismo 26 de marzo, la Cédula Odisea de personas desaparecidas para el Estado de México no hizo difusión de la misma hasta el 13 de abril.

Grisell era abogada y brinda asesoría, acompañamiento y refugio a víctimas de violaciones de DH en la búsqueda de justicia, así como a madres de víctimas de feminicidio del Estado de México y familiares de mujeres y niñas desaparecidas. 

De acuerdo con lo que dijo a Cimacnoticias Concepción Esperanza Rivera Guerrero, madre de Grisell, entre las actividades políticas que recientemente había llevado su hija fue visitar a personas en situación de calle, participar en un foro en el Senado de la República y se manifestó afuera de Palacio Nacional para exigir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escuchara a las madres de víctimas de feminicidio.

Rivera Guerrero también relató que el Ministerio Público de Amecameca, en Edomex, fue muy omiso al momento al inicio de las investigaciones, toda vez que cuando fueron a buscar a Grisell en su refugio, encontraron sus pertenencias enterradas y luego ya no las volvieron a ver. La carpeta de investigación fue transferida a un Ministerio Público en Chimalhuacán, detalló. 

“Mi hija me invitaba a los foros y ahora soy una más de las madres con una hija desaparecida. Esto no puede seguir, cada día somos más. ¿Hasta dónde?”, cuestionó la madre.  

En un comunicado emitido este 13 de mayo, la ONU-DH condenó la desaparición de Grisell, así como de la también defensora de Derechos Humanos, Claudia Uruchurtu Cruz, reportada como desaparecida en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 26 de marzo y quien, de acuerdo con información difundida por López Obrador en su mañanera del pasado 11 de mayo, fue asesinada presuntamente por orden de la alcaldesa morenista, Lizbeth Victoria Huerta.

De acuerdo con ONU DH, en los últimos años, Uruchurtu Cruz había denunciado supuestos actos de extorsión y abuso de poder por parte de las autoridades municipales de Nochixtlán. Fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación frente al edificio del Ayuntamiento de Nochixtlán, donde se llevaba a cabo una protesta contra la actuación de la policía municipal que habría golpeado a una persona. En días recientes, las autoridades han anunciado la detención de algunas personas que estarían relacionadas con la desaparición.

La ONU-DH también llamó a las autoridades a realizar una investigación urgente e integral de los hechos y a lograr la búsqueda y localización de las dos defensoras.

“En México, las defensoras de Derechos Humanos enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos ciertos servidores públicos, y ésta se ve agravada por la discriminación estructural por motivos de género. Es esencial que la búsqueda de las dos defensoras y la investigación de su desaparición incorpore la perspectiva de género”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

“La impunidad en los crímenes cometidos contra personas defensoras de Derechos Humanos es una de las causas que más agravan la vulnerabilidad que enfrentan en México. Una investigación efectiva y de acuerdo a los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia por estos hechos, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, añadió Fernández-Maldonado.

Por esto, la ONU-DH llamó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar una búsqueda pronta y efectiva de las dos defensoras conforme a los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y a los demás estándares relevantes en la materia, incluido el principio de búsqueda en vida y el uso de todos los recursos disponibles para la búsqueda.

La ONU-DH alentó a que las acciones que adelanten las autoridades sean parte de una investigación pronta y exhaustiva de ambas desapariciones, que comprenda todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de las desapariciones con las actividades de defensa de los Derechos Humanos realizada por ambas defensoras, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la investigación. 

También llamó a las autoridades a garantizar la seguridad, acceso a la información y todas las medidas de atención necesarias para las familias de ambas defensoras, así como para las personas y organizaciones que las acompañan en la exigencia de verdad y de justicia.

En su informe “Situación de las personas defensoras de Derechos Humanos en México 2019-2020”, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT) reveló que durante 2019 y 2020 han sido asesinadas 45 personas defensoras de DH, entre ellas , 9 mujeres. Del total de defensoras asesinadas, 15 defendían derechos económicos, sociales y culturales, y 11 vivía en Chiapas.

21/AJSE/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Soto Espinosa, A. J. (2021). Condena ONU DH desaparición de defensoras en Edomex y Oaxaca, exige investigación. CIMAC Noticias. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/13/condena-onu-dh-desaparicion-de-defensoras-en-edomex-y-oaxaca-exige-investigacion

Claudia Uruchurtu lleva 44 días desaparecida en Oaxaca: Es mujer, madre y activista

Diana Manzo | Página 3

Lunes 10 de mayo de 2021

Familiares exigen justicia “Es terrible lo que ha pasado con ella”. Es la primera desaparición forzada que ocurre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Oaxaca, Oax.- El 26 de marzo, hace 44 días, Claudia Uruchurtu salió de su hogar en Nochixtlán Oaxaca y desde entonces no se sabe nada de la mujer, madre y activista de 48 años de edad;  es la primera desaparición forzada que ocurre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la presunta culpable es la presidenta municipal morenista, Lizbeth Victoria Huerta.

Aguerrida como muchas mujeres y con la convicción de un mejor país, Claudia regresó en el 2014  a vivir  a la ciudad mixteca de Nochixtlán en donde denunció a las autoridades agrarias por corruptas y anómalas, así nació su activismo y defensa por las causas justas.

Eventualmente viajaba al Reino Unido para reunirse con sus hermanas “Sara y Elizabeth”, ahí estaba en el 2018 pero vuelve a Nochixtlán para ser testigo de “la esperanza de México” con el gobierno actual que encabeza López Obrador, pero se volvió “pesadilla”.

Triunfa Obrador y también la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta y al pasar de los meses, Claudia comienza a observar anomalías e irregularidades como corrupción, nepotismo y enriquecimiento ilíicito, los investigó por cuenta propia, arma un expediente los denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, el Organo Superior de la Fiscalización del Estado y Presidencia de la República.

El activismo de Claudia siguió y su voz conociéndose cada vez a través de los medios de comunicación, se volvió conocida por su defensa y eso no le gustó a la alcaldesa.

De tez blanca y muy risueña, Claudia vivía con su mamá y su hijo, su vida transcurría entre su hogar y el activismo, así disfrutaba sus días, hasta que ya no se supo más de ella el pasado 26 de marzo, testigos señalan que la subieron a la fuerza a un vehiculo y desde entonces está desaparecida.

*¿Dónde está Claudia?, exigimos que aparezca con vida

Haydé, Elizabeth y Sara son sus hermanas  y desde hace poco más de 40 días emprendieron su búsqueda  por todos los medios al lado de amigos, familiares  y el respaldo ciudadano de Nochixtlán para encontrarla.

Para las tres, es terrible y agobiante todo lo que viven, su hermana “no aparece y no saben donde hallarla”, aunque la esperanza volvió el pasado viernes con la detención de la presidenta municipal Lizbeth  Victoria Huerta, presunta responsable de su desaparición forzada.

Su lucha es intensa, las hermanas de Claudia han acudido a diversas instancias  tanto estatales como la Fiscalía de Oaxaca para denunciar y de manera coordinada con autoridades federales como la Secretaria de Gobernación y Secretaria de Seguridad Publica.

También han realizado viajes a la Ciudad de México en donde buscan visibilizar ante diversas dependencias esta desaparición forzada que ocurrió en ese municipio Mixteco.

Amnistía Internacional y Jeremy Corbyn, miembro del parlamento de Reino Unido, se pronunciaron para exigir al gobierno mexicano buscarla incansablemente.

Claudia no es un caso más, ni tampoco un numero para una estadística; tiene rostro y es una mujer, es madre e hija, y fue desaparecida a la fuerza y sin dejar rastro; sus familiares piden que vuelva a casa para poder abrazarla como un acto de justicia, ella no cometió un delito, su activismo es en la defensa  los derechos humanos.

En  el 2019, el gobierno del Estado de Oaxaca emitió una convocatoria para la designación de la persona que fungirá como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, porque en septiembre del mismo año se publicó la Ley Estatal de Desaparición de Personas. Sin embargo, ha transcurrido más de un año y hasta la fecha no hay ninguna persona que ocupe ese cargo, lo cual dificulta la búsqueda de personas en Oaxaca.

“El presente artículo es propiedad de Página 3“.

Manzo, D. (2021). Claudia Uruchurtu lleva 44 días desaparecida en Oaxaca: Es mujer, madre y activista . Página 3. Recuperado el 11 de mayo de 2021 de: https://pagina3.mx/2021/05/claudia-uruchurtu-lleva-44-dias-desaparecida-en-oaxaca-es-mujer-madre-y-activista/