Se eleva radicalmente la violencia domestica en México: Unicef

Integrantes de una familia en las inmediaciones del Hospital General de México el pasado 01 de mayo de 2020. Foto Pablo Ramos

La Jornada

Ciudad de México. El aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, y el confinamiento a causa del Covid-19 han elevado radicalmente los niveles de violencia doméstica en México y requiere de acción inmediata para proteger a la infancia y adolescencia afectada, señaló el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Datos que dio a conocer este lunes la oficina en México de esa instancia internacional, evidenciaron que las llamadas de emergencia al servicio 911 por incidentes de violencia, acoso o violación sexual y por violencia de pareja o intrafamiliar sumaron 115 mil 614 desde el inicio de la contingencia en el país, un incremento de 28 en marzo en relación a enero.

Christian Skoog, representante de Unicef en México, dijo que 6 de cada 10 menores de uno a 14 años sufren violencia en su hogar, “situación que se ha agravado por el confinamiento”.

Indicó que en países como México, el nivel de violencia intrafamiliar no debe se desestimado, particularmente en contextos como el actual. Y es que, añadió, las llamadas a refugios reportando violencia han registrado un incremento del 60 al 80 por ciento y las solicitudes de asilo en estos espacios ha incrementado un 30 por ciento, según la Red Nacional de Refugios.

“Las consecuencias del Covid-19 en la infancia y adolescencia en México no serán causadas mayormente por la enfermedad en sí; serán más bien secuelas de las medidas necesarias para prevenir el contagio, como la restricción de movimiento, el estrés, la situación económica de las familias, factores que amenazan la protección ante la violencia y el abuso contra la niñez y adolescencia”, señaló Skoog.

Como una medida contra esta problemática, Unicef difundió la publicación Protección de la niñez ante la violencia. Respuestas durante y después del Covid-19, en la que se plantean varias medidas que el Estado debe implementar, como garantizar el acceso a los servicios de atención y apoyo para la infancia y la adolescencia afectada por la violencia, crear alternativas de alojamiento y mecanismos de alerta y prevenir las agresiones mediante la difusión de información dirigida a cuidadores, niños, niñas y adolescentes, así como tomadores de decisión, para promover comportamientos que reduzcan riesgos y fortalezcan capacidades de prevención y de rechazo a la violencia.

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