Colegio de Abogados de NY reprueba a México en anticorrupción

Redacción ContraRéplica

19 de mayo de 2021, 07:37

Colegio de Abogados de NY reprueba a México en anticorrupción

Redacción ContraRéplica

Un estudio regional realizado por Colegio de Abogados de Nueva York ubicó a México con una calificación casi reprobatoria en la implementación de sus políticas anticorrupción debido a la falta de aplicación de las leyes en la materia, de independencia de las autoridades anticorrupción y una baja capacidad institucional.

Con una calificación final de 5.51 puntos, donde cero es el puntaje más bajo y diez el más alto, nuestro país se posicionó – entre ocho países de la región- en el antepenúltimo lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020.

“A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México destaca por la falta de implementación de la norma derivada de una baja capacidad institucional y una alta influencia política en autoridades anticorrupción”, afirma el documento.

Los expertos participantes en el informe advierten que a pesar de que una de las banderas de la administración actual es la lucha contra la corrupción, la voluntad política tiene mucha influencia en este aspecto, pues mencionaron que “existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de funcionarios actuales”.

Aunado a que se identificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un órgano eficaz para la prevención de la corrupción a través de las políticas de transparencia, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la menos eficaz.

El documento añade que aunque en México existen mecanismos de prevención de la corrupción, por ejemplo, en contrataciones públicas, “la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas, lo cual es un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción”.

Asimismo, los abogados calificaron como baja la capacidad institucional de los organismos públicos facultados para prevenir, investigar, y perseguir actos de corrupción. Mientras que en el sector privado, se encontró como una debilidad la falta de obligatoriedad de programas de cumplimiento y políticas anticorrupción de las empresas.

El estudio también evaluó la implementación de políticas anticorrucpión de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú, entre los cuales destacaron Chile, que obtuvo la calificación más alta, y Guatemala, que consiguió la más baja. Los abogados consultados para el estudio trabajan en diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.

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Redacción ContraRéplica. (2021). Colegio de Abogados de NY reprueba a México en anticorrupción. ContraRéplica. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-Colegio-de-Abogados-de-NY-reprueba-a-Mexico-en-anticorrupcion-202119531

Comunidad zapoteca rechaza consulta sobre parque industrial en el istmo

Educa Oaxaca, recuperado de Redacción Desinformémonos

11 de mayo de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Mientras en la cabecera municipal de San Blas Atempa, Istmo de Oaxaca, se desarrollaba una reunión de consulta sobre la creación de los Polos de Desarrollo Bienestar, un grupo de habitantes de la agencia Puente Madera bloquearon la Carretera Federal Transístmica 185 en rechazo al parque industrial que se pretende construir en esa comunidad. Representados por el agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, los inconformes interrumpieron el paso vehicular.

En un comunicado, la Asamblea Permanente de Puente Madera, San Blas Atempa, denunció una serie de eventos relacionados con la simulación del proceso de “consulta libre, previa e informada” a los pueblos indígenas para la imposición del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), parte del militarizado Corredor Interoceánico: “A los pueblos indígenas no se ha efectuadode buena fe, al no existir un clima de confianza para su realización; no se ha realizado de manera libre, ya que existió presión, coerción e intimidación a empleados y trabajadores para asistir a dicha consulta, con amenazas de perder su trabajo ó sueldo, así como se mandaron a traer camionetas de las agencias vecinas para acarrear a personas afines al presidente municipal de San Blas Atempa, del mismo modo se condicionaron apoyos sociales y económicos a los asistentes”, lo que supone una violación a los derechos económicos, sociales y culturales que tienen los proceso de consulta y consenso de los pueblos indígenas, afirma esta asamblea.

Denunciaron el clima de violencia, la división comunitaria y responsabilizaron a autoridades locales y federales “de cualquier amenaza, intimidación, acoso o coerción de los derechos humanos de la que lleguen a ser víctimas las y los habitantes de la Agencia de Puente Madera”.

Publicado originalmente en Educa Oaxaca

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Educa Oaxaca. (2021). Comunidad zapoteca rechaza consulta sobre parque industrial en el istmo. Desinformémonos. Recuperado el 12 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/comunidad-zapoteca-rechaza-consulta-sobre-parque-industrial-en-el-istmo/

El Estado Mexicano reacciona (un poco): ya prepara disculpa pública

Katia D’Artigues | Yo También.

Miércoles 5 de mayo de 2021

Fotografía de un hombre de edad media, lleva puesto un saco azul y una corbata roja, en la mano izquierda lleva un reloj de color negro. Se encuentra escribiendo con una pluma de color negro en una hoja de papel en blanco sobre un escritorio de madera, en el cual se encuentran otros objetos: una computadora, una pluma, un par de anteojos y un calendario.

Aunque en la secretaría de Relaciones Exteriores, vía Christopher Ballinas, aseguró que había 21 instituciones del Estado Mexicano que no habían reportado acciones para sustentar el avance en el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (que el pasado 3 de mayo cumplió 13 años de su entrada en vigor al país), resulta ser que una institución sí presentó un reporte que no tienen contabilizado: el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) que depende de Gobernación.

La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me hizo llegar un par de documentos donde esta institución -que sigue acéfala desde la renuncia de Mónica Maccise en junio de 2020- documenta que sí ha realizado acciones en 9 rubros, incluyendo el apoyo a la secretaría de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de la recomendación, hecha en 2019 sobre el caso en particular de Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad psicosocial al cual se le violaron sus derechos humanos al debido proceso y a la igualdad jurídica.

También, asegura CONAPRED en el documento que pueden leer aquí que incluso apoyó a la secretaría de Relaciones Exteriores para sustentar los Informes Periódicos 2o. y 3o. combinados de México sobre la instrumentación y cumplimiento de la Convención. Una versión más detallada está acá

El caso Arturo Medina Vela

Aunque el plazo puesto por el Comité de Expertos de Naciones Unidas para que el Estado Mexicano ofreciera una disculpa pública y tome medidas de no repetición en el caso de Arturo Medina Vela expiró el pasado 26 de marzo, en la secretaria de Gobernación dicen que ya están “iniciando el proceso”. 

Enrique Irazoque Palazuelos, director de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación me dijo: “La Unidad ha retomado el proceso de coordinación con Documenta-Análisis y acción para la justicia social, A.C. (representación legal de Arturo Medina) para dar cumplimiento al Dictamen del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo componente de partida será el acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública del Estado, el cual se proyecta pueda llevarse a cabo entre junio y julio próximos”.

Esperemos a junio o julio, pues. 

Medina es un joven con discapacidad psicosocial que estuvo preso durante 4 años y se le negó su derecho a la defensa porque el estado le puso una “medida de protección”, al declararlo “inimputable” que le negó su derecho a la defensa. Puedes leer un resumen de su caso aquí. 

Otras ‘acciones’ de Conapred.

En el documento mandado por Sánchez Cordero, Conapred dice que entre diciembre de 2018 a marzo de 2021 también:

  1. Participó en el proceso de reforma a la Ley General de Educación para la incorporación plena del criterio de educación inclusiva así como en el “proceso de integración de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva -ENEI- “ derivada de esa reforma para “materializar el carácter inclusivo de la educación”.
  2. Que en su Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación (Pronaid) 2020-2024 “incluytye acciones puntuales para la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.
  3. Que dio varios cursos que llegaron a 36 mil 202 personas sobre temas de discapacidad,  distribuyó 7 mil 269 ejemplares sobre derechos de personas con discapacidad, publicó un documento específico sobre los resultados de personas con discapacidad de la ENADIS 2017 y tamibén hizo una versión en lectura fácil de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en el 2021 publicó el libro “sentencias relevantes en materia de igualdad y no discriminación” que contiene casos de personas con discapacidad. 
  4. Que tuvo varias acciones de vinculación del tema de discapacidad con otras instituciones como la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Conacyt, Inmujeres y la Profeco.
  5. Que iniciaron en 2020 el proceso para transformar la Norma Mexicana NMX-r-025- SCFI.2015 sobre Igualdad Laboral y no discriminación en Norma Oficial Mexicana
  6. Que desde el 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de este año iniciaron 69 expedientes de quejas calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con personas con discapacidad.
  7. Que desde 218 lanzaron una campaña llamada “Incluir para crecer” que incluyó a pcd.
  8. En la pandemia que participaron en la integración y publicación de la “guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19” que hizo la secretaría Salud y revisaron la Guía Bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica así como la defensa de pcd y otras poblaciones frente a restricciones de horario e ingreso a establecimientos comerciales de bienes y servicios.

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D’Artigues, K. (2021). El Estado Mexicano reacciona (un poco): ya prepara disculpa pública. Yo También. Recuperado el 5 de mayo de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/el-estado-mexicano-reacciona-un-poco-ya-prepara-disculpa-publica/

Denuncian en Kimbalá abusos de funcionarios y líderes ejidales para aprobar Tren Maya

Redacción Desinformémonos

17 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Parcelarios, ejidatarios, pobladores y ciudadanos del pueblo maya de Kimbilá, Izamal, Yucatán, rechazaron “las malas prácticas de autoridades federales y de líderes ejidales”, quienes, aseguran, pretenden realizar una asamblea este domingo 18 de abril para autorizar el proyecto Tren Maya. Los pobladores exigieron que se respete su derecho a la información y a una consulta “libre, previa e informada” ante formas de decisión de asuntos “tan trascendentes” como la tierra y el territorio.

En un comunicado dirigido a instancias de gobierno y organismos de derechos humanos, expusieron que la asamblea convocada por el comisariado ejidal del pueblo pretende autorizar el proyecto a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como expropiar seis mil metros cuadrados de tierras de uso común y parte del territorio indígena, además de acreditar el cambio de uso de suelo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ante estos hechos, los ejidatarios señalaron que ninguna autoridad de Kimbilá partició ni aprobó el proceso de Consulta Indígena realizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en 2019 y que no han recibido información del proyecto que las autoridades buscan poner en las tierras que ahora “amenazan con expropiar”, condenaron.

Los pobladores de Kimbilá exigieron su derecho como pueblo maya a que se realice un proceso de consulta previa, libre e informada de acuerdo a estándares internacionales y que se abra la discusión a todo el pueblo, “no únicamente a la asamblea ejidal”. Acusaron a Fonatur de realizar visitas con grupos cerrados, lo que, explican, ha generado más “confusión y rumores” entre los ejidatarios.

Los ejidatarios rechazaron que se realice la asamblea en el contexto electoral y de la pandemia por Covid-19 y solicitaron que se abra un “verdadero proceso de consulta” después de las elecciones de junio. Aseguraron que la aprobación o rechazo de un proyecto “depende de todo un proceso de diálogos y consensos libres, previos e informados con el pueblo en su totalidad”.

A continuación el comunicado íntegro.

https://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2021/04/ComunicadoKimbila.pdf

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Redacción Desinformémonos. (2021). Denuncian en Kimbalá abusos de funcionarios y líderes ejidales para aprobar Tren Maya. Desinformémonos. Recuperado el 19 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/denuncian-en-kimbala-abusos-de-funcionarios-y-lideres-ejidales-para-aprobar-tren-maya/

Violencia digital afecta libertad de expresión de jóvenes

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias.

Miércoles 14 de abril de 2021

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CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México. Las mujeres y niñas que son víctimas de violencia digital no deben ser culpadas. “Ninguna busca, induce ni provoca las agresiones que se realizan contra ellas. Su vida, libertad e integridad debe ser respetada en todos los espacios. Cuando ellas dicen “no es no””, declaró la académica de la Federación Mexicana de Universitarias (FEM), Ydila Pérez Fernández Ceja durante el conversatorio “Violencia digital y Ciberacoso”.

Este evento virtual fue organizado por personal del Museo de la Mujer como parte del programa: Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el fin de promover las actividades de investigación entre el estudiantado.

En opinión de Fernández Ceja la ciberviolencia contra las mujeres y niñas representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital, afecta su libertad de expresión y les genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales como estrés, ansiedad, ira, fatiga, aislamiento y paranoia continua.

La ciberviolencia, explicó, se puede mostrar de diversas formas como: el ciberbullying (acoso psicológico), sexting (mensajes sexuales), stalked (perseguir, acechar y acosar de forma compulsiva a una persona), grooming (acoso de una persona adulta hacia una niña o adolescente con el propósito de establecer una relación de control emocional), shaming (actos que tienen como objetivo avergonzar a la víctima) y doxing (publicación de información privada sin el consentimiento de la persona). 

Algunos otros ejemplos, agregó, son la difusión de imágenes o videos personales sin el consentimiento de la persona a través de cualquier plataforma digital como son las redes sociales (principal medio), teléfonos móviles, mensajes de texto, correos electrónicos, chats, videos, páginas web y videojuegos.

Datos del Informe “Violencia en Línea contra las Mujeres en México” del colectivo Luchadoras, revelaron que la falta de estadísticas oficiales representa un reto para conocer la dimensión de la violencia en línea contra las mujeres, sin embargo, una de las cifras más cercana es que en 2015, casi 9 millones de mexicanas vivieron ciberacoso.

De esta agresión contra las mujeres, dice el informe, 86.3 por ciento fue realizada por personas desconocidas y 11.1 por ciento eran conocidos, de los cuales 5.9 por ciento eran amigos, 4.5 por ciento compañeros de clase o de trabajo, 2.2 por ciento eran pareja o expareja y 2.3 un familiar.

La también abogada del Instituto de Jurídicas de la UNAM detalló que las plataformas digitales proporcionan muchas posibilidades a las y los usuarios. Una de ellas, es abrir cuentas bajo nombres e información falsa, esto permite que los agresores ataquen desde el anonimato, lo que les ofrece una condición de poder sobre sus víctimas.

La creación de la “Ley Olimpia”, resaltó, es un avance para condenar estas agresiones que antes no eran visibles y defender el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia en todos los espacios. Esta ley, agregó, fue llamada así por Olimpia Corral Melo, mujer originaria de Huauchinango, Puebla, quien luchó por castigar a su agresor desde el 2017, luego de que éste divulgó un video sexual de ella.

Olimpia no salió de su casa por 8 meses e intentó suicidarse en 3 ocasiones. Más tarde, la joven, quien en ese entonces tenía 19 años, impulsó que se reconocieran los delitos contra la intimidad sexual en el código penal de su estado, en 2018, luego en otros 11 estados, uno de ellos la Ciudad de México.

La Ley Olimpia es vigente en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tlaxcala, Jalisco, Colima y Baja California.

Olimpia Correal Melo, añadió, es una defensora que junto a  otras mujeres crearon el “Frente Nacional para la Sororidad” con el objetivo de tratar casos y prevenir la violencia digital. “Su nombre ya no se asocia más a ese video, sino a esta ley mexicana. Olimpia se dio cuenta que ella nunca fue la culpable de las agresiones que recibió”, dijo.

Antes de esta ley, dijo, se cuestionaba a las mujeres “¿De qué vas a denunciar a tu exnovio? ¿Cuál es el delito concreto que cometió? No existía nada en el Código Penal”, por lo que es necesario supervisar la forma en cómo se está aplicando la ley con el fin de que este tipo de obstáculos sean erradicados.

La importancia de esta ley, contó, es que reconoce la violencia sexual y el ciberacoso relacionados con las tecnologías y exige que se creen mecanismos de capacitación para que las autoridades adopten nuevas formas de acceso a la justicia frente a estos delitos.

Recordó que a casi dos meses de haber entrado en vigencia la Ley Olimpia en la Ciudad de México hubo un detenido. Un hombre de 21 años, quien tomó fotos a una joven en los baños de la UNAM. Éste fue detenido por vigilantes de la institución, presentado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales y llevado al Ministerio Público. Su caso sigue en proceso.

De acuerdo con el artículo 179 del Código Penal se impondrá de 4 a 6 años de prisión y de 500 a 1000 unidades de medida “a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos, o cualquier otros medios de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho… y le requiera o comparta imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexuales o le solicite un encuentro sexual”, describe.

Esta pena se agravará el triple cuando la amenaza consiste en “difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir… mediante materiales impresos, correo electrónico, mensaje, redes sociales o cualquier medio tecnológico; imágenes, audios o videos con contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante engaño”, estipula el artículo 209 del Código Penal.

Otro caso, añadió, es la sentencia contra Fernando “N”, exestudiante universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien vendió “packs” (paquete de dos o más imágenes con contenido sexual) de alrededor 800 mujeres en redes sociales. Éste fue denunciado por compartir esas imágenes sin el consentimiento de las víctimas. Tras la entrada en vigor de la Ley Olimpia en este estado fue sentenciado a 3 años en la cárcel.

La abogada llamó a que las y los jóvenes denuncien estos delitos y se informen para que sean conscientes que compartir fotos con contenido sexual de otras personas sin su consentimiento amerita un delito, pues transgrede su derecho a la intimidad sexual y muchos otros. Recalcó que es necesario estar pendiente de cómo avanza la aplicación de la Ley Olimpia en todo el país.

El informe “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México” de Luchadoras, registró que en los últimos tres años anteriores a 2020, se abrieron 2 mil 143 carpetas de investigación en 18 estados del país por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. De estas carpetas, 84.46 por ciento de las víctimas fueron mujeres.

21/AEG/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Violencia digital afecta libertad de expresión de jóvenes. CIMAC Noticias. Recuperado el 16 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/14/violencia-digital-afecta-libertad-de-expresion-de-jovenes