En la jornada del próximo domingo se espera que más de 90 millones de ciudadanos asistan a las casillas y se busca prevenir y evitar el uso inadecuado de sus datos personales.
Recomendaciones para evitar robo de datos personales
No compartir la credencial de elector con personas ajenas a las y los funcionarios de casilla.
Evitar la publicación de fotografía de la credencial de elector en redes sociales y/o plataformas de mensajería instantánea.
No difundir fotografías con el rostro de otras personas sin su consentimiento.
Si se desea mostrar la marca indeleble en el pulgar, no exponer la huella dactilar.
Al participar en una encuesta que requiera datos personales, exigir el Aviso de Privacidad, para conocer cómo se protegerá la información personal recabada.
Esto, al considerarse las elecciones históricas por los más de 20 mil cargos a elegir, entre gubernaturas, diputaciones federales y locales, alcaldías, ayuntamientos y regidurías.
Además, puso a disposición de la ciudadanía el número (800 835 4324) en donde recibirá cualquier denuncia o queja por el uso indebido de sus datos personales.
El presente artículo es propiedad de Publimetro.
Jenifer Alcocer Miranda (2021) Llama INAI a cuidar datos personales previo a las elecciones. Publimetro. Recuperado el 3 de Junio del 2021 en: https://www.publimetro.com.mx/mx/elecciones/2021/06/03/llama-inai-a-cuidar-datos-personales-previo-a-las-elecciones.html
Un estudio regional realizado por Colegio de Abogados de Nueva York ubicó a México con una calificación casi reprobatoria en la implementación de sus políticas anticorrupción debido a la falta de aplicación de las leyes en la materia, de independencia de las autoridades anticorrupción y una baja capacidad institucional.
Con una calificación final de 5.51 puntos, donde cero es el puntaje más bajo y diez el más alto, nuestro país se posicionó – entre ocho países de la región- en el antepenúltimo lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020.
“A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México destaca por la falta de implementación de la norma derivada de una baja capacidad institucional y una alta influencia política en autoridades anticorrupción”, afirma el documento.
Los expertos participantes en el informe advierten que a pesar de que una de las banderas de la administración actual es la lucha contra la corrupción, la voluntad política tiene mucha influencia en este aspecto, pues mencionaron que “existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de funcionarios actuales”.
Aunado a que se identificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un órgano eficaz para la prevención de la corrupción a través de las políticas de transparencia, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la menos eficaz.
El documento añade que aunque en México existen mecanismos de prevención de la corrupción, por ejemplo, en contrataciones públicas, “la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas, lo cual es un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción”.
Asimismo, los abogados calificaron como baja la capacidad institucional de los organismos públicos facultados para prevenir, investigar, y perseguir actos de corrupción. Mientras que en el sector privado, se encontró como una debilidad la falta de obligatoriedad de programas de cumplimiento y políticas anticorrupción de las empresas.
El estudio también evaluó la implementación de políticas anticorrucpión de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú, entre los cuales destacaron Chile, que obtuvo la calificación más alta, y Guatemala, que consiguió la más baja. Los abogados consultados para el estudio trabajan en diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
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Especialistas coincidieron en que el padrón agravaría el problema de 40 millones de personas sin acceso a las tecnologías de la información en un país donde, además, el 70% de las líneas son de prepago.
Padrón Foto: Pexels
Forbes Staff | Forbes
—– | Martes 11 de Mayo del 2021 | 5:51pm
EFE.- Hasta 30 millones de mexicanos podrían quedarse sin acceso a un celular por el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) que exige compartir los datos biométricos con los proveedores y el Gobierno, estimaron este martes especialistas.
“Nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 30 millones de mexicanos pueden quedar desconectados por esta iniciativa”, indicó Jorge Fernando Negrete, presidente de la firma Digital Policy & Law Group en un foro virtual de la asociación civil Causa en Común.
Los panelistas abordaron la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada el 17 de abril, que crea el padrón con el número de línea, fecha de activación, nombre del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, como la huella digital y el iris.
Los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, han defendido el padrón con el argumento de que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.
Pero la reforma está suspendida de forma indefinida desde el 27 de abril por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que considera que la norma viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos.
Además, el padrón agravaría el problema de 40 millones de personas sin acceso a las tecnologías de la información en un país donde, además, el 70% de las líneas son de prepago, argumentó Negrete.
“Lo único que está estimulando esta iniciativa es que exista un mercado negro de contenedores con toneladas de (tarjetas) sims que van a llegar acá a acelerar el proceso de transformación digital de la delincuencia organizada”, aseguró el experto.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el 27 de abril que presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
María Elena Morena, presidenta de Causa en Común, aseveró que solo 17 países de corte “autoritario”, como Venezuela, China, Nigeria y Paquistán, exigen los biométricos a los usuarios.
“Un padrón con estas características puede ser una catástrofe, especialmente para los más pobres, además es solo propio de dictaduras”, manifestó.
La activista de seguridad calificó de “absurda” la justificación de combate al crimen organizado por el riesgo de “mal uso, descuido o corrupción de las empresas o del Gobierno”.
En ese coincidió Max Kaiser, presidente de la comisión anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Nuestro miedo está plenamente justificado, es decir, por todos estos elementos de contexto, del momento político que vivimos, nuestro miedo a que esta medida legislativa que pretende invadir la esfera de privacidad de las personas es una medida peligrosa”, señaló.
El presente articulo es propiedad de Forbes.
Forbes Staff (2021) Padrón biométrico podría dejar sin celular a 30 millones de mexicanos: especialistas. Forbes. Recuperado el 11 de Mayo del 2021 en: https://www.forbes.com.mx/padron-biometrico-podria-dejar-sin-celular-a-30-millones-de-mexicanos-especialistas/
El ejercicio y la tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el estado de Oaxaca podría estar en riesgo por la desaparición del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP) y el hecho de que no se prevea un plazo transitorio para la instauración del nuevo organismo, advirtió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El Congreso de Oaxaca aprobó el miércoles pasado la iniciativa por la que se modifican diversas fracciones del apartado C, del artículo 114 de la Constitución Política del Estado y da paso a la creación del “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”, que sustituirá al IAIP.
Las Comisionadas y los Comisionados del INAI consideraron que el dictamen aprobado podría atentar contra la democracia e implicar violaciones a los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales en la entidad federativa.
Además de dejar a la deriva estos dos derechos fundamentales, quedan en incertidumbre jurídica la Institución, su personal, así como la Comisionada y el Comisionado que integran el Pleno del órgano garante de Oaxaca, añadieron.
La función principal de los órganos garantes es promover y tutelar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, tal como lo establecen la Constitución federal y la Ley General de Transparencia, dijeron las y los consejeros.
Señalaron que los órganos garantes del país, integrados en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), son resultado de la lucha y la exigencia social por acceder a la información del gobierno, demandar rendición de cuentas y vigilar su actuar.
Por último, el INAI dijo que los órganos constitucionales autónomos, a nivel federal y local, están inmersos en un esquema de división de poderes, en el que existe una relación recíproca de colaboración entre todos los entes públicos y, a su vez, de limitación entre unos y otros, con lo cual seconstituye el sistema de pesos y contrapesos.
Imagen: Cuartooscuro
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El índice de recurrencia, que compara las quejas frente a las solicitudes que se presentan, llega al nivel más alto de los últimos cinco años, según informe del INAI. La presidencia registra sus niveles más bajos de cumplimiento en dos décadas.
Las quejas de los ciudadanos por la falta de información en las respuestas a solicitudes de transparencia en el actual sexenio van en ascenso. En comparación con lo que se registraba hace cinco años, el promedio de recursos de revisión promovidos ante el INAI en el periodo de octubre de 2019 a septiembre de 2020 se elevó más de 56%.
El Poder Ejecutivo —junto con los sindicatos— son los entes más opacos, y la oficina de la Presidencia en específico se encuentra en los niveles más bajos de acceso a la información pública desde 2003.
El documento de más de 400 paginas muestra que si bien, en términos generales la mayor parte de las solicitudes se siguen respondiendo y que el promedio de respuesta se ha reducido de 12 a 11 días, lo que se ha elevado es la inconformidad de los peticionarios por la poca o nula cantidad de información que se entrega.
De acuerdo con el informe, de octubre de 2019 a septiembre de 2020 se presentaron a nivel federal un total de 237 mil 62 solicitudes de información, de las cuales, 195 mil 995 fueron respondidas en el periodo señalado.
Sin embargo, en 31 mil 557 respuestas la dependencia no entregó la información que se le pidió con argumentos como que los datos eran confidenciales, que no era competencia suya, o que era inexistente.
En ese mismo lapso el INAI recibió 14 mil 509 recursos de impugnación promovidos por ciudadanos inconformes con las respuestas que recibieron de las dependencias, lo que equivale al 6.1% de todas las solicitudes recibidas. Es lo que el Instituto denomina como “índice de recurrencia”.
Dicho índice de recurrencia es ligeramente superior al registrado en el periodo anterior (octubre 2018 a septiembre 2019) que fue de 6.0. Pero ambos índices, que en su mayoría corresponden al actual sexenio, son los más altos de los cinco años en los que se hace esta medición.
En comparación con el periodo de octubre de 2015 a septiembre de 2016, donde el índice de recurrencia fue de 3.9, se trata de un incremento del 56%.
Los datos cobran mayor relevancia si se toma en cuenta que la mayoría de los casos recurridos ante el INAI son ganados por los ciudadanos, lo que permite a dicho Instituto revocar las respuestas de las dependencias y ordenarle que busque y entregue la información solicitada. De los 9 mil 182 recursos de revisión resueltos en el último año, en 5 mil 954 – que equivalen al 64.5% – los comisionados le dieron la razón a los peticionarios.
Entre la información que se había negado a los ciudadanos y que el INAI ordenó que sí fuera entregada destaca las averiguaciones previas por las desapariciones en San Fernando Tamaulipas y Cadereyta Nuevo León; las operaciones facturadas de diversas empresas fantasma; o diversos datos de la construcción e inversión en el Aeropuerto Felipe Ángeles.
El informe del INAI también calcula el denominado “índice de acceso a la información”, que evalúa cuántas solicitudes de información fueron respondidas de acuerdo con el parámetro que marca la ley. El promedio en el último año fue de 97.6%, ligeramente superior al 97.4% registrado un año antes, pero por debajo de los registrado entre 2015 y 2018.
Más opaco que los fideicomisos
El INAI también analizó el nivel de cumplimiento de los distintos entes federales en cuanto a sus obligaciones de transparencia. Mide qué tan completa es la información que están forzados a transparentar proactivamente, sin que nadie la solicite, de acuerdo con las leyes Federal y General en materia de Transparencia. Esto incluye desde directorios y nóminas hasta contratos.
Lo que el informe muestra es que en el último año el Poder Ejecutivo tiene un porcentaje de cumplimiento de sus obligaciones del 93.8%, que es el segundo más bajo solo detrás de los sindicatos que reportan un 78.9%.
Con un mejor desempeño en cuanto a cumplimiento de sus obligaciones se encuentran el Poder Judicial y el Poder Legislativo con un 100% de ellas cubiertas. Le siguen los partidos políticos con un nivel de cumplimiento del 98.5%.
Incluso los fideicomisos, varios de los cuales fueron extinguidos el año pasado bajo acusaciones de ser opacos, presentan un mejor desempeño que el Ejecutivo en su índice de cumplimiento con un 98%. Los organismos autónomos, también criticados por el gobierno, presentaron un nivel de cumplimiento del 96.3%.
El informe del INAI incluye en sus anexos un índice de acceso a la información pública desagregado por cada dependencia obligada a transparentar su información. Y que la ley define como sujetos obligados.
La estadística muestra que, en el caso de la Oficina de la Presidencia de la República, en los últimos dos años ha registrado un nivel de cumplimiento de 93.5 y 94.4%. Se trata de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Entre 2013 y 2018 dicho porcentaje nunca había bajado del 95%.
La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, ha presentado en los últimos dos años índices de acceso a la información pública de 93.1 y 94.8%. Son sus niveles más bajos desde 2013 cuando registró 92%.
Más de 370 amparos contra el INAI
El informe también muestra que, en los dos primeros años del actual sexenio, el gobierno federal ha promovido 371 juicios de amparo en contra de resoluciones del INAI en las que se le instruye dar a conocer alguna información. De ellos 211 fueron presentados en 2019 y otros 160 en 2020.
Se trata de una tendencia a litigar en contra de resoluciones de transparencia que proviene de años anteriores y que se ha mantenido en el sexenio actual. En 2016, por ejemplo, se promovieron 113 demandas de amparo, mientras que en 2017 se presentaron 292 y en 2018 el registro fueron 206.
Aunque el 72% de las sentencias provenientes de dichos amparos terminan siendo favorables para el INAI, con ello se logra retrasar el cumplimiento en la desclasificación de información. Un ejemplo de ello ha sido el caso Odebrecht.
Hombres y empresarios, los que más preguntan
El INAI analizó los perfiles de las personas que en el último año promovieron solicitudes de información a nivel federal y concluyó que los hombres son los que más preguntas mandan en una proporción considerable, y que los empresarios son los que más peticiones mandan superando a académicos y periodistas.
En el tema específico del sexo, del total de lo solicitantes de información el 62.9% son hombres y el 37.1%son mujeres. Es una proporción de casi 2 a 1. En cuanto al rango de edad, casi el 30% de los solicitantes se ubican entre los 30 y los 39 años.
El informe alerta de la asimetría que persiste en cuanto a hombres y mujeres que presentan solicitudes de información, sobretodo si se toma en cuanto que a nivel demográfico la población femenina es mayor.
En cuanto a la ocupación de los solicitantes, el INAI llama la atención en el crecimiento de aquellos que dicen ser empresarios, al pasar de 19.2 a 28.7% en los últimos dos años. En cambio, los académicos bajaron de forma sensible del 38.7 al 26.3%.
Lo anterior provoca que ahora sea el ámbito empresarial del que proviene la mayor cantidad de solicitudes de información en el último año, desplazando a los académicos. En tanto los periodistas se ubicaron en el tercer sitio con un 10-5%, nivel muy similar al del año anterior.
En contraste, el informe muestra que de sectores como el de amas de casa proviene solamente el 2.1% de las solicitudes, mientras que de los sindicatos el porcentaje es de apenas 0.2%.
“El presente artículo es propiedad de Animal Político“
Angel, A. (2021). Con AMLO crecen 56% las quejas por falta de datos en respuestas de transparencia. Animal Político. Recuperado el 24 de febrero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/02/amlo-crecen-quejas-falta-datos-transparencia/
Tres iniciativas de ley se presentarán esta semana en materia de ciberseguridad y regulación de redes sociales para ser discutidas en el Congreso.
Rubén Vázquez | Forbes
—— | Jueves 11 de Febrero del 2021 | 7:00 am
Todas las propuestas podrían entenderse como un solo documento que se complementa, no obstante, como en cualquier proyecto de ley, pueden tener varas lecturas y discutirse desde varias aristas.
La primera propuesta es la Reforma al Art. 73 Constitucionalque, en esencia, faculta al Congreso para legislar en materia de ciberseguridad y protección de los derechos humanos en el ciberespacio. De primera vista no parece gran adición, sin embargo, la exposición de motivos es lo que puede causar extrañeza, ya que se plantea dentro del marco de la seguridad nacional a la ciberseguridad, los delitos cibernéticos, la difusión de noticias falseadas, el acoso cibernético y los derechos de los usuarios de las redes sociales, fenómenos todos de naturaleza diferente y con diferentes alcances.
La otra propuesta es la adición y reforma de diversas disposiciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que presentó el senador Ricardo Monreal y cuyo enfoque va hacia la regulación de las redes sociales. Los puntos por destacar de la iniciativa es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá diversas facultades para salvaguardar los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información los usuarios de las plataformas digitales y no la CNDH o el INAI.
Además, las plataformas digitales relevantes, definidas como aquellas que tengan más de un millón de suscriptores, deberán pedir permiso al IFT para operar en el país y presentar una solicitud que la institución avalará o renovará según el caso. En un entorno globalizado y con una digitalización acelerada por la pandemia, esto más bien se aprecia como un obstáculo o una medida coercitiva, más que una defensa de los usuarios. Al momento, no hay antecedentes de que en países democráticos las redes sociales tengan que pedir permiso al Estado para ofrecer sus plataformas.
Por otra parte, tal circunstancia obligaría a diferentes plataformas a solicitar permiso al IFT. Así desde Pinterest hasta OnlyFans o Twitch sólo por citar algunas, estarán obligadas a tener un permiso del instituto.
Por otra parte, se establece que las redes no podrán cambiar los términos de su servicio sin autorización del IFT. Ello desata la pregunta sobre cómo afectaría al modelo de negocios de las redes sociales, puesto que sus algoritmos de distribución de contenidos o ciertas reglas comunitarias sobre la pertinencia de estos cambian de manera constante para hacer más eficiente la publicidad que se ofrece. Por ello, de nueva cuenta la duda reside en si un algoritmo podría considerarse sólo una fórmula matemática que no puede ser propiedad de una empresa o bien, si ese mismo conjunto de operaciones puede considerarse una ventaja competitiva (know how) y, por tanto, mantenerse en secreto.
Una propuesta interesante es la creación de un procedimiento interno de impugnación. Así las redes sociales no podrán suspender de forma definitiva una cuenta a través sólo de algoritmos, sino tendrán que dar respuesta personalizada en un lapso no mayor a 24 horas. Para muchas MiPyMEs representaría una excelente forma de gestión de sus cuentas digitales, ya que, de manera automatizada, se han llegado a cerrar cuentas permanentemente porque los robots consideran que se ha infringido alguna regla.
Por último, está la propuesta de la Ley Federal de Protección al Usuario Digital, encaminada a crear una serie de condiciones para salvaguardar los derechos de los usuarios de las plataformas digitales que, de nueva cuenta, caerían sobre el IFT y no sobre las instancias creadas para tal efecto.
En la propuesta, se resalta el Art. 19 que exime a las plataformas digitales de cualquier responsabilidad por el uso que puedan dar los usuarios. En esencia, es similar al Art. 230 de la Ley de Decencia en Comunicaciones de Estados Unidos y que, en buena medida, s el artículo que ha provocado intensos debates sobre la responsabilidad de las redes sociales. La discusión internacional trata de redefinir el papel de las empresas de redes sociales en la vida pública de las naciones, puesto que han creado un espacio de interacción social que tiene grandes efectos en la política, las elecciones, el entretenimiento, los movimientos sociales entre muchas otras situaciones.
Además, se señala que el IFT podrá nombrar agentes con poder sustancial en el sector digital, incluso por la cantidad de usuarios que tiene una red social. Ello implicaría la creación de leyes asimétricas que podrían aplicarse a ciertas plataformas, sin embargo, es complicado definir el para qué. En todas las propuestas se habla de regular las acciones que suceden en el ciberespacio como si se tratara del espacio radioeléctrico que pertenece a la nación, sin embargo, se trata de un constructo extraterritorial y soberano que no tendría que obedecer a regulaciones locales. Lo más conveniente, en todo caso, sería crear acuerdos supranacionales que les permitieran a las plataformas una autorregulación basada en el respeto a los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.
Las propuestas de regulación son pertinentes, no obstante, lo deseable sería que las propias plataformas crearan códigos de ética y autorregulación que comprendieran los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información definidos en acuerdos internacionales y supraterritoriales y no necesariamente circunscritos a las necesidades locales del Estado.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
El presente artículo es propiedad de Forbes.
Rubén Vázquez (2021) Las leyes que regularán a las redes sociales. Forbes. Recuperado el 12 de Febrero del 2021 en: https://www.forbes.com.mx/economia-actividad-industrial-diciembre-construccion-sin-levantar/
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El logotipo del INAI en sus oficinas en la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez / Archivo
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) deberá entregar sin cobro alguno copia certificada en náhuatl de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como Convención de Belém do Pará.
Así lo resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en respuesta a una queja de un solicitante, que había pedido el documento al Inmujeres de manera gratuita, argumentando no tener recursos para pagar la expedición de la copia y su envío.
En respuesta,el Inmujeres señaló que la solicitud se turnó al Comité de Transparencia, el cual determinó no validar el impedimento señalado por la persona solicitante para no cubrir los costos, argumentado que la manifestación en donde expresa las razones por las cuales no puede cubrir los gastos, no lo realizó bajo protesta de decir verdad, un requisito establecido en los lineamientos de los procedimientos internos de atención a las solicitudes de acceso a la información pública.
Sin embargo,a fin de garantizar el acceso a la información y transparencia de la gestión pública, decidió exentar los costos de reproducción de la copia certificada; requiriendo únicamente al solicitante cubrir el costo del envío, con opción de que pudiera acudir a la Unidad de Transparencia para recoger la información sin costo alguno, una vez que las condiciones por la pandemia lo permitan.
El pleno del Inai instruyó al Inmujeres remitir la información solicitada en copia certificada, sin cobro alguno.
“El presente artículo es propiedad de La Jornada“
Redacción. (2021). Deberá Inmujeres entregar documento traducido al náhuatl. La Jornada. Recuperado el 02 de febrero de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/02/sociedad/debera-inmujeres-entregar-sin-costo-copia-certificada-en-nahuatl-de-convenion-de-belem-do-para/
Bajo la excusa del ahorro para el erario, el Gobierno federal crece la “animadversión” hacia los organismos autónomos, explícitamente contra el instituto de transparencia (INAI), el instituto regulador de telecomunicaciones (IFT) y a la comisión de competencia (Cofece).
Así lo expone el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y acusan que de los tres autónomos expuestos su gasto equivale a menos del 0.05% del presupuesto federal; menos de una décima de punto porcentual de los ingresos tributarios.
“Para muchos, este Centro incluido, los beneficios de la autonomía son muy superiores a eso. Todo indica que el gobierno busca más bien tener el mayor control posible sobre las decisiones de política, no importa si son de política de Estado, y en ese camino está el control de (todas) las instituciones. De ahí el ansia de atropello”, citan los especialistas del sector privado.
“Las cifras señalan que 2020 fue el año en el que se autorizaron más contratos por asignación directa (80.3%), superando a 2019 cuando el porcentaje fue de 78.1%, que ya había sido el récord desde que se cuenta con esa información. Los contratos asignados directamente totalizaron un monto de 189.5 miles de millones de pesos, que representaron el 42% del total del valor de las contrataciones públicas.”
Posteriormente, el presidente anunció que se analizarán todos los organismos autónomos. “Es probable que haya que hacer algunos ajustes a los órganos independientes, pero eliminarlos es a todas luces inapropiado. En ello, la amenaza a la existencia del INAI resulta especialmente preocupante, por su papel en la tan subrayada y anhelada desaparición de la corrupción”.
Los analistas del CCE aseguran que “como sucedió con las acusaciones de sexenios anteriores, los casos no han sido probados por las autoridades competentes, lo que implica también que la impunidad sigue siendo un fenómeno característico del sistema. El problema es que en esta ocasión el gobierno ha tomado decisiones administrativas y promovido reformas legales, a menudo con graves consecuencias y con visos de inconstitucionalidad, con base solamente en esos indicios o presunciones”.
El documento del Ceesp argumenta que una secretaría del Ejecutivo no podría actuar frente a esas autoridades del Estado. “Uno de los temas más relevantes para combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho tiene que ver con la transparencia en la asignación de los contratos públicos. Sin dicha transparencia la economía continuaría expuesta a la corrupción y acciones oficiales que pueden caer en terreno de lo ilegal. En este sentido, sobresale el abuso en la presente administración de las adjudicaciones directas y de invitación restringida a tres postores, que de acuerdo con la ley deberían ser excepcionales”.
“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica“
Redacción. (2021). Sin autónomos hay ahorro para erario, solo es excusa: Ceesp. ContraRéplica. Recuperado el 19 de enero de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-Sin-autonomos-hay-ahorro-para-erario-solo-es-excusa-Ceesp202118111
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell durante una conferencia de prensa en imagen de archivo. Foto Guillermo Sologuren
La Redacción|La Jornada
miércoles, 19 ago 2020 18:51
Ciudad de México. Todas las conferencias sobre el Covid-19 que han brindado las autoridades sanitarias podrán ser consultadas por temática, estadística, rubro, mes e infografías en un micrositio que lanzó este miércoles el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la sesión del Instituto, se informó que esta plataforma pretende facilitar la búsqueda de la información dada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Con esto, los internautas pondrán verificar la forma en que se ha manejado informativamente la pandemia y verificar, por ejemplo, la constancia o cambios en el discurso oficial sobre la enfermedad y sus consecuencias.
Hasta ahora se tienen 130 conferencias (desde la primera, el 29 de febrero, hasta la del 30 de junio), en las que se logró recabar un conjunto de 340 temas preliminares, de los cuales se seleccionaron 54 prioritarios, que son de los que más se ha hablado.
El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, indicó que hasta el 18 de agosto se han realizado 170 conferencias vespertinas, por lo que el contenido de las 130 que ya se encuentran en el portal, representa 73 por ciento del total.
Uno de los temas más abordados en las ruedas de prensa es el llamado modelo Centinela. Otros son las becas para profesionales de la salud, la alerta de mutación del Covid-19, el uso del cubreboca, la participación de los médicos cubanos, esquema de comunicación entre pacientes y familiares, pruebas diagnósticas, el manejo de cadáveres, entre muchos más.
El micrositio presenta infografías, la referencia de la o las fechas en las que se tocó el tema, se puede ver el video y consultar la versión estenográfica y se puede hacer búsqueda por palabra. Se trata, señalaron los comisionados, de un ejercicio de “transparencia proactiva”.
“El presente artículo es propiedad de La Jornada“.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) reportó un aumento de 40% en las solicitudes de información relacionadas con la covid-19.
De acuerdo con el Inai hasta el 30 de abril se tenían registradas mil 793 solicitudes relacionadas con el coronavirus. Sin embargo, del 1 al 15 de mayo recibió mil 265 requerimientos más dirigidos a 591 sujetos obligados distintos.
El Inai resaltó que la categoría de presupuesto asignado para la atención de la emergencia, en la que se incluyen contratos y apoyos económicos se mantiene como la de mayor interés en la sociedad de entre 12 categorías temáticas.
El organismo resaltó que su micrositio Transparencia Proactiva Covid-19 ha recibido más de 36 mil 500 visitas. También ha sido enlazado a sitios electrónicos de otros estados para identificar información útil sobre la crisis sanitaria.
Asimismo, resaltó que la obtención de información útil y de calidad permite identificar avances, retrocesos y áreas de oportunidad para que autoridades y población en general cuenten con mayores elementos para la toma de decisiones.
Finalmente, el Inai comentó que continuará actualizado su micrositio dedicado al covid-19, para fortalecer la relevancia del derecho de acceso a la información. (Melisa Carrillo)
