Dictan auto de formal prisión a Cárdenas Palomino por tortura

El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal permanecerá recluido en el penal federal de El Altiplano.

Cuartoscuro Archivo

Redacción | Animal Político

—– | Lunes 12 de Julio del 2021 | — : —

Un juez de distrito dictó auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y colaborador cercano a Genaro García Luna, por su probable participación en el delito de tortura a cuatro supuestos secuestradores.

Con ello, se abre juicio contra Cárdenas Palomino y permanecerá recluido en el penal federal de El Altiplano durante todo el tiempo en que se desarrolle el proceso.

https://twitter.com/FGRMexico/status/1414605945976594439?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1414605945976594439%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F07%2Fdictan-auto-formal-prision-luis-cardenas-palomino-por-tortura%2F

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República señaló que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura, de la FEMDH, aportó los medios de prueba para que el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, determinara dicho auto de formal prisión.

El 5 de julio Cárdenas Palomino fue detenido en el Estado de México en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

El exfuncionario está relacionado con probables hechos de tortura ocurridos en 2012, en contra de presuntos secuestradores.

Durante 20 años, Luis Cárdenas Palomino fue considerado por distintos gobiernos como uno de los mejores policías en México. Condecorado a nivel nacional y en el extranjero, experto en el combate al secuestro, impulsor de nuevas tecnologías de investigación, y responsable de la desarticulación de más de una centena de bandas criminales. Era una parte de los logros con los que se le describía.

Pero en los últimos años esa imagen de “superpolicía” (como lo llegaron a nombrar en círculos policiales y de expertos en seguridad) se ha desquebrajado frente a diversas investigaciones oficiales en México y Estados Unidos que lo señalan de ser probable responsable de actos de tortura, lavado de dinero, corrupción y narcotráficoLo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia.

El presente artículo es propiedad de Animal Político.

Redacción (2021) Dictan auto de formal prisión a Cárdenas Palomino por tortura. Animal Político. Recuperado el 12 de Julio del 2021 en: https://www.animalpolitico.com/2021/07/dictan-auto-formal-prision-luis-cardenas-palomino-por-tortura/

“Kenia Hernández y normalistas de Mactumactzá, víctimas de la misma estrategia de represión”: abogado

Redacción Desinformémonos | Desinformémonos

Ciudad de México | Viernes 28 de Mayo del 2021 | — : —

Antonio Lara Duque, abogado de la activista amuzga Kenia Hernández, señaló en entrevista con Desinformémonos que el encarcelamiento de la defensora, así como la detención de los y las normalistas de Mactumactzá, Chiapas, son “parte de una estrategia de las grandes esferas económicas y políticas del país para reprimir a quienes protestan en las autopistas privadas” y que “son víctimas de una lógica de castigo ejemplar”.

El integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero aseguró que “Kenia está redactando un pronunciamiento en solidaridad con los normalistas desde prisión, ambas son exigencias legítimas que tienen como punto en común un mismo sector empresarial que ha sido agresivo contra de quienes protestan. Ahora le tocó a los normalistas”.

Lara Duque recordó que en la anterior audiencia en el caso de la activista, el juez Jorge González Rivera giró una orden de arresto en su contra, luego de que solicitara un intérprete para asistir a Hernández, y aseguró que este jueves 27 de mayo “hubo un cambio de actitud en el juez”, pues reconoció que las personas indígenas tienen derechos que deben ser respetados y promovidos, y consideró que esto fue posible gracias a la presión de organizaciones nacionales e internacionales que se pronunciaron «contra la arbitrariedad, la discriminación y el racismo».

La activista realizó una huelga de hambre por la discriminación que vivió por parte de las autoridades y, aseguró Lara Duque, ya la levantó, pues se cumplieron algunas de sus exigencias sobre su situación en el penal.

Kenia es indígena amuzga, abogada, feminista y defensora de derechos de los pueblos indígenas y activista por la libertad de las personas injustamente presas, fue consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el estado de Guerrero y desde octubre del 2020 se encuentra recluida en el Estado de México.

El pasado 18 de mayo, más de 300 estudiantes de la normal rural de Mactumactzá fueron desalojados con gases lacrimógenos por la policía estatal cuando protestaron en la autopista de Chiapa de Corzo para exigir que el examen de nuevo ingreso a la normal se realice de manera presencial, pues la mayoría no tiene acceso a internet en sus comunidades. Actualmente, 19 jóvenes se encuentran presos en el penal de El Amate y 74 mujeres están siendo juzgadas fuera de la cárcel.

El defensor denunció que en la actual administración ha habido un “incremento de la represión hacia el movimiento estudiantil, campesino y feminista” e hizo un llamado a la ciudadanía a solidarizarse con la exigencia de libertad para las personas presas injustamente.

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Redacción Desinformémonos (2021) “Kenia Hernández y normalistas de Mactumactzá, víctimas de la misma estrategia de represión”: abogado. Desinformémonos. Recuperado el 28 de Mayo del 2021 en: https://desinformemonos.org/kenia-hernandez-y-normalistas-de-mactumactza-victimas-de-la-misma-estrategia-de-represion-abogado/

Protestan contra represión policial a normalistas de Mactumatzá

Redacción Desinformémonos | Desinformémono

Ciudad de México | Miércoles 19 de Mayo del 2021 | — : —

 Normalistas protestan tras la detención, el abuso sexual y el uso excesivo de fuerza cometido el pasado martes por agentes policiales a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Chiapas.

Los manifestantes tomaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para exigir la liberación de los normalistas de Mactumatzá detenidos mientras exigían que la aplicación y obtención de fichas para el nuevo ingreso sea de manera presencial, ya que muchos no tienen los recursos necesarios para realizar el proceso en internet.

https://www.facebook.com/100040895700485/videos/526438805395972/

Por medio de bloqueos a avenidas, marchas, mítines, acciones virtuales y otras protestas, diversas organizaciones y escuelas normalistas, tales como la de Ayotzinapa, Guerrero, la de Amilcingo, Morelos, y la de Panotla, Tlaxcala, manifestaron su apoyo a los estudiantes de Mactumatzá y responsabilizaron al gobernador Rutilio Escandón, a la Secretaria de Educación Rosa Domínguez Ochoa y a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Gabriela Zepeda Soto de las acciones represivas.

https://www.facebook.com/watch/?v=340808320942141

Durante las manifestaciones del pasado martes, agentes policiales reprimieron a los y las estudiantes en protesta con el uso de gases lacrimógenos, detención arbitraria y abuso sexual. «Nos agarraron a varias mujeres, nos están subiendo a la tanqueta y nos están tocando. Ayúdenos. Están comenzando a quitarnos todas nuestras cosas,» fue lo último que reportó una de las mujeres normalistas detenidas.

A pesar de que en la prensa oficial mencionan 95 estudiantes detenidos, de las cuales 71 son mujeres, las organizaciones denuncian que son más de 200 personas las que se encuentran desaparecidas, por lo que exigen su reaparición y liberación inmediata.

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Redacción Desinformémonos (2021) Protestan contra represión policial a normalistas de Mactumatzá. Desinformémonos. Excelsior. Recuperado el 19 de Mayo del 2021 en: https://desinformemonos.org/protestan-contra-represion-policial-a-normalistas-de-mactumatza/

Desalojan con gases lacrimógenos a normalistas de Mactumatzá en Chiapas

Redacción | Desinformémonos

Martes 18 de mayo de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Policías antimotines desalojaron con gases lacrimógeneos a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá que iniciaron una jornada de bloqueos en Chiapas. Los normalistas exigen que la aplicación y obtención de fichas para el nuevo ingreso sea de manera presencial, pues muchos no cuentan con los recursos para realizar el proceso por internet.

Los policías estatales desalojaron con gases a los estudiantes que bloqueaban el Libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez, a la altura del tramo conocido como el crucero de La Coca. Allí, los estudiantes se defendieron con piedras, palos y cohetones, pero fueron replegados a la Normal ubicada a menos de 700 metros del lugar.

Además de en La Coca, los estudiantes fueron desalojados del bloqueo que instalaron en la salida poniente de la capital del estado, conocido como el tramo de La Pochota; y de la toma la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, en la autopista que va hacia San Cristóbal de Las Casas.

Puede ser una imagen de una o varias personas, personas de pie y carretera
Foto: FECSM 1935

“Quieren hacer el examen de admisión de manera virtual y nosotros exigimos que sea presencial; si ya autorizaron las campañas políticas y las clases presenciales, no existe justificación para que sea virtual”, explicó uno de los normalistas el pasado 12 de mayo.

La Secretaría de Educación informó que por segundo año consecutivo el proceso de admisión se realizaría de manera virtual, por lo que muchos de los normalistas “no pudimos acceder al sistema”, señalaron.

“No es lo que queremos, porque vienen personas de bajos recursos que no tiene posibilidad de tener un celular o una tablet”, agregaron los normalistas, quienes denunciaron que las autoridades han ignorado sus demandas y respondido con represión.

Con información de Proceso y Portavoz Chiapas

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Redacción (2021). Desalojan con gases lacrimógenos a normalistas de Mactumatzá en Chiapas. Desinformémonos. Recuperado el

Encubren medios colombianos violencia contra mujeres en Paro Nacional, denuncian defensoras

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias.

Lunes 17 de mayo de 2021

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Imagen retomada del blog geocolombia

Ciudad de México. En Colombia, los medios de comunicación locales encubren los actos de extrema violencia que realiza la policía de este país contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) y jóvenes al tergiversar la información y calificarlas como “vándalas” cuando ellas ejercen su derecho a la protesta en las movilizaciones del Paro Nacional, que hoy cumple 19 días en pie. 

Así lo afirmaron defensoras de DH de organizaciones feministas de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca al suroeste de Bogotá, durante una conferencia de prensa virtual para evidenciar que a la prensa de su país no le interesa hablar de los casos de violencia sexual y agresiones por parte de la policía contra defensoras y jóvenes, en vez de ello, hace montajes que las muestran como “delincuentes” y así justificar que si la policía las encarceló, usó extrema fuerza o armas contras ellas, fue de forma legítima. 

En suma, dijeron, los medios de comunicación responsabilizan a las víctimas de sus agresiones, deslegitiman los motivos que originaron el Paro Nacional y el por qué éste continua, no reconocen que la violencia policiaca se concentra en los cuerpos de las mujeres y niegan la presencia de las defensoras y jóvenes en la primera línea de las protestas al no nombrarlas ni incluir su voz en las noticias. 

El 28 de abril, el Paro Nacional inició con el fin de que el presidente de Colombia, Iván Duque, retirara su reforma tributaria que pretendía subir los costos de la gasolina, la renta y la canasta básica. Este proyecto fue eliminado el 2 de mayo, pero las y los colombianos siguen en las calles porque exigen que su gobierno no deje de pagarles el acceso pleno a servicios de salud, un salario digno, oportunidades de trabajo, educación, y también exigieron un alto a la violencia contra las mujeres y una reforma que desmantele el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). 

Resaltaron que muchas defensoras han sido detenidas de forma arbitraria, a pesar de que portaban la vestimenta de las organizaciones donde trabajan o presentaron su carnet que avala su cargo. “Hay 2 defensoras que sufrieron amenazas de muerte y de violencia sexual en una estación de policía. Las golpearon y fueron impactadas con armas del ESMAD de manera directa en sus cuerpos, a pesar de ello, aquí estamos, resistiendo”. 

A estos 2 casos se sumó el de la defensora conocida como Libertad de la “Colectiva Reparando Ausencias”, quien relató que el 29 de abril intentó denunciar que un joven era agredido por casi 20 policías, los cuales se abalanzaron contra ella al ver lo que hacía y le dijeron que estaba detenida, aunque mostró su identificación. Ella forcejeó contra ellos, pero la encapsularon, violentaron sexualmente y golpearon para subirla a un vehículo. 

La llevaron a una estación de policía donde declaró a las demás autoridades de ese lugar que había sido víctima de violencia, pero éstas le respondieron que “se lo había buscado” y la amenazaron con culparla de terrorista. Gracias a que una compañera de ella pudo dar con su paradero y junto a la demanda de su familia y más sociedad civil fue liberada.

“Grité como nunca en mi vida. Grité como si se me fuera el alma porque sabía que no iba a volver. Ese día me rompieron. El alma está rota, porque nunca somos las mismas después de una agresión sexual. Por eso la chica de Popayán no se suicidó, la mató la policía”, recalcó. 

Jessica Amaya, una joven, coincidió con las declaraciones de Libertad. El 28 de abril, ella participó en un bloqueo en Cali, al cual un gran número de policías llegó, los emboscaron y replegaron. Comenzó a correr cuando una de los policías la señaló, pero no pudo escapar, se hizo bolita en el suelo, sintió alrededor de 45 golpes en su cabeza, luego de un rato perdió la conciencia. 

Al despertar se dio cuenta que la habían colocado debajo de unos arbustos, no veía bien de un ojo y tenía la ropa rasgada. Escuchó disparos a su alrededor y decidió hacerse la muerta por miedo a que volvieran por ella. Regresó a su casa y se quedo ahí, por su parte, su hermana quiso regresar a la calle, pero en una horas terminó en el hospital al recibir un impacto de bala en el brazo. 

Recordaron que según las leyes de su país la policía tiene como objetivo proteger a la ciudadanía y los militares deben defender las fronteras y no estar en las calles, pero eso es sólo una ilusión que se queda en el papel. “¿A quiénes están cuidando la vida estas autoridades?, ¿acaso somos nosotras y nosotros enemigos de guerra? Exigimos que paren de matar”, demandaron las defensoras afrocolombianas de la “Red de Madres del Oriente de Cali”

Estas defensoras explicaron que en el oriente de Cali, donde ellas residen, la violencia de género es más grave, y a ella se le suma el racismo. Por ser mujeres afrocolombianas sus únicas opciones laborales es trabajar limpiando casas, por lo que nunca ganan lo suficiente para enviar a sus hijas e hijos a escuela o trasladarse a otra ciudad.

Las agresiones contra su población son tantas, que las y los jóvenes se frustran al ver que no pueden hacer uso de sus derechos en ninguna parte de Colombia, por ejemplo, un joven joven quiso suicidarse al darse cuenta que por más que trabajara nunca le iba a dar el salario que merecería, en consecuencia, su madres tendría que regrese a laborar en casas. 

Datos citados por las defensoras registraron 33 desapariciones de mujeres (3 en el Valle de Cauca y 20 a nivel nacional); 16 agresiones sexuales (3 de ellas fueron a menores de edad en Popayán, municipio colombiano); y 24 asesinatos de mujeres (2 de ellos fueron menores de edad) del 28 de abril al 9 de mayo, pero prevén que sean mayores, ya que no todas las mujeres y jóvenes denuncian ante las autoridades o evidencian sus casos en redes sociales. 

Cabe recordar que el 14 de mayo, cientos de mujeres, defensoras y sociedad civil salieron a las calles en distintas ciudades de Colombia para exigir justicia por los 3 casos de menores de edad que fueron agredidas sexualmente por policías en Popayán; una de ellas decidió suicidarse luego de vivir estos actos violentos.

Ante la desinformación de la prensa, llamaron a que más defensoras de otras organizaciones de Cali u otras ciudades se sumen a la red de apoyo que ellas intentan crear para impulsar las voz de las mujeres y jóvenes, a través de sus redes sociales y espacios, se continue registrando los casos de violencia contra ellas, se sientan acompañadas, y entre todas luchen porque las víctimas accedan a la justicia. 

Demandaron el despido del presidente de Colombia y del Ministro de Defensa, Diego Molano, y que se les incluya en la creación de las nuevas reformas que el Paro Nacional busca promover. “Cuántas veces me mataron, sin embargo, estoy aquí resucitando” cantaron las defensoras y las mujeres que estuvieron presentes al finalizar la conferencia.

En ese evento también participaron defensoras del pueblo “Misak”, conocido también como el l pueblo Guambiano que se ubica al sur de Colombia en el departamento del Cauca, de la “Fundación Ana María” y del “Taller Colectivo Político”. 

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Encubren medios colombianos violencia contra mujeres en Paro Nacional, denuncian defensoras. CIMAC Noticias. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/17/encubren-medios-colombianos-violencia-contra-mujeres-en-paro-nacional-denuncian-defensoras

Por octavo día, protestan en Colombia contra el abuso policial

Manifestantes protestan contra el gobierno de Iván Duque en Bogotá, Colombia, el 5 de mayo de 2021.
Manifestantes protestan contra el gobierno de Iván Duque en Bogotá, Colombia, el 5 de mayo de 2021. Foto Ap

AFP | La Jornada

Bucaramanga | Miércoles 5 de Mayo del 2021 | 13:25 pm

Los colombianos se manifestaban el miércoles por octavo día consecutivo en las principales ciudades del país en reclamo del cese del abuso policial y la implementación de políticas sociales que ayuden a la población en medio de la crisis económica derivada de la pandemia.

Las manifestaciones continúan pese a que el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria, la razón por la que se convocaron las primeras protestas el 28 de abril, y propuso instalar un espacio de diálogo con la ciudadanía y los diferentes sectores políticos.

“Qué clase de voluntad de diálogo es cuando no se garantiza el derecho a la protesta pacífica. Quién le va a creer (al presidente) cuando no ha tomado la decisión de desmilitarizar las ciudades colombianas, cuando salimos a marchar y lo primero que pasa es que llegan a reprimirnos”, dijo a The Associated Press la líder estudiantil Jennifer Pedraza, quien se manifestaba en las calles del centro de Bogotá.

Las manifestaciones se dan en medio de preocupantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos: según la Defensoría del Pueblo desde el 28 de abril se han reportado 19 personas fallecidas, entre ellas un policía, y 85 personas desaparecidas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa hay 846 personas lesionadas, 540 policías y 306 civiles.

Las cifras podrían ser mayores según la organización no gubernamental Temblores, que documenta los abusos policiales en el país y contabilizó 31 muertos, 1.443 casos de violencia policial y 10 casos de presunto abuso sexual.

La noche del martes se registraron desmanes en Bogotá. Según la alcaldía, la estela de violencia dejó 30 civiles y 16 policías heridos, ninguno por arma de fuego. Además, fueron vandalizados 19 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía, tres fueron incinerados y en uno de ellos, ubicado en el sur de la ciudad, “intentaron quemar vivos a 10 uniformados” que se encontraban en su interior.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al ejército custodiar los centros carcelarios para que los policías patrullen las calles, una medida que ha sido criticada por sus opositores y líderes de las marchas por considerar que es una “militarización” de la ciudad.

“Quiero hacerle un llamado a la ciudadanía… la noche de hoy ha demostrado que ninguno de los convocantes tiene capacidad de garantizar que la protesta culminará pacíficamente. Entre más choque haya por vandalismo con el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la policía más probabilidad tenemos de que pueda haber abuso o que ciudadanos puedan terminar heridos”, advirtió López la madrugada del miércoles en una declaración oficial en la que también informó que habrá 22 comisiones verificadoras de derechos humanos en las protestas sociales.

La comunidad internacional ha hecho un llamado al gobierno colombiano para que se garantice el derecho a la protesta, ha condenado los actos de violencia e instado al diálogo.

El presente articulo es propiedad de La Jornada.

AFP (2021) Por octavo día, protestan en Colombia contra el abuso policial. La Jornada. Recuperado el 5 de Mayo del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/05/mundo/por-octavo-dia-protestan-en-colombia-contra-el-abuso-policial/

Expolicía que asesinó a George Floyd pide un nuevo juicio

La defensa dice que hubo abuso de discreción que privó al acusado de un juicio justo, mala conducta del fiscal y del jurado, errores de derecho en el juicio y un veredicto contrario a la ley.

NBA y NFL celebran sentencia contra expolicía que mató a George Floyd
Expolicía que mató a George Floyd fue sentenciado Foto: EFE

Forbes Staff | Forbes

———— | Martes 4 de Mayo del 2021 | 07:40pm

EFE.- Derek Chauvin, el expolicía que asesinó a George Floyd en mayo del año pasado, presentó este martes una moción para solicitar un nuevo juicio de este caso, después de que ya fue condenado de tres cargos por la muerte del afroamericano el pasado 20 de abril.

La moción, interpuesta por el abogado defensor Eric Nelson en un tribunal de Minneapolis, Minnesota, argumenta que durante el juicio contra Chauvin hubo un “abuso de discreción que privó al acusado de un juicio justo, mala conducta del fiscal y del jurado, errores de derecho en el juicio y un veredicto contrario a la ley”.

“La publicidad aquí era tan penetrante y tan perjudicial antes y durante este juicio que equivalía a un defecto estructural en el proceso”, escribió Nelson.

Según el letrado, los fiscales cometieron faltas de conducta como “menospreciar a la defensa, dar fe de manera inapropiada y no preparar adecuadamente a sus testigos”.

Chauvin, de 45 años, fue declarado culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad y una multa económica de 20,000 dólares.

El exagente fue grabado en video arrodillado durante más de 9 minutos sobre el cuello de Floyd, quien estaba esposado e inmovilizado boca abajo en el suelo y suplicaba: “No puedo respirar”.

Durante el juicio, Nelson aseguró al jurado que Chauvin “no usó fuerza ilegal a propósito”. “Esto no fue un estrangulamiento”, dijo, y justificó las acciones de Chauvin y los otros policías que mantuvieron a Floyd en el suelo.

Según Nelson, la enfermedad cardíaca de Floyd y su consumo de drogas fueron factores decisivos: “Están tratando de convencerlos de que la enfermedad cardíaca del señor Floyd no jugó ningún papel (…) No estoy sugiriendo que esto fue una muerte por sobredosis (…), pero es absurdo decir que esto no incidió”.

La sentencia contra Chauvin se anunciará el próximo 16 de junio, según una notificación de la corte del condado de Hennepin (Minnesota), donde fue juzgado Chauvin. 

El presnete articulo es propiedad de Forbes.

Forbes Staff (2021) Expolicía que asesinó a George Floyd pide un nuevo juicio. Forbes. Recuperado el 4 de MAyo del 2021 en: https://www.forbes.com.mx/expolicia-que-asesino-a-george-floyd-pide-un-nuevo-juicio/

Persisten agresiones sexuales y otros delitos contra mujeres migrantes tras militarización de fronteras

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias.

Martes 27 de abril de 2021

CIMACFOTO: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México.- Mientras el gobierno federal asegura que en México ya no se violan los Derechos Humanos de las personas migrantes, organizaciones de la sociedad civil documentan que tras la militarización de las fronteras, hay un aumento en agresiones sexuales y otros delitos cometidos contra mujeres migrantes, especialmente por parte de agentes del Estado. 

Si bien no existen datos oficiales sobre esta violencia, organizaciones civiles dan cuenta de un incremento en el número de casos que ellos acompañan. Por ejemplo, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) –que presta servicios médicos a personas en tránsito– documentó en su reporte “Sin salida” que 24 por ciento de las 3 mil 695 personas atendidas en consultas de salud mental en los puntos de atención a población migrante en México entre enero de 2018 y septiembre de 2019 presentaban factores de riesgo asociados con la violencia física intencional (agresiones, violencia sexual y tortura).— En los nueve primeros meses de 2019, el número de casos (277) de violencia sexual atendidos por MSF aumentó más del doble (un 134 por ciento ) en relación al mismo período del año anterior (118).

La organización reporta que la violencia sexual es recurrente y ha sido específicamente identificada mediante los reportes de sus pacientes en zonas al comienzo de la ruta en el sur de México (Chiapas y Tabasco, principalmente), que acostumbran a recorrer a pie para evitar los controles fronterizos. Según datos de la encuesta que se les aplicó a sus pacientes, 22.5 por ciento de las mujeres entrevistadas en los puntos de atención habían sido acosadas sexualmente, 12.8 por ciento tuvieron una relación sexual no deseada y 10 por ciento reconocieron haber sido forzadas a tener sexo a cambio de algo.

Guardia Nacional, autoridad que más viola derechos de personas migrantes

En septiembre de 2019, apenas 3 meses después de que se anunciara el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras del país para contener los flujos migratorios que van hacia Estados Unidos (EU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tenía ya 7 quejas contra este agrupación policial por actuaciones contra personas migrantes, cifra que crecería exponencialmente en los meses siguientes. 

Información obtenida por transparencia reveló que tan sólo en 2020, la CNDH inició mil 274 expedientes contra diversas autoridades por “Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares”, “Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones”, “Prestar indebidamente el servicio público”, “Omitir brindar atención médica o psicológica de urgencia”, “Omitir proporcionar intérprete o traductor”, entre otros hechos violatorios cometidos todos contra personas migrantes.

Entre estos hechos violatorios (cuya descripción específica y sexo de las víctimas se omite), la Guardia Nacional es responsable de 53 quejas, la Policía Federal de 24, la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 y la Secretaría de la Marina de 6; el resto de quejas corresponde a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, Fiscalías, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, y otras dependencias locales, según el reporte revisado por Cimacnoticias. 

No obstante, los casos en los que los agentes del Estado violaron los derechos de las personas migrantes podrían ser mucho más y más graves, según lo documentado por las organizaciones civiles. 

Violaciones y ataques sexuales, el mayor riesgo para las migrantes

Desde la llegada en 2018 de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, México comprometió con Estados Unidos mayor control migratorio y despliegue de la Guardia Nacional en sus fronteras a cambio de firmar nuevos tratados comerciales. 

Para ello, el gobierno federal desplegó en junio de 2019 a 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Como parte de esos acuerdos bilaterales, México también se comprometió con Estados Unidos a recibir a las personas migrantes (incluyendo no mexicanas) que fueran solicitantes de asilo en el país del norte a través del programa “Quédate en México”. Todas las personas retornadas por ese programa quedaron a la deriva en los estados del norte del país pues al haber presencia del narcotráfico, su seguridad no estaba garantizada.

El despliegue militar se incrementó en 2020 a más de 250 mil elementos del Ejército, la Marina, Armada y la Fuerza Aérea mexicana en las fronteras por la ejecución del plan DN-III-E, para contener el COVID-19, lo que derivó en mayor riesgo para las personas migrantes.    

De acuerdo con un reporte público de casos de violencia contra personas retornadas de EU a México bajo el protocolo “Quédate en México 2019 – 2020”, registrado por la organización Human Rights First con fecha, número de víctimas y breve relato de hechos, entre 2019 y 2020 la policía federal, estatal o municipal, la Guardia Nacional y los militares, estuvieron implicados en 51 casos (de un total de 520) de delitos como secuestro, extorsión, deportaciones ilegales y agresiones sexuales cometidos contra personas migrantes. 

En la base de datos hay registro de al menos nueve casos de mujeres y niñas que habrían sido violadas por agentes del Estado. “Durante su viaje hacia Estados Unidos, la policía federal mexicana los acosó, insultó y no los dejaban descansar. Después de un tiempo, un policía empezó a exigir tener sexo con la mujer y cuando se rehusó, el policía la violó”; “Una solicitante de asilo venezolana de aproximadamente 60 años de edad fue ultrajada sexualmente en enero de 2020 en Tamaulipas después de que DHS la regresó a Matamoros por “Quédate en México”, son algunos de los relatos recopilados en este reporte.

El registro de Human Rights First contiene al menos tres decenas de casos más de mujeres y niñas que fueron atacadas sexualmente por el crimen organizado luego de haber sido regresadas a nuestro país como parte del programa “Quédate en México” o en colusión con las autoridades mexicanas. 

Otras organizaciones civiles que acompañan a personas migrantes, como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), también documentaron en el informe “En la Boca del Lobo” diversos casos de delitos contra personas migrantes cometidos por agentes del Estado.

Por ejemplo, el 10 de junio del 2019, un grupo de elementos de esta policía federal irrumpió en un domicilio particular donde vivían migrantes. Se llevaron a una mujer hondureña que esperaba en México su audiencia en EU, y a otras dos personas (el dueño del domicilio y su madre) a una casa de seguridad. Durante ese tiempo, ambas mujeres fueron sometidas a violencia sexual y una de ellas fue sometida a golpes en glúteos, amarrada de pies y manos. Los policías entregaron a las víctimas a un grupo de criminales quienes pidieron rescate por ellas. Las mujeres fueron rescatadas el 14 de junio por agentes de la Unidad Antiextorsión adscritos a la Fiscalía estatal, quienes únicamente buscaban a las personas mexicanas ya que nadie había denunciado la desaparición de la mujer hondureña.

La violencia sexual es una de las violencias más frecuentes cometidas contra mujeres migrantes que pasan por México, ya que la cometen tanto agentes del Estado, como criminales, vigilantes de los trenes en los que viajan y hasta sus propios compañeros; y constituye también,, uno de los delitos menos denunciados, de acuerdo con la Subcoordinadora del Área Jurídica y de Protección de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, Mayela Guadalupe Hernández Aldape. 

La Casa del Migrante en Saltillo, en Coahuila, –que en 2019 fue hostigada por la Guardia Nacional y elementos de seguridad asesinaron a un migrante que se albergaba ahí– acompañó legalmente cinco denuncias por delitos sexuales perpetrados por la delincuencia organizada, personal de seguridad del tren y agentes del Estado entre 2019 y los primeros tres meses de 2021. 

“Se han dado casos de que la policía los baja y en lo que llegan las autoridades migratorias están (las migrantes) a veces solas con ellos y los mismos policías cometan algún abuso sexual, alguna violación o abusos contra estas mujeres, y sí se han dado casos. A veces las agresiones no son necesariamente de carácter sexual, sino que les quitan el poco o mucho dinero que traen y sus documentos. Nos han comentado que les piden las tarjetas de su país, tarjetas de identidad y pues se quedan con documentos y ya no se los regresan, que les quitan el dinero que traen, que los han golpeado”, señaló Hernández Aldape.

Estos abusos también ocurren por las personas llamadas “garroteros”, que son los vigilantes del tren La Bestia. La abogada recordó que a finales de 2019 una mujer de aproximadamente 20 años de edad viajaba sola en el tren cuando los garroteros la bajaron y luego abusaron sexualmente de ella, de manera tumultuaria. Acompañada de la Casa del Migrante, esta joven migrante denunció los hechos ante el MP de Saltillo; no obstante, debido a la tardanza en el proceso penal y al ser una persona en tránsito, la mujer tuvo que abandonar la denuncia. En otro caso ocurrido en 2021, policías municipales extorsionaron a una familia migrante que vendía dulces y amenazaron con violar a una de las mujeres de esa familia si denunciaban la extorsión, por lo que tuvieron que buscar apoyo de la Casa del Migrante pero se negó a denunciar los hechos. 

“Muchas de las migrantes después ya no dan seguimiento a las denuncias por miedo o porque van de paso, es raro la que decide quedarse. Pues eso, nada más ahí queda, en una denuncia. Si es difícil a veces dar seguimiento de denuncias de gente que decide quedarse en México o aquí en Saltillo, pues difícilmente se le va a dar seguimiento a una denuncia de una persona que se fue”. De cada 10 denuncias iniciadas por delitos contra mujeres migrantes, sólo 1 llega a un juicio, todas las demás terminan archivadas, explicó la abogada. 

No existen datos certeros y oficiales sobre el número de delitos contra personas migrantes que llegan a una sentencia. Sin embargo, en 2017 se observó que de un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes denunciados en Sonora, Coahuila, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias, lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento, de acuerdo con la organización Incidencia a Favor de los Derechos Humanos en México (WOLA por sus siglas en inglés) en su informe “El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel”.

Si bien la autoridad migratoria reportó a través de la Secretaría de Gobernación “aseguramientos” y “rescates” de personas migrantes, la realidad es que las personas migrantes que son detenidas experimentan malos tratos dentro de las estaciones migratorias, donde se les recluye. 

Como Cimacnoticias documentó en el reportaje “Mujeres migrantes: miedo a ser deportadas” tras conversar con familias recién salidas de las estaciones migratorias, durante las detenciones, la Guardia Nacional intimida y persigue a familias completas, incluyendo niñas y niños, quienes luego son alojadas en estancias sin espacio suficiente, con mala alimentación, sin servicios de salud y en condiciones antihigiénicas. 

En Saltillo, por ejemplo, las personas “aseguradas” son llevadas a las propias oficinas del INM porque su estación migratoria cerró en 2017 luego de que la CNDH encontró constantes violaciones a DH. Las condiciones de detención son tan malas, que ha habido intentos de suicidio. 

AMLO continúa la política de control migratorio iniciada en el sexenio pasado 

La política de control migratoria no es nueva. México desplegó mayor fuerza policial y recurso público para vigilar y detener de manera ilegal a personas migrantes desde hace siete años, cuando Estados Unidos declaró una “crisis humanitaria” por el aumento de los flujos migratorios hacia ese país e inició negociaciones con los países de origen y tránsito de las personas migrantes.

En consecuencia, el 7 de julio de 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación del “Plan Frontera Sur”, con un presupuesto de 102 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Este Plan –que se justificó bajo un mayor “ordenamiento” de la frontera sur y mayor protección para migrantes– fue en realidad una política de contención y deportación.

En los primeros 12 meses del Plan , el Colegio de la Frontera Norte contabilizó 93 mil 613 detenciones de personas migrantes, lo que representaba 99 por ciento más detenciones que todas las realizadas entre julio de 2012 y junio de 2013. 

En contraste, México hizo muy poco por garantizar los DH de las personas migrantes. Muchos meses previos a la presentación del “Plan Frontera Sur”, las organizaciones de la sociedad civil impulsaron la creación del “Programa Especial de Migración” (PEM), con objetivos específicos para garantizar los Derechos Humanos de las mujeres migrantes pero nunca contó con presupuesto específico para su operación, se desconoce su impacto y actualmente está desaparecido, de acuerdo con la información oficial reportada vía transparencia a Cimacnoticias. 

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Aún sin política de género para la atención de migrantes en el país, México celebra los resultados de su política migratoria. En un comunicado, la Segob reportó que entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2021, el INM identificó en operativos de control y verificación a 31 mil 492 personas extranjeras que no contaban con documentación que acreditara su estancia regular en México.       

Esta cifra, dijo, representa 4 mil 779 migrantes extranjeros irregulares más, respecto a los 26 mil 713 localizados en el mismo periodo del año pasado. El mayor número de personas migrantes corresponde a Honduras, con 17 mil 598; seguido de Guatemala, con 9 mil 422; El Salvador, 2 mil 348, y otros países con 2 mil 124, como Bangladesh, Senegal, Mauritania, Nepal, Burkina Faso, Federación Rusa, Israel, Egipto, Sri Lanka, Turquía y Palestina; 4 mil 529 eran mujeres.

Cambios de ruta y acciones legales, la estrategia contra abusos

Ante el aumento en 2019 del control migratorio en todas las fronteras del país y a fin de evitar la detención policial, las mujeres centroamericanas que llegan al sur de México empezaron a cambiar sus estrategias migratorias y sus rutas. 

El informe de hallazgos de la “Misión de Observación de Derechos Humanos” en la frontera sur de México identificó, por medio de entrevistas, que las mujeres comenzaron a migrar más con sus familias en caravanas o éxodos. A diferencia de años anteriores y de los hombres, ellas están cruzando cada vez más por zonas turísticas o más urbanas, como el corredor de la costa de la frontera sur, que involucra ciudades como Tapachula, Tecún Umán, Ciudad Hidalgo, así como el corredor Selva, que incluye municipios de los estados de Tabasco y Chiapas, como Tenosique, Palenque y Salto de Agua. 

En julio de 2019, la Clínica de Acción Legal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Imumi promovieron el amparo (302/2020) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que el Estado mexicano deje de participar en una política migratoria violatoria de Derechos Humanos y de la Constitución mexicana. Se espera que el máximo tribunal determine si es legal o no la militarización de las fronteras así como las atribuciones de la Guardia Nacional en temas de migración, al tiempo que reconozca la vulnerabilidad en la que ésta pone a las personas migrantes.

21/AJSE/LGL

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Soto Espinosa, A. J. (2021). Persisten agresiones sexuales y otros delitos contra mujeres migrantes tras militarización de fronteras. CIMAC Noticias. Recuperado el 28 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/27/persisten-agresiones-sexuales-y-otros-delitos-contra-mujeres-migrantes-tras-militarizacion-de-fronteras

Presenta AI campaña para exigir a autoridades cese de criminalización contra manifestaciones feministas

La Redacción | CIMAC Noticias

Lunes 26 de abril de 2021

Imagen retomada de internet 

Ciudad de México. “Nuestro grito es Monumento” es la campaña que esta tarde presentaron integrantes de la organización Amnistía Internacional (AI) con el fin de exigir que las autoridades dejen de reprimir y estigmatizar las manifestaciones de mujeres en México y en cambio, reconozca que estas protestas son resultado de que el Estado sigue sin garantizar una vida libre de violencia a las ciudadanas. 

En un comunicado, integrantes de AI declararon que en 2020, las autoridades mexicanas respondieron a las manifestaciones de mujeres con violencia y represión al calificarlas de manera despectiva como “violentas”. Cuestión que registraron en su informe “La E (I)ra de las Mujeres. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan”. 

De acuerdo con este estudio el cual analizó 10 manifestaciones de mujeres en 2020, registró que desde 2019, se comenzó a desarrollar “una ola de manifestaciones feministas de mujeres que reclaman justicia en situaciones concretas de violencias de género. La mayoría de ellas han sido estigmatizadas, por ejemplo, las declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México que calificó una manifestación mayormente pacífica como “provocaciones”, dieron una falsa impresión de violencia generalizada”, describe el informe.  

Desde entonces, dice, la criminalización contra las protestas de mujeres se ha profundizado y tomado diversas formas. “En 2020, los medios de comunicación se refirieron a la manifestación de 22 de agosto, en León, Guanajuato, como una que terminó en enfrentamientos con la policía, aunque en realidad la manifestación fue mayormente pacífica y las mujeres detenidas fueron detenidas arbitrariamente”, expone. 

Este tipo de acciones, dijeron, promueven un ambiente hostil al derecho de protesta de las mujeres,  deslegitima su activismo y desalienta a que más ciudadanas salgan a las calles a luchar por su libertad, por lo que esta campaña buscan sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de las violencia que ellas enfrentan y demostrar que su activismo es indispensable en el avance del reconocimiento de los derechos de todas las mujeres del país. 

“Si los monumentos conmemoran la historia de un país, las marchas son pasos hacia adelante que abrazan la vanguardia y el progreso de todas y todos”, dijeron.

La campaña recuerda dos casos de manifestaciones de mujeres ocurridas en 2020, el primero de ellos, es la toma de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) por defensoras y colectivas con el fin de demandar el avance en las investigaciones de casos que ellas acompañaban. 

Durante la protesta, ellas pidieron, sin ejercer violencia de ningún tipo, que las y los funcionario se retiraran del recinto del CODHEM, sin embargo, alrededor de la medianoche, al lugar llegaron automóviles blancos sin logo, los cuales transportaban a personas que con cámaras de la Fiscalía General de este estado comenzaron a golpear la puerta, lanzaron objetos, jalaron con fuerza a las manifestantes y golpearon a algunas de ellas. 

El segundo caso señalado por la campaña es la  protesta que se realizó frente a la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, tras la desaparición y feminicidio, ocurrido el 7 de noviembre de 2020, de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, mejor conocida como Alexis, joven de 20 años. 

En ésta, las y los participantes cantaron consignas e intervinieron el recinto y lugares alrededor de él. Por la noche de ese día, elementos de la Policía Municipal de esta entidad dispararon con pistolas semiautomáticas y rifles contra las personas que se encontraban en el lugar aún cuando algunas ya estaban corriendo. Dos mujeres y un hombre fueron heridos por estas armas de fuego.  

“La campaña #GritoMonumento es una forma de decir ¡basta! a la violencia que ejercen las autoridades contra las mujeres que protestan de manera pacífica. Es un llamado para que reflexionen sobre la grave estigmatización con que han caracterizado a dichas protestas, invisibilizando el legítimo reclamo de las mujeres a una vida libre de violencia”, declaró la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi. 

Además, declararon, que dentro del sitio de la campaña las personas podrán conocer cómo el activismo de mujeres data desde hace mucho y se caracteriza por una gran creatividad y capacidad de organización. En suma, éste ha impulsado que exista normativa mexicana respecto a la violencia contra las mujeres, como la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o que haya paridad de género en el Poder Legislativo.

Expresaron que si bien este es un avance, aún es largo el camino por recorrer, ya que los casos de feminicidio y la impunidad en torno a ellos son temas de urgencia nacional que requieren atención inmediata. Por tal razón, llamaron a que la sociedad civil se una a esta campaña para recolectar diferentes voces en un solo grito de exigencia y el silencio nunca sea una opción. 

“Desde Amnistía Internacional, hacemos un llamado a las personas a sumarse a #GritoMonumento con sus ideas plasmadas en carteles, compartiendo contenido en redes sociales, y firmando la petición, que tiene como eje el respeto a la libertad de expresión y de reunión pacífica de las mujeres así como su derecho a una vida libre de violencia”, concluyó Reneaum Panszi. 

En el sitio web de la campaña, el cual es el siguiente: gritomonumento.amnistia.org.mx y se pueden encontrar diversos posters descargables, el manifiesto de la campaña, entre otros materiales y una petición que pueden firmar si lo desean las y los visitantes. 

La campaña también incluye la dinámica “Dibuja tu grito, la cual consiste en expresar a través de carteles, su sentimiento “de ira e impotencia por el incesante aumento de casos de feminicidio y violencia contra las mujeres en México”, agregaron. Los 10 mejores trabajos obtenidos de esta actividad serán seleccionados para ser parte de “Nuestro grito es Monumento”.

21/AEG/LGL

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La Redacción (2021). Presenta AI campaña para exigir a autoridades cese de criminalización contra manifestaciones feministas. CIMAC Noticias. Recuperado el 27 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/26/presenta-ai-campana-para-exigir-a-autoridades-cese-de-criminalizacion-contra-manifestaciones-feministas

Otomís de Querétaro exigen restitución de pozo de agua frente a escasez y saqueos

Redacción | Desinformémonos.

Miércoles 21 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Ante escasez, despojos y saqueos de agua, el Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán exigió la restitución al pueblo originario del pozo de agua potable ubicado en la comunidad para garantizar a la población el vital líquido.

A 14 días del inicio de un campamento indefinido en el pozo del agua potable en Barrio 4to. de Santiago Mexquititlán, Querétaro, por el saqueo del agua en pipas a otros lugares y la retención de una pipa, el pueblo otomí declaró que no permitirá más saqueo y despojo del agua a través de pipas, ni ampliaciones de tuberías.

“El camino es la resistencia, la organización, la autonomía, la libre determinación y el autogobierno para garantizar el agua como condición más fundamental para la supervivencia y la salud de este pueblo”, afirmaron en un comunicado los integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y autoridades y representantes autónomos en defensa del agua.

En su comunicado, representantes de la comunidad exigieron un diálogo urgente, directo y abierto con funcionarios de la Comisión Estatal del Agua (CEA) que dé respuestas a las problemáticas de la escasez y saqueo de agua en la comunidad.

También denunciaron la violencia armada institucional y la fabricación de delitos como herramientas de persecución política e intimidación, por la violación de sus derechos al agua, la represión y el hostigamiento de los gobiernos en contra de su pueblo indígena.

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Redacción (2021). Otomís de Querétaro exigen restitución de pozo de agua frente a escasez y saqueos. Desinformémonos. Recuperado el 21 de abril de 2021 de: https://desinformemonos.org/otomis-de-queretaro-exigen-restitucion-de-pozo-de-agua-frente-a-escasez-y-saqueos/