CIDH – La Cartita Noticias

Denuncian al Estado mexicano ante la CIDH por estigmatización contra periodistas

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

Colectivos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los discursos estigmatizantes que el gobierno federal emite contra la prensa en México.

En la audiencia temática “Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones”, 20 organizaciones nacionales e internacionales exigieron al Estado mexicano reconocer el trabajo periodístico y de defensa de derechos humanos, además de cesar las narrativas estigmatizantes y fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras.

La organización Artículo 19 señaló que la estigmatización de parte de altos funcionarios genera un contexto de “permisividad para agredir a la prensa y a las personas defensoras”, por lo que ha aumentado la violencia y el deterioro de entornos seguros para el ejercicio de libertad de expresión y defensa de derechos humanos en México. Además, las autoridades no se posicionaron sobre la impunidad que prevalece en los crímenes contra periodistas, de acuerdo con las organizaciones denunciantes.

Los periodistas presentaron un video durante la audiencia, para señalar que el actual gobierno utiliza recursos públicos y a través de los espacios oficiales, estigmatiza a personas defensoras, periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, “con el fin de silenciar, censurar y atacar la disidencia”, señalaron. Por su parte, los representantes del Estado mexicano negaron los hechos.

La CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), propusieron establecer mesas de diálogo entre el gobierno mexicano e integrantes de la sociedad civil, aunque, denunciaron las organizaciones que no hubo respuesta por parte de las autoridades.

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos

Redacción (2021) Denuncian al Estado mexicano ante la CIDH por estigmatización contra periodistas. Desinformémonos. Recuperado el 2 de Julio del 2021 en: https://desinformemonos.org/denuncian-al-estado-mexicano-ante-la-cidh-por-estigmatizacion-contra-periodistas/

Respaldan organizaciones trabajo de ONU-DH frente a descalificación presidencial

SIDIDH | Desinformémonos.

Viernes 26 de marzo de 2021

Organizaciones y personas defensoras de derechos humanos salieron públicamente a respaldar la labor de la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y su propio trabajo, ante los señalamientos falsos en su contra hechos por el presidente en su conferencia de prensa matutina.

El 24 de marzo, al ser cuestionado sobre la falta de avances en el caso de ejecución arbitraria de al menos un civil a manos del ejército en Tamaulipas, ya durante su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “En el gobierno, en los gobiernos anteriores, se permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos de la sociedad civil o de la llamada sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, se quedaron callados ante las masacres; incluso, los organismos de la ONU defensores de derechos humanos, de la OEA, y ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar que somos iguales y eso no, no, no”.

Ante ello, no se hizo esperar la respuesta de diversas organizaciones de derechos humanos con decenas de años de trabajo en la materia.

El Centro Prodh llamó a que se respete el trabajo “fundamental” que la ONU-DH ha realizado, y ejemplificó su labor en el caso Ayotzinapa. Además, señaló que el propio Centro Prodh tampoco calló ante masacres del pasado, recordando que “nuestro trabajo en casos como Tlatlaya lo acredita”. Al mismo tiempo, pidió que ante el empoderamiento castrense alíenos se transparenten los archivos de la Guerra Sucia, se lleve ante la justicia a los responsables en casos tan emblemáticos como Tlatlaya y Jorge y Javier, se aseguren reconocimientos de responsabilidad en casos internacionales pendientes como el caso Alvarado, se investiguen a fondo eventos como el de Nuevo Laredo y se diseñen controles civiles externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Por su parte, Amnistía Internacional México dijo que “diversas Organizaciones de la Sociedad Civil hemos trabajado por años en la defensa de los derechos humanos en México. Amnistía Internacional lleva casi cinco décadas en el país y siempre ha alzado la voz cuando se cometen violaciones a los #DDHH como amenazas y asesinatos”.

ARTICLE19 advirtió que estas declaraciones confirman la distorsión de la realidad que acontece en las mañaneras, pues la ONU-DH, la CIDH y organizaciones de la sociedad civil han denunciado atrocidades sucedidas con gobiernos pasados.

La Casa del Migrante de Saltillo lamentó las expresiones presidenciales, que “deslegitiman la lucha histórica de la sociedad civil mexicana”.

El Movimiento por La Paz señaló que las personas defensoras han estado denunciando las masacres y los abusos de todos los gobiernos, y llamó: “Memoria, presidente”.

Por su parte, el CDH Vitoria recordó. “Desde las organizaciones de la sociedad civil no sólo no hemos guardado silencio, sino que desde hace casi 4 décadas acompañamos casos de violaciones graves a #derechoshumanos. Junto a víctimas y sobrevivientes, buscamos verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Publicado originalmente en SIDIDH-Centro Prodh

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

SIDIDH (2021). Respaldan organizaciones trabajo de ONU-DH frente a descalificación presidencial. Desinformémonos. Recuperado el 26 de marzo de 2021 de: https://desinformemonos.org/respaldan-organizaciones-trabajo-de-onu-dh-frente-a-descalificacion-presidencial/

Impunidad, “combustible” para agresiones a periodistas, dice relator

Fernando Camacho Servín, La Jornada

23 de marzo de 2021, 13:47

Miroslava Breach, quien fuera corresponsal de 'La Jornada' en Chihuahua. — Miroslava Breach, quien fuera corresponsal de ‘La Jornada’ en Chihuahua. Foto **tomada del sitio proyectomiroslava.org / Archivo**

Ciudad de México. La impunidad en la que generalmente quedan los asesinatos y otras agresiones contra periodistas “es el mayor combustible” para que ocurran nuevos ataques de este tipo, y por ende crezca la autocensura y las “zonas silenciadas”, advirtió el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal.

Durante un foro realizado este martes con motivo del cuarto aniversario del asesinato de la periodista Miroslava Breach, quien fue corresponsal en Chihuahua de esta casa editorial, el experto hizo énfasis en la importancia de que haya “sanciones ejemplarizantes” para quienes agreden a comunicadores, pues cada sentencia en este terreno desincentiva nuevos ataques.

“La impunidad es el mayor combustible para el miedo y la autocensura, y refuerza el clima de permisividad y tolerancia a las violencias contra la prensa. […] Toda violencia impone un incentivo para que se repitan agresiones contra la prensa y eso hiere de muerte la vida democrática” de un país, recalcó.

En el conversatorio-homenaje, convocado por Cencos, Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas, Vaca enfatizó: “Si las amenazas y agresiones a la prensa no se investigan y no hay sanciones ejemplarizantes, los victimarios dirán que amenazar y asesinar no tiene ningún costo. […] Cuando se aplica una justicia efectiva, eso tiene un efecto disuasivo” para evitar nuevas agresiones.

El abogado colombiano hizo hincapié en que las agresiones contra la prensa significan “distorsiones democráticas” que sólo pueden ser resueltas con una sanción efectiva por parte de las autoridades, y cuando ello no ocurre, se producen “zonas silenciadas” debido a la autocensura y al miedo.

“En el ambiente de la región siempre estará presente Miroslava. Es un miedo que siempre está ahí y que sólo puede empezar a desaparecer cuando se sepa que toda la cadena criminal que lo provocó ha sido sometida y sancionada”, puntualizó.

Vaca resaltó que entre las lecciones que deja el caso de Breach también están el “coraje” mostrado por la periodista “en un escenario que se debate entre la inercia y la autocensura”, pero también que cada agresión pudo haber sido evitada “y evitar desenlaces fatales” si hubiera habido antes un trabajo de investigación y respaldo de las autoridades a los comunicadores, en vez de una actitud de tolerancia de las amenazas.

En ese marco, resaltó la importancia de que se siga haciendo buen periodismo y no se castigue únicamente a los autores materiales de un asesinato o intimidación, sino a todos el “circuito de responsabilidades” de las mismas.

El relator de la CIDH resaltó que, además de la impunidad judicial, uno de los riesgos más importantes en los casos de asesinatos de periodistas es el “olvido social” en que puede caer su figura, por lo que los foros en memoria de Breach y otros comunicadores victimados son necesarios para recordar su trabajo y su vida.

En el conversatorio también participaron Emmanuel Colombié, director regional de RSF; Sara Mendiola, integrante de Propuesta Cívica y Patricia Mayorga, de Periodistas de a Pie, quienes resaltaron la trascendencia de la labor de Breach y enfatizaron que, aunque se han logrado avances importantes en la investigación del caso, la impunidad quedará descartada cuando se juzgue y sancione a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada“

Camacho Servín, F. (2021). Impunidad, “combustible” para agresiones a periodistas, dice relator. La Jornada. Recuperado el 24 de marzo de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/23/politica/impunidad-combustible-para-agresiones-a-periodistas-dice-relator/

Urge reparar violaciones a zapotecas afectados por proyecto Eólica del Sur: Global Advocacy

Redacción | Desinformémonos.

Martes 23 de marzo de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. La organización Global Advocacy urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a iniciar «de forma inmediata» el proceso de reparaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las violaciones cometidas contra las comunidades zapotecas con la imposición del proyecto Eólica del Sur en Oaxaca.

La organización indicó que el caso está pendiente en la CIDH desde septiembre de 2019 ante «la arbitrariedad» de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló «injustificadamente» a favor de la empresa Eólica del Sur y desconoció los requisitos constitucionales e internacionales para garantizar el derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios.

Global Advocacy añadió que la petición en la CIDH busca conseguir reparaciones integrales y la responsabilidad internacional de México por las violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, derechos de propiedad comunal, otros derechos económicos, sociales y culturales, así como por la obstaculización a la defensa del territorio indígena «tanto por agentes del Estado como por las empresas con su aquiescencia y tolerancia».

Asimismo, la petición denuncia la violencia contra los defensores del territorio, quienes tienen medidas cautelares de la CIDH por el alto riesgo a su vida que representa su oposición a la instalación de Eólica del Sur en Juchitán.

Frente al panorama, Global Advocacy llamó al presidente de México a iniciar de forma inmediata el proceso de reparaciones ante la CIDH en coordinación con las víctimas, quienes han denunciado no sólo la imposición del megaproyecto, sino también las afectaciones a la vida comunitaria, la contaminación por el aceite de las turbinas, los problemas de vértigo y dolor de oídos, entre otros.

A continuación el comunicado completo:

Proyecto Eólica del Sur, ejemplo de corrupción, impunidad y despojo hacia los pueblos indígenas.

En días recientes, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, reconoció en su conferencia matutina las violaciones a derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Eólica del Sur, instalado sin consentimiento libre, previo e informado en Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca. Las violaciones resaltadas fueron avaladas por un fallo arbitrario de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitido en noviembre de 2018, favoreciendo injustificadamente a la empresa Eólica del Sur y desconociendo los requisitos constitucionales e internacionales para garantizar el derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios. El caso se encuentra pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde septiembre de 2019. Los afectados exigen al Presidente que exprese su voluntad de resolver este caso de manera inmediata- con la mediación de la CIDH- y pida una reunión de trabajo.

La denuncia pública del Presidente, así como su queja presentada formalmente ante la Corte suprema, coinciden con los argumentos de la petición internacional interpuesta por los afectados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2019. La petición resalta la arbitrariedad de la Sentencia de la Suprema Corte y busca conseguir reparaciones integrales y la responsabilidad internacional de México por las violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, derechos de propiedad comunal, otros derechos económicos, sociales y culturales, así como por la obstaculización a la defensa del territorio indígena tanto por agentes del Estado como por las empresas con su aquiescencia y tolerancia. Asimismo, denuncia la violencia contra las y los defensores del territorio, quienes tienen medidas cautelares de la CIDH por el alto riesgo a su vida, por su trabajo de oposición a la instalación de Eólica del Sur en Juchitán.

Las deficiencias de la Sentencia redactada por el entonces Ministro José Ramón Cossío Díaz son evidentes. En primer lugar, ignoró el sentido simple de la palabra “antes” o “previa” para calificar a cualquier consulta. Las empresas obtuvieron diversos permisos antes de realizar consulta alguna, y firmaron cientos de contratos con individuos en tierras comunales. De esta manera, Eólica del Sur y el gobierno impusieron un proyecto predeterminado y de imposible modificación. El parque eólico entró en fase de construcción mientras la decisión de la Corte Suprema estaba pendiente, ignorando el deber de consulta también en esa etapa. En segundo lugar, la Sentencia no mencionó que sólo el uno por ciento de la población indígena “aprobó” el proyecto eólico en Oaxaca, que dos informes de expertos, incluido el ex Relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas James Anaya confirmaron que la supuesta consulta fue inadecuada y que los observadores independientes se retiraron del proceso luego de emitir cinco informes detallando las violaciones al carácter previo, libre e informado.

Los más de 1000 indígenas zapotecos acudieron a la Suprema Corte luego de vivir un acto de corrupción notorio en el en Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca. Habían obtenido la suspensión del proyecto Eólica del Sur por falta de consulta previa. Sin embargo, de repente se “trasladó” arbitrariamente al Juez Isaías Corona Coronado, quien decidiera a favor de las comunidades, reemplazandolo por otro Juez que respondía a los intereses empresariales y quien de inmediato levantó la suspensión del proyecto, sin justificativo alguno.

El viento es un recurso natural profundamente ligado a la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitan Oaxaca. Por décadas, el gobierno mexicano permitió la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, sin consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, sin el diseño de beneficios compartidos y sin exigir a las compañías que trabajen con la debida diligencia. Los puestos de trabajo prometidos a los residentes quedaron en manos de gente de fuera, y la forma de vida de las comunidades indígenas se puso en peligro por el impacto social y ambiental de las turbinas. Oaxaca está sumido en la pobreza.

En Juchitán, los aerogeneradores rodean los pueblos. Los residentes tienen miedo de que se les caigan encima, se quejan de vértigo y problemas de oídos. Temen que las fuertes vibraciones emitidas por los molinos cuando dan vuelta sean la causa de sus males. También notaron que el ganado que está alrededor pare con menor frecuencia y se redujo la cantidad de leche que producen. El aceite que tiran las turbinas contamina la tierra. Los pocos beneficios prometidos a los pescadores fueron incumplidos.

De conformidad tanto con la Constitución Mexicana como con el derecho internacional de derechos humanos, el gobierno y la empresa que quieran llevar a cabo proyectos de desarrollo deben realizar un proceso de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas locales, antes de desarrollar y en cada fase del proyecto.

La Corte Suprema perdió una oportunidad histórica de protección a los derechos de los pueblos indígenas en una sentencia deficientemente concebida y redactada. Ahora el ex Ministro, desde otras trincheras, llama a que se legisle la consulta para que “comunidades de por sí marginadas, puedan ser protegidas de los gobiernos y de los capitales con los que funcionarios concretos acuerden los desarrollos”. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo por las comunidades indígenas estando en la Corte Suprema se puso del lado del gobierno y la empresa avalando un proceso consultivo viciado de origen.

El Presidente evidenció un problema grave de corrupción, desprotección judicial y reconoció expresamente que el Ministro “José Ramón Cossío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer una empresa de energía eólica”. En su calidad de más alto representante del Poder Ejecutivo cuenta con el poder de iniciar de forma inmediata el proceso de reparaciones ante la CIDH, en coordinación con las víctimas.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos.”

Redacción (2021). Urge reparar violaciones a zapotecas afectados por proyecto Eólica del Sur: Global Advocacy. Desinformémonos. Recuperado el 23 de marzo de 2021 de: https://desinformemonos.org/urge-reparar-violaciones-a-zapotecas-afectados-por-proyecto-eolica-del-sur-global-advocacy/

Gobierno sigue sin reconocer violaciones del ejército a los derechos humanos en Chiapas: Frayba

Redacción Desinformémonos

22 de febrero de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. El gobierno mexicano continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Por el contrario, indicó el Frayba, «el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población».

Señaló que a 26 años de la incursión militar al ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano en Chiapas, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la ejecución extrajudicial del indígena tseltal Gilberto Jiménez Hernández, cometida por integrantes del 17° Batallón de Infantería.

La ejecución extrajudicial de Jiménez Hernández ocurrió durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados. «Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo», recuerda el Frayba.

Añadió que «frente a la impunidad en México», en noviembre de 2016 CIDH recomendó al Estado mexicano reparar las violaciones de derechos humanos y realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable sobre la ejecución de Gilberto Jiménez.

Sin embargo, a más de 4 años de la recomendación «las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado sea compatible con los estándares internacionales».

Por ello, el Frayba urgió al Estado mexicano a atender las medidas emitidas por la CIDH, así como a suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, «así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad».

A continuación el comunicado completo:

A 26 años de la incursión militar al Ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano, Chiapas, el Estado mexicano incumple las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos¹ (CIDH) relativas a la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández (Gilberto) y continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.²

A partir de febrero de 1995, el Ejército mexicano intensificó el cerco al Ejército Zapatista de Liberación Nacional³ (EZLN) con la ocupación de territorios de Pueblos Originarios y el asedio a la población. Los objetivos de la intervención militar se plasmaron en el “Plan de Campaña Chiapas 1994”, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para “destruir y desorganizar la estructura política militar del EZLN”. La acción de las fuerzas armadas mexicanas cambió de ocuparse directamente de la seguridad nacional a dedicarse más activamente al control de la seguridad interna, a consecuencia perpetraron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamiento forzado, entre otras violaciones a derechos humanos.

En este contexto integrantes del 17° Batallón de Infantería, cometieron la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, de origen tseltal, el 20 de febrero de 1995, cerca de las 13:00 horas, entre el ejido Patiwitz y La Grandeza, durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la SEDENA. Su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados, Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo.

Frente a la impunidad en México, los hechos y sus consecuencias fueron presentados ante la (CIDH), instancia que el 30 de noviembre de 2016, emitió su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 del Caso 11.564, en el cual recomendó al Estado mexicano: reparar las violaciones de derechos humanos tomando en consideración los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 1994; realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos y tomando en cuenta el esclarecimiento del contexto.

A más de 4 años de la recomendación internacional, las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, sea compatible con los estándares internacionales.

La CIDH estableció como precedente que la incursión militar en el Ejido La Grandeza fue parte de un Plan oficial implementado por el Ejército mexicano y que éste generó un marco propicio para la actuación arbitraria, discriminatoria y excesiva del uso de la fuerza antisubversiva.

El actual gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador tiene el reto histórico y progresivo de construir un camino que conlleve a la aceptación de los hechos y del contexto, que incluya el reconocimiento de la estrategia implementada a través del Plan de Campaña Chiapas 94 y ejecutada por el Ejercito mexicano. Elementos como los anteriores darán cabal cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH. Su aceptación se perfilaría como una medida de satisfacción para los Pueblos Originarios que sufrieron un grave impacto frente a la guerra contrainsurgente. Además de dar garantías de no repetición del uso excesivo de la fuerza en operativos militares.

Sin embargo, el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población. A partir de 2019, con la creación de la Guardia Nacional y con el acuerdo presidencial de 2020, la seguridad pública está a cargo de las Fuerzas Armadas permanentemente.⁴ Por lo anterior, el Frayba urgimos al Estado mexicano suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad. Instamos garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Originarios a la autonomía, el territorio y la libre determinación.

1 CIDH, Informe No. 51/16, Caso 11.564. Fondo. Gilberto Jiménez Hernández y otros(La Grandeza). México. 30 de noviembre de 2016. Disponible en:https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/MXPU11564ES.pdf

2 Plan de Campaña Chiapas 94. Disponible en:https://frayba.org.mx/historico/archivo/articulos/941001_plan%20de_campana_chiapas94_sedena.pdf

3 El 1 de enero de 1994, inició el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tomando las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas en el estado de Chiapas, desde entonces la presencia del Ejército mexicano aumentó en la región.

4 Para julio del 2020, la Guardia Nacional se componía aproximadamente de 90,000 elementos, de los cuales 51,101 habían sido transferidos del Ejercito y 10,149 de la Marina. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Modelos de Seguridad. México. 2020. pág.57.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“

Redacción Desinformémonos. (2021). Gobierno sigue sin reconocer violaciones del ejército a los derechos humanos en Chiapas: Frayba. Desinformémonos. Recuperado el 23 de febrero de 2021, de https://desinformemonos.org/gobierno-sigue-sin-reconocer-violaciones-del-ejercito-a-los-derechos-humanos-en-chiapas-frayba/

México pide prórroga a la CIDH para entregar informe sobre Ernestina Ascencio

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias.

Lunes 18 de enero de 2021

Ciudad de México. El gobierno mexicano pidió prórroga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar el informe sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, quien fue violada por militares en la sierra de Zongolica en Veracruz, en 2007, pero cuyo caso fue archivado luego de que el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, dijera que la mujer murió a causa de una gastritis crónica.

De acuerdo con las organizaciones civiles que llevaron el caso de la indígena ante la CIDH — entre ellas el Centro Heriberto Jara de Xalapa y las Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos–, el Estado mexicano tendría un plazo de 10 días para entregar este informe, con el cual el organismo internacional podría elaborar un reporte “de fondo” y determinar si hubo o no violaciones a los Derechos Humanos en este caso.

Cabe recordar que el informe del Estado mexicano sobre las posibles violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la investigación por tortura sexual de militares contra Ernestina Ascencio debió presentarse a la CIDH antes de la primera audiencia, celebrada de manera virtual el pasado 4 de diciembre.

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No obstante, los representantes del Estado mexicano (el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés; el Fiscal General de Veracruz, Hernán Cortés; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Pereida) llegaron a la audiencia sin él y, por lo tanto, presentaron las mismas conclusiones a las que llegó el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa: que la indígena murió de una gastritis crónica y que el Estado mexicano no violó los Derechos Humanos de las víctimas durante las indigatorias.

Por su parte, las organizaciones civiles sí presentaron nueva información ante la CIDH. Informaron sobre nuevos testimonios de familiares que demuestran que las autoridades del gobierno estatal les impidieron ratificar la denuncia y las silenciaron.

Luego de esa audiencia ante la CIDH, el gobierno mexicano tuvo que rectificar su versión y, en conferencia de prensa del 10 de diciembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que la FGJ de Veracruz, bajo la coordinación de la Segob, abrirá de nuevo las indagatorias.

Luego de este anuncio, las organizaciones rechazaron la idea de que la Fiscalía de Veracruz investigue de nuevo los hechos, toda vez que es una de las principales dependencias acusada de haber violado los derechos de la Ascensión y su familia, además de que su informe ante la CIDH demostró que su postura no ha cambiado.

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Las organizaciones esperan que el caso de Ernestina Ascencio se reabra para su nueva investigación con personas expertas independientes, o sea juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). También exigen que a ellas, como a las familias, se les permita acceder al expediente completo.

21/AJSE/

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Soto Espinosa, A. J. (2021). México pide prórroga a la CIDH para entregar informe sobre Ernestina Ascencio. CIMAC Noticias. Recuperado el 19 de enero de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/01/18/mexico-pide-prorroga-a-la-cidh-para-entregar-informe-sobre-ernestina-ascencio

Hija de Alicia De los Ríos pide información a testigos para esclarecer desaparición forzada de su madre

La Redacción | CIMAC Noticias.

Martes 5 de enero de 2021

Ciudad de México.- Alicia De los Ríos, hija de la detenida-desaparecida del mismo nombre, pidió a través de una carta pública que si algún familiar, vecino o compañero de los agentes que participaron en detenciones y desapariciones durante la década de los 70 tiene información al respecto de esos crímenes, la aporte.

“Si su padre, su abuelo, tío, esposo o vecino patrullaba en brigadas de cuatro agentes en automóviles no oficiales o en taxis; si vestía de traje, no portaba uniforme oficial y estaba armado de manera permanente; si ingresaba de manera cotidiana al Campo Militar Número 1 de la ciudad de México o viajaba a otros estados en el avión de la DFS, entonces es muy probable, casi seguro, que sabe o supo de lo que ocurrió con nuestros padres, madres y compañeros. Y la información que ustedes tengan, por intrascendente, personal, anecdótica o vieja que les parezca, puede significar mucho para quienes continuamos necias en conocer del paradero de nuestros familiares”, escribió Alicia en una carta que difundió este 5 de enero de 2020, que se cumplen 43 años de la desaparición forzada de su madre.

Alicia de los Ríos Merino, era originaria de San José Bachíniva, Chihuahua; militaba en la Liga Comunista 23 de Septiembre. Fue detenida el 5 de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, y fue vista por última vez ese mismo año en una base militar en Guerrero.

Desde entonces, las autoridades han ocultado su paradero, de acuerdo con una ficha difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña legalmente a la familia de Alicia.

El 24 de junio del 2002, la familia De los Ríos Merino y el Centro Prodh interpusieron una denuncia ante la recién creada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Sin embargo, después de la disolución de ese organismo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tomó el caso, sin que a la fecha existan avances en la investigación y esclarecimiento de los hechos.

En abril de 2011, frente a la falta de avances en materia de justicia, la familia de Alicia, la Fundación Diego Lucero, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez y el Centro Prodh presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Alicia. El 22 de octubre de 2020, frente a la falta de respuesta del Estado, la CIDH dio trámite al caso y resolvió que decidirá conjuntamente tanto la admisibilidad como el fondo del asunto.

La carta que hoy, en la víspera del Día de Reyes, difundió Alicia, pide a las y los posibles testigos de estos crímenes o a personas cercanas a los agentes que los cometieron, aporten información para dar con el paradero de su madre y el resto de personas desaparecidas en esa época:

“Hoy ya no le escribo cartas a los Reyes Magos, ni al presidente de la República en turno o a un general del Ejército Mexicano, y comprendí que ni los agentes o los mandos de la Federal de Seguridad ni de la Brigada Especial, mejor conocida como Brigada Blanca, fueron los únicos en conocer los lugares en que mantuvieron detenidos y desaparecidos de manera forzada a cientos de hombres y mujeres en la década de 1970, entre ellos a mi mamá.

“Para realizar esa práctica y posiblemente eliminar a las personas bajo su poder debieron estar involucrados más participantes y, sobre todo, debió haber testigos que observaron, callaron y no se opusieron. Los desaparecedores también debieron tener una familia que los recibía y observaba sangre ajena en sus ropas, zapatos o cabellos.

“Hoy, en este contexto de muerte e incertidumbre que nos hace valorar profundamente la vida de quienes más amamos, apelo a la buena voluntad, la conciencia y la ciudadanía de esos familiares, vecinos y compañeros de los agentes de la Brigada Especial que provenían de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT), la Policía Judicial Federal (PJF) y las policías judiciales del DF y del Estado de México, así como la Policía Militar y la Policía Judicial Federal Militar.

“Si su padre, su abuelo, tío, esposo o vecino patrullaba en brigadas de cuatro agentes en automóviles no oficiales o en taxis; si vestía de traje, no portaba uniforme oficial y estaba armado de manera permanente; si ingresaba de manera cotidiana al Campo Militar Número 1 de la ciudad de México o viajaba a otros estados en el avión de la DFS, entonces es muy probable, casi seguro, que sabe o supo de lo que ocurrió con nuestros padres, madres y compañeros”
Alicia de los Ríos Merino, hija.

“Y la información que ustedes tengan, por intrascendente, personal, anecdótica o vieja que les parezca, puede significar mucho para quienes continuamos necias en conocer del paradero de nuestros familiares.

“Sus padres, abuelos, tíos, esposos o vecinos también fueron colocados en las sombras de la historia por sus propios mandos superiores policiacos y militares. Algunos de ellos fueron borrados, pero no por completo, ni para siempre. Para lograr encontrar a nuestros amores no se requiere que nos digan el nombre de los suyos si así lo consideran. Tan sólo denos los datos que pudieron escuchar: lugares en donde buscar, de los mandos que se enriquecieron con la muerte, de los documentos que no hemos encontrado.

“La historia reciente nos ha enseñado que las violencias de Estado se implementan con legitimidad y consentimiento de diferentes sectores de la sociedad. Si hoy vivimos en un país con más de setenta mil personas desaparecidas, significa que lo habita una sociedad apática que se abstiene de participar en la solución de las crisis humanitarias. Pero eso no es un destino fatal ni tenemos que formar parte de ello. Finalicemos esos combates del pasado, lamentablemente vigentes. Ayúdenos a esclarecer el destino de tantas personas buscadas. Es asunto de ustedes y de nosotros.

“Hoy tenemos la oportunidad de ayudar a cambiar el futuro de un México que ha sido convertido en una fosa gigantesca, llenándonos a miles de familias de un dolor injustificable que no termina. Dense y denos la oportunidad de quitarnos las sombras de encima: cualquier información que consideren relevante la pueden dirigir con toda confianza al siguiente correo electrónico, pues la trataremos con toda la seguridad posible: alicia.contacto@centroprodh.org.mx”

20/AJSE/

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias”

La Redacción (2021). Hija de Alicia De los Ríos pide información a testigos para esclarecer desaparición forzada de su madre. CIMAC Noticias. Recuperado el 6 de enero de 2021.

A 23 años, sigue la impunidad en caso Acteal: Frayba

Elio Henríquez, La Jornada

21 de diciembre de 2020, 16:29

En esta imagen de archivo, la Sociedad Civil Las Abejas, de Acteal, recordó en diciembre de 2019 la masacre en la que 45 personas fueron asesinadas. Foto Cuartoscuro / Archivo

San Cristóbal de Las Casas, Chis. A 23 años de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, “sigue la impunidad total respecto a la identificación de responsables”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

“El Estado mexicano no ha podido señalar quiénes son los autores intelectuales, la cadena de mando que se utilizó para cometer la masacre y las violaciones graves a derechos humanos, antes de lo sucedido. Seguimos viviendo en completa impunidad porque no ha habido justicia” agregó.

A través de Rubén Moreno Méndez, coordinador del área de sistematización e incidencia del organismo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “ya en este 2021 emita el informe de fondo por salud mental de los propios sobrevivientes y familiares de las víctimas, pues ya muchos han fallecido y ha habido división interna que ha favorecido al Estado; queremos que la CIDH ponga algo de su parte para evitar el retraso en el caso”.

-¿La única esperanza que les queda es la CIDH? -se le preguntó a Moreno Méndez.

-Sí. El caso ante la CIDH se litiga allá y no se puede acudir a otro organismo internacional porque por principio, en donde se interpone es donde se debe de litigar. Sin embargo, pensamos que hay una buena disponibilidad de la CIDH, no porque tengan un buen corazón, sino porque el caso Acteal está muy bien documentado, desarrollado, con elementos de prueba muy contundentes con los que sin lugar a dudas se demuestra la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre.

Aseguró que al igual que con los anteriores gobiernos (priístas y panistas), con el actual “no ha habido ningún cambio, sólo quieren tapar la impunidad que se está viviendo, pero eso no es una reparación integral que vaya encaminada a reconocer la responsabilidad y el contexto en que se desarrollan las graves violaciones a derechos humanos y no sólo se hable de indemnización o de proyectos para las comunidades, sino una verdadera justicia para que hechos como los de Acteal jamás se repitan en ninguna parte”.

Recordó que al argumentar fallas en el debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó entre 2009 y 2011 a casi la totalidad de los indígenas acusados como autores materiales, “no porque sean inocentes sino porque el propio Estado mexicano reconoció que las investigaciones estaban con graves violaciones a derechos humanos y procesales también”.

Agregó que “ya casi nadie está en la cárcel, están saliendo debajo del agua. El Estado ni siquiera a través de la CIDH ha informado la situación jurídica de estos casos. Y lo que ya sabemos es que los que han salido han sido indemnizados, les han comprado tierras”.

Además, abundó Moreno Méndez, existen órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron y no se ha actuado respecto a los grupos armados que hay en las comunidades, “por lo que ahora tenemos el ejemplo de lo que pasa en Chalchihuitán y Aldama, donde siguen con impunidad, asediando a las localidades”.

Sostuvo que “el Estado mexicano no ha podido ni siquiera hacer una investigación diligente y eficaz para que se señale quiénes son los autores intelectuales porque los materiales se conocen ya que las mismas víctimas y organizaciones de las comunidades han señalado quiénes son, a veces sus propios vecinos, incluso familiares; pero a nivel federal, estatal y municipal está la cadena de mandos que intervino para cometer la masacre que continúa en completa impunidad”.

Recalcó que en septiembre pasado, el gobierno firmó un acuerdo amistoso con un grupo de sobrevivientes, que no pertenece a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, sino a otra agrupación con el mismo nombre, cuyos integrantes se escindieron en 2008.

“La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que está luchando por justicia, memoria y verdad no está de acuerdo con esa situación porque lo que el Estado debería de hacer es el reconocimiento de su responsabilidad, no sólo por la falta de investigación sino por la acción que se llevó a cabo en la masacre”, aseveró.

Moreno Méndez insistió en que “hay nulo avance, es puro trámite, ni siquiera para llegar a la verdad de los hechos; es para que el Estado justifique que está trabajando en Acteal, pero no hay voluntad ni de este ni otros gobiernos”.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada“

Henríquez, E. (2020). A 23 años, sigue la impunidad en caso Acteal: Frayba. La Jornada. Recuperado el 22 de diciembre de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/12/21/a-23-anos-sigue-la-impunidad-en-caso-acteal-frayba-297.html

Piden a CIDH que solicite a México frenar discurso xenófobo

Luis Carlos Rodríguez G. (luis.rodriguez@contrareplica.mx) , ContraRéplica

16 de diciembre de 2020, 00:00

Piden a CIDH que solicite a México frenar discurso xenófobo

Organizaciones no gubernamentales (ONG) solicitaron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar un pronunciamiento a los gobiernos de México y Guatemala que durante la pandemia han utilizado y promovido discursos xenófobos en contra de los migrantes que cruzan o se encuentran en esas naciones.

En un documento entregado a la CIDH se expone que este tipo de expresiones “estigmatizan a las personas migrantes y refugiadas y ponen en riesgo su integridad y vida”.

La Red Regional de Protección (RRP) que agrupa a una veintena de organizaciones de derechos humanos y protección de migrantes, planteó a la CIDH que los gobiernos de la región cesen el hostigamiento, persecución y persuasión para que las personas migrantes desistan de su derecho a la migración y, por el contrario, garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad en los países de origen, tránsito y destino.

“En el contexto de la pandemia del Covid-19, que la Comisión haga un llamado a los Estados de que deben garantizar los derechos de la población de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas, independiente de su estatuto migratorio. En particular y de manera prioritaria”, señala el documento.

Al respecto, el 9 de abril de 2020, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó una campaña en México para prevenir la discriminación en contra de los migrantes durante la pandemia del Covid-19; advirtiendo contra “el otro virus llamado xenofobia”.

Por su parte, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del grupo parlamentario de Morena, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a eliminar y modificar todas las formas de difusión de la información que fomenten la discriminación y la xenofobia, para cambiar la percepción de la migración.

Además, urgió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a fortalecer las campañas de difusión de la información en contra de la xenofobia, particularmente en contra de la estigmatización durante y después de la emergencia sanitaria.

Por su parte, la comisionada Julissa Mantilla, relatora de la Comisión para Personas Migrantes, reconoció que hace falta una conciencia de responsabilidad regional compartida entre los países de destino, origen y tránsito. Además, señaló la importancia en la formación a funcionarios y funcionarias, incluidas las policías, militares y diplomacia, porque una persona en movilidad puede estar en contacto y puede ser violentada por cualquier autoridad.

En el mismo sentido, Esmeralda Arosamena, comisionada para México, coincidió con la sociedad civil en que son diversas las violencias estructurales que expulsan a las personas de sus países y dijo que “los migrantes no están buscando el sueño americano, sino cómo sobrevivir”.

Además, se alertó sobre el creciente racismo y xenofobia, especialmente graves en el caso de las personas migrantes africanos y caribeños. “La Red ha documentado las violencias estructurales, tratos crueles, inhumanos y degradantes para los afrocaribeños, así como una situación permanente de exclusión social que se traslada incluso al ámbito de la detención migratoria”.

La falta de atención integral para las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que esperan el procedimiento en México o en los países del Norte de Centroamérica, a través de la implementación de los programas Quédate en México, Tercer país seguro y Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), también fue un punto expuesto a la CIDH.

Asimismo, solicitaron que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras deroguen los decretos del Acuerdo de Cooperación de Asilo con Estados Unidos, y que el gobierno de México ponga fin al programa Quédate en México.

El programa Quédate en México fue instaurado por el gobierno de Donald Trump para que aquellos extranjeros que solicitan asilo en Estados Unidos tuvieran que esperar en territorio mexicano hasta que se realice su audiencia. Hasta noviembre, 67 mil 790 migrantes se han acogido a dicho programa.

Sin embargo, la cifra que va en aumento pese a la pandemia. Mientras en mayo se reportaron 66 casos de extranjeros entregados por autoridades estadounidenses en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, para septiembre la cifra aumentó a 755, según datos del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés).

La Red Regional de Protección (RRP) solicitaron que las autoridades migratorias de los países de la región proporcionen información sobre el derecho a solicitar asilo y faciliten el acceso al procedimiento de asilo garantizando alternativas a la detención.

En este contexto, migrantes cubanos que se encuentran en Tenosique, Tabasco, denunciaron a ContraRéplica que hay cientos de isleños que tienen más de un año en espera de que se resuelva su solicitud de asilo, pero hay una política de la Comisión Nacional de Refugiados (Comar) de rechazarlos y alargar sus procesos de regulación migratoria, todo ello en medio de la pandemia.

Además, se solicitó a la CIDH que las autoridades migratorias de los países de la región activen mecanismos de protección internacional para salvaguardar la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes y otros grupos que ameriten un trato diferenciado en los países de origen, destino y tránsito de las personas en situación de movilidad en el corredor México-Centroamérica-Estados Unidos.

Se pidió a la CIDH que México y los gobiernos de Centroamérica informen sobre el número, perfil y ubicación de las personas deportadas o rechazadas en sus fronteras durante los últimos dos años y que realicen una visita las zonas fronterizas: la frontera norte de México, la frontera entre Centroamérica y México y la frontera entre Guatemala y Honduras, para conocer la situación de los migrantes.

“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica“

Rodríguez G., L. (2020). Piden a CIDH que solicite a México frenar discurso xenófobo. ContraRéplica. Recuperado el 16 de diciembre de 2020, de https://www.contrareplica.mx/nota-Piden-a-CIDH-que-solicite-a-Mexico-frenar-discurso-xenofobo2020151255

CIDH solicita al gobierno información sobre violaciones a los pueblos en imposición del PIM

Redacción Desinformémonos

02 de diciembre de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno federal que en un plazo de siete días entregue la información sobre las violaciones denunciadas por las comunidades indígenas en la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM), informaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala y los Ejidos de Ayala en Defensa del Agua.

«De esta forma la CIDH está atendiendo con prontitud e inminente prioridad y preocupación la situación que viven las comunidades, ejidos y personas defensoras de derechos humanos que se defienden frente al Proyecto Integral Morelos y que han obtenido como respuesta del Estado Mexicano la incursión de la Guardia Nacional para desalojar un campamento que resguardaba los derechos de los ejidos de Ayala, Morelos», señalaron el FPDTA y los Ejidos de Ayala.

La información que solicitó la CIDH al gobierno mexicano es sobre las medidas cautelares que solicitaron los pueblos de Morelos para que se garantice el derecho a la libre manifestación, protesta, organización y reunión pacífica de las personas, ejidos y comunidades que se defienden frente al PIM; suspenda el impulso del funcionamiento y culminación de construcción del PIM; inste al Estado Mexicano a que respete las suspensiones vigentes otorgadas en los juicios de amparo, «realizando el retiro de la Guardia Nacional, policía estatal de Morelos, así como cualquier fuerza pública ubicada en el plantón de Apatlaco, así como el retiro de la maquinaria y las bardas de metal instaladas para custodiar la obra», entre otras.

Recordaron que los ejidos de las comunidades afectadas por el PIM cuentan con ocho suspensiones de plano para evitar que disminuya el caudal de riego del Río Cuautla, «así como la suspensión de plano que tiene el ejido de Amilcingo para evitar comience a funcionar el Gasoducto Morelos y la suspensión definitiva de la comunidad de Huexca para evitar se contamine el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica».

A continuación el comunicado completo:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2020/12/CIDH-requiere-al-Estado-Mexicano-informaci%C3%B3n-sobre-las-violaciones-denunciadas-en-la-implementaci%C3%B3n-del-PIM-1.pdf

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“

Redacción Desinformémonos. (2020). CIDH solicita al gobierno información sobre violaciones a los pueblos en imposición del PIM. Desinformémonos. Recuperado el 03 de diciembre de 2020, de https://desinformemonos.org/cidh-solicita-al-gobierno-informacion-sobre-violaciones-a-los-pueblos-en-imposicion-del-pim/