Derechos indígenas/para pueblos originarios

Una farsa, el “apoyo” del gobierno a los pueblos: comunidades indígenas

Erika Lozano Y Fernanda Peralta | Desinformémonos

Ciudad de México | Miércoles 9 de Junio del 2021 | — : —

“Este gobierno siempre ha sido una farsa, pues ha engañado a los pueblos y desgraciadamente a veces no abrimos los ojos”, lamentó Teresa Castellanos, integrante del Comité Huexca en Resistencia, durante el Encuentro de Resistencias y Rebeldías realizado en la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) este miércoles. Castellanos recordó que la comunidad ha resistido por más de nueve años contra la instalación de la termoeléctrica de Huexca.

Con el actual gobierno, continúa el despojo y el desprecio hacia las comunidades indígenas, advirtió María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, y denunció que la estrategia de militarización sirve para imponer megaproyectos. Aseguró que los pueblos tienen el deber de cuidar y proteger la vida para las futuras generaciones.

Con tambores y consignas, mujeres, hombres, niñas, niños, integrantes de la comunidad otomí, así como personas defensoras asistentes, dieron la bienvenida al Encuentro de Resistencias y Rebeldías, y compartieron sus experiencias.

Hace menos de un mes, fueron encarcelados dos pobladores de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, comunidad que actualmente mantiene un plantón para exigir respeto a su pozo de agua, narró Sara Hernández, y dijo que gracias a la presión social, los defensores del agua hoy están libres. También denunció que la comunidad ha sufrido amenazas e intimidaciones por parte de grupos políticos y “caciques”.

Adrián Hernández, quien forma parte del plantón de pueblos de la región nahua frente a la empresa Bonafont en Juan C. Bonilla, Puebla, señaló que no han sido tomados en cuenta por los gobiernos, pues no han querido dialogar con los pueblos. Y agregó que les “preocupa el futuro de la niñez en las comunidades, pues hay mucha escasez de agua en la región”.

“Ha habido una especie de contrainsurgencia por parte de este gobierno que día a día intenta entrar en la vida de las comunidades y desarticular la organización que queda”, denunció Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, y señaló que como pueblos mayas de Yucatán, se enfrentan a la destrucción de las selvas y los bosques, así como de su patrimonio, para la imposición del proyecto “Tran Maya”. Además, ejidatarios de Campeche y Yucatán han sido despojados de sus territorios con manipulación, dijo.

Por su parte, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunció que el gobierno anterior simuló una investigación e intentó ocultar información. Además, Ortega aseguró que las autoridades buscaron dividir a las familias, pero ellas no se rindieron. En cuanto al actual gobierno, dijo, su deseo de encontrar a los 43 se queda en palabras, porque su investigación no ha proporcionado información. “Hay un elefante blanco que no quiere caminar», consideró, y dijo que los padres y madres seguirán con las búsquedas hasta que se esclarezca el paradero de sus hijos.

“Es lamentable tener un gobierno que sólo engaña al pueblo”, señaló Rafael Figueroa, estudiante de Ayotzinapa, y recordó la represión cometida por autoridades contra estudiantes de Mactumactzá, Chiapas, y Teteles, Puebla, en las últimas semanas. Los ataques, narró, comenzaron cuando el 18 de mayo los estudiantes exigían que el examen de ingreso a la normal se realizara de manera presencial, cuando fueron atacados por la policía con gases lacrimógenos, y posteriormente 94 estudiantes fueron detenidos. Aunque hoy llevan su proceso en libertad, siguen acusados de distintos delitos y están siendo juzgados fuera de la cárcel.

A casi 28 meses del asesinato de Samir Flores, su crimen sigue impune, recordó su compañera, Liliana Velázquez, y señaló que, “aún no tenemos respuestas, no tenemos culpables, pero sabemos que a Samir lo mataron por defender la tierra y el agua”, dijo.

Bettina Cruz, parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, afirmó que durante el actual gobierno se reactivó el megaproyecto del Corredor transístmico, lo que, dijo, ha generado violencia en distintos territorios de la región, y también ha provocado que las comunidades se organicen para resistir al despojo.

Yasmín Carrillo, de los Valles Centrales de Oaxaca, narró que distintas comunidades del estado se organizaron contra un proyecto minero. Por su parte, Beatriz Rivero, integrante de la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, que se oponen al aeropuerto de Santa Lucía, señaló la urgencia de reconocer la historia colectiva de la cuenca de México. “La cuenca no aguanta ningún megaproyecto más, por eso decimos no al aeropuerto de Texcoco y al de Santa Lucía”, advirtió.

“Donde sólo había mentiras y engaños, hoy aquí florece la conciencia por el derecho a a la vivienda, a la educación, a la salud”, dijo Doña Fili, parte de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, y reflexionó sobre la importancia de la toma de espacios como el INPI, “ante el despojo de los gobiernos, sólo esto nos queda”, señaló. La activista exigió la libertad incondicional para los normalistas de Mactumactzá, así como de los presos mazahuas de Oaxaca. “Como humanidad debemos levantar nuestra voz, esa voz que nos hará libres”, finalizó.

Ana Karen Martínez, de voluntarios por la defensa del agua en Milpa Alta, denunció que a mediados de marzo del año pasado, las autoridades quisieron aprobar un proyecto para la instalación de un pozo, a lo que se opusieron y como comunidad exigieron información, pero las autoridades no hicieron caso. Actualmente, dijo, tienen amparos de suspensión para el proyecto.

Desde hace dos semanas, un grupo de habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, sostienen un plantón afuera del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, y exigen libertad inmediata para los siete presos de la comunidad, encarcelados desde el 2014. “A pesar de haber demostrado la víctima de nuestros compañeros, no nos han querido resolver, hace siete años fuimos víctimas de una fabricación de delito”, denunció Alfredo Bolaño, miembro de la comunidad mazateca.

“Nos ofrecen empleos, pero nosotros no vamos a cambiar algo tan importante como es el agua”, dijo Bonifacia Hernández Flores, parte de Mexicali Resiste, quien habló de la lucha que emprendieron contra la cervecera Constellation Brands, desde hace varios años. Denunció que las autoridades intimidaron con órdenes de aprehensión a quienes se organizaron para defender el agua.

Claudia Centeno, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, denunció al actual gobierno de la Ciudad de México por la construcción ilegal del distribuidor vial del puente Periférico-Cuemanco, el cual está hermanado con las obras de Santa Lucía y Texcoco, dijo, ya que es la misma empresa la que lo está realizando. Centeno también acusó a las autoridades por poner en riesgo el humedal, así como a las especies endémicas que ahí habitan.

“En las ciudades también luchamos por un pedazo de tierra para los más pobres, para que tengan un lugar donde vivir”, dijo José de Jesús Meza, de la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, la que se ha organizado desde hace más de 35 años para lograr este objetivo, y denunció que los gobiernos han obstaculizado su trabajo.

Filiberto Margarito, integrante de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, expuso que tras ocho meses de la toma del INPI, siguen viviendo discriminación y desprecio por parte del gobierno. Margarito aseguró que no han tenido mesas de trabajo con las autoridades, ni han cumplido con sus demandas. “Este gobierno dice que está con los pueblos, sí, pero para despojarlos”, denunció.

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Erika Lozano Y Fernanda Peralta (2021) Una farsa, el “apoyo” del gobierno a los pueblos: comunidades indígenas. Desinformémonos. Recuperado el 9 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/una-farsa-el-apoyo-del-gobierno-a-los-pueblos-comunidades-indigenas/

Exigen respeto y justicia para las comunidades de Azqueltán tras violaciones a sus derechos humanos

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Jueves 3 de Junio del 2021| — : —

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) exigió justicia y respeto para las comunidades tepecana y wixáritari de Azqueltán, Jalisco, en el marco de las violaciones a sus derechos humanos y comunitarios.

La Red TDT difundió una petición para que las personas acusadas de los delitos graves en contra de comuneros y autoridades comunitarias sean investigadas y ajusticiadas y para que se garantice la seguridad y la paz en los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio Villa Guerrero, así como la vida y la integridad física de las personas de la comunidad.

En el comunicado exigieron que se investiguen y sancionen los perpetradores del intento de homicidio del 3 de noviembre de 2019, ya que “la impunidad prevalece” tras el crimen cometido por Fabio Ernesto Flores Sánchez -quien no ha sido detenido “debido a la omisión de los distintos cuerpos policíacos y ministeriales”-, J. Guadalupe Javier Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Fausto, quienes fueron detenidos y luego puestos en libertad por las autoridades estatales de Jalisco después de que reclasificaron el delito como lesiones y consideraron que no había elementos de peligrosidad para que enfrentaran el proceso.

La organización de derechos humanos también denunció la participación de las autoridades municipales de Villa Guerero en el despojo y robo de tierras a los pueblos indígenas por parte de pequeños propietarios, una violación a sus derechos como pueblos originarios y “un atentado contra su identidad y formas de organización y relación”. A esto se suma que las y los comuneros han sido víctimas de violencia sistemática, agresiones físicas, tortura y desaparición forzada, afirmó la Red.

Finalmente, la Red pidió un alto a la criminalización por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de las comunidades tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán y que la Fiscalía General de la República escuche sus denuncias y actúe de manera correspondiente.

Puedes firmar la petición aquí

A continuación el comunicado completo:

La comunidad tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero continúa esperando respuestas a sus demandas y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos y a sus derechos comunitarios.

Mediante acciones ilegales, han sufrido el despojo y robo de tierras por parte de pequeños propietarios, lo que ha significado violaciones graves a sus derechos como pueblos indígenas. El despojo de su territorio es también un atentado contra su identidad y formas de organización y relación como pueblos originarios dado que la relación con la tierra es una parte fundamental de su identidad. Asimismo, sus comuneros y autoridades comunitarias han sido víctimas de violencia sistemática, agresiones físicas, tortura y desaparición forzada.

De manera particular resulta preocupante el intento de homicidio perpetrado el 3 de noviembre de 2019 por Fabio Ernesto Flores Sánchez, J. Guadalupe Javier Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Frausto, que consta en la carpeta de investigación 522/2019 y la causa penal 120/2019. Estos dos últimos fueron detenidos en diferentes momentos y puestos en libertad por el Juzgado de Control y Juicio Oral del XI Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en el municipio de Colotlán, tras reclasificar el delito como lesiones y considerar que no había elementos de peligrosidad para que enfrentaran el proceso en prisión preventiva. En tanto que Fabio Flores Sánchez no ha sido detenido en ningún momento debido a la omisión de los distintos cuerpos policiacos y ministeriales a pesar de que se ha conocido y dado aviso en diversas ocasiones de su paradero.

Diversos informes públicos y notas en medios han señalado las afectaciones médicas y la gravedad de las heridas causadas por estos agresores contra autoridades comunitarias y cómo la impunidad prevalece. Asimismo, han señalado la participación de autoridades municipales de Villa Guerrero en el despojo y privatización de la tierra comunal que aparecen documentadas en el expediente en litigio 38/2015 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco.

En ese mismo sentido, es urgente señalar que la invasión y despojo que buscan privatizar los terrenos comunales de San Lorenzo Azqueltán, no se ha detenido. Los conflictos y agresiones contra la comunidad por la impunidad de estos delitos y la dilación de las autoridades judiciales para dictar las resoluciones correspondientes preocupa porque incrementa el riesgo para la comunidad por las potenciales agresiones que pueden sufrir en este contexto.

Manifestamos nuestra preocupación e indignación por esta situación y solicitamos a las autoridades correspondientes que, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades legales, intervengan en el asunto y se lleven a cabo acciones orientadas a garantizar la paz y la justicia para San Lorenzo de Azqueltán. Por ello, exigimos:

Investigación y sanción correspondiente, conforme a juicio, de los C. Fabio Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Frausto, señalados como perpetradores por la comunidad.
Debida integración de las carpetas de investigación y ejecución de las órdenes de aprehensión contra las personas acusadas de los diversos delitos graves en contra de comuneros y autoridades comunitarias.
Que se garantice la seguridad y la paz en los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, así como la vida y la integridad física de las personas de la comunidas.
Alto a la criminalización por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de la comunidad tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán y respeto a su derecho a la organización y la protesta social.
Que la Fiscalía General de la República esucuche las denuncias y atraiga el caso donde policías municipales de Villa Guerrero torturaron a un comunero, toda vez que cumple con los requisitos marcados en la ley para ser atraído por la Fiscalia Especial en Investigación del Delito de Tortura.

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Redacción (2021) Exigen respeto y justicia para las comunidades de Azqueltán tras violaciones a sus derechos humanos. Desinformémonos. Recuperado el 3 de Junio del 2021: https://desinformemonos.org/exigen-respeto-y-justicia-para-las-comunidades-de-azqueltan-tras-violaciones-a-sus-derechos-humanos/

Ordena SCJN al Congreso consultar a grupos vulnerables sobre Ley de Educación

Luego de que la SCJN invalidó nueve artículos de la Ley de Educación, el Ejecutivo Estatal y el Congreso dijeron que procederán a hacer las consultas necesarias, esto sin reconocer que excluyeron a personas de pueblos originarios y con discapacidad al no considerarlas en la discusión del dictamen.

Fernando Merino Noriega | Lado B

—- | Martes 1 de Junio del 2021 | — : —

Claudia* es profesora desde hace 15 años en una escuela rural de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, la cual impulsa un modelo educativo pertinente a la cultura nahua, mayoritaria en la región, ante la ausencia de una legislación que en vez de atender las particularidades de dicha comunidad, entre ellas el idioma, ofrece contenidos homogéneos que no contemplan la cosmovisión de la comunidad.

La docente desconocía que el 15 mayo de 2020 se modificó la Ley Estatal de Educación, en la que se tendría que haber consultado a comunidades como en la que ella imparte sus clases, pero dice no estar sorprendida de que esas consultas no se hayan realizado pues como pueblos originarios no se les toma en cuenta.

Por esta falta de consulta a pueblos y comunidades originarias, además de personas con discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, el 26 de mayo, nueve artículos de la Ley Estatal de Educación que fue una armonización con la Ley General de Educación (LGE), para la cual sí se realizaron consultas en diferentes estados del país.

Ahora los artículos 46, 47 y 48 del apartado “de la educación indígena” y del 51 al 56 del apartado “de la educación incluyente”, así como otras disposiciones de la ley referentes a estos dos sectores, tendrán que ser consultados con las poblaciones indígenas y con discapacidad en un plazo máximo de 18 meses.

El que no se incluya la voz de estos sectores en la elaboración de políticas educativas no es algo nuevo, y aunque han existido avances en el reconocimiento de los derechos de personas de pueblos originarios y con discapacidad, plasmados en el artículo segundo y tercero de la Constitución, el reconocimiento a veces se queda en un plano enunciativo, pues se incluyen los derechos en las leyes pero no se respetan, dice a LADO B José Sánchez Áviña, académico de la Ibero Puebla.

La falta de inclusión de estos sectores en la discusión de las leyes ha provocado que el modelo educativo “lejos de que se adapte a las necesidades de las personas, es a la inversa, [son] las personas [quienes tienen] que adaptarse a las necesidades del modelo educativo”, dice Sánchez Aviña, pues hay factores que diferencian a las y los integrantes de la sociedad, que generan necesidades específicas y que desde los gobiernos no se reconocen; eso es exclusión, señala el especialista.

Eso lo sabe bien Genaro*, joven de 25 años, que durante toda su vida sufrió las consecuencias de un modelo educativo que no le permitió acceder a la educación en igualdad de condiciones de sus compañeros y compañeras, pues ante la falta de infraestructura que le permitiera ingresar a sus clases en plantas altas: tuvo que tomar sus asignatura en línea al no haber elevadores ni rampas, e incluso en ocasiones, cuando se trataba de laboratorios en lo que tenía que poner en práctica ciertos conocimientos algunos compañeros tenían que cargarlo poniendo en riesgo su seguridad y las de quienes le ayudaban.

El caso de Genaro no es el único, Alejandra*, de 23 años, también tuvo muchas dificultades para poder terminar su educación básica, pues al ser una persona con discapacidad visual no podía leer los libros que le solicitaban en la escuela, ya que estos no estaban en braille, y para poder cumplir con sus tareas su madre tuvo que invertir mucho de su tiempo para pasar los materiales educativos al braille, y sus tareas al mismo sistema para que las y los profesores pudieran calificarle; Genaro y Alejandra consideran que si no se escucha a las personas con discapacidad, es muy poco probable que el sistema educativo sea realmente inclusivo.

Sánchez Aviña los casos mencionados fueron así por que la interpretación de lo que necesitan las personas indígenas o con discapacidad las hace un grupo de funcionarios y funcionarias que luego convierten estas ideas en políticas públicas que va a aplicar a las “personas de carne y hueso”, muchas veces sin obtener efectos positivos, ya que “es ilógico pensar en un modelo educativo único que sea aplicable a todos [y todas las personas] y que se ha definido desde una entidad centralizada”.

Y aunque el gobernador Miguel Barbosa minimizó el hecho, en parte porque en un principio fueron diputados de la oposición quienes buscaban echar abajo la Ley Estatal de Educación, para el especialista de la Ibero Puebla el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), haya presentado la acción de inconstitucionalidad, evidencia la violación de los derechos de las personas de pueblos originarios y personas con discapacidad que ahora la SCJN ha ratificado.

Minimizar la exclusión, constante en el Congreso y el Ejecutivo

Ordena SCJN al Congreso consultar a grupos vulnerables sobre Ley de Educación

Foto: Alexander Rabb | Creative Commons

Luego de que se dio a conocer el fallo de la SCJN en favor de la CNDH, el gobernador Miguel Barbosa se limitó a decir que se acatará la sentencia de la corte y se realizarán las consultas a pueblos originarios y personas con discapacidad para incluirles en la reformulación de los capítulos “de la educación indígena” y “de la educación inclusiva” de la ley, y justificó la falta de consultas diciendo en una rueda de prensa, del 26 de mayo, que “se presentó [la ley] así pensado que no era necesario una consulta porque es el mismo texto de la Ley General”.

Para José Sánchez Ávila, aunque se hayan hecho consultas en algunos estados para aprobar la LGE federal, era necesario hacer las consultas también para la homologación en el estado, y aunque las leyes generales establecen elementos que no pueden ser modificados en las legislaciones locales, eso no significa que el Ejecutivo y el Congreso tengan que transcribir la ley sin contemplar las condiciones particulares de la entidad.

No solo eso, el gobernador dijo en referencia al fallo de la SCJN: “se trata solamente de unos artículos de la ley”, pero para el especialista se trata de “artículos que se refieren a una parte importante [de la] población: la población indígena, que tradicionalmente ha sido olvidada, no está en la mirada o en el horizonte del desarrollo de un país como el nuestro”, además destaca que la población con discapacidad tampoco ha sido atendida de manera adecuada.

Por otro lado, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Cabrera Camacho (Morena), dijo en una rueda de prensa, del 26 de mayo, que una vez que el Congreso reciba el fallo del máximo tribunal del país procederá a realizar las consultas pertinentes para “poder dar atención a las necesidades que siempre han sido una prioridad en la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Soberanía”.

Para Sánchez Aviña, es fundamental que el Congreso envíe a la SCJN antecedentes legislativos para que el máximo tribunal del país tenga un mejor conocimiento de cómo fue el proceso que llevó a la aprobación de la Ley de Educación sin las consultas necesarias.

Además de las consultas, la SCJN solicitó al gobierno estatal y al Congreso los antecedentes legislativos de la ley, es decir, dictámenes de la Comisión, las actas de sesiones donde se aprobó la votación, las versiones estenográficas de todo el debate legislativo que se generó, en los cuales, de acuerdo con Sánchez Aviña, el máximo tribunal del país corroboró que incumplieron al no realizar parlamentos abiertos.

Una ley aprobada en menos de una semana

Foto: jcomp | Freepik

El camino del dictamen de la Ley Estatal de Educación, que fue enviada por el gobernador al Congreso para armonizar la legislación local con la federal, es una muestra más de una constante durante esta legislatura: leyes que se aprueban en fast-track, en tiempos que no permiten siquiera dar cumplimiento a sus propias especificaciones.

Muestra de eso es que el artículo 47 de la Ley Estatal de Educación establece que “las autoridades educativas del estado de Puebla consultarán de buena fe y de manera previa libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos”; sin embargo esto nunca se llevó a cabo, incumpliendo un artículo.

José Sánchez Ávila, quien dio seguimiento a la dictaminación de la ley, recuerda que el lunes 11 de mayo se ingresó la propuesta de la Ley de Educación, formulada por el Ejecutivo Estatal, al Congreso y se envió a la Comisión de Educación.

El jueves 14 de mayo hubo una reunión entre algunas instituciones y organizaciones educativas y civiles, e integrantes de la Comisión de Educación, pero los resultados de este encuentro fueron cambios mínimos en la redacción; un día después, el viernes 15 de mayo, se aprobó por la noche y finalmente el lunes 18 se publicó en el Periódico Oficial; es decir, en menos de una semana se aprobó una legislación que tendría un gran impacto en la vida de las personas.

El especialista agrega que el día que se aprobó la ley, el 15 de mayo, se cumplían los 180 días que tenía el Congreso para armonizar la Ley General de Educación con la Estatal, disposición incluida en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Educación, por lo que la legislación aprobó la armonización de la Ley General con la Ley Estatal en la fecha límite, trayendo como consecuencia la exclusión de los sectores que ahora el Congreso deberá consultar.

El presagio para la Ley de Educación Superior

Foto: Global Humanitaria | Creative Commons

Con el antecedente de lo ocurrido con esta Ley Estatal de Educación, José Sánchez Aviña advierte que está sucediendo lo mismo con la Ley de Educación Superior en el estado, pues también es una armonización con la Ley General de Educación Superior aprobada el 9 de marzo , ya que tampoco hay una apertura para escuchar a las y los diferentes actores (universidades, docentes, estudiantes y sociedad en general) que se verán afectados por esta legislación.

“Son ámbitos muy cerrados (…) cuando tú te registras [la página te pregunta] la organización que representas, imposibilitando, por ejemplo, la participación de ciudadanos [y ciudadanas] de manera libre; [la ciudadanía no tiene] por qué pertenecer a una institución para mostrar su punto de vista sobre una ley”, dice el especialista de la Ibero aludiendo esta situación a la falta de una democracia participativa en Puebla que provoca exclusión.

La fecha límite para discutir la nueva Ley de Educación Superior es el 20 de junio, ya que al igual que con la Ley Estatal de Educación la Federación, se otorgó 180 días para hacer los cambios pertinentes en Puebla, y a poco menos de un mes de que se cumpla el deadline aún no hay apertura para escuchar a la sociedad para expedir esta nueva ley, aunque el presidente de la Comisión de Educación, Hugo Alejo, dijo que sí se consultará a la ciudadanía y organizaciones.

*Nombre cambiado a petición de las personas entrevistadas

**Foto de portada: Alba Sud Fotografía | Creative Commons

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Fernando Merino Noriega (2021) Ordena SCJN al Congreso consultar a grupos vulnerables sobre Ley de Educación. Lado B. Recuperado el 1 de Junio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/06/ordena-scjn-al-congreso-consultar-a-grupos-vulnerables-sobre-ley-de-educacion/

Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 20 de mayo de 2021

Ciudad de México. A casi un año de persecución y criminalización en su contra, la defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández Montalván, inició una huelga de hambre por la “sistemática discriminación y racismo” a la que considera ha sido sometida desde que permanece en prisión.

La tarde de este lunes 16 de mayo, la defensora de los pueblos indígenas y las mujeres informó vía telefónica a su defensor legal, Antonio Lara Duque, que ese día habría iniciado una huelga de hambre al interior del Penal Federal Nº 16, en Morelos, donde permanece recluida desde el pasado 24 de octubre.

Como narró Lara Duque en entrevista con Cimacnoticias, tras las primeras 12 horas de huelga, Kenia ya presentaba mareos y sensación de debilidad. No obstante, no es posible saber cuál es su estado de salud actual, ya que al estar recluida en un penal federal, Kenia sólo puede comunicarse con su abogado cada dos días, hasta por 10 minutos.

Con esta huelga, la defensora pretende denunciar la “sistemática discriminación y racismo” de la que ha sido objeto ante los juzgadores que conocen de las siete causas penales que persisten en su contra, ya que –explicó Lara Duque– no se le reconoce su identidad indígena porque habla español y tuvo estudios. Bajo ese argumento, por ejemplo, el Poder Judicial se ha negado a proporcionar un intérprete de la lengua amuzgo, que se habla en la región de Costa Chica de Guerrero, de donde es originaria Kenia.

La joven defensora también busca hacer visible la inoperancia de la Ley de Amnistía, aprobada hace un año, bajo la cual ella podría enfrentar en libertad los siete procesos por los que se le acusa, toda vez que (como se estipula en esta legislación promovida por el propio presidente de México) en el caso de aquella persona que presenta indicios de violación a DH y/o debido proceso, los organismos de DH (nacionales, estatales o internacionales) pueden proponer su libertad, precisó el abogado.

Ordenan arresto de abogado de Kenia

Kenia Hernández es una defensora de presas y presos políticos, de las mujeres y los pueblos indígenas; una de las formas de protesta es a través de la toma de casetas; sin embargo, desde el año pasado el gobierno federal ha buscado criminalizarla con siete denuncias en su contra, todas presentadas por Fiscalías de tres entidades distintas en un plazo de menos de un año.

La primera causa penal contra Kenia se abrió el pasado 6 de junio, cuando la Fiscalía de Justicia del Estado de México la acusó del robo de una cartera de 500 pesos. Este proceso legal, del fuero común, es el más avanzado de los otros seis que enfrenta actualmente, cinco de ellas por delitos federales.

No obstante, el juez que lleva ese primer caso, Jorge González Rivera, ordenó el pasado 18 de mayo el arresto del abogado de Kenia. Lara Duque explicó que esta orden de arresto que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, tiene de fondo impedir que esté presente en el próximo juicio de Kenia para que, en consecuencia, el Estado alegue “abandono de defensa” e imponga un abogado de oficio “a modo”.

Lara Duque dijo que sí acudirá al arresto pero que se negarán a aceptar un abogado que desconoce la estrategia legal de defensa por la libertad de Kenia. El resto de las causas penales, (radicadas una en el Estado de México, tres en Guanajuato, y dos en Guerrero) se mantienen en etapa inicial e intermedia.

21/AJSE/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Soto Espinosa, A. J. (2021). Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal. CIMAC Noticias. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/20/inicia-defensora-kenia-hernandez-huelga-de-hambre-en-penal

“Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola

Erika Lozano, Desinformémonos

19 de mayo de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. “Es un triunfo para el pueblo de Homún, nunca pensamos que esto se pudiera dar, pero no bajamos la guardia y ganamos”, explica José May en entrevista telefónica con Desinformémonos. El integrante de Kanan Ts’ono’ot, organización que ha luchado desde hace más de tres años contra una granja porcícola, recalca la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respete las costumbres y la decisión del pueblo.

Este miércoles, el máximo Tribunal confirmó la suspensión de la fábrica porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). La empresa dejó de operar desde octubre de 2018, cuando la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón otorgó un amparo promovido por seis niñas y niños de Homún, comunidad maya de Yucatán que se encuentra en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, de acuerdo con información de la organización Indignación.

“Estamos muy contentos, pues como pueblo decidimos que no queríamos la granja, hicimos una consulta y el pueblo dijo que no”, indica el defensor del territorio y añade que “los empresarios no apoyan a las comunidades”, y que lo que ocurre en Homún también pasa en otros lugares de México.

José May explica que cuando comenzó el conflicto con la granja porcícola, los integrantes de Kanan Ts’ono’ot fueron a escuelas y preguntaron a los niños y niñas qué pensaban de este problema, ellos decían que no querían que se contaminaran los cenotes. May dice que la participación de los niños ayudó a concientizar a la comunidad, pues en un inicio mucha gente no estaba de acuerdo pero ahora defienden su derecho al agua y al medio ambiente sano.

“Estamos luchando por el agua y para que no se contaminen nuestros cenotes, con esta decisión (de la Corte) se están respetando nuestras costumbres y esperamos que sirva para otras comunidades”, dice el defensor y añade que estarán a la espera de que se otorgue la clausura definitiva de la granja, y seguirán en la lucha “hasta donde tengan que llegar”.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“

Lozano, E. (2021). “Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola. Desinformémonos. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/un-triunfo-para-el-pueblo-de-homun-confirma-scjn-suspension-de-granja-porcicola/