Ciudad de México | Desinformémonos. Las tragedias como la de los diez mineros atrapados por un derrumbe en Sabinas, Coahuila, del pasado 3 de agosto “son resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad en la que operan las empresas mineras en la zona carbonífera” del estado, “con la complicidad del gobierno de la 4T y gobiernos anteriores”, denunció la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Precisó que el derrumbe de la mina en Sabinas “es uno más de los múltiples desastres previsibles, que no accidentes, como suelen llamarlo las autoridades de los tres niveles de gobierno”, pues en la industria minera son las autoridades quienes, “por omisión”, permiten la explotación laboral, falta de condiciones de salubridad y devastación ambiental.
El pasado 2 de agosto, un derrumbe dejó diez mineros atrapados y cinco lesionados en Sabinas, Coahuila, luego de que los trabajadores se encontraron con una zona de agua que provocó una inundación. Los mineros se encontraban en un nivel de entre 50 y 60 metros de profundidad, en una cavidad de tres pozos interconectados, que en total alcanzan 80 metros bajo tierra.
La REMA acusó que el gobierno, en todos sus niveles, “se convirtió en un criminal cómplice de aquellos empresarios que dieron la orden a los mineros de bajar al interior de la mina para seguir extrayendo carbón, pese a que existían claras evidencias de que la mina se podía inundar”.
Agregó que no es la primera vez que se evidencia la impunidad con la que operan las mineras en Coahuila, pues hay ejemplos como el de la mina Pasta de Conchos, cuyo derrumbe sepultó a 65 personas, sin que aún haya justicia.
“Hoy en México no hay quien rescate a los trabajadores del modelo minero extractivista y depredador que en cínica complicidad con el gobierno de la 4T y las criminales compañías fomentan y potencian la devastación y la muerte”, aseguró la REMA.
Los activistas de la Red exigieron justicia para todas las familias de los mineros muertos en Coahuila, así como castigo a las empresas mineras responsables.
A continuación el comunicado completo:
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos”
A 36 meses del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, son responsables de impunidad el gobierno de Alejandro Murat y la fiscalía de Oaxaca
Exigen cárcel para Rubén Vasconcelos Méndez, congruencia a Andrés Manuel López Obrador, porque en Oaxaca hay corrupción y encubrimiento
Libertad López | SEM MÉXICO
Oaxaca de Juárez | Miércoles 2 de Junio del 2021 | — : —
En el centro de un grupo de mujeres del país, que portaban carteles y cruces, la periodista Soledad Jarquín Edgar anunció la instalación del Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida en Oaxaca y vehemente, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se juzgue y castigue al ex fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, por encubrimiento y complicidad; le pidió verdad y justicia, porque hasta ahora eso no existe en Oaxaca, y no se juzga y castiga a los responsables materiales e intelectuales del asesinato feminicida de Ma. del Sol Cruz Jarquín, sucedido la madrugada del 2 de junio de 2018.
Acompañada de algunas madres del feminicidio de sus hijas, de víctimas de la violencia machista, de sus abogadas y quienes la ha sostenido en su lucha durante 36 meses, la periodista dejó en claro que el sistema político mexicano solapa a los feminicidas responsables de miles de crímenes. Soledad Jarquín Edgar, dejó en claro que su exigencia no es individual, es de miles de mujeres y familias mexicanas.
Interrumpida con una voz en eco para que se juzgue al ex fiscal y se recrimine al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien no sólo ha sido omiso, sino que recientemente premió al ex fiscal con un puesto en su gabinete, la periodista anunció “no nos vamos a rendir”. Su hija asesinada y toda la investigación fue equívoca e interesada. ¿A quién encubren?
Por justicia –no venganza- sobre este crimen, Jarquín Edgar ha tocado todas las puertas, se han presentado todas las pruebas, desde el ministerio público de Oaxaca hasta el palacio nacional, pasando por gobernación, la comisión creada para erradicar el feminicidios, las cámaras legislativas, las embajadas, y otras instancias. El recuento es puntual y cierto, muestra como nada, nada ha sucedido.https://www.semmexico.mx/ma-del-sol-cruz-jarquin-llena-de-vida-y-creatividad-tu-madre-no-se-quiebra/embed/#?secret=PL8pRUSuug
LLAMADO A LAS FEMINISTAS
Y por primera vez, como una entre todas, mucho tiempo antes del asesinato de su hija, llamó a todas las feministas del país para que se unan al tribunal feminista y la exigencia de justicia, a terminar con las trampas, el encubrimiento, la complicidad y las omisiones en Oaxaca, donde la impunidad está viva. Y a las oaxaqueñas a acudir a ese tribunal a presentar sus casos. Y es que han pasado mil 95 días desde el feminicidio de la foto periodista María del Sol Cruz Jarquín.
Hubo momentos de expresión entrecortada, la periodista contenía la indignación, la rabia y las lágrimas, por eso dijo: ¿cómo es posible que el ex fiscal dijera que tenemos otros intereses?, y denunció que Rubén Vasconcelos Méndez, como que actuó con sesgo y conscientemente contra de los avances necesarios para dar con las personas responsables del triple asesinato ocurrido en Juchitán de Zaragoza en el que perdieron la vida María del Sol, Pamela Terán y Adelfo Jiménez.
Y explicó, claramente que “Hay acusaciones serias, ahora le tocará al Fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert llevar a Juicio a los responsables materiales e intelectuales así, como a quienes les han sido sus cómplices y les han encubierto por 3 años”.
Por otro lado, la periodista, señaló que los hermanos Francisco Javier y Hageo Montero López, aún no han sido sancionados, uno por enviar en contra de su voluntad a María del Sol a uno de los municipios más peligrosos del país en ese momento y el otro por beneficiarse de su trabajo.
“Francisco Javier Montero López, ex secretario de Asuntos Indígenas, hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano no fue ni ha sido sancionado; Hageo Montero López está por concluir su al frente de una regiduría en el gobierno municipal de Juchitán de Zaragoza, sí un delincuente electoral es regidor. Y en este entramado hay delincuentes de cuello blanco, como la fiscal especializada Araceli Pinelo López quien nos ha robado en estos más de mil días la posibilidad de acceder a una fracción de la justicia”.
En un templete, color naranja antifeminicidio y contra la violencia, en Calle de Alcalá, frente al templo Santo Domingo, estuvo acompañada de una nube de mujeres, entre ellas María Elena Ríos, sobreviviente de ataque con ácido en Oaxaca; la acuerparon Irenea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, -caso de la Suprema Corte, incónico-, de Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín ahorcada en el campus de la UNAM, de María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), representantes de la lucha contra la impunidad a los feminicidios en el país. Especialmente de Yésica Sánchez Maya del grupo Consorcio Oaxaca, de Ana María Hernández y Pilar Muriedas.
En su intervención Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, expresó su sororidad con Soledad Jarquín: “estamos recordando que se le debe justicia a María del Sol, es necesario conocer la verdad para que haya justica y no se vuelvan a repetir hechos como este. No es venganza es justicia”.
María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido, manifestó que “Todas las mujeres que estamos aquí tenemos muchas cosas en común tenemos algo en especial la injusticia que generó el solapador de Rubén Vasconcelos Méndez, por lo que nos reunimos para exigir cárcel. Juntas estaremos hasta llegar a la justicia”, dijo durante su intervención.
Por su parte María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifestó que la justicia tardía no es justicia y sentenció que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad y la justica.
“Ha sido evidente la falta de la voluntad política para garantizar la justicia por parte del gobierno de Oaxaca. Exigimos a las autoridades cero tolerancia a la complicidad en el feminicidio de María del Sol, por lo que hoy Justicia para Sol es un clamor nacional”, enfatizó Estrada.
Por su parte, Yesica Sánchez Maya, interpeló al Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, ahora a cargo, para que dé resultados inmediatos en el caso de María del Sol, “es momento de que salde la deuda histórica que se tiene con las mujeres”, dijo.
Para finalizar la conferencia, Soledad Jarquín, no sin antes nombrar a todas las mujeres y amigas que la han acompañado, convocó a la sociedad a no aceptar la impunidad:
“Sabemos que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa no lo sancionará, – refiriéndose al hombre que terminará su regiduría libre y sin que nadie lo moleste- así que nos tocará a nosotras la búsqueda de justicia, como sociedad no podemos ni debemos aceptar la impunidad, -que seguirá- si aceptamos que no se esclarezcan los feminicidios y no se castigue a los victimarios y a sus cómplices encubridores”.
Como una acción que dignifique su derecho a la justica, a la verdad y la reparación, convocaron a las víctimas de violencia de género y a las madres víctimas de feminicidio para que una vez que se conforme el “Tribunal Feminista contra la violencia feminicida en Oaxaca” comparezcan a presentar cargos contra el ex Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, quien con su actuar corrupto y machista encubrió a feminicidas y agresores de mujeres.
El presente articulo es propiedad de Sem México.
Libertad López (2021) Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida y el Feminicidio, en Oaxaca luego de tres años de impunidad. Sem México. Recuperado el 2 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/tribunal-feminista-contra-la-violencia-feminicida-y-el-feminicidio-en-oaxaca-luego-de-tres-anos-de-impunidad/
En el proceso electoral de San Luis Potosí destacan las agresiones a candidatos a distintos puestos, las denuncias por vínculos delincuenciales en algunos de los candidatos y la violencia de género durante las campañas
Marcela Del Muro | Pie de Página
SAN LUIS POTOSÍ | Martes 25 de Mayo del 2021 | — : —
En las calles de la capital de San Luis Potosí se siente la proximidad de las elecciones. Las vías rápidas se encuentran tapizadas de espectaculares que muestran los rostros de los candidatos con sus mejores promesas electorales, algunas frases innovadoras y otras menos entendibles. El próximo 6 de junio los habitantes elegirán quién ocupará la gubernatura y renovarán su congreso y todas sus alcaldías.
Es frecuente que en las pláticas se especule sobre los resultados electorales, pero lo cierto es que ni las encuestas nos muestran con claridad lo que se aproxima. Lo que sí ha salido a flote son los señalamientos de presuntos vínculos delincuenciales de los aspirantes a la gubernatura y una violencia que tiene a San Luis Potosí como una de las entidades con más agresiones dentro de la contienda electoral.
La plataforma Polls.mx, que recopila los resultados de distintas casas encuestadoras, coloca en la primera posición a Octavio Pedroza, candidato a la gubernatura de la coalición “Sí por San Luis”, integrada por PRI, PAN, PRD y el local Partido Conciencia Popular. Consulta Mitofsky y Massive Caller también dan la primera posición al exsenador panista.
Facto Métrica, en tanto, indica que desde finales de abril la abanderada de Morena, la doctora Mónica Rangel, superó por 4 puntos a Pedroza.
La encuesta del periodico El Financiero es la única que da la la ventaja, con 19 puntos, a Ricardo Gallardo Cardona, el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el PVEM y PT.
Para la capital, tenemos únicamente la encuesta de encuestas de Polls.mx que coloca en la primera posición al candidato de la coalición “Sí por San Luis”, el excomisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Pero las especulaciones y las pláticas electorales no demuestran que exista claridad en la preferencia de la población. A dos semanas para las elecciones, Pie de Página entrevistó a transeúntes que circulaban por la zona centro de la capital, la mayoría de ellos muestra desinterés hacia las jornadas electorales o consideran que ningún perfil cumple sus expectativas para darle el voto. Las pocas personas que ya tienen una idea clara decidieron gracias al acercamiento de los aspirantes a sus colonias, por las promesas de apoyos gubernamentales justos o porque los perfiles de los candidatos se ven honestos.
Ricardo Gallardo en campaña.
Gastos de campaña y señalamientos de corrupción
Los caminos rurales en la Huasteca potosina fueron forrados por lonas con el rostro del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Ricardo Gallardo; a fuerza de mantas impresas, pasó de ser un completo desconocido en la zona a estar presente, prácticamente, en cada esquina.
Ricardo Gallardo ha gastado más que cualquier otro candidato en la elección, hasta ahora 13 millones 854 mil pesos, según información del INE. La imagen del abanderado del Verde está por todos los rincones del estado. Los números doblan en cantidad a los gastos de campaña de los otros punteros, Pedroza y Rangel. En medio de estas cantidades millonarias se comienzan a interponer denuncias que van de un lado y del otro de la balanza.
Hace una semana, el senador morenista Elí Cervantes interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por las tarjetas proselitistas “La Cumplidora” que se activarán en caso del triunfo de Ricardo Gallardo: “para que a partir del 26 de septiembre, tengas acceso a diferentes programas y becas que otorgará mi gobierno en beneficio tuyo y de tu familia”, se puede leer en los trípticos informativos que se muestran en redes sociales.
Esto no es lo único que envuelve al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ha informado que existen varias indagatorias que señalan el desvío de recursos públicos, mediante empresas fantasmas, que han beneficiado a la campaña de El Pollo Gallardo, como se le conoce coloquialmente al candidato, y a su partido político. A esta información se suma las diversas investigaciones realizadas por el medio potosino Astrolabio, donde se indican los vínculos y modus operandi de la familia del candidato.
Recordemos que los Gallardo, Ricardo Gallardo Juarez, padre de El Pollo, y su hijo, han ocupado distintos puestos políticos en el estado. Primero, Gallardo Juárez fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, municipio conurbado de la capital, del 2009 al 2012; lo sucedió su hijo, del 2012 al 2014. Del 2015 al 2018 Gallardo padre gobernó el ayuntamiento de San Luis Potosí. Ese mismo año, el 6 de enero, Gallardo Cardona fue aprehendido “por la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera”.A su salida de prisión y absuelto de las acusaciones, Gallardo ocupó una diputación federal del 2018 al 2020.
Pero Gallardo no es el único señalado. Durante el segundo debate, organizado por la Coparmex, el único candidato independiente a la gubernatura, el maestro Arturo Segoviano, denunció el desvío de más de 10 millones de pesos por parte del secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitan, hermano del candidato panista Octavio Pedroza, a la campaña de la coalición “Sí por San Luis”, a través de la triangulación con una empresa propiedad del coordinador de campaña.A estas acusaciones se suma la denuncia del delegado nacional del PVEM, Francisco Elizondo, donde señalan que hubo un presunto financiamiento a la campaña de Pedroza por parte del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el prófugo de la justicia Javier Cabeza de Vaca.
La candidata por Morena y extitular de Secretaría de Salud en el estado también ha sido señalada por la asociación Ciudadanos Observando, quienes aseguran que existen contratos irregulares triangulados por empresas fantasma entre Secretaría de Salud y el empresario Gabriel Salazar Soto, que es investigado por fraude. Hasta ahora, estas aseveraciones no han sido comprobadas, pero en Ciudad Valles, algunos ciudadanos aseguran que estas transas de compras irregulares fueron habituales durante su jefatura en la Jurisdicción Sanitaria No. VI, que abarca la responsabilidad de once municipios de la zona huasteca sur del estado.
Las denuncias y sanciones no son exclusivas de las candidaturas a la gubernatura. El pasado 12 de mayo, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura a diputado federal por Morena de Pedro Carrizales Becerra, “El Mijis”, tras no poder comprobar la autenticidad de los documentos presentados para ocupar la diputación plurinominal como representante de comunidades indígenas.
Para el activista y vocero de la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (Cocihp), Rogel del Rosal, la jornada electoral ha sido muy superficial:
“Es una elección al estilo antiguo, donde los candidatos son perfiles impresentables que no presentan soluciones reales. Ningún candidato tiene interés en promover la autonomía de la población indigena. Vemos que se sigue usando a los pueblos indígenas como objetos electorales no como sujetos de derecho. No se ve el cambio ni la transformación”.
Proselitismo de los candidatos Romero Calzada y Octavio Pedroza en San Luis Potosí.
Foco rojo en violencia
San Luis Potosí es la séptima entidad con más violencia política durante el proceso electoral 2020-2021. La violencia, que ya se sentía con fuerza previo a las campañas, incrementó. De acuerdo con datos del gobierno federal, San Luis Potosí está entre las siete entidades del país que concentran el 53 por ciento de candidatos protegidos ante amenazas y agresiones en el proceso.
La Huasteca potosina se encuentra en foco rojo, según informó el secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, después del ataque armado a simpatizantes del PES en el municipio de San Martín Chalchicuautla y el ataque a la candidata panista a la regiduría de Tamasopo durante un mitin de campaña.
En el reciente debate con los candidatos a la gubernatura, realizado por la Confederación Patronal de México, Coparmex, se notó la preocupación de los participantes ante el incremento de la violencia electoral en todo el país. Pero desde el debate anterior, organizado por el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana (CEEPAC) y la Universidad Autónoma (UASLP), los candidatos pusieron énfasis en sus propuestas de seguridad. Todas giran en torno a la idea de robustecer la policía o crear una nueva Guardia Civil que sustituya a la policía estatal.
Violencia de género
En la intervención del candidato panista Octavio Pedroza en el segundo debate habló que para lograr que se reconstruya el tejido social en el estado y haya mayor seguridad es necesario apostarle a la familia. “La primera responsabilidad (de la mujer) es la atención de los hijos, en cuanto a su edad lo exija […] Hay que darle mayor participación a las mujeres, sin descuidar su función en lo familiar, para que una mujer que trabaja y al mismo tiempo son madres de familia no desatiendan su responsabilidad fundamental de ser ese núcleo que da cohesión a la familia”, señaló el candidato. Esta declaración fue señalada como misógina por feministas, medios de comunicación y Marvely Constanzo, candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.
Pero no es algo aislado. Desde las precampañas se han denunciado varios casos de violencia política en razón de género. El más reciente es la acusación y multa del candidato a la alcaldía por el PVEM, Leonel Serrato, al comprobar que “existieron las conductas denunciadas por la víctima (la candidata priista al ayuntamiento de Xilitla, María Rebeca Terán), generadas en el mes de abril de 2017 y diciembre de 2020 y son constitutivas de violencia política de género», indicó el Tribunal Electoral del Estado.
Algunas mujeres de colectivas feministas y entrevistadas en vía pública expresaron que no detectan ningún perfil que sea genuino en su promesas de campaña que aborden la erradicación de la violencia contra la mujer. La mayoría de ellas son conscientes de la importancia del voto, pero pese al poco tiempo para el día de la votación, se sienten desalentadas por los perfiles electorales.
Segoviano denuncia a Pedroza.
Violencia contra mujeres periodistas
Estas prácticas machistas y la violencia electoral permearon en la vida de las mujeres periodistas.
El primer incidente, el 28 de abril, fue en una entrevista realizada por el periodista Omar Niño a el candidato de la coalición “Sí por San Luis”, donde el presentador infantilizó y desacreditó a una compañera periodista y fue secundado, de nuevo, por el candidato Pedroza. El segundo incidente fue previo al primer debate, donde el expriista José Luis Romero Calzada, ahora candidato por Redes Sociales Progresistas, respondió con un “yo no contesto mamadas”, ante el cuestionamiento por la transparencia de los gastos a raíz del uso de un helicóptero en su campaña electoral. Este no ha sido el único caso de agresiones de Romero Calzada, Tekmol, ante preguntas de mujeres periodistas.
“Se habla de la violencia política que se ejerce contra mujeres que están en la función pública, pero las mujeres periodistas estamos en una especie de vacío y también estamos siendo violentadas políticamente. Hasta ahora, no hay una instancia a la cual recurrir y que pueda dar seguimiento a los casos, se ha intentado hacerlo a través del CEEPAC y del INE, pero en la ley no hay una competencia que los haga aptos y no hay nada más allá”, comenta la periodista María Medrano. Ella ha dado acompañamiento a las compañeras víctimas de violencia, como parte de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
Para ella, la violencia que estamos viviendo durante este proceso electoral tiene que ver con tres ejes. La permisividad que dan las campañas de desprestigio ante trabajo periodístico; el silencio y las malas prácticas periodísticas ante agresiones contra el gremio en el estado y, por último, las formas cómo los funcionarios públicos han solucionado ciertos errores con la prensa y las oportunidades de comprar las líneas editoriales de algunos medios. María señala que es preocupante que los candidatos traigan la agenda de género como discurso principal de sus campañas, para ella sería más relevante que entendieran de qué va tener propuestas o políticas públicas con perspectivas de género.
El presente articulo es propiedad de Pie de Página.
Fotos: Ceepac y Especial
Marcela Del Muro (2021) San Luis Potosí: violencia electoral y presuntos vínculos delincuenciales. Pie de Página. Recuperado el 25 de Mayo del 2021 en: https://piedepagina.mx/san-luis-potosi-violencia-electoral-y-presuntos-vinculos-delincuenciales/
El gobierno mexicano realiza una revisión de las concesiones que se entregaron 1.5 millones de hectáreas de santuarios y parques nacionales. Entre las concesiones hay 49 en etapa de desarrollo, informó María Luisa Albores
Daniela Pastrana, Pie de Página, recuperado de Lado B
20 de mayo de 2021
*Foto de portada: Iván Casteneira | Archivo Pie de Página
Daniela Pastrana
Santuarios, parques nacionales, reservas de biósfera y áreas de protección de flora y fauna. Nada se ha salvado en México de la expansión masiva de las concesiones mineras en este milenio.
De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 7.7 por ciento de la superficie que debería ser protegida por las leyes ambientales mexicanas fue concesionada a empresas mineras durante las últimas tres administraciones. Ese porcentaje equivale a 1.5 millones de hectáreas, distribuidas principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur, donde se ubican 45 proyectos mineros.
Dicho de otro modo: hay mil 609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de 68 de las142 “áreas naturales protegidas” en superficie terrestre del país.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, presentó la información este miércoles durante la conferencia presidencial. La funcionaria explicó que las concesiones entregadas en estas áreas son de diferentes categorías: 75 por ciento con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63 por ciento de reserva de biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios y 15 por ciento en parques nacionales.
“Es lo que encontramos cuando llegamos a la administración -dijo- Albores-: 503 (de estas concesiones) están en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión, y seis operaciones mineras cerraron”.
Albores explicó que la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas. “Si lo sumamos en superficie, es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería”, dijo.
También explicó que el territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años.
Mineras sacaron en 12 años seis veces más oro que en toda la Colonia
México ha registrado en las últimas décadas un aumento inédito de la extracción de minerales. De 2006 al 2018, la industria minera extrajo más de mil 59 toneladas de oro, “lo que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia”, dijo Albores.
A eso se agrega otro problema: el agua que requiere esta industria para operar.
La funcionaria explicó que hay aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga. El volumen concesionado equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua.
“El agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua”, dijo.
Un estudio regional realizado por Colegio de Abogados de Nueva York ubicó a México con una calificación casi reprobatoria en la implementación de sus políticas anticorrupción debido a la falta de aplicación de las leyes en la materia, de independencia de las autoridades anticorrupción y una baja capacidad institucional.
Con una calificación final de 5.51 puntos, donde cero es el puntaje más bajo y diez el más alto, nuestro país se posicionó – entre ocho países de la región- en el antepenúltimo lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020.
“A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México destaca por la falta de implementación de la norma derivada de una baja capacidad institucional y una alta influencia política en autoridades anticorrupción”, afirma el documento.
Los expertos participantes en el informe advierten que a pesar de que una de las banderas de la administración actual es la lucha contra la corrupción, la voluntad política tiene mucha influencia en este aspecto, pues mencionaron que “existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de funcionarios actuales”.
Aunado a que se identificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un órgano eficaz para la prevención de la corrupción a través de las políticas de transparencia, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la menos eficaz.
El documento añade que aunque en México existen mecanismos de prevención de la corrupción, por ejemplo, en contrataciones públicas, “la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas, lo cual es un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción”.
Asimismo, los abogados calificaron como baja la capacidad institucional de los organismos públicos facultados para prevenir, investigar, y perseguir actos de corrupción. Mientras que en el sector privado, se encontró como una debilidad la falta de obligatoriedad de programas de cumplimiento y políticas anticorrupción de las empresas.
El estudio también evaluó la implementación de políticas anticorrucpión de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú, entre los cuales destacaron Chile, que obtuvo la calificación más alta, y Guatemala, que consiguió la más baja. Los abogados consultados para el estudio trabajan en diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
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