By News Editor 
En un nuevo capítulo de su política exterior hacia América Latina, el gobierno de Estados Unidos amplió la lista de exfuncionarios y líderes políticos que no podrán ingresar al país por su presunta participación en actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o conductas consideradas antidemocráticas.
La medida, amparada en la llamada Lista Engel, incluyó en esta ocasión a figuras de alto perfil como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, así como a los expresidentes Horacio Cartes (Paraguay), Ricardo Martinelli (Panamá), Rafael Correa (Ecuador), y la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, junto a su exministro Julio De Vido.
“Kirchner y De Vido enfrentan restricciones debido a su participación en lo que las autoridades estadounidenses consideran un desfalco masivo”, indicó la administración estadounidense.
Según Washington, estas restricciones forman parte de un esfuerzo por proteger los principios democráticos y sancionar a quienes, desde el poder, los han puesto en riesgo. No obstante, la decisión provocó nuevas tensiones diplomáticas con los países señalados, y reavivió un debate que lleva años latente: ¿dónde termina la defensa de la democracia y dónde comienza la injerencia externa?
Aunque la Lista Engel fue inicialmente concebida para abordar la corrupción en el llamado “Triángulo Norte” —Guatemala, Honduras y El Salvador— su aplicación ya se extendió a todo el continente. Entre los sancionados recientes figuran Fredy Raúl Orellana Letona, juez guatemalteco acusado de autorizar cargos penales sin pruebas; y José Edgardo Bruno Ventura, exagente salvadoreño señalado por colaborar con estructuras criminales.
“Estos funcionarios han desviado recursos públicos para su propio beneficio y han socavado los principios democráticos”, sostiene el Departamento de Estado.
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En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega continúa siendo objeto de críticas internacionales. En este contexto, Washington sancionó a Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de Managua, y a Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general, por su presunta participación en la persecución de opositores y en el impulso de leyes restrictivas.
“Estos funcionarios son responsables de violaciones graves a los derechos humanos”, afirmaron voceros oficiales.
Desde la administración Joe Biden, se ha reiterado que esta política es una continuación de su compromiso con la promoción de la democracia y los derechos fundamentales en el hemisferio. Sin embargo, analistas señalan que la expansión de esta herramienta, originada durante el gobierno de Donald Trump, podría tener también una dimensión estratégica más allá de la lucha contra la corrupción.
Aunque el discurso oficial se centra en los valores democráticos, la selección de algunos nombres ha generado interrogantes. Por ejemplo, la inclusión de actores políticos de gobiernos democráticamente electos, o el hecho de que no todos los países con altos niveles de corrupción estén igualmente representados en la lista, ha llevado a algunos sectores a preguntarse si, además del criterio jurídico, influyen también consideraciones políticas o ideológicas.
Los gobiernos sancionados, por su parte, han rechazado las acusaciones y consideran que estas decisiones constituyen una violación a su soberanía. Pese a ello, Estados Unidos mantiene firme su postura, señalando que estas acciones son coherentes con su visión del orden democrático en la región.
“Las medidas están en línea con nuestro compromiso de promover la democracia, los derechos humanos y la justicia en América Latina”, sostuvo la Casa Blanca.
A medida que se amplía el alcance de la Lista Engel, crece también el debate sobre el papel de Washington en los asuntos internos de América Latina. Para algunos, se trata de una herramienta legítima de presión internacional. Para otros, podría representar una forma de influir —de manera indirecta— en el rumbo político de ciertos países.