Sólo 949 personas en prisión preventiva harán efectivo su derecho a votar

Asilegal | Desinformémonos.

Miércoles 19 de mayo de 2021

Este 17 de mayo arrancó la jornada electoral para 148 mujeres y 801 hombres en prisión preventiva. Continúa la duda sobre qué estrategias de difusión y campañas informativas fueron implementadas en los centros penitenciarios para que las 949 seleccionadas hagan un voto informado.

Derivado de la sentencia de 2018 donde la Sala Superior del Tribunal Electoral encontró responsable al Estado mexicano de no contar con los mecanismos necesarios para que las personas privadas de libertad en prisión preventiva tuvieran derecho al sufragio, el pasado lunes el Instituto Nacional de Electoral (INE) comenzó la jornada electoral en cinco centros penitenciarios del país mediante la modalidad anticipada.

Se trata de 949 personas en prisión preventiva que, durante el 17, 18 y 19 de mayo ejercerán este derecho político por primera vez en México.

Cabe recordar que en enero de 2021, el INE dio a conocer los detalles del Modelo de operación de la prueba piloto del Voto de Personas en Prisión Preventiva”en donde informaba que serían 2 mil 699 personas privadas de libertad en prisión preventiva las seleccionadas para participar en este programa piloto, sin embargo, de acuerdo al último informe del INE sobre la conformación de la lista nominal de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva, la lista final quedó integrada por solo 148 mujeres y 801 hombres de los CPS de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán.

Durante estos tres días, funcionarios del INE en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) visitarán los centros penitenciarios mencionadas para que las personas contempladas en esta lista nominal voten en sobres cerrados personalizados. Sus boletas serán resguardadas y finalmente computarizadas para contabilizarse durante la jornada electoral del 6 de junio.

Estos hechos se vuelven históricos dado que en México aún prevalecen fuertes estigmas y prejuicios contra las personas privadas de libertad que constantemente les priva de derechos; por tanto, que se reconozca que no existe justificación alguna para negarles este derecho político electoral es un avance significativo hacia la efectiva reinserción social.

Sin embargo a pesar de ello, las dudas sobre la efectividad de este programa continúan: 

  • La lista nominal final indica que solo harán efectivo su derecho el 1% de la población en prisión preventiva, por lo que el INE tiene solo tres años para garantizar que el 99% restante pueda votar en 2024.
  • La conformación final de la lista nominal fue recortada de 2 mil 699 a 949 personas, lo cual comienza a vislumbrar retos importantes para brindar a las personas privadas de libertad en prisión preventiva los mecanismos suficientes para hacer exigibles sus derechos.
  • Continúa la duda sobre qué estrategias de difusión y campañas informativas fueron implementadas en los centros penitenciarios para que las 949 seleccionadas hagan un voto informado.
  • El INE no ha realizado ningún exhorto a las y los candidatos para integrar en sus campañas a esta población en situación de vulnerabilidad, no hay conocimiento de propuestas de políticas públicas enfocadas a esta población o a sus familiares. Es decir, en concreto, la población penitenciaria continúa siendo invisible. 


Los retos que se le han presentado al INE durante la implementación de este programa piloto nos brindan un panorama del nivel de complejidad que tendrá el proceso electoral en 2024: el Instituto tiene que garantizar que más de 90 mil personas en prisión puedan ejercer su derecho a votar. Y no solo eso, el sistema penitenciario y las autoridades corresponsables deben mejorar sus mecanismos de articulación para informar, mediante campañas de concientización dirigidas a las personas privadas de libertad y a sus familias, sobre la importancia de hacer uso de este derecho como vía para hacer exigibles el resto de sus derechos.

La organización ASILEGAL observa esta jornada electoral en aras de coadyuvar a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, asimismo, refuerza su compromiso con la sociedad civil para continuar brindando un análisis objetivo de los logros y desaciertos de este programa piloto. 

Publicado originalmente en ASILEGAL

Asilegal (2021). Sólo 949 personas en prisión preventiva harán efectivo su derecho a votar. Desinformémonos. Recuperado el 19 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/solo-949-personas-en-prision-preventiva-haran-efectivo-su-derecho-a-votar/

Maternidad tras las rejas: una realidad de miles de mujeres en el sistema penitenciario mexicano

Asilegal | Desinformémonos

Martes 11 de mayo de 2021

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para febrero de 2021 se reportó que existen 217 mil 969 personas privadas de libertad, de las cuales el 5.62% son mujeres, es decir 12 mil 253, de este total, se estima que aproximadamente 10 mil 500 son madres[1].

Asimismo, y acorde al informe Especial Sobre Mujeres en Reclusión de la CNDH[2] se identifica que solo 4 mil 189 viven en centros penitenciarios femeniles, el resto, 6 mil 311 se ubican en cárceles mixtas, lo cual las coloca en un riesgo constante de ser víctimas de violencia sexual, abuso de autoridad y/o trabajos forzados en favor de la población varonil.

Esta situación en los centros de reclusión propicia la transgresión de los derechos fundamentales de las mujeres madres y de sus hijas e hijos que permanecen con ellas debido a una serie de irregularidades en materia de instalaciones y servicios: alimentación, atención médica, personal técnico y de seguridad, actividades laborales, educativas y deportivas, condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, falta de separación entre hombres y mujeres, maltrato y particularmente la falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI de 2019, en México hay 255 mujeres privadas de libertad que viven con sus hijas e hijos dentro de los centros penitenciarios. Por cada una de ellas existe al menos 1.6 niños menores de seis años, es decir, al menos 415 niñas y niños hoy forman parte de la población penitenciaria, aunque se estima que para el 2021 la cifra es superior a los 500 menores. Ninguna de ellas puede continuar en el olvido y abandono.

Las mujeres que compurgan penas en centros penitenciarios mexicanos son víctimas de violencia sistemática en razón de su género. Ellas pertenecen a grupos vulnerados, identificados como un grupo interseccional pues atraviesan estigmas y violencias machistas. Además, durante el año 2020 y lo que va del 2021, esta situación fue agravada por la COVID 19: las mujeres han sido un grupo focalmente restringido en sus derechos de acceso a la salud y una vida libre de violencia.

El contexto sanitario que continuamos viviendo hoy en día se convirtió en el pretexto perfecto de las autoridades penitenciarias para privilegiar “la seguridad de los centros” y hacer a un lado su obligación de garantizar los derechos de las mujeres que se encontraban con hijos bajo su tutela. Muchas mujeres madres fueron separadas de sus hijos y obligadas a entregarlos a sus familiares en libertad o, en ausencia de estos, al DIF. Esto representó una grave violación de derechos humanos y un retroceso al reconocimiento de su derecho a la maternidad.

De acuerdo con el #MapaPenitenciarioCOVID19, al día de hoy, existe registro de 3 mil 903 personas privadas de libertad contagiadas, mientras que la CNDH reporta a través de su comunicado de Prensa DGC/048/2021 del 24 de febrero de 2021 3 mil 289 casos3. Aunque está diferencia de cifras es sustancial, lo relevante es que no existe información desagregada sobre el número de mujeres que padecen o padecieron dicha enfermedad, ¿qué podemos esperar entonces para las mujeres madres privadas de libertad que siempre han vivido mayor exclusión y estigma en prisión?.

Desde ASILEGAL instamos a las autoridades corresponsables de todos los niveles de gobierno a garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, a no cerrar los ojos ante esta crisis. Urge que el Estado mexicano aplique las reglas Bangkok, pues en ellas está contemplado que “el régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las mujeres embarazadas, lactantes y mujeres con hijos, se habilitarán servicios o disposiciones para el cuidado del niño”.

Basta de ignorarlas e invisibilizarlas, es momento de actuar. No debemos olvidar que las mujeres privadas de libertad, madres con hijos dentro o fuera del centro penitenciario, sufren un estigma y olvido de sus círculos cercanos, recibiendo un doble castigo por no cumplir con los roles sociales establecidos para ellas. El Estado no puede continuar perpetuando y legitimando este abandono.

En el marco de la conmemoración del Día de las madres, hacemos un llamado a la acción de las autoridades estatales, federales y penitenciarias para tomar cartas frente a la crisis que se está desarrollando con respecto a la pandemia global COVID-19 y el acrecentado riesgo al que se enfrentan madres e hijos. Del mismo modo, exhortamos a los órganos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos gubernamentales a visibilizar las condiciones de internamiento que las mujeres, específicamente de las mujeres que son madres.

[1] Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, febrero 2021, pp 3 disponible enhttps://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional

[2] Informe Especial Sobre Mujeres en Reclusión, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 2015, disponible enhttps://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2015_IE_MujeresInternas.pdf

[3] Comunicado de Prensa DGC/048/2021, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Febrero 2021, disponible en https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-presenta-reporte-de-acciones-en-los-sistemas-penitenciarios-durante-la-pandemia-por

Publicado originalmente en Asistencia Legal por los Derechos Humanos Asilegal

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Asilegal (2021). Maternidad tras las rejas: una realidad de miles de mujeres en el sistema penitenciario mexicano. Desinformémonos. Recuperado el 11 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/maternidad-tras-las-rejas-una-realidad-de-miles-de-mujeres-en-el-sistema-penitenciario-mexicano/

Ley de Amnistía no ha liberado a una sola mujer por aborto, o por homicidio en razón de parentesco previsto en esa ley, tampoco a otras más de 6 mil por delitos menores

Sara Lovera, SemMéxico

11 de abril de 2021

  • Verónica Cruz Sánchez, de las Libres, aseguró que todo ha sido un engaño y lamentó la política de género de la 4T
  • Tampoco hay indicios del funcionamiento de una Comisión que debería armar las listas de beneficiarias

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 11 de abril, 2020.- A un año de aprobada la Ley de Amnistía que beneficiaría a las mujeres encarceladas por aborto, no ha sido liberada  una sola, afirmó este día, Verónica Cruz Sánchez directora del “Centro Las Libres” y dijo que todo ha sido mentira. Al menos 200 mujeres están en la cárcel  y  nadie sabe dónde están.

Las Libres es una organización que se fundó en Guanajuato, y que defiende y documenta casos de mujeres acusadas por aborto en el país. La mayoría de las encarceladas o con carpeta de investigación son acusadas  de homicidio en razón de parentesco, homicidio calificado e infanticidio, mujeres que tuvieron abortos espontáneos,  las más vulnerables y ni siquiera querían interrumpir su embarazo.

La Ley de Amnistía, como muchas otras iniciativas en este sexenio, no se ha cumplido, y “vivimos un régimen” mucho más conservador que en el pasado, afirmó.

Una breve investigación de SemMéxico, también indica que hasta ahora se desconoce cómo se ha aplicado la ley, no aparecen las listas de solicitudes  y no parece haber amnistía  para   ninguna de las más de 6 mil mujeres aptas para ella  en el sistema Carcelario. La organización Así Legal, sostiene, además, que el sistema es mucho más cruel para las mujeres pobres e indígenas.

Cruz Sánchez explicó que por aborto, pueden ser mucho más de 200 las mujeres que tuvieron la esperanza de ser amnistiadas, como también lo ha documentado el grupo Equis Justicia para las Mujeres, cuya contabilidad llega hasta 360.

Explicó Cruz Sánchez que además,  la Ley de Amnistía  no toca el problema de fondo, no elimina la criminalización hacia quienes experimentan  un aborto, un parto fortuito o una emergencia obstétrica,  y  aseguró que  la información sobre el estado de las encarceladas es  opaca, “nadie sabe dónde están, ni si se han rearmado las investigaciones”

En esta administración, detalla, las feministas están pasmadas, “estamos peor que antes” y la criminalización para quienes interrumpen un embarazo argumentando el delito de homicidio en razón de parentesco, denunciadas por  médicos y  hospitales, es un capítulo más de la crisis humanitaria que vive México, lo que se profundiza ante la falta de una real  política de género, a pesar de que se presume existe  un “dizque” gabinete paritario que no actúa.

Se dijo no exactamente decepcionada, sino indignada, asombrada, pasmada  porque la política del gobierno de la 4t en esto del aborto, pero en otros muchos rubros, ha sido fatal para las mexicanas.

Amnistía

El lunes 20 de abril de 2020  el Senado aprobó la Ley de Amnistía, se dijo entonces que esta Ley nacía  con el objetivo de otorgar la libertad a personas en condiciones de vulnerabilidad o tratadas injustamente en el sistema de justicia, como mujeres acusadas de aborto, homicidio en razón de parentesco o de transportar  pequeñas cantidades de drogas.

El Senado aprobó el decreto que, de acuerdo con la redacción del documento, permitirá la excarcelación de personas en reclusión, muchas que podrían ser inocentes, que fueron víctimas de faltas al debido proceso o que deberían pagar su pena en libertad, y a fin de evitar la propagación del COVID-19 en los reclusorios. 

El artículo 1 del decreto señala que se otorga la amnistía a mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto voluntario en todas sus modalidades, incluyendo el homicidio en razón de parentesco, pero siempre que se trate de un aborto espontáneo, un parto prematuro o una emergencia obstétrica en cualquier momento del embarazo.

A marzo de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que se iniciaron 880 nuevas carpetas de investigación por el delito de aborto en todo el país.

Y aunque no ha sucedido nada, la ley y muchos discursos aseguraron que esas mujeres serían liberadas. Y acota la ley  que la libertad sólo se otorgará a las mujeres, sus familiares, médicas, médicos, cirujanos, comadronas, parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, pero únicamente si la conducta se realizó sin violencia y con el consentimiento de la mujer. Es decir, no aplica para hombres que obligaron a una mujer a abortar.

La ley también prometió beneficiar a personas que fueron obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanas que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales o que hayan sido obligadas por sus parejas. Situación documentada por numerosos estudios, incluso por Inmujeres.

Una vez que el decreto se publicara en el Diario Oficial de la Federación, -como sucedió-  el Ejecutivo federal debería integrar una Comisión  para  coordinar las solicitudes de amnistía, las cuales deberían  ser resueltas por ese organismo en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma. Pero no ha sucedido nada, asegura Cruz Sánchez.

Aunque la Ley se justificó para ayudar al descongestionamiento de las cárceles  y para aminorar el contagio por COVID-19, dice Verónica Cruz Sánchez, nada se ha hecho, y no obstante, el 20 de abril  –hace un año-  alcanzaría a  más de mil 830 personas, que representa 73 por ciento de la población total privada de la libertad de dicho fuero. Habría más de dos mil 600 personas que serían potencialmente beneficiadas.

Las Libres sostuvieron entonces que  las áreas jurídicas de los centros penitenciarios deberían, de manera oficiosa, realizar una valoración de los perfiles de las personas privadas de la libertad y detectar a las y los candidatos a la amnistía y el Estado debía facilitar defensores y defensoras de oficio que  darían  asesoría  y acompañarían en el trámite. Pero no pasó nada.

Apenas en marzo pasado desde el Centro Las Libres, encabezado por Verónica Cruz Sánchez, sostuvo que “Las mujeres cuando abortamos no somos criminales, somos seres pensantes que estamos tomando decisiones autónomas en cuanto a nuestra reproducción”.

La situación es grave, especialmente en Guanajuato, pero también en otras entidades como Estado de México y Jalisco. En agosto del 2000, el gobierno de Guanajuato eliminó la única causal por aborto: la violación, es decir, si una mujer decidía abortar, debería que purgar penas de hasta 30 años. Por eso nació la organización.

En ese contexto se organizó el grupo  Las Libres, asociación a favor del aborto seguro y legal, hoy Verónica Cruz Sánchez se pregunta, como lo hizo hace dos años: ¿en qué prisiones están las 200 mujeres encarceladas y bajo qué delito están tipificados sus casos?

Además reiteró  que “no debería existir el delito de aborto; se tiene que eliminar porque es un delito que se focaliza en ciertas mujeres: nunca vas a encontrar a una mujer rica, aseguró.

Por su parte Equis solicitó que la garantía de la libertad, sería  a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y sus análogas, un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas privadas de la libertad que sean beneficiadas por este mecanismo de libertad.

Otro defecto de la Ley, aprobada hace un año, es que las personas beneficiarias de la Ley serían muy  pocas, ya que al contemplar sólo delitos federales se deja fuera al 85 por ciento de las PPL que hay en todo el país. En relación al aborto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta la fecha cuando se decretó la ley, no tenía datos de mujeres detenidas por aborto u homicidio en razón de parentesco, ya que se tratan de delitos de orden común que competen a los estados.

Esto quiere decir que ninguna mujer que haya abortado será liberada, ya que no hay ninguna en prisión por haber cometido el delito a nivel federal. En el ámbito estatal, la situación es la siguiente: entre 2007 y 2019 hubo 228 personas condenadas por el delito de aborto en las diferentes entidades y sólo tres sentencias federales.

La investigadora de  World Justice Project,  Vianney Fernández Villagómez publicó en mayo de 2020, a un mes de la ley un análisis donde señaló que la ley aplica únicamente para delitos del fuero federal.

Mediante la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y el Sistema Penitenciario Estatales y del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal —ambos publicados en 2019—, se estima que, en 2018, de las 10 mil 47 mujeres privadas de la libertad en México, solamente 2 mil 24 estaban en espera de sentencia o habían recibido una sentencia por delitos del fuero federal.

La amnistía aplica para cinco delitos: aborto, homicidio en razón de parentesco, delitos contra la salud, robo simple y sedición.  Los censos  no dan números exactos de las mujeres potencialmente beneficiadas con este instrumento.

Están  los casos de mujeres en prisión preventiva, es decir, aquellas privadas de la libertad como medida cautelar antes de ser declaradas culpables por un juez. Por cada cien hay 17 casos por delitos relacionados con narcóticos, menos de un caso de robo simple, menos de un caso de sedición y ninguna causa por aborto.

Con sentencia o en proceso de segunda instancia —casos en los cuales la mujer fue encontrada culpable y está cumpliendo su sentencia o busca modificar el sentido de ésta—, por cada 100 privadas de la libertad del fuero federal, la amnistía permitiría la revisión de 14 casos por delitos relacionados con narcóticos, ninguno por aborto y menos de un caso por los delitos de robo simple y sedición.

La revisión de los casos implica vigilar el cumplimiento de supuestos de vulnerabilidad o condición social. El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal 2019 estima 939 mujeres internadas en el CPS Femenil Morelos,  -como ejemplo – diez mujeres podrían solicitar la amnistía por su pertenencia a algún pueblo indígena,  y 21 mujeres dirían que no entendieron lo ocurrido durante el proceso judicial, ya que no cuentan con instrucción escolar. De éstas últimas, tres añadirían que no saben ni leer ni escribir.

La ley recién publicada el 23 de abril de 2020,  establecía un plazo máximo de sesenta días para la conformación de una comisión encargada de evaluar cada uno de estos casos y la decisión final caerá en manos de un juez.

Suponiendo que la Comisión fue creada durante los primeros días posteriores a la publicación de la ley, cualquier candidata a amnistía tendría que promover su caso ante la comisión y esperaría hasta cuatro meses por la resolución.

 En lugar de esperar entre cuatro y seis meses, opina la investigadora, ¿por qué no comenzar a revisar los casos de las 6 mil 511 mujeres en proceso por delitos de ambos fueros para determinar si es viable la aplicación de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva? ¿Por qué no revisar la situación de las mujeres sentenciadas —por cualquier delito— y buscar los procedimientos adecuados para reducir su condena? Y en términos legislativos, para evitar conglomeraciones potencialmente peligrosas para la salud pública, ¿por qué no revertir la reforma que aumentó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa?

Las medidas para reducir el contagio de COVID-19 en centros penales deben ser de efecto inmediato, sobre todo si —como escribió Ricardo Monreal en su columna— necesitamos no sólo regresarle la vida a quienes les fue injustamente arrebatada, sino evitar que más personas la pierdan. Mientras que arrancan los motores de la amnistía, – se propuso entonces- las fiscalías y juzgados de ambos órdenes pueden resolver desde su cancha en favor de las mujeres privadas de la libertad.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Lovera, S. (2021). Ley de Amnistía no ha liberado a una sola mujer por aborto, o por homicidio en razón de parentesco previsto en esa ley, tampoco a otras más de 6 mil por delitos menores. SemMéxico. Recuperado el 12 de abril de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=34207

Vives bajo el terror: penales en la CDMX usan la tortura como forma de castigo y control

La tortura se incrementa dentro de las cárceles de la CDMX, en tres años las recomendaciones suben 43%.

Dalila Sarabia, Animal Político

06 de abril de 2021

Apenas puso un pie fuera de la camioneta que lo transportaba, los golpes empezaron. Era el 2014 y Raúl volvía a la cárcel, esta vez por homicidio.

“Cuando tu ingresas siempre te reciben”, dice desde un reclusorio de la CDMX, “entonces a mi me empiezan a golpear y más cuando ven el delito por el que yo vengo”.

Aunque sabía que eso pasaría, nunca imaginó que la tortura a la que sería sometido -a veces física, a veces psicológica- se prolongaría por horas, días y semanas.

Un par de meses después Raúl fue trasladado a otro centro penitenciario en donde la historia se repitió. Insultos, golpes, sometimiento. “Estás hincado y de reojo alcanzas a ver que están pasando técnicos penitenciarios, secretarias, secretarios, trabajadores sociales y nadie hace nada”, cuenta en entrevista con Animal Político.

Agrega que les ponen toallas en la cabeza y les dan vuelta como si tratasen de asfixiarlos, los desnudan, los rapan. “Y todavía tienes la esperanza que sólo sea la bienvenida, y dices, ‘bueno, si es la bienvenida vamos a tratar de aguantar’, y no, esa bienvenida se va acrecentando durante toda la noche hasta que ves que es tortura tras tortura”.

El mínimo retraso al levantarse o saludar era motivo suficiente para que a su celda entrara toda la seguridad -cinco o seis custodios- y lo comenzaran a golpear a él o a otros de los presos.

“Te metían al baño, te pateaban. Su mañita de ponerte la toalla y quererte enrollar y pegarte contra la taza y contra el muro. Vivías bajo un terror desquiciante”.

Su testimonio no es un caso aislado. 

En la Ciudad de México, explica Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la tortura es una práctica persistente que en los centros penitenciarios se utiliza como una forma de castigo y control.

De acuerdo con datos de la propia Comisión, entre 1994 y el 2020 la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad —dependiente de la Secretaría de Gobierno capitalina— ha recibido 26 recomendaciones por tortura, aunque el 42% llegaron en apenas los últimos tres años.

Y si bien es cierto que son la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las dependencias que encabezan el número de recomendaciones por casos de tortura desde que éstas comenzaron a emitirse en la capital del país hace casi tres décadas, en los últimos años el Sistema Penitenciario de la CDMX se ha posicionado como una de las áreas del gobierno de la Ciudad en la que los casos aumentan más al pasar de tres entre 2010 y 2017 a once en los últimos años.

“(La tortura) tiene muchas cosas en términos de cultura de control, sobre todo cuando estás hablando en los Centros Penitenciarios y es ahí donde hay que seguir trabajando muchísimo”, reconoció Ramírez.

En la Recomendación 05/2020 que emitió el año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX al Sistema Penitenciario, por ejemplo, se documenta tortura contra nueve víctimas directas y dos indirectas; y se concluye que se trata de una práctica cotidiana, recurrente y utilizada de forma sistemática como forma de intimidación, castigo y maltrato por parte de personal de seguridad y custodia para imponerse como figura de autoridad.

“La mayoría de los abusos por parte de la autoridad no se denuncian o las víctimas terminan desistiendo de sus denuncias por nuevas violaciones a su derecho a la integridad como amenazas y malos tratos, esto principalmente porque las denuncias no son investigadas ni los responsables sancionados”, alerta la Comisión en esa recomendación.

Víctor Alonso del Pozo, abogado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llama la atención al hecho de que la tortura ya no sólo sea una práctica reiterada y persistente que se presenta en la detención arbitraría por parte de las autoridades con el fin de extraer confesiones o para fabricar culpables, sino que una vez que estas personas llegan a los centros penitenciarios, la historia se repite una y otra vez sin que haya salida.

“Sin duda eso resulta una situación particularmente preocupante sobretodo por el tema de la documentación porque las autoridades suelen intentar que la tortura no deje marcas físicas para que cuando se hagan los estudios que se hacen por protocolo, no arrojen ese tipo de resultados o al menos para desvirtuar la versión de la víctima en caso de que denuncie”, expone el abogado.

Héctor, de 33 años, ha tenido cuatro ingresos al reclusorio: dos veces por robo a transeúnte, una vez por robo a transporte y la última por robo a casa habitación. Hace tres meses salió del Reclusorio Norte.

En entrevista, el joven recuerda las golpizas que recibía permanentemente por parte de los custodios de este centro penitenciario pues en su ingreso se negó a entregarles los tenis que llevaba puestos.

“No se los quise dar y me empezaron a pegar con las botas en las nalgas. Me acomodaron unos patadones exactamente en medio de las nalgas que la verdad no me podía ni sentar (…) lloraba para ir al baño”, recuerda el joven.

“Cuando llegas (al reclusorio) te llevan al centro médico para supuestamente checar que estás bien y que no estás golpeado, pero ellos (los custodios) no son tontos porque saben dónde pegarte”. 

Luego de concluir el proceso de ingreso al reclusorio, esos custodios lo “recomendaron” con otros guardias quienes se encargaron de golpearlo por días.

“Eran más de cinco custodios, me metían a un cuartito, creo que era su baño de ellos (sic) y ahí me empezaron a golpear. Me tiraron, me empezaron a pisar la cabeza, me daban puñetazos en la espalda, en la cabeza, con el puño cerrado, ora sí que unos buenos putazos en las costillas porque saben dónde golpear… la verdad si me golpearon culero, fue algo que no se le desearía a nadie”, asegura el joven.

Tortura constante y pocas acciones 

La tortura en los centros penitenciarios no se limita a lo que pasa dentro de estos espacios físicos, sino que también se practica cuando a las personas privadas de su libertad se les traslada a otros reclusorios.

Víctor Alonso del Pozo de la CMDPDH explica que esta situación se presenta no sólo para alejarlos de sus familias o de sus defensas, —lo cual en sí mismo ya representa una violación a sus derechos humanos—, sino que el trayecto y arribo al nuevo reclusorio se convierte en otra oportunidad para torturarles.

“Esta situación de tortura en los traslados ya se ha vuelto tan común que las propias personas que están privadas de su libertad han decidido simplemente ya no volver al centro penitenciario más cercano a su domicilio en donde les podría ver su familia y podrían tener contacto más seguido con su defensa técnica porque saben que puede ser que no la libren”, asegura.

En esa recomendación 05/2020 se documenta el caso de la “víctima 9” que estaba privada de su libertad en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP II) y que el 19 de julio de 2019 fue trasladado al módulo Diamante del Centro Varonil en Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con lo documentado por la Comisión de Derechos Humanos, a su ingreso al llamado Diamante, la víctima fue certificada sin lesiones, sin embargo, minutos después, dos comandantes y otras personas de seguridad y custodia le ordenaron que se quitara la ropa y se colocara de frente a la pared recargando la frente y las palmas de las manos en posición de revisión.

En esta posición permaneció 30 minutos “durante los cuales recibió patadas y rodillazos en rodillas, muslos, piernas y espalda; en varias ocasiones cayó al piso por el dolor y el adormecimiento de las piernas y los custodios lo levantaron para continuar golpeándolo. También le propinaron golpes con el puño cerrado en la cabeza y nuca, patadas y puñetazos en las costillas del lado izquierdo y patadas en los testículos mientras le decía que él le había pagado a un comandante de apellido Chivardi personal de custodia adscrito al CEPASEP II. Posteriormente fue ubicado en una estancia, aislado y sin ropa, lo que le impidió dormir por el frío”, cita el documento de esa Recomendación. 

Las 26 Recomendaciones por tortura que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos capitalina al Sistema Penitenciario de la CDMX señalan a 143 víctimas, y hasta noviembre pasado seguía pendiente la reparación del daño a 113 de ellas.

La presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, explicó en entrevista que entre las acciones que se han emprendido derivado de estas Recomendaciones se encuentra la integración de la Unidad de Reacción Inmediata que sustituyó al “Grupo Táctico Tiburón” y que tiene como objetivo controlar motines en los reclusorios; se elaboró un programa de capacitación en Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario y se presentó el Protocolo y Procedimiento para el Uso de la Fuerza.

Consultados sobre a cuántos trabajadores se ha dado de baja a raíz de las investigaciones por tortura en sus centros, el Sistema Penitenciario respondió que “no le corresponde establecer sanciones como la destitución o inhabilitación de servidores públicos”.

Añadió que en cuanto se inician las investigaciones por casos de tortura se adoptan medidas cautelares de carácter administrativo para “salvaguardar a las víctimas” como el cambio de adscripción o amonestaciones personales; y que cada año se capacita a mil 650 elementos de seguridad para evitar la tortura. 

Para la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el no atacar la impunidad en los casos de tortura deja como consecuencia un ciclo de violencia que no ha podido romperse en el ámbito penitenciario de la Ciudad de México.

Falta de capacitación, herramientas, sensibilidad, creatividad e inteligencia institucional por parte del personal de seguridad y custodia para responder a situaciones cotidianas de violencia con las personas privadas de libertad, son las causas principales que han permitido que esta práctica prevalezca en el Sistema Penitenciario de la CDMX, según la Comisión. Es “un hábito de conducta en los servidores públicos” en los penales, concluye la recomendación 05/2020.

En la capital del país, a pesar de haber transitado a un cambio de sistema de justicia, de tener una Constitución de la CDMX y de que se concretó el cambio de Procuraduría a Fiscalía, lamentó el abogado Víctor Alonso del Pozo, no se ve que las autoridades se tomen en serio el hecho de que la práctica de la tortura en la Ciudad es sistemática y generalizada.

“Creo que lo que sería muy importante es que si el actual gobierno de la Ciudad de México se toma en serio su propia consigna de “Ciudad de Derechos” y es cierto lo que ha dicho el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), en más de una ocasión, de que en México ya no se tortura, pues que se tomen en serio su rol como garantes de derechos y que empiecen a tomar acciones contundentes no solamente para prevenir y erradicar la tortura, sino para particularmente hacerle frente desde una perspectiva de justicia transicional a los crímenes que se han cometido en las últimas dos décadas de tortura en la CDMX”.

Con ello, no sólo se podría dar una solución a las personas que están injustamente privadas de su libertad, sino que también daría una reparación del daño a las víctimas y a sus familiares y así pudieran encontrar una solución institucional en donde hasta ahora lo único que han encontrado son trabas y revictimización.

“Es un infierno”

Hace un año Salvador salió del Reclusorio Sur luego de cumplir una condena de ocho años por robo de auto.

“Es vivir en un infierno”, sostiene al preguntarle sobre la tortura a la que fue sometido durante este tiempo, “no puedes hacer nada ahí sin sufrir las consecuencias”.

Basta “mirar feo” a algún custodio, tropezarse con él o no caerle bien, para que lleven a los internos a dormitorios conocidos como “de castigo” en donde autoridades e internos torturan a las personas, cuenta. 

“Aislamiento total por 15 días, te violan; te tienen a dieta, o sea, te tienen con un vaso de agua al día, no te dan tu comida; todos los días te golpean, te extorsionan (…), hay espirales donde calientan la comida —las parrillas— te sientan ahí al rojo vivo cuando no cooperas, te tienen amarrado de ‘a pescadito’ cinco, seis días; te ponen una playera en la cara y te echan agua, no dejan que te bañes, te mantienen mojado las 24 horas encuerado, te latiguean, te cortan, te queman… todas las torturas que haya escuchado o que se pueda imaginar las vives dentro de un castigo”, explica Salvador en entrevista con Animal Político.

“Te tienen de cuclillas en una bardita, en dos tabiques, y si te caes te golpean. Son cosas que son muy denigrantes para la persona tanto mentales como física porque te desgastan de las dos formas”.

Quienes están privados de su libertad saben que bajar a un castigo es ir al infierno, entonces, agrega el joven de 36 años, muchos internos deben pagar varios miles de pesos a los custodios para que no los lleven a esos espacios. 

“El que no tiene (dinero) ya se chingó, ya se amoló, porque la va a vivir”, narra Salvador.

Las personas privadas de su libertad son sujetos de derechos que están bajo la custodia del Estado y por ende el Estado es responsable de cualquier cosa que les pase, subraya María Sirvent Bravo, directora ejecutiva Documenta AC.

“Los custodios se tienen que dar cuenta que las personas que están privadas de su libertad están bajo su custodia y que ellos son responsables de toda la integridad y vida de estas personas. Tenemos que quitar estos estigmas de que son personas que cometieron un delito y por eso pueden ser merecedoras de algún maltrato”, sentencia.

Para María Sirvent, los cursos de capacitación ya no son suficientes si no van acompañados con otro tipo de acciones.

“Sí, tenemos que capacitar y sensibilizar más en que los propios custodios conozcan ciertas prácticas que hacen y que son tortura y que a lo mejor ellos no lo saben (…) explicar en ese contexto penitenciario qué puede ser tortura, eso sería uno, y otro es cómo trabajamos en cambiar las prácticas diarias, en que esos conocimientos de que si la tortura está bien o mal se traduzca en que su práctica cambie”, dijo.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, consideró que además de los cursos y capacitaciones que se dan a los servidores públicos de todos los niveles, se requiere poner un freno a la impunidad que existe, de lo contario difícilmente se logrará erradicar la tortura.

“Se están adecuando los protocolos, se está accediendo a capacitación, pero requiere también un cambio más de percepción y cultura (…) de no permitir la impunidad. Si están fallando los custodios, o algún custodio en ese ejercicio, tendría que haber básicamente un mensaje más fuerte de cero tolerancia al tipo de prácticas y eso creo que nos ayudaría a avanzar muchísimo más rápido en su erradicación”.

Entre lo legal y lo moral

Un mecanismo que se podría aplicar para ayudar a erradicar la tortura en la CDMX sería reformar la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos local a fin de lograr que las recomendaciones que emita el organismo sean vinculantes, planteó el maestro Alejandro Serrano Pastor, académico investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Y es que en el artículo 12 de dicho ordenamiento se especifica que las recomendaciones que emitan los titulares de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX serán autónomas y no vinculantes.

“Tenemos que implementar mecanismos más estrictos, tenemos que implementar una profesionalización más exacta, más objetiva del servidor público, de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para hacer el equilibrio, para ser el fiel de la balanza respecto de lo que está pasando y respecto de aquello que debe ser vigilado y sancionado, porque si no tenemos esa capacidad de tener un organismo que vigile, que sancione y que tenga recomendaciones de carácter vinculatorio con el Estado, con las instituciones del Estado, pues sin duda que no existe ese equilibrio y por lo tanto, como dicen, le dan rienda suelta o manga ancha al actuar del servidor público que tiene la fuerza”.

Entrevistado por separado, el diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, afirmó que en los últimos años desde el legislativo local se ha trabajado para darle mayores atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, por lo que consideró que hacer vinculantes las recomendaciones no ayudaría a erradicar la tortura en la Ciudad además de que restaría calidad moral a la propia Comisión entendiendo que para denunciar violaciones a derechos humanos se cuenta con dos caminos: la ruta jurisdiccional y la ruta no jurisdiccional que se hace a través de la Comisión.

“Da una mayor calidad moral a la Comisión de Derechos Humanos donde nadie cuestiona su independencia, porque por otro lado el sistema judicial finalmente es una autoridad que forma parte del Estado y por lo tanto siempre puede quedar la sospecha de cuál fue la incidencia política de cualquier caso, en cambio, la Comisión es presidida por una persona que proviene de la ciudadanía con una trayectoria desde el activismo, desde la sociedad civil organizada”, expuso Villanueva.

Ante el creciente número de recomendaciones por tortura en el Sistema Penitenciario de la CDMX, el legislador dijo que la sobrepoblación de estos espacios, así como la persistente corrupción que hay en ellos son las causas principales de que la atención que reciben los internos no sea acorde y que el ejercicio de sus derechos sea limitado.

Dado que las resientes reformas a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos da la atribución al Congreso local de llamar a comparecer a las autoridades que de forma sistemática han violado los derechos humanos de las personas, el diputado no descartó convocar a las autoridades del Sistema Penitenciario para abordar este tema.

“A mi me parece que el Sistema Penitenciario es esta institución que requiere una transformación de fondo y que esta transformación debe sobrepasar cualquier administración gubernamental, es decir, tenemos que buscar que el funcionamiento del sistema penitenciario garantice los derechos de las personas privadas de su libertad”, señaló.

Mientras esos mecanismos para erradicar la tortura se discuten, aprueban y, sobre todo, se aplican en las prisiones de la Ciudad de México, Raúl sabe que ni él ni los demás prisioneros tienen a quién acercarse y pedir ayuda, porque son las propias autoridades, desde los custodios hasta los directores, quienes los torturan y les niegan cualquier apoyo.

Raúl siente cómo cada día es más posible que su vida termine dentro del reclusorio porque, aunque ya ha cumplido seis años privado de su libertad, de acuerdo con la condena que le dieron, aún debe cumplir más de 100 años más.

Y acepta que no hay día que no tema por su vida.

“Sí, sí temo por mi vida, sí temo por mi integrad, así como la mayoría teme, por eso no pueden hacer nada porque las máximas autoridades son las más corrompidas y al momento que pides ayuda las autoridades se encargan que te lleguen las consecuencias de esos actos”.

Este texto ha sido elaborado con  el acompañamiento de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. y el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Animal Político y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Sarabia, D. (2021). Vives bajo el terror: penales en la CDMX usan la tortura como forma de castigo y control. Animal Político. Recuperado el 06 de abril de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/04/vives-bajo-el-terror-penales-en-la-cdmx-usan-la-tortura-como-forma-de-castigo-y-control/

Justicia terapéutica en materia de adicciones debe ser prioridad: Sánchez Cordero

José Antonio Román, La Jornada

17 de febrero de 2021, 15:30

Internos de Cereso en Mérida elaboran cubrebocas.
Internos de Cereso en Mérida elaboran cubrebocas. Foto Luis Boffil / Archivo

La justicia terapéutica debe ser una prioridad en el país, donde los sistemas de salud y judicial se unan en el tratamiento de adicciones, a través de un programa integral para lograr la rehabilitación y reinserción de las personas sentenciadas por la comisión de delitos relacionados con las drogas, señaló la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Al participar de manera virtual en la mesa redonda con representantes de entidades federativas para la implementación y consolidación del Programa de Justicia Terapéutica, señaló que para el gobierno federal la justicia no se aplica a través de una visión punitiva, sino desde una perspectiva humanista que da una apertura de reinserción social y un trato digno a las personas que resultan privadas de su libertad.

Durante el evento virtual, organizado por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, el director general de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) México, Alberto Rodríguez, manifestó el apoyo de la embajada de Estados Unidos para fortalecer y expandir el uso de los tribunales de tratamiento de adicciones.

Reconoció los esfuerzos de la dependencia del gobierno federal en esta materia, ya que estas iniciativas representan la cooperación bilateral con el gobierno de México para fortalecer el sistema de justicia de manera conjunta y contribuir a la seguridad de todos los ciudadanos.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Adam Namm, manifestó la disposición para colaborar mediante la asistencia técnica en la implementación de programas alternativos de las personas que resultan privadas de su libertad.

Recordó que en agosto pasado se firmó con el gobierno federal las bases del programa de justicia terapéutica.

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Román, J. (2021). Justicia terapéutica en materia de adicciones debe ser prioridad: Sánchez Cordero. La Jornada. Recuperado el 18 de febrero de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/17/sociedad/justicia-terapeutica-en-materia-de-adicciones-debe-ser-prioridad-sanchez-cordero/

Desigualdad de género, presente en castigos del sistema penitenciario en México

Fabiola Méndez/Damián Mendoza, UNAM Global, recuperado de Desinformémonos

03 de febrero de 2021

De 2009 a 2020 ha aumentado la población de mujeres en prisión preventiva,  donde, por ley, una persona puede quedarse hasta dos años, pero en la realidad hay personas que tienen hasta 15, afirmó Mara Gómez, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa.

La doctora en Derecho y especialista en Acceso a la Justicia Internacional, comentó que la prisión preventiva es una decisión tomada por un juez, que permite que una persona esté en prisión mientras se decide si es culpable o no de acuerdo a criterios de peligrosidad.

En nuestro país se hace “a la mexicana”, hay un catálogo de delitos que están en la constitución que permite mandar a la cárcel a una persona aunque no haya pruebas de su culpabilidad y peligrosidad.

De acuerdo con el artículo Hallazgos 2019 de México Evalúa desde 2014 la población penitenciaria de todo el país había comenzado a disminuir (entre 3.2 y 12 por ciento de 2016 a 2018),  pero en 2019 la tendencia se revirtió. La población en situación de cárcel creció en 1.5 por ciento con respecto al año anterior. En 2020  se dio un incremento del 18.3 por ciento de presos sin condena, pero lo alarmante fue que ese aumento fue diferenciado según su género: mientras que el incremento de hombres en fue de 17.9 por ciento, el número de mujeres creció en 24.6 por ciento.

En ese contexto, Mara Gómez indicó que muchos de los delitos de las mujeres son por ayudar a sus parejas o hijos. “Las razones por las que las mujeres van a la cárcel se diferencian de las de un hombre, en ellas caen estereotipos de género: por ser mala madre, mala esposa, se les pone una carga mayor. A las mujeres se nos castiga más por no vivir de acuerdo a los estereotipos que por el delito que cometimos  y cumplen penas más altas que los hombres a pesar de ser los mismos delitos”.

La doctora en Derecho por la UNAM señaló que hay influencia de los estereotipos de género en los castigos para mujeres, son más severos. De acuerdo con la asociación civil Reinserta,  las mujeres enfrentan un tiempo promedio de sentencia mucho mayor (23 años) que los hombres (cinco años), sin importar el tipo de delito que hayan cometido unos y otras.

Por otro lado, el incremento de la población en cárceles se dio en 30 de las entidades federativas del país, encabezan la lista Coahuila, Ciudad de México y Campeche con 118.2, 91.5 y 72.7 por ciento respectivamente.

La importancia de estas cifras deriva en que, en este país, cualquier persona puede ir injustificadamente a la cárcel con la sola acusación del ministerio público y “le habrán fastidiado el resto de su vida”.

Asimismo, Mara Gómez afirmó que se tiene la idea de que la población carcelaria tiene que ver con la seguridad y no es así. Los países que tienen más gente en las cárceles  no siempre son los más seguros y viceversa. “Necesitamos un país más justo  porque no debe haber inocentes en las cárceles”.

México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno.

Este material se comparte con autorización de UNAM Global

“El presente artículo es propiedad de UNAM Global, recuperado de Desinformémonos

Fabiola Méndez/Damián Mendoza

Méndez, F. y Mendoza, D. (2021). Desigualdad de género, presente en castigos del sistema penitenciario en México. UNAM Global. Recuperado el 04 de febrero de 2021, de https://desinformemonos.org/desigualdad-de-genero-presente-en-castigos-del-sistema-penitenciario-en-mexico/