Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad otomí residente en la Ciudad de México denunció a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por el «uso faccioso» de su imagen para publicidad y propaganda política.
«Denunciamos el uso faccioso de nuestra imagen en en tu campaña electoral y en tu simulación de gobierno», publicó la comunidad en sus redes sociales, luego de la difusión de un cartel en el que aparece la foto intervenida de una mujer otomí, originalmente en la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para promocionar la Universidad de las Lenguas Indígenas.
«La Comunidad Indígena Otomí residente en la #CDMX no somos piezas decorativas de museos, oficinas, escritorios, Institutos como el ExINPI, o incluso relleno de la VIII “Feria de las Culturas Indígenas”, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, mucho menos #ImagenDeCampaña», aseguraron.
Los otomís utilizaron el hashtag oficial de la campaña de Sheinbaum #EsClaudia para denunciar los atropellos y violaciones a sus derechos que el gobierno de la Ciudad de México ha cometido.
«#EsClaudia la que habla de la Universidad de las Lenguas Indígenas, pero no respeta nuestras formas de organización, lengua, cultura y tradiciones y autonomía», finalizó la comunidad en su denuncia.
A continuación la publicación completa:
#DenunciaPública
Claudia Sheinbaum. La Comunidad Indígena Otomí residente en la #CDMX, no somos piezas decorativas de museos, oficinas, escritorios, Institutos como el ExINPI, o incluso, relleno de la VIII “Feria de las Culturas Indígenas”, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, mucho #ImagenDeCampaña, somos #Resistencia y #Rebeldía. Así que denunciamos el uso faccioso de nuestra imagen en en tu campaña electoral y en tu simulación de gobierno.
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#EsClaudia, la que usa nuestra #imagen para promover su #CamapañaElectoral…
#EsClaudia, la que usa la imagen de una compañera #Otomí, en la toma del #ExINP, para su beneficio…
#EsClaudia, la que #discrimina a los pueblos y comunidades indígenas…
#EsClaudia, la que no resuelve las demandas de trabajo, salud, alimentación, educación y vivienda de la Comunidad Otomí…
#EsClaudia, la que en 4 años no se ha dignado en conceder #AUDIENCIA a la Comunidad Otomí…
#EsClaudia, la que no nos ve, no nos, escucha y no nos habla…
#EsCluudia, la que a dos años de la toma del ExINPI, no expropia el predio de #Roma18…
#EsClaudia, la que habla de la Universidad de las Lenguas Indígenas, pero no respeta nuestras formas de organización, lengua, cultura y tradiciones y autonomía…
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Dar un bono de vivienda no garantiza un lugar para vivir, y faltan servicios de apoyo, dicen los críticos
SERVICIOS DE SOUTHERN CALIFORNIA NEWS GROUP, Excélsior California
ERIC HE, Servicio de noticias de la ciudad
15 de agosto de 2022
Former Airtel Plaza Hotel resident Constance Gervasoni with dog Clutch outside the hotel in Van Nuys on Jan. 28, 2021. At the time, the hotel was being used for the Project Roomkey program. (Photo by Hans Gutknecht, Los Angeles Daily News/SCNG)
Los funcionarios de vivienda de Los Ángeles fueron presionados el jueves por los miembros del Concejo Municipal sobre la estrategia de salida de la ciudad del Proyecto Roomkey, un programa de vivienda creado durante la pandemia que está siendo cerrado, dejando incierto el destino de cientos de residentes sin vivienda.
El concejal Kevin de León, presidente del Comité de Pobreza y Personas sin Hogar, criticó a la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles durante la reunión del jueves por no responder al proporcionar un plan para los más de 800 residentes que aún viven en viviendas proporcionadas por Project Roomkey. El ayuntamiento ordenó a LAHSA el mes pasado que proporcionara un plan, “por total frustración”, dijo de León.
EXTENSIÓN
El comité votó el jueves para recomendar que el Concejo Municipal extienda los tres sitios del Proyecto Roomkey de la ciudad por varios meses más.
“Hemos estado pidiendo el plan de desmovilización durante mucho tiempo”, dijo el concejal Bob Blumenfield. “Parece que estamos lidiando constantemente con una agencia que se está demorando en muchas de estas cosas. Y es más que frustrante”.
Quedan tres sitios de Project Roomkey en Los Ángeles: Highland Gardens en Hollywood, Airtel Plaza Hotel en Van Nuys y LA Grand Hotel en el centro de Los Ángeles. El condado está financiando una cuarta en el Hotel Cadillac en Venice.
Hasta julio, 323 residentes han sido emparejados o están en proceso de recibir un vale de vivienda de emergencia, pero más de 200 aún no han recibido un vale ni han ingresado en un programa de vivienda.
LAHSA proporcionó al comité el jueves recomendaciones para eliminar el Proyecto Roomkey.
Todas las entradas se pausarían y la ciudad trabajaría para proporcionar vales a los residentes. Tanto el sitio de Airtel Plaza como el de Highland Gardens cerrarían el 31 de octubre y el sitio del Grand Hotel cerraría a fines del próximo enero. La ciudad asignaría aproximadamente $6 millones para apoyar los servicios de navegación de vivienda para ayudar a los participantes del programa a usar los cupones para encontrar vivienda.
Pero los miembros del consejo expresaron dudas de que el simple hecho de proporcionar cupones a los participantes les permitiría encontrar una vivienda permanente. LAHSA tiene un navegador de vivienda por cada 20 clientes, según Molly Rysman, codirectora ejecutiva interina de LAHSA.
VALES
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano entregó más de 3300 vales a la autoridad de vivienda de la ciudad para ayudar a ubicar a los residentes del Proyecto Roomkey en viviendas permanentes este año, y todos han sido emitidos, según Doug Guthrie, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Los Ángeles.
Pero los fondos federales no incluyen servicios de apoyo para ayudar a los residentes a navegar el proceso para encontrar vivienda, incluida la identificación de propietarios dispuestos a aceptar vales.
De León criticó el informe de LAHSA, alegando que no “intenta abordar la situación ni remotamente”.
“Esto le dice al comité y al consejo en su conjunto que LASHA, en ningún momento durante los dos años de vida del programa, creó o pensó en una estrategia de salida para un programa que todos sabían que era temporal”, dijo de León.
De León dijo que el concejo municipal no cree que LAHSA lo trate como un socio.
“Cuando pedimos períodos de tiempo, cuando pedimos una planificación a largo plazo, es casi como si sintiéramos que tenemos que luchar con uñas y dientes para conseguirlo”, dijo de León.
Rysman dijo que escuchó y compartió la frustración de De León.
“Este es un esfuerzo enorme”, dijo Rysman. “Mover a 800 personas es un gran esfuerzo, y es algo que todos tenemos que hacer al unísono, y ciertamente no lo hacemos a la perfección todo el tiempo”.
Rysman dijo que LAHSA ha estado planeando una estrategia de salida desde el otoño de 2020.
“Desde el comienzo de PRK, nos hemos centrado en ‘¿Cuál es la estrategia de salida?’”, Dijo Rysman. “¿Qué se necesitará para trasladar a PRK de una vivienda permanente? Ese ha sido absolutamente nuestro enfoque”.
“El presente artículo es propiedad de SERVICIOS DE SOUTHERN CALIFORNIA NEWS GROUP, Excélsior California“
EFE El ejército y la Guardia Nacional patrullan en Tijuana.
El estado de Baja California, México, fue golpeado por una ola de incendios provocados, que causó la quema de casi 30 vehículos y el bloqueo de carreteras el viernes por la noche.
Los incendios ocurrieron después de una semana de violencia y tiroteos en otros estados mexicanos.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha culpado del caos al poderoso cartel de la droga Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades han sugerido que varios carteles están involucrados en una lucha por el poder y al menos 17 personas han sido arrestadas en los disturbios más recientes, informaron los medios locales.
Tijuana seguirá “abierta”
El sábado, pocas personas se aventuraron a salir a las calles de Tijuana, con las tiendas cerradas y las clases universitarias canceladas. Muchos servicios de autobús también dejaron de funcionar.
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, instó a las bandas de narcotraficantes a detener la violencia.
“Hoy les estamos diciendo a los grupos del crimen organizado que están cometiendo estos delitos que Tijuana se va a quedar abierta y va a cuidar a sus ciudadanos”, dijo en un video.
“También les pedimos que salden sus deudas con los que no pagaron lo que deben, no con las familias y ciudadanos trabajadores”.
Unos 350 soldados adicionales fueron enviados a Tijuana el sábado, y Caballero dijo que se desplegaron alrededor de 3.000 soldados y 2.000 policías en todo el estado para restaurar el orden.
REUTERS Unos 350 soldados adicionales fueron enviados a Tijuana el sábado.
La gobernadora del estado, Marina del Pilar, se comprometió a “aplicar toda la fuerza de nuestro Gobierno para que haya paz y encontremos a los responsables de estos ataques”.
El consulado de Estados Unidos dijo en un comunicado que “está al tanto de los informes de múltiples incendios de vehículos, bloqueos de carreteras y fuerte actividad policial” en varias ciudades de la región e instó a sus empleados a refugiarse.
Tijuana se encuentra en la frontera con Estados Unidos y la zona alrededor de la ciudad es una lucrativa ruta de tráfico de drogas.
Si bien ha estado controlado durante mucho tiempo por el cartel de los Arellano Félix, se cree que se ha convertido en un campo de batalla entre varias otras pandillas.
A principios de esta semana, sicarios del cartel de la droga quemaron vehículos y negocios en los estados occidentales de Jalisco y Guanajuato, luego de que las autoridades intentaran detener a un líder del cartel de Jalisco.
Un motín de pandillas en una prisión en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez se extendió rápidamente a las calles, y murieron 11 personas el jueves.
“El presente artículo es propiedad de BBC News Mundo“
Redacción BBC News Mundo. (2022). México: la ola de violencia que llevó al gobierno a desplegar el ejército en Tijuana y otras ciudades. BBC News Mundo. Recuperado el 15 de agosto de 2022, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62538468
California, the nation’s wealthiest state, also has the nation’s most severe homelessness crisis.
The most recent official count of Californians lacking permanent shelter is 161,000 — more than a quarter of the nation’s homeless population — but it’s widely assumed that the real number is much higher.
As the crisis has worsened, federal, state and local government officials have committed tens of billions of dollars to alleviating its effects. The recently enacted 2022-23 state budget alone would spend $10.2 billion over two years.
However, the heavy spending has so far had little noticeable impact. The money has been spent on a plethora of ideas to get homeless people off the street and deal with their underlying issues, but there has been little coordination, much less anything like a comprehensive plan, as a 2021 report from the state auditor’s office pointed out.
“With more than 151,000 Californians who experienced homelessness in 2019, the state has the largest homeless population in the nation, but its approach to addressing homelessness is disjointed,” the sharply worded report said. “At least nine state agencies administer and oversee 41 different programs that provide funding to mitigate homelessness, yet no single entity oversees the state’s efforts or is responsible for developing a statewide strategic plan.”
The lack of intergovernmental cooperation and coordination has many root causes, and one of them is the difference between cities and counties. Overwhelmingly, the visible effects of homelessness — such as squalid sidewalk encampments — are concentrated in cities, particularly the most populous ones, but county governments are responsible for administering social services.
A case in point is the squabbling now underway in Sacramento over how to deal with its homelessness crisis, centered on downtown streets surrounding the state Capitol.
Darrell Steinberg, a former president pro tem of the state Senate, was elected Sacramento’s mayor on a promise to deal with homelessness, but after several years of wheelspinning, was confronted with a ballot measure proposed by local business interests that would compel the city to act.
It would have required the city to authorize emergency shelter space for 75% of Sacramento’s unsheltered people within 60 days of voter passage. City officials hurriedly drafted a softer alternative, requiring shelter for 60% of homeless residents and 20% of them within 90 days of voter approval. Sponsors of the original measure agreed to put it on the shelf.
Last week, however, the city council more or less reneged on the deal. Just days before the deadline for placing measures on the November ballot, the city council made a major amendment that would block implementation unless county officials agreed to provide mental health and other services at the proposed shelter sites.
City officials had hoped that the county would emulate their measure with one of their own, but county officials balked and, instead, enacted a tough ordinance to ban homeless camps in the American River Parkway, which runs through the city. Such a law, city officials fear, could push more homeless people onto city streets.
The city’s amendment angered proponents of the original ballot measure, who said it unilaterally undid their agreement with the city.
Jeffrey Dorso, senior vice president for the Sacramento Kings, whose downtown arena is ringed with homeless camps, told council members, “I don’t know if any other ballot proponent ever going forward in the future will be ever willing to negotiate on a ballot initiative.”
The intergovernmental discord in Sacramento is a microcosm of a statewide syndrome and unless it changes, we’ll continue to pump billions of dollars down a rathole of failure.
An LA Sanitation Bureau crew cleans up a homeless encampment on the sidewalk along Hollywood Boulevard. (Irfan Khan / Los Angeles Times via Getty Images)
As Western states deal with an unprecedented surge in homelessness, Los Angeles has made the news recently for two actions that approach the crisis from very different angles.
Faced with a growing public outcry against the proliferation of shanty-towns, spilling down one major thoroughfare after the next, the city council voted 11-3 to ban encampments within 500 feet of schools and day care centers.
Mayor Garcetti hasn’t said yet whether he’ll sign the measure, but given public sentiments on the issue—in recent years more than nine in 10 voters in the city have told pollsters that homeless is the most pressing local issue, and the combination of homelessness and fear of crime has had a potent impact on elections in the city this year—it’s hard to see how he could oppose it.
As the council debated the measure, protesters from the homeless community, as well as advocates, rallied noisily outside, calling not just for this policy proposal to be defeated but also for the revocation of other measures banning encampments around railway tracks, loading docks, libraries, and several other designated locales.
This is an issue that divides progressives. On the one hand, there is clearly a public safety and public health issue in play here, not to mention significant quality-of-life issues for local residents and businesses. On the other hand, California has dug itself into a hole around homelessness by failing, year in and year out, to build enough affordable housing, by releasing tens of thousands of prisoners without wraparound social services, and by under-investing for decades in mental health and substance abuse services. Banning the homeless from certain locations doesn’t really address these big-picture issues; it simply shunts the problem down the street a few blocks. It renders the homeless more out-of-sight-out-of-mind without remaking the social compact around housing.
That said, on this issue, I tend to favor a carrot-and-stick approach. Local and state governments must step up to the plate and implement fairer housing and land-use policies; at the same time, I think that cities, along with the general public, are entirely within their rights to want and to expect safe city streets that aren’t open-air bedlams, where people aren’t using streets as bathrooms, and where children don’t have to pass encampments of mentally ill and drug-addicted people on their way to and from school each day. I think Governor Newsom is on the right track in his proposal to create Care Courts that would both oblige counties to provide mental health services to the mentally ill homeless and also impose an obligation to accept those services. I don’t see how rallying in support of encampments—as if public shantytowns were somehow a good in themselves—rather than working to create meaningful policies to tackle homelessness and the on-the-streets mental health crisis is anything other than posture-politics.
LA seems to be stumbling toward this dual-track, carrot-and-stick approach. The same week that the council barred encampments near schools, it also debated a petition, supported by local unions and signed by more than 126,000 voters in the city, requesting that the city pay market rents to hotels to house homeless people in their vacant rooms, and that it mandate new hotel developments to replace affordable housing lost as a result of the new tourist-oriented land use. After a short debate, the council agreed to put the proposal to LA’s voters.
Over the coming months, hotel owners will undoubtedly put up a furious opposition—after all, housing the homeless next to paying hotel guests probably won’t be great for business, and hoteliers are right that they aren’t, and shouldn’t be expected to be, frontline social service agencies. It’s certainly not a given that the proposal will ultimately pass, once voters ponder its full implications. But pass or fail, at the very least it shows that the council is ready to start contemplating outside-the-box solutions to what has become a shameful humanitarian catastrophe on the streets of LA and other West Coast cities.
On the subject of hotels, earlier this summer the Los Angeles City Council approved the Workplace Security, Workload, Wage and Retention Measures for Hotel Workers ordinance. It kicked in on Monday, August 8, and contains a number of important provisions that ought to be emulated in other industries and other locales: It makes overtime work voluntary in hotels; mandates employers to keep detailed records on what work employees were required to do, in case employees choose to file suit on their labor conditions; requires that employers pay clearers double-time if they have to clean more than a designated number of square feet per day; and orders hotels to provide room staff with personal alarms, in case they are attacked by guests.
With this measure, Los Angeles has now joined a host of other Southern Californian cities that, at the urgings of service unions, have implemented stringent workplace protections for hotel staff.
There’s a lot that’s wrong with California, and a lot left to be desired of California’s political leaders, at the city, county, and state level. Yet at least these days they’re making a bona fide effort to tackle workplace safety issues, the housing crisis, and other major societal problems. This week, to take another example, the governor’s office announced the creation of the country’s largest college savings plan, which will give low-income children in the state up to $1,500 to seed their savings for college.
When California thinks big, as it is doing at the moment, it has the gravitational field to pull much of the country into its orbit. On a range of issues, the state is now moving toward social democratic priorities. That can only be a good thing for America as a whole.
