El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Foto María Luisa Severiano / Archivo
Gustavo Castillo|La jornada
Jueves 29 de abril de 2021
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), “atendió intereses de las telefónicas y no la seguridad con su decisión de impugnar la ley”, señaló el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.
La dependencia difundió un mensaje del funcionario en el que señala: “la decisión del Inai de impugnar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil obedece a intereses de las empresas, pues el registro busca combatir los delitos de extorsión, secuestro, trata y en general todas las actividades de operación de los grupos criminales”.
Explicó que cada persona tendrá el control de su identidad y los archivos serán responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la protección de datos estará a cargo del Inai.
“La resolución del Inai sólo acredita la decisión de este órgano por ajustarse a los intereses de las telefónicas, favorecer un modelo favorable a los delincuentes.
“Este órgano debe actuar con responsabilidad, asumir su función, dejar la indolencia y trabajar para proteger los datos personales en posesión de particulares y los sujetos obligados”, insistió.
Mejía Berdeja aseveró que existe confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en beneficio de las víctimas del delito y la seguridad de la población, confirme la constitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Agregó que detrás del rechazo están involucradas las empresas telefónicas cuando actualmente solicitan los datos a quienes adquieren una línea de renta fija piden los datos personales.
“El problema de fondo son los modelos de telefonía de prepago por medio de los cuales nadie sabe quién los está comprando, por lo que ha permitido que los delincuentes se dediquen a hacer llamadas de extorsión, entre otras conductas criminales”, expuso Mejía Berdeja.
“El presente artículo es propiedad de La Jornada”.
Castillo, G. (2021). Inai protegió a telefónicas, no la seguridad: SSPC. La Jornada. Recuperado el 29 de abril de 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/29/politica/inai-protegio-a-telefonicas-y-no-la-seguridad-subsecretario-mejia/
En la Costa de Oaxaca el 23 de enero de este año mataron al defensor comunitario, Fidel Heras Cruz, que además era autoridad agraria de su Ejido y un abierto opositor al proyecto hidroeléctrico conocido como Paso de la Reina. Así inició el año 2021. A los dos meses ya se habían acumulado 5 crímenes en contra de pobladores de esa comunidad, dos de ellos defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. A estos defensores los mataron por defender los bienes naturales de su comunidad y por oponerse a la explotación de material pétreo del Río Verde. En Oaxaca existen zonas o regiones dominadas por familias caciquiles, quienes se creen dueños de la vida de las personas, ahí priva la impunidad y la excepción a la ley. Esto es lo que ha preexistido en Oaxaca por décadas. Los gobiernos en turno se han adaptado a este sistema de “gobernabilidad”, que les permite crecer y hacer negocios a costa del empobrecimiento, el olvido y la injusticia en que viven cientos de comunidades. Desde EDUCA pretenden impulsar una reflexión sobre la defensa comunitaria y los riesgos que enfrentan las y los defensores por parte de instituciones del Estado y de grupos criminales. Es por ello que el primer número del boletín El Topil, de este 2021, quieren que sea un homenaje al defensor Fidel Heras Cruz, así como a las personas que han sido asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes. Defensoras y defensores del territorio, reconocidos por su trabajo en Mesoamérica brindan su testimonio para construir una narrativa crítica y a la vez esperanzadora como un homenaje a quienes se les adelantaron en el camino.
Los cárteles colocan retenes en las vías de acceso para saber el origen y destino de quienes pasan por el lugar
18 de abril de 2021
Los problemas de seguridad, como asaltos a personal médico y robo de automóviles, imposibilitaban enviar trabajadores sanitarios a la zona desde febrero. (Foto: AFP)
Luego de caminar hasta cuatro horas desde sus comunidades, asediadas por narcotraficantes, indígenas wixárika de la tercera edad fueron vacunados contra el COVID-19 en una apartada región del este de México.
Un centenar de miembros de esta etnia, una de las más representativas del país por su cultura, recibieron el pasado 16 de abril el inmunizante chino CanSino Biologics, que requiere una única dosis.
La mayoría caminó unas cuatro horas hasta llegar al punto de vacunación en la comunidad Nueva Colonia, en el municipio de Mezquitic (estado de Jalisco), al que se accede por senderos de tierra.
Las brigadas de salud arribaron al pueblo con el acompañamiento de militares de la Guardia Nacional para dar inicio a la campaña en esta zona enclavada en la Sierra Madre Occidental.
Los habitantes de la región viven bajo el asedio de cárteles que se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas en los límites de los estados de Jalisco, Zacatecas y Durango, denuncian autoridades y pobladores.
Para esas organizaciones, el área es clave porque ofrece “muchas rutas de escape” ante posibles operativos de las autoridades, señaló a la AFP una lugareña que pidió no revelar su nombre.
La pandemia se había cobrado la vida de 2,627 indígenas mexicanos (Foto: AFP)
El Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa suelen colocar retenes en las vías de acceso. “Te preguntan a dónde vas, de dónde vienes (…) El simple hecho del interrogatorio, de ver las armas, es algo muy fuerte”, sostuvo.
Según un balance oficial actualizado hasta el pasado 18 de marzo, la pandemia se había cobrado la vida de 2,627 indígenas mexicanos, especialmente con edades comprendidas entre 60 y 74 años. A ello se suman 17,822 casos confirmados de coronavirus en esta comunidad.
VACUNA CONTRA EL MIEDO
Guillermo Islahuaca Álvarez, director de una seccional de la Secretaría de Salud de Jalisco, señaló a la AFP que debido a los problemas de seguridad, como asaltos a personal médico y robo de automóviles, no había sido posible enviar trabajadores sanitarios a la zona desde febrero.
“Los compañeros se reintegran el día de hoy después de dos meses de estar fuera de su unidad de adscripción”, dijo el funcionario, indicando que durante ese lapso personal de salud perteneciente al pueblo wixárika atendió los casos de emergencia.
Los habitantes de la región viven bajo el asedio de cárteles que se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas en los límites de los estados de Jalisco, Zacatecas y Durango (Foto: AFP)
La primera en recibir la vacuna fue Lucía Mijares, de 69 años.“Ya no quería tener miedo”, declaró a la AFP a través de una intérprete.
De acuerdo con el censo de 2020, 7.3 millones de habitantes de México hablan alguna lengua indígena, principal criterio para determinar la identidad de ese sector de la población.
Una segunda jornada de inmunización fue programada para el próximo 26 de abril en comunidades donde se reporta la instalación de puntos de control por parte de narcotraficantes. Desde el pasado 24 de diciembre, en México han sido vacunadas 13.4 millones de personas, de las cuales 3.2 millones con el esquema completo.
El país, de 126 millones de habitantes, es el tercero más enlutado por la epidemia en números absolutos con casi 212,000 fallecidos y 2.3 millones de contagios. Sin embargo, su tasa de letalidad por 100,000 habitantes es la decimonovena en el mundo.
Con el fin de proteger a sus comunidades de los grupos criminales, se capacita a niños de diferentes regiones del estado de Guerrero para que se incorporen a las filas de la policía comunitaria.
Más de 30 infantes armados olvidaron sus juguetes para unirse a la Policía Comunitaria de Guerrero.
En este grupo tienen entre 6 y 11 años y decidieron tomar las armas para protegerse y tratar de abordar las deficiencias que sufre su comunidad.
“Somos niños comunitarios y apoyamos en el resguardo de nuestra comunidad nahua…Ya basta de tanta delincuencia y discriminación a los indígenas de México”, expusieron.
Viven en la localidad de Ayahualtempa de José Joaquín de Herrera, exigen justicia y seguridad a las autoridades.
Hace 15 meses, dicen, asesinaron a una decena de músicos de esta comunidad.
Alrededor de 200 indígenas integran este grupo de defensa comunitaria y denuncian el abandono ante los ataques de los grupos criminales que operan en la zona sur de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
Información: Agencias
Imagen: Redes
“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica“
San Andrés Cohamiata es una de las tres comunidades que integran la Zona Wixárika de Jalisco y actualmente se encuentra aislada por el crimen organizado.
Siboney Flores, Animal Político
07 de abril de 2021
Cuartoscuro Archivo
Para conseguir alimento, gasolina y artículos de primera necesidad, los pobladores de San Andrés Cohamiata deben de conducir durante tres horas y llegar al municipio de Huejuquilla el Alto. Pero desde hace un mes, intentan sobrevivir con los víveres que tienen, pues temen salir y pasar por los retenes de grupos criminales.
Los retenes son dos y se instalaron desde finales de 2020. Los del primero, se presentan como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el segundo del Cártel de Sinaloa. Entre ambos hay una distancia de kilómetros, pero los pobladores temen que en la lucha de estos cárteles por apoderarse del territorio les roben, desaparezcan, violen, maten o los obliguen a hacer trabajo forzado.
El sitio es asediado por ambos grupos criminales pues es la única vía terrestre de paso del sitio para llegar desde la Zona Wixárika hacia Guadalajara y a su vez para llegar a los límites con Nayarit, Zacatecas y Durango.
Si controlan el camino, controlan la zona. Por eso el temor. Si los grupos criminales no les dejan pasar, no vuelven a regresar a sus casas. Si no les dejan salir, no tiene cómo surtir sus necesidades básicas.
“No hablamos de dos, tres, cuatro personas (en esos retenes), son de 20 a 25 vehículos, con gente armada, así parecido como al Ejército. Ahí si, pues ni como … te revisan el celular, te hacen preguntas, te dicen que si viste gente armada, pues uno por miedo dice que si, o no, no sabes que decir, y si ya no concuerda la información te intimidan”, comenta un testigo a quien llamaremos Luis por razones de seguridad.
Los pobladores cuentan a Animal Político que es una situación que conoce el gobierno. “En enero, vino un funcionario de gobierno con dos patrullas del Estado y obviamente vieron esto, pero no hicieron nada”, dice Luis.
También en febrero robaron el automóvil donde los médicos de la Secretaría de Salud se desplazaban para atender emergencias y llegar a la comunidad. Por eso, los médicos tienen semanas sin ir a San Andrés. “Este es el tercer vehículo que grupos criminales les quitan a los médicos, pero no se hace nada y obviamente sí se reporta”, detalla Luis.
Wixarikas temen denunciar
Cansados de la situación, los pobladores decidieron denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco el pasado 18 de marzo.
La razón de porqué solo lo hicieron ante una comisión que sólo puede pronunciarse y recomendar, pero no ejercer acciones en concreto, fue porque temen exponer el caso ante las autoridades, y que estos, estén coludidos con los grupos criminales.
“No sabemos realmente lo que sucede, el gobierno (sabe y) no hace nada, y pues, en vez de denunciar a los delincuentes, nos vamos a ir a denunciar a nosotros mismos, es la inseguridad que tenemos hacia los municipales, hacia lo estatal, ¿por qué no fuimos directo a la Fiscalía o a la Secretaría General de Gobierno? Pues por miedo a que nos pase algo”, comenta Luis.
Una policía desarmada
La idea que tienen los pobladores sobre la posibilidad de que las autoridades están coludidas con grupos criminales no es fortuita.
El pasado 26 de febrero, la policía de Mezquitic -municipio a donde pertenece la comunidad de San Andrés Cohamiata- fue desarmada. La Fiscalía Estatal explicó que se debe a una presunta participación de sus elementos en diversos delitos.
El comisario y otros tres elementos están vinculados a proceso, pues se aportaron pruebas sobre su presunta partición en la desaparición forzada y homicidio de tres personas en septiembre de 2020.
También se les relaciona con la desaparición de Álvaro Madera, precandidato a la alcaldía de Mezquitic, que fue interceptado el pasado 4 de febrero, cuando se dirigía a Huejuquilla el Alto.
Además, hay otros tres elementos que están detenidos por su probable relación con el delito de secuestro agravado.
Una recomendación de la defensoría
El 18 de marzo la CEDHJ recibió el reporte de que estaban suspendidos los servicios médicos, de seguridad y de apoyo de programas sociales en la comunidad.
Un día después la defensoría hizo un llamado donde pedía seguridad para los pobladores por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el regreso de personal médico de la Secretaría de Salud Jalisco a la comunidad, y alternativas de registro para que no se pierdan los apoyos de programas sociales.
Los pobladores reconocieron que tras el pronunciamiento de la defensoría llegó la Guardia Nacional al sitio, pero a los pocos días se fue y se quedaron solos.
La policía municipal solo va a San Andrés Cohamiata a solicitud expresa. Tienen que hacerles llegar un oficio para pedir rondines de vigilancia o llamar de un teléfono en caso de emergencia.
Los médicos siguen sin desplazarse a los centros de salud. En el lugar permanecen los enfermeros de la comunidad, pero no pueden atender a los pacientes que llegan con enfermedades o complicaciones médicas y desplazarse implicaría un traslado de hasta 7 horas.
Sobre los apoyos sociales federales, como el estímulo a personas de la tercera edad y la beca Benito Juárez están suspendidas de momento. En el caso de los apoyos locales y estatales se trabajan a través de internet, pero los pobladores aseguran que las ayudas no pueden llegar a todos.
Aldo Reynoso, tercer visitador de la Comisión explica que “también parte del problema es que, en la ruta, pueden iniciar enfrentamientos. Ese es el detalle, si logras pasar, te vas a quedar en San Andrés porque te va a dar miedo regresar”.
Una violencia más cercana
Los mismos pobladores reconocen que no es el primer retén que han sufrido a manos de grupos criminales. Entre los años 2010 y 2011 también lo vivieron por parte de los Zetas, pero reconocen que el grupo criminal nunca accedió a la comunidad como sucede ahora.
Incluso partícipes de proyectos sociales reconocieron que en 2013, camino a la comunidad tuvieron una revisión a manos de un grupo armado, lo que les desmotivó a llegar a su destino. Finalmente, por miedo a que sucediera lo mismo este mes, decidieron no dirigirse a la comunidad.
“Ahora tenemos conocimiento que en la noche se insertan en la comunidad (de San Andrés) para resguardarse cuando tienen enfrentamientos, y si bien no estamos con ninguno de ellos, no queremos que en una de esas pase un fuego atravesado” comenta otro de los testigos.
Para los grupos criminales es fácil insertarse, pues San Andrés Cohamiata está compuesto por 21 pequeñas comunidades, a las que llaman comisarías y que atraviesan largas distancias donde puede no existir ni luz.
Un territorio de amapola
Desde 2018, la Fuerza Única Regional reportó la presencia de sembrados de amapola en la Zona Wixárika, en concreto en la comunidad de San Andrés Cohamiata.
El aseguramiento fue uno de los más grandes de ese año y ocurrió en la Comisaría de Los Lobos. Ahí encontraron 13 sembradíos con 861 mil 800 plantas de amapola, que representaban más de la décima parte de todo lo hallado en lo que va del año.
“El presente artículo es propiedad de Animal Político“
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