10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar

Familias de las víctimas exigen justicia en cartas públicas dirigidas a López Obrador y a los presidentes de EU, Guatemala y El Salvador.

Alberto Pradilla (@albertopradilla), Animal Político

29 de abril de 2021

Cuartoscuro

Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.

Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.

“Diez años hemos estado exigiendo información sobre lo que pasó, sobre quiénes participaron, cómo te hallaron, quiénes te hicieron lo que te hicieron. No quiero que se quede así. Me pongo a pensar ¿por qué no dan con los responsables?, si la mayoría vive en San Fernando y ahí en el expediente mencionan al coyote y a varios implicados. ¿Por qué no dan con los responsables? En el expediente se indica la participación de la policía, quienes recibían dinero del crimen organizado”, dijo Baudilio Castillo, padre de la víctima, en una carta pública dirigida a su hijo. En ella relata el duro trayecto de los últimos años y la escasa ayuda institucional, pero también la esperanza de que se haga justicia.

Baudillo recuerda, en entrevista telefónica con Animal Político, que apenas tienen información sobre los avances de las pesquisas. “En 2019 nos hicieron llegar una tarjeta informativa y recientemente tuvimos una reunión con autoridades. Pero seguimos esperando que nos den más datos”, aseguró. El hombre lleva diez años dedicado a buscar justicia: estudia los expedientes, analiza la información que llega a cuentagotas. Y sigue sin explicarse cómo los culpables no han sido sentenciados.

“No se ha investigado la cooptación de autoridades”

Cuando se cumple una década del hallazgo de las fosas, familiares de las víctimas han hecho públicas diversas misivas en las que denuncian el maltrato institucional durante la última década, la falta de avances en las investigaciones y las irregularidades detectadas en las identificaciones y la investigación.

“Durante 10 años nos hemos enfrentado a un duro muro de impunidad sistémica, construido con miles de obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación. Las circunstancias en las que nuestros familiares, localizados en las fosas, fueron privados de la libertad y de la vida no han sido plenamente esclarecidas. Tampoco han sido identificados y enjuiciados todos los autores materiales e intelectuales de los hechos”, dice una de estas cartas, dirigida a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Giamattei Y Nayib Bukele, presidentes de EU, México, Guatemala y El Salvador, respectivamente.

“¿Cómo es posible que, diez años después, no haya personas sancionadas por esta masacre que arrebató la vida de nuestros seres queridos? Menos aún se ha investigado ni establecido la responsabilidad estatal por los hechos, ni la responsabilidad por cadena de mando por el involucramiento de agentes policíacos. No se ha investigado la cooptación de autoridades y corporaciones por el crimen organizado de carácter transnacional que opera incluso en territorio estadounidense”, añade la carta.

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/04/Carta-Presidentes-2-1.pdf

66 cuerpos sin identificar

Las de las fosas de San Fernando es una de las peores masacres perpetradas contra migrantes en México. En los 46 enterramientos clandestinos fueron hallados los restos de 196 personas. A día de hoy quedan 66 por identificar. De los que sí se pudo conocer la identidad hay 91 mexicanos, 36 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un hondureño.

Las fosas fueron descubiertas menos de un año después del asesinato de los 72, otra de las matanzas que mostró la crueldad de México con aquellos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos. Tamaulipas se convirtió en el territorio más peligroso de uno de los países más peligrosos del mundo para los migrantes. Diez años después sigue siéndolo. En enero fueron hallados los restos de 19 personas en Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. De ellos, 16 eran guatemaltecos que buscaban alcanzar el norte.

Como denuncian las familias de las víctimas, una década después de las masacres se mantiene una impunidad absoluta. Las autoridades anunciaron la detención de 74 personas a las que vinculaban con Los Zetas, en aquel momento uno de los carteles más violentos de México. De ellos, 17 serían policías municipales de San Fernando, a los que se acusó de formar parte del narco, pero contra los que no existe acusación formal dentro del expediente, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a las familias de 21 de las víctimas.

Entre los delitos que se imputa a los consignados están el de homicidio, delincuencia organizada o tenencia de armas de uso exclusivo del ejército. Pero ni siquiera hay claridad sobre si los homicidios a los que se hace referencia en la investigación son los de las fosas de San Fernando.

“Sabemos que hay 74 procesados por los hechos, pero ninguno de estos ha sido sentenciado, no hay ninguna sentencia”, explicó Delgadillo. “Se ha solicitado y no está clarificado que las personas que estén siendo procesadas por el delito de homicidio lo sean por los 196”, añadió.

Tras los hallazgos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, presentó a decenas de personas a las que vinculó con Los Zetas. Entre ellos se encontraba Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “comandante Ardilla”, considerado jefe de la estructura criminal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y detenido en Nuevo Laredo en 2012. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales de que se había capturado a los responsables de aquellas atrocidades, diez años después no hay una sola sentencia que pueda probarlo.

Animal Político consultó con la FGR sobre el estado de la investigación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Sin reparación para las familias

La falta de sentencias condenatorias no es la única irregularidad denunciada por las familias. “Los procesos de identificación de nuestros familiares no se realizaron con ningún tipo de cuidado, sin pensar que se trataba de personas. Gobiernos anteriores nos entregaron restos sin ninguna explicación ni documento que acreditaran que eran nuestros familiares, realizaron cremaciones ilegales e, incluso, entregas equivocadas de cuerpos”, dice una de las cartas.

Tampoco México ha cumplido con la reparación integral a la que tienen derecho los familiares. “Tiene una enorme deuda con todas las familias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha puesto un sinfín de obstáculos para garantizar los derechos que la Ley de Victimas otorgan a victimas indirectas. El último pretexto es por la pandemia, porque están fuera del país”, explicó Rosmery Yax Canastuj, abogada guatemalteca que representa a las víctimas del país centroamericano.

Según relata, buscar las medidas de asistencia “ha sido un suplicio para las familias”. Y eso a pesar de que la ley les garantiza apoyos para la compra de alimentos, educación y salud, al margen de la indemnización.

Las fallas del Estado en la investigación y en la atención de las víctimas quedaron reflejadas en la recomendación 3VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En aquel documento, la institución constató el horror que se vivía en San Fernando, los secuestros en los autobuses para que las víctimas fuesen entregadas al crimen organizado y la complicidad de algunas autoridades. Sin embargo, todo esto quedó en saco roto ya que las recomendaciones no se han cumplido.

Para las familias y sus acompañantes esto es muestra de la incapacidad de México para cumplir con la investigación y la reparación. Por eso llevan años solicitando que se ponga en marcha una comisión especial con participación de instancias internacionales como la ONU. Algo similar a lo que ya funcionó en el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Para Baudilio Castillo, que recibió los restos de su hijo en mayo de 2017, todavía queda mucho por hacer. Y así lo repite, en la carta dirigida al joven que marchó de Guatemala buscando una vida mejor, pero encontró la muerte en Tamaulipas. “Espero seguir luchando para que no sigan cometiéndose más crímenes contra las personas migrantes que transitan hacia los Estados Unidos, que haya justicia para todas las familias dañadas. Nosotros estamos vivos, peleando por nuestros hijos, peleando por aquellas personas que fueron masacradas, peleando por ti- Hasta que nos alcance la muerte, vamos a pedir justicia”.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Pradilla, A. (2021). 10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar. Animal Político. Recuperado el 29 de abril de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/04/10-anos-san-fernando-fosas-clandestinas/

Familiares de desaparecidos exigen garantías de su derecho a la salud

Redacción | Desinformémonos.

Sábado 17 de abril de 2021

Foto: Erika Lozano

Ciudad de México | Desinformémonos. Madres y padres de personas desaparecidas denunciaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por violar su derecho a la salud y exigieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les garantice atención médica.

Un grupo de 11 madres y padres de personas desaparecidas en México presentaron el pasado jueves una queja colectiva de las violaciones a sus derechos humanos por parte de la CEAV. Solicitaron a la CNDH su protección ante estos actos y omisiones.

Las víctimas padecen graves enfermedades y afirman que varios de sus problemas de salud se derivaron de las actividades de búsqueda a sus familiares desaparecidos. Denunciaron que la CEAV no proporciona apoyo médico a las víctimas con el argumento de la supuesta inexistencia del nexo causal entre la desaparición de sus familiares y los problemas de salud desarrollados. “Ante la incertidumbre debe operar el principio pro persona en favor de las víctimas”, afirmaron colectivos defensores de derechos humanos.

Las siete mujeres y cuatro hombres pidieron a la CNDH que emita medidas cautelares que garanticen su atención médica y que resuelva de manera estructural su situación por medio de mesas de trabajo con las víctimas, sus representantes, peritos, médicos, psicólogos con perspectiva de derechos humanos y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la CEAV.

Enfatizaron que su situación representa un problema mayor que afecta a todas las víctimas de desaparición y sus familiares. Por ello, solicitaron que la CNDH deje la queja abierta para poder incorporar a otras personas, documentar las violaciones a sus derechos y revisar su estado de salud.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Redacción (2021). Familiares de desaparecidos exigen garantías de su derecho a la salud. Desinformémonos. Recuperado el 19 de abril de 2021 de: https://desinformemonos.org/familiares-de-desaparecidos-exigen-garantias-de-su-derecho-a-la-salud/

CEAV se desploma: caen más de 80% las reparaciones a víctimas; funcionarios laboran sin contrato

Desde hace más de medio año no hay titular en la Comisión y quien estaba de encargado renunció al arranque de año. Hay víctimas que, aún cuando ya ganaron amparos siguen sin ser indemnizadas.

Arturo Angel (@arturoangel20), Animal Político

09 de febrero de 2021

Foto ilustrativa Cuartoscuro

La Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), que desde hace un año enfrentaba problemas serios de operación, organización y falta de presupuesto, ha llegado a un punto crítico: su labor fundamental, los pagos por reparación del daño e indemnizaciones a las víctimas, se desplomaron más de 80 por ciento en 2020.

Datos oficiales obtenidos por Animal Político vía transparencia revelan que mientras en 2019 se entregaron más de 440 millones de pesos a 715 víctimas por conceptos de reparación y compensación, para 2020 dicha cifra se desplomó a menos de 75 millones de pesos para 213 victimas. 

Los recursos para dichos pagos provenían del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que el año pasado fue eliminado por decreto presidencial y que, hasta ahora, no está claro cómo será sustituido. La Comisión, con el presupuesto de su propia operación, ha tenido que asumir el pago de algunos apoyos emergentes como viáticos.

La situación afecta a los propios funcionarios de la CEAV. Trabajadores contratados vía outsourcing en la institución laboran sin que sus contratos que terminaron el 31 de diciembre hayan sido renovados. Aunque no se le ha dejado de pagar señalan que viven en la incertidumbre de perder su trabajo en cualquier momento.

Y no hay quien responda en el puesto más alto de la institución. Desde mediados de 2020 la comisionada titular de la CEAV, Mara Gómez, renunció al cargo tras haber denunciado falta de apoyos a la comisión, y a más de seis meses de distancia no se ha nombrado una nueva comisionada. El funcionario que fue designado como encargado, también renunció a principios de año.

“No sabemos qué ocurre, no nos dicen casi nada. Ni siquiera está claro quien dirige la institución porque nuestras jefas directas tampoco saben. Seguimos laborando, pero hay mucha incertidumbre, hace mucho que tampoco se dan capacitaciones. Y eso está ocurriendo en todas las áreas”, dijo una psicóloga que colabora en la comisión, y cuya identidad no se revela por temor a alguna represalia.

La falta de una comisionada ha dejado aún más en la indefensión a las víctimas que desde hace meses – y en algunos casos años – han esperado sus compensaciones de reparación integral del daño. Algunas recurrieron y ganaron amparos promovidos en contra de la excomisionada Gómez para que ya se liberaran los pagos, pero con su salida de la institución el proceso no se ha consumado.

“Aquí no solo es un tema de recursos sino de falta de voluntad. Porque el FAARI aun existió durante buena parte del año pasado y sí había recursos, que si bien no eran los suficientes por lo menos había y aún con ello los pagos tampoco fluían. No emiten las resoluciones y no hay reparaciones” dijo Reyna Velasco, asesora legal de varios casos de víctimas ante CEAV.

El pasado viernes por la mañana, Animal Político solicitó a la CEAV un posicionamiento en torno al descenso en el pago de las indemnizaciones y el hecho de que haya colaboradores suyos sin contrato, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

El desfonde en apoyos

Para apoyar a las personas que padecieron una violación grave a sus derechos humanos o que fueron victimas de un delito, la CEAV entrega una compensación económica como parte del proceso integral de reparación del daño. Se trata de un pago definitivo que se concede a las víctimas previa resolución de un comité que analiza y pondera las circunstancias de cada hecho.

En el caso específico de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, los datos oficiales obtenidos en respuesta a la solicitud de transparencia folio 0063300035020 arrojan que, en 2020, la CEAV entregó apoyos por 48.6 millones de pesos a 156 victimas directas e indirectas. Esto representa una caída de más del 81 por ciento respecto a 2019, donde las indemnizaciones de este tipo alcanzaron los 259 millones de pesos para 427 víctimas.

Lo mismo ocurre en los subsidios a víctimas de un delito. La comisión reportó la entrega de solo 26.3 millones de pesos a 57 víctimas, muy por debajo de los 181.5 millones de pesos que se pagaron en 2019 a 288 víctimas. Equivale a una caída del 85 por ciento.

Dicho de otra forma: de cada 10 pesos que en 2019 autorizó la CEAV como reparaciones del daño, en 2020 ya solo se entregaron 2 pesos.

En el caso de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, el desplome es aún más significativo si se toma en cuenta que desde el arranque del actual sexenio comenzaron a descender. En comparación con 2018, en 2019 se entregaron casi 92 millones de pesos menos.

Lo anterior significa que entre 2018 y 2020, los pagos por compensaciones por violaciones a derechos humanos han descendido casi 88 por ciento.

El único rubro que no ha registrado descensos es el de los pagos de ayuda inmediata, que son apoyos mensuales para cubrir gastos de traslados, servicios médicos, tratamientos psicológicos, cambios de domicilio, etc., y otras necesidades urgentes de las víctimas. Se trata de un recurso provisional que se entrega a las personas mientras se define y se les paga la compensación final por reparación del daño.

Los datos proporcionados por CEAV muestran que en 2020 se entregaron 522.2 millones de pesos a 6 mil 38 victimas, cifra ligeramente superior a los 521.6 millones de pesos repartidos a 5 mil 426 victimas en 2019. Aunque ya repartido, el promedio de apoyo por victima bajó de los 96 a los 86 mil pesos.

El dinero para todos estos apoyos provenía por ley del FAARI, un fondo de apoyo a victimas que la ley contemplaba para los subsidios, el cual era independiente del presupuesto corriente de CEAV. Sin embargo, en octubre de 2020 el Congreso aprobó la propuesta presidencial de desaparecer este y otros fideicomisos. Eso significó, en consecuencia, la desaparición del propio fondo.

El pasado 15 de enero la CEAV emitió un comunicado en el que aseguró que los pagos de ayuda inmediata como viáticos y traslados no se suspenderían pese a la desaparición del FAAARI, ya que los mismos serían cubiertos con el presupuesto asignado a la institución. No obstante, reconoció que aún no estaban listas las reglas de operación para el resto de los apoyos.

“Ante las dudas sobre la operación de la CEAV, informamos que actualmente la Comisión Ejecutiva y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaboran en conjunto las nuevas reglas de operación para el uso y dispersión de esos recursos. Una vez que se cuente con los nuevos lineamientos, se harán de conocimiento”, indicó la comisión.

¿Por qué han caído los apoyos?

Yuriria Rodríguez Estrada, una de las integrantes de la terna final propuesta por el gobierno para ser la nueva titular de la CEAV, advirtió que detrás de la drástica reducción de las indemnizaciones podría haber varias explicaciones. Por un lado, menciona que los apoyos trabajan en función de las solicitudes que presentan las víctimas, por lo que un descenso de estas podría justificar en algún grado la caída.

Sin embargo, Rodríguez subrayó que desde la puesta en marcha de la CEAV las víctimas han enfrentado múltiples dificultades burocráticas para acceder de forma ágil y rápida a los recursos del ya desaparecido FAARI. Estas dificultades se han ido agravando conforme las demandas de las víctimas han crecido y el sistema no es capaz de solventarlas.

“Una de las fallas del FAARI era el entramado administrativo que tenía y donde las víctimas llegaban a tardar meses e incluso años para acceder a los recursos. Hay que garantizar que los lineamientos que se dice ahora que se están preparando sean expeditos y pro-persona para que los recursos fluyan y sean acordes” dijo en entrevista con este medio.

Hay casos que prueban que este problema ocurre y con frecuencia. Por ejemplo, en octubre de 2019 una jueza federal decidió amparar a los padres de una menor fallecida en el incendio de la Guardería ABC, que reclamaban a la CEAV una indemnización acorde al daño que padecieron. La jueza le ordenó a la comisión establecer una reparación justa y proceder con el pago.

Pero a más de dos años de distancia dicha reparación no ha llegado. En febrero de 2020 el juzgado multó a la comisionada por no agilizar el trámite y en marzo se inició un procedimiento por la inejecución del amparo. Pero ni con eso ha llegado el apoyo. La renuncia de Gómez y la falta de un nuevo titular dejó el caso en el limbo.

La abogada Reyna Velasco, experta en la representación legal de víctimas, advirtió que el caso de la familia de la Guardería ABC es uno de varios donde las personas son revictimizadas por la propia CEAV debido a la lentitud y a la burocracia que impera en la entra de los apoyos. Incluso, la comisión ha llegado a litigar en contra de las propias víctimas.

“La reparación del daño de una víctima es una de las labores fundamentales de la CEAV. Para eso se creó esta comisión y es algo que desde hace tiempo no hace. Lo que ha habido es un empeoramiento progresivo de esta comisión y si bien es cierto que ahora falta dinero, ha faltado mucha más voluntad”, dijo la experta.

Un reflejo del nivel al que ha llegado la crisis, señala la abogada, es el plantón que desde hace varios días instalaron decenas de víctimas afuera de la Secretaría de Gobernación, reclamando que la falta en entrega de apoyos por parte de la CEAV. “Simplemente las víctimas ya no tienen a quien acudir, la Comisión no opera”, dijo la experta.

Sobre dicho plantón, la Comisión emitió un segundo comunicado el pasado viernes en el que reiteró que ha escuchado a los manifestantes y se han atendido en lo posible sus peticiones, e insistió que los apoyos inmediatos serán cubiertos con su presupuesto operativo luego de la desaparición del FAARI. Esto mientras se definen nuevos lineamientos.

Renuncias e incertidumbre

El año pasado la CEAV emitió un informe en el que reconoció que, debido a un mal diseño institucional de origen, más del 60 por ciento de sus especialistas y colaboradores son trabajadores eventuales o contratados vía outsourcing. Para corregir ello y crear las plazas que se requieren se necesita un incremento presupuestal que no ha llegado.

Al concluir 2020 el convenio laboral de los empleados subcontratados en CEAV terminó y, según lo revelado por varios de ellos bajo condición de anonimato, hasta ahora han continuado trabajando sin que se les haya renovado.

“Parece que no saben muy bien que hacer con nosotros. En algún momento nos dijeron que podrían darnos plazas por la política del presidente de que no haya outsourcing pero no pasó nada. Luego nos iban a pedir papeles, pero tampoco pasó nada. No hemos firmado ningún contrato y desde diciembre se acabó” dijo una de las funcionarias.

De acuerdo con estimaciones dadas a conocer por la propia CEAV el año pasado, aproximadamente 230 de sus trabajadores y colaboradores de sus áreas centrales no tienen plaza de estructura y están subcontratados.

La necesidad de hacer una reestructuración a fondo en la comisión y dotarlas de mayores recursos fue expuesta en mayo del año pasado por la entonces titular de la CEAV Mara Gómez Pérez, en respuesta a las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno que, según la funcionaria, ponían en peligro la operación de dicha institución. 

Unas semanas después de esos señalamientos, la titular de la CEAV presentó su renuncia en una carta en la que acusó que “no se puede transformar una institución sin apoyo”. Desde esa fecha la titularidad de la comisión ha permanecido acéfala, debido a que el Congreso no ha logrado finiquitar el proceso para designar a una nueva titular.

Tras la salida de Mara Gómez fue designado como encargado del despacho de la Comisión Andrés Vázquez, quien originalmente ocupaba la Dirección General de Asesoría y Asuntos Jurídicos. Sin embargo, dicho funcionario también renunció al cargo en la primera semana del año.

Desde su creación la CEAV ha sufrido de múltiples movimientos en su dirección. Originalmente contaba con un pleno de siete comisionados, sin embargo, debido a distintas diferencias e incluso señalamientos de posible corrupción varios de ellos fueron renunciando. Finalmente, dicho pleno fue eliminado.

Animal Político publicó en enero del año pasado que la comisión ya operaba al borde del colapso, debido a la carga de trabajo y personal insuficiente, a lo que se sumaban denuncias negligencias, maltratos y hasta posibles abusos.

“Deberían existir condiciones laborales muy claras, pero esta práctica de la subcontraración vía outsourcing se volvió un patrón común en muchas dependencias y la CEAV no fue la excepción. No se respetan los derechos laborales de las personas. Y cada año es lo mismo, no se puede recontratar y tiene que haber ampliaciones.  El problema es que, si se decide no recontratar en la CEAV al personal de outsourcing, es muy complicado e irreal que siga operando”, dijo Rodríguez Estrada.

Renovación o extinción

La abogada Reyna Velasco consideró que, actualmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en una condición de “abandono institucional” que pone en serio riesgo su existencia. Sus fallas y mal diseño de origen (poniéndola como órgano único de atender a las víctimas de muchos otros) sumado a su presupuesto cada vez más reducido y la eliminación del FAARI, han complicado aún más el panorama.

“Y parece que ni urge o si no cómo se explica que pasan los meses y ni siquiera el nombramiento de una nueva o nuevo titular parece ser una prioridad”, dijo la abogada.

Para Rodríguez Estrada, quien tuvo los mejores puntajes de la terna final para elegir a una nueva comisionada, lo que la Comisión requiere no son promesas de cambio de la noche a la mañana, sino una reestructuración de fondo que de la vuelta a una forma de operar que, en los hechos, no ha cumplido con las expectativas de procurar a las víctimas y reparar el daño que sufrieron.

“Yo creo que más allá de fortalecer a la comisión tenemos que hablar de un proceso que nos ayude a reestructurar una comisión que no se ha podido consolidar desde el inicio. Muchas veces ha atendido más a intereses políticos que a una operación y acompañamiento real de las víctimas que es lo que se requiere. Requerimos una institución humanista que acompañe a las víctimas desde una visión integral y social, y que sea humana y cálida” concluyó Rodríguez.

La elección de una nueva comisionada o comisionado de CEAV está actualmente en las manos del Senado de la República quien deberá convocar primero, a los tres finalistas para que comparezcan en comisiones. Se prevé que esto ocurra en el actual periodo de sesiones.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Angel, A. (2021). CEAV se desploma: caen más de 80% las reparaciones a víctimas; funcionarios laboran sin contrato. Animal Político. Recuperado el 10 de febrero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/02/ceav-caen-reparaciones-victimas-funcionarios-contrato/

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Familiares de víctimas cierran accesos de Segob para exigir atención a demandas

Redacción | Desinformémonos.

Jueves 4 de febrero de 2021

Foto: Alfredo Domínguez / La Jornada

Ciudad de México | Desinformémonos. Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos bloquearon desde el miércoles todas las entradas a de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir que las autoridades resuelvan las demandas de atención a los colectivos y concedan una audiencia con la titular del organismo, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario Alejandro Encinas, y la directora de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

Desde la mañana, alrededor de 30 familiares de víctimas de desaparición, desplazamiento forzado y feminicidio, junto con padres de la Guardería ABC, cerraron con cadenas y candados los accesos al edificio para exigir a Alejandro Encinas la atención que prometió a las familias.

“Tenemos minutas firmadas con él de que se iban a resolver nuestros casos, pero la Segob ha incumplido las cosas a las que ya se había comprometido”, dijo Yoltzi Martínez Corrales, integrante del Colectivo “Raúl Trujillo Herrera”, del estado de Guerrero.

“Queremos que nos digan qué está pasando con nuestras carpetas de investigación, porque la Fiscalía nos ha mantenido solamente con reuniones virtuales, sin tener acceso a nuestros Ministerios Públicos para continuar con nuestro proceso de justicia”, explicó Martínez.

La activista señaló que una de sus demandas tiene que ver con la desaparición de los fideicomisos de protección a víctimas y el “desmantelamiento” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Ahora quiere quitarnos los apoyos que muy raquíticamente nos está dando para las personas que salimos a buscar a nuestros familiares desaparecidos. Somos quienes hemos dejado el cuerpo, la vida y el hogar con tal de buscar a nuestros seres amados. Para las autoridades son cifras, pero para nosotros son nuestros tesoros, son una vida que anhelamos que regrese a casa”, indicó Martínez.

Agregó que la decisión de extinguir los apoyos obliga a los familiares a endeudarse para pagar la búsqueda de sus seres queridos, pues los fondos que las autoridades llegan a entregarles están siempre sujetos a una comprobación difícil de realizar.

“Cada familia sigue pidiendo (recursos) o tomando casetas, con tal de tener el dinero para comprar una pala o un pico e ir a buscar. Si bien nos dicen que los fondos tienen que ser comprobados con facturas, ¿cómo le vamos a hacer en el desierto, en la sierra, en los drenajes. Esta lucha va más allá de los adeudos: es por la protección de los derechos de las víctimas de desaparición a ser buscados”, subrayó.

Finalmente, la activista añadió que la CEAV “tiene adeudos” con muchas de las personas que integran el plantón frente a la dependencia.

Con información de La Jornada

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias.”

Redacción (2021). Familiares de víctimas cierran accesos de Segob para exigir atención a demandas. Desinformémonos. Recuperado el 5 de febrero de 2021 de: https://desinformemonos.org/familiares-de-victimas-cierran-accesos-de-segob-para-exigir-atencion-a-demandas/

COVID-19 exacerbó problemas económicos, de salud y psicológicos de mujeres que buscan a personas desaparecidas

La Redacción | CIMAC Noticias

Lunes 11 de enero de 2021

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Ciudad de México.- Durante la pandemia por COVID-19, mujeres con familiares desaparecidos enfrentan dificultades para solventar los gastos de las búsqueda, ya que perdieron sus fuentes de ingresos y los apoyos económicos que obtenían de instituciones gubernamentales, como las comisiones de atención a víctimas.

Éste fue uno de los hallazgos del “Diagnóstico de afectaciones a partir del COVID-19”, que elaboró en diciembre de 2020 el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD), tras consultar a voceras de 13 colectivos de familiares de personas desaparecidas en Estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

De acuerdo con el informe, todas las voceras entrevistadas coincidieron en que, en medio de la pandemia, han enfrentado dificultades para solventar los gastos de sus traslados para diligencias de búsqueda, principalmente porque las integrantes de los colectivos perdieron sus fuentes de ingresos y los apoyos económicos de instituciones gubernamentales, como las comisiones de atención a víctimas.

“No hemos podido salir a hacer las diferentes actividades que regularmente hacíamos antes. La mayoría de los integrantes viven de lo que trabajan. No tenemos financiamiento de ningún tipo. Nosotros aportamos como podemos. Unos más, unos menos”, declaró al IMDHD una de las mujeres entrevistadas.

De acuerdo con la organización, el contexto de la pandemia ha paralizado las búsquedas de personas en campo, ya que los colectivos han migrado todos sus esfuerzos al acompañamiento a distancia, por ejemplo por medio de redes sociales o teléfono, lo que redujo los gastos en este momento de crisis económica para las familias.

“Tuvimos problemas económicos porque el lugar donde estábamos situados, por cuestiones de pago de renta, tuvimos que dejarlo; todo mundo encerrado y nosotras dando seguimiento por teléfono, así que entregamos el lugar”, dijo una vocera. 

Además de la falta de apoyos económicos, en los cuatro estados, las voceras de los colectivos refirieron que sólo una minoría de las integrantes (quienes tienen trabajos formales, están jubiladas o tienen familiares con prestaciones laborales) son derechohabientes de los servicios de salud públicos como IMSS, ISSSTE o PEMEX.

El resto de las integrantes sólo tenía acceso al extinto Seguro Popular, por lo que durante la pandemia recurren a la atención que brinda la Comisión Nacional de Atención a Víctimas o las comisiones estatales. No obstante, de acuerdo con las voceras, los procesos de atención en estas dependencias suelen ser tardados y llenos de trabas, por lo que terminan pagando servicios de salud privados, por ejemplo, los consultorios de las farmacias. 

“Ayer se estaba muriendo una persona y la regresamos a su casa porque en ningún lado la quisieron atender, lo económico es lo que importa y es con lo que uno menos cuenta. Yo me espanté porque no encontramos un doctor en toda Tierra Blanca que nos atendiera a la muchacha, fuimos a varios hospitales y no nos quisieron atender porque podía ser COVID. La regresamos a su casa y le hice un té para el dolor y ya”, reveló una de las voceras. 

En las entidades con mayor casos de contagios de COVID-19, como el Estado de México, IMDHD encontró que aproximadamente 20 por ciento de las integrantes de los colectivos se contagiaron del nuevo virus. En este caso, algunas no recibieron el apoyo de las comisiones de víctimas para ser tratadas o no había espacio en los hospitales para recibir la atención, resultando en la muerte de los familiares. En otros casos, el servicio brindado por el IMSS fue deficiente. 

“Mal, el servicio médico del IMSS muy mal. Mi hija y yo fuimos porque necesitábamos la incapacidad, pero hemos tenido secuelas por la enfermedad. Nos dio en mayo-junio y más de tres meses después seguimos con molestia”, contó una persona. 

“A una compañera la trataron en el Seguro, pero quedó mal, y como es muy humilde no podía pagar atención médica privada”, dijo otra. “Ella y su familia se tuvieron que mover y conseguir por su cuenta porque no tuvieron atención, vieron con CEAV, y no quisieron cubrir los gastos”; y “no tuvieron atención médica. Realmente no. Estuvieron padeciendo mucho. Primero estuvieron en el Estado de México, tocando puertas porque no los aceptaron. No había camas, no había respiradores, cuando pudieron ingresar, pues, ya era muy tarde, prácticamente ese fue uno de los factores que determinó la muerte. Después, como estaban muy llenos los hospitales en EDOMEX se vinieron a la Ciudad de México”, fueron algunos de los testimonios.

De acuerdo con el IMDHD, la mayoría de las voceras aseguraron que su estado de salud se ha visto afectado a partir de la desaparición de sus familiarse. Ella  padecen 

enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, insomnio, ansiedad y depresión; sin embargo, en el caso de los padecimientos psicológicos, éstos se han visto exacerbados durante la pandemia por los problemas económicos, la incertidumbre respecto a sus casos, la falta de actividad e interés de las autoridades y la sensación de no estar haciendo nada para buscar a los suyos. 

“Todas tenemos muchos padecimientos a raíz de la desaparición de nuestros hijos, principalmente depresión, diabetes e hipertensión. La mayoría está presentando, durante el confinamiento, cuadros de ansiedad cuando antes no los teníamos, no sé si porque no estamos saliendo”, declaró una de las voceras. 

“Nos ha afectado mucho el encierro, incluso para las búsquedas, cuando nos sentíamos mal buscábamos y así ya no sentíamos que estábamos de brazos cruzados. Pero ahora, las familias están muy preocupadas y ansiosas, lo que más tienen es estrés, ansiedad, depresión, y aparte no tienen dinero. No hay búsquedas para calmarnos y tampoco dinero, pero hay familias donde las señoras son las cabezas de familia y ahorita no están trabajando, y súmale el estrés de que no están trabajando bien las fiscalías”, agregó otra vocera.

Ausencia de ingresos propios

El IMDHD explicó que las integrantes de los colectivos no pueden tener trabajos formales, ya que necesitan empleos flexibles que les permitan dedicar tiempo a la búsqueda y otras actividades relacionadas. Por ello, muchas de las integrantes realizan trabajo del hogar remunerado. 

Si bien este trabajo les da flexibilidad, en tiempo de pandemia ha significado una disminución considerable en su ingreso, ya que sus empleadores les han reducido el número de días de trabajo. Antes de la pandemia, la gran mayoría trabajaba toda la semana, ahora sólo trabajan un par de días o incluso perdieron el empleo. 

“Una de las compañeras que estaba limpiando casas ya no está yendo con la maestra que iba a limpiarle, pero está yendo a hacer tacos de canasta por lo menos dos veces a la semana, y entonces ya es una ayudadita”, relató una vocera del Estado de México.

Otra actividad entre las integrantes de los colectivos es la venta de diversas cosas. Muchas reciben donaciones de ropa que venden en los tianguis o en bazares. Ahora, con pandemia, muchas han dejado de vender por el cierre de los tianguis. Algunas otras que vendían en algún lugar de la vía pública, las autoridades no les permiten instalarse, de acuerdo con el IMDHD. Muchas de estas mujeres sobreviven gracias a los apoyos solidarios que se hacen entre las integrantes de los colectivos o de personas externas que las apoyan. 

Además de esta situación, el diagnóstico señala que todas las voceras entrevistadas coincidieron en que las desapariciones y homicidios han continuado aun en el contexto de la pandemia y que las posibilidades de buscar de manera inmediata se han reducido, por lo que su papel se limita a brindar asesoría telefónica, hacer y difundir fichas de búsqueda y presionar a las autoridades para que hagan su trabajo. 

“Sí, han aumentado las desapariciones y han aumentado los homicidios, antes de que me llamaras estaba asesorando a dos familias, diario desaparecen tres o cuatro. En Huatusco cada mes, o cada quince días, hay mínimo dos o tres homicidios; “una compañera ya tenía un hijo desaparecido y le desaparecieron a otro por algunos días; “a una vecina, hace tres meses se llevaron a su hijo Hugo y ya forma parte de mi colectivo, y tiene 20 días que sepultó a su nieta que se la mataron”; y “en los últimos meses han desaparecido muchas muchachas. Algunas han sido ubicadas, pero otras siguen sin ser ubicadas”, refirieron las voceras. 

Frente a la imposibilidad de hacer búsquedas en campo, los colectivos han optado por presionar con más fuerza a las autoridades. “Aunque no estemos haciendo ahorita realmente la búsqueda como quisiéramos en campo, podemos seguir presionando por medio de llamadas a las autoridades cuando nos llegan casos de niñas o muchachos que están desaparecidos”, refirieron.

No obstante, tanto en Puebla como en Veracruz, Oaxaca y Estado de México, los colectivos coincidieron en que muchos de los casos de desaparición, las búsquedas e investigaciones están detenidos porque, según argumentan las autoridades, “no pueden checar cómo están los expediente ni cómo van las diligencias debido a las restricciones de la pandemia”. 

Los colectivos entrevistados para este diagnóstico fueron, en el Estado de México, el colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia; Buscándote con Amor Estado de México; y la Asamblea vecinal: Nos Queremos Vivas Neza. En Oaxaca se entrevistó al colectivo Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia; y en Puebla se entrevistó al colectivo Uniendo Cristales.

En Veracruz se entrevistó a Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos; El Solecito Veracruz; Buscando Corazones Perdidos Xalapa; Corazones Ausentes;  Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa; Madre Luna de la Cuenca; Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; y el colectivo Familias Desaparecidas Orizaba Córdoba.

21/AJSE/

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La Redacción (2021). COVID-19 exacerbó problemas económicos, de salud y psicológicos de mujeres que buscan a personas desaparecidas. CIMAC Noticias. Recuperado el 12 de enero de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/01/11/covid-19-exacerbo-problemas-economicos-de-salud-y-psicologicos-de-mujeres-que-buscan-a-personas-desaparecidas