Educa Oaxaca, recuperado de Redacción Desinformémonos
11 de mayo de 2021
Ciudad de México | Desinformémonos. Mientras en la cabecera municipal de San Blas Atempa, Istmo de Oaxaca, se desarrollaba una reunión de consulta sobre la creación de los Polos de Desarrollo Bienestar, un grupo de habitantes de la agencia Puente Madera bloquearon la Carretera Federal Transístmica 185 en rechazo al parque industrial que se pretende construir en esa comunidad. Representados por el agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, los inconformes interrumpieron el paso vehicular.
En un comunicado, la Asamblea Permanente de Puente Madera, San Blas Atempa, denunció una serie de eventos relacionados con la simulación del proceso de “consulta libre, previa e informada” a los pueblos indígenas para la imposición del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), parte del militarizado Corredor Interoceánico: “A los pueblos indígenas no se ha efectuadode buena fe, al no existir un clima de confianza para su realización; no se ha realizado de manera libre, ya que existió presión, coerción e intimidación a empleados y trabajadores para asistir a dicha consulta, con amenazas de perder su trabajo ó sueldo, así como se mandaron a traer camionetas de las agencias vecinas para acarrear a personas afines al presidente municipal de San Blas Atempa, del mismo modo se condicionaron apoyos sociales y económicos a los asistentes”, lo que supone una violación a los derechos económicos, sociales y culturales que tienen los proceso de consulta y consenso de los pueblos indígenas, afirma esta asamblea.
Denunciaron el clima de violencia, la división comunitaria y responsabilizaron a autoridades locales y federales “de cualquier amenaza, intimidación, acoso o coerción de los derechos humanos de la que lleguen a ser víctimas las y los habitantes de la Agencia de Puente Madera”.
Ciudad de México | Desinformémonos. Parcelarios, ejidatarios, pobladores y ciudadanos del pueblo maya de Kimbilá, Izamal, Yucatán, rechazaron “las malas prácticas de autoridades federales y de líderes ejidales”, quienes, aseguran, pretenden realizar una asamblea este domingo 18 de abril para autorizar el proyecto Tren Maya. Los pobladores exigieron que se respete su derecho a la información y a una consulta “libre, previa e informada” ante formas de decisión de asuntos “tan trascendentes” como la tierra y el territorio.
En un comunicado dirigido a instancias de gobierno y organismos de derechos humanos, expusieron que la asamblea convocada por el comisariado ejidal del pueblo pretende autorizar el proyecto a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como expropiar seis mil metros cuadrados de tierras de uso común y parte del territorio indígena, además de acreditar el cambio de uso de suelo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante estos hechos, los ejidatarios señalaron que ninguna autoridad de Kimbilá partició ni aprobó el proceso de Consulta Indígena realizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en 2019 y que no han recibido información del proyecto que las autoridades buscan poner en las tierras que ahora “amenazan con expropiar”, condenaron.
Los pobladores de Kimbilá exigieron su derecho como pueblo maya a que se realice un proceso de consulta previa, libre e informada de acuerdo a estándares internacionales y que se abra la discusión a todo el pueblo, “no únicamente a la asamblea ejidal”. Acusaron a Fonatur de realizar visitas con grupos cerrados, lo que, explican, ha generado más “confusión y rumores” entre los ejidatarios.
Los ejidatarios rechazaron que se realice la asamblea en el contexto electoral y de la pandemia por Covid-19 y solicitaron que se abra un “verdadero proceso de consulta” después de las elecciones de junio. Aseguraron que la aprobación o rechazo de un proyecto “depende de todo un proceso de diálogos y consensos libres, previos e informados con el pueblo en su totalidad”.
Ciudad de México | Desinformémonos. «La fuerza de lo colectivo es para la defensa de la tierra», aseguraron las mujeres de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Teopisca, Chiapas, donde durante 25 años han gestionado su autonomía a través de colectivos de panadería, de hortaliza, plantas medicinales y milpa.
Con motivo del 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el pasado 10 de abril, relataron que desde 1994 iniciaron con la organización de su trabajo, actualmente encabezado por 30 mujeres de la comunidad que se dividen en cuatro turnos.
Para el colectivo de panadería, explicaron, el trabajo de los hombres se limitó a la construcción de los hornos, mientras que son ellas quienes acarrean y rajan la leña, así como se encargan de «que todo el tiempo haya pan».
Añadieron que la organización de las mujeres en San Francisco también abraza la salud de la comunidad. «Tenemos un colectivo de hortaliza y otro nuevo de hierbas medicinales», con las que atienden y curan las enfermedades y malestares de la población, indicaron.
En un comunicado, las mujeres expresaron que su deseo es «que todas las compañeras seamos despertadas, que despertemos ya de ese sueño que nos tiene durmiendo el mal gobierno», así como que, junto con los hombres, se recuperen las tierras invadidas y explotadas por «los patrones» instalados en la comunidad.
«Nosotros venimos de la semilla zapatista porque desde ahí nace todo […]. Mientras estamos en esta lucha venimos siendo como la descendencia de Zapata que luchó por la tierra, para repartir a los pobres», explicaron de manera conjunta los hombres y mujeres de la comunidad, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).
La lucha colectiva en San Francisco surgió de la necesidad de defender sus tierras y sus derechos como pueblo frente al olvido del gobierno y el abuso de los «patrones» sobre sus tierras. «Como campesinos indígenas de por sí hemos sido marginados, olvidados del mal gobierno, entonces entendimos que era necesario defender nuestros derechos, y al mismo tiempo defender nuestro territorio y también nuestras tierras. Porque esta tierra, nosotros como campesinos, como comunidad de San Francisco, a nosotros nos corresponde», aseguraron.
Con la organización para la defensa del territorio y la creación de los trabajos colectivos, subrayan, se ha construido «lo que llamamos nuestra autonomía, nuestro propio desarrollo que el mal gobierno nunca lo va a hacer para nosotros».
Por ello, los hombres y mujeres de San Francisco llamaron a las comunidades indígenas del país a que «sigan adelante defendiendo su territorio, sus derechos que tienen, porque el gobierno que tenemos en todo el mundo es el mismo capitalista que va para destruir a toda la gente pobre, a toda la gente indígena».
A continuación el comunicado completo:
A 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, el 10 de abril 1919, las mujeres del grupo San Francisco, comunidad campesina del municipio de Teopisca, Chiapas, adherente a la Sexta Declaración del Selva Lacandona e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), declararon que desean “que todas las compañeras seamos despertadas, que despertemos ya de ese que nos tiene durmiendo el mal gobierno”.
“La fuerza de lo colectivo es para la defensa de la tierra. Ya va más de 25 años, desde el 1994, que seguimos trabajando, estamos animadas en el colectivo de panadería, todo el tiempo trabajamos, somos como 30 mujeres divididas en cuatro turnos de trabajo y estamos viendo que todo el tiempo haya pan. Los hombres solo nos ayudaron a hacer el horno, nosotros acarreamos nuestra leña y la rajamos, es lo que hacemos”. “Aquí nos curamos con unas hierbitas, tenemos un colectivo de hortaliza y otro nuevo de hierbas medicinales”.
Una comisión de hombres que volvió del trabajo colectivo en la milpa concuerda con las mujeres reunidas. “El EZLN viene de la semilla de Emiliano Zapata, y la semilla más grande que hubo aquí en San Francisco es el colectivo de pan”. “Fue una base muy importante de las luchas que se han venido haciendo, y también los colectivos son una base para sostener la lucha. Desde luego tenemos un colectivo de milpa, y en 2012 cuando nosotros recuperamos otro predio, para seguir avanzando en los trabajos colectivos, pensamos hacer nuestro colectivo de ganado”.
“Aquí nosotros le decimos recuperación de tierras a lo que hicimos como grupo, pues digamos que nuestros abuelos fueron mozos y acasillados en estas tierras, pero los que decían que eran dueños de estas tierras no la trabajaban, el patrón no trabaja, sino que nuestros abuelos son quienes la trabajan, cortando monte para sembrar milpa para el patrón. Como que entendimos que sí teníamos derecho por ser hijos de los mozos. Desde ahí empieza los deseos y la necesidad de organizarse para recuperar esta tierra. Igual en 2012 la recuperamos y el ganado que tenía el patrón se le regresó. Nosotros dijimos que el ganado es del patrón y las tierras son de nosotros. No es que no pudimos agarrar uno es que no quisimos.”
“Como campesinos indígenas, de por sí hemos sido marginados, olvidados del mal gobierno, entonces entendimos que era necesario defender nuestros derechos, y al mismo tiempo defender nuestro territorio y también nuestras tierras. Porque esta tierra, nosotros como campesinos, como comunidad de San Francisco, a nosotros nos corresponde. Entonces por eso decidimos desde esos años empezar a organizarnos así hombres y mujeres y luego fuimos avanzando en defender nuestras tierras y construir trabajos colectivos, lo que llamamos nuestra autonomía, nuestro propio desarrollo que el mal gobierno nunca lo va a hacer para nosotros. Por esta razón lo comenzamos y es hasta donde vamos ahorita”.
“Más que nada, nosotros venimos de la semilla zapatista porque desde ahí nace todo, la idea de Zapata y del EZLN es la misma, y que también nosotros como CNI la tenemos. Mientras estamos en esta lucha venimos siendo como la descendencia de Zapata que luchó por la tierra, para repartir a los pobres. Si nosotros defendemos nuestra tierra no es para nosotros, es para nuestra descendencia. Todos debemos luchar por nuestra descendencia, no para lo personal. No luchar para uno, sino para los demás.”
“Como mensaje a los compañeros de México y de otros países, les decimos que sigan adelante defendiendo su territorio, sus derechos que tienen porque el gobierno que tenemos en todo el mundo es el mismo capitalista que va para destruir a toda la gente pobre, a toda la gente indígena y lo que dice es que está desarrollando económicamente pero es lo contrario porque está viendo de que entren las empresas transnacionales aquí en México y en Chiapas, van a venir de otros países para que saquen todos los recursos naturales que tenemos. Y eso es lo que estamos defendiendo nosotros y también que todos defendamos lo que nos corresponde como dueños cada uno de su propio territorio”.
San Francisco, Teopisca, 10 de abril 2021
¡Compas Arriba! / Radio Pozol
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Ciudad de México | Desinformémonos. Colectivos ambientalistas y de derechos humanos llamaron a las autoridades mexicanas a atender la solicitud interpuesta por comunidades mayas para una moratoria sobre las aprobaciones de granjas porcícolas en la Península de Yucatán.
La moratoria de las aprobaciones a nuevas granjas porcícolas debe extenderse «hasta que se resuelvan los problemas de los derechos del pueblo maya y el daño a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana» que los complejos existentes provocaron en la región, aseguraron el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México en una solicitud respaldada por Equipo Indignación.
Explicaron que su solicitud es un respaldo a la denuncia regional que interpusieron 21 comunidades mayas de la Península de Yucatán ante «la omisión del gobierno de consultar a los grupos indígenas antes de aprobar las granjas de cerdos industriales ambientalmente destructivas en la región».
De acuerdo con Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, “la aprobación unilateral del gobierno mexicano de la cría industrial de cerdos en territorio indígena ignoró los derechos y la salud de las comunidades locales”, lo qu ha contribuido a la pérdida de vida silvestre en la región y a alimentar la crisis de extinción global.
Los colectivos firmantes de la solicitud recordaron también que el crecimiento «desenfrenado» de la cría de cerdos industrial en la Península «ha degradado el aire, el suelo y el agua», vulnerando la salud de las comunidades Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Por ello, instaron a los funcionarios mexicanos a responder los reclamos de las comunidades mayas cuyos derechos fueron violados por la construcción de granjas industriales porcinas en sus territorios.
A continuación el comunicado completo:
El Centro para la Diversidad Biológica* y Greenpeace México** presentaron una solicitud formal respaldada por Indignación AC***(1) instando al gobierno mexicano a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas, según la ley mexicana, a los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta sobre la concesión de permisos y el funcionamiento de las granjas industriales en expansión en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como atender la solicitud de los pueblos mayas de una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas de granjas industriales porcinas y ampliaciones hasta que se resuelvan los problemas de los derechos del pueblo maya y el daño a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.
Esta solicitud es en respaldo al grupo de 21 comunidades mayas que interpusieron una denuncia regional dirigida a los titulares de la Procuraduría Federal De Protección al Ambiente del Gobierno Federal (PROFEPA) Blanca Alicia Mendoza Vera; la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Jiménez Cisneros; y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), María Luisa Albores González con una serie de preocupaciones respecto a la omisión del gobierno de consultar a los grupos indígenas antes de aprobar las granjas de cerdos industriales ambientalmente destructivas en la región. Dicha denuncia fue preparada y presentada por la organización de derechos humanos Indignación.
“La aprobación unilateral del gobierno mexicano de la cría industrial de cerdos en territorio indígena ignoró los derechos y la salud de las comunidades locales”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Las plantas y animales de la selva maya constituyen uno de los puntos de biodiversidad más impresionantes del mundo. El crecimiento desenfrenado de las granjas industriales destructivas está acelerando la pérdida de vida silvestre en la región y ayudando a alimentar la crisis de extinción global”.
La selva maya de la península de Yucatán proporciona numerosos recursos animales y vegetales para la alimentación y la medicina. También proporciona un hábitat crítico para innumerables especies de plantas y animales, incluidos los monos araña y jaguares en peligro, así como hongos y microorganismos.
La península de Yucatán cuenta actualmente con aproximadamente 257 granjas industriales de cerdos registradas que producen más de 1 millón de animales al año para el sacrificio, el 14% de la capacidad de producción de México. De las operaciones registradas, el 86% están ubicadas en el estado de Yucatán y el resto en los estados de Quintana Roo y Campeche. La distribución de operaciones en el estado de Yucatán se concentra mayoritariamente en los municipios aledaños a la ciudad de Mérida.
Como se documenta en el informe de GreenpeaceLa carne que está consumiendo el planeta, el crecimiento desenfrenado de la cría de cerdos industrial ha degradado el aire, el suelo y el agua de la península de Yucatán.
“Es crucial regular la industria porcina existente en la Península de Yucatán para evitar una catástrofe ecosistémica y luego transformar el modelo de producción de carne porcina a nivel industrial desde las raíces”, dijo Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y cambio climático de Greenpeace México.
Desde 2018 niños del pueblo maya de Homún también han estado luchando en tribunales federales y administrativos en México para defender los vastos recursos naturales del área y sus derechos indígenas contra el desarrollo y operación de una granja industrial de 49 mil cerdos propiedad de Producción Alimentaria Porcícola. El caso, que ha resultado en suspensión de las operaciones de la finca, está programado para ser escuchado por la Corte Suprema de México a finales de este año.
La Península de Yucatán alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado internacional que protege humedales espectaculares como Laguna de Términos, la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, el Parque Estatal Laguna de Yalahau y la Reserva de la Biosfera Ría Celestún. La Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, ubicada en Homún en un sitio de importancia mundial donde Chicxulub golpeó la Tierra hace 65 millones de años y provocó la extinción de dinosaurios no aviares, es la que más se pone en riesgo con estas operaciones.
«La contaminación de Yucatán por las operaciones porcinas industriales recae desproporcionadamente sobre los indígenas mayas», dijo Hannah Connor, abogada senior del Centro para la Diversidad Biológica, “ha llegado el momento para que las autoridades ambientales de México respondan a los reclamos soberanos hechos por estas comunidades y aborden con prontitud la graves daños que esta industria representa para los derechos indígenas, el medio ambiente y el agua de la que dependen”, concluyó.
*El Centro para la Diversidad Biológica es una organización nacional de conservación sin fines de lucro con más de 1.7 millones de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies en peligro de extinción y lugares silvestres.
**Greenpeace es una organización ambientalista global, independiente política y económicamente que busca cambios en las políticas públicas, las prácticas corporativas y la cultura, para enfrentar las amenazas del cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad a través de campañas disruptivas para fomentar la acción de la gente.
***Indignación es una organización no gubernamental. Desarrollamos nuestra labor de manera independiente y autónoma a cualquier poder: gobierno, partido político, etc. Nos organizamos como equipo y comenzamos a trabajar en mayo de 1991.Nuestro objetivo es promover y defender los derechos humanos desde una perspectiva integral, pluricultural y de género.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) reportó más de 40 ataques con armas de alto calibre contra las comunidades tsotsiles de Aldama, «provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal» de Chenalhó, en Chiapas.
«Mientras ocurrían las agresiones armadas, la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se encontraban del lado de Santa Martha-Miguel Utrilla, Chenalhó», de donde provenían los disparos, informó el Frayba sobre los ataques registrados los pasados 20 y 21 de marzo.
Acusó que las acciones gubernamentales para atender el conflicto y los ataques contra las comunidades de Aldama «han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población».
Frente a las agresiones armadas, que desde noviembre de 2020 mantienen a la población «en un contexto de terror», el Frayba exigió al Estado mexicano que investigue, identifique y sancione al grupo paramilitar de Santa Martha, Chanalhó, y «ponga de una vez fin» a la violencia contra las comunidades de Aldama.
A continuación el comunicado completo:
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, Chiapas, México; que durante los días 20 y 21 de marzo 2021, las comunidad de Aldama han sido agredidas con disparos de armas de fuego de alto calibre provenientes de distintos puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal.
Las agresiones armadas en contra de la población maya tsotsil de Aldama no ha cesado, desde noviembre de 2020, en donde el Frayba registró el mayor indice de ataques, a la fecha, los ataques armados han continuado hacía la población que vive sometida en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población.
El 20 de marzo de 2021, a partir de las 14:00 horas, habitantes de las comunidades Stzelejpotobtic, Coco, Juxton, Yeton, San Pedro Cotzilnam y Tabac recibieron 21 ataques de armas de fuego hasta las 23:30 horas, fueron más de 9 horas de agresión. La comunidad de Stzelejpotobtic recibió 11 ataques armados. Los disparos provenían de los puntos: K’ante’, Pajaltoj, Tok’oy-saclum, Puente Caridad, Vale’tik, Chuch te’, El Puente y T’elemax, municipio de Chenalhó.
El 21 de marzo de 2021, de las 10:00 a 21:00 horas, habitantes de las comunidades de Ch’ivit, Yeton, Tabak, Coco y Xuxch’en vivieron 9 ataques con armas de fuego. Además, trabajadores de una compañía que se encuentran laborando en el tramo carretero Tabac-San Pedro Cotzilnam, estuvieron bajo ataque. Mientras ocurrían las agresiones armadas, la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se encontraban del lado de Santa Martha-Miguel Utrilla, Chenalhó. Los las agresiones provenían de los puntos de ataque El Ladrillo que se encuentra dentro de las 60 hectáreas en disputa, además de Vale’tik, T’elemax, Tojtic, Slumka y Yocventana, Santa Martha.
El Frayba manifiesta su preocupación por los hechos de agresión armada que vive constantemente la población del municipio de Aldama. Estos hechos, forman parte de una persistente violencia con impactos psicológicos que ya vive la población y lleva a una fractura profunda del tejido social.
Urgimos al Estado mexicano que investigue, identifique y sanciones al grupo paramilitar de Santa Martha, Chanalhó, y ponga de una vez fin a la violencia contra las comunidades de Aldama.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a que firmen esta llamado urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas más apropiadas que garanticen la vida, la seguridad e integridad física y psicológica de la población en constante asedio.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Redacción Desinformémonos. (2021). Denuncian presencia de Guardia Nacional en ataques armados contra comunidades de Aldama. Desinformémonos. Recuperado el 24 de marzo de 2021, de https://desinformemonos.org/denuncian-presencia-de-guardia-nacional-en-ataques-armados-contra-comunidades-de-aldama/
Ciudad de México | Desinformémonos. Mujeres de distintas comunidades indígenas de Chiapas exigieron a las autoridades el cese a la expansión de plataciones de palma aceitera por contaminar sus territorios y dañar la biodiversidad.
Explicaron que los monocultivos de palma aceitera destruyen contaminan y agotan las fuentes de agua, erosionan el suelo, causan desplazamiento forzado y es implementado como instrumento de acaparamiento de tierras y territorios, «transgrediendo nuestros derechos humanos fundamentales».
Los monocultivos de palma, agregaron, «aceleran la pérdida de soberanía alimentaria y de los conocimientos tradicionales que las mujeres tenemos para la producción de alimentos y la preservación de semillas».
Las mujeres añadieron que los monocultivos son impuestos en sus territorios sin que se haya informado a las comunidades sobre su impacto ni se les consulte de manera previa.
Por ello, exigieron a las autoridades el cese de la expansión de las plantaciones de palma aceitera y de otros monocultivos, así como que se dejen de militarizar y paramilitarizar sus territorios para la imposición de plantaciones y otros proyectos.
«Seguiremos poniendo la vida en el centro, conservando nuestras semillas, cultivando nuestros alimentos sanos y luchando contra estos modelos de despojo y muerte en nuestras comunidades», concluyeron.
A continuación el comunicado completo:
Mujeres organizadas de distintas comunidades del estado de Chiapas nos reunimos los días 9, 10 y 11 de marzo de 2021 para celebrar nuestro encuentro: Las mujeres por la soberanía alimentaria, la salud y la defensa de los territorios: tejiendo alternativas a la expansión de la palma aceitera en el Sureste de México, con el objetivo de revisar las principales afectaciones del monocultivo de la palma aceitera sobre nuestros territorios-cuerpo-tierra.
Sabemos que este modelo extractivo, base del sistema capitalista- patriarcal, sigue implementando en nuestros territorios el avance del monocultivo, siendo el de palma uno de los más evidentes actualmente.
Los monocultivos de palma aceitera destruyen nuestra biodiversidad, contaminan y agotan las fuentes de agua, erosionan nuestro suelo, causan desplazamiento forzado, son implementados como instrumento de acaparamiento de tierras y territorios, transgrediendo nuestros derechos humanos fundamentales, aceleran la pérdida de soberanía alimentaria y de los conocimientos tradicionales que las mujeres tenemos para la producción de alimentos y la preservación de semillas.
Estos proyectos son impuestos sobre nuestros territorios sin consulta previa y sin dar información de lo que ocasionan a la madre tierra.
Todo esto genera violencia, criminalización sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres. Así mismo los monocultivos rompen con ciclos naturales, nuestros círculos cortos de intercambio de productos locales y provoca una fuerte pérdida de identidad que se transforma en migración, alcoholismo y violencia intrafamiliar que trastoca nuestras vidas.
Como mujeres organizadas:
Exigimos, a todos niveles, el cese de la expansión de las plantaciones de palma aceitera y de otros monocultivos que afectan nuestros territorios y nuestros cuerpos.
Exigimos que se dejen de militarizar y paramilitarizar nuestros territorios. Basta de criminalizarnos y violentar nuestros derechos en la lucha la defensa de la tierra y el territorio.
Seguiremos en la lucha defendiendo lo que es nuestro, lo que es de todas, todos.
Seguiremos poniendo la vida en el centro, conservando nuestras semillas, cultivando nuestros alimentos sanos y luchando contra estos modelos de despojo y muerte en nuestras comunidades.
Por nuestros alimentos, por nuestra salud, por nuestra agua: ¡Basta de Monocultivos y proyectos extractivos de muerte!
Mujeres organizadas de la región de Palenque
Mujeres indígenas organizadas de la región de Salto de Agua
Mujeres de la Costa en Rebeldía
CAM-Palenque “Ixim Ansetik”
Mujeres organizadas de San Jerónimo Tulijá
Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente
MOCRI-CNPA-MN
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Redacción Desinformémonos. (2021). Exigen mujeres de Chiapas alto a plantaciones de palma aceitera. Desinformémonos. Recuperado el 22 de marzo de 2021, de https://desinformemonos.org/exigen-mujeres-de-chiapas-alto-a-plantaciones-de-palma-aceitera/
Ciudad de México | Desinformémonos. Todos los proyectos de ampliación de luz impulsados por el gobierno «son para dividirnos y poder cobrarle más dinero a la gente», denunció la Organización Pacífica de Las Abejas de Acteal, en Chiapas, donde los pueblos se declararon en alerta por los cortes del suministro de energía eléctrica y los cobros excesivos del servicio.
«Seguimos luchando como Sociedad Civil contra las altas tarifas de la luz, que nos cobran tan caro a los pobres pero que el gobierno da regalada a los ricos y empresarios», señalaron Las Abejas en un comunicado.
En el marco del Día internacional de acción contra las represas y en defensa de los ríos, el agua y la vida, Las Abejas de Acteal realizaron una Acción Pacífica y No Violenta para denunciar los abusos contra las comunidades indígenas y exigir un alto a la imposición de megaproyectos que dañan la vida comunitaria y contaminan sus territorios.
Demandaron la cancelación del Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, la autopista San Cristóbal-Palenque y todos los proyectos de ampliación de las presas hidroeléctricas en Chiapas, así como también de las nuevas mini-presas hidroeléctricas y proyectos de explotación minera en la Zona Costa y Sierra de Chiapas, 11 nuevos pozos petroleros y una central geotérmica en las inmediaciones del volcán Chichonal.
Finalmente, exigieron un alto a la criminalización y asesinato de defensores del territorio en Chiapas y todo el territorio nacional y llamaron a los pueblos a continuar en la resistencia contra el despojo de la tierra.
«El gobierno no tiene por qué quitárnosla [la tierra] para hacer autopistas, vías de tren, gasoductos, presas hidroeléctricas, pozos de extracción de gas o petróleo, plantas termoeléctricas, campos de molinos de viento, instalación de paneles solares, minas para llevarse todos los metales y minerales […] que sólo benefician a las grandes empresas nacionales y extranjeras que las construyen y las aprovechan», aseguraron.
A continuación el comunicado completo:
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos.
Los que resistimos en la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, nos unimos a muchas otras hermanas y hermanos organizados que hoy, 14 de marzo, realizan acciones para no olvidar que hay muchas amenazas que debemos combatir para proteger a nuestra Madre Tierra de todas las enfermedades y lastimaduras que el sistema capitalista le sigue causando, en su afán por seguir extrayendo de ella riquezas y muchos otros recursos de nuestros territorios que las grandes empresas necesitan para a hacer sus negocios. Desde el mismo año en que lloramos a nuestros 45 hermanas y hermanos asesinados en Acteal y los 4 bebés que aún no habían nacido, en otras partes de México, Latinoamérica y el mundo, muchos campesinos e indígenas que queremos defender nuestro modo de vivir respetando a la tierra, cada año han organizado el Día internacional de acción contra las represas y en defensa de los ríos, el agua y la vida. Este es el octavo año que Las Abejas de Acteal nos sumamos a este llamado mundial a luchar por defender la Tierra, para que pueda seguir creciendo la vida, con todo lo que Dios Padre-Madre ha puesto en el mundo como su creación, que debemos compartir y cuidar. También nos juntamos hoy para recordar a todos y todas las que han sido asesinadas por tomarse en serio esta misma lucha, como Berta Cáceres en Honduras y Samir Flores en Morelos, pidiéndoles que nos ayuden para no desanimarnos y resistir, como ellos, a la tentación de dejar de luchar a cambio de dinero.
¿Y cómo no vamos a defender a la Madre Tierra, si vivimos directamente de lo que la tierra nos da? Sin ella no podemos existir como pueblos. La necesitamos para vivir, para ser como somos: para honrar a los guardianes de nuestros sitios sagrados, para curarnos, para respetar a nuestros difuntos, para comer, para hacer nuestras casas. Por ello, ahora que estamos viendo cada vez más cerca la destrucción de la vida, de los cerros, de los manantiales, de la diversidad de plantas y animales y hasta de la salud de las personas, nos detenemos a pensar juntos qué es lo que nos está pasando y qué es lo que podemos hacer nosotros para parar esta muerte de la Tierra, que también es nuestra muerte como hombres y mujeres, como pueblos y como gente libre. Pues vemos que cada vez más gente de nuestras comunidades vive mantenida por el gobierno, y ya no podrán decir nada cuando vengan a cercar sus tierras, pues no podrán morder la mano del amo que tanto les dio ya de comer. A eso le apuesta el mal gobierno que tenemos, que nos compra y divide con sus apoyos para que nos acostumbremos a vivir del dinero regalado y no de la tierra que trabajamos autónomamente. De ese modo para ellos no será tan difícil, dentro de poco, venir a quitarnos nuestras tierras para hacer sus proyectos. El primer paso fue permitir que la tierra se puediera vender, como hizo Salinas de Gortari en los años en que se fundó nuestra organización, y ahora con la Reforma a la Ley Energética de Peña Nieto en 2014 que terminó siendo avalada por nueva Ley de Hidrocarburos de López Obrador, ya ni siquiera tendrán que preguntarnos cuando quieran obligarnos a venderles por unos pesos nuestras tierras, si encuentran en ellas gas, carbón, petróleo u otros minerales como el litio, que ayudan a almacenar energía en baterías, o si quieren usar nuestras tierras y ríos para generar energía eléctrica. No nos preguntarán y, si nos negamos, tendrán legalmente el derecho de despojarnos por la fuerza con sus policías, ejércitos y guardias nacionales. Y del mismo modo que para el caso Acteal, ante estas violaciones a los derechos que tenemos los pueblos originarios, ya sólo nos quedarán las instancias internacionales para exigir el respeto a los Convenios y Declaraciones Universales de Derechos de los Pueblos Originarios, donde se reconoce que el territorio es nuestro y que deben respetar nuestras decisiones sobre las tierras que protegemos y dejarnos vivir tranquilos.
Pero queremos que sepan que en este territorio de Chenalhó, Chiapas, Las Abejas de Acteal seguimos en resistencia contra el despojo, la privatización y la instalación de los jugosos negocios que las compañías trasnacionales quieren hacer con nuestras tierras. Seguimos sin aceptar los miles de pesos que vemos que reciben nuestros vecinos por los programas del gobierno, a cambio de ser leales a los partidos políticos y dejar de hablar sobre cómo nos están engañando a los pueblos originarios para exprimirnos y despojarnos.
También seguimos luchando como Sociedad Civil contra las Altas tarifas de la Luz, que nos cobran tan caro a los pobres pero que el gobierno da regalada a los ricos y empresarios. Por eso y hasta que haya justicia verdadera para la masacre de Acteal, no pagaremos luz. Y denunciamos que todos los proyectos de ampliación de luz que está dando el gobierno son para dividirnos y poder cobrarle más dinero a la gente, instalando además medidores digitales que pueden manipular para decir que se gastó más luz.
Por eso hoy salimos a las plazas y caminos a realizar una Acción Pacífica y No Violenta. Llamamos a toda la gente de buena voluntad a que nos unamos en la resistencia, a que no permitamos que nos sigan engañando y a que hagamos que nos respeten, porque la tierra es de los pueblos originarios. El Gobierno no tiene porqué quitarnosla para hacer autopistas, vías de tren, gasoductos, presas hidroeléctricas, pozos de extracción de gas o petróleo, plantas termoeléctricas, campos de molinos de viento, instalación de paneles solares, minas para llevarse todos los metales y minerales les sirven del subsuelo o reservas federales de la biósfera, que sólo benefician a las grandes empresas nacionales y extranjeras que las construyen y las aprovechan.
Exigimos justicia por los asesinatos de los siguientes compañeros que fueron reprimidos por participar en organizaciones que defienden sus ríos, y lucharon para que no se instalaran en sus tierras presas hidroeléctricas o plantas termoeléctricas:
Fidel Heras Cruz, del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) en Paso de la Reina, Oaxaca.
Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla en Tlapacoyan, Veracruz.
Samir Flores Soberanes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, opositor del gasoducto en Amilcingo y de la planta termoeléctrica de Huexca, en el estado de Morelos; a tres años de buscar justicia.
Berta Cáceres Morenodel Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); a 5 años de buscar que se castigue a los caciques y a la compañía responsables de su asesinato.
Como Organización No Violenta y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, exigimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador detener los asesinatos en contra de las y los defensores de los derechos humanos y la cancelación definitiva del Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, la Autopista San Cristóbal-Palenque y todos los proyectos de ampliación de las Presas Hidroeléctricas en nuestro estado. Exigimos también que se cancele la construcción de nuevas mini-presas hidroeléctricas y proyectos de explotación minera en la Zona Costa y Sierra de Chiapas, además de 11 nuevos pozos petroleros y una central geotérmica que ha proyectado hacer en las inmediaciones del volcán Chichonal; asimismo que se deje de buscar otorgar nuevas concesiones mineras en la Zona Centro y Norte de nuestro estado. No nos cansaremos de seguir luchando por todo esto junto a nuestros hermanos de Modevite (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), La Voz del Pueblo y Zodevite (Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (Zodevite).
Por último, nos sumamos a la comunidad de la sociedad civil internacional que exigimos que dejen de dilatar el proceso penal contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, ya que el gobierno hondureño, al igual que el estado mexicano en el caso de la Masacre de Acteal, se ha resistido a castigar a los responsables. Llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos a que intervengan ya, para que nuestros hermanos lanca que luchan en el COPINH y todo el pueblo hondureño puedan ver llegar la justicia.
¡La tierra no se vende se ama y se defiende!
¡La luz es del pueblo!
¡No a las represas hidroeléctricas!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡Viva los pueblos en resistencia!
Atentamente
La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
Cristóbal Ruiz Arias Gerardo Pérez Pérez
Presidente Secretario
Manuel Ortiz Gutiérrez Pedro Pérez Pérez
Tesorero sub presidente
Sebastián Guzmán Sántiz
Sub tesorero
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Redacción Desinformémonos. (2021). Denuncian Abejas de Acteal división y cobros excesivos por proyectos de ampliación de luz. Desinformémonos. Recuperado el 19 de marzo de 2021, de https://desinformemonos.org/denuncian-abejas-de-acteal-division-y-cobros-excesivos-por-proyectos-de-ampliacion-de-luz/
Ciudad de México | Desinformémonos. El Comité Ejidal de las Aguas de Xochistlahuaca y defensores amuzgos de Guerrero denunciaron la imposición de un proyecto hidroeléctrico diseñado “en el escritorio de académicos, sin considerar las necesidades del pueblo amuzgo”, y por el que no fueron consultados de manera previa, libre e informada.
En asamblea el pasado 14 de marzo, los ejidatarios y defensores del territorio ncue acusaron que el protocolo de investigación del proyecto “Generación sustentable de energía eléctrica en los Ríos Velero y San Juan para el desarrollo comunitario” tiene vacíos de información en cuanto a impactos ambientales y comunitarios, costos de operación, tiempo de vida del proyecto, escalas, metodologías ambientales, presupuestos, destino, gestión y administración de la energía eléctrica generada, además de que el nombre no corresponde al del río de Xochistlahuaca.
Añadieron que el intento de imposición del proyecto por parte de la comunidad académica gestó un conflicto entre los representantes agrarios y ejidatarios, con quienes los responsables de la hidroeléctrica buscaron conseguir firmar para su aprobación.
“Los pueblos originarios han sido utilizados por la academia, el estado y las empresas para implementar proyectos extractivos y obtener fondos de financiamiento en beneficio de particulares”, denunciaron los defensores en un comunicado, donde también cuestionaron la ética profesional y las prácticas de investigación que ignoran y violan los derechos colectivos de los pueblos.
El 18 de noviembre de 2020, explicaron, el académico de la Universidad de Guerrero (UAGro) José Luis Valenzuela Lagarda se presentó en Xochistlahuaca para conseguir una firma de intención y consentimiento que avalara el proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, señalaron que Valenzuela “no logró un diálogo debido a que llegó tarde a la cita acordada, desconocía el contexto comunitario, la cultura, la lengua originaria Ñomndaa (amuzga), entre otros aspectos”.
A pesar del rechazo del pueblo amuzgo, el 23 de febrero de 2021 se notificó a los ejidatarios la preaprobación del proyecto hidroeléctrico en su territorio, por lo que los defensores levantaron una carta de rechazo ante la falta de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, el 7 de marzo la investigadora Ana Rosa García Angelmo, del Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande de la UAGro, se presentó en la Casa Agraria del ejido de Xochistlahuaca “para conseguir de manera alevosa y mal intencionada la firma de aceptación del proyecto a través de una minuta de reunión”, por lo que los defensores se reunieron nuevamente el 14 de marzo para señalar a los responsables las faltas y violaciones que representa la imposición del proyecto.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Redacción Desinformémonos. (2021). Rechazan amuzgos proyecto hidroeléctrico impuesto por académicos en Guerrero. Desinformémonos. Recuperado el 17 de marzo de 2021, de https://desinformemonos.org/rechazan-amuzgos-proyecto-hidroelectrico-impuesto-por-academicos-en-guerrero/
Ciudad de México | Desinformémonos. «El pacto patriarcal que exigimos rompes es también el que alimenta al modo extractivista, por lo que romper con él significa romper con la minería y otros proyectos de muerte que nos exterminan», aseguraron las mujeres de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA).
En un comunicado, las mujeres explicaron que el modelo expoliador de la naturaleza y de despojo impulsado por el capitalismo es «especialmente violento con las mujeres», pues padecen de manera directa la violencia física, psicológica, económica y sexual que desata en sus territorios.
Señalaron que con la llegada de las minas se triplica el trabajo doméstico «ante el rápido deterioro de los bienes comunes básicos», al traer la minería contaminación y escasez del agua, despojo de la tierra para alimentar, contaminación del aire, entre otras consecuencias.
Indicaron que son las mujeres quienes han tenido la responsabilidad de los cuidados de la vida, los cuales incrementan por las afectaciones de los proyectos extractivos en sus territorios. «Entre los más duros se encuentran los cuidados de familias enteras cuando éstas enferman como resultado de la devastación y la destrucción de otras formas de vida que las mineras detonan», destacaron las mujeres de la REMA.
Finalmente, reafirmaron que «el patriarcado y el extractivismo provocan violencias diferenciadas contra las mujeres», quienes pierden su seguridad, su libertad de movimiento dentro de sus territorios y su independencia por la economía local que manejan, además de que son las que más padecen la militarización, la delincuencia organizada y «la política de aniquilamiento de las empresas en contubernio con los gobiernos federal, estatal y municipal».
A continuación el comunicado completo:
El pacto patriarcal que las mujeres de México y del mundo exigimos que el Estado, las instituciones, nuestros compañeros y comunidades rompan, es el pacto que promueve la violencia directa e indirecta contra la mujer, aquel que silencia a sus víctimas y que permite que se cuestione más a las denunciantes que a los denunciados. El pacto patriarcal que exigimos romper es también el que alimenta al modelo extractivista, por lo que romper con él significa romper con la minería y otros proyectos de muerte que nos exterminan.
El modelo expoliador de la naturaleza y de despojo que el sistema capitalista impulsa es especialmente violento con las mujeres, quienes padecen de manera directa la violencia que este modelo desata en sus territorios (violencia física, psicológica, económica y sexual). Al tener la responsabilidad de los cuidados de la vida, el trabajo doméstico se triplica ante el rápido deterioro de los bienes comunes básicos cuando llega una minera (contaminación y escasez del agua, despojo de la tierra para alimentar, contaminación del aire); entre los más duros se encuentran los cuidados de familias enteras cuando éstas enferman como resultado de la devastación y la destrucción de otras formas de vida que las mineras detonan.
El patriarcado y el extractivismo provocan violencias diferenciadas contra las mujeres, quienes pierden su seguridad, su independencia por la economía local que manejan, su libertad de movimiento dentro de sus territorios, el derecho a su tranquilidad, espiritualidad, vida colectiva y una propia vida en comunalidad. Por otro lado, son las que más padecen la militarización, la delincuencia organizada, la paramilitarización, la política de aniquilamiento de las empresas en contubernio con los gobiernos federal, estatal y municipal.
Por ello, mantener las concesiones mineras existentes en el país y, más aún, haber permitido que las mineras continúen activas durante toda esta emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, es también una agresión contra las poblaciones que se oponen a estos proyectos y, particularmente, contra las mujeres que han estado desde siempre al frente de esta lucha de defensa de los territoriosy de la vida. La minería no es una actividad esencial, lo son el agua, los ríos, la tierra, los territorios, el aire que esta actividad contamina, despoja y aniquila.Esenciales son las comunidades que la minería desplaza, la salud de las poblaciones que la minería despoja. Esenciales son las mujeres y la lucha que ellas han dado para defender la vida y los territorios, una lucha que se ha visto más asediada durante la pandemia.
Las mujeres de la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería (REMA) nos abrazamos de manera sorora y combativa con las mujeres indígenas y no indígenas, campesinas y urbanas, migrantes, y afrodescendientes, todas esas voces de resistencia que luchan por hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a la justicia; a las mujeres que defienden sus territorios, la tierra, los ríos, la espiritualidad, la salud comunitaria, el conocimiento tradicional, a las mujeres que nos enfrentamo a los machismos en la casa, en las organizaciones, en las comunidades, en los gobiernos y en las empresas. Con todas aquellas buscamos construir espacios propios de sobrevivencia que nos permitan vivir una vida más digna y alegre, donde podamos crear vínculos de solidaridad y relaciones sociales sanas,alejadas del patriarcado y su amenaza extractivista. Mujeres fuertes que construimos día a día un futuro más amoroso, más armonioso y respetuoso con otros seres con los que compartimos el planeta.
Las mujeres exigimos romper y darle la espalda al pacto patriarcal y desobedecer el modelo extractivista que nos ha hecho tanto daño, que nos mantiene tan vulnerables y que perpetúa la violencia en nuestros cuerpos y territorios.
LAS MUJERES LUCHAMOS POR LA VIDA, CONTRA EL EXTRACTIVISMO Y EL PATRIARCADO QUE LO SUSTENTA
Firma
MUJERES DE LA RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos”
Redacción Desinformémonos. (2021). Romper el pacto patriarcal es romper el extractismo: mujeres de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Desinformémonos. Recuperado el 11 de marzo de 2021, de https://desinformemonos.org/romper-el-pacto-patriarcal-es-romper-el-extractismo-mujeres-de-la-red-mexicana-de-afectados-por-la-mineria/
Ciudad de México | Desinformémonos. El gobierno mexicano continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Por el contrario, indicó el Frayba, «el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población».
Señaló que a 26 años de la incursión militar al ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano en Chiapas, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la ejecución extrajudicial del indígena tseltal Gilberto Jiménez Hernández, cometida por integrantes del 17° Batallón de Infantería.
La ejecución extrajudicial de Jiménez Hernández ocurrió durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados. «Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo», recuerda el Frayba.
Añadió que «frente a la impunidad en México», en noviembre de 2016 CIDH recomendó al Estado mexicano reparar las violaciones de derechos humanos y realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable sobre la ejecución de Gilberto Jiménez.
Sin embargo, a más de 4 años de la recomendación «las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado sea compatible con los estándares internacionales».
Por ello, el Frayba urgió al Estado mexicano a atender las medidas emitidas por la CIDH, así como a suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, «así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad».
A continuación el comunicado completo:
A 26 años de la incursión militar al Ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano, Chiapas, el Estado mexicano incumple las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos1 (CIDH) relativas a la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández (Gilberto) y continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.2
A partir de febrero de 1995, el Ejército mexicano intensificó el cerco al Ejército Zapatista de Liberación Nacional3 (EZLN) con la ocupación de territorios de Pueblos Originarios y el asedio a la población. Los objetivos de la intervención militar se plasmaron en el “Plan de Campaña Chiapas 1994”, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para “destruir y desorganizar la estructura política militar del EZLN”. La acción de las fuerzas armadas mexicanas cambió de ocuparse directamente de la seguridad nacional a dedicarse más activamente al control de la seguridad interna, a consecuencia perpetraron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamiento forzado, entre otras violaciones a derechos humanos.
En este contexto integrantes del 17° Batallón de Infantería, cometieron la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, de origen tseltal, el 20 de febrero de 1995, cerca de las 13:00 horas, entre el ejido Patiwitz y La Grandeza, durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la SEDENA. Su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados, Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo.
Frente a la impunidad en México, los hechos y sus consecuencias fueron presentados ante la (CIDH), instancia que el 30 de noviembre de 2016, emitió su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 del Caso 11.564, en el cual recomendó al Estado mexicano: reparar las violaciones de derechos humanos tomando en consideración los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 1994; realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos y tomando en cuenta el esclarecimiento del contexto.
A más de 4 años de la recomendación internacional, las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, sea compatible con los estándares internacionales.
La CIDH estableció como precedente que la incursión militar en el Ejido La Grandeza fue parte de un Plan oficial implementado por el Ejército mexicano y que éste generó un marco propicio para la actuación arbitraria, discriminatoria y excesiva del uso de la fuerza antisubversiva.
El actual gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador tiene el reto histórico y progresivo de construir un camino que conlleve a la aceptación de los hechos y del contexto, que incluya el reconocimiento de la estrategia implementada a través del Plan de Campaña Chiapas 94 y ejecutada por el Ejercito mexicano. Elementos como los anteriores darán cabal cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH. Su aceptación se perfilaría como una medida de satisfacción para los Pueblos Originarios que sufrieron un grave impacto frente a la guerra contrainsurgente. Además de dar garantías de no repetición del uso excesivo de la fuerza en operativos militares.
Sin embargo, el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población. A partir de 2019, con la creación de la Guardia Nacional y con el acuerdo presidencial de 2020, la seguridad pública está a cargo de las Fuerzas Armadas permanentemente.4 Por lo anterior, el Frayba urgimos al Estado mexicano suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad. Instamos garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Originarios a la autonomía, el territorio y la libre determinación.
3 El 1 de enero de 1994, inició el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tomando las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas en el estado de Chiapas, desde entonces la presencia del Ejército mexicano aumentó en la región.
4 Para julio del 2020, la Guardia Nacional se componía aproximadamente de 90,000 elementos, de los cuales 51,101 habían sido transferidos del Ejercito y 10,149 de la Marina. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Modelos de Seguridad. México. 2020. pág.57.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
