Un análisis sobre Discriminación y Vulnerabilidad en México muestra cómo afecta la política social a las instituciones responsables de apoyar a esa minoría.
En México realmente se vive una emergencia social. Durante años, los llamados grupos vulnerables han permanecido en un ambiente de constante abuso, situación que se ha agravado con la pandemia por COVID-19 y sus diferentes consecuencias.
La emergencia sanitaria ha impactado en todos los ámbitos y los efectos se reflejan entre las personas con alguna discapacidad, aunque ciertamente no son un grupo exclusivo. Sin embargo, esta minoría, que es la mayor en el mundo, sí ha resentido las decisiones de política social que ha tomado el actual gobierno.
“La gestión de la pandemia en materia de apoyo a los grupos vulnerables, ha presentado ciertos inconvenientes tanto operativos como en el seguimiento de los objetivos del artículo 1° de los derechos humanos, apegados a la Constitución, donde la Política Social carece de una visión discriminatoria”, destaca un análisis de la organización Signos Vitales sobre la Discriminación y Vulnerabilidad en México que puedes consultar aquí.
El estudio es una radiografía de cómo el actual gobierno maneja la política social y cómo está afectando el recorte presupuestal de los organismos encargados de aplicarla como es Conapred, quien este 2021 tiene un recorte del 14.6% en su presupuesto, lo que implica una reducción de más de 23 millones 600 mil pesos en sus recursos.
En 2020, ese Consejo recibió 161 millones 943,308 pesos para el ejercicio de sus funciones, sin embargo, el gobierno federal busca otorgarle 138 millones ,262,478 pesos para 2021.
En los hechos, pareciera que las decisiones de gobierno van en contrasentido a que dispuesto por la Constitución Política, que en sus artículos 1º, 2º y 4º consagra las garantías constitucionales en contra de la discriminación.
Las carencias en los marcos legislativos en materia de apoyo a los grupos vulnerables exhiben el lugar de dichos grupos en la agenda del gobierno. Desde el 10 de junio de 2011 no ha habido modificación a las reformas constitucionales relacionadas con los derechos humanos en México ni su incorporación en la Política Social.
De acuerdo con el estudio, el paradigma de los derechos sociales en el país no ha incorporado la idea de la discriminación, entendida como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, implicando consecuencias negativas en la vida de las personas que se relacionan con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos.
En un país lleno de víctimas de todo tipo y resultado de múltiples y complejas circunstancias, la mayor relevancia del Ejecutivo federal debería implicar la comprensión de los derechos humanos en los grupos vulnerables y la vinculación de la Política Social con la discriminación.
Es decir, se trata de reconstruir el aparato público para construir el curso de desarrollo que se requiere para dar cumplimiento a lo que hace 10 años se decidió como el eje de articulación del proyecto nacional en el país, y con ello, traer la posibilidad de una vida plena y en dignidad para los mexicanos bajo un contexto de mayor riesgo por la crisis sanitaria.
“El presente artículo es propiedad de Yo También“.
Redacción (2021). Baja presupuestal afecta programas públicos para personas con discapacidad. Yo También. Recuperado el 6 de mayo de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/baja-presupuestal-afecta-programas-publicos-para-personas-con-discapacidad/
Ciudad de México. En un hecho histórico, las y los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador despenalizaron el aborto por violación en todos los casos y no sólo cuando las víctimas son mujeres que padecen una discapacidad mental, como estaba vigente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de este país.
Esta decisión que se dio con 7 votos a favor y 2 en contra, determinó como inconstitucionales los artículos 149 y 150 del COIP ecuatoriano. El primero estipula que: “La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años”, por lo que las sanciones será modificadas y el aborto por abuso sexual ya no tenga una pena.
Respecto al artículo 150 se eliminará el siguiente fragmento: ”si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”; lo que permitirá el aborto por violación en todos los casos y las mujeres no deberán cumplir con ningún criterio.
De acuerdo con el artículo 150 del COIP, el aborto en este país es posible cuando: “la vida o salud de las mujeres estuviera en riesgo y si era producto de una violación”, pero sólo en aquellas que padecieran una discapacidad mental.
En redes sociales, ecuatorianas recordaron que este avance es gracias a que en 2019, integrantes de la “Fundación Desafío” y la “Coalición Nacional de Mujeres”, presentaron una demanda de inconstitucionalidad sobre la despenalización del aborto ante la Corte con el fin de legalizar la interrupción del embarazo cuando éste fuera producto de una violación, incesto, estupro, inseminación no consentida o malformación del feto.
Sin embargo esta fue desechada en ese mismo año. “La Asamblea Legislativa negó la posibilidad de despenalizar el aborto, a través de una reforma legislativa al Código Penal. Nosotras estuvimos incidiendo en ese ámbito. Obtuvimos 65 votos, pero necesitábamos 70. Nosotras como “Coalición Desafío” y “Coalición Nacional de Mujeres” ya habíamos puesto una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte para desenlazar el aborto desde el espacio de la interpretación”, explicó en entrevista con Cimacnoticias, la directora de la Fundación Desafío, Victoria Gómez de la Torre.
A esta demanda, dijo, se sumaron otras 6 más, esta vez para reformar la narrativa de los artículos ya mencionados. “En ese marco hemos venido cabildeando e insistido ante la Corte, haciendo plantones para despenalizar el aborto. Eso ha sucedido ayer y estamos contentas porque es un hito. Hay mucho camino por recorrer, pero este dictamen es enorme, tanto por cómo afecta a la sociedad simbólicamente y cómo va a afectar en la protección de salud integral de las mujeres”, añadió.
En sus cuentas de Twitter, integrantes de colectivos y organizaciones feministas de Ecuador celebraron la noticia como una conquista social que brinda la oportunidad a las ecuatorianas de poder interrumpir sus embarazos por este tipo de violencia sexual, pues reconocieron que en su país existe un contexto de normalización de esta violencia en el ámbito familiar.
A la par realizaron un pañuelazo verde afuera del recinto de la Corte, donde acompañadas de música y tambores cantaron consignas como: “Decidir es nuestro derecho” y “Aquí están, estos son, los que quieren la violación”. Acciones que también desarrollaron en redes sociales bajo los hashtag #AbortoPorViolación y #EsUrgenteCorte.
En el mismo escenario también se manifestaron grupos de personas “antiabortistas”, como se autonombran, los cuales proclamaron: “no al aborto, sí a la vida” o “el aborto no es un derecho”. Según un medios de comunicación de este país, se presentaron algunos enfrentamientos entre los dos grupos durante la vigilia de la votación.
“Era urgente y es lo mínimo, porque las sobrevivientes de violencia sexual deben poder decidir abortar sin verse en riesgo de ser encarceladas o de recurrir a abortos inseguros. Ya torturaron a niñas, adolescentes y mujeres adultas con capacidad abortar obligándolas a maternar”, declararon defensoras de DH en un comunicado.
Datos de Surkurna, organización feminista que defiende los Derechos Humanos de las mujeres, revelaron que casi 250 ecuatorianas han sido judicializadas en el sistema de salud porque se tiene la sospecha de que ellas se provocaron un aborto cuando estos son resultados de partos prematuros.
Además, registraron que 85 por ciento del casi medio millón de ecuatorianas “han abortado de manera insegura o mediante autoinducción” entre 2004 y 201; mientras que todos los días, 5 niñas de entre 10 y 14 años de edad presentan embarazos debido a la violencia sexual que viven.
En suma, documentó que un cuarto de ecuatorianas han sido víctimas de violencia sexual, de las cuales 25.7 por ciento lo fueron antes de los 18 años. De todas las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de esta violencia, sólo 10.8 por ciento de los casos consiguieron interponer una denuncia, “por miedo a las amenazas, porque temen que no les crean o porque deciden callar ellas o sus familias”, detalló en su Informe “Acceso a la Justicia de las Mujeres en Ecuador” en 2018.
“Defendemos a mujeres que son judicializadas por aborto, varias de ellas son víctimas de violencia sexual. Ahora mismo tenemos dos casos, uno en Santo Domingo y dos en la Provincia de Imbabura, donde existe este tipo de circunstancias, donde no se persigue al violador porque la ley está hecha para seguir a las víctimas o a las sobrevivientes. La fiscalía nos dice que hay más de 500 casos de mujeres que han sido judicializadas por esto”, declaró la directora de Surkuna, Ana Vera en un video.
Las integrantes de las colectivas recordaron a Paola Guzmán, joven de 16 años de edad, quien fue víctima de abuso sexual por un profesor en 2002. Ella presentó un embarazo producto de esta violencia, lo que la llevó a suicidarse. Luego de 18 años y sin culpables, el caso de Paola llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Este órgano encontró al Estado de Ecuador como responsable por la violencia sexual sufrida por la joven.
En 2020, el Estado de Ecuador le ofreció una disculpa pública a la familia de Paola Guzmán, sin embargo, el agresor sigue prófugo hasta el momento.
Ahora, las y los jueces de la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de exigir a la Asamblea Nacional la reforma de los artículos 149 y 150 del COIP o emitir una sentencia modulatoria (técnica utilizada por las y los jueces para determinar el sentido o sentidos en que debe o no debe ser interpretada una disposición), en la que establezca plazos y una directriz para la modificación del COIP.
21/AEG/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.
Soto Espinosa, A. J. (2021). Despenaliza Corte Constitucional de Ecuador aborto por violación. CIMAC Noticias. Recuperado el 30 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/29/despenaliza-corte-constitucional-de-ecuador-aborto-por-violacion
Diego Valadés, ex ministro de la SCJN e investigador emérito de la UNAM. Foto Carlos Ramos Mamahua/ Archivo
Emir Olivares Alonso|La Jornada
miércoles 14 de abril de 2021
Ciudad de México. Las reformas aprobadas por el Senado de la República con la que se obligaría a los usuarios de telefonía a registrar sus datos biométricos viola la Constitución y atenta contra los derechos humanos, aseveró el destacado constitucionalista Diego Valadés Ríos, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En entrevista con La Jornada, enfatizó además que al aducir que se trata de una medida en favor de la seguridad pública, en realidad “el Estado estaría transfiriendo a los usuarios de la telefonía móvil el problema de su incapacidad para resolver el tema de inseguridad, pues los particulares seríamos ahora quienes pagaremos las consecuencias de que las autoridades no estén cumpliendo con su obligación de darnos seguridad”.
Ayer, en una apretada votación en la Cámara Alta, se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y diez abstenciones la minuta que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en el que todos los dueños de celulares estarán obligados a darse de alta y registrar sus datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial y del iris) o de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.
Al respecto, Valadés Ríos, también ex procurador general de la República, subrayó que esto viola dos artículos del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución: el 6 y el 20, además de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
El artículo 6, dijo, establece que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho que el Estado debe garantizar sin arbitrariedades y debe ser inclusivo, pero con estas reformas lo hacen excluyente, pues quien no aporte sus datos personales, no tendrá acceso a las telecomunicaciones
Añadió que ese postulado constitucional también asienta que el acceso a las comunicaciones debe ser ser libre y sin intereses arbitrarios, pero con la obligatoriedad de registrar los datos biométricos “ese acceso estaría condicionado y expuesto a injerencias arbitrarias porque se va a disponer de nuestros datos personales”.
En torno al artículo 20, subrayó que éste confiere la presunción de inocencia a todos a quienes son imputados de un posible delito; sin embargo, las modificaciones aprobadas por el Senado “nos convierte a todos, no sólo sobre los que hay un proceso penal, en presuntos culpables. Esto implica que se daría un trato de delincuentes a los usuarios de telefonía móvil”.
Valadés Ríos confió en que en la Cámara de Diputados –donde se tendrá que analizar lo avalado por el Senado— “prevalezca el sentido común, el respeto por la Constitución y adviertan que la mayoría en la Cámara de Senadores, no todos, cometieron un error. Que no sea aprobada esa adición a la ley en materia de telecomunicaciones”.
Remarcó que en caso que la Cámara Baja también apruebe esa propuesta, hay diversas opciones, pues una fracción del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueden presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad; en tanto que los usuarios podrían gestionar amparos.
El constitucionalista también alertó de otros riesgos en caso de que estas modificaciones sean llevadas a las normas, pues las personas desconocerían el uso que pueden dar a sus datos personales tanto las empresas como las autoridades.
Pero a la vez, dijo, hay peligros para las compañías de telecomunicaciones porque en la Ley Federal de Protección de Datos Personales se establecen delitos en materia de tratamiento indebido de esa información, que se castigan con multas y hasta prisión.
“Las propias empresas se van a ver puestas en riesgo ante el eventual mal uso que de manera deliberada o accidental se haga de los datos de sus millones de usuarios, por parte de funcionarios o por parte de quienes accedan a éstos de manera fraudulenta. Esto genera incertidumbre para el prestador del servicio y para el usuario de la telefonía”, concluyó.
“El presente artículo es propiedad de El País”.
Olivares, E. (2021). Registro de datos biométricos viola la Constitución: Diego Valadés. La Jornada. Recuperado el 14 de abril de 2021 en: https://jornada.com.mx/notas/2021/04/14/politica/reforma-de-telecomunicaciones-viola-la-constitucion-diego-valades/
Ciudad de México. Los argumentos del Partido Acción Nacional (PAN), del Senado de la República, y de los actores políticos que están en contra de la paridad de género en gubernaturas, son ideas patriarcales disfrazadas de defensa de la constitucionalidad, afirmó la exmagistrada electoral, Carmen Alanis Figueroa.
La abogada aseguró que quienes se oponen al acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que obliga a los partidos políticos a postular a mujeres en 7 de las 15 gubernaturas que tendrán elecciones en 2021, en realidad quieren restringir el acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad, a los espacios de toma de decisión.
El pasado 10 de noviembre el Senado y el PAN impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo aprobado por el INE el 6 de noviembre. Sin embargo, la experta en derecho electoral señaló que suman 9 impugnaciones ya que un partido local de Baja California y seis aspirantes a candidaturas también han presentado juicios en contra de los lineamientos.
En el foro virtual “Diálogo por la Paridad”, que organizó la red “Mujeres en Plural”, Alanís Figueroa recordó que este principio constitucional tiene sustento en jurisprudencia del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órganos que ya se han pronunciado a favor de la paridad en cargos unipersonales como las presidencias municipales.
Agregó que el debate que en próximos días sostendrá la Sala Superior del TEPJF será relevante porque además suman dos recursos más: un juicio de una organización civil que busca ampliar el acuerdo del INE para que las 15 candidaturas sean de mujeres y un Amicus Curiae impulsado por “Mujeres en Plural” y la red “Nosotras Tenemos Otros Datos”, y firmado por 600 organizaciones y mil 423 personas en lo individual.
Partidos siguen buscando candidatos hombres
Al respecto, la priista y presidenta de la organización “50+1” en el estado de Oaxaca, Mariana Benitez Tiburcio, señaló que en el país solo nueve mujeres han sido gobernadoras, por ello aseguró que esta casi inexistente participación es alimentada por prácticas patriarcales, acuerdos cupulares de los partidos políticos y violencia política, lo que las ha condenando a desistir o posponer su deseo de participar.
Los lineamientos del INE, dijo, buscan cumplir con un acuerdo constitucional para que prevalezca la paridad. Recordó que el organismo electoral es la única autoridad facultada para desarrollar una metodología para cumplir con este principio.
La exdiputada federal consideró que la paridad debe garantizarse sin distinguir si se trata de un cargo unipersonal o colegiado porque la Constitución no contempla ninguna excepción a este principio legislado desde 2014 y robustecido con una reforma en 2019; por tanto coincidió en que los argumentos del PAN y del Senado son endebles.
Por su parte, la doctora en Derecho, Leticia Bonifaz Alfonzo, agregó que ninguna victoria es definitiva, por eso dijo que no sorprende que después de escuchar los discursos de todos los partidos a favor de la reforma constitucional de “Paridad en Todo”, aprobada en 2019, ahora las mujeres se enteran de que “en todo” no abarca a las gubernaturas.
Bonifaz Alfonzo, quien hace unos días fue electa como experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, agregó que a pesar de que hace 101 años las mujeres exigían el derecho al sufragio, sólo nueve mujeres han gobernado, lo que implica que los partidos políticos siguen buscando candidatos hombres a pesar de tener mujeres capacitadas.
La abogada señaló que las acciones para lograr la paridad, que van a afectar a un grupo de personas temporalmente, en este caso a hombres que no serán nominados, no constituyen discriminación y criticó que los partidos lleven años recibiendo financiamiento público para capacitar y formar liderazgos de mujeres. Es decir, dijo que los partidos ya deberían estar viendo cómo cumplir con las candidaturas.
INE no legisló; interpretó la Constitución
Al participar en este foro, el director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Jose Luis Caballero Ochoa, dijo que el INE es garante de los derechos y el artículo 35 constitucional es claro al señalar que la ciudadanía tiene derecho a ser votada, en condiciones de paridad, a todos los cargos de elección popular, por tanto la autoridad electoral interpretó esa norma.
Sin embargo, expuso que las impugnaciones indican que la Constitución no se aplica de forma directa, con lo cual no coincidió. El académico aseguró que los preceptos de la Carta Magna no sólo se bajan a legislaciones secundarias, también se interpretan en relación con un bloque de derechos y se aplican. Agregó que la paridad es una medida para sacar a las mujeres de la infra-representación de un cargo como las gubernaturas.
En su oportunidad, el maestro en Derecho, Santiago Corcuera Cabezut, mencionó que no se puede alegar que la paridad sea una restricción a los derechos de los varones , “quien afirma esta necesita ir al psicólogo”, dijo. El académico de la Universidad Iberoamericana señaló que la Constitución ya establece la prohibición de la discriminación en razón de sexo o género, por tanto el acuerdo del INE es constitucional porque beneficia aun grupo cuya participación política está rezagada.
Explicó que la paridad no tiene por objeto menoscabar los derechos de los hombres sino balancear la situación y acelerar la participación de las mujeres. Corcuera dijo que este principio no se puede entender como discriminación hacia los hombres sólo porque los políticos se sienten ofendidos porque les están quitando su espacio de poder.
En el encuentro también participó el ministro en retiro, José Ramon Cossío Diaz, quien consideró que los artículos 35 y 41 constitucional indican que debe prevalecer la regla general de paridad en todos los cargos. Además, señaló que en el decreto publicado en junio de 2019 con la reforma sobre “Paridad en Todo”, incluye un artículo transitorio que estableció que para 2021 ya deberían existir las condiciones para hacer posible la paridad.
Por tanto, Cossío dijo que quienes están en contra de las medidas acordadas por el INE están generando “un problema gigantesco” donde no lo hay. Para el constitucionalista, se trata de un problema auto-generado, de acomodos políticos y de un falso dilema porque es muy claro que la Constitución establece que los partidos deben postular candidaturas a las gubernaturas en condiciones de paridad.
Monreal causó un debate sin sentido
Con estas exposiciones coincidió la abogada Patricia Olamendi Torres, quien señaló que los argumentos de las impugnaciones son “misoginia y machismo” y sin fundamentos de peso. Dejó ver que este debate se trata de una discusión sin sentido causada por el enojo del senador morenista Ricardo Monreal, quien desde el primer momento se manifestó en contra del acuerdo sobre paridad en gubernaturas.
Olamendi Torres destacó que el INE generó las medidas que no desarrollaron los actores políticos, por esa razón este 17 de noviembre un grupo de mujeres presentó un documento con argumentos jurídicos para respaldar el acuerdo del INE y asegurar la igualdad en la participación política del próximo proceso electoral. Señaló que las mujeres en México han construido su ciudadanía y así lo seguirán haciendo.
Finalmente el abogado Emilio Rabasa destacó que sin acciones afirmativas no se hubiera logrado aumentar la presencia de mujeres en ayuntamientos, congresos locales y en el Congreso federal. Expuso que las reformas y movilizaciones de mujeres fueron necesarias para hacer posible una nueva realidad, por tanto afirmó que el pronunciamiento del INE se justifica desde un punto de vista social y político.
Las y los panelistas coincidieron en que ni siquiera es necesario tener una legislación secundaria en materia de paridad para que los partidos políticos cumplan su obligación y postulen mujeres como candidatas a las gubernaturas; y señalaron que ningún acuerdo político puede usarse para no atender esta disposición constitucional.
20/AGM/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“
García Martínez, A. (2020). Patriarcales, argumentos contra paridad, afirman expertas. CIMAC Noticias. Recuperado el 19 de noviembre de 2020 de: https://cimacnoticias.com.mx/2020/11/18/patriarcales-argumentos-contra-paridad-afirman-expertas
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, hoy, elevar a rango constitucional el Sistema Nacional de Cuidados, con 329 votos. Se trata de una reforma cuyo eje es la corresponsabilidad del Estado, el mercado, la comunidad, las familias, los hombres y las mujeres para hacer efectivo el derecho a los cuidados del nacimiento a la vejez como de interés público. Empuja la importancia de que las mujeres se incorporen al mercado, se desarrollen y tengan derechos efectivos.
En la sesión de esta tarde, donde sólo estuvieron 329 congresistas de las 500 curules, en la discusión las diputadas dijeron que la reforma rompe la división sexual del trabajo, puede significar un cambio de paradigma, es un asunto de trascendencia que reconoce la contribución de las mujeres a la economía, el soporte social, en toda la vida y especialmente en la crisis sanitaria, da paso la igualdad sustantiva, desfeminiza las tareas cotidianas del cuidado de niñas, niños, personas mayores, discapacitadas o con necesidades específicas, las cuidadoras de siempre podrán tener remuneración y reconocimiento.
La reforma modifica y adiciona el artículo 4º y 73 de la Constitución de la República; deberá entrar en vigor al día siguiente de su publicación y obliga a expedir una Ley General para el Sistema Nacional de Cuidados, en máximo 6 meses.
El cambio constitucional obliga al Estado a crear el sistema, una ley, políticas públicas y financiamiento para que el Sistema sea una realidad y no, como ahora, se caiga en el doble discurso del gobierno actual, que reconoce la igualdad, pero desaparece guarderías y escuelas de tiempo completo. Afecta a las más pobres, a las trabajadoras. Y disminuye recursos de apoyo a las trabajadoras, aunque venera a las madres.
También, dijeron las diputadas, al apuntalar el voto unánime, que se reconoce el derecho de todas las personas, de la infancia a la vejez, a tener cuidados, pero ahora bajo el signo de la corresponsabilidad, especialmente del Estado. También manifestaron su temor a la demagogia y que la ley sea papel mojado.
El Sistema, -que deberá crearse- será pionero en la región latinoamericana, no requerirá la creación de un aparato burocrático y en cambio deberá desarrollar políticas públicas, y contar con presupuesto, para que sea real, no quede en el papel, como dijeron la priista María Muñoz Castillo y Gloria Romero León de Acción Nacional.
En la sesión los discursos de las legisladoras dejaron en claro que ahora hay un impulso a la igualdad sustantiva, como un cambio de paradigma, que ha mantenido por siglos la idea de que solamente las mujeres deben hacer los cuidados, que ahora, no remunerados, aportan el 24 por ciento de la riqueza nacional.
Se reconoció, especialmente, el apoyo y sostén de las mujeres a la vida de las familias confinadas por la emergencia sanitaria y apareció claramente qué son los cuidados, como dijo la diputada Martha Tagle, están visibles. Quién hace las tareas de cuidado, quien elabora los alimentos, lava, plancha, cuidad enfermos, asiste a niñas y niños en la educación; quién se hace cargo de las personas mayores y siempre están invisibilizadas.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, durante más de un año estudió 7 iniciativas, la mayoría propuestas por diputadas de Morena y el Partido Movimiento Ciudadano, llegó a un acuerdo, con un dictamen, que aprobó el pleno este miércoles, pasará al Senado para su ratificación.
Previamente se realizó un Parlamento Abierto, celebrado el pasado 29 de mayo donde especialistas y sociedad civil expusieron sus puntos de vista.
En la sesión camaral, la discusión comenzó después de las 5 de la tarde, cada partido hizo su posicionamiento a favor. Y en todos los discursos se habló del valor de la tarea doméstica que ahora es doble para las mujeres, quienes encima ponen en riesgo su vida, su dignidad, su tiempo y en la Cámara menudearon la descripción de la vida diaria de las mujeres, limitadas en su desarrollo, con falta de tiempo, expuestas a perder la vida y con innumerables violaciones a sus derechos humanos.
Abre la posibilidad de que las mujeres dejen de hacer el 80 por ciento del trabajo doméstico. Hablaron las diputadas de todos los partidos, sólo Morena, mayoría en el Senado, tuvo 4 participaciones y dos las demás.
Las mujeres aportan a la riqueza nacional
Hoy las mujeres que realizan trabajo no remunerado de cuidado a otras y otras, aportan casi el 25 por ciento del Producto Interno Bruto PIB, en dobles y triples jornadas de trabajo, donde la de cuidados históricamente no pagada, es además no reconocida, y a las mujeres se les considera sólo dentro de la familia y no como personas productivas y con derechos.
El dictamen, aprobado hoy, que se tomó la tarde de este miércoles y fue resultado de un análisis en todas las aristas, incluso aquellas que tienen que ver con el derecho humano a ser cuidado o cuidada en la infancia, la enfermedad, la edad avanzada y la discapacidad; complementa los principios de igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento a éstas que son más que familia, con derecho a su tiempo libre y su desarrollo, sin poner en riesgo su vida y su salud e incorporarse al trabajo productivo.
Se reforma el párrafo noveno adiciona un párrafo último al artículo 4º, y adiciona la fracción XXX-A al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:
Toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, así como a cuidar. El Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado, así como la libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera, y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses.
Para garantizar el derecho al cuidado digno se implementará el Sistema Nacional de Cuidados, que incluye sus dimensiones económica, social, política, cultural y biopsicosocial, así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes razonables, accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad.
La ley establecerá la concurrencia de la Federación, Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el sistema nacional de cuidados. Tendrán prioridad en dicho sistema las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas, niños, adolescentes y personas mayores, quienes vivan en condiciones de extrema pobreza, y las personas que realicen actividades de cuidado de las anteriores sin remuneración alguna.
La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, quien presentó una de las 7 iniciativas, sostuvo en el pleno, con reserva, que faltan algunas puntualizaciones que deben eliminar las visiones asistencialistas y dijo que el Estado debe garantizar, claramente, las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho al cuidado digno, el reconocimiento, valoración y remuneración justa para quienes lo hacen.
Dijo que el establecimiento de ese Sistema Nacional de Cuidados que tendrá como principio rector la corresponsabilidad y el marco de la Ley Reglamentaria deberá asegurar políticas públicas que propicien una redistribución de las tareas de cuidado entre el Estado, la comunidad y el mercado, entre las familias y entre mujeres y hombres, para superar la histórica y desigual de la división sexual del trabajo.
En México aproximadamente 90 millones de personas mayores de 12 años realizan labores de cuidados en sus hogares sin recibir remuneración; del total de las horas que son destinadas a los cuidados el 71 por ciento lo realizan las mujeres, afectando sus oportunidades laborales. De acuerdo con datos del INEGI, en 2018 el valor económico de trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un valor equivalente al 23.5 por ciento del Producto Interno Bruto PIB nacional, un equivalente a mil 756 millones 829 mil pesos.
Las mujeres por el trabajo de cuidado se ven obligadas a emplearse en la informalidad y son responsables únicas de más de 10 millones de niñas y niños de cero a 5 años, quienes, en el 80 por ciento, no tienen acceso a guarderías.
La diputada Martha Tagle Martínez sostuvo que el Sistema Nacional de Cuidados, será una respuesta al cambio en las familias mexicanas, ya que una de cada tres personas necesitan cuidados, es decir el 34.6 por ciento de la población; el 10 por ciento de la población tiene más de 75 años y el 75 por ciento de las mujeres son responsables de los cuidados para esta población, sólo en el 25 por ciento participan los hombres.
Se discutió igualmente que en el ámbito económico estamos en un momento crucial de recesión económica y que en los próximos años la pirámide poblacional se verá invertida, habrá mucho más personas mayores, por lo que si se quiere tener un crecimiento productivo éste debe venir acompañado del empoderamiento económico de las mujeres.
Asimismo, es necesario crear este Sistema para lograr un aumento de la productividad y un impacto importante en la reducción de la violencia contra las mujeres, en general y así poder construir la paz.
Para que funcione este Sistema debe tener un Impacto socioeconómico, es decir, permitir la participación económica, social y cultural de las mujeres en igualdad. Además el sistema debe estar alineado con los principios de la economía, dándole valor económico a las actividades relacionadas con cuidados.
Si no se reparte equitativamente la labor de cuidado, sostiene Inmujeres, nos espera un futuro con muchas personas que no podrán recibir los cuidados adecuados.
Hoy se sabe que el 48 por ciento de las personas que cuidan a otras personas, tienen problemas de salud y, de esos casos, el 62 por ciento se dio con posterioridad a realizar las labores de cuidado.
De perspectiva de género, esta reforma, impacta en la despatriarcalización de la política y la economía de cuidados, para desfeminizar el trabajo doméstico, se de accesibilidad, en el sentido de que todas las personas accedan y ejerzan sus derechos, incluido el Derecho al Tiempo Propio.
Tagle Martínez expresó que sin detrimento de la propuesta dictaminada que hoy se votó, planteó algunas precisiones necesarias, ya inscritas en la iniciativa que presentó y que fue dictaminada, previamente, por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Por una parte, es necesario hacer explícito en nuestra Constitución que, como parte del derecho al cuidado digno, la corresponsabilidad sea el eje rector, al igual que dicha corresponsabilidad involucra al Estado, la comunidad, el mercado, las familias, las mujeres y los hombres. Para superar la histórica y desigual de la división sexual del trabajo que afecta particularmente a las mujeres, se necesita que todos aquellos actores de la sociedad que se han deslindado de la responsabilidad de los cuidados -gracias a la división sexual del trabajo y al pacto patriarcal- sean corresponsables, para propiciar que estas tareas dejen de asignarse injustamente a las mujeres en nombre de mandatos socioculturales que terminan por justificar el desapego y abandono que va desde los hombres hasta el Estado, pasando por las comunidades y el mercado. De no establecer claramente el eje rector de la corresponsabilidad, se corre el riesgo de generar un sistema que termine por administrar, mantener y reproducir que las mujeres sigamos a cargo de los cuidados.
Por otra parte, la distribución y responsabilidad de los cuidados han sido consideradas social y culturalmente como algo que atañe únicamente a cada familia y a los arreglos que se dan dentro del espacio doméstico y el ámbito privado. Por ello, es necesario establecer que corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho al cuidado digno, para su reconocimiento, valoración y remuneración justa, a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados y un marco legal y de políticas públicas que propicien esa redistribución corresponsable.
Finalmente, propuso y se aceptó, la modificación al último párrafo de la propuesta de modificación al artículo 4º Constitucional antes dictaminado. Ese artículo se busca convertirlo en un artículo transitorio y que su redacción asegure un enfoque de derechos humanos.
En lo concerniente a que sea transitorio, esto se debe a que la mención de los grupos que tendrán atención “prioritaria”, puede establecerse en los aspectos operativos que eventualmente se definan para el sistema nacional de cuidados a través de otros instrumentos -no la Constitución-, al igual que los cuidados son una necesidad de todas las personas sin excepción y su satisfacción es un derecho, por lo que las condiciones y situaciones asociadas al ciclo de vida, condiciones o circunstancias no vuelve al cuidado como prioritario o exclusivo de ciertos grupos, sino que en su lugar demanda que los medios por los que el Estado garantice el ejercicio de este derecho sean universales, accesibles, asequibles, pertinentes, suficientes y de calidad.
Lo anterior reafirma la necesidad de asegurar el enfoque de derechos humanos, pues no es posible que en el artículo 1º de la Constitución se reconozcan los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos, mientras que en la propuesta de redacción del sistema nacional de cuidados se coloque el último párrafo con un enfoque asistencialista al señalar cuáles grupos son prioritarios.
Por ello, es de aceptarse, como se aceptó, propiciar la cultura de derechos humanos, que sí reconozca la importancia de satisfacer las necesidades prácticas e intereses estratégicos de todas las poblaciones en función de sus características y condiciones, pero no desde un enfoque asistencialista que jerarquiza a las personas en nombre de una “priorización”.
“El presente artículo es propiedad de Servicio Especial de la Mujer”
Lovera, S. (2020). Aprueba la Cámara de la Paridad el Sistema Nacional de Cuidados. ServicioEspecial de la Mujer. Recuperado el 19 de noviembre de 2020 de: https://www.semmexico.mx/?p=28635
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 21 de septiembre de 2020. Foto Cuartoscuro
Angélica Enciso y Alonso Urrutia | La Jornada
Ciudad de México | Lunes 21 Septiembre del 2020 | 09:46
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprueba la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, ya hay investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Confió en que la Corte avale su propuesta ya que se planteó conforme a la Constitución.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario precisó que “no es presionar a nadie. Es apego estricto a la legalidad. Así esta el artículo 35 de la constitución y la ley en la materia. Hice mi escrito con apego a ese marco legal. No veo que haya ningún obstáculo”. Agregó que la consulta, de acuerdo con la Constitución, “es sobre asuntos trascendentes. Este es un asunto trascendental”.
Descartó que para este tema se requiera el establecimiento de una Comisión de la Verdad. Sostuvo que falta poco para conocer la resolución de la Corte y precisó que no hace falta que intervenga el Ejecutivo.
“El proceso que se solicita, implica respetar lo establecido por la ley y garantizar el derecho a la defensa. Inclusive hay convenios que México ha suscrito para que se considere como defensa de derechos humanos que no haya abusos de autoridad y que se garanticen los derechos civiles y democráticos de los ciudadanos. No hay violación de derechos humanos, si se solicita una consulta”, explicó.
Consideró importante que se realice una encuesta para que se tengan elementos sobre lo que opina la gente, si quiere o no consulta sobre este tema. “No tenerle miedo al pueblo. Que el pueblo mande”. Propuso que “se hagan encuestas preguntando a la gente, para que al momento de decidir, los ministros tengan esos elementos”.
Se refirió a que hubo diferencias con otro juez porque bajo el argumento de que esta mal la presentación de una denuncia liberó a presuntos delincuentes dedicados al robo de combustible en un barco. Vamos a proceder para que la judicatura actúe. “Pero a lo mejor ese juez piensa que es como antes y que nadie se va a enterar o que con la cantaleta de que esta mal integrado el expediente con eso se tiene la excusa para liberar a presuntos delincuentes. Ya no es lo mismo”.
Añadió: “creo que también por eso no quieren que haya mañaneras. Si no ¿cómo informamos? Nos cercan, nos encapsulan, nada más a golpearnos y mantener el régimen corrupto, lo mejor es que haya transparencia, que la gente tenga información para que siga cambiando la mentalidad del pueblo”.
