El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, está enviando autobuses llenos de personas solicitantes de asilo a la ciudad de Nueva York y a otras ciudades “liberales” de Estados Unidos. Lo hace en resistencia a lo que denomina “las políticas de fronteras abiertas” del Gobierno de Biden. Unas cien personas solicitantes de asilo llegaron el 10 de agosto a la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva York en un autobús despachado por el estado de Texas. Estas personas se suman a las miles de solicitantes de asilo que, de acuerdo a las autoridades de la ciudad, han superado la capacidad del sistema de albergues en los últimos meses. Algunas de estas personas afirman que las hicieron subir a los autobuses y firmar consentimientos engañadas. Grupos de activistas a favor de la inmigración piden a los gobiernos municipales, estatales y federales que brinden una mejor atención a quienes llegan a Nueva York. “Lo que estamos viendo es que, en este momento, el gobernador Abbott usa a las personas solicitantes de asilo como rehenes políticos, solo para aumentar su base electoral en Texas”, afirma Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, parte de una iniciativa para recibir a las personas, con dignidad, ayuda mutua y asistencia legal.
El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud
*Foto de portada: Marlene Martínez
Allison Madrid Perry | LadoB
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Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.
En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.
Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.
Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.
Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.
Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud.
Acceso a la salud para mujeres migrantes
De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.
El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera.
En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.
De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”.
La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.
Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.
Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad.
Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.
Mujeres indígenas
Foto: Marlene Martínez
Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido.
Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento.
“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.
Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.
Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe.
En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.
Discriminación por omisión
En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.
De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.
Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia.
De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.
Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.
Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas.
En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.
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El presente articulo es propiedad de LadoB.
Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/
Toda persona que por cualquier motivo se encuentre fuera de su lugar de origen puede ser considerada migrante. México es un país que reúne todos los tipos de flujos de movilidad humana posibles: migración, recepción y tránsito en direcciones sur-norte y norte-sur. Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y Cuba son algunos de los países que más circulan en el territorio nacional.
Dentro de los fenómenos migratorios, las personas refugiadasse ubican como un grupo en especial vulnerabilidad que requiere de una protección internacional específica. Al respecto expuso Salvador Guerrero Navarro, director de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, durante una sesión formativa de la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla.
La necesidad de una normativa sobre refugio quedó evidenciada durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros convenios internacionales dictaron que las personas refugiadas serán aquellas que tengan con algún temor a ser perseguidas por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opiniones políticas.
Con la revisión realizada para la Declaración de Cartagena (1984), la definición ampliada agregó principios relacionados con violencia generalizada, conflictos internos y cualquier situación que pueda vulnerar a las personas. Las asimetrías entre ambas definiciones generan que ciertas personas sean consideradas en algunos países, pero no en otros. Por ejemplo, y a diferencia de algunas naciones, México contempla la persecución por razones de género.
A partir de la figura del refugiado se desprenden otros mecanismos de resguardo. La protección complementaria se otorga cuando la devolución de una persona a su lugar de origen implica un riesgo de ser sometido a tratos inhumanos. Por su parte, el asilo político es una facultad en la que las personas perseguidas por razones políticas son protegidas por los países receptores.
Las personas que solicitan asilo lo hacen por su voluntad. Casos emblemáticos como los de Julian Assange y Edward Snowden exponen las afinidades políticas entre los solicitantes y los países receptores. No obstante, la Declaración de Cartagena establece que la oferta de refugio debe ser por razones humanitarias, no con intereses de cualquier tipo.
De acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para reconocerse como persona refugiada es necesario iniciar un proceso administrativo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el cual se debe solicitar a los 30 días de ingreso al país.
Guerrero Navarro indicó durante su cátedra que se trata de un proceso que no cuenta con una normativa de celeridad, por lo que el proceso puede extenderse por meses o hasta años. En el intermedio, los solicitantes pueden acceder a la condición de visitante por razones humanitarias, una figura jurídica que les permite tener acceso a beneficios públicos y laborales.
Los Estados tienen el derecho de aplicar controles en puntos de internamiento en fronteras o aeropuertos para regular el ingreso de migrantes, los cuales deben asegurar los principios de no discriminación y no devolución. Pese a ello, en México existe una práctica regular de devolver a las personas, especialmente en casos de migraciones masivas, sin analizar casos individuales.
También se les detiene en Estaciones Migratorias con el fin de regresarlas a su lugar de origen. Tal omisión a los principios humanitarios pudo observarse en la instalación de un puente aéreo el mes pasado que, en su primer día de operaciones, devolvió a casi mil centroamericanos a sus respectivos lugares de origen.
La detención migratoria ha sido una figura controversial debido a que ocurre en condiciones que no corresponden a la gravedad de las faltas. “No existe un control judicial para esto. Es el director del Centro Migratorio quien decide si la persona se queda en México o no”, explicó Salvador Guerrero. Además de la falta de acceso a la justicia, las personas refugiadas ven vulnerados sus derechos a la identidad y a la unidad familiar.
El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de igualdad que permitan que todas las personas puedan acceder a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas refugiadas se basan primordialmente en factores de xenofobia. “Está comprobado que la instalación de un grupo migrante hace subir el nivel de vida de toda la comunidad”, expresó el especialista.
Este material se comparte con autorización de la IBERO Puebla
El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.
Roberto Pichardo Ramírez (2021) Xenofobia, procesos burocráticos dilatorios y riesgo a la expulsión, algunos atropellos contra los migrantes. Desinformémonos. Recuperado el 2 de Julio del 2021 en: https://desinformemonos.org/xenofobia-procesos-burocraticos-dilatorios-y-riesgo-a-la-expulsion-algunos-atropellos-contra-los-migrantes/
Ciudad Juárez es por donde más personas en busca de asilo humanitario han cruzado a Estados Unidos desde que se eliminó el programa ‘Quédate en México’, más de 4 mil han pasado desde el 26 de febrero
CIUDAD JUÁREZ.- A casi tres meses desde que se registraron los primeros cruces de migrantes bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, también conocido como “Quedate en México”, el 87 por ciento de las personas elegibles han cruzado a Estados Unidos.
Datos brindados por representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, indican que hasta el 11 de mayor 10 mil 455 personas han sido asistidas de las 12 mil que cumplen con los criterios del gobierno de EEUU para entrar a su territorio e iniciar su proceso migratorio de asilo.
Asociaciones sin fines de lucro en El Paso han brindado sus servicios legales a los migrantes que permanecen en Juárez. En algunas organizaciones como Servicios para Migrantes y Refugiados de la Diócesis (DMRS por sus siglas en inglés) ya han terminado con todos los casos que estaban representando.
Antes de febrero del 2019, solicitantes de asilo entraban a territorio de Estados Unidos donde atendían sus citas de corte. Para la directora de DMRS, Melissa Lopez, atender a la población migrante en Ciudad Juárez fue un reto.
“Nosotros somos abogados en Estados Unidos y no necesariamente tenemos el permiso y las licencias para ejercer en México”, dijo la abogada.
Para adaptarse al programa MPP, la organización aplicÓ para un fondo que cubrió los gastos que fueron requeridos al mandar un abogado que conociera la ley de migración estadounidense y que pudiera ejercer en Ciudad Juárez.
Los fondos brindados por la Sociedad Hebrea de Ayuda a Inmigrantes (HIAS por sus siglas en inglés), se terminaron el mes pasado junto con los casos de DMRS que aún quedaban pendientes.
Según datos brindados por ACNUR, 17 mil 566 personas se han registrado en CONECTA desde el 19 de febrero de este año. Tamaulipas es el estado con la cantidad más grande de registros en el sistema con el 32 por ciento, seguido por Chihuahua con el 31 por ciento.
Ciudad Juárez continua siendo la ciudad fronteriza por donde más personas en busca de asilo humanitario ha cruzado. Hasta el martes 11 de mayo, 4 mil 069 personas han sido apoyadas por la Organización Internacional para las Migraciones en sus cruces.
“Estamos trabajando para actualizar el número de personas que permanecen en Ciudad Juárez, debido a que hubo personas que no se registraron desde este punto originalmente, y porque no a todas las personas se les ha podido contactar”, dijo Silvia Garduño, oficial de información pública de ACNUR México.
La agencia estima que cerca de mil personas permanecen en Ciudad Juárez en espera a cruzar a El Paso, Texas.
Los casos pendientes incluyen personas que no se han podido comunicar con ACNUR, familias de elegibilidad mixta, casos inactivos, personas que no están bajo MPP que necesitan procesamiento especial y familias que se encuentran completando documentación.
Organizaciones reaccionan a demanda para reinstaurar MPP
A mediados de abril, los abogados generales de los estados de Texas y Missouri Ken Paxton y Eric Schmitt introdujeron una demanda en contra de la administración del actual presidente Joe Biden por suspender el programa MPP. Según el documento oficial, Texas y Missouri alegan que la suspensión ha causado costos adicionales para los estados.
La Casa Blanca no ha publicado una declaración oficial sobre la demanda ni la secretaria de prensa, Jen Psaki, ha comentado al respecto. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se negó a dar una declaración sobre la litigación aún en proceso.
Melissa Lopez, directora de DMRS, comenta que restaurar el protocolo pondría en riesgo a la población migrante que ya es muy vulnerable al estar expuesta a crímenes como extorsiones, secuestros y engaños por parte de coyotes.
“Estamos trabajando con personas que están en una situación muy difícil y a la misma vez es muy complicado representarlos y prepararlos para poner un caso de asilo frente al juez cuando ellos no están en una situación estable,” dijo Lopez.
Abogados de migración y activistas por los derechos de los migrantes, también comentaron en contra de la demanda que exige reinstalar el programa.
Fernando Garcia, director de la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR por sus siglas en inglés) afirma que la demanda esta basada en argumentos falsos y va en contra del 14a Enmienda.
“MPP es un programa desastroso en contra de los derechos humanos,” dice Garcia. “Esta narrativa es parte de la estrategia en contra de los inmigrantes y de los refugiados por parte del gobierno de Texas”.
Tanto Texas como Missouri argumentan que ambos estados han presentado costos adicionales al invertir fondos en operativos en contra del crimen organizado y grupos que se dedican al tráfico de personas. La afectación no solo se ha visto en el área fronteriza, si no que también en gastos relacionados a servicios sociales de educación, salud y vivienda.
“Las personas que no tienen sus documentos legales no tienen acceso a estos servicios, sin embargo aún pagan sus impuestos”, Garcia argumenta en contra.
Helena Olea, abogada y directora asociada de programas de Alianza Americas también menciona que los argumentos de la demanda no son persuasivos. La organización promueve el apoyo y activismo en comunidades migrantes.
“(El gobierno) de los Estados Unidos tiene la capacidad y los recursos para procesar a los solicitantes de asilo por todos sus puertos de entrada. No hay razón alguna para reinstaurar MPP” dijo Olea.
La abogada especializada en derechos humanos internacionales agrega que el protocolo viola el Acto de Refugiados, ignorando la responsabilidad que Estados Unidos tiene de recibir a toda persona que busca asilo humanitario.
Lopez afirma que gran parte de la ayuda brindada a inmigrantes que llegan a El Paso ha sido cubierta por el gobierno federal y por organizaciones como DMRS que recibe fondos del Instituto Fronterizo Esperanza a través del Fondo Fronterizo de Ayuda para Refugiados.
“El programa de MPP es un programa que limitó totalmente los derechos de los migrantes que vienen huyendo de sus países y vienen pidiendo asilo,” dijo Lopez. “Si ese programa se instala de nuevo, sería una falta de justicia para todas esas personas.
Esta nota fue realizada por LA VERDAD, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
“El presente artículo es propiedad de PiedePágina“.
Martínez, V. (2021). En menos de tres meses entran a EEUU más de 10 mil migrantes en busca de asilo. PiedePágina. Recuperado el 19 de mayo de 2021 de: https://piedepagina.mx/entran-a-eeuu-mas-de-10-mil-migrantes-mpp-en-menos-de-tres-meses/
Trabajadores del campo en imagen de archivo. Foto Afp
Emir Olivares Alonso | La Jornada
Ciudad de México | Miércoles 12 de Mayo del 2021 | 18:48pm
México reviró a Estados Unidos por las recientes denuncias de violaciones a acuerdos laborales del T-MEC.
La administración mexicana informó que ha detectado diversos incumplimientos de la normativa estadunidense en materia laboral en perjuicio de los trabajadores migrantes de las industrias agrícolas y de procesamiento y empacado de proteína, como la falta de pago de horas extra, incapacidad para negociar de manera colectiva o falta de protocolos contra el Covid-19.
Ante ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso al de Joe Biden abrir un espacio de cooperación en el marco del acuerdo comercial para resolver las violaciones a las leyes.
Esto se da después que Washington interpusiera una denuncia bajo el tratado comercial alegando posibles violaciones laborales en la planta de General Motors en Silao, en Guanajuato, convocando a México a investigar y resolver el caso.
La réplica mexicana se presentó mediante una misiva enviada por el embajador Esteban Moctezuma al secretario del Trabajo estadunidense, Martin J. Walsh, en la que subrayó que si bien a nivel federal los derechos laborales en Estados Unidos protegen a todos los empleados, independientemente de su situación migratoria, en la práctica la situación es distinta.
“Factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados”, apuntó el diplomático en la carta.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que el embajador transmitió los comentarios e inquietudes que ha detectado México con respecto a la falta de aplicación de leyes laborales.
Como la falta de pago de salario y el tiempo extraordinario correspondiente; la exclusión de los jornaleros del pago de tiempo extra, de salario mínimo en supuestos específicos y del derecho a organizarse y negociar colectivamente.
El incumplimiento de los empleadores de los protocolos de descansos e instalaciones para trabajadores del campo; la falta de regulación federal respecto al estrés por calor en la industria agrícola; disparidad salarial entre los trabajadores de las empacadoras y los trabajadores de las plantas de procesamiento de proteína.
Acceso limitado a estaciones de lavado de manos y sanitarios; incumplimiento de empleadores de los protocolos de Covid-19 y la falta de medidas de seguridad y salud para evitar el contagio y propagación; la imposibilidad de acceso para trabajadores indocumentados a ciertos recursos legales como la reinstalación o el pago de salarios caídos, insuficiencia en la atención a los casos de violencia y acoso sexual.
Frente a ello, el gobierno mexicano planteó un espacio de cooperación en el marco del T-MEC, conforme a los términos previstos en el artículo 23.12, “en aras de identificar acciones que permitan atender la no aplicación de las leyes laborales en determinados sectores y estados en Estados Unidos y así garantizar de forma plena los derechos laborales contemplados en la legislación federal estadounidense y en el capítulo 23 del Tratado”.
Esto, añadió en su carta el embajador en Washington, sin renunciar a los mecanismos de solución de controversias laborales previstos en el acuerdo comercial para Norteamérica, y reconociendo la importancia de la cooperación como mecanismo para la implementación efectiva de derechos laborales.
“El gobierno de México consideró necesario señalar la importancia de hacer cumplir adecuadamente su regulación federal para garantizar los derechos laborales de los trabajadores en la industria agrícola y de procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos”.
La cancillería mexicana recordó que el T-MEC promueve la aplicación de los derechos laborales fundamentales, procura garantizar la protección a los trabajadores migrantes, impulsa una agenda de cooperación que permita la aplicación de los derechos laborales internacionales y fomenta el diálogo para atender diferencias relativas a la aplicación de los compromisos de su capítulo 23.
El presente articulo es propiedad de La Jornada.
Emir Olivares Alonso (2021) Revira México; en EU los jornaleros mexicanos son victimas de abusos. La Jornada. Recuperado el 12 de Mayo del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/12/politica/detecta-mexico-incumplimientos-laborales-contra-migrantes-en-eu/
