El sexenio en el que los periodistas repetíamos: “Nos van a matar”

El asesinato de la periodista Regina Martínez, en 2012, logró la atención internacional hacia los riesgos que corrían los periodistas en Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte. El primer asesinato ocurrió el 1 de junio de 2011. Los homicidios, desapariciones, amenazas y terror siguieron, como recuerda, tras una década de impunidad, una periodista veracruzana que no se cansó de exigir justicia. 

Sepelio de los fotoperiodistas Gabriel Huge y Guillermo Luna en el panteón municipal de la ciudad de Veracruz, México, el 04 de Mayo del 2012. Foto: Félix Márquez
Testimonio E Investigación: Norma Trujillo Báez. Fotografías: Félix Márquez

Norma Trujillo Báez | Desinfromémonos

—- | Miércoles 2 de Junio del 2021 | — : —

I

Clima de Terror

Desde la llegada de Javier Duarte como gobernador, en diciembre de 2010,  un clima de terror generalizado se instaló entre quienes éramos periodistas. Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para ejercer el periodismo, que llegó a sumar 18 periodistas asesinados y 4 desaparecidos, y en nosotros se plantó una idea: “Nos van a matar”.

Tres meses después de que asumió la gubernatura de Veracruz, iniciaron los asesinatos y las desapariciones de periodistas. 

El 8 de marzo de 2011, Noel López Olguín, de 45 años de edad y colaborador de los semanarios locales Horizonte, Noticias de Acayucan y del diario La Verdad, salió de su casa en el municipio de Jáltipan, al sur del estado de Veracruz que conjuntamente con los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque integran una insegura y región rica en recursos naturales. Nunca regresó a casa. Al siguiente día su automóvil fue encontrado en la zona semi rural hacia Soteapan. El 1 de junio de 2011 su cuerpo sin vida fue encontrado. Fue el primer periodista asesinado.

Lo encontraron gracias a que el ejército detuvo a Alejandro Castro Chirinos, alias “El Dragón”, jefe de sicarios del grupo armado que controlaba el sur del estado y confesó el asesinato del periodista y su entierro en una fosa en Jáltipan. En el decomiso, junto con armas y drogas le encontraron la cámara fotográfica de Noel. Supuestamente el pago por matar a López Olguín fue de 50 mil pesos. 

A José Alfredo Estrella García, reportero de El Liberal y quien coincidía en coberturas con Noel, le impactó tanto el crimen que nunca regresó a Jáltipan a cubrir información. “(Noel) venía a Cosoleacaque y me platicaba lo que cubría”, recordó. “Un día le dije, ‘te estás arriesgando mucho’, porque él tocaba temas del narcotráfico, pero decía nombres, decía en dónde vivían. Un día hizo un trabajo y me lo enseñó, yo le dije ‘esto está muy arriesgado’ y me contestó ‘lo voy a sacar’ y en juego le dije ‘ahí me saludas al patrón’, o sea a Dios”. 

El 17 de septiembre de 2011 el periodista Gabriel Manuel Fonseca Hernández, conocido como Cuco, fue desaparecido. Con él se estrenó la desaparición como método de silenciamiento a periodistas.

Con el exterminio de ambos se inauguró el terror. Y duró todo el sexenio.  A 10 años de estos crímenes las autoridades no han encontrado culpables.

Retratos de los periodistas Pedro Tamayo, Yolanda Ordaz, Anabel Flores y Gabriel Huge, colgados durante una protesta en las instalaciones de la Fiscalía General de la República de la ciudad de Veracruz. Foto: Félix Márquez 

Las y los periodistas entendimos que no existía un lugar seguro: no importaba donde estuvieras, la forma de matar era cada vez más despiadada: varios colegas  fueron torturados y mutilados antes de ser asesinados, segmentados en pedacitos, sus cuerpos empacados en bolsas de basura. Así era en los casos extremos. 

Los mecanismos de silenciamiento tenían  formas distintas, pero iguales resultados. Todos nos sentíamos bajo advertencia, especialmente quienes tratábamos de romper el silencio y publicar lo que el gobierno quería tapar. Y no pocas veces lograron amordazarnos.

La advertencia de que dejáramos de informar o pagaríamos las consecuencias se ejercía de manera cotidiana, no sólo de parte de las organizaciones criminales, también, y eso era más grave, desde las oficinas de gobierno. 

Pesadillas de la muerte

“Nos van a matar”, rebotaba en la cabeza de muchos periodistas. 

Caminábamos con temor, sentíamos que alguien nos perseguía. Y cada vez que era asesinado un colega esa certeza volvía. El miedo se había convertido en nuestra sombra.

“Nos van a matar”.

La idea se nos trepaba cuando nos enterábamos de amenazas contra colegas, como la periodista Maryjose Gamboa, quien en la habitación de su niña encontró  una fila de muñecos de peluche tirados en el suelo en línea hacia el jardín; el último tenía un machete enterrado. 

O como cuando nos enteramos que tres meses antes de su asesinato Regina Martínez había encontrado su baño humedecido: le dejaron los jabones mojados con huellas de dedos plasmadas. 

O cuando supimos que el caricaturista Rapé (Rafael Pineda), mordaz en sus cartones, vio un mensaje en su coche que decía “calladito”, después de haber recibido un premio nacional. Esa última amenaza lo obligó a dejar el estado el 10 de septiembre de 2011.

“Nos van a matar”.

No era paranoia. El 20 de junio de 2011 habían asesinado al columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), a su esposa y a su hijo fotoperiodista, Misael López Solana. Un mes después Yolanda Ordaz fue decapitada. A los nueve meses estrangularon a Regina Martínez. No se había completado la semana cuando Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Gabriel Huge, junto con una mujer que los acompañaba y que trabajaba en un medio, fueron encontrados en bolsas de basura, sus cuerpos desmembrados y arrojados en el canal de la Zamorana. Cuarenta días después, el cuerpo de Víctor Báez fue encontrado -cortado en pedazos- en bolsas dejadas a dos cuadras del Palacio de Gobierno. 

Siguió una tregua de 20 meses, pasado ese periodo en el sur del estado Gregorio Jiménez fue decapitado y torturado, su cuerpo arrojado a una fosa clandestina. Once meses después Moisés Sánchez fue secuestrado y asesinado. A los cuatro meses Armando Saldaña fue asesinado. En menos de dos meses Juan Mendoza fue víctima de homicidio. A los 29 días nuestro amigo fotoperiodista Rubén Espinosa murió asesinado, antes fue  torturado. Aunque su crimen ocurrió en la ciudad de México nosotros lo registramos dentro de ese “año de la furia” del gobierno duartista. 2015 cerró con cinco periodistas asesinados con violencia.

Antes de llegar a ese desenlace la violencia había ido in crescendo.

Sepelio del periodista y director de La Unión de Medellín, Moisés Sánchez, en el Cementerio Particular del puerto de Veracruz, México, el 06 de febrero del 2015. Foto: Félix Márquez

*

En enero de 2011 un grupo de reporteros éramos trasladados a bordo de una camioneta de la Policía Federal para que viéramos a los supuestos responsables de la balacera en la plaza comercial El Gran Patio de Poza Rica. El despliegue de seguridad era impresionante, tanto que el periodista Miguel Estrada Salazar repentinamente entró en pánico y comenzó a gritar: “Nos van a matar, nos van a matar, nos llevan a matar”. 

Siempre traía esa sensación, que semejaba a una paranoia, pero en esta ocasión provocó pánico entre quienes lo acompañábamos. Después de que saltó de la camioneta en movimiento otros compañeros se aventaron con todo y cámara y micrófono. Algunos gritaban aterrados: “Yo me bajo, yo me bajo”. 

Los policías federales, sorprendidos, nos decían: “No brinquen, se van a lastimar”. Pero el miedo acumulado era más poderoso. Un compañero y yo nos quedamos y nos bajamos hasta que llegamos a Poza Rica. 

“¿Por qué se bajaron los demás?”, nos preguntó un policía. 

“Un compañero dijo que nos llevan a matar”, respondí.

“¿Cómo creen?”. 

Nos enseñaron a cinco detenidos, esperaron a que les sacáramos fotos antes de subirlos a un helicóptero. Nosotros regresamos en las mismas patrullas, con un cierto dejo de miedo. 

El periodista que lanzó el primer grito de terror quizás presentía algo. Seis meses después, el 25 de julio de 2012, Miguel Estrada Salazar desapareció en Poza Rica. Pero el terror estaba instalado desde antes.

“El pánico se había apoderado de la mayoría de nosotros”, reconoce hoy  Francisco de Luna, periodista del norte del estado, en donde cubrir la “nota roja” era casi una sentencia de muerte porque abarcaba supuestos “derrames de petróleo” que más bien se trataban de tomas clandestinas encubiertas, la complicidad del sindicato petrolero y el crimen organizado bloqueaban el trabajo de los periodistas o los obligaban a escribir  de imaginarios accidentes por fisuras de los ductos. 

Desde el Palacio de Gobierno se difundían rumores de periodistas vinculados a crimen organizado, que algunos estaban ya en una lista para ser asesinados, eran contratados espías y programas de espionaje para vigilarnos. Además de las amenazas de muerte vía telefónica  o a través de mensajes al celular o al correo, éramos sometidos a campañas de desprestigio a través de redes sociales y correos. 

El miedo se instaló entre el gremio tanto por las noticias que teníamos que cubrir como porque teníamos que enterrar a nuestros colegas. Y matar a periodistas era fácil y barato, la impunidad daba permiso.

Estos son algunos testimonios del miedo.

Un cartel con la cara del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido por la Interpol en Guatemala, es visto en una barda de la ciudad de Veracruz, México, el 15 de abril de 2017. Foto: Félix Márquez

II

Testimonios del miedo

‘No me van a agarrar dormida’

Vivía pensando ‘¿cuándo vendrán por mí, cuándo entrarán a mi casa, cuándo me van a matar?’. Y cuando iba en mi carro decía ‘a ver quién se me empareja y me mete un tiro’. Esto me pasó cuando recibí las amenazas. Yo no dormía. 

Cuando llegué a una terapia psicológica me dijeron que estaba viva de milagro, porque a las personas que no duermen les da un infarto, una enfermedad, se mueren, algo les pasa. Cerraba los ojos pero los cinco sentidos estaban abiertos, porque yo tenía una premisa: ‘si vienen por mí no me van a agarrar dormida, yo quiero ver quiénes son los que me van a llevar’. Me acostaba una hora y me volvía a levantar, esa era mi rutina todos los días. 

  ¿Miedo? Sí, claro que te da miedo, porque yo tengo la grabación, yo grabé una de las amenazas, una fue grabada y la otra fue por escrito, y los otros eventos intimidatorios fue que un día llega un tipo en una moto, eran dos tipos en una moto, el que iba manejando no hizo nada, pero el que iba atrás arrojó una botella y en ese momento se incendió la hierba que está frente a mi casa.

Un día quisieron abrir mi carro, pensé que esa era la delincuencia, los rateros. Vivía muy cerca de la radio, estacionaba mi carro en la calle, poco tiempo después, fui a mediodía a mi auto a sacar algo y estaba la cajuela abierta, la dejaron así, no se llevaron nada de refracciones que tenía allí. Nada se llevaron. 

Sandra Segura, periodista y columnista del Notiver, periódico que se edita en el Puerto de Veracruz, y conductora de noticias radiofónicas.

*

“No te van a hacer nada, son mis amigos”

Hubo una balacera impresionante en el mes de enero de 2012, yo llegué a registrar ese hecho dos horas más tarde, estaban allí militares y había mucho movimiento. 

Un tipo se me acercó, me llamó por mi nombre,  yo ni lo conocía y me dijo: “¿Quieres ver los muertos?”. Soltó su brazo hacia mi hombro, me condujo abrazado en medio de policías, de militares. Yo llevaba una cámara profesional, me la pidió y dijo “quiero ver cuáles fotos has tomado”. Le respondí, “voy llegando, y entonces me señaló a unos hombres que estaban parados en la escena del crimen, “no te van a hacer nada, son mis amigos”. 

Nunca supe si eran de los malos o quiénes eran, pero estaban ahí, nadie les decía nada. El hombre me hizo caminar entre los ocho muertos que estaban tirados y otros que estaban en el piso, detenidos, apuntalados por el arma de los militares.

Estaba también un vehículo con los cristales rotos y cuerpos adentro. El tipo me ordenó: “Mira, tómales la foto, están muertos”. A mí no me impresionaron los muertos sino la actitud del desconocido que me conducía, quien rápido me comentó: “ya sé, te dio miedo”, y me quitó la cámara sin violencia, empezó a tomar las fotos y a caminar y me dijo “ahorita nos vemos”. Lo que hice fue irme y dejarle la cámara. 

Cuando estaba llegando al periódico me entró un mensaje: “oye, sé que estás llegando al periódico y necesito que te quedes allá abajo porque ahorita voy a llegar”.

El mismo tipo de la escena llegó a las oficinas en las que trabajaba, pero ya traía la cámara envuelta en una playera del PRI, una playera roja y me dijo: “las queremos ver publicadas, tengo tu número y sabemos que trabajas aquí”. Yo quedé pasmado, no sabía que reacción tener y él se fue. Había borrado todo el archivo que tenía de la escena y había dejado fotos de puras armas largas y los tipos todos ahí baleados. 

Francisco de Luna, periodista originario de Papantla, entre 2011 y 2014 corresponsal del periódico Imagen del Golfo, actualmente escribe en la página web Primer Párrafo.

*

“La nota trajo intimidaciones”

Ocho cuerpos desmembrados fueron encontrados en una comunidad de Huatusco, entre los días 3 y 4 de junio de 2016, ya en la recta final del gobierno de Javier Duarte. La delegación de la Procuraduría General del Estado negaba los hechos. 

Sin embargo, la población de la comunidad de Cotecontla nos corroboró que sí estaban los cuerpos. La Fiscalía del Estado se guardó la información. Nosotros sacamos la nota y 20 días después descubrimos que iban a enterrar los cuerpos en la fosa común del panteón municipal en donde se sepultan a los cuerpos no identificados. La nota tuvo impacto a nivel nacional porque la retomaron los corresponsales de Proceso y El País, pero eso trajo intimidaciones. 

  En la zona montañosa central de la entidad veracruzana, el comandante de la policía ministerial se acercó para amedrentarnos a los periodistas, nos dijo: “Van a correr al Fiscal de Huatusco y es por su culpa”. 

También en el 2015, cuando trabajaba en El Buen Tono nos amenazaron que nos iban a levantar si se seguíamos publicando notas de unas ‘ejecuciones’ que se habían registrado en una población del municipio de Totutla y mi jefe inmediato me habló para que tuviera cuidado porque se trataba del crimen organizado, y estuve espantado por muchos días. 

Con el gobierno local y del estado no había problema, la relación era cordial. Pero también tuvimos problemas con una familia de un empresario que fue encarcelado, acusado por amenazas y golpes, y cuando salió de la cárcel estábamos tomando gráficas, yo junto con una compañera de El Mundo y la familia nos golpeó e intervino la policía municipal. Nosotros pusimos la denuncia por agresiones y golpes, pero nunca pasó nada. 

Julio César Herrera, periodista que trabajó esos años en El Mundo de Córdoba y en El Buen Tono

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“Buscaba un lugar distinto donde quedarme”

Siempre andaba con una maleta al hombro. 

Un día me quedaba a dormir en un lugar, al siguiente en otro, incluso un día me quedé en un hospital porque una amiga me dijo, “si tú quieres te puedes quedar aquí en mi guardia y aquí estás segura”, o sea, era tal el nivel de tensión. 

Por aquel tiempo vivía sola en un departamentito que había rentado, pero en esos días sólo llegaba a mí casa por ropa pero ya no me quedaba allí.  La maleta la dejaba en el trabajo cuando salía a reportear. Al llegar la noche buscaba un lugar distinto donde quedarme. No quería que mi familia se enterara de lo que yo vivía y entonces echaba la mano de las amistades, por eso hasta en un hospital dormí. Eso me ocurría cada noche desde el 2014. 

Nidia Sánchez, ex coordinadora de información policiaca del Diario de Xalapa, periódico de la Organización Editorial Mexicana

En honor a la periodista, la plaza principal de la ciudad de Xalapa, fue nombrada por colegas como “Plaza Regina Martínez”, supliendo el nombre de Sebastían Lerdo de Tejada el 28 de abril del 2015. La placa fue retirada. Foto: Félix Márquez

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

El sexenio en el que los periodistas repetíamos: “Nos van a matar”

Reiteran demandas de justicia por crimen de Javier Valdez en cuarto aniversario luctuoso

Anabel Ibáñez, Ríodoce recuperado de Desinformémonos

17 de mayo de 2021

A cuatro años del homicidio del periodista Javier Valdez, familiares y amigos develaron un memorial en su honor en la Plazuela Obregón, en Culiacán, Sinaloa, el pasado 15 de mayo.

A nombre de la familia, su esposa Griselda Triana, advirtió que ella y  sus hijos no van a desistir ni poner límites en la búsqueda de justicia para que el crimen no quede impune.

La ceremonia congregó a familiares, amigos y representantes de organismos nacionales e internacionales de protección de periodistas.

Los representantes de Reporteros sin fronteras, Balbina Flores; Gabriela Gorjón, oficial de Información Pública de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México; así como Jan Albert Hootsen, representante del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), se sumaron a las demandas de justicia en el crimen de Javier Valdez.

Durante la ceremonia tanto Balbina Flores como Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, lamentaron que no se les haya permitido entregar una carta durante la conferencia mañanera del pasado viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde demandan justicia para el caso de Javier Valdez y los periodistas asesinados, 20 de ellos durante el gobierno federal actual.

Publicado originalmente en Ríodoce

“El presente artículo es propiedad de Ríodoce, recuperado de Desinformémonos

Ibáñez, A. (2021). Reiteran demandas de justicia por crimen de Javier Valdez en cuarto aniversario luctuoso. Desinformémonos. Recuperado el 18 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/reiteran-demandas-de-justicia-por-crimen-de-javier-valdez-en-cuarto-aniversario-luctuoso/

10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar

Familias de las víctimas exigen justicia en cartas públicas dirigidas a López Obrador y a los presidentes de EU, Guatemala y El Salvador.

Alberto Pradilla (@albertopradilla), Animal Político

29 de abril de 2021

Cuartoscuro

Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.

Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.

“Diez años hemos estado exigiendo información sobre lo que pasó, sobre quiénes participaron, cómo te hallaron, quiénes te hicieron lo que te hicieron. No quiero que se quede así. Me pongo a pensar ¿por qué no dan con los responsables?, si la mayoría vive en San Fernando y ahí en el expediente mencionan al coyote y a varios implicados. ¿Por qué no dan con los responsables? En el expediente se indica la participación de la policía, quienes recibían dinero del crimen organizado”, dijo Baudilio Castillo, padre de la víctima, en una carta pública dirigida a su hijo. En ella relata el duro trayecto de los últimos años y la escasa ayuda institucional, pero también la esperanza de que se haga justicia.

Baudillo recuerda, en entrevista telefónica con Animal Político, que apenas tienen información sobre los avances de las pesquisas. “En 2019 nos hicieron llegar una tarjeta informativa y recientemente tuvimos una reunión con autoridades. Pero seguimos esperando que nos den más datos”, aseguró. El hombre lleva diez años dedicado a buscar justicia: estudia los expedientes, analiza la información que llega a cuentagotas. Y sigue sin explicarse cómo los culpables no han sido sentenciados.

“No se ha investigado la cooptación de autoridades”

Cuando se cumple una década del hallazgo de las fosas, familiares de las víctimas han hecho públicas diversas misivas en las que denuncian el maltrato institucional durante la última década, la falta de avances en las investigaciones y las irregularidades detectadas en las identificaciones y la investigación.

“Durante 10 años nos hemos enfrentado a un duro muro de impunidad sistémica, construido con miles de obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación. Las circunstancias en las que nuestros familiares, localizados en las fosas, fueron privados de la libertad y de la vida no han sido plenamente esclarecidas. Tampoco han sido identificados y enjuiciados todos los autores materiales e intelectuales de los hechos”, dice una de estas cartas, dirigida a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Giamattei Y Nayib Bukele, presidentes de EU, México, Guatemala y El Salvador, respectivamente.

“¿Cómo es posible que, diez años después, no haya personas sancionadas por esta masacre que arrebató la vida de nuestros seres queridos? Menos aún se ha investigado ni establecido la responsabilidad estatal por los hechos, ni la responsabilidad por cadena de mando por el involucramiento de agentes policíacos. No se ha investigado la cooptación de autoridades y corporaciones por el crimen organizado de carácter transnacional que opera incluso en territorio estadounidense”, añade la carta.

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/04/Carta-Presidentes-2-1.pdf

66 cuerpos sin identificar

Las de las fosas de San Fernando es una de las peores masacres perpetradas contra migrantes en México. En los 46 enterramientos clandestinos fueron hallados los restos de 196 personas. A día de hoy quedan 66 por identificar. De los que sí se pudo conocer la identidad hay 91 mexicanos, 36 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un hondureño.

Las fosas fueron descubiertas menos de un año después del asesinato de los 72, otra de las matanzas que mostró la crueldad de México con aquellos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos. Tamaulipas se convirtió en el territorio más peligroso de uno de los países más peligrosos del mundo para los migrantes. Diez años después sigue siéndolo. En enero fueron hallados los restos de 19 personas en Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. De ellos, 16 eran guatemaltecos que buscaban alcanzar el norte.

Como denuncian las familias de las víctimas, una década después de las masacres se mantiene una impunidad absoluta. Las autoridades anunciaron la detención de 74 personas a las que vinculaban con Los Zetas, en aquel momento uno de los carteles más violentos de México. De ellos, 17 serían policías municipales de San Fernando, a los que se acusó de formar parte del narco, pero contra los que no existe acusación formal dentro del expediente, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a las familias de 21 de las víctimas.

Entre los delitos que se imputa a los consignados están el de homicidio, delincuencia organizada o tenencia de armas de uso exclusivo del ejército. Pero ni siquiera hay claridad sobre si los homicidios a los que se hace referencia en la investigación son los de las fosas de San Fernando.

“Sabemos que hay 74 procesados por los hechos, pero ninguno de estos ha sido sentenciado, no hay ninguna sentencia”, explicó Delgadillo. “Se ha solicitado y no está clarificado que las personas que estén siendo procesadas por el delito de homicidio lo sean por los 196”, añadió.

Tras los hallazgos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, presentó a decenas de personas a las que vinculó con Los Zetas. Entre ellos se encontraba Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “comandante Ardilla”, considerado jefe de la estructura criminal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y detenido en Nuevo Laredo en 2012. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales de que se había capturado a los responsables de aquellas atrocidades, diez años después no hay una sola sentencia que pueda probarlo.

Animal Político consultó con la FGR sobre el estado de la investigación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Sin reparación para las familias

La falta de sentencias condenatorias no es la única irregularidad denunciada por las familias. “Los procesos de identificación de nuestros familiares no se realizaron con ningún tipo de cuidado, sin pensar que se trataba de personas. Gobiernos anteriores nos entregaron restos sin ninguna explicación ni documento que acreditaran que eran nuestros familiares, realizaron cremaciones ilegales e, incluso, entregas equivocadas de cuerpos”, dice una de las cartas.

Tampoco México ha cumplido con la reparación integral a la que tienen derecho los familiares. “Tiene una enorme deuda con todas las familias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha puesto un sinfín de obstáculos para garantizar los derechos que la Ley de Victimas otorgan a victimas indirectas. El último pretexto es por la pandemia, porque están fuera del país”, explicó Rosmery Yax Canastuj, abogada guatemalteca que representa a las víctimas del país centroamericano.

Según relata, buscar las medidas de asistencia “ha sido un suplicio para las familias”. Y eso a pesar de que la ley les garantiza apoyos para la compra de alimentos, educación y salud, al margen de la indemnización.

Las fallas del Estado en la investigación y en la atención de las víctimas quedaron reflejadas en la recomendación 3VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En aquel documento, la institución constató el horror que se vivía en San Fernando, los secuestros en los autobuses para que las víctimas fuesen entregadas al crimen organizado y la complicidad de algunas autoridades. Sin embargo, todo esto quedó en saco roto ya que las recomendaciones no se han cumplido.

Para las familias y sus acompañantes esto es muestra de la incapacidad de México para cumplir con la investigación y la reparación. Por eso llevan años solicitando que se ponga en marcha una comisión especial con participación de instancias internacionales como la ONU. Algo similar a lo que ya funcionó en el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Para Baudilio Castillo, que recibió los restos de su hijo en mayo de 2017, todavía queda mucho por hacer. Y así lo repite, en la carta dirigida al joven que marchó de Guatemala buscando una vida mejor, pero encontró la muerte en Tamaulipas. “Espero seguir luchando para que no sigan cometiéndose más crímenes contra las personas migrantes que transitan hacia los Estados Unidos, que haya justicia para todas las familias dañadas. Nosotros estamos vivos, peleando por nuestros hijos, peleando por aquellas personas que fueron masacradas, peleando por ti- Hasta que nos alcance la muerte, vamos a pedir justicia”.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Pradilla, A. (2021). 10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar. Animal Político. Recuperado el 29 de abril de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/04/10-anos-san-fernando-fosas-clandestinas/

México Evalúa: dos de cada tres estados no tienen datos delictivos precisos

La ONG concluyó que los estados con mejor evaluación al respecto son Sonora, Yucatán, Campeche, Zacatecas y Chiapas. Mientras que los peor evaluados resultaron Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca.

Foto simbólica de personal forense en Guerrero

DW | DW

—— | Jueves 15 de Abril del 2021 | — —

Dos de cada tres gobiernos estatales en México no cuentan con datos precisos y veraces sobre el número de homicidios que se cometen año a año, según reveló este miércoles (14.04.2021) un estudio de la organización México Evalúa.

El documento llamado Fallas de Origen logró identificar los errores y omisiones en los recuentos de homicidios reportados por las 32 Fiscalías de Justicia del país. A través de cuatro componentes -entre ellos, la precisión de los homicidios dolosos, las irregularidades en los homicidios culposos y las correlaciones en los homicidios culposos y los dolosos- el reporte permitió obtener el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC).

https://twitter.com/mexevalua/status/1382371311276617734?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1382371311276617734%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2FmC3A9xico-evalC3BAa-dos-de-cada-tres-estados-no-tienen-datos-delictivos-precisos%2Fa-57208087

Este análisis concluyó que los estados con mejor evaluación al respecto son: Sonora, Yucatán, Campeche, Zacatecas y Chiapas. Mientras que los peor evaluados resultaron Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca.

De acuerdo con la ONG, el documento puso en evidencia la debilidad institucional que vive el país, gracias a la clasificación errónea, el subreporte y la reclasificación intencional de datos delictivos, es decir, el maquillaje de cifras. Edna Jaime, directora general de México Evalúa, señaló que un Gobierno que trabaja con datos imperfectos “no será capaz de generar un diagnóstico acertado y soluciones precisas para contrarrestar la ola de violencia que azota a México”.

Jaime explicó que -para la elaboración de este reporte- se contrastaron datos entre diversas fuentes, como las que aportan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

https://twitter.com/mexevalua/status/1382392374882566146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1382392374882566146%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2FmC3A9xico-evalC3BAa-dos-de-cada-tres-estados-no-tienen-datos-delictivos-precisos%2Fa-57208087

Asimismo, se utilizaron herramientas estadísticas que documentan patrones sospechosos en el registro de homicidios culposos, es decir, de carácter no intencional, que en algunos reportes estatales se comportan del mismo modo que los homicidios culposos. Esto, aseguró Jaime, constituye una señal de alerta de posible manipulación de la información.

El reporte también evidencia los factores que pudieran explicar las fallas en el registro de los homicidios en el país. Estos van desde la posible falta de capacitación al momento de la sistematización de los datos, capacidades limitadas de investigación, hasta falsificación de datos o intención deliberada de modificarlos. Además, presenta propuestas para combatir el problema de la mala información.

https://twitter.com/mexevalua/status/1382521559080865794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1382521559080865794%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2FmC3A9xico-evalC3BAa-dos-de-cada-tres-estados-no-tienen-datos-delictivos-precisos%2Fa-57208087

Entre las recomendaciones está la creación de un comité auditor que revise la generación de estadísticas, así como velar por el cumplimiento de las normas existentes para el reporte de la incidencia delictiva. Del mismo modo, se propone la creación de instituciones estatales dedicadas al manejo de plataformas digitales, fortalecer los procesos de verificación de estadísticas delictivas y desarrollar sistemas internos de intercambio y actualización de información delictiva.

México cerró en 2020 con 34.515 víctimas de homicidio doloso, una cifra apenas inferior a los 34.648 casos de 2019, considerado el año más violento en la historia contemporánea del país.

ama (efe, milenio)

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DW (2021) México Evalúa: dos de cada tres estados no tienen datos delictivos precisos. Dw. Recuperado el 15 de Abril del 2021 en: https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-eval%C3%BAa-dos-de-cada-tres-estados-no-tienen-datos-delictivos-precisos/a-57208087

Quintana Roo, primer lugar nacional en muerte de mujeres por ‘accidente’

La tasa de homicidio culposo en contra de mujeres es de 2.98 casos por cada 100 mil habitantes, triplica a la media nacional

Omar Díaz, Publimetro

30 de marzo de 2021

Tasa de homicidio culposo en contra de mujeres en Quintana Roo, la más alta  a nivel nacional

Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en muertes de mujeres por accidente o también conocidas como homicidio culposo.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) refieren que durante el primer bimestre del año ocurrieron 26 homicidios culposos de mujeres en la entidad gobernada por Carlos Joaquín.

Es decir, que estas mujeres murieron en accidentes de tránsito, atropelladas o con un arma de fuego.

Esta cifra ubica a Quintana Roo como el estado con la tasa más alta de homicidio no intencional en contra de mujeres. El SNSP ubica a la entidad con una tasa de 2.98 casos por cada 100 mil habitantes, superando casi al triple la media nacional que es de 0.76.

Después de Quintana Roo, los estados con la tasa más alta de homicidio culposo en contra de mujeres son Guanajuato (2.1 casos por cada 100 mil habitantes), Querétaro (1.19), Campeche (1.17) y Sonora (1.09).

Foto: Agencia Cuartoscuro

Asimismo, la tasa de homicidio doloso en Quintana Roo también supera la media nacional. En la entidad gobernada por Carlos Joaquín se tiene una tasa de 0.69 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y la media nacional es de 0.68.

Algunos especialistas señalan que todos los homicidios de mujeres en Quintana Roo deberían catalogarse como feminicidios.

En Quintana Roo la tasa de violación también es la más alta a nivel nacional. Se registraron 6.64 casos por cada 100 mil habitantes; mientras que la media nacional es de 2.16.

Por desgracia, la tasa de violencia familiar también es de las más altas a nivel nacional. Ocurren en la entidad 50.5 casos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes y la media nacional es de 27.6 casos.

¿Y el feminicidio?

En Quintana Roo la tasa de feminicidio también supera la media nacional. Durante enero y febrero se reportaron 0.23 casos por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, en marzo esta tasa indudablemente se incrementará, pues tan sólo este fin de semana se registraron cuatro feminicidios, uno de los más sonados fue en contra de Victoria Salazar, mujer de origen salvadoreño.

Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una queja de oficio, pues argumentó que se trata de un hecho que podría constituir graves violaciones a derechos humanos e incide en la opinión pública nacional.

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Díaz, O. (2021). Quintana Roo, primer lugar nacional en muerte de mujeres por ‘accidente’. Publimetro. Recuperado el 01 de abril de 2021, de https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/03/30/tasa-de-homicidio-culposo-en-contra-de-mujeres-en-quintana-roo-la-mas-alta-a-nivel-nacional.html