El reto de llevar agua a 12 millones de mexicanos que no tienen

El problema de la falta de agua en México afecta a 12 millones de personas. Esta cifra equivale al total de habitantes de las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

Redacción Animal Político

16 de marzo de 2021

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Especial

En conjunto, las zonas metropolitanas de Monterrey (5.4 millones), Guadalajara (5.3 millones) y Querétaro (1.6 millones) tienen alrededor de 12.2 millones de habitantes, de acuerdo con el censo de población 2020 del INEGI. Esta cifra es similar a la cantidad de mexicanos que carecen de agua.

Y es que, a pesar de los esfuerzos por dotar de este servicio esencial a toda la población, la realidad es que la falta de acceso de agua limpia y saneamiento que afecta a 12 millones de personas es un reto que involucra no sólo al gobierno, sino a todos los mexicanos en conjunto.

Una de las complicaciones para hacer frente a esta problemática es que la población que carece de agua está distribuida a lo largo de los casi 2 millones de metros cuadrados que tiene el país, y en muchos casos se encuentra en comunidades y zonas alejadas o de difícil acceso.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la urgencia de tomar acciones para reducir esta carencia ya que, por ejemplo, el lavado de manos resultó una de las principales herramientas para combatir el virus y evitar contagios.

“México tiene una dispersión de comunidades a lo largo y ancho del país, en diversos ecosistemas, algunos con mayores presiones que otros de estrés hídrico, de escasez de agua, y definitivamente el agua es un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y ambiental de estas comunidades, y para detonar otros procesos adicionales de empoderamiento, de educación, en fin, el agua es este vector que permite una mínima línea base de vida digna”, explicó María José Villanueva, directora de Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Adicionalmente, comentó la especialista, nuestro país es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, por lo que la escasez de agua puede agudizarse por cambios en el patrón de precipitaciones y en la captación de agua por pérdida de bosques o la sobreexplotación de mantos acuíferos. La falta de agua se trata de un problema que requiere diversas acciones y programas para solucionarlo, puesto que las razones por las que millones de personas carecen de este servicio son muy variadas.

“No hay una ‘bala de plata’ que nos pueda ayudar a atenderlo. México es un país con una diversidad de ecosistemas y de problemáticas que no vamos a tener una única solución, sin embargo, sí podemos tener líneas de trabajo o avenidas que nos ayuden a escalar este trabajo. Organizaciones como WWF trabajan en pilotear y mostrar modelos de cómo se puede hacer”, añadió Villanueva. De todo el país, la Zona Metropolitana del Valle de México, donde habitan 21.8 millones de habitantes, es considerada la región con mayor estrés hídrico.

Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 26% de la población de la ZMVM no recibe la cantidad suficiente de agua, 15% no cuenta con servicio diario y casi 1.8 millones de habitantes de la metrópoli se abastecen por tandeo, es decir, básicamente por pipas.

En esta región dos de cada tres litros de agua que se consume se extrae de los acuíferos lo cual provoca, entre otras consecuencias, que se generen hundimientos en la ciudad; en la actualidad la cifra es de 30 centímetros por año de hundimientos, además de que se extrae agua de profundidades de casi 1,200 metros. La otra tercera parte del agua que se consume proviene del Sistema Cutzamala, ubicado a unos 250 kilómetros de la Ciudad de México.

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Para Pipola Gómez, coordinadora de proyectos de la organización Agua Capital, existen alternativas para mejorar la situación, como tener nuevas fuentes de abastecimiento; por ejemplo, la captación de agua de lluvia, así como conservar y restaurar el suelo de conservación −que es donde se recarga y se infiltra de manera natural la mayor cantidad de agua− y aumentar el tratamiento y reúso del agua, ya que actualmente sólo se trata 16% de las aguas residuales.

“Es muy importante que nosotros, como ciudadanos, podamos entender el problema del agua porque finalmente cuando abrimos las llaves y tenemos la fortuna de que en nuestra casa haya agua, esto invisibiliza el problema. Entonces al final si tú abres la llave en tu casa y tienes agua, pues aunque estás escuchando que hay un problema como que no logras medir estos impactos. Yo creo que entre más informados estemos, mayor conciencia vamos a poder generar y entonces hacer acciones locales con las cuales podemos contribuir para mitigar el estrés hídrico”, consideró.

SOLUCIONES EN MARCHA
De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la Agenda 2030, promover el acceso de agua limpia y saneamiento es fundamental para lograr el bienestar y desarrollo de la sociedad, por ello se han involucrado organizaciones de la sociedad civil y empresas para hacer su parte. Entre las acciones que se pueden hacer para reducir la cantidad de personas sin agua en México está, de acuerdo con Villanueva, promover una gestión integrada y eficiente del agua.

“Hoy por hoy hemos trabajado de manera importante como país en reconocer que el agua obedece a procesos complejos y que requieren tener en el centro a la naturaleza, que es la proveedora, dadora y reguladora de este vital líquido. Hablo de soluciones basadas en la naturaleza como son los bosques, como es la captura del agua, bosques como retención del suelo que evitan erosión y por ende cuando llega el agua se absorbe más; hablo de soluciones basadas en la naturaleza, como manglares, como bosques que al fin y al cabo mantienen el flujo hídrico o del agua”, detalló.

Foto: Especial

Otras acciones a desarrollar son conservar el caudal ecológico que corre en los ríos y que eso permita mantener procesos ecológicos fundamentales no sólo para la naturaleza sino para actividades productivas, además de trabajar con ecotecnias y acceso al agua en comunidades que están alejadas, marginadas.

Desde hace 14 años, WWF junto con la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) y Fundación Coca-Cola trabajan juntos en la preservación de la cuenca del río Conchos, que es un afluente del río Grande y río Bravo, el cual tiene arroyos desde la Sierra Tarahumara al Desierto Chihuahuense, y esta colaboración beneficia a la naturaleza y a las personas con tareas puntuales en comunidades indígenas rarámuris y en áreas de bosques y manantiales. En los últimos cinco años, se han beneficiado cerca de 2,000 personas en extrema pobreza de esa región y se han mejorado sus medios de vida, informó la directiva de WWF.

“Nos hemos enfocado a, por un lado, proteger 49 manantiales que son vitales para el abastecimiento de agua en estas comunidades indígenas rarámuris. Hemos capacitado a cerca de 500 personas en el mantenimiento de sistemas de captación de agua de lluvia, que en este tipo de ecosistemas es fundamental para poder asegurar que en tiempos de estiaje las comunidades puedan tener acceso al agua y no tengan que recorrer grandes distancias”, explicó.

De hecho, gracias a estos sistemas se han captado 3.8 millones de litros de agua que de otra forma se hubieran perdido. Estos sistemas de captación de agua permiten que se puedan instalar y mantener huertos de traspatio y así promover una diversificación de los alimentos que se consumen en esa zona.

Imagina a una niña que tiene que ir caminando por cinco horas para obtener agua, a veces sin mucha suerte, y agua que además no necesariamente está dispuesta en calidad y cantidad. Quien está involucrado en labores de la casa es un tema que nunca termina, la capacidad de tener ahora un tinaco ha beneficiado a las familias de manera significativa en no tener que estar recorriendo estos largos trechos; también ha permitido tener acceso a alimentos de hortaliza”, ejemplificó Villanueva.

Además de lo que se hace en esa zona, en la ZMVM la organización Agua Capital en conjunto con IMCC pusieron en marcha un proyecto de instalación de sistemas de captación de agua de lluvia el cual, además de habilitar las casas para ello, incluye programas de capacitación y de cultura del agua para los beneficiados.

Entonces ellos saben cómo funciona el equipo, cómo mantenerlo, y además empiezan a generar mayor conciencia sobre el manejo y ahorro del agua, porque con un sistema de captación se pueden garantizar hasta ocho meses de abasto de agua, agua segura”, explicó Pipola Gómez.

Estos sistemas consisten en hacer una instalación en el techo de las viviendas para captar el agua de lluvia que se canaliza; el agua de las primeras lluvias no se usa, pero cuando llega el agua limpia se almacena en contenedores que están conectados a las viviendas.

“El agua desde que inicia este proceso va pasando por diferentes filtros. Hay un filtro de hojas, se va purificando el agua hasta llegar a cuando está almacenada, donde se clora para garantizar su calidad. Con un sistema de captación de agua de lluvia tienes agua para consumo humano pero no potable. Lo que sí puedes hacer es agregar un filtro purificador para que entonces el agua sea potable”, agregó.

Esto es posible debido a que en la ZMVM llueve 6 meses al año y una casa con un techo más o menos de 60 metros cuadrados puede captar al año 43 metros cúbicos, suficientes para un abasto básico, consideró la directiva de Agua Capital.

Para definir dónde se instalan estos sistemas se cuenta con un diagnóstico que define cuáles son las zonas con alta precariedad hídrica.

“Nosotros, junto con la Industria Mexicana de Coca-Cola, Fundación Coca-Cola e Isla Urbana, estamos basándonos en este diagnóstico y decidimos que íbamos a empezar a trabajar en las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa”, comentó.

Una vez ubicadas las zonas para aplicar este sistema, se hace una convocatoria, se trabaja con las potenciales familias beneficiadas y se hace una evaluación y visita técnica a la vivienda para ver que el techo pueda captar agua de lluvia. Para este año, se tiene una meta de 100 sistemas de captación de agua de lluvia.

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Estos son sólo dos de los proyectos en los que Fundación Coca-Cola y la IMCC han participado como parte del objetivo de llevar agua a más de un millón de mexicanos para 2030, el cual cuenta con una primera inversión de 50 millones de pesos.

Otros de los resultados conseguidos en materia de agua por la IMCC son el devolver a la naturaleza más del 100% del agua usada en sus productos, la disminución de 36% del consumo de agua en sus plantas embotelladoras y conseguir regresar anualmente más de 11 mil millones de litros de agua, lo que es equivalente a 5 mil albercas olímpicas, además del tratamiento del 100% de las aguas industriales derivadas de su producción.

Además, en conjunto con Pronatura, se han beneficiado a cerca de 500 mil personas en diversas comunidades a través de programas de acceso y conservación, y el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua ha permitido, de 2007 a la fecha, la plantación de más de 79 millones de árboles que contribuyen a la absorción de agua en la tierra, reabasteciendo así los manantiales, ríos y lagos. Esto a su vez ha contribuido a la generación de más de 115 mil empleos.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Redacción Animal Político. (2021). El reto de llevar agua a 12 millones de mexicanos que no tienen. Animal Político. Recuperado el 16 de marzo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/03/el-reto-de-llevar-agua-a-12-millones-de-mexicanos-que-no-tienen/

Proyectos estrella de AMLO están mal planeados, son poco rentables y opacos, advierte la Auditoría

Los proyectos y programas prioritarios del gobierno de López Obrador acumulan irregularidades por más de mil 500 mdp tan solo en el primer año de su administración, según la Auditoría Superior.

Manu Ureste, Andrea Vega, Nayeli Roldán y Alberto Pradilla, Animal Político

22 de febrero de 2021

Cuartoscuro

Los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del Gobierno de López Obrador presentan un alto riesgo de no ser rentables, son opacos en cuanto a contrataciones se refiere, están mal diseñados o se empezaron a construir antes de contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad, y acumulan irregularidades en el gasto de más de 1 mil 500 millones de pesos en tan solo el primer año de la nueva administración. 

Estas son algunas de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, en las que puso especial énfasis en los megaproyectos de infraestructura, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, y en los programas sociales ‘estrella’, como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Tren Maya: proyecto faraónico en riesgo de no ser rentable

En el apartado de megaobras, la ASF hizo hasta siete auditorías al Tren Maya en las que encontró que presenta riesgo de no ser rentable, que no fue consultado debidamente a la población indígena, que es poco transparente en la adjudicación de contratos de obra, y que tiene pendiente por aclarar 156 millones de pesos. 

Por ejemplo, en el informe 1384-DE, la Auditoría señaló que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que es el ente encargado del proyecto, exageró las cifras de proyección de uso del Tren Maya en el futuro para defender que el proyecto será rentable a mediano plazo, lo cual implica “un riesgo en la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión”. 

La ASF también observó que el Fonatur lanzó el megaproyecto sin realizar antes estudios para determinar la “factibilidad social” del Tren Maya, por lo que no se hizo un diagnóstico que pudiera prever los posibles efectos y riesgos sociales que pueden ocasionar la construcción y operación del tren.

Sobre este punto, la Auditoría señaló deficiencias en la “consulta indígena” que llevó a cabo el Gobierno Federal en diciembre de 2019, apuntando que el Fonatur hizo las asambleas informativas del proyecto en tan solo un día, y que dejó fuera de la consulta a más de la mitad de las comunidades de la península de Yucatán -más de 2 millones de personas-. 

“El Fonatur no proporcionó a los indígenas la información necesaria para que estos aceptaran el proyecto con pleno conocimiento de causa”, concluyó la ASF. 

La Auditoría también determinó que este proyecto tiene pendientes por aclarar 156 millones de pesos. Entre las irregularidades que se encontraron está la adjudicación injustificada de contratos en servicios de ingeniería básica, la incorrecta integración de precios unitarios; así como la duplicidad en pagos del personal directivo y técnico.

Se observaron además irregularidades en el contrato C- TM-007/2019 sobre la liberación del derecho de vía, que generó una diferencia en los servicios pagados por 13 millones 190 mil pesos; además, debido a la falta de definición del trazo para la ejecución del Proyecto del Tren Maya se generaron gastos innecesarios por otros 6 millones 208 mil pesos.

Ayer domingo, Fonatur respondió en un comunicado y en sus redes sociales que el Tren Maya “es un proyecto transparente que cumple con la normatividad”, recordando que el informe “es un proceso abierto”, por lo que aún tiene 30 días hábiles para presentar a la ASF “la información y consideraciones pertinentes” para responder a las observaciones emitidas por la Auditoría. Asimismo, culpó a “los diarios” de publicar “malentendidos”.  

Dos Bocas: 75 mdp perdidos y en riesgo de inundación

La refinería de Dos Bocas en Tabasco, el principal proyecto del gobierno actual para lograr la “soberanía energética”, inició obras antes de concluir los permisos ambientales correspondientes, lo que provocó que no se tomara en cuenta el riesgo de inundación y erosión que tiene el terreno donde actualmente se construye. 

La Manifestación de Impacto Ambiental de este megaproyecto se hizo hasta después de arrancar las obras. Sin embargo, según la ASF, en esa Manifestación tampoco se incluyen medidas de mitigación para contrarrestar la afectación ambiental. Y pese a iniciar de manera apresurada, existe el riesgo de que esta obra no concluya en 2022, como lo programado, por lo que esto también podría afectar a la rentabilidad del proyecto a mediano plazo. 

Además, la Auditoría detectó irregularidades en el gasto de 75 millones de pesos por pagos no aprobados, y/o por pagos en los que no se encontró una correspondencia entre el volumen de material y servicios contratados con los montos erogados durante el avance de la obra en 2019. 

Se desconoce si Santa Lucía será viable

En cuanto a infraestructura aeroportuaria, la ASF concluyó que la Secretaría de la Defensa Nacional no realizó las estimaciones suficientes para determinar la viabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que impide conocer si el proyecto será realmente rentable. 

En diciembre de 2019, después de siete meses del inicio de la obra, el análisis de factibilidad técnica determinó que el uso de este aeropuerto junto con el Internacional Benito Juárez y el de Toluca era viable, pero “se requería de un gran rediseño del espacio aéreo y cambios en los procedimientos actuales de tráfico comercial”; también que había “obstáculos (antenas, torres, avisos, entre otros) que estaban cerca del aeropuerto y características del terreno que podrían afectar los procedimientos de vuelo”. 

Además, existían seis subcuencas con posible aportación de escurrimientos en la zona del proyecto, así como protección de la Base Militar mediante una barda y diversos bordos que “impedirían el ingreso del agua”, y que había cuatro capas del subsuelo de la zona de estudio construidas por roca basáltica, materiales granulares y arcillosos. 

Aunque según la Sedena el Aeropuerto movilizará a 23.8% del total del centro del país en 2022, hasta llegar a atender al 53.4% de la demanda total estimada para 2052, cuando el aeropuerto esté en su máxima etapa de operación, no se conoce el método de cálculo. 

Además, la Sedena no entregó toda la información a la Auditoría al argumentar que se trata de una obra de “seguridad nacional”. 

Aunado a esto, la ASF hizo otra auditoría a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, otra de las banderas electorales del presidente López Obrador. Sobre esta cancelación, la Auditoría determinó que, a pesar de que el gobierno actual dijo que la cancelación de Texcoco costaría 100 mil millones de pesos, el costo real será de al menos 331 mil 966 millones de pesos; el triple de lo prometido. 

Dan becas a fallecidos en programa de Jóvenes

En el apartado de programas sociales ‘estrella’, la Auditoría halló múltiples irregularidades en el desempeño y en el gasto de algo más de 126 millones de pesos de Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de las secretarías del Trabajo y de Educación. 

Este programa tiene por objetivo entregar una beca económica a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudien ni trabajen para que aprendan un oficio en un centro de trabajo. Sin embargo, la ASF determinó que este programa carece de mecanismos de control para verificar, monitorear y dar seguimiento tanto a los datos de los aspirantes a la beca, como de los Centros de Trabajo adscritos. 

Por ello, los auditores detectaron que en el primer año de operación del programa hasta 68 personas recibieron más de 5 millones de pesos como beca, a pesar de que al momento de recibir los pagos habían fallecido.

La ASF también investigó una muestra de siete Centros de Trabajo en diferentes partes del país, donde supuestamente se capacitaron 718 jóvenes. Los auditores hallaron que cuatro de esos centros eran domicilios inexistentes o abandonados, o no tenían relación con el programa social. 

Por ejemplo, la empresa INAEP SA de CV, inscrita al programa, era una bodega abandonada. Construcciones y Servicios Lukman era una casa habitación sin la capacidad operativa ni la infraestructura para alojar a los 129 jóvenes que se supone que capacitó. Y Barista Factory SA de CV y Technogourmet SA de CV denunciaron que alguien usurpó sus identidades, por lo que la Auditoría determinó que 377 jóvenes no recibieron capacitaron en estas compañías  de manera irregular casi 3 millones de pesos. 

Además, la ASF señaló un posible daño al erario por 50 millones de pesos por pagos realizados a más de 5 mil becarios que estaban inscritos a Jóvenes Construyendo al Futuro y que, al mismo tiempo, estaban recibiendo otras becas gubernamentales para que continuaran con sus estudios, lo cual contraviene la normativa del programa. 

Sembrando Vida: mal diseñado y con múltiples deficiencias

En el primer año de operación de Sembrando Vida, a cargo de la Secretaría de Bienestar, la ASF determinó que se dispersaron recursos por 4 mil 500 pesos mensuales, al menos en una ocasión, a 244 mil 657 sujetos agrarios, monto que les permitió contar con recursos superiores a la línea de bienestar rural establecida en 2 mil 008 pesos mensuales en ese año, para cubrir sus gastos alimenticios y no alimenticios, y preparar sus parcelas. 

No obstante, el programa presenta deficiencias en su diseño e implementación que implicaron el riesgo de que no logre cumplir, en el mediano plazo, el objetivo de lograr que los sujetos en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra. 

En cuanto al diseño, no se identificó con precisión a la población objetivo; no se establecieron los mecanismos para asegurar que, en la entrega de los apoyos, se priorizará a los sujetos agrarios jóvenes en edad productiva, a mujeres campesinas e indígenas, ni para realizar el seguimiento de la operación del programa, y tampoco los mecanismos de coordinación con otras dependencias y entidades para evitar duplicidad con programas sociales similares.

Tampoco se estableció el límite temporal de atención del subsidio, y no se precisaron las áreas responsables, ni las atribuciones para la operación. 

El padrón de beneficiarios presentó deficiencias en su integración y actualización; la entrega de los apoyos económicos no se realizó de forma oportuna, y no en todos los casos se respetaron los montos previstos, ni se comprobó el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad. 

Tampoco se acreditó el número de sujetos agrarios que fueron beneficiados con apoyos en especie, ni el tipo, cantidad, fechas y lugares de la entrega de las plantas, insumos y herramientas que les fueron entregadas. 

Además, no se comprobó el acompañamiento técnico a los beneficiados, ni la formación permanente que recibieron los técnicos sociales y productivos.

Y no se generó información, ni se elaboraron criterios y parámetros para evaluar la contribución del programa Sembrando Vida en el cumplimiento de lograr que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra.

A través de un comunicado, la Secretaría de Bienestar resaltó “que las observaciones planteadas en los informes no son definitivas y que el propio titular de la ASF dejó claro que aún falta un proceso de notificaciones, aclaraciones y seguimientos, durante el cual se presentan solventaciones; las áreas responsables de la secretaría se mantienen atentas a las notificaciones”.

La dependencia destacó que en 2019 ejerció presupuesto por más de 150 mil millones de pesos y que cerca de diez millones de personas se beneficiaron de los programas sociales del gobierno.

Becas Benito Juárez: ¿qué pasó con 265 millones?

Las Becas para el Bienestar Benito Juárez, que tienen como objetivo garantizar el acceso a la educación a familias con problemas económicos y/o en exclusión social, presentó irregularidades por casi 264 millones de pesos.

Entre el abanico de irregularidades, la ASF documentó que 72 personas recibieron 115 mil pesos de beca, a pesar de que al momento de obtener la ayuda ya habían fallecido. También se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos en el programa (sin especificar el monto total), y no se cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios y a otros 458 prestadores de servicios profesionales por honorarios por 15 millones 855 mil pesos. 

En términos generales, la Auditoría concluyó que la Coordinación Nacional de Becas, la encargada de gestionar estos apoyos, “no cumplió con las disposiciones legales y las normativas aplicables en la materia”.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Ureste, M., Vega, A., Roldán, N., Pradilla, A. (2021). Proyectos estrella de AMLO están mal planeados, son poco rentables y opacos, advierte la Auditoría. Animal Político. Recuperado el 22 de febrero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/02/proyectos-estrella-amlo-mal-planeados-poco-rentables-opacos-auditoria/

Apoyos de México a Centroamérica alcanzan el 6% de lo planeado a más de un año de su anuncio

México aseguró que daría trabajo a 40 mil personas en El Salvador y Honduras para tratar de frenar la migración, pero solo logró 8 mil inscritos en sus programas, de los que reciben la ayuda 2 mil 700.

Alberto Pradilla (@albertopradilla), Animal Político

12 de febrero de 2021

Cuartoscuro

Los planes de apoyo a Centroamérica diseñados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como complemento de la política de freno a la llegada de migrantes a Estados Unidos apenas benefician al 6% de las personas que estaban previstas hace año y medio.

Según datos de la Agencia Mexicana de Cooperación (Amexcid), un total de 8 mil 147 personas están inscritos en Honduras y El Salvador en los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”. Sin embargo, de ellos solo 2 mil 739 están ya oficialmente recibiendo algún apoyo, lo que queda muy lejos de los 40 mil puestos de trabajo que el ejecutivo prometió crear como alternativa a la migración al norte. 

En julio, Animal Político reveló que el plan de ayudas no había desembolsado un peso a pesar de llevar un año en marcha, ya que tuvo que paralizarse debido a la pandemia de COVID-19. En ese momento, la propia Amexcid aseguró tener un censo de 8 mil inscritos, sin dar más detalles. El registro apenas se ha modificado desde entonces y lo que ha avanzado son los procesos internos para que los que habían dado su nombre puedan recibir los apoyos. 

Según Amexcid, 1,050 agricultores salvadoreños están ya participando en el programa Sembrando Vida, lo que les permite recibir apoyo técnico, en especie y 250 dólares mensuales (unos 5 mil pesos) por un año. Al mismo tiempo, 4 mil 022 se inscribieron en “Jóvenes Construyendo el Futuro” para ser vinculados a empresas y recibir formación. De ellos, solo 334 son ya beneficiarios, por lo que reciben 180 dólares (algo más de 3 mil 500 pesos) durante ocho meses. 

En Honduras, por su parte, son 431 los inscritos en “Sembrando Vida” y 2 mil 674 en “Jóvenes Construyendo el Futuro”, de los que 978 están recibiendo ya los fondos.

Las inscripciones iniciaron en octubre de 2019 pero en marzo de 2020 se detuvo el proceso debido a la pandemia y el cierre de fronteras. Para entonces estaba previsto un primer corte en el que se iba a analizar el desarrollo del proyecto. Sin embargo, apenas se había comenzado con los trabajos previos.

Tras recibir los datos, Animal Político solicitó entrevista con representantes de Amexcid para conocer al detalle el gasto que se ha desembolsado o si se tiene previsto continuar con las labores de inscripción, pero no hubo respuesta.

La expansión de los programas sociales a Honduras y El Salvador como mecanismo para frenar la migración se anunció en junio de 2019. Para escenificar los apoyos en Centroamérica se suscribieron dos convenios con los presidentes Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele. En principio estaba pensado incluir a Guatemala, pero su presidente, Alejandro Giammattei, nunca se sumó al acuerdo. 

En principio, la idea era destinar 31 millones de dólares (620 millones de pesos al cambio actual) a cada país para promover los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”. La estimación de México era que se podrían ofertar 40 mil empleos, 20 mil por cada uno de los países. 

La implementación, sin embargo, tuvo sus dificultades. Hubo desavenencias con el gobierno de El Salvador y la pandemia y el cierre de fronteras paralizó por completo el despliegue. Además, la decisión de López Obrador de extinguir los fideicomisos puso fin al Fondo México, que había sido utilizado desde 2011 para la cooperación con Centroamérica. Como el dinero ya estaba comprometido para El Salvador y Honduras no hubo problemas para mantenerlo congelado a la espera de ser depositado a los beneficiarios. Por el contrario, se cerró la puerta definitivamente a extender el proyecto a Guatemala, al menos contando con los fondos desde el fideicomiso. 

La cooperación internacional sigue siendo, según el presidente López Obrador, su apuesta para frenar la migración. Estos apoyos se presentaron en junio de 2019, días después de que el canciller Marcelo Ebrard firmase un acuerdo en la Casa Blanca por el que México se convirtió en el principal socio del expresidente Donald Trump en su estrategia para impedir que la población centroamericana alcanzase la frontera.

Tras aquel pacto se desplegaron miles de agentes de la Guardia Nacional en el norte y el sur del país y México se convirtió en el destino de más de 70 mil solicitantes de asilo en EU que fueron devueltos por el programa “Quédate en México”. 

En aquel momento, López Obrador manejaba la retórica que había que crear oportunidades en los países expulsores. Este discurso no ha variado hasta la actualidad. Este 11 de febrero, en la conferencia mañanera, aseguró que la cooperación internacional es su apuesta para frenar la migración. “Desarrollar Centroamérica, seguir con las cortinas de desarrollo de sur a norte para ir reteniendo con trabajo, con bienestar, a la gente y que no se vean obligados a emigrar. Esa es la política. El gobierno de Estados Unidos tiene que apoyar en esto”, aseguró.

El cambio de presidente en EU le ha permitido reactivar este discurso. Sin embargo, las cifras no lo acompañan. 

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Pradilla, A. (2021). Apoyos de México a Centroamérica alcanzan el 6% de lo planeado a más de un año de su anuncio. Animal Político. Recuperado el 12 de febrero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/02/apoyos-mexico-centroamerica-planeado/

Programas de AMLO dan dinero pero desatienden derechos, advierte Coneval

A dos años de la implementación de los programas del gobierno de López Obrador, el Coneval evaluó que estos se concentran en su mayoría en atender aquellos riesgos asociados con el ingreso mediante apoyos económicos.

Nayeli Roldán (@nayaroldan), Animal Político

09 de febrero de 2021

Cuartoscuro

La política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está concentrada en programas con transferencias directas de dinero, pero no significan una atención integral para evitar carencias en la atención médica, seguridad en el ingreso y desarrollo humano. 

Así lo advierte el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la estrategia en materia social de la actual administración. 

“Se identificó que los Programas Integrales de Bienestar analizados no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas del ciclo de vida. Los programas han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos”.

Por eso consideró que si bien es un acierto eliminar intermediarios es necesario capacitar a los Servidores de la Nación, la figura creada en esta administración que acude a las comunidades a entregar los apoyos sociales; también debe mejorar la calidad de la información generada para la conformación del Padrón Único de Beneficiarios, la evaluación de los programas y la difusión de calendarios de entrega de apoyos.

A dos años de la implementación de los programas del gobierno de López Obrador, el Coneval evaluó que estos se concentran en su mayoría en atender aquellos riesgos asociados con el ingreso mediante apoyos económicos, como becas, créditos y apoyos directos, pero esto no garantiza “que la condición de vulnerabilidad que los origina pueda superarse por medio de estos”. 

Un ejemplo de es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece una vinculación temporal por 12 meses con un apoyo mensual para recibir capacitación en un centro de trabajo, “pero carece de mecanismos para garantizar que la capacitación de los beneficiarios sea adecuada o suficiente para mejorar sus condiciones de empleabilidad”. 

Este programa también podría ocasionar un resultado adverso, pues para este mismo grupo de edad hay otros apoyos y con distintos montos, como las becas, pero “podría ocasionar que un sector de esta población se decante por el programa que ofrece el mayor monto, en este caso el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y derive en la deserción escolar al tratarse de un incentivo económico más alto”.

En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa más numeroso y un proyecto que el presidente implementó desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal, está enfocado al riesgo por inactividad laboral, asociado con la seguridad en el ingreso al proveer de un apoyo económico que se entrega bimestralmente de manera directa para la población a población indígena de 65 años o más y la no indígena de 68 años o más. 

Sin embargo, no existen estrategias que cubran riesgos por enfermedad o discapacidad para la mejora del acceso a los servicios de atención médica para la población adulta mayor, pese a que la población mayor de 65 años presenta una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso. Se estima que 25.8% de la población mayor de 65 años tiene diagnosticada diabetes. 

Además, también requieren un sistema nacional de cuidados de largo plazo, pero ante la inexistencia del mismo, la responsabilidad de cuidados recae en las familias, mayoritariamente en mujeres, que generalmente carecen de capacitación o de apoyo para proporcionar la atención que se necesita.

En tanto, el programa para personas con discapacidad permanente también entrega apoyos directos; sin embargo, en la práctica se identificó que prioriza a la población entre 0 y 29 años, por lo que el acceso a las personas adultas con discapacidad está limitado por esta práctica.

Para mejorar los programas, el Coneval recomendó al gobierno federal realizar evaluaciones a sus estrategias, pues eso permitirá mejorar de manera continua las intervenciones públicas con información relevante para perfeccionar su diseño, implementación y seguimiento. Pero para que esto sea posible, “el proceso de evaluación debe acompañar a los implementadores en la consecución de sus objetivos, a partir de entender qué se pretende alcanzar y cómo se planea hacerlo”.

Reacción ante la pandemia 

El Coneval también analizó las estrategias del gobierno federal para afrontar la pandemia de COVID-19 y señala que si bien la entrega de transferencias eran necesarias en un primer momento, “es indispensable considerarlas como medidas temporales e impulsar otras medidas de carácter estructural” y lograr un verdadero sistema de protección social universal. 

Sobre todo porque la pandemia coloca al mundo en un contexto adverso, y en México, además debe considerarse que el panorama ya era complicado, pues hasta 2018, el 41.9% de la población se encontraba en pobreza y de estos, 7.9% en pobreza extrema.

Pero tras la pandemia las repercusiones de la crisis económica se verán en la reducción del empleo formal, del ingreso laboral de la población empleada, así como en el incremento de la población desocupada y en informalidad. Además, “se podría exacerbar los elevados niveles de pobreza y empeorar las condiciones de vida de quienes ya se encuentran en esta situación”.

El gobierno federal implementó 53 intervenciones, de las cuales 31 corresponden a programas presupuestarios y 22 a acciones no presupuestarias. En general enfocadas a mejorar las capacidades del personal de salud y la investigación científica sobre COVID-19; mejorar las condiciones de ingreso, servicios básicos en la vivienda y seguridad social; brindar atención médica y psicológica a los grupos con mayor vulnerabilidad ante la emergencia, y proporcionar apoyos alimentarios, según identificó el Coneval.

Sin embargo, “el desafío en materia de protección social es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del estado de bienestar y un sistema de protección social universal”.

Aunque en un principio era necesario asegurar los ingresos y el consumo en los hogares, en el largo plazo es necesario reducir las desigualdades para responder a los impactos de la crisis en la vida de las personas.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Roldán, N. (2021). Programas de AMLO dan dinero pero desatienden derechos, advierte Coneval. Animal Político. Recuperado el 09 de febrero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/02/programas-sociales-amlo-dinero-derechos-coneval/

Productores de amapola piden apoyos del programa Sembrando Vida

Sergio Ocampo Arista, corresponsal La Jornada

24 de enero de 2021, 21:06

Campo de amapola en la sierra de Guerrero.
Campo de amapola en la sierra de Guerrero. Foto Sergio Ocampo / Archivo

Chilpancingo, Gro. Campesinos productores de amapola, del municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la Tierra Caliente de Guerrero, denunciaron que elementos del Ejército Mexicano, destruyeron unas 50 hectáreas de sembradíos de amapola.

Vía telefónica, uno de los campesinos que solicitó el anonimato, señaló que en los últimos días los soldados, “llegaron muy violentos y destruyeron los plantíos de amapola de las comunidades de Huerta Vieja, El Ahuacate, San Nicolás del Oro, San Miguelito, Laguna Seca, Petlacala, Laguna de Huayanalco, San Bartolo y Coronilla, del municipio de San Miguel Totolapan”.

Afirmó que arribaron alrededor de 150 militares “llegaron muy agresivos, y por un momento, no los dejamos pasar, éramos como 200 campesinos, pero después de unos minutos, el comandante sacó la pistola y nos apuntó, y enseguida los solados cerrojearon los rifles, y también nos apuntaron, por lo que decidimos dejarlos pasar a destruir nuestros plantíos”.

La situación se puso tensa “porque los soldados nos empujaron, y hubo jaloneos, tan es así que a muchos nos rompieron las camisas, por eso al último los dejamos pasar”.

Hoy como a las seis de la mañana nos reunimos, “y fuimos a ver a los soldados, a Huerta Vieja, uno de los pueblos afectados, pero ya habían destruido los plantíos; al llegar a un compañero los soldados le pegaron de leñazos, y cuando tratamos de defenderlo, los militares se fueron a esconder al cerro”.

En ese sentido, a nombre de sus compañeros productores de amapola demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador “que nos apoye, porque aquí a estos pueblos de la sierra no llega el apoyo del programa Sembrando Vida, solo llega a la cabecera de San Miguel Totolapan”.

Ya les dijimos a los militares que “si nos hacen llegar el apoyo, dejamos de sembrar el enervante. A nosotros no nos dan ningún tipo de apoyo, hoy destruyeron 50 hectáreas de sembradíos, y en días pasados destrozaron cada día de una a dos hectáreas, y llegamos y les pedíamos que no lo hicieran, pero no entendieron los soldados, al contrario se ensañaron más”, concluyó.

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Ocampo Arista, S. (2021). Productores de amapola piden apoyos del programa Sembrando Vida. La Jornada. Recuperado el 25 de enero de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/24/estados/productores-de-amapola-piden-apoyos-del-programa-sembrando-vida/