En un año aumentó 79% la violencia digital en Puebla: Ovigem

Las principales víctimas son mujeres, la mayoría de entre 15 y 24 años de edad; y la agresión más común es el acoso, revela informe

Allison Madrid (@allison_madrid) y Mely Arellano (@melyarel), Lado B (@ladobemx)

29 de abril de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

Allison Madrid | Mely Arellano

@allison_madrid @melyarel

La violencia digital en Puebla aumentó 79 por ciento de 2019 a 2020, de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), con base en datos de la Fiscalía General del Estado; y es Puebla el municipio en el que se registró el mayor número de víctimas, representando el 75% del total.

El informe titulado “Acercamiento a la violencia digital contra las mujeres en Puebla”, realizado por el Ovigem y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), destaca que en el 91 por ciento de las Carpetas de Investigación (CDI) abiertas por el delito de violación a la intimidad sexual, que es como está tipificada la violencia digital, las víctimas son mujeres. 

“Dejaron de asistir a la escuela, dejaron de trabajar, pensaron en renunciar al trabajo, dejaron de hacer lo que les gustaba, eliminaron sus cuentas de redes sociales o plataformas digitales (…) se alejaron de sus personas cercanas, dejaron de salir”, relató Samantha Páez, directora del Ovigem, sobre algunas de las consecuencias que viven mujeres víctimas de violencia digital.

Según el informe, cuyo objetivo es reconocer y nombrar las nuevas formas en las que se manifiesta la violencia digital, “tanto para el delito de violación a la intimidad sexual como para el de ciberacoso, en la gran mayoría de los casos las víctimas fueron mujeres”.

En cuanto al delito de violación a la intimidad sexual, la mayoría de las denuncias (47%) presentadas de diciembre de 2018 al 22 de abril de 2020, corresponden a adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años; y también en los casos de ciberacoso denunciados en el mismo periodo, el 44%, la mayoría fueron de adolescentes y jóvenes de la misma edad.

Este dato revela que la violencia digital afecta sobre todo a menores, y sucede en 28 municipios del estado, 22 de los cuales tienen la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

El informe señala que, de acuerdo con las denuncias recibidas por el CSSJ sobre violencia digital, “en un mismo acto de violencia a través de las tecnologías se interrelacionan diversas agresiones: en el 38% de los casos identificamos dos tipos de agresiones, en el 31% tres agresiones distintas y en el 31% restante identificamos una sola forma de agresión”, siendo el ciberacoso la forma de agresión más común.

En todos los casos documentados por el CSSJ los agresores eran hombres: el 23% de los casos eran desconocidos y en el 77% conocidos. 

La presentación del informe contó con la participación de Samantha Páez y Tonalli Pérez, de la Dirección de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado; al igual que Agneris Sampieri, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) e Ixchel García, de Luchadoras.

Distintas formas de violencia digital

violencia digital
Foto: ROBIN WORRALL | Unsplash

Una de las herramientas presentadas en el informe tiene que ver con la creación de un listado de agresiones que las mujeres pueden vivir a través de las tecnologías, el cual fue elaborado por Social TIC, Luchadoras y APC e incluye 13 distintas violencias identificadas que son:

  1. Acceso no autorizado (intervención) y control de acceso. 
  2. Control y manipulación de la información. 
  3. Suplantación y robo de identidad. 
  4. Monitoreo y acecho. 
  5. Expresiones discriminatorias. 
  6. Acoso. 
  7. Amenazas. 
  8. Difusión de información personal o íntima sin consentimiento. 
  9. Extorsión.
  10. Desprestigio.
  11. Abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías. 
  12. Afectaciones a canales de expresión.
  13. Omisiones por parte de actores con poder regulatorio.

Tomando en cuenta la diversidad de violencias que incluye la violencia digital, no es sorprendente que el Módulo de Ciberacoso del Inegi reportara que 9.4 millones de mujeres mayores de 12 años usuarias de Internet fueron víctimas de este delito en 2019. 

Ni que a la par destaque la baja frecuencia con la que se denuncia el ciberacoso a las autoridades, ya sea escolares, laborales o judiciales. Tonalli Pérez relacionó este problema con “la falta de un marco normativo claro y eficiente pero también de algún modo con las omisiones por parte de los reguladores que pueden solucionar o sancionar la violencia en línea”.

Ixchel García, por su parte, agregó que “más leyes no es igual a más justicia”, ya que gran parte de las legislaciones aprobadas hoy en día en relación a contenido íntimo, ciberacoso y violencia digital siguen teniendo contenido problemático y machista que revictimiza.  Y que es necesario cuidar desde el lenguaje que se utiliza hasta la forma en que se implementan, ya que “las autoridades siguen fallando” en la atención a las víctimas. 

Percepciones distintas de acceso a la justicia

Durante la presentación del informe, Samantha Páez destacó los resultados obtenidos durante un evento realizado en febrero del año pasado, organizado en conjunto con Luchadoras, donde diversas mujeres compartieron sus historias de violencia digital siendo la más destacada el acoso. 

Sin embargo, de acuerdo con Páez lo que más destaca de este evento fue la variedad de necesidades que presentaban las víctimas. Ya que para algunas el acceso a justicia tenía que ver con un derecho a la verdad, de saber quién las había agredido; para otras significó orientación jurídica, una disculpa por parte del agresor, apoyo moral, escucha activa, etcétera. 

Ante lo cual Páez afirmó que “no todas las personas tienen el mismo sentido de justicia, no todas tienen la misma necesidad para reparar, y entonces cuando vemos esta amplitud de necesidades podemos ver qué podemos hacer desde los distintos ámbitos”. 

***

La #Línea Ciudadana de apoyo en casos de violencia digital es 2223 099 099, cualquier persona que necesite ayuda puede marcar. El informe completo se puede consultar aquí.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Madrid, A. y Arellano, M. (2021). En un año aumentó 79% la violencia digital en Puebla: Ovigem. Lado B. Recuperado el 29 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/en-un-ano-aumento-79-la-violencia-digital-en-puebla-ovigem/

Revelan ciberespionaje masivo por parte del gobierno mexicano

Redacción | Desinformémonos.

Lunes 19 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. La Fiscalía General de la República (FGR) compró en 2019 y 2020 programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos, informó una investigación de El País

En los últimos dos años la Físcalía firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con Neolinx, firma mexicana vinculada a la venta de equipos de espionaje desde 2015 por su intermediación con la empresa italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los programas vendidos por Neolinx, ahora como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group, al gobierno actual “pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia”, advirtió la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). Afirmó que “en México la utilización de estos sistemas de vigilancia es sumamente problemática porque otorgan un poder invasivo amplio”.

La FGR, al mando de Alejandro Gertz Manero, firmó un contrato por 2.4 millones de dólares el 30 de mayo de 2019 por un servicio conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix, mismo que la Fiscalía adquirió el sexenio anterior y usó “sin controles”, según la R3D. El producto comprado a través de Neolinx es desarrollado por Rayzone Group y descrito en su sitio web como “una solución que permite a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley ubicar, rastrear y manipular” en tiempo real a los suscriptores de manera encubierta y virtualmente desde cualquier lugar del mundo.

Otro contrato firmado por la Fiscalía con Neolinx por 1.1 millón de dólares en 2019 y 1.7 millones de dólares en 2020 fue para adquirir el servicio “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”. El producto también es fabricado por la empresa israelí y definido como un sistema estratégico que proporciona a las agencias de inteligencia y policiales información amplia, diversa y en profundidad sobre usuarios globales de internet.

La R3D denunció la posible violación de derechos humanos por parte de la FGR por la compra de programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos. Las operaciones “pueden violar derechos humanos porque en algunos casos constituyen una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial”, informó.

Con información de El País

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Redacción (2021). Revelan ciberespionaje masivo por parte del gobierno mexicano. Desinformémonos. Recuperado el 20 de abril de 2021 de: https://desinformemonos.org/revelan-ciberespionaje-masivo-por-parte-del-gobierno-mexicano/

Denuncian feministas que reformas sobre violencia digital ponen en riesgo a las víctimas

La Redacción | CIMAC Noticias.

Viernes 16 de abril de 2021

Foto: Citlalli López Velázquez

Ciudad de México.– Feministas de organizaciones civiles, de la academia, abogadas y defensoras de Derechos Humanos denunciaron que las Comisiones de Igualdad de Género y Justicia de la Cámara de Diputados no escucharon sus observaciones y propuestas en la elaboración del dictamen de reforma sobre violencia digital contra las mujeres.


Este jueves 15 de abril las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal para incorporar la violencia digital e imponer sanción de 3 a 6 años de prisión, que puede aumentar dependiendo de si el agresor es cónyuge, concubinario o tiene una relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima.

En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil difundieron una carta pública donde advirtieron que la redacción del dictamen hace una definición errónea de este concepto, otorga facultades desproporcionadas al Ministerio Público y pone a las víctimas en riesgo de revictimización.

Es por esto que organizaciones como Artículo 19, Conectadas, Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, Luchadoras, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Red de Abogadas Violeta, entre otras, llamaron al pleno de la Cámara de Diputados a evitar la aprobación de un dictamen que no garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El dictamen, avalado con 17 votos de la Comisión de Justicia, y 25 a favor y uno en contra de la Comisión de Igualdad de Género, agrega un artículo Cuarto Ter, denominado “de la violencia digital y mediática” a la Ley General, y adiciona un Capítulo Dos, llamado “Violación a la intimidad sexual”, al Código Penal Federal. Las organizaciones expusieron siete observaciones.

La primera fue que la definición de violencia digital contra las mujeres contenida en el dictamen no corresponde con las múltiples manifestaciones de este fenómeno, por lo que es erróneo nombrarla como tal.


Dijeron que organismos, organizaciones e instituciones vinculadas con la defensa de derechos digitales, nacionales e internacionales, consideran que la violencia digital contra las mujeres incluye por lo menos hackeo, suplantación, vigilancia, acoso, hostigamiento, reclutamiento, prácticas denominadas como doxing y stalking, y la difusión de discurso de odio sexista, entre otras.


La segunda observación fue que el dictamen aprobado solamente contempla un tipo de violencia digital, relacionado con violaciones a la privacidad, lo que hace engañoso para las propias mujeres víctimas de violencia digital publicitar la aprobación de una reforma que no incluye varias de las conductas de las que son víctimas cotidianamente y ver frustrado su acceso a la justicia.

Explicaron que el Poder Legislativo ha desaprovechado la oportunidad de ofrecer a las mujeres una definición integral de violencia digital, que encuadre estas otras conductas, y deja a las mujeres víctimas de violencia digital que no opten por acudir a la vía penal sin mecanismos ni herramientas alternativas de reparación. Como tercera observación señalamos que, en el espíritu de la Ley General, el dictamen debía incluir una definición que permita desarrollar una política pública integral para la atención y la prevención de la violencia digital, así como la garantía del pleno acceso a la justicia con la debida diligencia, la sanción y reparación del daño que no se remitiera exclusivamente al ámbito judicial.

Las defensoras consideraron que con la actual redacción no se incorporó la participación de instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) en una política integral, a pesar de que la mayor parte de los perpetradores son hombres adolescentes y jóvenes. Dicha propuesta fue eliminada de la redacción final del dictamen.

El cuarto punto de preocupación fue que el dictamen aprobado le otorga facultades desproporcionadas al Ministerio Público sobre Violencia Digital y Violencia Mediática. Esto es preocupante, dijeron, porque en México, un país con un nivel de impunidad de 98 por ciento, el sistema penal no es idóneo para la reparación del daño a las víctimas.

Expusieron que el dictamen no contempla justicia ni reparación a las mujeres que no deseen acudir a la vía penal; una labor que se ha hecho desde las organizaciones de la sociedad civil, académicas, abogadas y defensoras, y no desde las instituciones. Las organizaciones también advirtieron que la violencia digital no se reducirá con el simple hecho de crear tipos penales.


La quinta observación es el riesgo de que la definición de violencia digital incluida en el dictamen representa en la creación de un doble tipo penal. La Ley contra la Trata ya sanciona la misma conducta establecida en el dictamen, pero con una pena más alta, lo que significa que el dictamen aprobado beneficia a los agresores y no a las víctimas.

La sexta observación, señalaron, es que el tipo penal aprobado en el dictamen no incluye salvaguardas para proteger la evidencia ni para evitar actos arbitrarios por parte de las autoridades, lo que puede dar pie a remociones de contenido no relacionadas con la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Para las mujeres que enfrentan este tipo de violencia digital, señalaron, las herramientas de reporte en plataformas digitales suelen ser el primer y a veces el único mecanismo para recuperar el control de sus contenidos. 
Es por esto que la remoción de contenido injustificada por parte de instancias gubernamentales y burocráticas podría implicar un riesgo al tratarse de procesos lentos, abusivos e ineficaces, e incluso se podría eliminar evidencia que podría servirle a la víctima en caso de que decida emprender un proceso legal.

Finalmente, expusieron una séptima observación al destacar que el dictamen aprobado pone en riesgo de revictimización a las mujeres víctimas de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, porque alude al consentimiento como mecanismo de impunidad de los agresores, lo que deja en ellas la carga de la prueba.

Consideraron que es contraproducente apostar a la vía punitivista, sin considerar una definición amplia de violencia digital ni mecanismos de acceso a la justicia y reparación del daño. Las fallas en el sistema de justicia en México, en particular en casos de violencia contra las mujeres, tienden a desincentivar la denuncia. Los procesos resultan tardados y revictimizantes e implican costos económicos y emocionales.

Esta evidencia, agregaron, está en el informe de la colectiva Luchadoras,“Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, publicado en 2020, que señala que en tres años se han abierto 2 mil 143 carpetas de investigación en 18 estados del país por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. El 83 porcino de las carpetas siguen en trámite ─algunas por más de tres años─ y sólo 17 por ciento de las carpetas iniciadas encuentran alguna forma de conclusión a través de alternativas de justicia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) en 2019, solamente se denunció o inició carpeta de investigación por 6.8 por ciento del total de delitos en el país. La Envipe indica que entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades, destacan la pérdida de tiempo con 31.7 por ciento y desconfianza en las autoridades con 17.4 por ciento dentro de las atribuibles a la autoridad.

Por estas razones, hicieron un llamado al pleno de la Cámara de Diputados a evitar la aprobación de un dictamen que no garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y retomarlo en el siguiente periodo legislativo, con la garantía de atender las observaciones de organizaciones, abogadas, activistas, académicas y demás mujeres.

21/AGM/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

La Redacción (2021). Denuncian feministas que reformas sobre violencia digital ponen en riesgo a las víctimas. CIMAC Noticias. Recuperado el 16 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/16/denuncian-feministas-que-reformas-sobre-violencia-digital-ponen-en-riesgo-a-las-victimas

Registro de datos biométricos viola la Constitución: Diego Valadés

Diego Valadés, ex ministro de la SCJN e investigador emérito de la UNAM.
Diego Valadés, ex ministro de la SCJN e investigador emérito de la UNAM. Foto Carlos Ramos Mamahua/ Archivo

Emir Olivares Alonso|La Jornada

miércoles 14 de abril de 2021

Ciudad de México. Las reformas aprobadas por el Senado de la República con la que se obligaría a los usuarios de telefonía a registrar sus datos biométricos viola la Constitución y atenta contra los derechos humanos, aseveró el destacado constitucionalista Diego Valadés Ríos, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En entrevista con La Jornada, enfatizó además que al aducir que se trata de una medida en favor de la seguridad pública, en realidad “el Estado estaría transfiriendo a los usuarios de la telefonía móvil el problema de su incapacidad para resolver el tema de inseguridad, pues los particulares seríamos ahora quienes pagaremos las consecuencias de que las autoridades no estén cumpliendo con su obligación de darnos seguridad”.

Ayer, en una apretada votación en la Cámara Alta, se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y diez abstenciones la minuta que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en el que todos los dueños de celulares estarán obligados a darse de alta y registrar sus datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial y del iris) o de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.

Al respecto, Valadés Ríos, también ex procurador general de la República, subrayó que esto viola dos artículos del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución: el 6 y el 20, además de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

El artículo 6, dijo, establece que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho que el Estado debe garantizar sin arbitrariedades y debe ser inclusivo, pero con estas reformas lo hacen excluyente, pues quien no aporte sus datos personales, no tendrá acceso a las telecomunicaciones

Añadió que ese postulado constitucional también asienta que el acceso a las comunicaciones debe ser ser libre y sin intereses arbitrarios, pero con la obligatoriedad de registrar los datos biométricos “ese acceso estaría condicionado y expuesto a injerencias arbitrarias porque se va a disponer de nuestros datos personales”.

En torno al artículo 20, subrayó que éste confiere la presunción de inocencia a todos a quienes son imputados de un posible delito; sin embargo, las modificaciones aprobadas por el Senado “nos convierte a todos, no sólo sobre los que hay un proceso penal, en presuntos culpables. Esto implica que se daría un trato de delincuentes a los usuarios de telefonía móvil”.

Valadés Ríos confió en que en la Cámara de Diputados –donde se tendrá que analizar lo avalado por el Senado— “prevalezca el sentido común, el respeto por la Constitución y adviertan que la mayoría en la Cámara de Senadores, no todos, cometieron un error. Que no sea aprobada esa adición a la ley en materia de telecomunicaciones”.

Remarcó que en caso que la Cámara Baja también apruebe esa propuesta, hay diversas opciones, pues una fracción del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueden presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad; en tanto que los usuarios podrían gestionar amparos.

El constitucionalista también alertó de otros riesgos en caso de que estas modificaciones sean llevadas a las normas, pues las personas desconocerían el uso que pueden dar a sus datos personales tanto las empresas como las autoridades.

Pero a la vez, dijo, hay peligros para las compañías de telecomunicaciones porque en la Ley Federal de Protección de Datos Personales se establecen delitos en materia de tratamiento indebido de esa información, que se castigan con multas y hasta prisión.

“Las propias empresas se van a ver puestas en riesgo ante el eventual mal uso que de manera deliberada o accidental se haga de los datos de sus millones de usuarios, por parte de funcionarios o por parte de quienes accedan a éstos de manera fraudulenta. Esto genera incertidumbre para el prestador del servicio y para el usuario de la telefonía”, concluyó.

“El presente artículo es propiedad de El País”.

Olivares, E. (2021). Registro de datos biométricos viola la Constitución: Diego Valadés. La Jornada. Recuperado el 14 de abril de 2021 en: https://jornada.com.mx/notas/2021/04/14/politica/reforma-de-telecomunicaciones-viola-la-constitucion-diego-valades/

Promueve Educación que las y los alumnos cuenten con ambientes digitales seguros

La Secretaria indicó que constantemente se emiten recomendaciones para que funcionarios, docentes, alumnas y alumnos, madres, padres de familia y tutores, desarrollen un sentido de ciudadanía digital responsable.


•    Participa Titular de la SEP en el inicio de la jornada Internet seguro para todas y todos 2021.

•    Constantemente se emiten recomendaciones para una ciudadanía digital responsable, expone.

REDACCIÓN | Excelsior

CIUDAD DE MEXICO | Miercoles 10 de Marzo del 2021 | 21:56 

La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que la institución promueve acciones para el uso seguro de la red de Internet y de los dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la educación.

Por ello, desde la SEP se impulsa a las y los alumnos del Sistema Educativo Nacional a que disfruten de sus experiencias en ambientes digitales sin peligro, con seguridad y con el mayor provecho educativo posible. 

Durante su participación en el inicio de la jornada Internet seguro para todas y todos 2021, la Secretaria indicó que constantemente se emiten recomendaciones para que funcionarios, docentes, alumnas y alumnos, madres, padres de familia y tutores, desarrollen un sentido de ciudadanía digital responsable, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la dependencia.

Expuso que actualmente, con el aumento en la actividad en línea, sobre todo a partir de la pandemia, se incrementaron dichas recomendaciones de ciberseguridad.

Acompañada de la Titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoció la importancia de las jornadas para un internet seguro, las cuales, dijo, son de profundo interés para la dependencia en aras de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes se conviertan en ciudadanos digitales responsables.

Comentó que con las jornadas se inculcan valores fundamentales en el ámbito digital, como la protección de datos personales; la dispersión de información en redes sociales; la cautela en el acceso a enlaces desconocidos o riesgosos, y la actualización de dispositivos y software.

Durante la presentación, en la que participó también Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, la Secretaria comentó que la campaña tiene dos objetivos: por un lado, generar una toma de conciencia ante los graves riesgos a los que estamos expuestos como usuarios de Internet, las redes sociales, los sistemas de mensajería y las plataformas colaborativas. 

Y, por otro, contribuir a consolidar una cultura de la prevención digital y de la ciberseguridad.

Finalmente, la Titular de Educación señaló que se ha inculcado a los integrantes de las comunidades de aprendizaje, valores fundamentales “como la importancia de proteger nuestras redes sociales; ser cautelosos con los enlaces que recibimos y mantener actualizados los equipos; esto es no proporcionar más datos de los necesarios y, sobre todo, a gente que desconocemos”.

El presente articulo es propiedad de Excelsior

Redacción (2021) Promueve Educación que las y los alumnos cuenten con ambientes digitales seguros. Excelsior. Recuperado el 10 de Marzo del 2021 en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/promueve-educacion-que-las-y-los-alumnos-cuenten-con-ambientes-digitales-seguros/1437182

Dejar de usar Whatsapp no garantiza la privacidad de los usuarios

DGS UNAM | Desinformémonos

Sábado 23 de enero de 2021

Ante la polémica por las nuevas políticas en el manejo de datos personales en WhatsApp, Luis Ángel Hurtado Razo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, recomendó continuar con el uso de esta aplicación, ya que si además se tiene una cuenta en Facebook, Instagram, o en ambas, los datos siguen vertidos en estas redes sociodigitales.

Dijo que la idea de que alguien se introduzca al hilo conductor de las comunicaciones en WhatsApp, Facebook o Instagram y las publique, es falsa, es un mito. Y explicó que se trata de un algoritmo (conjunto de instrucciones o reglas que permiten solucionar un problema) que traducirá estas pláticas para almacenarlas en algún servidor.

“El problema que tenemos con WhatsApp son las políticas de privacidad. El fenómeno de la vulnerabilidad de las tres redes sociales del conglomerado de Mark Zuckerberg se dio a conocer cuando una empresa de corte inglés, mejor conocida como Cambridge Analytica, en 2016 o 2017 dio a conocer la fuga de datos personales que vertíamos en estas aplicaciones”, explicó.

El universitario detalló que el tema de los datos personales no se refiere a nombres, direcciones o números telefónicos, sino a las acciones que hacen los usuarios de estas redes sociodigitales, como dar clic en “me gusta” a una publicación o ingresar a juegos que invitan a saber qué personaje somos de tal película, serie o programa de televisión de acuerdo con nuestra personalidad, porque a partir de eso se configura la “huella digital” de una persona.

Añadió que de esta manera todos los días se fuga información, y Facebook no lo impide. La incertidumbre radica en el supuesto de la protección de ésta; es decir, ¿dónde estarán guardados?, ¿bajo qué criterios?, o si una tercera empresa podrá vulnerarlos, como el escándalo que hubo por el anuncio de Cambridge Analytica.

“Es un mito también que dejar de usar WhatsApp garantiza la privacidad, porque la internet no asegura nuestros datos y están latentes a ser públicos. Es un hecho que aplicaciones como Telegram, Signal u otras ofrezcan privilegiar la intimidad a través de funciones como autodestrucción de mensajes o negar capturas de pantalla, pero la verdadera clave se encuentra en la configuración de todas estas aplicaciones y si seguimos sin usarla, nuestra información seguirá expuesta”, enfatizó.

Cifras desafiantes

De acuerdo con datos recientes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta febrero de 2020 había en México aproximadamente 83 millones de personas con acceso a la red, de ellas cerca de 82 millones tenían cuenta de Facebook; la segunda aplicación más utilizada era WhatsApp, con un total de 74 a 76 millones de usuarios.

“En agosto de 2020, ya con la COVID-19, el IFT reportó alrededor de 105 millones de mexicanos que tenían acceso a internet; es decir, hubo un avance en la conectividad en medio año, lo que teníamos que avanzar en cinco, y esto se dio por el apogeo del teletrabajo, la educación a distancia y el comercio en línea. Siguiendo con las métricas, 100 millones de mexicanos ya usaban Facebook y cerca de 91 millones, WhatsApp”, aseveró Hurtado Razo.

El 11 de enero de 2021 Telegram dio a conocer que contaba en el mundo con alrededor de 500 millones de usuarios. La empresa informó que en nuestro país hubo una migración en promedio de 10 millones de personas a partir del anuncio de cambios en políticas de privacidad de WhatsApp.

“Estas últimas cifras son reflejo de la confusión que existe con las nuevas políticas de WhatsApp, que vinieron acompañadas con los hechos que ocurrieron en el Capitolio, en Estados Unidos, y la suspensión de la cuenta de Donald Trump por el discurso de odio. Todo viene de la mano, porque el conglomerado de Zuckerberg ha sido duramente cuestionado en políticas de redes sociales”, apuntó.

¿Qué podemos hacer?

El experto en Comunicación Política Digital destacó que si se quiere tener privacidad no se debe usar internet, porque el usuario siempre está expuesto ya sea de manera individual, empresarial o gubernamental. Por ello, recomendó pensar bien lo que se va a compartir en el espacio digital y revisar cuidadosamente las políticas de privacidad de las redes sociales antes de abrir una cuenta o bajar una aplicación.

“Debemos tener conciencia con lo que estamos generando todos los días en las redes sociodigitales, porque una malinterpretación que hagamos o una información que saquemos de contexto o que no verifiquemos puede generar problemas de infodemia, desinformación digital y de posverdad”, advirtió.

Luis Ángel Hurtado Razo alertó la existencia de empresas que se financian no de donativos, sino de compartir los datos o metadatos que cada persona arroja a partir de sus conversaciones, ofertando esa información a negocios de publicidad, a partidos políticos o gobiernos; algunos de estos lo hacen con el fin de focalizar ciertos anuncios en las pantallas.

Publicado originalmente en DGCS UNAM

DGCS UNAM (2021). Dejar de usar Whatsapp no garantiza la privacidad de los usuarios. Desinformémonos. Recuperado el 25 de enero de 2021 de: https://desinformemonos.org/dejar-de-usar-whatsapp-no-garantiza-la-privacidad-de-los-usuarios/

Piden protocolo de atención a víctimas de violencia de género en Hidalgo

Ignacio García | Servicio Especial de la Mujer

Miércoles 2 de Diciembre de 2020

SemMéxico. Hidalgo. 2 de diciembre de 2020.- Integrantes del Frente Nacional por la Sororidad pidieron a los legisladores locales que incluyan en la propuesta de armonización de la Ley Olimpia en Hidalgo un protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia de género en las plataformas digitales.

Luz Lizbeth González, representante de esa organización civil, señaló que en la actualidad no existe un protocolo específico para atender a las mujeres que han sufrido violencia de género, por lo que consideró que se deben tipificar penalmente las conductas de agresión digital hacia las mujeres.

De acuerdo con la activista, es necesario incluir un protocolo para salvaguardar la integridad de las mujeres que han sido violentadas en el estado, pues es uno de los mecanismos que permite conformar un acompañamiento más acorde a las necesidades de la población.

Al respecto, la directora del Centro de Justicia para Mujeres, Margarita Cabrera Román, señaló que en la armonización de la Ley Olimpia se debe incluir la violación a la intimidad sexual, para que el Ministerio Público brinde garantías de protección para brindar seguridad a las víctimas de violencia de género.

Con ello, se logrará que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) cuente con mayores facultades para perseguir los delitos digitales contra las mujeres, por lo que consideró que se debe integrar en el Código Penal Estatal para la conformación de la propuesta final del Congreso local.

Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia del Congreso local, Víctor Osmind Guerrero Trejo, refirió que los planteamientos de los representantes de las dependencias estatales, así como de las organizaciones civiles serán analizados para que se incluyan en la propuesta final que buscar armonizar la Ley Olimpia.

En total se han presentado cinco iniciativas que abordan temas relacionados a la violencia digital contra las mujeres, por lo que los legisladores buscan armonizar la redacción de la misma con la que se aprobó en el Senado de la República para evitar que exista algún elemento que no sea incluido en la regulación.

“El presente artículo es propiedad de Servicio Especial de la Mujer

García, I. (2020). Piden protocolo de atención a víctimas de violencia de género en Hidalgo. Servicio Especial de la Mujer. Recuperado el 3 de Diciembre de 2020 de: https://www.semmexico.mx/?p=29453

Insuficientes, reformas para sancionar violencia digital, afirman defensoras

Anayeli García Martínez | CIMAC Noticias

Lunes 23 de noviembre de 2020

CIMACFoto:: Silvia Núñez Esquer

Ciudad de México. Las reformas para sancionar con cárcel la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, conocidas como ”Ley Olimpia, son insuficientes porque aún faltan mecanismos para aplicar la ley y alternativas de justicia que no sean punitivistas.

Durante el lanzamiento del informe elaborado por Luchadoras “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, que se realizó este lunes, las defensoras de los derechos digitales Angélica Contreras, Agneris Sampieri y Olimpia Coral Melo, coincidieron en que las reformas legislativas son un avance, pero falta avanzar.

Actualmente 30 estados han modificado sus Códigos Penales o sus leyes de Acceso de las Mujeres a Una Vida lIbre de Violencia para sancionar con cárcel y multas los delitos relacionados con la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, pero las defensoras reconocieron que no todas las víctimas desean presentar denuncias ante un Ministerio Público y seguir un proceso penal.

Al hacer un balance sobre los logros y retos de estas reformas, y de la modificación normativa que avanza a nivel federal después de ser aprobada en el Senado, la abogada de la organización R3D, Agneris Sampieri, expuso que no todas las personas buscan las mismas formas de justicia. Hay quienes solo desean que se elimine el contenido que se difunde sin tener que entrar en un proceso legal, aseguró.

No obstante, los estados se han concentrado en el enfoque punitivista para tipificar conductas y sancionarlas con prisión. En contraste, la defensora señaló que una de las propuestas es capacitar al personal de los Instituto estatales de las Mujeres para que pueda asesorar a las víctimas y ser intermediario entre ellas y las plataformas de contenidos donde se difunde la violencia.  

Sampieri expuso que una de las inconsistencias de las reformas es dar facultades a los Ministerios Públicos para realizar diligencias que ponen en riesgo la evidencia, como eliminar contenido, algo que es riesgoso porque los jueces deben conocer toda la evidencia. Sin embargo, dijo, las reformas no contemplan que las imágenes, textos o videos que está haciendo daño pueden ser ocultados y al mismo tiempo preservados para la investigación.

La defensora también destacó que hacen falta medidas de prevención enfocadas en mujeres jóvenes, quienes son las principales afectadas de estas conductas. Sampieri expuso que las consecuencias de esta violencia van más allá de una sanción penal, pero hay que entender que una denuncia no es igual a cárcel y que es necesario reconocer otras formas de reparación como el pago de costos del proceso, atención psicológica para las víctimas o terapias para el agresor.

Por su parte, la defensora e impulsora de las reformas en los congresos locales, Olimpia Coral Melo, expuso que a pesar de que el escenario que muestra el informe es desolador, porque menos del 20 por ciento de las carpetas relacionadas con difusión de contenido íntimo siguen en trámite, parte de la resistencia feminista es exigir justicia.

Señaló que este informe es esperanzador si sirve para abrir los ojos a las autoridades y evidenciar que se están aprobando reformas a las que no se les da continuidad para su implementación y llamó a las mujeres que son víctimas de violencia digital a no tener miedo. Dijo que si bien el sistema de justicia “está podrido “, es suficiente con que una mujer encuentre justicia al ver en prisión a su agresor.

La defensora señaló que hay disparidad en las reformas por la poca atención de los congresos para llevar a cabo el proceso legislativo, de ahí que son pocos los estados donde se han emitido protocolos o unidades de atención a delitos contra la intimidad sexual. No obstante, afirmó que las reformas no son la panacea pero nombran este problema y por tanto ya no hay excusas para sancionar estas conductas.

A su vez, la defensora de Aguascalientes, Angélica Contreras, destacó que en el estado, 80 por ciento de las mujeres que han sido violentadas y que fueron consultadas sobre esta violencia dijeron que decidieron no contarle a nadie. Por otra parte, las mujeres, expuso, desconocen a quién acudir o cuando denuncian son revictimizadas. 

La defensora destacó el caso de una joven que fue a denunciar el incumplimiento de la “Ley Olimpia”, pero le dijeron que eso no existía. Aunque no hay una ley como tal, existe una  reforma en la materia. A otras mujeres, les dicen que si no llevan golpes no hay violencia.

En su participación señaló que falta concientizar a las autoridades de su obligación de atender las denuncias sin revictimizar, porque “ya todo está en papel”, pero falta que se ejecute. Contreras agregó que un espacio olvidado son los centros educativos donde las estudiantes que denuncian son sancionadas con suspensión de clases, cambio de grupo o con quitarles el teléfono.

Las defensoras también señalaron que es necesario visibilizar conductas que no deben considerarse normales, como esta difusión sin consentimiento de contenido íntimo, ofrecer acompañamiento informado a las mujeres y exigir políticas públicas para implementar las reformas vigentes en los estados.

20/AGM/LGL

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García Martínez, A. (2020). Insuficientes, reformas para sancionar violencia digital, afirman defensoras. CIMAC Noticias. Recuperado el 24 de noviembre de 2020 de: https://cimacnoticias.com.mx/2020/11/23/insuficientes-reformas-para-sancionar-violencia-digital-afirman-defensoras

Ley Olimpia avanza en el Senado

Redacción SemMéxico

04 de noviembre de 2020

  • Incluyeron en el dictamen combate de estereotipos sexistas o difusión de discurso de odio contra las mujeres en medios de comunicación
  • Establecieron pena de tres a seis años de prisión a quien viole la intimidad sexual

SemMéxico. Cd. de México. 04 de noviembre 2020.- Hoy las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, en el Senado de la República, aprobaron por unanimidad la Ley Olimpia, que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet o redes sociales, así como las agresiones en contra de las mujeres en medios de comunicación.

Las y los senadores fortalecen el Dictamen aprobado en San Lázaro, incluyendo la violencia digital y la violencia en medios de comunicación contra las mujeres en el Código Penal Federal.

Las sanciones ante estas conductas incluyen una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientos a mil Unidades de Medida y Actualización.

El mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza o cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

A lo anterior la senadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género Martha Lucía Micher Camarena explicó que el dictamen modifica la minuta que envió la Cámara de Diputados, para incluir a la violencia digital como una modalidad que abarca todas las agresiones en contra las mujeres, niñas y adolescentes que se producen en dicho ámbito.

Micher Camarena señaló, que se incorporó en la minuta, la violencia que se desarrolla en los medios de comunicación y que no contemplaba la propuesta de la colegisladora y la tipificación de estos delitos en el Código Penal Federal.

Dictamen en el Senado

También las Comisiones Unidas precisaron en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización.

Hechos que le cause a dicha persona daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

La violencia mediática, en tanto, se define como todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

Precisa que este tipo de agresión se ejercerá por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.

Las reformas disponen que, para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la Jueza o Juez, ordenarán de manera inmediata, como medidas de protección, a las empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios, o videos relacionados con la investigación.

Entre otros cambios a la minuta, las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.

Las Comisiones Unidas establecieron en el Código Penal Federal que comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

Así como quien video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

Estas modificaciones serán enviadas al Pleno del Senado para su aprobación y también se regresará a la Cámara de Diputados para su análisis.

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Redacción. (2020). Ley Olimpia avanza en el Senado. SemMéxico. Recuperado el 05 de noviembre de 2020, de https://www.semmexico.mx/?p=28216

Grupos de derechos digitales, humanos y democráticos recibirán apoyo de 3 mdd en AL

Mauricio Hernández Armenta, Forbes

12 de agosto, 10:00 am

Pulsante es una iniciativa que tiene como objetivo, crear un fondo de respuesta rápida para apoyar a organizaciones y movimientos sociales que trabajan en estos temas en la región.

A través de las fundaciones Luminate, Open Society Foundations y Fundación Avina, diversas organizaciones de derechos digitales, humanos y democráticos recibirán un apoyo de 3 millones de dólares en Latinoamérica para ampliar su acción y espacio cívico.

Pulsante es una iniciativa que tiene como objetivo, entre otras cosas, de crear un fondo de respuesta rápida para apoyar a organizaciones y movimientos sociales que trabajan en estos temas en la región.

Esta iniciativa detalla que ante las amenazas a la democracia en Latinoamérica, buscará financiar y apoyar a aquellos que luchan por protegerla. En el estado actual de emergencia por la pandemia, la toma de decisiones por parte de los gobiernos, en algunos casos, ha tensado significativamente sus relaciones con la ciudadanía.

“En México, la crisis sanitaria, que se transformó en tiempo record en una crisis económica y social, llevó a profundizar muchas de las problemáticas que ya se vislumbraban antes del Covid-19 y que ahora arrojan datos preocupantes en temas como violencia de género, capacidad de atención del servicio de salud pública y la certidumbre económica”, detalla la iniciativa.

Para abordar estos retos, Pulsante busca fortalecer y ampliar el espacio cívico mediante la consolidación de una ciudadanía activa que pueda influir en las relaciones de poder, incluir voces que tradicionalmente han sido excluidas y, consecuentemente, contribuir a la mejora de la calidad de nuestras democracias.

“Hoy México vive con niveles de impunidad que ascienden al 90%, y es el país con más altos niveles de corrupción dentro de los miembros de la OCDE. El fortalecimiento del espacio cívico necesita, más en un contexto de emergencia sanitaria, de la construcción de una participación ciudadana incluyente e intersectorial que pueda contribuir al fortalecimiento de movimientos como #MeToo que muestran la violencia y exclusión que vivimos las mujeres y ayudar a la construcción de democracias más justas e inclusivas.” Lucía Abelenda, gerenta de Programa, Fundación Avina.

Para lograr este objetivo, se invertirán 3 millones de dólares en el periodo 2020-2023 en toda la región, a través de apoyo a:

● Campañas de respuesta rápida enfocadas en lograr victorias específicas, en momentos sensibles de oportunidad para proteger el espacio cívico y los
derechos humanos.

● Organizaciones de empoderamiento cívico que fortalezcan la
experimentación con prácticas innovadoras democráticas que incrementen el poder ciudadano, mejoren la calidad de la democracia, y garanticen mayor justicia social.

● Movimientos sociales que buscan impulsar reformas para hacer las
democracias más transparentes, participativas y representativas.

Adicionalmente, la iniciativa invertirá recursos en mejorar la capacidad institucional de los movimientos y organizaciones sociales, y en fomentar el diálogo regional sobre la democracia, basando ambos esfuerzos en las innovaciones democráticas que sean apoyadas.

Pulsante también lanzó su Fondo de Respuesta Rápida (FRR), que brindará a las organizaciones y movimientos sociales apoyo financiero y técnico para aprovechar las ventanas de oportunidad para promover debates públicos y participación cívica.

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Hernández Armenta, M. (2020). Grupos de derechos digitales, humanos y democráticos recibirán apoyo de 3 mdd en AL. Forbes. Recuperado el 12 de agosto de 2020, de https://www.forbes.com.mx/grupos-de-derechos-digitales-humanos-y-democraticos-recibiran-apoyo-de-3-mdd-en-al/