‘Estamos hartos de puertas cerradas’: familias de desaparecidos hacen plantón en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Denuncian la lentitud en los procesos de búsqueda y la falta de investigación cuando hay autoridades involucradas.

Alberto Pradilla (@albertopradilla), Animal Político

15 de mayo de 2021

Especial

Marco Antonio Guerrero Gumercindo cumplía 25 años el día en el que desapareció de Altamira, Tamaulipas. Fue el 25 de febrero de 2018 y su madre, Ruth Gumercindo, tenía la fiesta preparada cuando el joven salió de la casa para hacer una recarga al celular. Nunca regresó. “Pasan muchas cosas por la mente. Al principio no puse denuncia por miedo, luego ya me decidí, pero hasta la fecha, nada”, explica, en conversación telefónica. Desde hace más de tres años Gumercindo no sabe nada de su hijo. En el proceso de búsqueda se ha encontrado con la pasividad de las autoridades, a las que acusa de no mover un dedo para buscar al joven. “Lo único que hay en el expediente es lo que aportamos a la familia”, dice. 

La mujer es una de las familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia que desde hace días mantienen un plantón de protesta ante el palacio de gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Salieron a marchar el 10 de mayo, con motivo del Día de la Madre, que en decenas de municipios mexicanos se convirtió en jornada de reivindicación para exigir búsquedas más eficaces y justicia para las víctimas. Sin embargo, al llegar a las oficinas estatales decidieron quedarse para denunciar la falta de voluntad del gobierno estatal en resolver sus casos.

Cada noche, Gumercindo monta su tienda de campaña y junto a otros tres compañeros, duerme frente al edificio oficial. 

Ella busca a su hijo, Marco Antonio. Está Martina, que busca a su hijo Ricardo. También José, que busca a su hermano Miguel. Y Guillermo, tras los pasos de su hija Raquel.

Con más de 11 mil desaparecidos, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Tamaulipas es el segundo estado con más personas que faltan de sus casas, solo superado por Jalisco, con más de 12 mil. En total, México tiene contabilizados más de 87 mil personas a las que se busca, pero la cifra aumenta cada día. Este es uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado, con el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste (escisión de los antiguos Zetas) disputándose el territorio. Además, aquí son continuas las denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas por Ejército, Guardia Nacional, Marina o policía estatal.

Ruth, Martina, José y Guillermo son cuatro entre esos 11 mil. Comparten el dolor por la ausencia, la incertidumbre sobre qué habrá ocurrido y la desesperación ante unas autoridades que, a su juicio, poco hacen para encontrar a sus familiares. 

“No hay investigación. Me dijeron que no tenían elementos, que no tenían policías, que son muchos los casos, que somos pocos y que no llegan a todo”, dice Ruth.

Por eso están en plantón. Porque están hartos de ejercer como investigadores y encontrarse siempre con evasivas o puertas cerradas.

“Exigimos a las autoridades involucradas en la investigación de desaparición que dejen de simular y hagan su trabajo, incluyendo al procurador del estado, comisión de Derechos Humanos, comisionado estatal de búsqueda y departamento de víctimas. Pedimos un avance en los expedientes que por años han sido dilatados y entorpecidos por el hecho de haber autoridades involucradas”. Estos son los dos primeros puntos del pliego de peticiones formulado por los familiares para abandonar el plantón. Los otros dos son establecer políticas públicas para disminuir y acabar con las desapariciones y priorizar la búsqueda en vida. 

Hasta el momento no han recibido respuesta. Cada día ven cómo los funcionarios del gobierno estatal acuden a su puesto de trabajo frente a ellos, pero nadie les dice nada.

Animal Político se puso en contacto con el gobierno estatal y con la Fiscalía general de justicia del Estado para pedirles una valoración. Al cierre de la edición no había recibido respuesta. 

“Mi expediente tiene cuatro años pero no hay avances”, dice José, hermano de Miguel, que tenia 41 años cuando desapareció en Nuevo Laredo, 500 kilómetros al norte de Ciudad Victoria. El hombre asegura que denunció a quien considera responsable, pero que las autoridades han dilatado el procedimiento. No ofrece más detalles, aunque los tiene, por miedo a que un desliz en una entrevista sirva al sospechoso para tumbar la investigación. 

“Cuando hay señalamientos, simple y sencillo no le avanzan. Saben que están protegiendo a los culpables. Por eso decidimos hacer el plantón”, asegura.

Ellos cuatro son los irreductibles, los que no están dispuestos a moverse bajo ningún concepto. Diariamente reciben el acompañamiento de otros integrantes del colectivo, personas que, como ellos, siguen buscando a un familiar. 

Reconoce Ruth que no se sienten seguros. Tamaulipas es un estado peligroso y quien pregunta puede encontrarse con el rechazo del crimen organizado o de las autoridades. Por eso exige protección.

Las tiendas de campaña y los carteles con rostros de desaparecidos se mantienen en el palacio de gobierno como símbolo de la desesperación de las familias. Del otro lado, hasta ahora solo han encontrado indiferencia.

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Pradilla, A. (2021). ‘Estamos hartos de puertas cerradas’: familias de desaparecidos hacen plantón en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Animal Político. Recuperado el 17 de mayo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/05/desaparecidos-familias-planton-ciudad-victoria-tamaulipas/

Pueblos denuncian amenazas de Bonafont y decretan cierre definitivo de la empresa en Puebla

Erika Lozano, Desinformémonos

21 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, quienes desde el pasado 22 de marzo mantienen un plantón afuera de la planta de Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, denunciaron amenazas por parte de autoridades locales y empresarios, además, este miércoles, decretaron el cierre definitivo de la empresa.

En conferencia de prensa desde “la casa de los pueblos”, como han nombrado a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tomadas por integrantes de la comunidad otomí desde hace seis meses en la Ciudad de México, los pueblos unidos denunciaron las afectaciones directas que la empresa provocó mediante el saqueo de los mantos acuíferos de la región, lo que, explican, dificultó la realización de sus actividades agrícolas y fuentes de autoempleo.

Aseguraron que desde la toma de la planta de Bonafont, empresarios y autoridades han intimidado y amenazado a quienes protestan y denunciaron que la empresa los acusó de robo de vehículos. Además, se pronunciaron contra “la estrategia de persecución e intimidación” por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien los amenazó con detenerlos si no se retiraban del plantón.

“Hacemos responsables a los empresarios y gobiernos si a algún compañero o compañera le llega a pasar algo, sabemos que defender el agua, la tierra y la vida no es un delito”, condenaron los defensores y aseguraron que no aceptarán consultas “amañadas para beneficio del gobierno y de empresas transnacionales”. 

En conferencia, los defensores también se pronunciaron contra el robo de agua en Santiago Mexquititlán, comunidad otomí en Querétaro y parte del Congreso Nacional Indígena. Integrantes de la comunidad denunciaron que desde hace meses no tienen agua. “Estamos en defensa de la vida, como pueblos sabemos que el agua es sagrada porque la utilizamos para la agricultura y para todo ser vivo”, explicaron que no permitirán ningún megaproyecto en sus territorios.

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Lozano, E. (2021). Pueblos denuncian amenazas de Bonafont y decretan cierre definitivo de la empresa en Puebla. Desinformémonos. Recuperado el 22 de abril de 2021, de https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/04/21/no-basta-con-reciclar-impacto-ambiental-de-productos-debe-tener-costo.html

Reiteran campesinos su rechazo al PIM en el 102 aniversario del asesinato de Zapata

Gloria Muñoz Ramírez y Erika Lozano, Desinformémonos

10 de abril de 2021

Fotos: Erika Lozano

Ayala, Morelos | Desinformémonos. Frente a la estatua de Emiliano Zapata colocada justo en el lugar donde fue acribillado a traición hace 102 años, Teresa Castellanos, integrante del Comité Huexca en Resistencia, afirma que hoy “la traición viene del presidente Andrés Manuel López Obrador”, quien durante su campaña prometió la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM), pero “ahora quiere imponerlo por la fuerza”.

Fotos: Erika Lozano

El homenaje a Zapata inició al filo de las 8:30 de la mañana con una ofrenda floral en el monumento en el que descansan sus restos. Posteriormente los indígenas y campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), de Huexca en Resistencia y del Plantón Zapatista de Asurco, todos opositores a la termoeléctrica, al gasoducto y al acueducto que integran el PIM, salieron en caravana motorizada rumbo a la ex hacienda de Chinameca, donde, como cada año, se rinde homenaje al general revolucionario.

“Si Zapata, viviera, contra la termo estuviera”, gritan las mujeres y hombres de la comunidad otomí que mantienen tomadas las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, y que se trasladaron aquí para solidarizarse con los pueblos en lucha por la defensa del agua y de la tierra.

Una ofrenda agrícola se coloca en dos mesas con semillas de maíz de diferentes colores, cebolla, camote, pepinos y flores para el General son símbolo de lo que se cuida y defiende aquí, donde se disputa la historia. Hace dos años el presidente de México fue declarado persona non grata y no pudo venir al anunciado centenario del asesinato de Zapata. El templete del gobierno federal se quedó vacío, y en su lugar miles de campesinos tomaron las calles de Chinameca.

Fotos: Erika Lozano

La lucha contra el PIM sigue convocando a los herederos de Zapata. “Nosotros seguiremos luchando porque nuestra causa es justa, porque no hablamos de unos cuantos litros de agua que se pierden, no hablamos de unas cuantas hectáreas de tierras que dejen de sembrarse, hablamos de la perdida de nuestra libertad”, dice Teresa Castellanos en el acto central.

Una bandera rojinegra del EZLN es levantada por dos mujeres otomíes, mientras siguen llegando ofrendas florales que se colocan frente a la estatua. Desde aquí insisten en rechazar el “desarrollo y el progreso” que viene de la mano de la “destrucción de la naturaleza y de los pueblos”. Producir alimentos, dicen, “también es desarrollo” y la “vida campesina y comunitaria son símbolos de bienestar”.

Fotos: Erika Lozano

La danza de la piña y otros números culturales son ofrecidos al General al finalizar los discursos. “No daremos un paso atrás”, insiste Castellanos antes de regresar al plantón que sostiene su comunidad frente a la termoeléctrica de Huexca.

Fotos: Erika Lozano

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Gloria Muñoz Ramírez y Erika Lozano

Muñoz Ramírez, G. y Lozano, E. (2021). Reiteran campesinos su rechazo al PIM en el 102 aniversario del asesinato de Zapata. Desinformémonos. Recuperado el 12 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/reiteran-campesinos-su-rechazo-al-pim-en-el-102-aniversario-del-asesinato-de-zapata/

La lucha por el agua en Zacatepec continuará hasta que Bonafont se vaya

Mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes mantienen desde el 22 de marzo un plantón para exigir la salida de Bonafont de su localidad, pues acusan que la explotación desmedida del acuífero ha provocado desabasto de agua en la comunidad

Fernando Merino Noriega (@FerMerinoN), Lado B

06 de abril de 2021

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

ACTUALIZACIÓN: Bonafont envió un comunicado de prensa a esta redacción, el cual puede consultarse al final de la nota.

“Dicen [las y los escépticos] que Bonafont no se va a ir; que va a resistir. Pues veremos quién resiste más, si el pueblo o [la empresa]”, dice con seguridad Ángela*, de 53 años, una de las decenas de personas que mantienen, desde el 22 de marzo, un plantón en las inmediaciones de la empresa Bonafont ―perteneciente a la multinacional francesa Danone―, ubicada en Santa María Zacatepec. El objetivo de la movilización es contundente: que la empresa no extraiga ni una gota más de agua de los mantos acuíferos de la zona.

Durante los 20 años que lleva instalada la empresa en la comunidad, personas que se dedican al campo han visto como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) da a esta empresa la libertad de extraer cantidades exorbitantes del recurso hídrico, pues aseguran que no hay un control hacía Bonafont, mientras que a ellos y ellas se les limita el uso del líquido para sus tierras; el resto de la población también denuncia la preferencia de esta institución, y otras más, hacía la empresa, lo que provoca que padezcan la falta de agua. 

Por ello, con la meta fija de que la empresa se marche, el plantón ha resistido más de 15 días desde aquella caminata por  la conmemoración del Día Internacional del Agua, el 22 de marzo, que se alimentó del hartazgo de la gente para convertirse en plantón. Así, con  acciones de visibilización ―de los efectos negativos que ha provocado la empresa desde su instalación― a través expresiones artísticas; emisiones de radio comunitaria y la resistencia a las inclemencias del tiempo de las y los participantes en el plantón buscan presionar a la empresa para que cierre operaciones; adelantan que permanecerán ahí el tiempo que sea necesario hasta que eso ocurra.

Y permanecerán por el extractivismo hídrico ha afectado la vida diaria de las personas de la región, ya que el agua de los pozos artesanales de la comunidad poco a poco ha ido mermando hasta el punto de que en algunos solo se pueden sacar entre 50 y 200 litros de agua para las actividades diarias; en los casos más severos los pozos se encuentran secos.  

Esto ha provocado que, al igual que en las grandes ciudades, las personas tengan que reutilizar el agua muchas veces 一por ejemplo, destinar el agua con la que se limpió el piso para el baño一 y pagar pipas para abastecer su consumo.  

El agua a la que pueden acceder la personas de la comunidad de Zacatepec es insuficiente, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada persona requiere en promedio 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades de consumo e higiene, y como cada familia utiliza un pozo para las necesidades de alrededor de cinco integrantes: los 200 litros que se sacan como máximo no alcanzan ni para la mitad.

Esta falta de agua en la comunidad contrasta con la abundancia del líquido que Bonafont gozaba antes de que sus actividades fueran pausadas por el plantón. De acuerdo con información que trabajadores de la empresa compartieron con los habitantes del municipio, la planta de Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla extrae al año 590 millones 976 mil litros de agua (más de un millón y medio por día), es decir, 31 millones 104 mil garrafones de 19 litros (lo que representa más de 85 mil garrafones por día). 

Lo anterior se traduce en una ganancia de mil millones 368 mil 536 mil pesos 一tomando en cuenta que el precio comercial por garrafón es de 44 pesos一 al año, según cálculos de las y los pobladores de la comunidad, hechos con base en los datos que les compartieron los empleados de la empresa. 

Foto: Olga Valeria Hernández

Pese a los datos compartidos por sus empleados, la empresa, a través de un comunicado, afirmó que tiene la autorización de extraer 280 mil metros cúbicos anuales del acuífero Valle de Puebla 一28 millones de litros al año一, lo que, según la empresa, representa solo un 0.09 por ciento del agua del acuífero de la zona;  la cantidad de agua que Bonafont reporta que extrae representa apenas el 21.1 por ciento de las cifras reportadas por los empleados a las personas del plantón.

Bonafont también se deslinda en el comunicado del desabasto que existe en la comunidad, aseverando que solo explotan una mínima parte del acuífero, pero desde que la empresa no está operando 一por el bloqueo de los accesos para evitar que el personal de la planta  ingrese y continúe con las labores de extracción del agua一, las bombas de diferentes hogares han pasado de solo poder extraer agua por cinco minutos a 15 minutos desde el 22 de marzo, es decir, aumentó la disponibilidad de agua. 

Por otro lado, Bonafont también refiere que cuenta con todos los permisos federales, municipales y estatales para el funcionamiento de su planta en Juan C. Bonilla y llamaron a las autoridades a “atender a través del diálogo, las preocupaciones de este grupo de personas y que los accesos de [su] planta sean liberados lo antes posible”, porque el plantón “limita la distribución y abasto del vital líquido a los clientes y consumidores de Puebla”; aunque las personas del plantón han exigido en reiteradas ocasiones que la empresa muestre sus permisos, no han recibido respuesta. 

El problema de la escasez de agua atraviesa a todas las personas del municipio de Juan C. Bonilla, en particular de Zacatepec, y por ello hay personas de todas las edades exigiendo el cierre de la planta. Angela ha visto que sus hijos, hijas, nietos y nietas no tienen agua para lavar ropa, los trastes o para la limpieza de la casa.

Pero no solo quienes están en el plantón abonan a la resistencia, sino también otras personas de la comunidad, incluso de la capital del estado, quienes apoyan con víveres para la gente que pasa la mayor parte del tiempo en las movilizaciones: al estar en el lugar se escucha constantemente el claxon de vehículos que traen comida y materiales para los talleres que se brindan. 

Además de la gente de Juan C.Bonilla, habitantes de San Pedro Cholula, Coronango, Tlaltengo se han sumado a la resistencia, pues algunas comunidades de estos municipios también se han visto afectadas. Pedro y Angela consideran que en caso de que cierre la empresa, el beneficio también será para las ciudades, porque los cultivos de la zona también se distribuyen en los mercados de la capital del país y del estado. 

Un sistema que mide el consumo de agua para el campo pero da a manos llenas a empresas 

La lucha por el agua en Zacatepec continuará hasta que Bonafont se vaya
Foto: Olga Valeria Hernández

“¿Si a nosotros como campesinos nos limitan hasta ciertos metros cúbicos para explotar el suelo, por qué estas empresas [vienen y extraen lo que quieren]?”, dice colérico Pedro*. El hombre de 35 años destaca que la utilización del agua en la agricultura es parte del ciclo natural de este recurso, mientras que el extraer el agua y llevarla a otros lugares no abona a la renovación de los mantos freáticos.

De acuerdo con Pedro, la Conagua tiene una forma de medir el líquido que consumen las y los campesinos, a través de la Comisión Federal de Energía (CFE), pues con base en los watts utilizados por las bombas de los pozos de riego se calcula el volumen del agua extraída: “por una bomba de 75 caballos se sacan aproximadamente 35 litros por segundo”, explica Pedro; en caso de que se pasen de la cantidad destinada, las y los campesinos son requeridos para explicar el por qué se superó la cantidad permitida para la extracción de agua y en ocasiones pueden ser amonestados. 

Incluso denuncia que han acudido a Conagua a solicitar pozos de riego para la agricultura, pero la institución siempre les dice que están agotadas las concesiones y permisos para más pozos, pese a que sus cultivos, principalmente el maíz y hortalizas, solo requieren de dos riegos al año: en la cosecha y en la espiga; sin embargo, Pedro denuncia que la planta de Bonafont extrae agua las 24 horas del día. 

Algo que también indigna a las y los pobladores de Zacatepec es que las empresas solo dan un pago mínimo por la concesión; ejemplo de eso es que la empresa Coca-Cola Femsa, una de tres empresas que acaparan el 82 por ciento del mercado de las bebidas, junto con Pepsi Cola y Danone, paga 2 mil 600 pesos al año por concesión para extraer agua, de acuerdo con el Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en México; sin embargo, no hay información sobre el monto que paga Bonafont por la concesión que tiene desde hace 20 años. 

Bonafont ha hecho énfasis en que la operación de su planta genera empleos; según los cálculos de las y los pobladores, son cerca de 300 puestos de trabajo los que creó la empresa, pero las y los afectados afirman que son más 40 mil habitantes quienes sufren la falta de agua desde la instalación de la planta, por lo que no es equiparable el beneficio de los empleos con las afectaciones que provoca la empresa.

Pese a esa idea de desarrollo que se les ha tratado de imponer, las personas que exigen el cierre de de la planta no piensan dar un paso atrás en su lucha. Hasta el momento, solo han tenido una reunión con la Secretaría de Gobernación, pero no les han dado muchas soluciones, o una fecha del cierre de la empresa, sino que solo se trató el tema de los derechos de las y los trabajadores, pues se difundió información falsa de que las personas del plantón tenían retenidos a integrantes de Bonafont.

“Si se trata de estar un año aquí, aquí estaremos un año, si se tratan de diez años igual. Quizá nos moriremos, pero vienen nuevas generaciones que aquí van a estar, porque Bonafont no vuelve a sacar una gota de agua de aquí”, afirma Ángela. Más que una advertencia, es una suerte de presagio, pues otra lucha que emprendió la comunidad fue la defensa del río Metlapanapa, que provocó la detención de uno de sus impulsores. Ahora, pese a todo, la resistencia continúa a más de un año de iniciar.

La lucha por el agua en Zacatepec continuará hasta que Bonafont se vaya
Foto: Olga Valeria Hernández

Comunicado de prensa de Bonafont sobre el bloqueo en la planta de Juan C. Bonilla, Puebla by Lado B on Scribd

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

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Merino Noriega, F. (2021). La lucha por el agua en Zacatepec continuará hasta que Bonafont se vaya. Lado B. Recuperado el 08 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/la-lucha-por-el-agua-en-zacatepec-continuara-hasta-que-bonafont-se-vaya/

Víctimas de desplazamiento forzado de Guerrero exigen solución a SEGOB

Redacción Desinformémonos

06 de abril de 2021

Foto: Teodomira Rosales

Ciudad de México | Desinformémonos. Este lunes, un grupo de familias víctimas de desplazamiento forzado del estado de Guerrero instalaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación para exigir seguridad, reubicación y el reconocimiento de su calidad de víctimas. Son 135 familias provenientes de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, quienes se vieron obligadas a salir de sus comunidades en noviembre de 2018 por amenazas del crimen organizado, y desde entonces no han podido regresar ni ser reubicadas.

Teodomira Rosales, integrante del Centro de Defensa De Los Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón», quien acompaña a las familias desde el 2018, explicó en entrevista telefónica que no se han cumplido los acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación, institución que “tiene la obligación de reubicarles, además de otorgarles la calidad de víctimas” con su inscripción en el Registro Nacional. Huyendo de la delincuencia, la población se ha desplazado incluso a otros estados de la República, dejando atrás casas y cultivos.

Rosales aseguró que hay familias que se han enfermado y a quienes se les ha negado la atención médica, y señaló que durante la pandemia los problemas de salud se han agudizado y hay personas que han fallecido. Las familias desplazadas son en su mayoría campesinas y han tenido que buscar otros medios para sostenerse económicamente, afirmó.

Las víctimas de desplazamiento exigieron condiciones de seguridad, y aunque “ven imposible el retorno”, solicitan que se les reubique. También piden fuentes de empleo, tierras para sembrar y proyectos productivos de corto y largo plazo. 

La integrante del Centro Morelos aseguró que seguirán en plantón hasta tener respuesta a sus exigencias, pues las autoridades municipales y estatales, dijo, ya no saben a qué autoridad recurrir.

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Redacción Desinformémonos. (2021). Víctimas de desplazamiento forzado de Guerrero exigen solución a SEGOB. Desinformémonos. Recuperado el 07 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/victimas-de-desplazamiento-forzado-de-guerrero-exigen-solucion-a-segob/