#LaVerdadTrasLaConsulta: OSC crean campaña para visibilizar a víctimas de violaciones de DDHH

La campaña busca centrar la atención de la Consulta Popular hacia las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, así como a la creación de una Comisión de la Verdad.

Redacción | Animal Político

—- | Lunes 5 de Julio del 2021 | — : —

A través de la campaña #LaVerdadTrasLaConsulta, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Justicia Transicional en México y Elementa DDHH, aseguraron que la Consulta Popular debe tener como actores principales a las víctimas de las violaciones graves de derechos humanos y su derecho a conocer la verdad.

“Si bien, las consultas populares cumplen con el objetivo de conocer la postura de la ciudadanía respecto a un tema determinado, el resultado de la Consulta del 1 de agosto no evade la obligación del Estado mexicano para garantizar derechos”, aseguraron a través de un comunicado.

Para lograr dicha tarea, es necesaria la creación de una Comisión de la Verdad, que ayude a “escuchar a las víctimas, reconocer los daños que se les han generado y ofrecer mecanismos de acceso a la verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de la no repetición”.

https://twitter.com/ELEMENTADDHH/status/1412048861791764480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1412048861791764480%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F07%2Fverdad-tras-consulta-osc-campana-victimas-violaciones-ddhh%2F

La Consulta Popular – próxima a llevarse a cabo el próximo 1 de agosto – remite a la creación de una Comisión de la Verdad, un órgano para esclarecer los hechos tras las violaciones a los derechos humanos, señalaron las Organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Colectivo de Víctimas.

Este órgano temporal serviría para contar las historias que no han sido reveladas a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ni a la sociedad en general, advirtieron.

Asimismo, ejercería una función ‘determinante’ para esclarecer los crímenes, la corrupción y la impunidad.

“La pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apunta a la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer hechos, causas y consecuencias graves de las graves violaciones de derechos humanos de todas las posibles víctimas, como una vía para garantizar sus derechos, la construcción de paz y de memoria colectiva”.

Como parte de la campaña #LaVerdadTrasLaConsulta, las organizaciones sostuvieron que los derechos humanos se garantizan, no se consultan. Esto, ya que las personas nacen con ellos, y a su vez están protegidos por la Constitución Mexicana y los tratados internacionales.

Además, indicaron que la verdad es un derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, que el Estado está obligado a garantizar.

“En un país con un contexto de violencia e impunidad extrema como México, una Comisión de la Verdad marca el camino hacia la construcción de paz, contribuyendo a garantizar verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición a todas las posibles víctimas”.

¿Qué dicen expertos al respecto?

La Consulta Popular, que se celebrará el próximo 1 de agosto, servirá para conocer la postura de la ciudadanía sobre la impartición de justicia contra los funcionarios públicos del pasado.

La pregunta que validó la Suprema Corte – y que aparecerá en la consulta – ha sido criticada por su ambigüedad en cuanto a la precisión sobre los actores que podrían ser enjuiciados, así como su carácter vinculante.

No obstante, expertos afirman que hay un campo de oportunidad en caso de que la consulta llegue a contar con la participación del 40% del electorado: la creación de comisiones de la verdad.

¿Y de qué tratan? Las comisiones tienen como misión encontrar los vínculos que hay entre la clase política, grupos empresariales o grupos económicos, y grupos criminales que generan violencia, para encontrar los canales de comunicación entre la violencia, la corrupción y la impunidad.

En ese sentido, el activista Alfredo Lecona opinó en entrevista con W Radio que la pregunta de la consulta es “para las víctimas”, para que colectivos pugnen por mecanismos de verdad, “dándole la vuelta” a la mentira de que la consulta es para juzgar a expresidentes. 

Si la consulta se responde de ese modo con un sí, comentó, el presidente se vería forzado a impulsar los mecanismos de justicia transicional que había prometido en campaña, y que luego olvidó, mostrando un desdén hacia la agenda de víctimas y su derecho a la verdad. 

Aquí te contamos a detalle lo que explicaron expertos sobre la Consulta: De qué trata la consulta popular, cómo se llevará a cabo y por qué no es para enjuiciar a expresidentes.

El presente articulo es propiedad de Animal Polìtico.

Redacción (2021) #LaVerdadTrasLaConsulta: OSC crean campaña para visibilizar a víctimas de violaciones de DDHH. Animal Político. Recuperado el 5 de Julio del 2021 en: https://www.animalpolitico.com/2021/07/verdad-tras-consulta-osc-campana-victimas-violaciones-ddhh/

La CNDH va contra nueva Ley de la FGR

Afirma que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Varios artículos de la Ley de la FGR serán impugnados. NTX/ ARCHIVO
Varios artículos de la Ley de la FGR serán impugnados. NTX/ ARCHIVO

SUN| Informador MX

22 de junio de 2021 – 15:33 hs

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que vulnera los derechos a la seguridad jurídica, libertad de trabajo y el principio de presunción de inocencia, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), publicada en mayo.

Debido al trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y autoridades involucradas en el tema, el organismo encabezado por Rosario Piedra informó que se determinó impugnar artículos de la Ley de la FGR; Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Se destacó que se realizó un estudio sobre la compatibilidad del decreto por el que se expidió la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, abroga la Ley Orgánica de la FGR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de mayo, con el parámetro de regularidad constitucional.

La CNDH consideró que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; así como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en estricto apego a su autonomía constitucional, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Consideró que “esta situación se debe a la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía General de la República en diversas instituciones, pues sujeta su colaboración a un estricto respeto de su autonomía constitucional, es decir, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y óptimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate”.

“El presente artículo es propiedad de Informador MX

SUN. (2021). La CNDH va contra nueva Ley de la FGR. Informador MX. Recuperado el 22 de junio del 2021 en: https://www.informador.mx/mexico/Va-CNDH-contra-nueva-Ley-de-la-FGR-ante-la-SCJN-20210622-0092.html

Ostula lleva a la SCJN juicio en defensa de su territorio

Erika Lozano | Desinformémonos

Ciudad de México | Lunes 21 de Junio del 2021 | — : —

La comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, entregó un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este lunes, para solicitar que el máximo tribunal atraiga el juicio agrario que sostiene desde hace 17 años, cuando pequeños propietarios reclamaron sus tierras, explicaron autoridades comunales de Ostula en conferencia de prensa.

Este juicio agrario comenzó en el 2004, cuando pequeños propietarios demandaron a la comunidad en el Tribunal Unitario Agrario no. 38.

“Sorprende cómo el Estado mexicano, siendo independiente de España, no reconoció y no respetó los documentos históricos que obran en nuestra comunidad, ¿cómo es que los conquistadores sí lo reconocieron?”, se preguntó Evaristo Domínguez, comunero, y explicó que la comunidad tiene títulos virreinales que reconocen la propiedad de sus tierras. “La lucha por nuestros bienes comunales no ha sido sencilla, pero nosotros hemos estado aquí desde tiempos inmemorables”, señaló.

Domínguez recuerda que, en asamblea, los comuneros decidieron el 8 de abril del 2008, trasladarse a Xayacalan y tomar posesión de esos lugares invadidos desde la década de los 60. Fue el 29 de junio de 2009, que Santa María Ostula recuperó las tierras en disputa. “Fue duro, ya que muchos compañeros fueron asesinados y otros desaparecidos, es difícil recordar todo esto, para la comunidad es un golpe fuerte”, dijo Domínguez.

La comunidad tomó la decisión de reclamar sus tierras, señalaron los comuneros, y exigieron al Estado Mexicano que respete y reconozca su territorio, “que desde tiempos inmemorables está en su posesión”.

Por su parte, el abogado Raymundo Ortiz, aseguró que esta petición a la SCJN es por la defensa de la autonomía de la comunidad, y añadió que el proceso del juicio ha estado plagado de irregularidades, lo que ha afectado a miles de comuneros y a quienes viven en la zona en conflicto. Ortiz consideró que detrás de esta disputa territorial existen grandes intereses externos, por la posibilidad de realizar desarrollos turísticos y otras actividades de explotación de los recursos en la comunidad.

Adriana Hernández, abogada, aseguró que este conflicto derivó a causa de las omisiones del Estado, por la demarcación y protección efectiva de la tierra de Santa María Ostula, y consideró que de atraer el caso, la SCJN sentaría un precedente para otras comunidades, pues podría indicar los pasos a seguir cuando hay errores por parte del Estado en documentos emitidos a pueblos indígenas.

Santa María Ostula fue fundada en 1531, recordó Carmen Ventura, doctora en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán, y señaló que existen investigaciones arqueológicas que dan cuenta de los asentamientos prehispánicos de la comunidad nahua. Agregó que, como comunidad, están apelando a que se reconozca esta posesión ancestral del territorio y que el Estado tiene la obligación de cumplir.

María de Jesús Patricio, Marichuy, integrante del Congreso Nacional Indígena y vocera del Consejo Indígena de Gobierno, advirtió que el despojo que ha sufrido Ostula es una muestra de lo que viven otras comunidades indígenas de México: “desprecio, abandono y saqueo a través de los años”. Consideró que hay intereses capitalistas que quieren esas tierras, pero la comunidad le da un valor a cuidar la tierra y a su organización.

“Estamos en un punto crucial en términos jurídicos, ya que de perder el juicio, en realidad lo peor estaría por venir: la destrucción del lugar en donde viven cientos de familias, el desconocimiento de la propiedad comunal de la tierra, los derechos fundamentales a los que tienen derecho las personas nahuas que habitan en Ostula”, señaló la comunidad.

EL presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Erika Lozano (2021) Ostula lleva a la SCJN juicio en defensa de su territorio. El presente articulo fue recuperado en desinformémonos en: https://desinformemonos.org/ostula-lleva-a-la-scjn-juicio-en-defensa-de-su-territorio/

Ordena SCJN al Congreso consultar a grupos vulnerables sobre Ley de Educación

Luego de que la SCJN invalidó nueve artículos de la Ley de Educación, el Ejecutivo Estatal y el Congreso dijeron que procederán a hacer las consultas necesarias, esto sin reconocer que excluyeron a personas de pueblos originarios y con discapacidad al no considerarlas en la discusión del dictamen.

Lado B

Fernando Merino Noriega | Lado B

—- | Martes 1 de Junio del 2021 |  — : —

Claudia* es profesora desde hace 15 años en una escuela rural de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, la cual impulsa un modelo educativo pertinente a la cultura nahua, mayoritaria en la región, ante la ausencia de una legislación que en vez de atender las particularidades de dicha comunidad, entre ellas el idioma, ofrece contenidos homogéneos que no contemplan la cosmovisión de la comunidad. 

La docente desconocía que el 15 mayo de 2020 se modificó la Ley Estatal de Educación, en la que se tendría que haber consultado a comunidades como en la que ella imparte sus clases, pero dice no estar sorprendida de que esas consultas no se hayan realizado pues como pueblos originarios no se les toma en cuenta. 

Por esta falta de consulta a pueblos y comunidades originarias, además de personas con discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, el 26 de mayo, nueve artículos de la Ley Estatal de Educación que fue una armonización con la Ley General de Educación (LGE), para la cual sí se realizaron consultas en diferentes estados del país.

Ahora los artículos 46, 47 y 48 del apartado “de la educación indígena” y del 51 al 56 del apartado “de la educación incluyente”, así como otras disposiciones de la ley referentes a estos dos sectores, tendrán que ser consultados con las poblaciones indígenas y con discapacidad en un plazo máximo de 18 meses. 

El que no se incluya la voz de estos sectores en la elaboración de políticas educativas no es algo nuevo, y aunque han existido avances en el reconocimiento de los derechos de personas de pueblos originarios y con discapacidad, plasmados en el artículo segundo y tercero de la Constitución, el reconocimiento a veces se queda en un plano enunciativo, pues se incluyen los derechos en las leyes pero no se respetan, dice a LADO B José Sánchez Áviña, académico de la Ibero Puebla. 

La falta de inclusión de estos sectores en la discusión de las leyes ha provocado que el modelo educativo “lejos de que se adapte a las necesidades de las personas, es a la inversa, [son] las personas [quienes tienen] que adaptarse a las necesidades del modelo educativo”, dice Sánchez Aviña, pues hay factores que diferencian a las y los integrantes de la sociedad, que generan necesidades específicas y que desde los gobiernos no se reconocen; eso es exclusión, señala el especialista.

Eso lo sabe bien Genaro*, joven de 25 años, que durante toda su vida sufrió las consecuencias de un modelo educativo que no le permitió acceder a la educación en igualdad de condiciones de sus compañeros y compañeras, pues ante la falta de infraestructura que le permitiera ingresar a sus clases en plantas altas: tuvo que tomar sus asignatura en línea al no haber elevadores ni rampas, e incluso en ocasiones, cuando se trataba de laboratorios en lo que tenía que poner en práctica ciertos conocimientos algunos compañeros tenían que cargarlo poniendo en riesgo su seguridad y las de quienes le ayudaban. 

El caso de Genaro no es el único, Alejandra*, de 23 años, también tuvo muchas dificultades para poder terminar su educación básica, pues al ser una persona con discapacidad visual no podía leer los libros que le solicitaban en la escuela, ya que estos no estaban en braille, y para poder cumplir con sus tareas su madre tuvo que invertir mucho de su tiempo para pasar los materiales educativos al braille, y sus tareas al mismo sistema para que las y los profesores pudieran calificarle; Genaro y Alejandra consideran que si no se escucha a las personas con discapacidad, es muy poco probable que el sistema educativo sea realmente inclusivo. 

Sánchez Aviña los casos mencionados fueron así por que la interpretación de lo que necesitan las personas indígenas o con discapacidad las hace un grupo de funcionarios y funcionarias que luego convierten estas ideas en políticas públicas que va a aplicar a las “personas de carne y hueso”, muchas veces sin obtener efectos positivos, ya que “es ilógico pensar en un modelo educativo único que sea aplicable a todos [y todas las personas] y que se ha definido desde una entidad centralizada”. 

Y aunque el gobernador Miguel Barbosa minimizó el hecho, en parte porque en un principio fueron diputados de la oposición quienes buscaban echar abajo la Ley Estatal de Educación, para el especialista de la Ibero Puebla el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), haya presentado la acción de inconstitucionalidad, evidencia la violación de los derechos de las personas de pueblos originarios y personas con discapacidad que ahora la SCJN ha ratificado. 

Minimizar la exclusión, constante en el Congreso y el Ejecutivo  

Ordena SCJN al Congreso consultar a grupos vulnerables sobre Ley de Educación

Foto: Alexander Rabb | Creative Commons

Luego de que se dio a conocer el fallo de la SCJN en favor de la CNDH, el gobernador Miguel Barbosa se limitó a decir que se acatará la sentencia de la corte y se realizarán las consultas a pueblos originarios y personas con discapacidad para incluirles en la reformulación de los capítulos “de la educación indígena” y “de la educación inclusiva” de la ley, y justificó la falta de consultas diciendo en una rueda de prensa, del 26 de mayo, que “se presentó [la ley] así pensado que no era necesario una consulta porque es el mismo texto de la Ley General”. 

Para José Sánchez Ávila, aunque se hayan hecho consultas en algunos estados para aprobar la LGE federal, era necesario hacer las consultas también para la homologación en el estado, y aunque las leyes generales establecen elementos que no pueden ser modificados en las legislaciones locales, eso no significa que el Ejecutivo y el Congreso tengan que transcribir la ley sin contemplar las condiciones particulares de la entidad. 

No solo eso, el gobernador dijo en referencia al fallo de la SCJN: “se trata solamente de unos artículos de la ley”, pero para el especialista se trata de “artículos que se refieren a una parte importante [de la] población: la población indígena, que tradicionalmente ha sido olvidada, no está en la mirada o en el horizonte del desarrollo de un país como el nuestro”, además destaca que la población con discapacidad  tampoco ha sido atendida de manera adecuada. 

Por otro lado, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Cabrera Camacho (Morena), dijo en una rueda de prensa, del 26 de mayo, que una vez que el Congreso reciba el fallo del máximo tribunal del país procederá a realizar las consultas pertinentes para “poder dar atención a las necesidades que siempre han sido una prioridad en la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Soberanía”.  

Para Sánchez Aviña, es fundamental que el Congreso envíe a la SCJN antecedentes legislativos para que el máximo tribunal del país tenga un mejor conocimiento de cómo fue el proceso que llevó a la aprobación de la Ley de Educación sin las consultas necesarias. 

Además de las consultas, la SCJN solicitó al gobierno estatal y al Congreso  los antecedentes legislativos de la ley, es decir, dictámenes de la Comisión, las actas de sesiones donde se aprobó la votación, las versiones estenográficas de todo el debate legislativo que se generó, en los cuales, de acuerdo con Sánchez Aviña, el máximo tribunal del país corroboró que incumplieron al no realizar parlamentos abiertos. 

Una ley aprobada en menos de una semana 

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Foto: jcomp | Freepik

El camino del dictamen de la Ley Estatal de Educación, que fue enviada por el gobernador al Congreso para armonizar la legislación local con la federal, es una muestra más de una constante durante esta legislatura: leyes que se aprueban en fast-track, en tiempos que no permiten siquiera dar cumplimiento a sus propias especificaciones. 

Muestra de eso es que el artículo 47 de la Ley Estatal de Educación establece que “las autoridades educativas del estado de Puebla consultarán de buena fe y de manera previa libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos”; sin embargo esto nunca se llevó a cabo, incumpliendo un artículo

José Sánchez Ávila, quien dio seguimiento a la dictaminación de la ley, recuerda que el  lunes 11 de mayo se ingresó la propuesta de la Ley de Educación, formulada por el Ejecutivo Estatal, al Congreso y se envió a la Comisión de Educación. 

El jueves 14 de mayo hubo una reunión entre algunas instituciones y organizaciones educativas y civiles, e integrantes de la Comisión de Educación, pero los resultados de este encuentro fueron cambios mínimos en la redacción; un día después, el viernes 15 de mayo, se aprobó por la noche y finalmente el lunes 18 se publicó en el Periódico Oficial; es decir, en menos de una semana se aprobó una legislación que tendría un gran impacto en la vida de las personas

El especialista agrega que el día que se aprobó la ley, el 15 de mayo, se cumplían los 180 días que tenía el Congreso para armonizar la Ley General de Educación con la Estatal, disposición incluida en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Educación, por lo que la legislación aprobó la armonización de la Ley General con la Ley Estatal en la fecha límite, trayendo como consecuencia la exclusión de los sectores que ahora el Congreso deberá consultar.

El presagio para la Ley de Educación Superior

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Foto: Global Humanitaria | Creative Commons

Con el antecedente de lo ocurrido con esta Ley Estatal de Educación, José Sánchez Aviña advierte que está sucediendo lo mismo con la Ley de Educación Superior en el estado, pues también es una armonización con la Ley General de Educación Superior aprobada el 9 de marzo ,  ya que tampoco hay una apertura para escuchar a las y los diferentes actores (universidades, docentes, estudiantes y sociedad en general) que se verán afectados por esta legislación. 

“Son ámbitos muy cerrados (…) cuando tú te registras [la página te pregunta]  la organización que representas, imposibilitando, por ejemplo, la participación de ciudadanos [y ciudadanas] de manera libre; [la ciudadanía no tiene] por qué pertenecer a una institución para mostrar su punto de vista sobre una ley”, dice el especialista de la Ibero aludiendo esta situación a la falta de una democracia participativa en Puebla que provoca exclusión. 

La fecha límite para discutir la nueva Ley de Educación Superior es el 20 de junio, ya que al igual que con la Ley Estatal de Educación la Federación, se otorgó 180 días para hacer los cambios pertinentes en Puebla, y a poco menos de un mes de que se cumpla el deadline aún no hay apertura para escuchar a la sociedad para expedir esta nueva ley, aunque el presidente de la Comisión de Educación, Hugo Alejo, dijo que sí se consultará a la ciudadanía y organizaciones. 

*Nombre cambiado a petición de las personas entrevistadas

**Foto de portada: Alba Sud Fotografía | Creative Commons

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Fernando Merino Noriega (2021) Ordena SCJN al Congreso consultar a grupos vulnerables sobre Ley de Educación. Lado B. Recuperado el 1 de Junio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/06/ordena-scjn-al-congreso-consultar-a-grupos-vulnerables-sobre-ley-de-educacion/

“Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola

Erika Lozano, Desinformémonos

19 de mayo de 2021

Foto: Equipo Indignación

Ciudad de México | Desinformémonos. “Es un triunfo para el pueblo de Homún, nunca pensamos que esto se pudiera dar, pero no bajamos la guardia y ganamos”, explica José May en entrevista telefónica con Desinformémonos. El integrante de Kanan Ts’ono’ot, organización que ha luchado desde hace más de tres años contra una granja porcícola, recalca la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respete las costumbres y la decisión del pueblo.

Este miércoles, el máximo Tribunal confirmó la suspensión de la fábrica porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). La empresa dejó de operar desde octubre de 2018, cuando la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón otorgó un amparo promovido por seis niñas y niños de Homún, comunidad maya de Yucatán que se encuentra en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, de acuerdo con información de la organización Indignación.

“Estamos muy contentos, pues como pueblo decidimos que no queríamos la granja, hicimos una consulta y el pueblo dijo que no”, indica el defensor del territorio y añade que “los empresarios no apoyan a las comunidades”, y que lo que ocurre en Homún también pasa en otros lugares de México.

José May explica que cuando comenzó el conflicto con la granja porcícola, los integrantes de Kanan Ts’ono’ot fueron a escuelas y preguntaron a los niños y niñas qué pensaban de este problema, ellos decían que no querían que se contaminaran los cenotes. May dice que la participación de los niños ayudó a concientizar a la comunidad, pues en un inicio mucha gente no estaba de acuerdo pero ahora defienden su derecho al agua y al medio ambiente sano.

“Estamos luchando por el agua y para que no se contaminen nuestros cenotes, con esta decisión (de la Corte) se están respetando nuestras costumbres y esperamos que sirva para otras comunidades”, dice el defensor y añade que estarán a la espera de que se otorgue la clausura definitiva de la granja, y seguirán en la lucha “hasta donde tengan que llegar”.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Lozano, E. (2021). “Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola. Desinformémonos. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/un-triunfo-para-el-pueblo-de-homun-confirma-scjn-suspension-de-granja-porcicola/

Padrón biométrico podría dejar sin celular a 30 millones de mexicanos: especialistas

Especialistas coincidieron en que el padrón agravaría el problema de 40 millones de personas sin acceso a las tecnologías de la información en un país donde, además, el 70% de las líneas son de prepago.

Padrón biométrico podría dejar sin celular a 30 millones de mexicanos
Padrón Foto: Pexels

Forbes Staff | Forbes

—– | Martes 11 de Mayo del 2021 | 5:51pm

EFE.- Hasta 30 millones de mexicanos podrían quedarse sin acceso a un celular por el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) que exige compartir los datos biométricos con los proveedores y el Gobierno, estimaron este martes especialistas.

“Nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 30 millones de mexicanos pueden quedar desconectados por esta iniciativa”, indicó Jorge Fernando Negrete, presidente de la firma Digital Policy & Law Group en un foro virtual de la asociación civil Causa en Común.

Los panelistas abordaron la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada el 17 de abril, que crea el padrón con el número de línea, fecha de activación, nombre del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, como la huella digital y el iris.

Los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, han defendido el padrón con el argumento de que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.

Pero la reforma está suspendida de forma indefinida desde el 27 de abril por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que considera que la norma viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos.

Además, el padrón agravaría el problema de 40 millones de personas sin acceso a las tecnologías de la información en un país donde, además, el 70% de las líneas son de prepago, argumentó Negrete.

“Lo único que está estimulando esta iniciativa es que exista un mercado negro de contenedores con toneladas de (tarjetas) sims que van a llegar acá a acelerar el proceso de transformación digital de la delincuencia organizada”, aseguró el experto.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el 27 de abril que presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

María Elena Morena, presidenta de Causa en Común, aseveró que solo 17 países de corte “autoritario”, como Venezuela, China, Nigeria y Paquistán, exigen los biométricos a los usuarios.

“Un padrón con estas características puede ser una catástrofe, especialmente para los más pobres, además es solo propio de dictaduras”, manifestó.

La activista de seguridad calificó de “absurda” la justificación de combate al crimen organizado por el riesgo de “mal uso, descuido o corrupción de las empresas o del Gobierno”.

En ese coincidió Max Kaiser, presidente de la comisión anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Nuestro miedo está plenamente justificado, es decir, por todos estos elementos de contexto, del momento político que vivimos, nuestro miedo a que esta medida legislativa que pretende invadir la esfera de privacidad de las personas es una medida peligrosa”, señaló. 

El presente articulo es propiedad de Forbes.

Forbes Staff (2021) Padrón biométrico podría dejar sin celular a 30 millones de mexicanos: especialistas. Forbes. Recuperado el 11 de Mayo del 2021 en: https://www.forbes.com.mx/padron-biometrico-podria-dejar-sin-celular-a-30-millones-de-mexicanos-especialistas/

Amplía Morena dos años el cargo de Zaldívar en la SCJN

Durante la votación en la sesión en San Lázaro.
Durante la votación en la sesión en San Lázaro. Foto Cámara de Diputados

Enrique Méndez y Georgina Saldierna|La jornada

Miércoles 21 de abril de 2021

Ciudad de México. El ministro Arturo Zaldívar conseguirá mañana jueves mantenerse dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el respaldo de Morena en la Cámara de Diputados, que decidió aceptar que se amplíe su periodo sin cumplir con el trámite parlamentario de que la Comisión de Justicia apruebe el dictamen respectivo.

A través del diputado Raúl Bonifaz Moedano, Morena en la Mesa Directiva ejerció su “voto ponderado” -que se da por el número de diputados por cada bancada-, para incluir la reforma al Poder Judicial en el orden del día de la sesión de este miércoles.

Sin embargo, al alargarse la sesión, se decidió llevar a mañana la votación que permita ratificar a Zaldívar para continuar hasta 2024 al frente de la Corte, como ya aprobó la Cámara de Senadores en su sesión del jueves pasado.

Asimismo, se incluyó en el orden del día la aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República, aunque la Comisión de Justicia tampoco ha aprobado el dictamen correspondiente.

Para asegurar el voto en favor de ambos asuntos, Morena citó a todos sus diputados. A la sesión semi presencial concurren 255 de sus 256 integrantes, y en el tablero solo hace falta la asistencia de Nayeli Salvatori. Del lado del PAN solo se registra una ausencia de sus 78 diputados en funciones -ayer solicitó licencia Laura Rojas-, mientras que del PRI faltan tres de los 48 integrantes, entre ellos el coordinador René Juárez Cisneros.

Al inicio de la sesión de hoy, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, argumentó que es “práctica parlamentaria” la dispensa de trámites, mientras PAN y PRD, expresaron que se trata de una maniobra para aprobar “a espaldas de la nación y en lo oscurito” dos temas relevantes para el futuro de la República.

Incluso Mariana Rodríguez, vice presidenta de la mesa por el PRI, señaló que se trata de convalidar “un golpe de Estado, a través de ampliar la presidencia del ministro Zaldívar, algo nunca visto en México”.

A solicitud del presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Marcos Aguilar (PAN), la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho (PRI), explicó que en la reunión previa de este órgano de dirección legislativa, se sometió a discusión la solicitud de la Junta de Coordinación Política incluir los dos asuntos en la sesión.

Refirió que ella planteó que todos los procesos y procedimientos para la discusión de las reformas y leyes guarden fidelidad a los ordenamientos que las rigen.

“Y esto también tiene un ángulo muy importante, los procedimientos se pueden volver fuente de cuestionamiento que lleven incluso a una acción de inconstitucional. Hice referencia de la ley de seguridad interior, que fue declarada toda ella inconstitucional”.

Esto fue así porque, recordó, el Congreso no solo no tenía atribución en el artículo 73 constitucional para legislar en la materia, “sino significativamente porque la ministra ponente señaló que se violentó el proceso legislativo y había dejado en indefensión el indispensable debate parlamentario”. La diputada del PRI se refería a la ministra Norma Piña.

Abundó que insistió que no se podía incluir en el orden del día “la presunción de un dictamen porque la Comisión de Justicia todavía no convoca a la reunión para su discusión”.

Se refirió a que dicha comisión está en receso, luego de que no ha podido votar el dictamen de la nueva ley de la FGR, y que esta mañana abrió un receso después de escuchar por más de dos horas a los familiares de las víctimas.

A dicha comisión también se le turnó el proyecto de ley del Poder Judicial, así como a la de Presupuesto para opinión, la cual no ha sido emitida.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada”.

Méndez, E., Saldierna, G. (2021). Amplía Morena dos años el cargo de Zaldívar en la SCJN. La Jornada. Recuperado el 21 de abril de 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/21/politica/con-voto-ponderado-de-morena-zaldivar-extendera-cargo-en-scjn/

“Hay una lucecita de esperanza”: revisará SCJN caso de presos políticos de Nahuatzen, comunidad que ejerce su autonomía

Erika Lozano, Desinformémonos

07 de marzo de 2021

Foto de portada: Eber Huitzil / Red TDT

Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán, celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reconocer el recurso de reclamación en favor de los presos políticos José Luis Jiménez y José Antonio Arreola.

Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte decidió revisar las violaciones a derechos humanos cometidas durante el proceso penal. Desde noviembre del 2018 ambos se encuentran en prisión, criminalizados por formar parte del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, gobierno autónomo de su comunidad, explican las organizaciones sociales Serapaz y la Red Solidaria, quienes acompañan el caso. “Es un primer paso para su libertad”, consideran.

“Estábamos preparados para lo más duro, para lo negativo, pero gracias a dios salieron las cosas positivas”, celebra Roberto Arreola, hermano de José Antonio e integrante del Concejo Ciudadano Indígena de Gobierno de la comunidad. Explica que están contentos, pues en “este país lleno de corrupción hay una lucecita de esperanza”.

En entrevista telefónica con Desinformémonos, Arreola señala que como comunidad decidieron “dejar de ser pisoteados por los partidos políticos”, y “luchar contra un gobierno corrupto donde está el crimen organizado”, con el ejercicio de su autonomía y libre determinación, dice, al igual que otras comunidades de la meseta purépecha en Michoacán, como el caso de Cherán.

Exigen libertad para los presos políticos de Nahuatzen afuera de la SCJN.
Foto: Eber Huitzil / Red TDT.

“A nosotros no se nos regaló nada, todo lo que ahorita tenemos nos costó presos y sangre. Fue difícil pero vamos hasta donde vamos por la misma convicción de que no nos hemos vendido”, explica. Roberto asegura que gracias al apoyo que tuvieron de organizaciones sociales como Serapaz y la Red Solidaria, pudieron llegar a la resolución del día de hoy.

Previo a la sesión de la SCJN, integrantes de la comunidad se movilizaron para exigir justicia a las afueras del máximo tribunal. Ahora están a la espera de conocer los tiempos para la revisión, pero, asegura Arreola, ven un poco más de claridad.

La decisión tomada por la SCJN implica que reconocen que se cometieron violaciones a derechos humanos en el proceso penal, por ello revisarán el caso, para pronunciarse y reparar esas violaciones, señala la Red Solidaria de Derechos Humanos. El asunto se turnará a otro ministro de la Primera Sala, es un proceso que podría tardar entre 3 y 6 meses, explican.

Mientras, Roberto envía fuerzas a su hermano José Arreola, quien sigue preso: “yo le digo que no pierda la fe”. Arreola espera el día para poder festejar ya no sólo el fallo, sino la libertad.

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Lozano, E. (2021). “Hay una lucecita de esperanza”: revisará SCJN caso de presos políticos de Nahuatzen, comunidad que ejerce su autonomía. Desinformémonos. Recuperado el 08 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/hay-una-lucecita-de-esperanza-revisara-scjn-caso-de-presos-politicos-de-nahuatzen-comunidad-que-ejerce-su-autonomia/

SCJN definirá límites de justicia indígena en materia penal

Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la CDMX.
Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la CDMX. Foto Marco Peláez / archivo

Eduardo Murillo|La Jornada

miércoles 7 de abril de 2021

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijará los criterios para determinar los alcances que tiene una autoridad indígena al intervenir en un proceso penal que ya está en marcha en un juzgado del fuero común.

La Primera Sala del máximo tribunal acordó ejercer su facultad de atracción sobre un amparo de una persona perteneciente a un pueblo originario de Ixtlán, Oaxaca, quien ya estaba sujeto a un juicio penal acusatorio, el cual fue interrumpido por orden de una autoridad indígena, quien reclamó tener la jurisdicción en este asunto.

La SCJN consideró necesario atraer el caso con el objeto de determinar los parámetros claros y precisos sobre la jurisdicción indígena, protegida en el artículo 2º de la Constitución.

Los ministros señalaron que, al resolver el caso, sentarán precedentes sobre “si una orden proveniente de una autoridad de justicia indígena puede o no suspender un procedimiento penal acusatorio”.

Consideraron que es necesario definir estos límites desde una perspectiva intercultural, que interprete los alcances del fuero, en el caso de la justicia indígena.

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Murillo, E. (2021). SCJN definirá límites de justicia indígena en materia penal. La Jornada. Recuperado el 07 de abril de 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/07/sociedad/scjn-definira-limites-de-justicia-indigena-en-materia-penal/

Se cumplen seis años de la sentencia histórica Mariana Lima

Redacción, SemMéxico

25 de marzo de 2021

* Con ella la SCJN sentó los precedentes para la investigación con perspectiva de género en el delito de feminicidio


* Sorprende que el máximo tribunal no contemple dicha sentencia en el reciente protocolo para juzgar con perspectiva de género

SemMéxico, Estado de México, 25 de marzo, 2021.- Un día como hoy pero del año 1981, nació Mariana Lima Buendía, joven víctima de feminicidio el 28 de junio de 2010, hoy cumpliría 40 años.

La lucha de su madre Irinea Buendía y su padre Lauro Lima, desenmascaró al agresor de Mariana, policía ministerial del Estado de México con quien ella había contraído matrimonio. Actualmente él se encuentra preso y en espera de una sentencia.

Cinco años después del cobarde asesinato de Mariana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el 25 de marzo de 2015, la sentencia derivada del expediente 554/2013, sobre el caso de la joven, en dicha sentencia se establece que:


“En el caso de muertes de mujeres se deben identificar las conductas que causaron la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, preservarse evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y realizar las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia”.

Lo que establece la sentencia es relevante para las investigaciones de muertes violentas de mujeres en todo México, ya que obliga a las autoridades a emplear la perspectiva de género como herramienta para verificar si en dicha muerte existen razones de género.

La Sentencia de Mariana Lima Buendía marca un antes y un después en las investigaciones, pues establece la importancia de realizar diligencias particulares y que la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos con visión de género.

En el párrafo 227 hace referencia a la capacidad del sistema de justicia para reparar el daño por parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural y obliga al Estado a realizar investigaciones con perspectiva de género en los casos de violencia contra las mujeres.


También menciona en el párrafo 105, que aún cuando las partes no lo soliciten, debe implementarse un método en toda controversia judicial para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir una justicia de manera completa e igualitaria.

A pesar de la relevancia del caso y de la histórica sentencia de la SCJN, ésta no fue contemplada en la versión actualizada del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la misma SCJN.

Además de la no incorporación de la sentencia que explica de forma detallada lo que implica juzgar con perspectiva de género, dicha omisión es una falta de reconocimiento a las víctimas y sus familiares, cuyo camino hacia el acceso a la justicia ha sido largo y atropellado por los mismos impartidores de justicia. Significa un retroceso en el que la SCJN pierde la oportunidad de establecer de manera contundente cómo deben ser investigadas las muertes violentas de mujeres y los feminicidios, y de cómo debe ser incorporada la perspectiva de género.

Pese a ello, hoy, a 40 años del nacimiento de Mariana, la reivindicamos a ella y a la lucha de sus padres, como el emblema en México para juzgar con perspectiva de género y no cesaremos hasta que su feminicidio no quede impune pero también hasta el cese de la violencia institucional que por acción y omisión se continúa reproduciendo alrededor de su caso.

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Redacción. (2021). Se cumplen seis años de la sentencia histórica Mariana Lima. SemMéxico. Recuperado el 26 de marzo de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=33683