Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 20 de mayo de 2021

Foto: redes sociales

Ciudad de México. A casi un año de persecución y criminalización en su contra, la defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández Montalván, inició una huelga de hambre por la “sistemática discriminación y racismo” a la que considera ha sido sometida desde que permanece en prisión.

La tarde de este lunes 16 de mayo, la defensora de los pueblos indígenas y las mujeres informó vía telefónica a su defensor legal, Antonio Lara Duque, que ese día habría iniciado una huelga de hambre al interior del Penal Federal Nº 16, en Morelos, donde permanece recluida desde el pasado 24 de octubre. 

Como narró Lara Duque en entrevista con Cimacnoticias, tras las primeras 12 horas de huelga, Kenia ya presentaba mareos y sensación de debilidad. No obstante, no es posible saber cuál es su estado de salud actual, ya que al estar recluida en un penal federal, Kenia sólo puede comunicarse con su abogado cada dos días, hasta por 10 minutos.

Con esta huelga, la defensora pretende denunciar la “sistemática discriminación y racismo” de la que ha sido objeto ante los juzgadores que conocen de las siete causas penales que persisten en su contra, ya que –explicó Lara Duque– no se le reconoce su identidad indígena porque habla español y tuvo estudios. Bajo ese argumento, por ejemplo, el Poder Judicial se ha negado a proporcionar un intérprete de la lengua amuzgo, que se habla en la región de Costa Chica de Guerrero, de donde es originaria Kenia. 

La joven defensora también busca hacer visible la inoperancia de la Ley de Amnistía, aprobada hace un año, bajo la cual ella podría enfrentar en libertad los siete procesos por los que se le acusa, toda vez que (como se estipula en esta legislación promovida por el propio presidente de México) en el caso de aquella persona que presenta indicios de violación a DH y/o debido proceso, los organismos de DH (nacionales, estatales o internacionales) pueden proponer su libertad, precisó el abogado.

Ordenan arresto de abogado de Kenia

Kenia Hernández es una defensora de presas y presos políticos, de las mujeres y los pueblos indígenas; una de las formas de protesta es a través de la toma de casetas; sin embargo, desde el año pasado el gobierno federal ha buscado criminalizarla con siete denuncias en su contra, todas presentadas por Fiscalías de tres entidades distintas en un plazo de menos de un año. 

La primera causa penal contra Kenia se abrió el pasado 6 de junio, cuando la Fiscalía de Justicia del Estado de México la acusó del robo de una cartera de 500 pesos. Este proceso legal, del fuero común, es el más avanzado de los otros seis que enfrenta actualmente, cinco de ellas por delitos federales. 

No obstante, el juez que lleva ese primer caso, Jorge González Rivera, ordenó el pasado 18 de mayo el arresto del abogado de Kenia. Lara Duque explicó que esta orden de arresto que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, tiene de fondo impedir que esté presente en el próximo juicio de Kenia para que, en consecuencia, el Estado alegue “abandono de defensa” e imponga un abogado de oficio “a modo”.

Lara Duque dijo que sí acudirá al arresto pero que se negarán a aceptar un abogado que desconoce la estrategia legal de defensa por la libertad de Kenia. El resto de las causas penales, (radicadas una en el Estado de México, tres en Guanajuato, y dos en Guerrero) se mantienen en etapa inicial e intermedia. 

21/AJSE/LGL

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Soto Espinosa, A. J. (2021). Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal. CIMAC Noticias. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/20/inicia-defensora-kenia-hernandez-huelga-de-hambre-en-penal

Fiscalía de Chiapas detiene a 95 normalistas en operativo; estudiantes denuncian represión y abuso sexual

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá en Chiapas, exigen que el examen de ingreso sea presencial para originarios de comunidades rurales.

Redacción Animal Político

18 de mayo de 2021

Fiscalía de Chiapas

La Fiscalía de Chiapas detuvo a 95 estudiantes normalistas que realizaban una toma de caseta, para exigir que la convocatoria de nuevo ingreso de examen profesional sea de manera presencial en el estado.

De acuerdo con autoridades estatales, 74 mujeres y 21 hombres fueron detenidas, la mayoría, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá en Chiapas.

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 Atención

Normalistas de Mactumatzá fueron reprimidos por policías antimotines en el Libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas pic.twitter.com/h9upiTFAWR

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 18, 2021

Aunque la Fiscalía dice investigar a los jóvenes por presuntos “actos vandálicos” en Tuxtla Gutiérrez, asociaciones estudiantiles dijeron haber sido reprimidos y atacados con gas lacrimógeno.

Incluso, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban señaló que alumnas detenidas denunciaron abuso sexual por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La versión de las autoridades sostiene que la mañana de este 18 de mayo, los normalistas obstruyeron “de manera violenta” el libre tránsito de los vehículos en el crucero del Libramiento Norte y el boulevar Vicente Fox

“Elementos antimotines de un grupo interinstitucional realizó un operativo bajo los protocolos de desalojo que marca la ley, previo diálogo, agotando los medios de conciliación necesarios para evitar esta acción. No obstante, Los normalistas, agredieron a los elementos policiacos, con bombas molotov y cohetones”, señaló la Fiscalía, quien acusó a los normalistas de retención de unidades privadas y de transporte público, así como de daños en edificios públicos.

También expuso que “los mismos normalistas” retuvieron varias unidades de transporte y bloquearon vías de comunicación los días 11, 12 y 16 de mayo.

La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México sostuvo la exigencia de aplicar de manera presencial el examen de ingreso para jóvenes de comunidades rurales, ante la falta de acceso a medios electrónicos e internet, por lo que condenó la falta de diálogo para resolver el conflicto.

https://www.facebook.com/Mactumactza/posts/826958988201227

Organizaciones, familiares y grupos magisteriales convocaron al cierre de caminos y protestas frente a la Fiscalía de Chiapas para exigir la liberación de los normalistas.

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Redacción Animal Político. (2021). Fiscalía de Chiapas detiene a 95 normalistas en operativo; estudiantes denuncian represión y abuso sexual. Animal Político. Recuperado el 19 de mayo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/05/fiscalia-chiapas-normalistas-estudiantes-abuso/

Defensoras que acompañan a mujeres para ILE, son agredidas por esta labor

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias.

Martes 18 de mayo de 2021

Ciudad de México. Las mujeres que informan a otras para que de manera consciente y segura decidan si desean o no ser madres y las acompañan en sus procesos, son víctimas de distintas agresiones por su labor, como amenazas, agresiones directas hacia ellas o a sus familias, son calificadas como “asesinas” y sufren de ciberataques en los que pueden llegar a difundir sus datos personales o fotografías. 

En ello coincidieron las defensoras y acompañantes de maternidades libres, Vanessa Jimenez de la “Red Necesito Abortar” en Nuevo León; Fátima Alejo de la “Colectiva Colmena Verde” en Veracruz; y Ariadne Song de “Colectiva Abortar Ixtabay” en Quintana Roo, durante el conversatorio “Maternidades Libres”, organizado por la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México con el fin de discutir cómo las acompañantes buscan impulsar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las  mujeres. 

Explicaron que sus principales agresores son los grupos antiderechos y las autoridades de sus entidades. Éstos tergiversan la información de lo que hacen para que la población deslegitime y recrimine su labor de defensa por medio de sus redes sociales o sus espacios de poder en los medios de comunicación, lo que genera aún más agresiones hacia ellas. 

Una acompañante, dijeron, es una mujer que puede ser enfermera, psicóloga, abogada o tener otra profesión en su vida diaria y a la vez trabaja porque más mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y hagan valer sus DH. Además, está informada sobre la legislación de su entidad respecto al aborto, explica a las gestantes que buscan interrumpir sus embarazos las opciones seguras que tienen y proporcionan un espacio de apoyo a quienes desean continuar sus gestaciones. 

Señalaron que ser acompañante no es un delito porque ellas sólo brindan y explican qué es y cómo se puede acceder a una interrupción legal del embarazo y siguen los casos de las mujeres, pero nunca las obligan a nada. “No hay reforma que reconozca de forma pública que por ser acompañantes se nos criminalice. El contexto cambia. Nosotras tenemos el poder de cambiarlo. Tenemos la fortaleza y los DH de nuestro lado”, añadió la defensora Vanessa Jiménez. 

Aunque dijeron, lo anterior debería conocerse como lo que en realidad hace una acompañante, no es así. La desinformación existente en las poblaciones del país, en particular en sus estados fomenta por ejemplo, que las defensoras de Veracruz tengan que realizar su labor en total secrecía porque el derecho a decidir está restringido y sus leyes “protegen la vida desde la concepción”. 

De acuerdo con la defensora Fátima Alejo, “la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural” en el artículo 4 de la Constitución de Veracruz, y se considera que “comete delito de aborto quien interrumpe su embarazo en cualquiera de sus etapas” y se sanciona “con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”, según los artículos 149 y 150 del Código Penal de este estado. 

Este mismo Código Penal, específica en su artículo 154, que el aborto sólo es legal en 4 causales cuando “por violación, imprudencial o culposo, peligro de muerte, alteraciones graves en el producto e inseminación artificial no consentida”.

En Quintana Roo, las defensoras son calificadas por sus autoridades como “vándalas” o dicen “que son compradas por los partidos políticos”, además hacen apología de usar la violencia contra ellas. “Tomamos las instalaciones del Congreso por 95 días en medio de la pandemia para seguir exigiendo la despenalización del aborto en esta entidad. Los grupos antiderechos ubicaron nuestras redes sociales, dónde vivíamos, y prendieron fuego a la casa de una compañera con sus hijos adentro”, dijo Ariadne Song. 

Según el artículo 97 del Código Penal de Quintana Roo, el aborto es posible cuando “sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; cuando la gestación sea resultado de una violación, que haya sido denunciada antes en el Ministerio Público; cuando a juicio de 2 médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas; cuando a juicio del médico sea necesario para evitar un grave peligro para la vida de la madre”. 

Las mujeres o personal médico que interrumpa un embarazo fuera de estas causales será penado de 6 meses a 2 años en prisión, la sanción es mayor si el procedimiento se hiciera sin el consentimiento de la gestante, según los artículos 93 y 94 del Código Penal de Quintana Roo.

En el caso de Nuevo León la agresión más recurrente son los ciberataques por los grupos antiderechos, ya que éstos piensan que su labor es ilegal debido a que en 2019, el Congreso de este estado aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución de su estado, que reconoce “el derecho a la vida desde la concepción”. 

Este cambio, añadió Vanessa Jiménez, no debe representar un obstáculo para el acceso al aborto legal para las causales que ya existen en su entidad: peligro de muerte, riesgo a la salud, y si el embarazo es producto de violación. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud se han realizado 2 mil 612 interrupciones legales del embarazo en lo que va del 2021 en México. Las entidades con más registros son la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Michoacán. 

Frente a estos contextos, añadieron, crean redes de apoyo y de comunicación con más mujeres de sus entidades a través de las diversas movilizaciones como las “Mareas Verdes”, desarrollan cursos y pláticas sobre aborto para la ciudadanía, utilizan sus redes sociales y se articulan con más defensoras de otros estados con el fin de minimizar los riesgos de los que pueden ser víctimas. 

21/AEG/LGL

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Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Defensoras que acompañan a mujeres para ILE, son agredidas por esta labor. CIMAC Noticias. Recuperado el 18 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/18/defensoras-que-acompanan-a-mujeres-para-ile-son-agredidas-por-esta-labor

Mordaza legal: al menos 156 defensores ambientales demandados por proteger su territorio en cuatro países de Latinoamérica

Michelle Carrere & Vanessa Romo | Mongabay Latam

Martes 4 de mayo de 2021

  • Los defensores son denunciados y hasta apresados como parte de su protesta contra proyectos mineros, agroindustriales y energéticos.
  • En la mayoría de los casos es el Estado el que los ha denunciado por obstrucción de vías públicas o disturbios, pero también por extorsión y terrorismo.
  • Los expertos señalan que la criminalización cumple un objetivo: desmovilizar a los defensores mediante el miedo, el agotamiento, la estigmatización e incluso la ruina social y financiera. 

Wbeimar Cetina recuerda con una claridad estremecedora los catorce meses en la Cárcel de Arauca, en Colombia, aislado y sin poder recibir visitas por la pandemia. Entre esas cuatro paredes recreaba los últimos momentos vividos con su familia. También volvía una y otra vez sobre los eventos del 10 de febrero de 2020, el día en que un grupo de policías armados con fusiles llamaron a la puerta de su casa para llevárselo preso. Lo acusaron de financiar y ser parte de la guerrilla colombiana. Cetina dice que quien protesta contra la empresa petrolera en Arauca, se convierte de inmediato en un aliado de la subversión.

Siete meses antes, en su Arauca natal, Wbeimar Cetina lideró una gran marcha, como presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, contra lo que ellos consideran abusos ambientales y laborales de la empresa petrolera Occidental de Colombia (Oxy), la que opera en la zona desde la década de 1970. “En este tiempo han acabado con un santuario indígena, han desplazado comuneros y hemos denunciado constantemente derrames de crudo”, dice el líder comunal. La última de estas protestas, la de julio 2019, lo llevó a prisión.

Junto con Wbeimar Cetina, otros seis líderes de Arauca están siendo procesados por rebelión y hasta terrorismo por esa misma protesta y cuatro de ellos están en prisión. Esto le costó al dirigente comunal no solo catorce meses de privación de libertad sino también la ruptura del vínculo familiar. Por eso repite que la cárcel le arrebató hasta su hogar. Ahora espera con temor el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la apelación presentada por la contraparte, pues sabe que su libertad depende de esa decisión.

Lo que ocurrió con Wbeimar Cetina no es un caso aislado. América Latina es un lugar peligroso para los defensores ambientales no solo porque los matan, sino también porque los demandan o criminalizan. Según Front Line Defenders, este es el tercer ataque más recurrente cuando se habla de las amenazas contra líderes y lideresas de la región. La información que da cuenta de este problema, sin embargo, se encuentra muy dispersa. Laura Furones, líder de campaña de Global Witness, reconoce que harían falta muchos más recursos para poder identificar y sistematizar los casos en cada uno de los países de Latinoamérica. Un tema adicional —dijo a Mongabay Latam, Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU)— es el subregistro de actos de criminalización de quienes defienden el medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional”.

Mongabay Latam rastreó en Ministerios Públicos, fiscalías, defensorías del pueblo y 11 organizaciones de derechos humanos de Colombia, México, Ecuador y Perú los casos de defensores ambientales que enfrentan hoy procesos judiciales y construyó una base de datos para dibujar el rostro de esta criminalización.

¿Quiénes son? ¿Qué recursos defienden? ¿Quiénes los denuncian y por qué?

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Lo que dicen los datos

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la criminalizaciónde defensores ambientales ocurre precisamente cuando “el sistema penal de justicia es manipulado” para impedir que estos realicen su labor de defensa de los territorios y del medio ambiente.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Perú (IDL), añade que en estos casos hay dos elementos que deben estar presentes: que la persona denunciada tenga una relación directa con el reclamo o protesta y que los hechos imputados a la persona sean por la defensa de los intereses de una comunidad. “Esto ayuda en un porcentaje importante —explica Rivera— a identificar un acto de represión por la condición de dirigente, por haber levantado su voz de protesta o haber expuesto públicamente los intereses de algún grupo económico contrarios a su comunidad”.

El defensor Dixon Torres durante una protesta del caso Arauca, Colombia. Foto: Dixon Torres

Siguiendo los criterios de la CIDH y de IDL, Mongabay Latam revisó los listados de casos detectados por más de una decena de organizaciones de derechos humanos en Colombia, Perú, Ecuador y México. Luego de filtrar la información y de corroborarla identificamos que por lo menos 156 defensores ambientales tienen procesos judiciales activos en estos cuatro países por ejercer su labor como activistas.

La investigación reveló que en Perú existen 77 casos activos, 36 en Colombia, 22 en México y 21 en Ecuador. Del total de defensores judicializados, 132 son hombres y 24 son mujeres, y 37 de ellos son pobladores indígenas de la Amazonía de Perú y Ecuador.

La situación es tan agobiante y peligrosa en algunos casos, que 13 de los demandados han solicitado mantener en reserva sus nombres por miedo a las represalias y la estigmatización que viven por ser víctimas de esta criminalización.

También identificamos que los sectores más problemáticos que derivan en conflictos ambientales con casos de criminalización asociados, son la minería y la agroindustria, con 58 y 34 personas respectivamente que tienen procesos penales activos.Los delitos más frecuentes por los que se les acusa son obstrucción de vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje.

“La criminalización de los defensores del medio ambiente en América Latina ha sido un problema desde que he trabajado con defensores de derechos humanos”, aseguró Lawlor y agregó que “desde que comencé con el mandato, defensores y la sociedad civil me han señalado repetidamente estos casos”.

https://unidadid.mx/PruebasViz/visualizacionAbusosJudiciales/

“El presente artículo es propiedad de Mongabay Latam“.

Carrere, M.; Romo, V. (2021). Mordaza legal: al menos 156 defensores ambientales demandados por proteger su territorio en cuatro países de Latinoamérica. Mongabay Latam. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://es.mongabay.com/2021/05/mordaza-legal-al-menos-156-defensores-ambientales-demandados-por-proteger-su-territorio/

Criminalización contra pueblos indígenas se intensificó durante pandemia, denuncian organizaciones

Redacción Desinformémonos

27 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. La criminalización hacia pueblos indígenas alrededor del mundo se intensificó durante la pandemia, expuso Indigenous Peoples Rights International (IRPI) en su primer informe. Con el pretexto de prevenir los contagios, se impusieron políticas restrictivas y en algunos países se ha debilitado la protección ambiental para acelerar inversiones y megaproyectos, señaló la iniciativa global.

La organización documentó 204 casos de violencia y ataques contra pueblos indígenas y, explica, identificó patrones de criminalización, violencia e impunidad, donde la mayoría de las víctimas, sus familias y comunidades fueron amenazadas o acosadas.

Durante la presentación virtual del informe, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, habló sobre la situación en México y la violencia contra pueblos indígenas, la cual ha aumentado por disputas territoriales, por la presencia del crimen organizado y por la falta de un marco jurídico que reconozca plenamente los derechos de los pueblos, señaló Barrera. 

Rubén Moreno, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, expuso la situación que se vive en el estado de Chiapas, ante agresiones armadas contra comunidades desplazadas y la llegada de la Guardia Nacional sin consentimiento de las comunidades.

Integrantes de Indigenous Peoples Rights International condenaron el asesinato de la gobernadora indígena del Cauca, Sandra Peña, y externaron su solidaridad con el Consejo Regional Indígena del Cauca ante los recientes ataques.

El informe reveló la discriminación y la impunidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas del mundo, además de que los ataques se basan en discriminación sistémica y racismo. A este escenario se suman las condiciones de desigualdad en medio de la pandemia por Covid-19, señaló la iniciativa global. 

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Redacción Desinformémonos. (2021). Criminalización contra pueblos indígenas se intensificó durante pandemia, denuncian organizaciones. Desinformémonos. Recuperado el 28 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/criminalizacion-contra-pueblos-indigenas-se-intensifico-durante-pandemia-denuncian-organizaciones/

Presenta AI campaña para exigir a autoridades cese de criminalización contra manifestaciones feministas

La Redacción | CIMAC Noticias

Lunes 26 de abril de 2021

Imagen retomada de internet 

Ciudad de México. “Nuestro grito es Monumento” es la campaña que esta tarde presentaron integrantes de la organización Amnistía Internacional (AI) con el fin de exigir que las autoridades dejen de reprimir y estigmatizar las manifestaciones de mujeres en México y en cambio, reconozca que estas protestas son resultado de que el Estado sigue sin garantizar una vida libre de violencia a las ciudadanas. 

En un comunicado, integrantes de AI declararon que en 2020, las autoridades mexicanas respondieron a las manifestaciones de mujeres con violencia y represión al calificarlas de manera despectiva como “violentas”. Cuestión que registraron en su informe “La E (I)ra de las Mujeres. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan”. 

De acuerdo con este estudio el cual analizó 10 manifestaciones de mujeres en 2020, registró que desde 2019, se comenzó a desarrollar “una ola de manifestaciones feministas de mujeres que reclaman justicia en situaciones concretas de violencias de género. La mayoría de ellas han sido estigmatizadas, por ejemplo, las declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México que calificó una manifestación mayormente pacífica como “provocaciones”, dieron una falsa impresión de violencia generalizada”, describe el informe.  

Desde entonces, dice, la criminalización contra las protestas de mujeres se ha profundizado y tomado diversas formas. “En 2020, los medios de comunicación se refirieron a la manifestación de 22 de agosto, en León, Guanajuato, como una que terminó en enfrentamientos con la policía, aunque en realidad la manifestación fue mayormente pacífica y las mujeres detenidas fueron detenidas arbitrariamente”, expone. 

Este tipo de acciones, dijeron, promueven un ambiente hostil al derecho de protesta de las mujeres,  deslegitima su activismo y desalienta a que más ciudadanas salgan a las calles a luchar por su libertad, por lo que esta campaña buscan sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de las violencia que ellas enfrentan y demostrar que su activismo es indispensable en el avance del reconocimiento de los derechos de todas las mujeres del país. 

“Si los monumentos conmemoran la historia de un país, las marchas son pasos hacia adelante que abrazan la vanguardia y el progreso de todas y todos”, dijeron.

La campaña recuerda dos casos de manifestaciones de mujeres ocurridas en 2020, el primero de ellos, es la toma de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) por defensoras y colectivas con el fin de demandar el avance en las investigaciones de casos que ellas acompañaban. 

Durante la protesta, ellas pidieron, sin ejercer violencia de ningún tipo, que las y los funcionario se retiraran del recinto del CODHEM, sin embargo, alrededor de la medianoche, al lugar llegaron automóviles blancos sin logo, los cuales transportaban a personas que con cámaras de la Fiscalía General de este estado comenzaron a golpear la puerta, lanzaron objetos, jalaron con fuerza a las manifestantes y golpearon a algunas de ellas. 

El segundo caso señalado por la campaña es la  protesta que se realizó frente a la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, tras la desaparición y feminicidio, ocurrido el 7 de noviembre de 2020, de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, mejor conocida como Alexis, joven de 20 años. 

En ésta, las y los participantes cantaron consignas e intervinieron el recinto y lugares alrededor de él. Por la noche de ese día, elementos de la Policía Municipal de esta entidad dispararon con pistolas semiautomáticas y rifles contra las personas que se encontraban en el lugar aún cuando algunas ya estaban corriendo. Dos mujeres y un hombre fueron heridos por estas armas de fuego.  

“La campaña #GritoMonumento es una forma de decir ¡basta! a la violencia que ejercen las autoridades contra las mujeres que protestan de manera pacífica. Es un llamado para que reflexionen sobre la grave estigmatización con que han caracterizado a dichas protestas, invisibilizando el legítimo reclamo de las mujeres a una vida libre de violencia”, declaró la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi. 

Además, declararon, que dentro del sitio de la campaña las personas podrán conocer cómo el activismo de mujeres data desde hace mucho y se caracteriza por una gran creatividad y capacidad de organización. En suma, éste ha impulsado que exista normativa mexicana respecto a la violencia contra las mujeres, como la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o que haya paridad de género en el Poder Legislativo.

Expresaron que si bien este es un avance, aún es largo el camino por recorrer, ya que los casos de feminicidio y la impunidad en torno a ellos son temas de urgencia nacional que requieren atención inmediata. Por tal razón, llamaron a que la sociedad civil se una a esta campaña para recolectar diferentes voces en un solo grito de exigencia y el silencio nunca sea una opción. 

“Desde Amnistía Internacional, hacemos un llamado a las personas a sumarse a #GritoMonumento con sus ideas plasmadas en carteles, compartiendo contenido en redes sociales, y firmando la petición, que tiene como eje el respeto a la libertad de expresión y de reunión pacífica de las mujeres así como su derecho a una vida libre de violencia”, concluyó Reneaum Panszi. 

En el sitio web de la campaña, el cual es el siguiente: gritomonumento.amnistia.org.mx y se pueden encontrar diversos posters descargables, el manifiesto de la campaña, entre otros materiales y una petición que pueden firmar si lo desean las y los visitantes. 

La campaña también incluye la dinámica “Dibuja tu grito, la cual consiste en expresar a través de carteles, su sentimiento “de ira e impotencia por el incesante aumento de casos de feminicidio y violencia contra las mujeres en México”, agregaron. Los 10 mejores trabajos obtenidos de esta actividad serán seleccionados para ser parte de “Nuestro grito es Monumento”.

21/AEG/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

La Redacción (2021). Presenta AI campaña para exigir a autoridades cese de criminalización contra manifestaciones feministas. CIMAC Noticias. Recuperado el 27 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/26/presenta-ai-campana-para-exigir-a-autoridades-cese-de-criminalizacion-contra-manifestaciones-feministas

Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado

Durante el cuarto eje del Parlamento Abierto, “Aborto: una aproximación desde la salud”, la activista Natali Hernández declaró: “lo reciente no es la exigencia del aborto, sino su criminalización”

Allison Madrid ( @allison_madrid), Lado b (@ladobemx)

20 de abril de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández
Allison Madrid | @allison_madrid

“Asumir si una mujer puede o no abortar, si debe o no abortar, es absolutamente un tema político de participación exclusiva de las mujeres (…) de lo que sí tienen que encargarse ustedes, hablo a  los diputados y las diputadas, es de procurar buenas prácticas y condiciones benéficas a la salud de las mujeres”.

Así lo mencionó la psicóloga Alma Xiomara Sarabia, especializada en perspectiva de género y feminismo del Centro de Análisis, Información e Iniciativa Social (Cafis), el primer día del tercer eje del Parlamento Abierto que se centró en el aborto desde una perspectiva de la salud. 

En su ponencia, Alma Xiomara también expresó que el propósito de estas ponencias no es “pedir permiso” sino “[exigir] seguridad social y médica”, pues afirmó que los abortos son tan antiguos como los nacimientos mismos y que si las mujeres sufren no es a causa del aborto sino por el estigma social y el rechazo que las silencia. 

El aborto no es nuevo, pero sí su criminalización

El segundo día del eje se caracterizó por una alta participación de personas opositoras a la interrupción legal del embarazo, donde la única mujer participante a favor de la legalización del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos fue Natalí Hernández de Cafis, quien aseguró que “lo reciente no es la exigencia del aborto, sino su criminalización”. Criminalización que, a su vez, no reconoce los saberes y experiencias de mujeres, asociaciones y colectivas que acompañan procesos de aborto.

Como mencionó Natalí en su exposición “hablar de la despenalización del aborto implica (…) el reconocimiento de la diversidad de prácticas de aborto que actualmente prevalecen, y no caer en absurdas generalizaciones”. 

El resto de los nueve ponentes —la mayoría hombres— se posicionaron en contra de estas iniciativas. Resaltando la ponencia de Adrián Rodríguez Corona, quien aseguró que el hombre también es víctima del aborto y dijo que “el miembro más olvidado de esta [ecuación abortista] es el hombre”. 

Así como la exposición del autor Andrés Rosas Nieto, quien habló sobre las “intervenciones masónicas” que buscan “negar el derecho a la vida” y que se encuentran coludidas con las más altas autoridades en el país para “establecer una agenda ideológica en nuestro país para hacerse de la consciencia de los jóvenes”. 

ILE como parte de la educación sexual integral

Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado
Foto: Olga Valeria Hernández

Durante el tercer día, se contó con la participación de la senadora María Lucia Mícher (Morena), quien defendió la legalización del aborto como parte de una propuesta integral que comienza con una educación sexual apropiada, ya que esta “no incrementa la actividad sexual, las conductas sexuales de riesgo ni las tasas de VIH o las ITS”.

Por su parte, Aníbal de la Vega, de la colectiva Transversales, habló sobre la falta de conocimiento que existe sobre personas trans y no binarias en relación al aborto y salud reproductiva. 

Asimismo, explicó que aunque “las personas empobrecidas y racializadas tienen saberes propios” que en ocasiones les permiten abortar de forma segura, lo que se busca es parar la criminalización de esos y otros grupos vulnerables como lo son mujeres adolescentes cis, hombres trans y personas no binarias. 

El aborto es una etapa natural de la vida reproductiva

Finalmente, durante el cuarto día, se contó con la participación de diversas psicólogas y expertas, entre ellas Sofía Garduño —quien co-coordina el Fondo de Aborto para la Justicia Social María de la Asociación Civil Balance— y Vanesa López Silva —de la Colectiva Coatlicue SiempreViva—. Esta última en una de las réplicas aseguró que el aborto no es solución de nada y no busca serlo, sino que es más bien una etapa natural de la vida reproductiva de la mujer. 

En su ponencia, la psicóloga Sofía Garduño hizo un llamado a la sociedad y a las y los legisladores a accionar desde la empatía, la comprensión y el respeto absoluto agregando que “no son mujeres abstractas las que abortamos, somos mujeres que formamos parte de familias y comunidades reales”. 

Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado

De igual forma, tanto ella como Vanesa López desmintieron el llamado ‘síndrome post-aborto’ que grupos anti-aborto han mencionado en reiteradas ocasiones definiéndolo como una especie de síndrome de estrés post-traumático. 

En su exposición, Sofía Garduño citó a la Asociación Psiquiátrica Americana y mencionó que “debido a la falta de evidencia científica [la Asociación] no reconoce el síndrome post-aborto como un diagnostico legitimo de salud mental desde el año 2002”.

Cabe recordar que, durante el primer día de este eje de discusión, Humberto Bautista Rodríguez aseguró que las mujeres que abortan presentan “alteraciones mentales” y posteriormente presentó cifras de otros países y del siglo pasado para justificar sus aseveraciones de que las mujeres que abortan son más propensas al suicidio.  

Vanesa López, por otro lado, habló también sobre los estragos que ocasiona el estigma social que enfrentan las mujeres que abortan siendo este, y no la terminación de sus embarazos, el que ocasiona el malestar en ellas, y dijo: “muchas mujeres deciden ocultar sus historias de interrupción del embarazo para lidiar con el estigma; sin embargo, esto conduce a malestar psicosocial, represión de emociones y pensamientos, así como el distanciamiento social”.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Madrid, A. (2021). Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado. Lado B. Recuperado el 22 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/criminalizacion-y-estigma-las-verdaderas-consecuencias-del-aborto-no-legalizado/

Pueblos denuncian amenazas de Bonafont y decretan cierre definitivo de la empresa en Puebla

Erika Lozano, Desinformémonos

21 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, quienes desde el pasado 22 de marzo mantienen un plantón afuera de la planta de Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, denunciaron amenazas por parte de autoridades locales y empresarios, además, este miércoles, decretaron el cierre definitivo de la empresa.

En conferencia de prensa desde “la casa de los pueblos”, como han nombrado a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tomadas por integrantes de la comunidad otomí desde hace seis meses en la Ciudad de México, los pueblos unidos denunciaron las afectaciones directas que la empresa provocó mediante el saqueo de los mantos acuíferos de la región, lo que, explican, dificultó la realización de sus actividades agrícolas y fuentes de autoempleo.

Aseguraron que desde la toma de la planta de Bonafont, empresarios y autoridades han intimidado y amenazado a quienes protestan y denunciaron que la empresa los acusó de robo de vehículos. Además, se pronunciaron contra “la estrategia de persecución e intimidación” por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien los amenazó con detenerlos si no se retiraban del plantón.

“Hacemos responsables a los empresarios y gobiernos si a algún compañero o compañera le llega a pasar algo, sabemos que defender el agua, la tierra y la vida no es un delito”, condenaron los defensores y aseguraron que no aceptarán consultas “amañadas para beneficio del gobierno y de empresas transnacionales”. 

En conferencia, los defensores también se pronunciaron contra el robo de agua en Santiago Mexquititlán, comunidad otomí en Querétaro y parte del Congreso Nacional Indígena. Integrantes de la comunidad denunciaron que desde hace meses no tienen agua. “Estamos en defensa de la vida, como pueblos sabemos que el agua es sagrada porque la utilizamos para la agricultura y para todo ser vivo”, explicaron que no permitirán ningún megaproyecto en sus territorios.

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Lozano, E. (2021). Pueblos denuncian amenazas de Bonafont y decretan cierre definitivo de la empresa en Puebla. Desinformémonos. Recuperado el 22 de abril de 2021, de https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/04/21/no-basta-con-reciclar-impacto-ambiental-de-productos-debe-tener-costo.html

Voces de mujeres se escuchan más en redes sociales, medios impresos reportan sólo confrontaciones

La Redacción | CIMAC Noticias.

Viernes 9 de abril

Imagen retomada del informe

Ciudad de México. Cada 8 de marzo, las mujeres salen a la calle a protestar por las diversas violencias que las afectan, la llegada del Covid-19, las hizo buscar nuevas formas de manifestarse, algunas sí salieron a marchar, otras inundaron las redes sociales con su presencia, en medio de toda esta narrativa que impulsaron, actores se valieron de ellas para hacerse pasar como feministas con el fin de obtener una ganancia de ello.

Así lo señala el estudio “La disputa por el 8M: narrativas, sentidos e intereses” realizado por integrantes de Tlatelolco Lab, laboratorio digital para la democracia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el objetivo de mostrar las diferentes narrativas empleadas por diversas fuerzas políticas, sociales y ciudadanas para construir una narrativa en torno al pasado 8 de marzo.

La investigación considera que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha histórica en la lucha feminista desde su origen en 1911, hasta hoy. Este día se ha posicionado como el momento para recordar y reivindicar la lucha de las mujeres en contra de la opresión y la desigualdad en la que viven.

El movimiento feminista, dice, pugna por un cambio cultural de raíz, que va desde lo más íntimo y personal, hasta lo público y político. En ese sentido el estudio se enfoca en 4 disputas claves: “La agenda feminista: “¡Nos queremos vivas!”, las voces de las mujeres que luchan”; “#UnVioladorNoSeráGobernador: el caso de Felix Salgado”; “Las vallas del Palacio Nacional: protección, memorial y confrontación”, y “Formas de lucha: cobertura y sentido de la violencia en las manifestaciones del 8M”.

Estas cuatro disputas claves, describe el estudio, fueron investigadas del 4 al 8 de marzo de 2020, por el grupo de investigadores de Tlatelolco lab, un proyecto del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), quienes recolectaron datos, monitorearon medios, analizaron narrativas y recopilaron las interacciones de la ciudadanía y de las personas con cargos políticos en plataformas digitales.

Agenda feminista

El estudio explica que en la primera disputa, es decir la agenda feminista, las mujeres siempre tienen una gran participación en las calles donde han conseguido hacer más visibles sus demandas. Pero este 8M, fue distinto en medio de una pandemia, las que pudieron salieron con medidas sanitarias, y las que no, se movilizaron en las redes e impulsaron acciones.

Ejemplo de ello, revelaron, sucedió en la plataforma de Facebook en la que surgieron diversas convocatorias con las cuales las mujeres generan tráfico de información en redes bajo los hashtag “MarchaVirtual8M, #8MTodasmarchamos, #JuntasEnRedes8M, entre otros, con los que compartieron versiones de bailes feministas, vivencias de violencia, arte o textos feministas y con el #8Mseratodoelaño reflexionaron sobre el papel político de las mexicanas.

En Twitter, los principales hashtag fueron  #NiUnaMenos y #NiUnaMás, consignas que desde hace mucho han acompañado la lucha del movimiento. En YouTube, medios de comunicación presentaron reportes de análisis sobre cómo surgió el 8M y destacaron el número de casos de feminicidio en México mientras que en la prensa escrita las demandas quedaron en segundo plano, pues dieron prioridad a hablar sobre los enfrentamientos afuera del Palacio Nacional.

Este panorama, afirma el estudio, demuestra que las voces de las mujeres se escucharon con más fuerza en las calles y las redes sociales, pues ahí no hubo intermediarios que enmarcaran o interpretaran sus demandas, ni actores que las utilizaran para cambiar el sentido a su favor.

#UnVioladorNoSeráGobernador

En cuanto a la segunda disputa: #UnVioladorNoSeráGobernador se refiere al caso de Félix Salgado Macedonio, quien era candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, lo cual causó gran indignación, pues éste se enfrentaba a acusaciones por abuso y acoso sexual desde 2016.

Por esta razón, dice el estudio, varios grupos, sobre todo mujeres, solicitaron al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, intervenir y retirar dicha aspiración con la tendencia en redes “Presidente, rompa el pacto (patriarcal)”, pero la candidatura fue validada.

Esto desembocó en que la consigna “un violador no será gobernador” se volviera el nuevo grito de lucha, incluso fue proyectada sobre las paredes del Palacio Nacional antes del 8M. Más tarde, Salgado Macedonio aprovechó del Día Internacional de la Mujer para publicar en sus redes sociales: “Arriba las mujeres”, lo que generó diversas respuestas negativas de las y los usuarios.

Esta lucha que inició de las mujeres para las víctimas de Salgado Macedonio fue empleada por legisladores de Morena, quienes difundieron un video afirmando que “La 4T y el feminismo son dos movimientos que van unidos”. Por otro lado, la simpatizante morenista, Estefanía Veloz dejó el partido, por lo que medios periodísticos se valieron de esto para cuestionar la unión de este partido, el papel que el presidente jugaba, pero no posicionaron la lucha de las mujeres contra Macedonio.

Las vallas y el memorial

En la tercera disputa, el estudio revela que la colocación de las vallas antes del 8M fue visto “como bueno” por transeúntes y personajes políticos bajo el argumento de que éstas protegían tanto a los recintos históricos como a las mujeres, sin embargo, esto dio un giro cuando las vallas fueron intervenidas por colectivas y familiares de mujeres asesinadas, quienes pintaron sobre ellas alrededor de 3 mil nombres de víctimas de feminicidio.

Al respecto, diversos medios internacionales documentaron la intervención de las vallas e hicieron circular digitalmente una fotografía de una niña volando un papalote frente al recién armado memorial. “Es así como la potencia que representó la intervención de las vallas acaparó la discusión y se erigió como la narrativa dominante previo a las manifestaciones del 8M”, describe el estudio.

De acuerdo con la investigación, el 8 de marzo grupos de mujeres y hombres buscaron derribar las vallas, por lo que 62 mujeres resultaron heridas y 19 civiles, entre ellos la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y periodistas.

Las narrativas en los medios de comunicación, dice el estudio en la última disputa, se enfocaron en exaltar la violencia en las marchas del 8M, reportaron pérdidas de comerciantes y daños a edificios públicos con el fin de reprochar las actitudes violentas por parte de las manifestantes de manera disimulada.

Otros se posicionaron a favor de los derechos de las mujeres policías y muy pocos aseguraron entrevistar a mujeres feministas que estaban en contra de las intervenciones de monumentos y calles. En medio de este bonche de información, las noticias falsas abundaron, una de ellas fue que “había una línea de francotiradores encima del Palacio Nacional”, apunta.

En general los medios de comunicación se enfocaron, una vez más,  en los actos violentos mientras que en Twitter y Facebook, sí se reportaron las agresiones contra manifestantes, fotoperiodistas y periodistas.

Las y los investigadores de este estudio concluyeron que el 8M fue objeto de una disputa de narrativas que respondieron a diversos intereses de políticos, figuras de la farándula y medios que en el pasado han sexualizado y agredido a las mujeres, pero que en esta fecha se presentaron como feministas. Por su parte, las plataformas digitales sirvieron para que las mujeres y los familiares de víctimas construyeran una narrativa de lucha.

Recordaron que la lucha por las mujeres no empieza ni termina el 8M, sino que se trabaja todo el tiempo. La amplia historia de lucha de este movimiento, dijeron, enseña que protestar es parte del reconocimiento de los derechos de ellas.

21/AEG/LGL

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La Redacción (2021). Voces de mujeres se escuchan más en redes sociales, medios impresos reportan sólo confrontaciones. CIMAC Noticias. Recuperado el 12 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/09/voces-de-mujeres-se-escuchan-mas-en-redes-sociales-medios-impresos-reportan-solo-confrontaciones

Ley de Amnistía no ha liberado a una sola mujer por aborto, o por homicidio en razón de parentesco previsto en esa ley, tampoco a otras más de 6 mil por delitos menores

Sara Lovera, SemMéxico

11 de abril de 2021

  • Verónica Cruz Sánchez, de las Libres, aseguró que todo ha sido un engaño y lamentó la política de género de la 4T
  • Tampoco hay indicios del funcionamiento de una Comisión que debería armar las listas de beneficiarias

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 11 de abril, 2020.- A un año de aprobada la Ley de Amnistía que beneficiaría a las mujeres encarceladas por aborto, no ha sido liberada  una sola, afirmó este día, Verónica Cruz Sánchez directora del “Centro Las Libres” y dijo que todo ha sido mentira. Al menos 200 mujeres están en la cárcel  y  nadie sabe dónde están.

Las Libres es una organización que se fundó en Guanajuato, y que defiende y documenta casos de mujeres acusadas por aborto en el país. La mayoría de las encarceladas o con carpeta de investigación son acusadas  de homicidio en razón de parentesco, homicidio calificado e infanticidio, mujeres que tuvieron abortos espontáneos,  las más vulnerables y ni siquiera querían interrumpir su embarazo.

La Ley de Amnistía, como muchas otras iniciativas en este sexenio, no se ha cumplido, y “vivimos un régimen” mucho más conservador que en el pasado, afirmó.

Una breve investigación de SemMéxico, también indica que hasta ahora se desconoce cómo se ha aplicado la ley, no aparecen las listas de solicitudes  y no parece haber amnistía  para   ninguna de las más de 6 mil mujeres aptas para ella  en el sistema Carcelario. La organización Así Legal, sostiene, además, que el sistema es mucho más cruel para las mujeres pobres e indígenas.

Cruz Sánchez explicó que por aborto, pueden ser mucho más de 200 las mujeres que tuvieron la esperanza de ser amnistiadas, como también lo ha documentado el grupo Equis Justicia para las Mujeres, cuya contabilidad llega hasta 360.

Explicó Cruz Sánchez que además,  la Ley de Amnistía  no toca el problema de fondo, no elimina la criminalización hacia quienes experimentan  un aborto, un parto fortuito o una emergencia obstétrica,  y  aseguró que  la información sobre el estado de las encarceladas es  opaca, “nadie sabe dónde están, ni si se han rearmado las investigaciones”

En esta administración, detalla, las feministas están pasmadas, “estamos peor que antes” y la criminalización para quienes interrumpen un embarazo argumentando el delito de homicidio en razón de parentesco, denunciadas por  médicos y  hospitales, es un capítulo más de la crisis humanitaria que vive México, lo que se profundiza ante la falta de una real  política de género, a pesar de que se presume existe  un “dizque” gabinete paritario que no actúa.

Se dijo no exactamente decepcionada, sino indignada, asombrada, pasmada  porque la política del gobierno de la 4t en esto del aborto, pero en otros muchos rubros, ha sido fatal para las mexicanas.

Amnistía

El lunes 20 de abril de 2020  el Senado aprobó la Ley de Amnistía, se dijo entonces que esta Ley nacía  con el objetivo de otorgar la libertad a personas en condiciones de vulnerabilidad o tratadas injustamente en el sistema de justicia, como mujeres acusadas de aborto, homicidio en razón de parentesco o de transportar  pequeñas cantidades de drogas.

El Senado aprobó el decreto que, de acuerdo con la redacción del documento, permitirá la excarcelación de personas en reclusión, muchas que podrían ser inocentes, que fueron víctimas de faltas al debido proceso o que deberían pagar su pena en libertad, y a fin de evitar la propagación del COVID-19 en los reclusorios. 

El artículo 1 del decreto señala que se otorga la amnistía a mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto voluntario en todas sus modalidades, incluyendo el homicidio en razón de parentesco, pero siempre que se trate de un aborto espontáneo, un parto prematuro o una emergencia obstétrica en cualquier momento del embarazo.

A marzo de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que se iniciaron 880 nuevas carpetas de investigación por el delito de aborto en todo el país.

Y aunque no ha sucedido nada, la ley y muchos discursos aseguraron que esas mujeres serían liberadas. Y acota la ley  que la libertad sólo se otorgará a las mujeres, sus familiares, médicas, médicos, cirujanos, comadronas, parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, pero únicamente si la conducta se realizó sin violencia y con el consentimiento de la mujer. Es decir, no aplica para hombres que obligaron a una mujer a abortar.

La ley también prometió beneficiar a personas que fueron obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanas que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales o que hayan sido obligadas por sus parejas. Situación documentada por numerosos estudios, incluso por Inmujeres.

Una vez que el decreto se publicara en el Diario Oficial de la Federación, -como sucedió-  el Ejecutivo federal debería integrar una Comisión  para  coordinar las solicitudes de amnistía, las cuales deberían  ser resueltas por ese organismo en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma. Pero no ha sucedido nada, asegura Cruz Sánchez.

Aunque la Ley se justificó para ayudar al descongestionamiento de las cárceles  y para aminorar el contagio por COVID-19, dice Verónica Cruz Sánchez, nada se ha hecho, y no obstante, el 20 de abril  –hace un año-  alcanzaría a  más de mil 830 personas, que representa 73 por ciento de la población total privada de la libertad de dicho fuero. Habría más de dos mil 600 personas que serían potencialmente beneficiadas.

Las Libres sostuvieron entonces que  las áreas jurídicas de los centros penitenciarios deberían, de manera oficiosa, realizar una valoración de los perfiles de las personas privadas de la libertad y detectar a las y los candidatos a la amnistía y el Estado debía facilitar defensores y defensoras de oficio que  darían  asesoría  y acompañarían en el trámite. Pero no pasó nada.

Apenas en marzo pasado desde el Centro Las Libres, encabezado por Verónica Cruz Sánchez, sostuvo que “Las mujeres cuando abortamos no somos criminales, somos seres pensantes que estamos tomando decisiones autónomas en cuanto a nuestra reproducción”.

La situación es grave, especialmente en Guanajuato, pero también en otras entidades como Estado de México y Jalisco. En agosto del 2000, el gobierno de Guanajuato eliminó la única causal por aborto: la violación, es decir, si una mujer decidía abortar, debería que purgar penas de hasta 30 años. Por eso nació la organización.

En ese contexto se organizó el grupo  Las Libres, asociación a favor del aborto seguro y legal, hoy Verónica Cruz Sánchez se pregunta, como lo hizo hace dos años: ¿en qué prisiones están las 200 mujeres encarceladas y bajo qué delito están tipificados sus casos?

Además reiteró  que “no debería existir el delito de aborto; se tiene que eliminar porque es un delito que se focaliza en ciertas mujeres: nunca vas a encontrar a una mujer rica, aseguró.

Por su parte Equis solicitó que la garantía de la libertad, sería  a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y sus análogas, un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas privadas de la libertad que sean beneficiadas por este mecanismo de libertad.

Otro defecto de la Ley, aprobada hace un año, es que las personas beneficiarias de la Ley serían muy  pocas, ya que al contemplar sólo delitos federales se deja fuera al 85 por ciento de las PPL que hay en todo el país. En relación al aborto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta la fecha cuando se decretó la ley, no tenía datos de mujeres detenidas por aborto u homicidio en razón de parentesco, ya que se tratan de delitos de orden común que competen a los estados.

Esto quiere decir que ninguna mujer que haya abortado será liberada, ya que no hay ninguna en prisión por haber cometido el delito a nivel federal. En el ámbito estatal, la situación es la siguiente: entre 2007 y 2019 hubo 228 personas condenadas por el delito de aborto en las diferentes entidades y sólo tres sentencias federales.

La investigadora de  World Justice Project,  Vianney Fernández Villagómez publicó en mayo de 2020, a un mes de la ley un análisis donde señaló que la ley aplica únicamente para delitos del fuero federal.

Mediante la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y el Sistema Penitenciario Estatales y del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal —ambos publicados en 2019—, se estima que, en 2018, de las 10 mil 47 mujeres privadas de la libertad en México, solamente 2 mil 24 estaban en espera de sentencia o habían recibido una sentencia por delitos del fuero federal.

La amnistía aplica para cinco delitos: aborto, homicidio en razón de parentesco, delitos contra la salud, robo simple y sedición.  Los censos  no dan números exactos de las mujeres potencialmente beneficiadas con este instrumento.

Están  los casos de mujeres en prisión preventiva, es decir, aquellas privadas de la libertad como medida cautelar antes de ser declaradas culpables por un juez. Por cada cien hay 17 casos por delitos relacionados con narcóticos, menos de un caso de robo simple, menos de un caso de sedición y ninguna causa por aborto.

Con sentencia o en proceso de segunda instancia —casos en los cuales la mujer fue encontrada culpable y está cumpliendo su sentencia o busca modificar el sentido de ésta—, por cada 100 privadas de la libertad del fuero federal, la amnistía permitiría la revisión de 14 casos por delitos relacionados con narcóticos, ninguno por aborto y menos de un caso por los delitos de robo simple y sedición.

La revisión de los casos implica vigilar el cumplimiento de supuestos de vulnerabilidad o condición social. El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal 2019 estima 939 mujeres internadas en el CPS Femenil Morelos,  -como ejemplo – diez mujeres podrían solicitar la amnistía por su pertenencia a algún pueblo indígena,  y 21 mujeres dirían que no entendieron lo ocurrido durante el proceso judicial, ya que no cuentan con instrucción escolar. De éstas últimas, tres añadirían que no saben ni leer ni escribir.

La ley recién publicada el 23 de abril de 2020,  establecía un plazo máximo de sesenta días para la conformación de una comisión encargada de evaluar cada uno de estos casos y la decisión final caerá en manos de un juez.

Suponiendo que la Comisión fue creada durante los primeros días posteriores a la publicación de la ley, cualquier candidata a amnistía tendría que promover su caso ante la comisión y esperaría hasta cuatro meses por la resolución.

 En lugar de esperar entre cuatro y seis meses, opina la investigadora, ¿por qué no comenzar a revisar los casos de las 6 mil 511 mujeres en proceso por delitos de ambos fueros para determinar si es viable la aplicación de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva? ¿Por qué no revisar la situación de las mujeres sentenciadas —por cualquier delito— y buscar los procedimientos adecuados para reducir su condena? Y en términos legislativos, para evitar conglomeraciones potencialmente peligrosas para la salud pública, ¿por qué no revertir la reforma que aumentó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa?

Las medidas para reducir el contagio de COVID-19 en centros penales deben ser de efecto inmediato, sobre todo si —como escribió Ricardo Monreal en su columna— necesitamos no sólo regresarle la vida a quienes les fue injustamente arrebatada, sino evitar que más personas la pierdan. Mientras que arrancan los motores de la amnistía, – se propuso entonces- las fiscalías y juzgados de ambos órdenes pueden resolver desde su cancha en favor de las mujeres privadas de la libertad.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Lovera, S. (2021). Ley de Amnistía no ha liberado a una sola mujer por aborto, o por homicidio en razón de parentesco previsto en esa ley, tampoco a otras más de 6 mil por delitos menores. SemMéxico. Recuperado el 12 de abril de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=34207