Ciudad de México | Desinformémonos. Las tragedias como la de los diez mineros atrapados por un derrumbe en Sabinas, Coahuila, del pasado 3 de agosto “son resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad en la que operan las empresas mineras en la zona carbonífera” del estado, “con la complicidad del gobierno de la 4T y gobiernos anteriores”, denunció la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Precisó que el derrumbe de la mina en Sabinas “es uno más de los múltiples desastres previsibles, que no accidentes, como suelen llamarlo las autoridades de los tres niveles de gobierno”, pues en la industria minera son las autoridades quienes, “por omisión”, permiten la explotación laboral, falta de condiciones de salubridad y devastación ambiental.
El pasado 2 de agosto, un derrumbe dejó diez mineros atrapados y cinco lesionados en Sabinas, Coahuila, luego de que los trabajadores se encontraron con una zona de agua que provocó una inundación. Los mineros se encontraban en un nivel de entre 50 y 60 metros de profundidad, en una cavidad de tres pozos interconectados, que en total alcanzan 80 metros bajo tierra.
La REMA acusó que el gobierno, en todos sus niveles, “se convirtió en un criminal cómplice de aquellos empresarios que dieron la orden a los mineros de bajar al interior de la mina para seguir extrayendo carbón, pese a que existían claras evidencias de que la mina se podía inundar”.
Agregó que no es la primera vez que se evidencia la impunidad con la que operan las mineras en Coahuila, pues hay ejemplos como el de la mina Pasta de Conchos, cuyo derrumbe sepultó a 65 personas, sin que aún haya justicia.
“Hoy en México no hay quien rescate a los trabajadores del modelo minero extractivista y depredador que en cínica complicidad con el gobierno de la 4T y las criminales compañías fomentan y potencian la devastación y la muerte”, aseguró la REMA.
Los activistas de la Red exigieron justicia para todas las familias de los mineros muertos en Coahuila, así como castigo a las empresas mineras responsables.
A continuación el comunicado completo:
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos”
Por lo menos 372 casos de delitos sexuales se han documentado durante la administración del priista Alejandro Murat Hinojosa – diciembre del 2016 al 6 de julio del 2021-, sin embargo, la impunidad que persiste para sancionar la violencia de género y en particular la violencia sexual, es un tema pendiente en la entidad.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario precisó que en la plataforma de violencia feminicida en Oaxaca han documentado que 223 casos fueron violación, es decir, el 60% del total; 120 fueron de abuso sexual, correspondientes al 32% del total; y 27 casos fueron identificados como acoso Sexual, un 7% del total.
La integrante de la directiva de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, detalló que las principales víctimas de los delitos sexuales son las niñas y adolescentes menores de 18 años.
Reveló que los casos de abuso y acoso sexual disminuyen conforme aumenta la edad de las víctimas, sin embargó, llamó su atención que para los casos de violación existen víctimas de todos los rangos de edad.
“Este tipo de delitos dejan fuertes secuelas en las mujeres que la padecen. En muchas ocasiones además de lesiones físicas y psicológicas también, por falta de información o rapidez en el procedimiento, puede terminar con embarazos no deseados, de los cuales muchas veces las mujeres se sienten culpables”, señaló la activista.
Sobre los agresores dijo que les fue posible identificar la relación con la víctima en 98 del total de casos, de este número, el 50% tenía una vínculo de confianza o sentimental (amigo, pareja, expareja, padrastro, concubino, novio, exnovio, vecino). En el 26% de esos casos la relación del agresor con la víctima es familiar (parentesco directo o político) y en el 24% de los casos restantes, la relación del agresor con la víctima es laboral o de estudios, es decir, el agresor fue identificado como compañero de trabajo, colaborador, patrón o profesor de la víctima.
Otro de los datos que identificó sobre los agresores, fue su ocupación, mencionando cinco de las más frecuentes que encontraron: Profesor, 15 casos; Campesino, 10 casos; Taxista, 9 casos; Mototaxista, 7 casos y Policía, 5 casos.
Sánchez Maya, aseveró que “la violencia sexual es mucho más frecuente de lo que aparece en las estadísticas que presentamos y ello se debe a que en muchos casos las víctimas, sean niñas, jóvenes o mujeres adultas callan por vergüenza, temor o porque les hacen creer que ellas lo provocaron. Cuando piden ayuda, no les creen y cuando son instituciones sabemos que las vuelven a victimizar”
La defensora de derechos humanos, recalcó la impunidad que hay en el estado para sancionar la violencia de género y en particular la violencia sexual tan grave.
“Basta con recordar el caso de César Chávez quien fue acusado penalmente por el delito de violación a quien se le ejecutó la orden de aprehensión en el 2016 y fue liberado en el 2018 por parte del Juez Cuarto de lo Penal, bajo argumentos estereotipados, prejuicios, burla y re victimizando a la víctima, y el litigio aún no termina”.
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Pedro Matías (2021) Delitos sexuales en la impunidad; suman 372 casos en el gobierno de Murat. Página 3. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://pagina3.mx/2021/07/delitos-sexuales-en-la-impunidad-suman-372-casos-en-el-gobierno-de-murat/
Ciudad de México | Viernes 28 de Mayo del 2021 | — : —
A una semana de que se celebre la jornada electoral, el domingo 6 de junio, tres candidatas a cargos de elección fueron asesinadas, 109 presentaron quejas por ser víctimas de violencia política y 38 hombres fueron registrados como agresores de mujeres en el ámbito político.
En esta elección, la más grande en México por la cantidad de cargos a elegir (20 mil 500 cargos), el 15 de febrero de este año fueron asesinadas la exalcaldesa priista de Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, Gladys Merlín Castro, y su hija Carla Enríquez Merlín, quien de acuerdo con medios locales aspiraba a conseguir el apoyo de Morena para obtener una candidatura para ocupar la presidencia municipal donde vivía.
Unos días después del doble crimen, el 20 de marzo, fue asesinada Ivonne Gallegos Carreсo, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca. Los medios locales reportaron que la política fue invitada por la alianza “Va por Oaxaca”, integrada por PRI, PAN y PRD, para participar en el proceso electoral, pero analizaba ser candidata independiente. En este caso, antes de ser asesinada, la política presentó una denuncia por violencia política ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
El crimen más reciente de una candidata ocurrió el 25 de mayo, cuando Alma Rosa Barragán, postulada por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, en el estado de Guanajuato, fue asesinada por un grupo armado durante un mitin de campaña. Antes del ataque ella denunció públicamente que trataban de desprestigiarla al acusarla de estar relacionada con lavado de dinero.
Aunque se tiene información de estos tres casos, de acuerdo con la consultora Etellekt, en total seis mujeres que aspiraban a cargos públicos fueron asesinadas en este proceso electoral y 155 mujeres relacionadas con la política fueron agredidas, según sus registros, hasta mayo de 2021.
Además de estos crímenes, otras mujeres que hicieron campaña arropadas por partidos políticos también fueron amenazadas. Por ejemplo, Alejandra Lagunas Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Xochitepec, en el estado de Morelos, renunció a su postulación y cambió de domicilio, después de recibir amenazas de muerte vía telefónica y por redes sociales.
Otras mujeres que aspiraban a cargos públicos, pero que abandonaron sus intenciones debido a amenazas de muerte, fueron la candidata del PT a la alcaldía de Cuichapa, en el estado de Veracruz, Érika Cortés; y la abanderada del PRI para encabezar el municipio veracruzano de Mixtla de Altamirano, Francisca Morales, cuyo esposo fue asesinado en abril de este año. Además, la candidata de Morena, a encabezar este último municipio, Norma Estela Hernández Sánchez, también denunció amenazas, pero fue la última que continuó con su campaña.
Aunque el 27 de mayo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó en una reunión virtual de trabajo con la jefa de Gobierno, la gobernadora y gobernadores que “en casi la totalidad de los municipios, distritos electorales, federales y locales, y en las 32 entidades federativas, prevalecen condiciones de paz, tranquilidad y confianza para que las campañas concluyan sin mayores contratiempos”, la violencia política sigue presente.
El 23 de mayo la candidata por el partido estatal Chiapas Unido a la presidencia municipal de Cintalapa, Alejandra Aranda, fue retenida por pobladores de la comunidad, junto con su hijo menor de edad y su equipo de campaña. Aranda fue intimidada supuestamente porque su esposo, que fue alcalde de ese municipio, no cumplió sus promesas de campaña. La política estuvo incomunicada alrededor de 24 horas hasta que fue liberada.
Registro de agresores
En este proceso electoral también se han presentado denuncias de violencia contra mujeres que ya ejercen un cargo público. Es el caso de la regidora quinta del Ayuntamiento de Perote, en el estado de Veracruz, Angelina Zavaleta Córdoba, quien fue reportada como desaparecida el pasado 23 de mayo. La funcionaria fue localizada con vida este 27 de mayo en el ejido Tepetzilera, en aquel municipio.
Previo a su desaparición, la regidora denunció ante las autoridades electorales que fue víctima de violencia política por parte del alcalde y algunos regidores, quienes fueron incluidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. De acuerdo con esta base de datos, hasta el mes de mayo, hay 38 hombres registrados como agresores de mujeres en el ámbito político.
El más reciente informe del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre violencia política en razón de género, indica que en marzo el organismo conoció 55 quejas de violencia política de género, en abril la cifra llegó a 73 y para mayo fue 108. Es decir, entre abril y mayo se duplicaron las quejas y denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE sólo atendió 35 quejas porque las otras 73 las remitió a otras autoridades locales.
Este informe, que se realiza para cumplir con las reformas en materia de violencia política, vigentes desde abril de 2020, también menciona que 21 casos fueron remitidos a los partidos políticos, dos a Morena, uno al PAN, dos a Movimiento Ciudadano y uno del PRI, por tratarse de asuntos que deben resolverse al interior de las agrupaciones políticas. Las estadísticas del INE dan cuenta además de que las solicitudes de medidas cautelares se duplicaron para pasar de 10 en abril a 19 en mayo.
La violencia denunciada por funcionarias, militantes de partido, candidatas a diputadas federales y a gobernadoras va desde amenazas, agresiones físicas, obstaculización de las funciones del cargo, hasta negativas para otorgarles licencias sin goce de sueldo para contender por un puesto de representación popular. Además, durante las campañas se presentaron quejas de candidatas que denunciaron ser amedrentadas para abandonar sus aspiraciones políticas, recibir manifestaciones misóginas, impedimento para colocar propaganda electoral y discriminación para participar en encuestas y sondeos.
En tanto, en la próxima jornada electoral las mujeres competirán para buscar ganar la preferencia del electorado para ocupar las 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 63 diputaciones locales de 30 congresos locales y mil 926 presidencias municipales, además de cargos edilicios.
21/AGM/LGL
El presente articulo es propiedad de Cima Noticias.
Anayeli García Martínez (2021) Asesinatos, amenazas y renuncias marcan las campañas políticas de las mujeres. Cima noticias. Recuperado el 28 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/28/asesinatos-amenazas-y-renuncias-marcan-las-campanas-politicas-de-las-mujeres
La familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, asesinada el 15 de mayo de 2018, se manifestó afuera del domicilio donde la joven fue víctima de feminicidio, y después en la Fiscalía, donde fue rociada con gas pimienta, además de recibir golpes y empujones
Aranzazú Ayala y Ámbar Barrera | Lado B
—– | Lunes 21 de Mayo del 2021 | — : —
Cerca de medianoche, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twiter un escueto comunicado de dos párrafos anunciando que: «se investigará el proceder del personal de la institución».
Este viernes 21 de mayo la familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, asesinada en San Andrés Cholula el 15 de mayo de 2018, dio una rueda de prensa afuera de la casa donde la joven vivía y fue privada de la vida, para denunciar omisiones y atropellos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Poco después de las 9:30 de la mañana llegaron la mamá y el papá de Zyanya, su hermano y hermana, con integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) y Carlos Olvera y Ximena Ugarte, quienes asesoran jurídicamente el caso. También estaba la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, asesinada en junio de 2010 y cuyo caso asentó un precedente para la tipificación de feminicidios.
La casa donde vivía la joven de 26 años de edad, en San Andrés Cholula, está bajo resguardo de la FGE por estar dentro de una investigación. Sin embargo, el jueves un agente del Ministerio Público se comunicó con la familia para avisarle que habían habido una audiencia con los dueños, en la cual se resolvió que la vivienda se dejaría de custodiar y se entregaría a los propietarios en un lapso de 72 horas.
Durante la rueda de prensa, su mamá, Patricia Becerril, denunció que desde el principio la FGE ha sido omisa, negándose a investigar el caso como feminicidio y manejando la versión de suicidio.
Los asesores jurídicos dijeron que es necesario que la casa siga resguardada pues aún se deben hacer varias pruebas periciales, y denunciaron que la Fiscalía solamente recabó cinco pruebas de las cerca de 80 que había en la escena del crimen.
Es importante que la casa no sea entregada aún pues faltan los peritajes independientes que la defensa de Zyanya Estefanía pidió, además de la reconstrucción de los hechos que todavía no se hace, señalaron.
Al finalizar, la señora Irinea Buendía dijo que en el estado de Puebla no ha habido justicia para Zyanya, y enfatizó que ha sido la propia Fiscalía quien ha tratado de “tapar la cloaca” de todos los atropellos por la falta de justicia para la joven. Pero, agregó, que eventualmente “le va a brotar en la cara por todas las omisiones que ha hecho”.
“No buscamos otra cosa más que justicia”, agregó Irinea.
La señora Paty pidió una reunión con el Fiscal, y ante la negativa de recibirla junto con la señora Irinea Buendía se trasladó a la sede de la Fiscalía en la 31 poniente alrededor de las 4 de la tarde.
La agresión en Fiscalía
Foto: Olga Valeria Hernández
“Es que ustedes llegaron agresivamente”, dice el agente ministerial Martín Torres Medina a Irinea Medina, una señora adulta mayor, que usa bastón, y que acompaña, al igual que otras personas defensoras de Derechos Humanos, a la familia de Zyanya Figueroa, víctima de feminicidio.
Ese mismo agente ministerial, minutos antes empujó con su cuerpo y antebrazo a varias mujeres cuando atravesaron la reja de la Fiscalía General del Estado. Y mientras empujaba con la izquierda, con la derecha empuñaba una macana. Unos 15 minutos después, también fue él quien lanzó gas pimienta a las manifestantes para evitar que se encadenaran a la reja como forma de protesta pacífica.
El gas alcanzó también a las personas defensoras, a personas que estaban ahí para presentar una denuncia, a algunas feministas que acuerpaban la manifestación y a la prensa.
La familia y demás manifestantes, entre ellos integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, llegaron a la Fiscalía a eso de las 16 horas para exigir una respuesta por parte del Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, sobre la entrega o liberación de la casa donde fue encontrado el cuerpo de Zyanya.
Desde el inicio, y con el antecedente de las omisiones por parte de la Fiscalía, la intención de las familias era encadenarse a la reja. En los videos puede verse que cuando algunas personas comienzan a cruzar la reja, policías y agentes ministeriales se lanzan para impedir el paso y cerrar la entrada.
Ximena Ugarte, la defensora de DDHH, queda con la mitad de su cuerpo adentro mientras dos policías intentan sacarla. La señora Buendía está junto a ella, totalmente fuera, al pie de la escalera. Los familiares que lograron entrar antes intentan ayudar para que dejen de empujar y abran la reja. Ahí empieza el caos.
También en los videos se ven claramente los movimientos de los policías y agentes en contraste a los de quienes se manifiestan. Ellos empujan, algunos encapsulan a miembros de la familia Figueroa. Los defensores y las feministas comienzan a gritar para que les dejen pasar, para que no les toquen, alertan sobre golpes a la familia. A la propia abogada Ugarte con un empujón le lastiman el brazo.
El agente ministerial Martín Torres, el que roció el gas pimiento, tiene la macana en mano, mientras que el resto de policías, a pesar de repetir una y otra vez a los y las manifestantes que se retiren, y que no les están tocando, tensan sus manos sobre sus respectivas macanas y no le dan espacio a las mujeres que ya se encuentran por dentro, pegadas a la reja.
Uno de los policías graba a quienes se manifiestan, pero cuando las feministas, familiares y activistas le preguntan sus nombres y cargos a cualquiera de ellos, la mayoría esconde su identificación entre la ropa. No es visible cuando Martín Torres se deshace de la macana, pues cuando la señora Buendía lo encara de frente, y a su alrededor le exigen su nombre, ya no la tiene, alega que su nombre está en su identificación mientras la levanta pero luego la voltea para que no se pueda leer.
Unos 15 minutos después las mujeres pegadas a las rejas comenzaron a rodearse con una cadena para quedar atadas a los barrotes. En ese momento fue que de nuevo vino una ola de empujones y, desde una tercera línea, Torres Molina roció directamente con gas pimienta a un joven y las mujeres en la reja, aunque el líquido llegó también a algunos policías y periodistas.
Después, Torres guarda el pequeño bote en su bolsillo para seguir con los empujones. Sí, el mismo funcionario público que minutos antes acusaba frente a cámaras de medios y civiles que aquellas personas manifestantes desarmadas, habían entrado con agresividad.
“Es mucho pedir que seamos escuchados”
Foto: Olga Valeria Hernández
Un poco después de esa agresión, el personal de la Fiscalía se resguardó en el edificio, lo que dio oportunidad para que algunos familiares, defensores y activistas hicieran sus denuncias y exigencias a través de un micrófono y una bocina.
“Estamos encadenadas hasta que nos reciban, hasta que se haga justicia del caso Zyanya y de todos las mujeres asesinadas de forma violenta en este estado, ¡no nos van a callar! ¡ni una más!», gritó la abogada Ugarte.
Por su parte, Patricia Becerril, denunció que desde el inicio la investigación no fue iniciada como feminicidio, a pesar de que está dictado en los protocolos, y en su lugar, sólo sentenciaron el caso como suicidio.
“Nosotros en su momento no teníamos porque saber que toda muerte violenta de una mujer tenía que ser investigada con perspectiva de género y debida diligencia, no simplemente decir [que] se suicidó y váyanse a su casa. Han sido tres años de constante lucha y dolor contenido, de una rabia que ya no cabe más, ¿es mucho pedir, señor fiscal general, que seamos escuchados?”
#NiUnaMás💜 "Estamos encadenadas hasta que se haga justicia del caso #Zyanya y de todos las mujeres asesinadas de forma violenta, ¡no nos van a callar!". pic.twitter.com/GIUUZ4r2FT
El abogado del OCNF Rodolfo Domínguez, sentenció: ¿Por qué nos tenemos que ir con las gargantas dolidas, con los ojos llorosos solo por pedir justicia? Esta es una Fiscalía corrupta, omisa, negligente y ahora violenta».
Domínguez también recalcó que trajeron peritos especializados a Puebla para ayudar a la investigación pero que el personal de la Fiscalía “se burló de ellos”, además de que los ministerios públicos no los han atendido y los han ignorado señalar que el cuerpo de Zyanya tenía 20 lesiones por lo que hay inconsistencias en la necropsia que no concuerdan con la teoría del suicidio
Casi a las 7 de la noche llegaron más personas a la Fiscalía, convocadas a través de redes para acompañar y acuerpar la manifestación. Conformadas principalmente por mujeres feministas, ayudaron a cerrar parte del Boulevard 5 de mayo para generar más presión a las autoridades ante la falta de respuesta a su petición de diálogo con el Fiscal.
Foto: Marlene Martínez
Media hora más tarde comenzó a llover y tanto las mujeres encadenadas como algunas otras personas se resguardaron bajo dos carpas que habían instalado momentos antes, previendo el mal clima.
A las 8:30 se presentaron Ulises Ramos, fiscal especializado en DDHH y Raquel Avendaño Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género cometidos en contra de mujeres, para tomar la denuncia sobre los hechos de agresión por parte del personal de la Fiscalía y se comprometieron a acompañar a las y los manifestantes para interponer la queja formal e iniciar el procedimiento interno.
Casi a las 9 de la noche, los familiares de Zyanya y sus abogados entraron finalmente a la Fiscalía acompañados de Avendaño y Ramos para dialogar, pero sin certeza de encontrarse también con el Fiscal General. Después de eso, el resto de personas manifestantes comenzó a retirarse.
Por la noche, pasadas las 10, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. hizo un llamado a las autoridades estatales a respetar «el derecho a la manifestación pacífica, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos».
El presente articulo es propiedad de Lado B.
Aranzazú Ayala y Ámbar Barrera (2021) Reclaman por feminicidio y reciben agresión de ministeriales en Fiscalía. Lado B. Recuperado el 24 de Mayo del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/05/reclaman-por-feminicidio-y-reciben-agresion-de-ministeriales-en-fiscalia/
Anabel Ibáñez, Ríodoce recuperado de Desinformémonos
17 de mayo de 2021
A cuatro años del homicidio del periodista Javier Valdez, familiares y amigos develaron un memorial en su honor en la Plazuela Obregón, en Culiacán, Sinaloa, el pasado 15 de mayo.
A nombre de la familia, su esposa Griselda Triana, advirtió que ella y sus hijos no van a desistir ni poner límites en la búsqueda de justicia para que el crimen no quede impune.
La ceremonia congregó a familiares, amigos y representantes de organismos nacionales e internacionales de protección de periodistas.
Los representantes de Reporteros sin fronteras, Balbina Flores; Gabriela Gorjón, oficial de Información Pública de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México; así como Jan Albert Hootsen, representante del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), se sumaron a las demandas de justicia en el crimen de Javier Valdez.
Durante la ceremonia tanto Balbina Flores como Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, lamentaron que no se les haya permitido entregar una carta durante la conferencia mañanera del pasado viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde demandan justicia para el caso de Javier Valdez y los periodistas asesinados, 20 de ellos durante el gobierno federal actual.
