Historia de un Congreso indolente

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

Roberto Alonso | LadoB

—- | Martes 20 de Julio del 2021 | — : —

Al momento de escribir estas líneas, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla mantiene un plantón afuera del Congreso del estado. La razón es fácil de entender. Las familias que lo integran redactaron una propuesta de ley para atender en la entidad este fenómeno, creyeron en la apertura y el compromiso de esta institución parlamentaria y, sin embargo, el pasado jueves 15 de julio vieron concluir su último periodo ordinario de sesiones sin ley en la materia.

Pese a que Puebla tiene un total de 2 mil 571 personas desaparecidas y no localizadas, ocupando el treceavo lugar de la tabla nacional, la LX Legislatura con mayoría morenista decidió clausurar sus sesiones ordinarias con un claro desdén hacia las familias que buscan a sus seres queridos.

La historia es sencilla y, por ello, indignante. Ante la omisión del Congreso poblano, en agosto de 2019 familiares de personas desaparecidas presentaron por escrito un proyecto de ley que fue recibido por la Comisión de Derechos Humanos de la LX Legislatura. Durante 2019 y 2020 se llevaron a cabo foros itinerantes en distintos municipios del estado, con el propósito de recabar experiencias y enriquecer el proyecto. En febrero de 2020, se instaló en la Universidad Iberoamericana Puebla un mecanismo tripartita para la elaboración de la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, con la participación del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, un equipo técnico de esta universidad y el equipo de la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez Sandoval.

En julio de 2020, la diputada Rodríguez Sandoval presentó formalmente la iniciativa, acompañada por el equipo redactor y el entonces presidente del órgano político del Congreso local, el diputado Gabriel Biestro Medinilla. En dicha sesión, el diputado Biestro se comprometió a que la discusión en comisiones —Procuración y Administración y Justicia, y Derechos Humanos— sería inmediata, lo que auguraba que pasara al pleno en el mes de septiembre del año pasado. No obstante, el tercer y último año legislativo transcurrió sin que siquiera fuera dictaminada la iniciativa. Un año en la congeladora, un año de indolencia.

A las familias no les faltan razones, más bien les sobran. Confiaron en sus representantes populares, quienes no sólo les han quedado a deber, sino que les han traicionado. No es el único caso ante el cual el Congreso local incumple su palabra. Tras la toma pacífica de sus instalaciones, la LX Legislatura se comprometió también con la discusión y votación de la interrupción legal del embarazo (ILE) y todo indica que será un asunto más que heredará la legislatura que entra en funciones el próximo mes de septiembre.

El pasado 6 de junio, en estados que ocupan los primeros lugares de la lista nacional de personas desaparecidas como Jalisco, Veracruz y Nuevo León, familiares de personas desaparecidas mostraron su malestar con la jornada electoral cuestionando si puede haber democracia con personas desaparecidas. ¿En qué democracia pueden creer las familias y quienes les acompañan si aun haciéndole la tarea al Poder Legislativo, este se niega a completarla?

Porque eso es lo que falta: dictaminar la iniciativa en comisiones y pasarla al pleno para su aprobación, algo que todavía es viable con un periodo extraordinario.

La iniciativa no es perfecta. El 28 de mayo pasado, en una mesa de trabajo interinstitucional convocada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho —también presidenta de la Comisión de Procuración y Administración y Justicia—, el proyecto de ley recibió observaciones por expertos internacionales de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero ambas representaciones coincidieron en que se trata de una iniciativa que en lo general cumple con lo que se espera de una ley local en la materia y atiende el mandato de la Ley General. Estas observaciones, de hecho, fueron incorporadas a una nueva versión de la iniciativa que tienen en sus manos las diputadas presidentas de las comisiones dictaminadoras, así como la actual presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la diputada Nora Merino Escamilla.

Iniciativa hay, las observaciones hechas a la misma han sido atendidas y la problemática está allí, a la vista de las y los diputados poblanos. Los rostros de las personas a las que sus familiares no han dejado de buscar y que hoy sitian las inmediaciones del Congreso de Puebla, junto con los de cientos de personas que hemos intentado caminar a su lado desde nuestros lugares de incidencia, hemos sido testigos de la insensibilidad, la soberbia y la desvergüenza de quienes aún ostentan un cargo de representación popular.

Desafortunadamente, estas actitudes inexplicables frente al dolor de las familias no son exclusivas de las y los legisladores. Con la mano en la cintura y de espaldas a estas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha repetido desde hace un par de meses que hará llegar al Congreso local una iniciativa propia que desconoce y parece mirar con desprecio el proyecto trabajado con las familias al centro.

Son ellas quienes además de salir a buscar a sus seres queridos con pico y pala en mano, han redactado una iniciativa de ley que desde el año pasado es la única iniciativa que se encuentra en la mesa del Congreso de Puebla. ¿Qué esperan diputadas y diputados?

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Roberto Alonso (2021) Historia de un Congreso indolente . LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/historia-de-un-congreso-indolente/

Ejército acepta a 187 víctimas de sus operativos, pero negocia con ellos para no reportarlos a la CEAV

El Ejército firmó convenios directamente con las víctimas y pagó millonarias sumas a cambio de confidencialidad. Ha pagado incluso a afectados por la Guardia Nacional.

Arturo Angel (@arturoangel20), Animal Político

11 de enero de 2021

Cuartoscuro

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció oficialmente 187 casos de personas que murieron o resultaron heridas como resultado de la actuación de elementos del Ejército Mexicano desplegados en operativos en el país en la última década. 2018 y 2019 son los años con más casos registrados.

Pese a tratarse de víctimas de una autoridad federal, menos de la mitad de dichos casos fueron reportados ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y por ende tampoco fueron inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que se les reparara el daño. De hecho, en los últimos cinco años apenas 22 de los casos fueron notificados a esa comisión.

En cambio, la Sedena asistió a los afectados a través de una unidad interna que creó en 2010 para personas que resultaron víctimas de acciones de sus militares y firmó con ellos convenios con cláusulas de confidencialidad a cambio del pago de fuertes sumas de dinero y otros apoyos. A diferencia de la CEAV, el Ejército no quiso transparentar el monto que ha pagado a dichas víctimas.

Incluso, el Ejército ya ha comenzado a captar con dicho mecanismo a víctimas de la Guardia Nacional.

Así lo confirman información oficial obtenida por Animal Político a través de una solicitud de transparencia, un análisis y un oficio interno que un mayor de justicia militar dirigió al titular de la Sedena, en el que le advierte las irregularidades de atender a las víctimas con una unidad interna en vez de notificar a la CEAV como lo marca la Ley General de Víctimas.

Dichas afectaciones van desde la imposibilidad de las víctimas de acceder a una reparación integral del daño, hasta que se les prive del derecho a la verdad y justicia al no notificarse los casos a una autoridad investigadora independientes, o que no haya garantías de no repetición. Ello además del crecimiento de una lista negra de víctimas en el país.

“No hay que olvidar que una reparación integral del daño no solo es una compensación económica. Se trata de una satisfacción, de una rehabilitación, de medidas de no repetición. Entonces limitarlo únicamente al pago de una compensación no cumple con el objetivo de la reparación integral del daño y pues creo que es clara la finalidad con al que lo hace la Sedena. Que no se llegue a un proceso penal o a una recomendación por violaciones a derechos humanos”, dice Reyna Velasco, abogada experta en atención a víctimas.

Decenas de homicidios, negligencias y daños…

En respuesta a la solicitud de transparencia folio 0000700280420, la Sedena informó que cuenta con un registro de 187 casos de civiles afectados por acciones militares en 24 estados del país, entre 2010 y 2020. La dependencia no especificó si cada caso corresponde a una o varias víctimas.

De los casos reportados, 51 corresponden a decesos de civiles como resultado de las acciones militares. No se trata de presuntos delincuentes abatidos sino de personas que fueron afectadas colateralmente en los operativos. A ellos se suman 52 civiles que no murieron, pero resultaron lesionados.

A partir de 2015, los datos revelan el surgimiento de otro tipo de abusos y afectaciones colaterales además de las mencionadas. Por ejemplo, la dependencia reportó 22 casos de negligencias médicas en los servicios de salud del Ejército.

Abusos de autoridad, daños materiales y detenciones sin justificación, completan la lista de casos reportados por la Defensa Nacional.

El 2018, último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y el 2019, primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, son los años que concentran más casos reconocidos por Sedena, cada uno con 28. Le siguen 2017 y 2014 en los que se reportaron 22 respectivamente.

Tamaulipas es, por mucho, la entidad que concentra la mayor cantidad de daños colaterales y abusos de las fuerzas armadas con 51 casos, que equivalen al 27% del total. Jalisco y Nuevo León son las dos entidades que le siguen, cada una con 12 casos respectivamente.

Michoacán es la cuarta entidad con más casos de abusos militares con 11 respectivamente, y después se ubican empatadas Baja California y Ciudad de México, cada una con 10.

El caso de la capital del país tiene la particularidad de que la mayor parte de los casos reportadas en ella corresponden a negligencias médicas. Aunque no se detalla una explicación de ello, cabe señalar que en la ciudad se encuentra el Hospital Central Militar, que es la unidad médica más grande de la Sedena.

En Sinaloa, la Sedena reportó ocho casos de afectaciones colaterales, mientras que en Veracruz y Chihuahua informó de siete.

Los ocho estados donde la Defensa Nacional no reportó casos son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.

La ropa sucia… en casa

En 2010 la Sedena puso en marcha la denominada Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC) con la finalidad, entre otras cosas, de “atender de manera oportuna y eficaz a personas civiles que resulten afectadas por la participación del personal militar en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

La creación de esta unidad ocurrió tres años antes de que se expidiera la Ley General de Víctimas que, a su vez, dio paso a la constitución de la CEAV como único organismo coordinador del apoyo a las víctimas y responsable del Registro Nacional de las mismas. Pese a ello, y como lo prueba la información entregada por la Sedena, la UNIVIC continúa operando paralelamente hasta la fecha, y ha atendido directamente los 187 casos de afectaciones colaterales mencionados.

A pregunta expresa de cuántos de estos casos le fueron notificados a la CEAV, la dependencia contestó que 86, que son menos de la mitad de los registrados. Dicho de otra forma: hay 101 casos que el Ejército no le dio a conocer a la comisión y, en consecuencia, las víctimas de ellos no están inscritas en el Registro Nacional.

La mayoría de los casos reportados a la CEAV ocurrieron en años previos a 2015. En cambio, de los 105 casos registrados de 2016 en adelante, menos de la cuarta parte (22) han sido notificados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Para atender a las víctimas de los daños colaterales causados por sus elementos, la UNIVIC de la Sedena procedió con la firma de 175 convenios de carácter confidencial con los afectados.

De acuerdo con un mayor de justicia militar que ha participado en dichos procedimientos (cuyo nombre se reserva por seguridad) el punto central es el pago de fuertes sumas económicas que discrecionalmente define la Sedena, sumado a otros apoyos como asistencias médicas. Uno de los requisitos que se pide a los afectados es mantener secrecía de los hechos y apoyos.

Como parte de la solicitud enviada a la Sedena, Animal Político requirió conocer a cuánto ascienden los recursos entregados a las víctimas tras la firma de los convenios. La respuesta de la dependencia es que “la información referida se encuentra clasificada como reservada”.

Esta respuesta contrasta con la información de CEAV, la cual sí transparenta los montos que se erogan por los acuerdos de compensación o reparación de daño con las víctimas. Por ejemplo, la CEAV informó recientemente que se han destinado 36 millones de pesos en compensaciones a víctimas de violaciones a derechos humanos de la Secretaría de Marina.

Revictimización, opacidad y militarización

Un oficio dirigido al titular de la Sedena en agosto del 2020 firmado por el referido mayor de justicia militar, y al que Animal Político tuvo acceso, identifica las irregularidades que representa la intervención de la UNIVIC en vez de la CEAV en la atención de víctimas tanto del Ejército como de la Guardia Nacional.

Entre ellas destaca, por ejemplo, la omisión de inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), situación que a su vez da paso a otras irregularidades como la falta de oportunidad para acceder a una reparación integral acorde a los parámetros que la Ley General de Víctimas Establece.

El que haya víctimas que no llegan al RENAVI deriva oficialmente en el crecimiento de una lista negra de víctimas y con ello de la opacidad A su vez, eso significa que la dimensión del problema de uso indebido y abusivo de la fuerza no se conozca realmente y, por lo tanto, tampoco se adopten medidas de no repetición y solución de estos problemas.

En otro análisis elaborado por el mismo funcionario castrense y entregado directamente a este medio, se añade que la firma de estos convenios limita las posibilidades de recibir una mayor asistencia jurídica.

“Si bien es cierto aparentemente la UNIVIC realiza una labor digna de reconocimiento, de acuerdo con sus informes periódicos en los que señalan que las víctimas reciben atención médica y psicológica de calidad, lo cierto es que este mecanismo reditúa en mucho los intereses del ejército al evitarse en su mayoría la intervención de autoridades como lo son los Agentes del Ministerio Público, la CNDH, o el CEAV” indica el informe.

La abogada especializada en la asistencia jurídica de víctimas, Reyna Velasco, coincidió en la misma problemática. Incluso, consideró que es muy posible que los casos que la Sedena señala que sí fueron reportados a la CEAV, haya sido como consecuencia de la intervención de otra autoridad.

“El que las víctimas no lleguen a la CEAV termina, a la larga, por limitar sus derechos. El pago solo de una compensación no es una reparación integral del daño”, dice Velasco.

Catalina Pérez Correa, investigadora de la Universidad de Stanford especializada en temas de fuerzas armadas, alertó además que la diversificación de daños colaterales que el Ejército ha causado en los últimos años a las personas, refleja su involucramiento en actividades cada vez mas amplias que ya no se limitan solo a enfrentamientos con el crimen organizado.

Además, la especialista consideró aun más grave que la Defensa Nacional esté involucrándose en la atención de víctimas no solo del Ejército sino de la Guardia Nacional, situación que prueba una vez mas que dicha policía civil en realidad se encuentra bajo el control de las fuerzas armadas.

“Tenemos de nuevo este tema de la duplicidad de la Guardia Nacional. Una institución que es de facto militar. Pero además hay un problema de transparencia serio porque la Sedena termina atendiendo violaciones a derechos humanos de la Guardia y ocultando los casos lo que genera, lo que tergiversa la opinión pública que puede tenerse de esa fuerza”, concluyó.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Angel, A. (2021). Ejército acepta a 187 víctimas de sus operativos, pero negocia con ellos para no reportarlos a la CEAV. Animal Político. Recuperado el 12 de enero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/01/ejercito-victimas-operativos-negocia-ceav/

CNDH instruye a Marina y FGR a esclarecer la desaparición forzada de 27 personas

Gloria Leticia Díaz, Proceso

21 de julio 2020

Edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Foto: Twitter @CNDH
Edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Foto: Twitter @CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por detención arbitraria y desaparición forzada de 27 personas, 12 de ellas ejecutadas extrajudicialmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instruyó al esclarecimiento y sanción de los hechos así como a la reparación del daño a los familiares de las víctimas en una recomendación dirigida a  los titulares de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Rafael Ojeda Durán y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y al alcalde  de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar.

La recomendación por violaciones graves 36VG/2020, dada a conocer este martes, está relacionada con 17 expedientes de queja por hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2018, atribuidos a elementos de la Semar, en que 27 personas fueron detenidas de manera arbitraria, permaneciendo 15 en calidad de desaparecidas.

El organismo resaltó que los cuerpos de 12 víctimas fueron encontrados sin vida en brechas y “entierros clandestinos”, en los municipios de Nuevo Laredo y Anáhuac, Nuevo León.

Tras realizar la investigación de expedientes recibidos entre febrero y junio, y septiembre de 2018, la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos atribuibles a personal de la Semar relacionados con “la desaparición forzada de las 27 personas; por las ejecuciones extrajudiciales de 12 de ellas, las cuales no han sido esclarecidas por parte de las respectivas autoridades; el derecho a la inviolabilidad del domicilio en agravio de 15 testigos, quejosos y familiares de las víctimas; a la integridad personal por los tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados en agravio de seis personas más, quienes presenciaron el momento de la detención de tres de los desaparecidos, y a la verdad y al acceso a la justicia en agrio de los 17 quejosos familiares de las víctimas”.

La CNDH resaltó que en las quejas correspondientes, los familiares de las víctimas informaron que tras las detenciones por elementos de la Marina, acudieron a las instalaciones de las Bases de Operaciones de la Semar en Nuevo Laredo, a la Procuraduría General de Justicia del estado, a la Delegación de la FGR en Tamaulipas, a hospitales y funerarias, sin obtener información.

Por los hechos, el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra, recomendó al secretario de la Marina, al gobernador Cabeza de Vaca y al alcalde Rivas Cuéllar, “se brinde la reparación integral del daño a quejosos afectados y familiares directos, que incluya una compensación con motivo de la afectación por la desaparición forzada cometida en agravio de las 27 víctimas, en términos de la Ley General de Víctimas; se brinde atención psicológica y tanatológica, en caso de requerirlo, realizando las gestiones necesarias para la identificación e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas”.

A las autoridades federales, estatal y municipal, la CNDH instruyó a gestionar la inscripción de 15 de las víctimas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas; se coadyuve con su búsqueda, y que de manera coordinada “se lleve a cabo una disculpa pública institucional en favor de los familiares afectados, en presencia de esta Comisión Nacional”.

Al secretario Rafael Durán se le solicitó su colaboración para la integración de la queja por los hechos en la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Marina, “contra los elementos navales involucrados en los hechos que se consignan en la presente recomendación, incluyendo a los que negaron la detención y a los que han ocultado información sobre los hechos, y en el seguimiento de la denuncia de hechos que presente ante la FGR, por las conductas y omisiones respecto del probable ocultamiento de información o datos”.

Se pidió al secretario a identificar a los marinos que “hayan ordenado y/o participado en los cateos ilegales y detenciones arbitrarias de las víctimas por los hechos referidos; se proporcione a la Fiscalía Especializada de la FGR la información, datos y documentación que les sean requeridos en las carpetas de investigación iniciadas con motivo de la desaparición forzada de las 27 personas”.

Asimismo la CNDH recomendó a Durán que sean videograbados los patrullajes del personal de la Semar, de manera particular “los operativos en los que exista contacto con la población civil”; que se instruya al personal “abstenerse de llevar a cabo detenciones y desapariciones forzadas de personas”; que no utilicen vehículos particulares para la realización en tareas de seguridad; que se continúe la capacitación formación en materia de derechos humanos, dirigida tanto a los mandos medios y superiores como a los elementos de tropa.

Al gobernador de Tamaulipas y al alcalde de Nuevo Laredo, se le encomendó “implementar en un plazo razonable, políticas públicas adecuadas encaminadas a combatir los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en la región”; implementar programas de “fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiales estatales y municipales”; instruir al personal de seguridad pública estatal y municipal denunciar detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de las que tengan conocimiento, de manera que “en ninguna circunstancia las toleren ni faciliten los medios para su realización”.

Al fiscal Gertz Manero, la CNDH le recomendó girar las instrucciones para continuar con las investigaciones iniciadas por las 27 desapariciones forzadas; coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones de búsqueda locales para esclarecer el paradero de las 15 personas que continúan desaparecidas; que favorezcan la participación de los familiares de las personas desaparecidas y sus representantes, conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares; así como que colabore con la CNDH en las quejas que presente ante el Órgano Interno de Control y la Visitaduría General de la FGR, por las omisiones atribuibles a los agentes del Ministerio Público de la Federación.

“El presente artículo es propiedad de Proceso

Díaz, G. (2020). CNDH instruye a Marina y FGR a esclarecer la desaparición forzada de 27 personas. Proceso. Recuperado el 22 de julio de 2020, de https://www.proceso.com.mx/639237/cndh-instruye-a-marina-y-fgr-a-esclarecer-la-desaparicion-forzada-de-27-personas