Ciudad de México | Desinformémonos. Candidatos y personas afines a diversos partidos políticos, además de trabajadores del Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, destruyeron dos vehículos, así como el archivo del gobierno comunal e intentaron agredir con palos a comuneros del Consejo Indígena de Nahuatzen la mañana de este sábado.
Alrededor de las 10:39 de la mañana del sábado 8 de mayo, personas afines al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista, se presentaron en la Casa Comunal, denunció la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (TdT) en una acción urgente.
«Es un claro intento por sabotear el ejercicio del autogobierno del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, se presentaron con la intención de inhibir la documentación de los destrozos perpetrados durante la madrugada contra los bienes y la casa comunal de Nahuatzen», señaló la Red.
Exigieron al gobierno del estado de Michoacán que garantice las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio del autogobierno en Nahuatzen y al Instituto Electoral de Michoacán que atienda los señalamientos contra personas candidatas a cargos de elección popular. Además exigieron justicia para las personas afectadas.
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Recinto de la Suprema Corte en la Ciudad de México. Foto Google Street View
Eduardo Murillo|La jornada
Lunes 26 de abril de 2021
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó la controversia constitucional promovida por el municipio de Los Reyes, Michoacán, en contra de un fallo del tribunal electoral de la entidad, donde se le ordenó otorgar recursos y realizar una consulta en San Benito Palermo, quien exige ser reconocida como una comunidad indígena.
Los ministros del Pleno no entraron en el fondo del asunto, debido a que consideraron que se trata únicamente de la inconformidad contra el fallo de un tribunal, ante lo que procede es un amparo indirecto y no una controversia.
La ministra Norma Lucía Piña explicó que, con la reforma constitucional en materia judicial, la procedencia de las controversias se ha acotado, para permitir que la SCJN se dedique a resolver únicamente temas de estricta constitucionalidad, por lo que dijo que encargarse de este caso sería “cuestionable e innecesario”.
Una mayoría de nueve ministros coincidió en que el caso es una decisión meramente jurisdiccional, por lo que sobreseyeron la controversia.
La SCJN señalo que “la controversia constitucional resultaba improcedente, al no ser el medio idóneo para impugnar una resolución judicial y, no actualizar el criterio de excepción establecido en precedentes, por tanto, determinó que lo conducente era su sobreseimiento”.
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Murillo, E. (2021). SCJN desecha controversia entre comunidades indígenas de Michoacán. La Jornada. Recuperado el 26 de abril de 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/26/sociedad/scjn-desecha-controversia-entre-comunidades-indigenas-de-michoacan/
Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán, celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reconocer el recurso de reclamación en favor de los presos políticos José Luis Jiménez y José Antonio Arreola.
Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte decidió revisar las violaciones a derechos humanos cometidas durante el proceso penal. Desde noviembre del 2018 ambos se encuentran en prisión, criminalizados por formar parte del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, gobierno autónomo de su comunidad, explican las organizaciones sociales Serapaz y la Red Solidaria, quienes acompañan el caso. “Es un primer paso para su libertad”, consideran.
“Estábamos preparados para lo más duro, para lo negativo, pero gracias a dios salieron las cosas positivas”, celebra Roberto Arreola, hermano de José Antonio e integrante del Concejo Ciudadano Indígena de Gobierno de la comunidad. Explica que están contentos, pues en “este país lleno de corrupción hay una lucecita de esperanza”.
En entrevista telefónica con Desinformémonos, Arreola señala que como comunidad decidieron “dejar de ser pisoteados por los partidos políticos”, y “luchar contra un gobierno corrupto donde está el crimen organizado”, con el ejercicio de su autonomía y libre determinación, dice, al igual que otras comunidades de la meseta purépecha en Michoacán, como el caso de Cherán.
Exigen libertad para los presos políticos de Nahuatzen afuera de la SCJN. Foto: Eber Huitzil / Red TDT.
“A nosotros no se nos regaló nada, todo lo que ahorita tenemos nos costó presos y sangre. Fue difícil pero vamos hasta donde vamos por la misma convicción de que no nos hemos vendido”, explica. Roberto asegura que gracias al apoyo que tuvieron de organizaciones sociales como Serapaz y la Red Solidaria, pudieron llegar a la resolución del día de hoy.
Previo a la sesión de la SCJN, integrantes de la comunidad se movilizaron para exigir justicia a las afueras del máximo tribunal. Ahora están a la espera de conocer los tiempos para la revisión, pero, asegura Arreola, ven un poco más de claridad.
La decisión tomada por la SCJN implica que reconocen que se cometieron violaciones a derechos humanos en el proceso penal, por ello revisarán el caso, para pronunciarse y reparar esas violaciones, señala la Red Solidaria de Derechos Humanos. El asunto se turnará a otro ministro de la Primera Sala, es un proceso que podría tardar entre 3 y 6 meses, explican.
Mientras, Roberto envía fuerzas a su hermano José Arreola, quien sigue preso: “yo le digo que no pierda la fe”. Arreola espera el día para poder festejar ya no sólo el fallo, sino la libertad.
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El Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley de Educación para garantizar y fomentar el derecho a la educación menstrual y facilitar el acceso gratuito a productos de gestión menstrual para niñas, mujeres y personas menstruantes que lo soliciten en las escuelas públicas.
La resolución también exigirá a los programas de estudio resaltar la educación sexual integral y reproductiva, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y paternidad responsables, la prevención de embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual.
Según la nueva legislación, las autoridades educativas deberán elaborar y distribuir material educativo en distintas lenguas habladas en el territorio para orientar a los alumnos sobre la menstruación; así como contar con los insumos básicos de higiene y salud menstrual.
Las autoridades educativas también deberán asegurarse de tener las condiciones necesarias para evitar el bullying y que las alumnas no se ausenten a clases por ese motivo.
Desde ahora, las estudiantes tendrán derecho a recibir becas y productos necesarios para la menstruación, tales como toallas sanitarias, copas menstruales y tampones; así como cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual, priorizando a personas de escasos recursos o con condiciones sociales difíciles.
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ContraRéplica. (2021). Aprueban en Michoacán Ley de Menstruación Digna. ContraRéplica. Recuperado el 03 de marzo de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-Aprueban-en-Michoacan-Ley-de-Menstruacion-Digna20212352
Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a revisar la sentencia contra las autoridades purépechas José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán, quienes «están injustamente en prisión» desde noviembre de 2018.
Las organizaciones, entre las que se encuentra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (Red TDT), aseguraron que la detención contra los miembros del Concejo de Nahuatzen se suma a las diversas acciones del gobierno de Michoacán «destinadas a deslegitimar y desacreditar a los autogobiernos de la meseta p’urhépecha, en este caso los esfuerzos de organización comunitaria y autonomía impulsados por Nahuatzen».
En su llamado a la SCJN, plantearon diez razones por las que el proceso contra José Luis y Antonio debe ser analizado con detenimiento y ser resuelto a favor de Nahuatzen y sus defensores detenidos arbitrariamente, entre las que se encuentran las irregularidades «graves» en el proceso jurídico y la negación de la Fiscalía General del estado de Michoacán para investigar las denuncias por malos tratos y tortura durante las detenciones arbitrarias de las dos autoridades indígenas.
A continuación el comunicado completo:
Desde noviembre del 2018, José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, autoridades indígenas del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, están injustamente en prisión, sentenciados por sabotaje, acusación utilizada por los gobiernos de diferentes Estados para criminalizar a las personas defensoras[1]. Los hechos que se les imputan se suman a diversas acciones del Gobierno de Michoacán destinadas a deslegitimar y desacreditar a los autogobiernos de la meseta p’urhépecha, en este caso los esfuerzos de organización comunitaria y autonomía impulsados por Nahuatzen.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahora la oportunidad de revisar el proceso por el que se condenó a José Luis y Antonio. La ministra Norma Lucía Piña Hernández tiene en sus manos un recurso en el que se solicita, se examine el proceso judicial realizado contra José Luis y Antonio. En este contexto, el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, la Red TDT y diversas organizaciones planteamos 10 razones por las cuales el proceso contra José Luis y Antonio debe ser analizado detenidamente y ser resuelto a favor de Nahuatzen y sus personas defensoras injustamente presas:
El Gobierno del Estado de Michoacán así como el ayuntamiento de Nahuatzen han atacado y criminalizado al Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), a través de la causa penal 182/2019, violentando los derechos a la autonomía, libre determinación y autogobierno. El encarcelamiento de José Luis y Antonio, es una clara muestra del abuso de poder por parte del gobierno estatal contra los derechos de la comunidad.
El Estado mexicano incumple con sus obligaciones internacionales para erradicar la tortura, al negarse a investigar a la Fiscalía General del estado de Michoacán ante las denuncias por malos tratos y tortura durante las detenciones arbitrarias de José Luis y Antonio.
El proceso jurídico ha estado lleno de irregularidades graves que hasta ahora no han sido reconocidas por las autoridades jurisdiccionales. Al validar las detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura se incumple con obligaciones internacionales de regularidad constitucional y convencional.
Hasta ahora, las autoridades que han conocido el caso han omitido ordenar la aplicación del Protocolo de Estambul a pesar de las constantes denuncias de actos de tortura.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse en cuanto a la falta de enfoque intercultural en el actuar de la Fiscalía de Michoacán. A pesar de que existe un reconocimiento por parte del Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal de la legalidad del CCIN, se ha ignorado las violaciones a derechos humanos cometidas por el ayuntamiento de Nahuatzen y el gobierno estatal para criminalizar, deslegitimar y desarticular el autogobierno indígena de Nahuatzen.
Existen violaciones graves al debido proceso contra los concejales pues los juzgadores estatales y federales han omitido garantizar el derecho a contar con una defensa adecuada y eficaz, lo que violenta las disposiciones contenidas en los artículos 1°, 2° y 17 de la Constitución Federal.
Parte de las prácticas criminalizantes utilizadas contra José Luis y Antonio consistió en mantenerlos encarcelados desde su detención y hasta su condena, una clara violación a su derecho a un debido proceso.
La Suprema Corte debe evitar convalidar las violaciones a derechos humanos en el caso de José Luis y Antonio. El acceso a la justicia es un paso necesario para cesar las agresiones contra Nahuatzen y sus autoridades tradicionales.
Es grave que las autoridades hayan omitido atender las diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos en el caso de José Luis y Antonio.
El Ayuntamiento de Nahuatzen, desde el 2015 hasta ahora, ha actuado contra la comunidad de Nahuatzen y en particular contra las personas integrantes de su órgano tradicional de gobierno, a través de transgresiones y abusos graves de autoridad para interferir contra el ejercicio de la autonomía, la libre determinación y el autogobierno comunal.
Por estas razones, desde el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen en conjunto con las organizaciones sociales hacemos el llamado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en especial, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, valore todos los elementos que el CCIN hemos puesto a su alcance para mostrar el intento de diversas autoridades por criminalizar, deslegitimar y desarticular el ejercicio de autogobierno, a través del encarcelamiento de José Luis y Antonio. Es necesario que la Corte se pronuncie a favor de Nahuatzen y de sus integrantes, que reconozca su legítima lucha por proteger el territorio, su comunidad y el medio ambiente.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Redacción Desinformémonos. (2021). Exigen a SCJN revisar sentencia contra autoridades purépechas de Nahuatzen. Desinformémonos. Recuperado el 19 de febrero de 2021, de https://desinformemonos.org/exigen-a-scjn-revisar-sentencia-contra-autoridades-purepechas-de-nahuatzen/
Luis Carlos Rodríguez (luis.rodriguez@contrareplica.mx), ContraRéplica
05 de febrero de 2021, 01:47
Productores de aguacate de Uruapan y otros 21 municipios enfrentan desde hace más de 15 años el acecho de la delincuencia, de los cárteles de la droga que cobran “derecho de piso” e “impuestos de exportación” con las amenazas cumplidas de quema de huertas, empacadoras, secuestros; pero también la creación de “autodefensas” que cobran protección “voluntariamente a fuerza” y exigen que se les compre armamento.
En vísperas del SuperBowl en Tampa, Florida, y con la tradicional fiebre por la venta de aguacate y guacamole en Estados Unidos, los productores mexicanos enfrentan no sólo el acecho de la delincuencia, sino también los bajos precios, de alrededor de 18 pesos el kilo de fruta de exportación, la competencia desleal de aguacateros de Jalisco y Colima, así como el abandono del gobierno de Silvano Aureoles.
“Aquí en Ario de Rosales nos están obligando a apoyar a un grupo antidelincuencial según para protegernos de los cárteles, pero los que organizan son de otro grupo antagónico. Nos exigen a quienes tenemos huertas cifras que van de los 10 mil a los 100 mil pesos, dependiendo de las hectáreas de nuestras propiedades, así como exigen que les compremos armas de alto calibre, como cuernos de chivo y R-15, además de exigir que nuestros peones participen en barricadas”.
Dijo a ContraRéplica el dueño de una huerta en ese municipio, quien pidió no publicar su nombre por temor a represalias. “Aquí y en todos los municipios y pueblos donde hay huertas de aguacate ya no sólo es el cobro de piso, las extorsiones, las amenazas de quemar huertas y empacadoras, los secuestros, sino también muchos de esos líderes de criminales ya están metidos en el negocio”.
Comentó que por medio de prestanombres o de agricultores de la zona, estos grupos ya están utilizando la industria del aguacate para el lavado de dinero. “Aquí hay una mezcolanza de cárteles, de grupos, desde Los Viagra, que la Nueva Familia Michoacana, que el Cártel Jalisco. Estamos a varios fuegos, ya no sabemos quién nos extorsiona. Todo con el silencio y complacencia del gobernador Silvano Aureoles y obviamente del gobierno federal. Acá no llega ni el Ejército ni la Guardia Nacional, pero que tal presumen las exportaciones del aguacate al Super Bowl”.
Otros productores exponen que en zonas como Tancítaro lo mismos aguacateros se han organizado para autodefenderse de los delincuentes; el municipio de Peribán está dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación; en Tierra Caliente, como son Tepalcatepec y Buena Vista están en disputa entre Los Viagras y los de grupos jaliscienses.
José trabaja en una empacadora en Uruapan y también ha sido víctima del cobro de impuestos de “exportación” de los cárteles. “Aquí todos le tenemos que entrarle y sino pues queman huertas, empacadoras o secuestran lo mismo a los directivos que a los familiares. Es el caso de uno de la empacadora estadunidense Calavo Growers, cuyo administrador, un gringo, ya ha sido secuestrado dos veces”.
Expuso que los cobros por protección o también por cortar o empacar. “Te cobran un porcentaje por kilo o por tonelada, más si es aguacate de exportación. Pagamos empacadores, productores y hasta los cortadores o peones. Es el mismo esquema delincuencial de los tiempos de la Familia Michoacana. 15 años después, nada ha cambiado, estamos peor, porque el precio que el año pasado era para la fruta de exportación en entre 70 y 90, ahora están en 16 o 17 pesos. Ha sido el peor año”
“Es tal el descaro, la forma en que operan estas empresas criminales, que hasta agrónomos contratan y los mandan a tus huertas para asesorarte: Te dicen oye tus arboles necesitan abono de tal marca y hasta ellos te los venden o te recomiendan cuándo cortar y hacen el cálculo de tus ganancias, para cobrar su extorsión”.
A mediados del 2020, en una empacadora de Tinguindín, fue quemada porque los propietarios se negaron a la extorsión. Algunos han contratado a policías estatales o municipales para que protejan el trayecto de las huertas a las empacadoras, para evitar robos y as altos.
“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica“
Rodríguez, L. (2021). Aguacateros: a dos fuegos, entre cárteles y autodefensas. ContraRéplica. Recuperado el 05 de febrero de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-Aguacateros-a-dos-fuegos-entre-carteles-y-autodefensas2021524
CIUDAD DE MÉXICO | Miércoles 27 de Enero del 2021 | 17:36
La delincuencia común, crimen organizado y cibernético cambió su giro de actividades ilícitas al robo y fraude en venta de tanques de oxígeno que, en pleno semáforo rojo de algunas entidades, se ha triplicado su precio al pasar de los 7 mil a 30 mil pesos.
De acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional, el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Durango, Sonora y Michoacán, concentran el mayor porcentaje de denuncias tanto a empresas distribuidoras del insumo médico, como de personas físicas que les roban su tanque a la hora de acudir a su llenado.
Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señala que, del tres al 27 de enero, se registraron en el país 14 eventos de robo o fraude, en los que la intervención de las distintas instancias ha permitido la recuperación de 36 tanques de oxígeno y tres concentradores, así como el aseguramiento de tres vehículos y la detención de ocho personas.
Como resultado se iniciaron carpetas de investigación y las fiscalías locales trabajan en la judicialización de los casos de los robos de este tipo de equipamiento médico, cinco han tenido lugar en el Estado de México, tres en la Ciudad de México, dos en Tlaxcala y uno en Puebla, Durango, Sonora y Michoacán.
Las investigaciones que realizan la Guardia Nacional en coordinación con las Fiscalías de la Ciudad de México y Estado de México, han detectado la venta de tanques y concentradores en los tradicionales tianguis de “El Salado” y “Las Torres” en la alcaldía Iztapalapa, “San Felipe” en la colonia San Felipe de Jesús en la alcaldía Gustavo A. Madero y el tianguis de San juan en el municipio de Nezahualcóyotl.
Los detenidos que se han tenido hasta el momento, se les tipifica el delito como robo con violencia o robo simple, por lo que no se tiene una estadística exacta del número de personas detenidas por el robo de tanques de oxígeno.
A la delincuencia organizada y común, se le unieron en los últimos meses los delincuentes cibernéticos que a través de páginas fraudulentas ofertan cilindros o concentradores de oxígeno a precios por debajo de su precio normal.
De acuerdo con informes del Área de Delitos Cibernéticos Dirección General Científica de la Guardia Nacional, el patrullaje por el ciberespacio y la denuncia ciudadana, han permitido que se hayan dado de baja 700 perfiles de Facebook, donde se hacía la venta engañosa de tanques de oxígeno.
También se ha denunciado por lo menos 100 páginas de ventas en línea donde se detectó la venta de cilindros y concentradores que han sido sustraídos de manera ilegal o de robo a mano armada de ciudadanos que han sido sus víctimas al estar formados en los expendios de relleno.
FRAUDE EN VENTA DE TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO EN CDMX
En el caso de la Ciudad de México, el trabajo de Policía Cibernética de la Fiscalía General de Justicia del 4 al 27 de enero del año en curso se detectaron 5 páginas web en la que expedían tanques y concentradores de oxígeno que resultaron ser fraudulentas.
El 4 de enero, la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, atendió la denuncia vía digital de un ciudadano, quien denunció un fraude debido a que contrató, vía redes sociales, un servicio de renta de tanques de oxígeno; señaló que realizó el depósito que le solicitaron, pero sin recibir el servicio.
Para el 12 de enero de 2021 se inició Carpeta de Investigación en la Fiscalía de Investigación Territorial en Magdalena Contreras, luego de que el denunciante refirió que recibió un correo electrónico de una página web sobre la venta de concentradores de oxígeno, que tenían en promoción; el costo de uno era de $25,000.00 y tres por la cantidad de $60,000.00.
Para solicitar el producto, los interesados se tenían que contactar al correo antes mencionado, por lo que la víctima recibió datos de cuenta o referencia para pago, realizando un depósito por 40 mil pesos.
El denunciante, posteriormente, trató de comunicarse y ya no le respondieron, por lo que formuló su querella por el delito de fraude cometido en su agravio
El 13 de enero se inició, por vía digital, la Carpeta de Investigación. La víctima, a través de las redes sociales, solicitó información sobre tanques de oxígeno; posteriormente contactó a un hombre, quien le respondió que contaba con disponibilidad y que el costo era de dos mil 500 pesos, por lo que le pidió depositar la mitad, y pagar el resto al recoger el tanque.
Se radica la indagatoria en la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco, por tratarse de hechos de su competencia.
El 18 de enero, en la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, se inició una Carpeta de Investigación por el delito de robo; la denunciante refirió que se desempeña como enfermera y que le solicitaron apoyo para enviar a un compañero de trabajo para que atendiera a una persona de 82 años, posiblemente contagiado de covid-19.
La persona que solicitó el servicio denunció que el enfermero se había llevado de su casa, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, un concentrador de oxígeno de cinco litros.
El 26 de enero se inició Carpeta de Investigación, derivado de la denuncia de un ciudadano que, ante la necesidad de adquirir un tanque de oxígeno, buscó y encontró una página de internet.
El afectado señaló que contactó a la empresa y le informaron que solo recibían pedidos a través de su página web, así como los pagos a través de transferencias electrónicas, dado que estaban ubicados en el estado de Puebla.
El afectado realizó el pago (no especificado), sin recibir el tanque de oxígeno. La carpeta se radicó en la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero.
En todos los casos, se dio intervención a Policía de Investigación (PDI) para realizar, entre otras diligencias, inspecciones, rastreos cibernéticos y entrevistas, así como a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, en especialidades como criminalística y fotografía.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Guardia Nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y las empresas líderes certificadas en el sector de oxígeno para uso médico, como INFRA, LINDE y PRAXAIR, instalaron una mesa de trabajo permanente para atender estos casos.
El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que esta labor coordinada permite prevenir el robo de tanques de oxígeno y demás aditamentos, brindar la atención a eventos de este tipo que se presenten, asegurar la recuperación de materiales y proceder a la detención y judicialización de presuntos responsables.
El servidor público dijo que además se estableció un puente de comunicación permanente con las fiscalías estatales, para coadyuvar en las investigaciones correspondientes a nivel local.
Las autodefensas son un fenómeno que lleva por lo menos 8 años en Michoacán, pues fue en 2013 que hicieron su aparición en el escenario nacional. Ahora, en un momento de gran violencia, ha surgido un grupo de cerca de 40 mujeres en la comunidad de El Terrero, que incluso embarazadas o con niños pequeños están montando retenes para la defensa de su territorio, luego de sufrir la pérdida de esposos, hijos o hermanos en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Para ellas, el problema es que en cuanto hay hombres en edad productiva, son secuestrados por los cárteles para participar forzosamente en ellos, o bien, terminan siendo asesinados. De hecho, muchas de ellas desconocen el paradero de sus familiares, de modo que ni siquiera saben si siguen con vida o ya han sido asesinados. Ante la incertidumbre, han decidido tomar la seguridad en sus propias manos, pues las autoridades tampoco han hecho nada para protegerlas.
Cabe destacar que esta comunidad de El Terrero ha estado bajo el asedio de la lucha entre dos grupos delictivos: “La Nueva Familia Michoacana” y “Los Viagras”. En ese contexto, para las pobladoras la principal amenaza ha sido el CJNG, que ha tratado de hacer incursiones y que suele secuestrar a los hombres con los que se encuentra. Para estas mujeres, que no quieren formar parte de ningún grupo delictivo, la única alternativa ha sido armarse y tratar de defenderse por su propia cuenta, pues de lo contrario se verían obligadas a “tomar partido”, uniéndose a alguno de los cárteles.
Ante esta situación, dicen: “`Ya estamos cansadas de que nos desaparecen así a nuestros hijos, a nuestras familias. Se llevan a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros parientes. Por eso nos armamos’’.
“El presente artículo es propiedad de Tercera Vía“
Carrera Barroso, J. (2021). Embarazadas y con niños pequeños, mujeres crean grupo de autodefensas en Michoacán. Tercera Vía. Recuperado el 19 de enero de 2021, de https://terceravia.mx/2021/01/embarazadas-y-con-ninos-pequenos-mujeres-crean-grupo-de-autodefensas-en-michoacan/
El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 ubicado en Michoacán, uno de los ocho que fueron concesionados para la administración por parte de empresas privadas con contratos millonarios en el sexenio de Felipe Calderón, tiene a alrededor de 1,200 internos sin agua desde agosto pasado.
“Toma del mingitorio”, fue la respuesta de un interno que a principios de agosto se quejó ante las autoridades de ese penal por la falta de agua, no solo para bañarse, lavar su ropa, sino incluso para tomar. Desde entonces, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha interpuesto cuatro amparos para obligar a las autoridades del penal, a las dos empresas concesionarias y al Estado mexicano a garantizar el acceso al agua de los internos.
El titular de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) Rafael Robles Roa expuso a ContraRéplica este caso, donde aún no hay respuesta de las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana Prodemex y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A.P.I. de C.V.
Otro caso, donde también el IFDP, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, intervino, fue en el Cefereso para Mujeres de Morelos, ya que un médico general atendía a alrededor de 900 internas, ni siquiera era un ginecólogo, sino un médico general.
“En el Penal Femenil de Mujeres de Morelos, por garantizar que exista un médico especialista, un ginecólogo, interpusimos un amparo y ganamos, para dar atención de salud mínimo y básico. Son alrededor de 900 internas. Cómo un médico general atendía esta cantidad de mujeres, lo cual era muy grave”, dijo el funcionario.De acuerdo con el Gobierno federal, por cada persona recluida en cada centro se pagan 192 mil pesos al mes, o 6 mil 411 pesos por día.
El total de gasto en centros penitenciarios privados en 2020 fue de 15 mil 562 millones de pesos por 12 mil 284 personas recluidas en prisiones federales privadas, aseguró. Mientras que el gasto por persona al año promedio es de un millón 375 mil 064 pesos.
Respecto al Ceferso 17 de Michoacán, Robles Roa relató que, “a finales de agosto recibimos una llamada por parte de los defensores públicos federales, donde nos comentaba que había recibido por parte de uno de los internos una queja porque estaba teniendo problemas para tomar su medicamento, porque no había agua”.
“Lo que relató el interno es que cuando solicitó al personal del Cefereso agua para tomarse su medicina y le dijeron “pues toma del mingitorio”. Lo comentó con su defensor y de ahí empezamos a indagar y resulta que el Cefereso, desde principios de agosto, está teniendo problemas de suministro de agua”.
Esto ha derivado que los internos, de siete días de la semana, cuatro no tengan agua para el consumo necesario, desde tomar hasta bañarse o lavar su ropa. Y cuando hay agua, les toca de menos de un litro.
“Se han visto en la necesidad de tomar agua de los recipientes de los w.c., de un microbebedoro en cada pabellón, pero dicen que el agua sabe a tierra, además de que ha derivado en diversas enfermedades”, dijo Rafael Robles Roa.
“Se lo informamos al director general del IFDP, Netzaí Sandoval Ballesteros, sobre esta grave violación a los derechos, en este caso al agua, de los internos. Presentamos un amparo ante un juez de Michoacán y argumentamos que eran actos que ponían en riesgo la vida y la salud de cientos de internos, en plena pandemia. El juez coincidió en que de ser ciertos los actos, las autoridades del penal ponían en riesgo a los internos, por lo que otorgó una suspensión y ordenó al centro garantizar el suministro de agua potable”.
Las autoridades respondieron que efectivamente había escasez de agua, pero señalaron que había un contrato con dos empresas y en ella estaba incluido el suministro del agua, por lo que ellos tenían la forma de suministrar el servicio.
“Lo que es evidente es que este problema concierne a las empresas contratadas. El director de la Defensoría promovió otro juicio de amparo donde no solo señalan como responsables a las autoridades del penal, sino también a estas empresas privadas”.
Expuso que en total se han promovido cuatro amparos, el último incluyó a las dos empresas como responsables de suministrar el agua – Promotora y Desarrolladora Mexicana Prodemex y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A.P.I. de C.V.- pero hasta la fecha no han respondido.
“Solicitamos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unas medidas cautelares que tienen como finalidad que se requiera al Estado mexicano el garantizar el suministro de agua potable a la población. Se admitió en diciembre y ya se requirió al Estado mexicano un informe del tema”.
“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica“
Rodríguez González, L. (2021). Con contrato millonario, penal de Michoacán deja a internos sin agua. ContraRéplica. Recuperado el 18 de enero de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-Con-contrato-millonario-penal-de-Michoacan-deja-a-internos-sin-agua202118120
Morelia, Mich., Comuneros de Santa Fe de la Laguna, con apoyo de autoridades comunales del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), recuperaron 30 hectáreas de las cuales mestizos de Quiroga se apoderaron hace décadas.
El coordinador del CSIM, Pável Guzmán, pidió al ayuntamiento de Quiroga y al gobierno estatal, encabezado por el perredista Silvano Aureoles, no reprimir ni criminalizar la lucha de Santa Fe de la Laguna por recuperar su territorio.
El dirigente purépecha explicó que esas tierras comunales, colindantes con el lago de Pátzcuaro y la zona urbana de Quiroga, fueron invadidas por particulares, quienes las utilizaban como pastizales.
“Se logró la restitución del territorio gracias a la lucha emprendida por la comunidad, que exigió no renovar las concesiones entregadas indebidamente por la Comisión Nacional del Agua”, destacó.
Recordó que en 1988 Santa Fe de la Laguna recuperó el predio conocido como “casa de descanso del gobernador”, así como el inmueble del Centro Piscícola, que pertenecía al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, y una finca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Martínez Elorriaga, E. (2021). Recuperan comuneros purépechas 30 hectáreas invadidas en Quiroga. La Jornada. Recuperado el 05 de enero de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/05/estados/recuperan-comuneros-purepechas-30-hectareas-invadidas-en-quiroga/
