Por lo menos 372 casos de delitos sexuales se han documentado durante la administración del priista Alejandro Murat Hinojosa – diciembre del 2016 al 6 de julio del 2021-, sin embargo, la impunidad que persiste para sancionar la violencia de género y en particular la violencia sexual, es un tema pendiente en la entidad.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario precisó que en la plataforma de violencia feminicida en Oaxaca han documentado que 223 casos fueron violación, es decir, el 60% del total; 120 fueron de abuso sexual, correspondientes al 32% del total; y 27 casos fueron identificados como acoso Sexual, un 7% del total.
La integrante de la directiva de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, detalló que las principales víctimas de los delitos sexuales son las niñas y adolescentes menores de 18 años.
Reveló que los casos de abuso y acoso sexual disminuyen conforme aumenta la edad de las víctimas, sin embargó, llamó su atención que para los casos de violación existen víctimas de todos los rangos de edad.
“Este tipo de delitos dejan fuertes secuelas en las mujeres que la padecen. En muchas ocasiones además de lesiones físicas y psicológicas también, por falta de información o rapidez en el procedimiento, puede terminar con embarazos no deseados, de los cuales muchas veces las mujeres se sienten culpables”, señaló la activista.
Sobre los agresores dijo que les fue posible identificar la relación con la víctima en 98 del total de casos, de este número, el 50% tenía una vínculo de confianza o sentimental (amigo, pareja, expareja, padrastro, concubino, novio, exnovio, vecino). En el 26% de esos casos la relación del agresor con la víctima es familiar (parentesco directo o político) y en el 24% de los casos restantes, la relación del agresor con la víctima es laboral o de estudios, es decir, el agresor fue identificado como compañero de trabajo, colaborador, patrón o profesor de la víctima.
Otro de los datos que identificó sobre los agresores, fue su ocupación, mencionando cinco de las más frecuentes que encontraron: Profesor, 15 casos; Campesino, 10 casos; Taxista, 9 casos; Mototaxista, 7 casos y Policía, 5 casos.
Sánchez Maya, aseveró que “la violencia sexual es mucho más frecuente de lo que aparece en las estadísticas que presentamos y ello se debe a que en muchos casos las víctimas, sean niñas, jóvenes o mujeres adultas callan por vergüenza, temor o porque les hacen creer que ellas lo provocaron. Cuando piden ayuda, no les creen y cuando son instituciones sabemos que las vuelven a victimizar”
La defensora de derechos humanos, recalcó la impunidad que hay en el estado para sancionar la violencia de género y en particular la violencia sexual tan grave.
“Basta con recordar el caso de César Chávez quien fue acusado penalmente por el delito de violación a quien se le ejecutó la orden de aprehensión en el 2016 y fue liberado en el 2018 por parte del Juez Cuarto de lo Penal, bajo argumentos estereotipados, prejuicios, burla y re victimizando a la víctima, y el litigio aún no termina”.
EL presente articulo es propiedad de Página 3.
Pedro Matías (2021) Delitos sexuales en la impunidad; suman 372 casos en el gobierno de Murat. Página 3. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://pagina3.mx/2021/07/delitos-sexuales-en-la-impunidad-suman-372-casos-en-el-gobierno-de-murat/
Anabel Ibáñez, Ríodoce recuperado de Desinformémonos
17 de mayo de 2021
A cuatro años del homicidio del periodista Javier Valdez, familiares y amigos develaron un memorial en su honor en la Plazuela Obregón, en Culiacán, Sinaloa, el pasado 15 de mayo.
A nombre de la familia, su esposa Griselda Triana, advirtió que ella y sus hijos no van a desistir ni poner límites en la búsqueda de justicia para que el crimen no quede impune.
La ceremonia congregó a familiares, amigos y representantes de organismos nacionales e internacionales de protección de periodistas.
Los representantes de Reporteros sin fronteras, Balbina Flores; Gabriela Gorjón, oficial de Información Pública de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México; así como Jan Albert Hootsen, representante del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), se sumaron a las demandas de justicia en el crimen de Javier Valdez.
Durante la ceremonia tanto Balbina Flores como Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, lamentaron que no se les haya permitido entregar una carta durante la conferencia mañanera del pasado viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde demandan justicia para el caso de Javier Valdez y los periodistas asesinados, 20 de ellos durante el gobierno federal actual.
Ciudad de México | Desinformémonos. Familiares de personas desaparecidas realizaron una acción de memoria frente a la Fiscalía General de la República (FGR) para conmemorar el Día de las madres centroamericanas y exigieron verdad y justicia para las personas migrantes desaparecidas en su paso por México.
Desde hace casi un año, familiares de personas desaparecidas, junto al Colectivo Huellas de la Memoria, han construido un Muro de la Memoria frente a la FGR es para hacer presentes a las más de 80 mil personas que han sido desaparecidas en México.
Responsabilizaron a las autoridades federales por no atender la crisis humanitaria por la que atraviesa el país y “exponer a los migrantes a diversas violencias al militarizar las fronteras”. Explicaron que el Muro de la Memoria es un recordatorio para que las autoridades «hagan su trabajo» y busquen a todas las personas desaparecidas.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
De acuerdo con información oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de 2015 a 2020 han aumentado las Carpetas de Investigación por el delito de violación, pero las sentencias son cada vez menos
Mientras de 2015 a 2020 se incrementaron las Carpetas de Investigación (CDI) por el delito de violación, en el mismo periodo se han reducido drásticamente las sentencias emitidas al respecto: durante la última media década, los presuntos responsables no han recibido sentencia ni siquiera en el 30 por ciento de los casos.
Si bien de 2015 a 2019 el incremento de las CDI fue constante, con una leve disminución en 2020; las sentencias pasaron de 22.1 por ciento de casos con sentencia en 2015 a solo 3.4 por ciento para 2020; de modo que a la par que el delito aumenta, la justicia disminuye.
Juan José Hernández, investigador del Observatorio Ciudadano Igavim, dijo a LADO B que esta disparidad entre las CDI y las sentencias es un indicador de la falta de seguimiento a las investigaciones.
Calificó esto como preocupante, porque no solo no hay atención en el seguimiento, sino que revela que la violación es un delito que no le interesa a las autoridades, además de que no existen las condiciones administrativas y técnicas para investigar una violación.
En su opinión, aunque no hay claridad para saber en qué parte de la cadena de responsabilidades está habiendo más fallas, para que se persigan correctamente las violaciones sexuales, hay una inclinación a que las omisiones sean por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esto porque, a final de cuentas, cuando se otorga la sentencia es porque se tiene casi concluida —o toda— la investigación. “Ahí ya entra el análisis bajo un expediente, pero para llegar a ese expediente requerimos todo el proceso de investigación correspondiente”, dijo Hernández.
Esto coincide con lo difundido en el Índice de Estado de Derecho México 2020-2021, realizado por World Justice Project, estudio que ubica a Puebla junto con Veracruz y la Ciudad de México como las peores entidades en cuanto a impartición de justicia penal.
El más bajo fue Veracruz, con un índice de 0.27, seguido de cerca por Puebla, con 0.29, y después Quintana Roo y el Estado de México con 0.31. El documento toma como indicadores algunas cuestiones como la rapidez para recibir denuncias e iniciar investigaciones, y el respetar los tiempos de los procesos judiciales, entre otras.
Omisión del Estado
Ilustración: Gogo
Ante esta problemática, la organización Cihuautla, dedicada a la prevención y atención a la violencia de género en Puebla, dijo que el incremento en las denuncias y, por lo tanto, la apertura de CDI, es un reflejo de la conciencia y el avance que las mujeres han logrado con respecto al reconocimiento de sus derechos y el empoderamiento para detener la violencia machista.
La organización coincide con el Igavim en que, si hay más denuncias pero menos sentencias, quiere decir que hay fallas intermedias.
Esto, de acuerdo con Cihuautla, es un mensaje de impunidad, un mensaje institucional de que “no pasa nada”. Esto demuestra que todas las instancias involucradas en la impartición de justicia están fallando.
El Tribunal Superior de Justicia, mediante su enlace de prensa, dijo que “no se puede dar una respuesta porque no depende propiamente del Tribunal sino de la actuación de las partes en el proceso, como el MP, asesor jurídico de la víctima y defensor del imputado.” Al momento de esta publicación la Fiscalía General del Estado (FGE) no había dado una respuesta.
Una mujer que denuncia violencia sexual encuentra obstáculos no solo antes, sino durante y después del proceso judicial. Finalmente, dijo la organización, esto es una muestra de la normalización de la violencia machista, la cual “está reforzada no solo culturalmente sino institucionalmente”.
Mujeres de Atenco a 15 años de sobrevivir a tortura sexual | Cortesía Centro Podh
Ciudad de México.- Han pasado 24 meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación y tortura sexual cometida por policías en contra de 11 mujeres, sin embargo, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con las medidas de reparación, entre ellas, la investigación y sanción de los responsables.
Si hace 15 años, cuando las mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, el gobierno estatal a cargo de Enrique Peña Nieto les ofreció una aspirina para ayudarlas a apaciguar los golpes y la violencia, ahora la administración de López Obrador hace lo mismo porque sólo en una ocasión trató de calmar la exigencia de justicia asegurando que cumpliría la sentencia. Dos años después no ha hecho nada para acatarla.
En conferencia de prensa, a propósito del 15 aniversario de este caso, cuatro de las 11 sobrevivientes: Bárbara Italia Méndez Moreno, Yolanda Muñoz Diosdada, Edith Rosales Gutiérrez y Claudia Hernández Martínez, junto con sus abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que no existe avances en la investigación penal y no hay ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional.
Además, mencionaron que no se ha fortalecido el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, creado en 2015 y coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no se ha realizado el diagnóstico nacional sobre tortura sexual contra mujeres y no se ha instalado un observatorio sobre el uso de la fuerza, como se recomendó en la sentencia de la Corte IDH.
Barbara Italia Méndez Moreno | Cortesía Centro Prodh
En abril de 2019 el Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con las mujeres y les aseguró que el gobierno federal tenía el compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición.
En esta ocasión Bárbara Italia Méndez Moreno dijo: “El día de hoy no tenemos buenas noticias para darles. Tenemos las peores noticias. Hemos recurrido a la exigencia de justicia, de verdad y de no repetición con cuatro gobiernos distintos. Esos cuatro gobiernos son un sólo Estado mexicano. Y los cuatro gobiernos nos han llevado al límite. Pareciera que nuestra lucha no tiene sentido”.
Investigación e impunidad
A 15 años de los hechos Italia Méndez envió un mensaje al gobierno federal: “Decirle al Estado que aquí seguimos y la exigencia es la misma que hace 15 años: queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad y queremos acceso a la justicia. No vamos a dar un paso atrás, no van a vencernos, vamos a seguir trabajando. Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el fondo de nuestra lucha, es fuerte, es vigente y es digna”.
Respecto a la investigación de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, la abogada y co-coordinadora del área de Defensa Integral, Melissa Zamora Vieyra, dijo que no hay avances. “No existe ninguna sentencia condenatoria que haga responsable a ningún tipo de autoridad, del fuero local ni del fuero federal, de los actos de tortura sexual contra las mujeres. Estamos ante un Estado que ha incumplido con la sentencia de la Corte Interamericana”.
En un recuento de lo sucedido, la abogada explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha enviado a la federación la investigación que mantiene abierta contra policías estatales, en concreto a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, es decir, incluyendo a los probables responsables de los tres niveles de gobierno.
Esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la Fiscalía estatal, cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia, se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando.
Edith Rosales Gutiérrez | Cortesía Centro Prodh
Mecanismo de seguimiento de casos de tortura
Por otra parte, en septiembre de 2015 el Estado mexicano creó el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, para revisar casos de tortura sexual, pero desde entonces sólo emitió tres dictámenes, cuya finalidad es establecer lineamientos para coordinar instituciones en cada caso. En contraste, el Centro Prodh ha documentado más de 110 casos de tortura sexual, de los cuales en 21 las mujeres siguen en prisión debido a que fueron torturadas para declararse culpables de algún delito. El caso más reciente ocurrió en noviembre de 2020.
La colaboradora del área Internacional del Centro Prodh, Sofía de Robina, expuso que el gobierno les informó que este Mecanismo se formalizaría por medio de un decreto, después les dijeron que sería por medio de lineamientos y ahora les informaron que buscarán otro camino. El fortalecimiento de este Mecanismo se detuvo en octubre de 2019.
A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el diagnóstico nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante ya que, dijo, las organizaciones continúan documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión.
Edith Rosales Gutiérrez declaró que el presidente de la República no puede decir que no sabía de este caso o qué no le toca: “Cuando salió la sentencia yo decía: apenas es un pasito, viene la lucha realmente. Ahora lo estamos viendo. Van dos años de esa sentencia y nada; otro gobierno y tampoco nada. Lo más chistoso es que este gobierno no tiene que negociar con nosotras. La sentencia ya está, lo único que tiene que hacer es ejecutar, sin embargo no quiere, no quiere cumplir con la justicia”.
Observatorio de uso de la fuerza
En cuanto al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México, en el reciente informe que el Estado mexicano envió a la Corte IDH,el pasado 23 de marzo, informó su decisión de no cumplir con lo establecido en la sentencia. El argumento fue que ya se cuenta con órganos de control interno y la supervisión de la Auditoria Superior de la Federación, que cumplen con este propósito.
Sin embargo, el observatorio ordenado por la Corte IDH es para que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana. Este mecanismo de observancia debería ser independiente, dijo De Robina. El Centro Prodh y las Mujeres de Atenco no ha sido convocadas para analizar el diseño de este mecanismo, a pesar de que en diciembre de 2019 enviaron una propuesta de monitoreo del uso de la fuerza de la Guardia Nacional.
El desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte se agrava si se toma en cuenta que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter militar que ha usado la fuerza en protestas de mujeres. Por ejemplo, en León, Guanajuato; en Ecatepec, Estado de México; en Cancún, Quintana Roo y en Jalisco, se han realizado operativos donde la policía “agrede” y violenta sexualmente a las manifestantes.
Yolanda Muñoz Diosdada | Cortesía Centro Prodh
En conferencia de prensa Yolanda Muñoz Diosdada dijo “Todo lo que se ha dado después (del 3 y 4 de mayo) sólo han sido decepciones porque el gobierno está dando lapsos muy largos y no ha da ninguna resolución. Sabemos muy bien cuántos poderes se ejecutaron, quienes fueron. Creo que no hay disposición para hacer cumplir la ley y esclarecer hechos, porque no es una lucha de once, es de miles de mujeres que siempre están y seguirán ahí, participando para que esto no se vuelva a repetir”.
Medidas individuales
Finalmente, la implementación de las medidas individuales, entre las que se encuentran las relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes, enfrentan serios retrasos e incumplimientos derivados principalmente de la falta de coordinación interinstitucional, así como de las múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo por parte de las instituciones implicadas. Situación que no es acorde con una política diligente de atención a víctimas.
Sofia de Robina señaló que las mujeres no reciben atención médica ni psicosocial por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni del Instituto de Salud para el Bienestar. “A la fecha las mujeres siguen viviendo enormes deficiencias respecto a la atención a la salud. Muchas de ellas han dejado incluso de recibir atención por los retrasos tan grandes que significan la gestión institucional”, dijo De Robina.
Claudia Hernández Martínez | cortesía Centro Prodh
Claudia Hernández Martínez consideró que han pasado 15 años de injusticia. “Desde el primer momento en que nos detuvieron fue de manera ilegal. En ese momento nos hicieron víctimas de tratos inhumanos, de tortura, de violación. Incluso hubo compañeros que perdieron las vida en esa represión, del 3 y 4 de mayo. Desde ese momento estuvimos obligadas a demostrar lo que nos habían hecho, tuvimos que ser revictimizadas para demostrar que nos habían violado, que nos habían torturado.
Cabe resaltar que el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años, por lo que este plazo finalizó en 2020 con dos medidas concluidas de las 9 ordenadas. Las abogadas de las víctimas, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), solicitaron a la CoIDH una audiencia de seguimiento a fin de que el Estado y las representantes legales de las mujeres expongan cómo se ha cumplido la sentencia. El organismo internacional no ha confirmado si se realizará este encuentro.
21/AGM/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.
García Martínez, A. (2021). A 3 lustros de los hechos de Atenco, Estado mexicano sigue sin reparar tortura sexual a mujeres de Atenco. CIMAC Noticias. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/03/a-3-lustros-de-los-hechos-de-atenco-estado-mexicano-sigue-sin-reparar-tortura-sexual-a-mujeres-de-atenco
Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.
Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.
“Diez años hemos estado exigiendo información sobre lo que pasó, sobre quiénes participaron, cómo te hallaron, quiénes te hicieron lo que te hicieron. No quiero que se quede así. Me pongo a pensar ¿por qué no dan con los responsables?, si la mayoría vive en San Fernando y ahí en el expediente mencionan al coyote y a varios implicados. ¿Por qué no dan con los responsables? En el expediente se indica la participación de la policía, quienes recibían dinero del crimen organizado”, dijo Baudilio Castillo, padre de la víctima, en una carta pública dirigida a su hijo. En ella relata el duro trayecto de los últimos años y la escasa ayuda institucional, pero también la esperanza de que se haga justicia.
Baudillo recuerda, en entrevista telefónica con Animal Político, que apenas tienen información sobre los avances de las pesquisas. “En 2019 nos hicieron llegar una tarjeta informativa y recientemente tuvimos una reunión con autoridades. Pero seguimos esperando que nos den más datos”, aseguró. El hombre lleva diez años dedicado a buscar justicia: estudia los expedientes, analiza la información que llega a cuentagotas. Y sigue sin explicarse cómo los culpables no han sido sentenciados.
“No se ha investigado la cooptación de autoridades”
Cuando se cumple una década del hallazgo de las fosas, familiares de las víctimas han hecho públicas diversas misivas en las que denuncian el maltrato institucional durante la última década, la falta de avances en las investigaciones y las irregularidades detectadas en las identificaciones y la investigación.
“Durante 10 años nos hemos enfrentado a un duro muro de impunidad sistémica, construido con miles de obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación. Las circunstancias en las que nuestros familiares, localizados en las fosas, fueron privados de la libertad y de la vida no han sido plenamente esclarecidas. Tampoco han sido identificados y enjuiciados todos los autores materiales e intelectuales de los hechos”, dice una de estas cartas, dirigida a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Giamattei Y Nayib Bukele, presidentes de EU, México, Guatemala y El Salvador, respectivamente.
“¿Cómo es posible que, diez años después, no haya personas sancionadas por esta masacre que arrebató la vida de nuestros seres queridos? Menos aún se ha investigado ni establecido la responsabilidad estatal por los hechos, ni la responsabilidad por cadena de mando por el involucramiento de agentes policíacos. No se ha investigado la cooptación de autoridades y corporaciones por el crimen organizado de carácter transnacional que opera incluso en territorio estadounidense”, añade la carta.
Las de las fosas de San Fernando es una de las peores masacres perpetradas contra migrantes en México. En los 46 enterramientos clandestinos fueron hallados los restos de 196 personas. A día de hoy quedan 66 por identificar. De los que sí se pudo conocer la identidad hay 91 mexicanos, 36 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un hondureño.
Las fosas fueron descubiertas menos de un año después del asesinato de los 72, otra de las matanzas que mostró la crueldad de México con aquellos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos. Tamaulipas se convirtió en el territorio más peligroso de uno de los países más peligrosos del mundo para los migrantes. Diez años después sigue siéndolo. En enero fueron hallados los restos de 19 personas en Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. De ellos, 16 eran guatemaltecos que buscaban alcanzar el norte.
Como denuncian las familias de las víctimas, una década después de las masacres se mantiene una impunidad absoluta. Las autoridades anunciaron la detención de 74 personas a las que vinculaban con Los Zetas, en aquel momento uno de los carteles más violentos de México. De ellos, 17 serían policías municipales de San Fernando, a los que se acusó de formar parte del narco, pero contra los que no existe acusación formal dentro del expediente, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a las familias de 21 de las víctimas.
Entre los delitos que se imputa a los consignados están el de homicidio, delincuencia organizada o tenencia de armas de uso exclusivo del ejército. Pero ni siquiera hay claridad sobre si los homicidios a los que se hace referencia en la investigación son los de las fosas de San Fernando.
“Sabemos que hay 74 procesados por los hechos, pero ninguno de estos ha sido sentenciado, no hay ninguna sentencia”, explicó Delgadillo. “Se ha solicitado y no está clarificado que las personas que estén siendo procesadas por el delito de homicidio lo sean por los 196”, añadió.
Tras los hallazgos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, presentó a decenas de personas a las que vinculó con Los Zetas. Entre ellos se encontraba Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “comandante Ardilla”, considerado jefe de la estructura criminal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y detenido en Nuevo Laredo en 2012. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales de que se había capturado a los responsables de aquellas atrocidades, diez años después no hay una sola sentencia que pueda probarlo.
Animal Político consultó con la FGR sobre el estado de la investigación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Sin reparación para las familias
La falta de sentencias condenatorias no es la única irregularidad denunciada por las familias. “Los procesos de identificación de nuestros familiares no se realizaron con ningún tipo de cuidado, sin pensar que se trataba de personas. Gobiernos anteriores nos entregaron restos sin ninguna explicación ni documento que acreditaran que eran nuestros familiares, realizaron cremaciones ilegales e, incluso, entregas equivocadas de cuerpos”, dice una de las cartas.
Tampoco México ha cumplido con la reparación integral a la que tienen derecho los familiares. “Tiene una enorme deuda con todas las familias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha puesto un sinfín de obstáculos para garantizar los derechos que la Ley de Victimas otorgan a victimas indirectas. El último pretexto es por la pandemia, porque están fuera del país”, explicó Rosmery Yax Canastuj, abogada guatemalteca que representa a las víctimas del país centroamericano.
Según relata, buscar las medidas de asistencia “ha sido un suplicio para las familias”. Y eso a pesar de que la ley les garantiza apoyos para la compra de alimentos, educación y salud, al margen de la indemnización.
Las fallas del Estado en la investigación y en la atención de las víctimas quedaron reflejadas en la recomendación 3VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En aquel documento, la institución constató el horror que se vivía en San Fernando, los secuestros en los autobuses para que las víctimas fuesen entregadas al crimen organizado y la complicidad de algunas autoridades. Sin embargo, todo esto quedó en saco roto ya que las recomendaciones no se han cumplido.
Para las familias y sus acompañantes esto es muestra de la incapacidad de México para cumplir con la investigación y la reparación. Por eso llevan años solicitando que se ponga en marcha una comisión especial con participación de instancias internacionales como la ONU. Algo similar a lo que ya funcionó en el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
Para Baudilio Castillo, que recibió los restos de su hijo en mayo de 2017, todavía queda mucho por hacer. Y así lo repite, en la carta dirigida al joven que marchó de Guatemala buscando una vida mejor, pero encontró la muerte en Tamaulipas. “Espero seguir luchando para que no sigan cometiéndose más crímenes contra las personas migrantes que transitan hacia los Estados Unidos, que haya justicia para todas las familias dañadas. Nosotros estamos vivos, peleando por nuestros hijos, peleando por aquellas personas que fueron masacradas, peleando por ti- Hasta que nos alcance la muerte, vamos a pedir justicia”.
“El presente artículo es propiedad de Animal Político“
Ciudad de México | Desinformémonos. La criminalización hacia pueblos indígenas alrededor del mundo se intensificó durante la pandemia, expuso Indigenous Peoples Rights International (IRPI) en su primer informe. Con el pretexto de prevenir los contagios, se impusieron políticas restrictivas y en algunos países se ha debilitado la protección ambiental para acelerar inversiones y megaproyectos, señaló la iniciativa global.
La organización documentó 204 casos de violencia y ataques contra pueblos indígenas y, explica, identificó patrones de criminalización, violencia e impunidad, donde la mayoría de las víctimas, sus familias y comunidades fueron amenazadas o acosadas.
Durante la presentación virtual del informe, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, habló sobre la situación en México y la violencia contra pueblos indígenas, la cual ha aumentado por disputas territoriales, por la presencia del crimen organizado y por la falta de un marco jurídico que reconozca plenamente los derechos de los pueblos, señaló Barrera.
Rubén Moreno, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, expuso la situación que se vive en el estado de Chiapas, ante agresiones armadas contra comunidades desplazadas y la llegada de la Guardia Nacional sin consentimiento de las comunidades.
Integrantes de Indigenous Peoples Rights International condenaron el asesinato de la gobernadora indígena del Cauca, Sandra Peña, y externaron su solidaridad con el Consejo Regional Indígena del Cauca ante los recientes ataques.
El informe reveló la discriminación y la impunidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas del mundo, además de que los ataques se basan en discriminación sistémica y racismo. A este escenario se suman las condiciones de desigualdad en medio de la pandemia por Covid-19, señaló la iniciativa global.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
La víctima vive y no ha renunciado a su lucha porque el senador con licencia sea castigado
Enredo ¿intencional? De la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
Redacción
SemMéxico. Cd. de México. 26 de abril 2021.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en forma velada amenazó de muerte a Basilia Castañeda Maciel y anunció que se archiva su denuncia de violación que presentó cómo militante de ese partido desde el 5 de enero de este año.
Así, dice un comunicado de Basilia Castañeda Maciel, quien se extraña que la resolución escribe que ella ha muerto. ¿Fue por descuido? o ¿es una amenaza?, en tanto que la víctima sostiene, hasta hoy, que Félix Salgado Macedonio la violó, su familia es hostigada y ella sujeta de publicaciones infamantes. Además esa comisión da por concluido el asunto.
La CNHJ de Morena, dividió en dos su investigación, la primera resolución, desestimó la denuncia y calificó al ahora ex candidato al gobierno de Guerrero, como una persona con buena fama, y otras cosas. Ahora en el segundo procedimiento llamado ordinario, con el númeroCNHJ-GRO-029/2021, que a pesar de ser el primero en presentarse incumple, como el anterior, con las reglas básicas de los procedimientos jurídicos.
Los argumentos jurídicos –anexos en el comunicado de este día de Basilia Castañeda Maciel, nuevamente MORENA incumplió con las nuevas obligaciones que tienen todos los partidos políticos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Decidió este 16 de abril no investigar más y archivar la denuncia de violación de Basilia Castañeda Maciel y J sostiene en esta última resolución que “el presente asunto como total y definitivamente concluido.”
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena archiva su queja argumentando que Basilia Castañeda Maciel ha muerto, lo que puede asumirse como una amenaza de muerte por parte de MORENA en contra de Basilia. Lo que el equipo de abogadas advierte, que no es así, se espera el resultado de la impugnación que hizo la víctima ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
Sostiene el comunicado que Félix Salgado Macedonio por actos de violencia sexual y por no cumplir con los principios y estatutos dentro de Morena, nunca debió ser candidato. La queja que Basilia Castañeda Maciel presentó contra Félix Salgado Macedonio, no era sobre hechos exclusivos de una investigación penal. Lo que se solicitó simplemente que la CNHJ analizara el incumplimiento a los estatutos de MORENA, en particular los artículos 42 y 47.
Ahora es importante señalar que Basilia no ha muerto. Tampoco ha renunciado a la investigación penal, que sigue a cargo de lo que las autoridades penales decidan investigar acorde a sus obligaciones y competencias.
Basilia Castañeda Maciel continúa exigiendo justicia, pues no se trata de un tema personal con Félix Salgado Macedonio, se trata de que MORENA, como partido político, cumpla con los principios y estatutos que aprobó ante toda su militancia. Aún más, que MORENA cumpla con las nuevas obligaciones como los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Redacción. (2021). Morena amenaza de muerte a Basilia Castañeda Maciel, por haber denunciado a Félix Salgado Macedonio. SemMéxico. Recuperado el 27 de abril de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=34748
Ciudad de México. ¿Es posible que una persona que quiere suicidarse use guantes de látex para dispararse tres veces: primero al sillón, después en una pierna y al final en la cabeza? Esa fue una de las inquietudes de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ante las declaraciones de José Antonio Pérez Bravo, quien fuera coordinador de los agentes que investigaron la muerte de la abogada y defensora, Digna Ochoa y Plácido, en 2001.
Los jueces Elizabeth Odio Benito y Eugenio Raúl Zaffaroni llamaron la atención sobre este detalle en la primera de dos audiencias a distancia que se realizan este lunes 26 y martes 27 de abril. En esta reunión, seis de los siete jueces del alto tribunal realizaron preguntas para conocer más sobre este caso, donde la familia de Digna Ochoa aseguró que el Estado mexicano investigó sin considerar la labor y las amenazas que enfrentaba; mientras que el Estado argumentó que la indagatoria incluyó todas las líneas de investigación.
En 2001 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), hoy Fiscalía General, abrió una indagatoria que duró 10 años. Después de una década, la institución determinó el no ejercicio de la acción penal debido a que concluyó que se trató de un suicidio. La familia consideró que hubo diversas irregularidades y que no se garantizó el acceso a la justicia, por lo que acudió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en 2013 aceptó el caso y en 2019 lo envió a la Corte Interamericana.
La teoría del suicidio
Desde 1995 Digna Ochoa vivió amenazas y hostigamiento, incluso fue secuestrada en dos ocasiones y tuvo medidas de protección. Aun así los procuradores Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente Miguel Ángel Mancera Espinosa, mantuvieron firme la determinación de suicidio. En la gestión de Mancera, quien ahora es senador, la Procuraduría dictó su última resolución.
Sobre esta teoría, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni preguntó al testigo presentado por el Estado mexicano. “La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), al presentarnos el caso refiere que ha habido tres disparos. Uno en la pierna de la víctima, otro en la cabeza y otro en un sofá o en sillón. ¿Cómo se explica un suicidio con tres disparos”.
“De acuerdo con las pruebas periciales que fueron desahogadas, la explicación que nos proporcionó fue que Digna Ochoa primero accionó el arma, para el sillón o en el sillón, fue el primer disparo, para hacer como prueba de sonido, para saber si se acercaba algunas persona. Segundo momento el disparo en la pierna y tercer momento el disparo en craneo”, respondió José Antonio Pérez Bravo.
Sin embargo, minutos antes, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa, explicó ante la Corte Interamericana que la investigación no tomó en cuenta las amenazas e intento de asesinato que vivió su hermana. El juez Zaffaroni retomó esos detalles y volvió a preguntar. ¿Se dio por probado esta situación definitivamente (el suicidio) o no se siguieron otras líneas de investigación posibles?
Quien fuera funcionario de la PGJFD destacó, “Sí, bueno la investigación llevó varias líneas de investigación, además de los trabajos periciales que se desahogaron, las líneas de investigación fue: línea ‘militares’, línea ‘Guerrero’, el entorno social, familiar y laboral denominada ‘Digna Ochoa’, y se investigó todo de manera integral, el entorno, a partir de su trabajo profesional como abogada”.
La jueza Elizabeth Odio Benito preguntó si se hicieron pruebas en las manos de la víctima para saber si ella disparó el arma. El entonces funcionario respondió que sí, pero fueron negativas porque la abogada llevaba guantes de látex. “Usted me está diciendo que una persona que se va a suicidar se pone guantes? ¿Es eso lo que usted está diciendo?”, inquirió la jueza. “En el caso así fue”, respondió el testigo.
Las amenazas contra Digna Ochoa
Los jueces Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire cuestionaron cómo es que una persona defensora con amenazas y sin problemas familiares tiene problemas mentales que la llevan al suicidio. José Antonio Pérez Bravo dijo que después de revisar diversos análisis no se encontró evidencia de que en la escena de la muerte hubiera otra persona que hiciera el disparo. También señaló que se hizo una “necropsia psicológica” y hubo elementos de prueba como sus diarios personales que dieron cuenta de su personalidad.
Sin embargo, Jesús Ochoa y Plácido relató que su hermana fue amenazada en varias ocasiones, algo que atribuyó a su trabajo en defensa de víctimas de casos donde se involucraban elementos del Ejército mexicano, por ejemplo, la masacre de El Charco en 1998, la de Aguas Blancas en 1995 y la tortura de dos campesinos ecologistas en 1999, todos casos ocurridos en Guerrero. Además de la ejecución del Ejido Morelia, en Chiapas y la defensa de los hermanos Cerezo, acusados de terrorismo.
Para Jesús Ochoa, lo que más le afectó a la familia después del asesinato de Digna fueron las filtraciones a los medios y que en la investigación de los hechos las autoridades cuestionaran su vida privada, su sexualidad y su entorno familiar y que dudaran de su profesionalismo. “Justicia es encontrar la verdad, saber quién mató a Digna, y llevarlo ante la autoridad”, dijo.
En su testimonio también nombró a Renato Sales Heredia, quien fuera subprocurador de Procedimientos Jurídicos y de Derechos Humanos de la PGJDF, al entonces procurador Bernardo Bátiz Vázquez y a Margarita Guerra Tejada, quien fue designada fiscal especial para el caso Digna Ochoa. Estos tres funcionarios, dijo Ochoa, fueron los responsables de sostener la hipótesis del “suicidio simulado”.
Los jueces preguntaron si al momento de los hechos el Gobierno Federal y el gobierno de la Ciudad de México eran del mismo partido. Sin embargo, en los testimonios se constató que no había relación política entre estos órdenes de Gobierno, debido a que la capital era gobernada por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, y la presidencia de la República era ocupada por el panista Vicente Fox Quesada.
En esta primera audiencia la directora para Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, quien acudió como perita, presentó una radiografía sobre la situación de las personas defensores de Derechos Humanos en México y afirmó que hay “un grave deterioro de los Derechos Humanos” desde mediados de la década de 1990, cuando ocurrió la muerte de Digna Ochoa. La audiencia continuará este 27 de abril.
Contexto del caso
De acuerdo con la familia, Renato Sales Heredia trató de convencer a la opinión pública de que Digna Ochoa cometió “suicidio simulado’”. Los familiares de la defensora se quejaron de esta teoría con el entonces jefe de Gobierno de la capital, Andrés Manuel López Obrador. Sales renunció a su encargo el 20 de junio de 2002 y en agosto de 2002 la investigación estuvo a cargo de una fiscalía especializada, encabezada por Margarita Guerra y Tejada.
De acuerdo con la información del expediente, que conoció la Comisión Interamericana, durante la etapa inicial de la investigación se practicaron mil 370 diligencias: 282 declaraciones, 247 diligencias ministeriales, 269 pruebas periciales y 572 oficios recibidos e informes de la policía judicial.
La Procuraduría revisó cartas personales, diarios, correos electrónicos y documentos privados y públicos de Digna Ochoa, revisó un viaje que hizo a Estados Unidos, su salida del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, su trabajo como becaria para la Fundación MacArthur y una póliza de seguro que contrató, información según la cual planeaba quitarse la vida. La autoridad concluyó que padecía un Trastorno Esquizofrénico de la Personalidad, con marcados rasgos paranoides.
Sobre la línea de investigación que involucraba a militares, la Procuraduría señaló que sólo eran conjeturas y sobre la línea que llevaba a caciques del estado de Guerrero, afectados por el trabajo legal de la abogada, la autoridad señaló que había duda sobre la autenticidad de los datos. Entre 2002 y 2003, con el apoyo de la Comisión Interamericana, un grupo de expertos independientes, a cargo del consultor Pedro Díaz Romero, revisó las investigaciones y emitió su informe en el que recomendó ampliar declaraciones y profundizar la investigación sobre Guerrero y los militares.
21/AGM/LGL
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García Martínez, A. (2021). Estado mexicano sostiene ante Corte Interamericana de Derechos Humanos que Digna Ochoa se suicidó en 2001. CIMAC Noticias. Recuperado el 26 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/26/estado-mexicano-sostiene-ante-corte-interamericana-de-derechos-humanos-que-digna-ochoa-se-suicido-en-2001
La organización respondió que de ser cierta dicha información, la decisión contribuirá a facilitar el diálogo institucional.
Redacción Animal Político
25 de abril de 2021
Facebook Morras ENAT
La organización Morras ENAT dio a conocer un comunicado donde se presenta la renuncia definitiva de la maestra Gabriela Pérez Negrete, directora de la Escuela de Arte Teatral, después de que la gran mayoría de estudiantes realizaran un paro tras denunciar violencia de género cometida por estudiantes, profesores y personal de esa institución.
“Mi decisión de anticipar mi separación del cargo, responde a una profunda reflexión y deseo de no obstaculizar las negociaciones derivadas del movimiento de la Comunidad Alumnas de la ENAT y ser fiel a mis principios”, se lee en el documento que fue acompañado con la rúbrica de la maestra Pérez Negrete.
La organización respondió que “de ser cierta dicha información, asumimos que tal decisión contribuirá a facilitar el diálogo institucional”.
Hace poco más de un mes las alumnas de la Escuela Nacional de Artes Teatrales (ENAT) convocaron a toda la comunidad a un paro no activo tras las denuncias del pasado 8 de marzo que se hicieron en un “tendedero” virtual.
La respuesta fue abrumadora: la gran mayoría de estudiantes hombres y mujeres aceptaron dejar de participar en las clases para concretar el paro, que cumplió un mes el 18 de abril.
La semana pasada la organización Morras ENAT, hizo una lectura de su pliego petitorio ante una representante de la Escuela y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), al cual pertenece.
Una de las exigencias que calificaron como mínima fue que fuera destituida la directora, Gabriela Pérez Negrete, a quien acusan de encubrir a los más de 90 denunciados.
En entrevista con Animal Político, un grupo de chicas contó que hace dos años, cuando el tendedero sí fue físico, la directora le dijo a los presuntos agresores que si se sentían incómodos podían quitar los carteles que los denunciaban.
Lamentaron que la solución que pretendió tomar fue confrontar cara a cara a las víctimas con quienes estaban denunciando, como si quisiera solucionar el problema hablando.
Otra de las exigencias mínimas del pliego petitorio es que esta vez se haga justo lo contrario: que se dicten medidas preventivas para que los denunciados no compartan espacios, ya sea físicos o virtuales, con quienes los denunciaron, hasta que se esclarezca si hubo agresión, y en el caso de personal docente, sean separados del cargo.
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