Ciudad de México | Desinformémonos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno federal que en un plazo de siete días entregue la información sobre las violaciones denunciadas por las comunidades indígenas en la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM), informaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala y los Ejidos de Ayala en Defensa del Agua.
«De esta forma la CIDH está atendiendo con prontitud e inminente prioridad y preocupación la situación que viven las comunidades, ejidos y personas defensoras de derechos humanos que se defienden frente al Proyecto Integral Morelos y que han obtenido como respuesta del Estado Mexicano la incursión de la Guardia Nacional para desalojar un campamento que resguardaba los derechos de los ejidos de Ayala, Morelos», señalaron el FPDTA y los Ejidos de Ayala.
La información que solicitó la CIDH al gobierno mexicano es sobre las medidas cautelares que solicitaron los pueblos de Morelos para que se garantice el derecho a la libre manifestación, protesta, organización y reunión pacífica de las personas, ejidos y comunidades que se defienden frente al PIM; suspenda el impulso del funcionamiento y culminación de construcción del PIM; inste al Estado Mexicano a que respete las suspensiones vigentes otorgadas en los juicios de amparo, «realizando el retiro de la Guardia Nacional, policía estatal de Morelos, así como cualquier fuerza pública ubicada en el plantón de Apatlaco, así como el retiro de la maquinaria y las bardas de metal instaladas para custodiar la obra», entre otras.
Recordaron que los ejidos de las comunidades afectadas por el PIM cuentan con ocho suspensiones de plano para evitar que disminuya el caudal de riego del Río Cuautla, «así como la suspensión de plano que tiene el ejido de Amilcingo para evitar comience a funcionar el Gasoducto Morelos y la suspensión definitiva de la comunidad de Huexca para evitar se contamine el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica».
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Redacción Desinformémonos. (2020). CIDH solicita al gobierno información sobre violaciones a los pueblos en imposición del PIM. Desinformémonos. Recuperado el 03 de diciembre de 2020, de https://desinformemonos.org/cidh-solicita-al-gobierno-informacion-sobre-violaciones-a-los-pueblos-en-imposicion-del-pim/
Ciudad de México | Desinformémonos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala convocó a la campaña de difusión «El PIM no es desarrollo, es despojo y destrucción» para informar de manera extensiva las afectaciones del Proyecto Integral Morelos en la vida comunitaria y el medio ambiente.
El FPDTA explicó que la campaña es para difundir «por qué la termoeléctrica no es un proyecto de desarrollo para los pueblos y la población en general y, en cambio, es un proyecto diseñado para los ricos, un proyecto que abaratará los costos para la producción de mercancías, pero no abaratará las mercancías, ni la luz, ni el gas, ni incrementarán los sueldos».
Los integrantes del Frente explicaron que la campaña es un «llamado urgente» ante la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a entablar un diálogo con las comunidades afectadas y ante la amenaza de la represión de la Guardia Nacional contra el plantón de Apatlaco, en Ayala, para iniciar con la operación de la termoeléctrica en Huexca.
La campaña de difusión, que inició este 21 de octubre y finalizará el 28 de noviembre, está dirigida a periodistas, jóvenes, defensores, activistas, hombres y mujeres que se opongan al despojo y conozcan las problemáticas que acarrean los megaproyectos en los territorios indígenas.
A continuación la convocatoria completa:
Samir: A 20 meses de tu asesinato los pueblos seguimos luchando para heredar vida
* Convocamos a la campaña de difusión «El PIM no es desarrollo es despojo y destrucción»
Samir:
El pasado domingo en las asambleas de Moyotepec y Tenextepango ganó la razón y la defensa del agua, de la vida, 2 de los ejidos con mayor producción agrícola y mayor dotación de agua decidieron por unanimidad no retirar los amparos contra el acueducto. Ese acueducto que fuiste a medir cuando se estaba instalando, por el que detuvieron a Jaime, lo desaparecieron por unas horas y lo torturaron, el acueducto que se impidió su construcción tras de una fuerte represión y enfrentamiento el 30 de agosto de 2016. El acueducto que tiene parado todo el Proyecto Integral Morelos, la última trinchera de la construcción, mas no de la resistencia.
Te hubiera dado gusto Samir estar en esas asambleas, la gente no se dejó intimidar, ni engañar, la dignidad y la sangre campesina y zapatista salió a relucir ante los intentos de convencimiento que hicieron Rogelio Plascencia, Presidente de Asurco y Martín Ortíz, presidente del ejido de Tenextepango. No me imagino con que cara estas personas querrán seguir yendo a los demás ejidos a convencerlos de que “ya todos están de acuerdo”, “que ellos ya se informaron que la termo no hace daño y que habrá más agua, dinero y obras”, “que ellos no se venden, solo recapacitan”. No sé si les crean los demás ejidos, si ni en sus mismos ejidos lograron convencer a su gente, ni a sus familias y muchos los consideran traidores a la defensa del agua.
Otros ejidos que también han dicho que NO a que se lleven el agua para la termo, son los ejidos de Villa de Ayala, San Vicente las Piedras, Salitre y Ahuehueyo. Solo en Anenecuilco, Cuauhuixtla y La Heredia, en pequeñas asambleas, con familias acarreadas por el Comisariado, como en Anenecuilco, han dicho que si, pero son asambleas atípicas e informales. También están los ejidos de Abelardo L. Rodriguez, Lorenzo Vázquez, Los Hornos, Huitchila, Pizotlán, Zacapalco, El Vergel y Chinameca, cuyos primeros tres mantienen sus amparos y los otros 5 se han comenzado a amparar. Donde quiera que escuchas a los ejidatarios dicen que defenderán el agua con la vida.
Desde arriba de Zacatepec hasta Huexca, pasando por Atlixco y Amilcingo, seguimos firmes contra la termo y el gasoducto también con amparos y suspensiones. Dispuestos a defendernos contra el ataque que implica la imposición del PIM a la fuerza. Si tu diste la vida por nosotras y nosotros, por nuestras hijas e hijos, por los que vienen y los que vendrán, porqué nosotros nos vamos a quedar callados o sin hacer nada. ¡Aquí seguimos y aquí seguiremos!
También las compañeras y compañeros del EZLN nos invitaron a llevar tu voz y tu corazón, junto con el de ellas, al continente europeo, de donde son las empresas que construyeron y se benefician de este megaproyecto, a buscar y hablar con los que, como tú, como nosotr@s luchamos por heredar vida a la humanidad.
Pero no somos todas y todos Samir, nos faltan muchas personas por comunicarles por qué el PIM es un proyecto de muerte, por informarles como tú siempre lo hacías, por eso te pedimos que nos ayudes a difundir las afectaciones del PIM, una por una, tema por tema, letra por letra, imagen por imagen, historia por historia, mensaje por mensaje, video por video, capsula por capsula, programas, foros, entrevistas, compartición, publicaciones en redes, papeles, calles y sonidos, del pasado, presente y futuro, cuentos y cuentas, pero todas diciendo la verdad de lo que implica el Proyecto Integral Morelos y de lo que podría pasar. Ayúdanos a realizar una jornada dislocada y alocada de información que dure desde hoy hasta el 28 de noviembre de 2020, fecha en que conmemoraremos los pueblos de Morelos el Plan de Ayala.
Por medio de los corazones en donde Samir se encuentra en todas y todos, convocamos a la campaña «El PIM no es desarrollo, es despojo y destrucción» y les pedimos que nos ayuden a difundir las afectaciones del PIM que hagan entender a más gente porque la termoeléctrica no es un proyecto de desarrollo para los pueblos y la población en general y, en cambio, es un proyecto diseñado para los ricos, un proyecto que abaratará los costos para la producción de mercancías, pero no abaratará las mercancías, ni la luz, ni el gas, ni incrementaran los sueldos, como ha pasado y pasa en todos los lugares donde se ponen proyectos energéticos y grandes corredores industriales en donde la población originaria incluso sufre de altos costos de energía eléctrica o digan ¿dónde la luz sale más barata a los pueblos en México porque ahí la producen? ¿Quién asume los costos ambientales que sufrirán nuestras futuras generaciones y los impactos a la salud que generan?
Llamamos a mujeres, hombres, jóvenas, jóvenes, niñas, niños, artistas, colectivos, intelectuales, profesionistas, estudiantes, periodistas, medios libres, radios comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, pueblos, a todas y todos que saben que el PIM no es un proyecto de desarrollo, sino de muerte, nos ayuden a explicarle al resto de la gente porqué el dinero no debe prevalecer ante la vida, porqué tenemos razón los pueblos cuando queremos heredarles vida a nuestras futuras generaciones y no solo pensar en lo inevitable del hoy, en el “desarrollo” que viene y destruye lo que se encuentra a su paso.
Este es un llamado urgente a todas y todos, ante los oídos sordos del Presidente de la República que no contestó a nuestro llamado al diálogo de “una hora en su mañanera”. Ante el riesgo que en próximos días, horas o semanas, López Obrador mande a la Guardia Nacional a intentar desalojar el plantón de Apatlaco, si decide pasar por encima de la legalidad de las suspensiones de amparo y sobre todo de la decisión de los pueblos, tomada una vez más y desde el inicio del proyecto. Por lo que también llamamos a estar atentos a cualquier acto represivo, solidarizarse y/o acudir a documentar cualquier violación de derechos humanos que pudiera sufrirse en el plantón de Apatlaco o contra cualquier pueblo o persona que defiende sus derechos ante el Proyecto Integral Morelos.
Ayúdenos a difundir, ayúdanos Samir
#SamiryZapataviven
#NoalPIM #AguaSitermoNo
21 de octubre de 2020
T`neki tlalle una atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Redacción Desinformémonos. (2020). FPDTA convoca a campaña «El PIM no es desarrollo, es despojo y destrucción». Desinformémonos. Recuperada el 22 de octubre de 2020, de https://desinformemonos.org/fpdta-convoca-a-campana-el-pim-no-es-desarrollo-es-despojo-y-destruccion/
Hueyapan se convirtió en el municipio 36 de Morelos y se rige por usos y costumbres. Imagen tomada de Google Maps
Cuernavaca, Mor. Habitantes del barrio San José del recién creado municipio indígena de Hueyapan tomaron de manera indefinida la tesorería municipal, porque desconocen al tesorero y al vocero, quienes manejan la cuenta mancomunada del municipio, y porque aseguran que ambos concejales, y otros seis que fueron destituidos el 23 de julio en una asamblea general, se niegan a separarse de sus cargos, pese que este municipio se rige por usos y costumbres.
Habitantes que participan en la toma de las instalaciones, indicaron que el tesorero Santos Artemio Rodríguez Aragón y el vocero Jorge Enrique Pérez Meléndez, seguían negociando a espaldas del pueblo el agua y el territorio con autoridades del gobierno del estado, y seguían ejerciendo sus funciones, además de seguir manejando la cuenta de recursos económicos del municipio, pese a que ya fueron destituidos.
Ambos temas no se negocian, indicaron, pues tanto el gobierno del estado como el federal pretenden enviar el agua de su región a la termoeléctrica que está en Huexca y que es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Antes de tomar las oficinas, aseguraron los entrevistados telefónicamente, le pidieron al personal que salieran, para que nadie quedara encerrado, y advirtieron que no abrirán las oficinas si estos concejales no respetan la asamblea y su destitución que incluso firmaron ellos mismos.
Insistieron en que aun cuando se consumó la destitución de los ocho concejales —quedan unos 10 todavía—, en una asamblea pacífica llevada a cabo el 23 de julio, éstos mismos la firmaron sin ser forzados.
Los pobladores aseguraron que los concejales fueron destituidos porque no informaban al pueblo, ni siquiera les informaban sobre cuánto dinero manejaban, además de haber incurrido en actos de corrupción, lo cual no toleran en su pueblo.
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Desde que asesinaron a Samir Flores, defensor del territorio y esposo de Liliana Velásquez, la vida de esta activista y sus hijos cambió completamente. Si bien lo mejor hubiera sido que se marcharan, decidieron quedarse a pesar del peligro y vivir rodeados por un muro.
Velásquez continúa apoyando la oposición al Plan Integral Morelos (PIM), un proyecto energético con presencia en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos al que Samir Flores enfrentó desde una radio comunitaria que creó para informar a la población.
Liliana Velásquez no abandonó su casa cuando asesinaron a su esposo, Samir Flores. Decidió quedarse y adaptarse al sistema de seguridad que el Mecanismo de Protección a Defensores del gobierno mexicano instaló para ella y sus hijas: un muro, sobre este una alambrada y cámaras de seguridad en todo el perímetro para prevenir otro ataque, como el que acabó con la vida del activista y defensor del territorio hace ya 19 meses.
Desde afuera la fachada de la casa se asemeja más a una prisión. La sensación es la de un exiliado dentro de tu propio territorio. Igual Liliana Velásquez ha tenido que adecuarse a esta nueva forma de vida en en Amilcingo, municipio de Temoac (estado de Morelos), mientras quienes mataron a Samir Flores (36 años) gozan plenamente de libertad.
A Samir Flores lo asesinaron el 20 de febrero de 2019. Se oponía a la construcción de una termoeléctrica en Morelos. Foto: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos.
“Rodearon la casa, amurallaron. Ya nos vamos acostumbrando. Nos sentimos así (mal) por la cerca, por las cámaras, porque no sabemos si nos estamos mirando entre nosotros o quién más nos esté viendo”, narra desde el otro lado del teléfono Vázquez, quien accedió a conversar con Mongabay Latam.
Liliana y Samir habían cumplido siete años como parte de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), un movimiento social opositor al Plan Integral Morelos (PIM), un proyecto energético con presencia en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, en el centro del país.
Detrás de esta pareja de activistas hay una historia de 10 años al frente de un movimiento surgido desde las comunidades campesinas que, al enterarse de los daños ambientales que causaría el PIM, decidió oponerse a un multimillonario corredor industrial.
Los defensores del territorio, como Liliana Velásquez, aseguran que las amenazas que sufrieron antes del crimen de Samir Flores, persisten hasta ahora. Este riesgo se relaciona con las cifras del último informe de la ONG Global Witness, el que reportó el asesinato de 18 defensores ambientales en el 2019, convirtiendo así a México en el cuarto país más violento para estos liderazgos.
El Plan Integral Morelos (PIM) contempla la construcción de dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios, una de las cuales ya ha sido construida, que funcionarán con gas natural. Se espera que este sea transportado a través de un gasoducto —que mide 150 kilómetros y atraviesa tres estados mexicanos— desde las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX). El PIM también considera, además, la construcción de un acueducto de 10 kilómetros para extraer agua del río Cuautla.
El problema con esta obra es que las manifestaciones de impacto ambiental —tanto para la construcción de las termoeléctricas como del acueducto— han sido cuestionadas. En el 2013, por ejemplo, la diputada federal Claudia Bojórquez presentó un punto de acuerdo, recogido en la gaceta legislativa, en el que señala las “contradicciones, omisiones y faltas administrativas que deslegitiman un trabajo objetivo y serio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evaluar los impactos del proyecto”.
Antonio Sarmiento Galán, investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha seguido desde el inicio esta controversia y asegura que ha sido testigo de cómo las comunidades no fueron informadas de los peligros reales del corredor industrial.
“El problema —explica Sarmiento— es que el corredor industrial se arranca sin consultar a la gente. Son imposiciones brutales. Les dijeron que no contaminaría el agua, ni el aire. Que (la hidroeléctrica) era muy silenciosa, que no iba a afectar para nada a la comunidad”.
Obras del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos. Foto: Marlene Martínez / Lado B.
“La tecnología para tratar las aguas de la termoeléctrica solo existe para limpiar el agua que va a entrar a las torres de enfriamiento pero no trata el agua que va a salir de la termoeléctrica, las cuales son catalogadas ya como aguas industriales que contendrán metales pesados, altas temperaturas, modificación de acidez del agua”, dice el estudio.
Antonio Sarmiento explicó a Mongabay Latam que, en el caso del río, hay comunidades de vocación agrícola que serán afectadas de ambos lados de su cauce, con lo cual —precisó— no sólo se afectaría a las familias campesinas, sino a la producción de alimentos tanto en Morelos como en la Ciudad de México.
Son daños silenciosos que pueden generar un impacto en la vida y economía de más de un millón de personas, dijo el investigador de la UNAM, quien también hizo énfasis en la contaminación que podría causar el gasoducto, con pequeñas y numerosas filtraciones que se darían a causa del permanente movimiento sísmico de la región.
El especialista recuerda cómo las comunidades fueron adquiriendo pleno conocimiento de la situación con la ayuda de Samir Flores y sus mensajes radiales. Sus comentarios y llamados a la acción, según Sarmiento, fueron de mucho valor para la gente.
Samir Flores dentro de la cabina de Radio Amilcingo. Foto: Facebook.
Samir Flores, indígena náhuatl, fue parte activa de un movimiento social de tres años que logró alcanzar una meta importante: que la comunidad pudiera gobernarse por usos y costumbres, y no por el sistema de partidos políticos que rige el sistema electoral en México. Ese proceso culminó en febrero de 2017 y permitió consolidar la vocación agrícola de la población indígena de Amilcingo y Temoac.
“La tierra hay que cuidarla y defenderla, es la que nos da de comer, nos alimenta. Ellas vienen con esa parte de la formación que él venía inculcando”, sostiene Liliana Velázquez, quien no olvida cómo en su casa persistió un relato de apego y cuidado de la tierra mientras Samir estuvo vivo, y que ella hoy se encarga de transmitir a sus hijas.
Samantha César, integrante de la Asamblea a la que pertenece Liliana Velásquez y los habitantes de los pueblos de Morelos, explica que existen tres motivos por los que se oponen al proyecto. El primero está relacionado al daño ambiental: “No es energía limpia…Se prevén efectos de esterilidad en la tierra que afecten la diversidad de plantas y animales. Y está la contaminación en el río Cuautla con los químicos de las turbinas”.
El segundo problema —precisa— está asociado al riesgo que enfrentaría la población, considerando que el gasoducto atraviesa 60 poblaciones de los tres estados y que pasará por varias zonas de riesgo volcánico del Popocatépetl que es el más activo de México.
Planta termoeléctrica en Morelos. Foto: Cortesía Notimex.
Además, señala César, se trata de una región aledaña al epicentro del terremoto de septiembre de 2017 que devastó varios poblados y ciudades en la zona, y que en la Ciudad de México hizo recordar el desastre del terremoto de 1985. “Ahora tenemos un nuevo riesgo”, sostiene.
El Programa de Ordenamiento Territorial del Volcán Popocatépetl prevé ese riesgo y estipula que los proyectos no deben modificar el uso de suelo o impulsar políticas que promuevan el crecimiento poblacional; por el contrario, “se debe recuperar y preservar primordialmente los recursos naturales”.
La Semarnat consultó al Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) sobre la viabilidad del proyecto, debido a que se encuentra “dentro de la zona de riesgo volcánico del volcán Popocatépetl”. Y esta instancia respondió “que el proyecto era inviable en esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo”.
Y, finalmente, está el impacto que el PIM, según la experta, generará en la vida de las comunidades. “Causará que la gente deje de sembrar y emigre a las ciudades. Es una cosa violenta contra las comunidades, se va a romper la organización comunitaria. Hay grupos de choque que ya han tratado de romper la vida comunitaria. Por eso se ha decidido luchar, por el despojo del agua, la tierra y la vida campesina”, señaló César.
Esos, según la activista, eran los argumentos de Samir Flores Soberanes, quien se dedicó siete años de lleno como la cara más visible de un intenso movimiento social, pero que fue asesinado a tiros en la puerta de su casa la madrugada del 20 de febrero de 2020.
El proyecto fue concebido durante el gobierno de derecha del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y continuó su desarrollo durante el mandato del centralista Enrique Peña Nieto.
La llegada al poder de la izquierda con Andrés Manuel López Obrador suponía una buena noticia para quienes recordaban que alguna vez, en 2014, cuando estaba en campaña para ser presidente, dijo que la presencia del PIM en Morelos, la tierra del mítico caudillo revolucionario Emiliano Zapata, era inconcebible.
El PIM tiene un componente que se opone al discurso del presidente López Obrador: hay tres empresas extranjeras. Elecnor y Enagas construyen el gasoducto, y Abengoa las dos centrales termoeléctricas. Todas españolas.
“¿Cómo poner en la tierra de Zapata, el mejor dirigente social que ha tenido México, una termoeléctrica? Es como poner una planta nuclear en Jerusalén. Nosotros vamos a defender, como sea, a los pueblos”, dijo un López Obrador candidato que entonces defendía en sus discursos que el sector energético de México debía estar en manos sólo de las empresas paraestatales.
La figura de Samir Flores se ha vuelto icónica y comparada con la del revolucionario Emiliano Zapata. Foto: archivo Facebook.
Ya en el poder, López Obrador nombró al 2019 como “el año de Zapata” y cambió su opinión sobre el PIM, que prevé una inversión que ronda los 1,600 millones de dólares.
Siendo presidente, Obrador ordenó una consulta ciudadana para decidir si el proyecto continuaba o no, y puso al frente de los preparativos a un político llamado Hugo Eric Flores Cervantes, quien funge como delegado federal en Morelos.
Flores Cervantes fue abogado de las personas acusadas de perpetrar la Masacre de Acteal, en Chiapas, al sur del país, en 1997. Ahí, 45 personas (la mayoría mujeres y niños) fueron asesinadas por paramilitares que luchaban contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Él nunca se entrevistó con nosotros, pero sí se reunió con funcionarios, con las empresas. Cuando vino la encuesta famosa, el presidente mandó a su súper delegado a investigar y lo que salió de eso fue la consulta. No sabemos quién emitió la encuesta, quién contó los votos. Tampoco fue una consulta indígena…Hubo una campaña mediática a favor del proyecto. Era una simulación de democracia”, contó Samantha César.
Mongabay Latam contactó a Hugo Eric Flores para pedirle su versión pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.
El 19 de febrero, el gobierno federal realizó un foro sobre el PIM. Ese día Flores Cervantes se encontró públicamente con Samir; este lo encaró y le dijo que sólo hablaba de las bondades pero no de los impactos del proyecto.
Cuenta Liliana Vázquez que al día siguiente alguien llamó a su puerta en la madrugada. Cuando ella habla sobre Samir Flores no lo describe como una persona que tuviera la valentía como bandera, pero sí con un compromiso tal con sus causas, que el miedo no estaba en él.
Esa madrugada, el activista salió confiado a ver quién lo buscaba y eran sus asesinos con armas de fuego.
Samir Flores. Foto: Ana Cristina Ramos / Lado B.
El 20 de febrero de 2019, en “el año de Zapata”, un día después de haber encarado al delegado de López Obrador, mataron a Samir Flores, el principal opositor del PIM
El presidente López Obrador reaccionó al suceso en su conferencia de prensa de las mañanas. Anunció que no había resultados de la investigación y que posiblemente a Samir Flores lo habían matado “conservadores” para afectar a su gobierno.
Tres días después del crimen comenzó la consulta para decidir si continuaban o no los trabajos de construcción de la termoeléctrica. El voto a favor ganó con un 59% según el gobierno.
De acuerdo con las primeras pesquisas, los asesinos dejaron un mensaje que relacionaría a Samir con actividades ilícitas, una versión que ya está descartada, cuenta Samantha César. Ahora hay seis líneas de investigación abiertas, según ha dado a conocer la Fiscalía de Morelos.
El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo el pasado 25 de septiembre frente a legisladores de ese estado, que la dependencia a su cargo ya tenía identificados a los probables responsables del crimen de Samir Flores y que “pronto” serían detenidos.
Mongabay Latam también intentó contactar con la Fiscalía morelense pero hasta el cierre de este reportaje no respondieron a nuestro pedido.
Recién ocurrido el asesinato, el presidente Obrador también llamó “radicales” y “conservadores de izquierda” a integrantes del movimiento opositor.
“Esa era su palabra. Si nos llaman conservadores, sí, nos gusta conservar nuestras costumbres, nuestras tierras, nuestras aguas”, dijo Liliana Vázquez.
Después de la muerte de Samir Flores, el movimiento que encabezó ha generado una potente iconografía en la que se le compara con Emiliano Zapata. “Está fuerte eso. Se siente bien, se siente bonito pero fueron dos personas totalmente diferentes. Él nunca quiso ser otro Zapata. Son personas con las mismas ideas, defender su territorio, pero diferentes”, dijo Velásquez.
La vida de Liliana Vázquez, además de los cambios que ha tenido por las modificaciones a su casa y las medidas de seguridad que se le impusieron, también ha tomado un giro que le da una responsabilidad fuerte. “Al ya no estar él, me han visto como una pieza importante en la radio. Entonces en la medida en que podemos, vamos apoyando”.
Amilcingo es la tierra de Vinh Flores, un histórico líder magisterial pariente de Samir quien que murió hace 44 años en un supuesto accidente automovilístico, cuando encabezaba dos importantes movimientos: la declaración de Temoac como municipio libre y la fundación de la Escuela Normal Emiliano Zapata que hoy sigue funcionando.
La casa de Liliana Velásquez y Samir Flores está en Amilcingo, municipio de Temoac. Ambos son indígenas nahuas y sus vidas están ligadas al cultivo de las tierras. Se conocieron cuando aún eran estudiantes, en tiempos en que no se imaginaban lo que estaba por venir.
“Cuando nos conocimos —narra Liliana Velásquez— no estábamos metidos en ningún tipo de movimiento, pero él por ser de aquí ya tenía esas nociones e inquietudes y participaba de vez en cuando en las actividades que se hacían aquí, en la Normal o en el pueblo; entonces cuando yo lo conocí sólo me platicaba que participaba en todo eso, entonces él ya traía noción de todo lo que pasaba en el pueblo, de todo lo que eran las luchas y las defensas”.
Liliana cuenta que fue en el 2010 que llegaron a la casa las primeras noticias sobre la realización del PIM. Ese mismo día —recuerda— Samir Flores tomó una bocina y salió a la calle para difundir los efectos negativos que un proyecto de tal envergadura traería a las comunidades.
“Empezó con unas bocinas que las instalaba en las casas donde le daban permiso. Su sueño siempre fue el de tener una radio comunitaria…pensaba cómo le funcionaría, en los recursos para instalarla. Era caro”, explica Liliana. Así fue como nació Radio Bocina, sin un transmisor, sin una antena, pero sí con la urgencia de informar a las comunidades del proyecto que se venía.
El repudio al crimen de Samir Flores ha llegado a numerosos movimientos sociales que defienden el territorio en México. Foto: Animal Político.
“Con Radio Bocina, [Samir] empezó a involucrarse y a recibir talleres de otros compañeros que ya tenían una radio comunitaria en sus comunidades. Empezaban a compartir cómo funcionaba. Y en lo que todo se construía él seguía con su Radio Bocina, explicando a la gente lo que se venía, qué era lo que iba a pasar si se llegaba a instalar el gasoducto”, narra Liliana Vázquez.
El 6 de enero de 2013, Radio Bocina se convirtió en Radio Amilcingo, una emisora radial que hasta hoy sigue al aire y que funciona en una pequeña habitación construida con ladrillos. Liliana Vázquez, quien participa en una brigada de salud que atiende a integrantes del movimiento contra el PIM, tiene un programa radial en donde habla de salud herbolaria.
Las fotografías de Samir Flores están pegadas en las paredes de la cabina de radio. Y ella sigue informando a la comunidad de Amilcingo y alrededores de los acontecimientos relacionados al proyecto. Si hay que programar música y hablar de música, también lo hace.
“No se puede decir que estoy como él (Samir) al 100% metida —dice Liliana Velásquez— porque me quedó una responsabilidad muy grande que son mis hijos y les tengo que poner atención”.
Samantha César cuenta que el PIM “está casi todo construido ya”. Faltan 200 metros del acueducto y una de las termoeléctricas. La oposición ganó un amparo para suspender el gasoducto y hay un plantón permanente en una de las zonas de riesgo “cuidando que no avancen”.
No obstante, el presidente López Obrador anunció el 09 de septiembre, en otra de sus conferencias de prensa, que el PIM se va a seguir construyendo porque “ya no hay problema legal”. Es decir, que su gobierno logró sortear los amparos. No puede permitirse —dijo el presidente— que se pierda la inversión realizada hasta el momento, que rondaría los 20 mil millones de pesos (poco más de 96 millones de dólares).
Manifestación en repudio al asesinato de Samir Flores y en apoyo a la vigencia del movimiento que encabezó. Foto: archivo Facebook.
La activista Samantha César describe cómo es la vida en la comunidad ahora que Samir Flores ya no está: “Por un lado la comunidad continúa organizada. Sigue luchando y defendiendo, tanto el gobierno por usos y costumbres como el embate contra el PIM. Se continúa en ese sentido luchando por el trabajo de Samir. Y también a la par un vacío, una situación que te lleva como movimiento a reestructurar, a replantearte. Impactó mucho. Entonces es un proceso. Aunque él era el visible, no era un líder autoritario, permitía que la gente participara, se involucrara y se creara consciencia. Por eso hace falta Samir. Ha sido duro, triste. Nos hace falta. Lo recordamos mucho en el pueblo, en la memoria de la gente”.
La vida después de Samir es otra. En casa de Liliana Vázquez salen cuando es realmente necesario, el resto del tiempo prefieren permanecer detrás del muro y la alambrada que el Mecanismo de Protección a Defensores del gobierno mexicano construyó para su familia.
“¿Qué te puedo decir? ¿qué nos sentimos seguros?… ¿que no va a pasar nada? Pues obviamente no. Ni así, aquí en la casa. Pero tenemos que seguir con nuestras vidas, mis hijos tienen que salir porque van a la escuela, entonces creo que la seguridad nadie nos la puede garantizar porque en la calle nadie está seguro. Ni en la casa ni mucho menos en la calle”, precisa la activista.
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Imagen principal: Liliana Velásquez sostiene una fotografía de su esposo, Samir Flores.
Foto: Animal Político.A
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Soberanes, R. (20202). México: la activista ambiental que vive exiliada en su propio territorio. Mongabay Latam. Recuperado el 30 de septiembre de 2020 de: https://es.mongabay.com/2020/09/defensores-ambientales-latinoamerica-desplazamiento-mexico/
Ciudad de México | Desinformémonos. El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la reactivación de los trabajos del Proyecto Integral Morelos (PIM) «pone en un estado de vulnerabilidad» a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla, Tlaxcala, denunciaron la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Frontline Defenders y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH).
En un comunicado, las organizaciones acusaron que la reactivación del megaproyecto agrava «de manera preocupante» el contexto de agresiones contra los defensores en los tres estados, «así como contra quienes conforman el Plantón Zapatista en el Campamento de Apatlaco», por el que se ha evitado que concluyan el acueducto del PIM.
Las organizaciones recordaron que las comunidades afectadas interpusieron 17 amparos contra el megaproyecto, de los cuales sólo uno ha sido resuelto.
De igual forma, denunciaron el incremento «en las acciones de acoso, amenaza, y hostigamiento hacia personas que defienden el territorio contra las distintas obras del PIM».
Por ello, exigieron a las autoridades aclarar públicamente la situación jurídica del Proyecto Integral Morelos, garantizar la seguridad y la vida de los que conforman el Campamento de Apatlaco y de todos aquellos que conforman el FPDTA-MPT, así como garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas sobre el megaproyecto.
A continuación el comunicado completo:
La reactivación del Proyecto Integral Morelos y la falta de certeza jurídica ponen en riesgo a personas defensoras del medio ambiente
Las declaraciones del gobierno federal han incrementado el riesgo y hostigamiento contra el Campamento de Apatlaco.
En los últimos meses se han recrudecido los actos de amenaza, hostigamiento y criminalización contra personas defensoras del FPDTA-MPT.
La obra continúa su construcción a pesar de que solo 1 de 17 amparos se han resuelto de manera definitiva.
Hacemos un llamado a que se atiendan la exigencia de diálogo sobre el PIM hecha por el FPDTA-MPT.
En la conferencia mañanera del 10 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el reinicio de los trabajos del Proyecto Integral Morelos (PIM). Aseguró que se habían atendido las cuestiones jurídicas, sociales y ecológicas que detenían la obra y se podía iniciar las operaciones del proyecto a finales de este año. Durante la misma conferencia, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no existe ninguna suspensión vigente y que jurídicamente están resueltos todos los amparos, razón por la que conagua dio los permisos necesarios a la CFE. Por su parte, Diana Álvarez, directora del Banco del Bienestar, aseguró que habían existido varios acercamientos con los ejidatarios, después de la consulta ciudadana de 2019.
La Red TDT, conformada por 86 organizaciones defensoras de derechos humanos en 23 estados de la República, Frontline Defenders y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), quienes damos acompañamiento al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) queremos manifestar nuestra gran preocupación por las declaraciones del gobierno federal, pues el anuncio de la reactivación de los trabajos pone en un estado de vulnerabilidad a sus integrantes y agrava de manera preocupante el contexto de agresiones contra las personas defensoras en los tres estados, así como contra quienes conforman el Plantón Zapatista en el Campamento de Apatlaco.
Resulta importante recordar que la consulta realizada en las comunidades bajo un contexto enrarecido, tuvo poca participación y se llevó a cabo tres días después del asesinato del luchador y defensor de la tierra y el agua Samir Flores. En su momento, el FPDTA-MPT denunció que se trataba de una consulta discriminatoria, ilegal y denigrante, por la forma en la que se violó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, versión que fue constatada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la tramitación de las quejas iniciadas contra el pim y señaladas en la recomendación No. 3/2018.
Respecto a la situación jurídica que guardan los diversos juicios iniciados contra el pim, el FPDTA-MPT ha señalado que existen 17 amparos promovidos contra la obra y que solamente uno se ha resuelto de manera definitiva, estando vigentes 8 suspensiones y una sentencia de amparo sobre consulta previa que se está ejecutando. También señala que los amparos citados por Sánchez Cordero, “representan 2 de 8 suspensiones que se resolvieron de una manera muy cuestionable”. En resumen, la situación de los amparos hasta ahora es la siguiente:
Los ejidos de Moyotepec, Tenextepago, Abelardo L. Rodríguez, Lorenzo Vázques y Valle de Vázquez cuentan con suspensiones que impiden el uso de agua para la Termoeléctrica.
Huexca cuenta con una suspensión que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica.
Amilcingo cuenta con una suspensión que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos.
Atlixco cuenta con una sentencia que ampara a las comunidades en relación con el Gasoducto Morelos, ordenando se realice una consulta libre, previa, de buena fe y adecuada, misma que no ha concluido.
El sobreseimiento del amparo de San Juan Ahuehueyo, es particularmente cuestionable ya que el perito del órgano judicial provenía de Conagua, la autoridad reclamada.
Sumado a la situación de indefinición jurídica –que contradice lo declarado por el ejecutivo federal—, señalamos con gran preocupación que, de acuerdo con nuestra documentación, hay un incremento en las acciones de acoso, amenaza, y hostigamiento hacia personas que defienden el territorio contra las distintas obras del PIM. Señalamos también, que estas acciones ocurren en un marco de impunidad y falta de acceso a la justicia.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que garanticen el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que México es el segundo país más peligroso para defender los derechos de los pueblos indígenas de proyectos empresariales en América Latina, con 49 ataques desde 2015 —como ha documentado el CIEDH—, por lo que declaraciones públicas imprecisas y la falta de acceso a la justicia potencian la criminalización, hostigamiento y agresiones en contra las personas defensoras de las comunidades y propician condiciones para la polarización social y el rompimiento del tejido comunitario.
En un escenario de creciente riesgo para las personas defensoras y de graves afectaciones para los pueblos indígenas nahuas y el medio ambiente es necesario que se proteja y garantice la integridad de las y los defensores ambientales, que no se ignore, subestime u oculte información sobre el proceso jurídico de los amparos existentes, pero especialmente que se escuche y atienda a las comunidades afectadas.
Hacemos un llamado a las diferentes instancias y órganos de gobierno para que:
1. Atiendan la exigencia de diálogo sobre el PIM, presentada a través del comunicado del 10 de septiembre, que publicó el FPDTA- MPT.
2. Aclaren públicamente la situación jurídica del Proyecto Integral Morelos.
3. Garanticen el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas.
4. Garanticen la seguridad y la vida de aquellos que conforman el Campamento de Apatlaco y de todos aquellos que conforman el FPDTA-MPT.
5. Eviten cualquier desalojo violento del plantón zapatista de Apatlaco.
6. Resuelvan el asesinato de Samir Flores y castigar a los responsables.
Red-TDT Front Line Defenders Information Center on Business and Human Rights (CIEDH)
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