Nueva técnica convierte plástico usado en combustible para aviones en tan solo una hora

Investigadores de la Universidad Estatal de Washington, han dicho que ahora es posible convertir bolsas y botellas plásticas en ingredientes para combustible de aviones, de manera eficiente, barata y en corto tiempo.

AJGOD | Cadena Política

Reciclar polietileno

La contaminación por plástico constituye una de las crisis ambientales más urgentes por resolver. Desde hace años, científicos de todo el planeta buscan formas alternativas y desarrollan estrategias para reducir la cantidad de plásticos. Durante décadas, la forma más común de reciclar los productos plásticos ha sido mediante pirólisis, que es la degradación causada por altas temperaturas. De esta forma se pueden producir combustibles o nuevos productos sintéticos.

Claro que este tipo de procesos tiene sus desventajas. Una de ellas es que necesita una temperatura de 400 grados Celsius, en promedio. Reciclar el plástico con métodos químicos también es una opción, pero desafortunadamente requiere de mucho tiempo y resulta engorroso y costoso para la industria. Sin embargo, investigadores de la Universidad Estatal de Washington publicaron enChem Catalysis una estrategia eficiente para convertir polietileno en combustible de avión y lubricantes.

El polietileno es uno de los polímeros plásticos más comunes, debido a su bajo precio y simplicidad de producción. El equipo, liderado por Hongfei Lin, ha conseguido convertir el 90% de polietileno en material para combustible y productos de hidrocarburos en una hora y a 220°C. Ello ha sido posible gracias a una técnica que combina rutenio, como catalizador del proceso, y hexano, como solvente. La reacción química degrada el polietileno en los productos que son, básicamente, los ingredientes para producir combustible para aviones.

Ajustando el proceso

Chuhua Jia, coautor de la investigación y estudiante del profesor Hongfei Lin, dijo que se sorprendió al ver lo bien que funcionaba la combinación del catalizador con el solvente. Sólo algunos ajustes en el proceso, como reducir la temperatura y precisar las concentraciones del metal de transición, fueron críticos para conseguir la eficiencia del método. «La aplicación de este proceso eficiente puede proporcionar un enfoque prometedor para producir selectivamente productos de alto valor a partir de polietileno de desecho», comenta Lin.

La nueva técnica de reciclaje de plásticos es muy prometedora, no solo por el tiempo reducido, sino por lo flexible que es. Puede ser aplicada en distintos tipo de plásticos, no solo el polietileno. «Dependiendo del mercado, pueden sintonizar qué producto quieren generar», asegura el profesor Lin. El equipo ha presentado este método a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y están a la espera de una respuesta. Aunque, más allá de asegurar la aprobación para la patente, lo que se busca es escalar esta tecnología y posicionarla en las instalaciones de producción y reciclaje de plásticos.

«En la industria del reciclaje, el costo es clave», explica el profesor Lin. Por ello, su trabajo es realmente un hito al demandar poco tiempo y bajos costos en el proceso. Sin duda, es un gran avance en nuestra lucha contra la contaminación por plásticos.

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AJGOD. (2021). Nueva técnica convierte plástico usado en combustible para aviones en tan solo una hora. Recuperado el 27 de mayo del 2021 en: https://cadenapolitica.com/2021/05/27/nueva-tecnica-convierte-plastico-usado-en-combustible-para-aviones-en-tan-solo-una-hora/

68 áreas naturales “protegidas” tienen suelo concesionado a mineras

El gobierno mexicano realiza una revisión de las concesiones que se entregaron 1.5 millones de hectáreas de santuarios y parques nacionales. Entre las concesiones hay 49 en etapa de desarrollo, informó María Luisa Albores

Daniela Pastrana, Pie de Página, recuperado de Lado B

20 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Iván Casteneira | Archivo Pie de Página 

Daniela Pastrana

Santuarios, parques nacionales, reservas de biósfera y áreas de protección de flora y fauna. Nada se ha salvado en México de la expansión masiva de las concesiones mineras en este milenio.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 7.7 por ciento de la superficie que debería ser protegida por las leyes ambientales mexicanas fue concesionada a empresas mineras durante las últimas tres administraciones. Ese porcentaje equivale a 1.5 millones de hectáreas, distribuidas principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur, donde se ubican 45 proyectos mineros.

Dicho de otro modo: hay mil 609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de 68 de las142 “áreas naturales protegidas” en superficie terrestre del país.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, presentó la información este miércoles durante la conferencia presidencial. La funcionaria explicó que las concesiones entregadas en estas áreas son de diferentes categorías: 75 por ciento con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63 por ciento de reserva de biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios y 15 por ciento en parques nacionales.

“Es lo que encontramos cuando llegamos a la administración -dijo- Albores-: 503 (de estas concesiones) están en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión, y seis operaciones mineras cerraron”.

Albores explicó que la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas. “Si lo sumamos en superficie, es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería”, dijo.

También explicó que el territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años.

Mineras sacaron en 12 años seis veces más oro que en toda la Colonia

México ha registrado en las últimas décadas un aumento inédito de la extracción de minerales. De 2006 al 2018, la industria minera extrajo más de mil 59 toneladas de oro, “lo que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia”, dijo Albores.

A eso se agrega otro problema: el agua que requiere esta industria para operar.

La funcionaria explicó que hay aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga. El volumen concesionado equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua.

“El agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua”, dijo.

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*Foto de portada: Iván Casteneira | Archivo Pie de Página 

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Pastrana, D. (2021). 68 áreas naturales “protegidas” tienen suelo concesionado a mineras. Lado B. Recuperado el 21 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/68-areas-naturales-protegidas-tienen-suelo-concesionado-a-mineras/

Talan bosque con apoyo de alcaldesa que busca reelegirse

Arturo Contreras Camero | Pie de página

Jueves 20 de mayo de 2021

Aproximadamente 9 hectáreas del Área Natural Protegida del paraje el Perlillal en el cerro del Ajusco han sido taladas para cultivar. Estas zonas boscosas sirven para regular la temperatura de la Ciudad de México. Foto Duilio Rodríguez

Un grupo de ejidatarios taló 9 hectáreas en el área natural protegida del Ajusco, lo que sería un delito ambientalpara ello recibieron el apoyo de la alcaldía La Magdalena Contreras. Semanas antes, la alcaldesa con licencia de la demarcación, Patricia Ortiz, arrancó su campaña de reelección con el espaldarazo de estos ejidatarios, con quienes promueve la creación de proyectos productivos

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Duilio Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde esta parcela en la cordillera del Ajusco, la vista de la ciudad es espectacular. Los restos del lago de Texcoco se miran como un espejo celestial al final de la mancha urbana, allá por donde iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta hace unos meses, este páramo estaba oculto por el bosque, y la vista, escondida detrás de las ramas.

A las orillas de la parcela, bordeando la tierra recién removida, unos pilotes de madera empiezan a dibujar un cerco. La madera se ve fresca, tierna, está recién cortada. “Esto es un delito ambiental”, dice tajante uno de los ejidatarios que guían el recorrido por esta porción del bosque recién destruido. El grupo pide anonimato por miedo a represalias políticas.

En medio de una de las parcelas un trascabo está estacionado. Por las marcas en la tierra, los pobladores deducen que el día anterior quien usó la retroexcavadora acarreó los árboles removidos a la orilla del terreno desde la que miran. Detrás de ella, un tractor, con el logotipo del gobierno de la alcaldía Magdalena Contreras, como el que ha estado en el paraje en los últimos días, removió la tierra para dejarla lista para la siembra. Este paraje está a resguardo por los ejidatarios de San Nicolás Totolapan, ellos pueden decidir su aprovechamiento y uso; sin embargo, al ser área de conservación, no está permitido desmontar el bosque.

El terreno, según se dice entre los ejidatarios, es propiedad de Rodolfo Terán, comisario ejidal de San Nicolás Totolapan, quien se lo compró a otro ejidatario. A lo largo de la última década, este comisario ha ganado poder político y territorial, por lo que es un actor importante para las campañas electorales en curso. Tanto, que desde antes del inicio de la campaña, Patricia Ortiz Couturier, alcaldesa con licencia de la demarcación que busca reelegirse, se acercó a él para sumarlo a la colección de apoyos políticos. Además del espaldarazo del ejidatario, Couturier conjuga la simpatía de uniones de tianguistas, taxistas y transportistas.

En distintas zonas del Área Natural Protegida del Ajusco es posible ver aserrín producto de la tala ilegal de oyameles y ocotes. Foto Duilio Rodríguez.

“Esta mancuerna es sumamente importante para Contreras, porque buscamos impulsar, durante 2021-2024, diferentes proyectos en favor de la naturaleza y el campo”, dice un mensaje en las redes sociales de la candidata a alcalde del 13 de mayo pasado, cuando Rodolfo Terán se sumó a la campaña.

https://twitter.com/Paty_OrtizC/status/1392975660675702790

Rodolfo Terán, el comisario que no era ejidatario

“La gente cree que es como un semidiós y les hablas mal de él y lo protegen. Es inteligente, es un tío que sabe manejar a la gente. Más que inteligente, es astuto, porque sabe manejar las necesidades del pueblo”, dice sobre el comisario uno de los estos ejidatarios del recorrido.

En el Área Natural Protegida del Ajusco está estacionado un trascabo con el que se han derribado árboles y removido tierra, al fondo es posible ver la Ciudad de México. Foto Duilio Rodríguez.

Los demás concuerdan. Lo describen como un cacique de la vieja escuela. El comisario paga con favores a su círculo de ejidatarios cercanos y atropella los derechos de los que se le oponen.

A pesar de ya haber sido comisario de 2013 a 2016 y de fungir en el cargo desde 2018, Rodolfo Terán no era ejidatario de San Nicolás Totolapan hasta hace un año. “Se hizo ejidatario de manera amañada, primero disque le compró los derechos ejidales a Gabriel Mendoza”, cuenta otro de los ejidatarios de la comitiva. 

Eventualmente un tribunal agrario aceptó que la cesión de derechos ejidales de Gabriel Mendoza a Rodolfo Terán no era válida, por lo que su ejercicio de 2013 a 2016 no fue legítimo. Antes de morir, Gabriel Mendoza recibió amenazas y fue agredido físicamente por Rodolfo, según cuentan los ejidatarios. No obstante, a la muerte de Gabriel, Rodolfo heredó sus derechos comunales, supuestamente bajo la voluntad del occiso, lo que lo amparó para un segundo periodo como comisario.

El comisariado es el órgano encargado de manejar los recursos de conservación forestal que asigna el gobierno federal o el de Ciudad de México; por ejemplo, hasta antes del gobierno de Claudia Sheinbaum por cada una de las mil 800 hectáreas de bosque que cuenta el ejido se le asignaban cerca de mil pesos mensuales como presupuesto de conservación. Ahora, el presupuesto se eleva a 6 mil pesos por hectáreas; sin embargo, este dinero no ha servido para detener la tala clandestina, la invasión y el deterioro del suelo de conservación. 

Desde su llegada al comisariado ejidal, Rodolfo Terán se interesó en la parcelación y titulación de las tierras ejidales; a través de su inscripción en el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, el Fanar. Se trata de un fondo que otorga recursos por la conservación del territorio ejidal; sin embargo, sus intenciones apuntaban más a la especulación inmobiliaria de terrenos urbanizables en los linderos de la carretera Picacho-Ajusco. 

El delito ambiental

Unos días antes de que iniciaran los trabajos en este pedazo de monte, un incendio azotó estas tierras. Entre la tierra suelta aún se ven las bases de pastizales quemados. En algunos, la naturaleza brota en retoños.

“Es posible que el incendio lo hayan provocado ellos mismos, es una manera más rápida de desmontar y meter los tractores”, dice con suspicacia uno de los ejidatarios.

No lo pareciera, pero ésta es una escena de crimen. La tierra lista para la siembra y los árboles talados constituyen varios delitos ambientales entre los que cuenta la remoción de suelo de conservación, la tala clandestina y el cambio de uso de suelo forestal, todo realizado con maquinaria de la alcaldía. 

“Aquí se supone que hace unos días –alrededor del jueves 13 de mayo– subió la Corena, la coordinadora Silvia Philippe”, cuentan los ejidatarios. “Los agarraron con las manos en la masa, y uno supondría que van a hacer las denuncias pertinentes”. Pero hasta el momento, los trabajos en la zona continúan.

Según una medición hecha a través de fotografías satelitales de las plataformas de Google, los habitantes identifican un área bardeada de cerca de 9 hectáreas, de las cuales 5 están listas para su aprovechamiento agrícola. 

“El dinero para hacer todo esto –dice otro de los ejidatarios mientras mira alrededor– sí requiere una inversión fuerte. La mano de obra son de al menos 2 o 3 mil diarios, y sí lleva más de 25 o 30 días; más la renta de la maquinaria y los motosierreros que vinieron a cortar los árboles, aunque seguro a ellos les pagaron con la misma madera que sacaron. Se las llevan supuestamente con un permiso de uso doméstico, aunque esa madera debería ser solo de la que se cae, no de la que cortan”.

Los «motosierreros» son personas que se dedican al procesamiento de madera del bosque. A pesar de que su labor es ilegal, la tala clandestina en la zona permite su proliferación.

Es probable que el cambio de uso de suelo de esta parcela, especulan los ejidatarios, sea para inscirbirla en el programa federal Sembrando Vida. Con ello, el ejido de San Nicolás ganaría una asignación de recursos mayor a la que tiene por los servicios de conservación que presta.

Habitantes de la zona aseguran que quienes están talando el bosque pretenden apoderarse de más hectáreas del área de conservación. Foto Duilio Rodríguez.

¿Detener la urbanización con un muro?

Además de la tala y el cambio de uso de suelo ejidal y de conservación, durante las últimas décadas San Nicolás Totolapan ha visto cómo sus tierras fueron devoradas por la voraz mancha urbana. La invasión de terrenos, seguida de la creación de asentamientos irregulares llenó el estos cerros de casitas.

Para detenerlo, el comisariado ideó una solución que solo promovió más urbanización: la creación de un muro para separar el bosque de la selva de concreto. Soluciones como estas se han intentado alrededor de colonias como los Pedregales de San Nicolás que rodean a la colonia Héroes de Padierna; en las faldas del Ajusco. El resultado: alrededor del muro se crean servicios de luz, pavimentación y drenaje, lo que facilita a los invasores instalarse en los linderos acelerando la misma urbanización que se buscaba evitar.

Por si fuera poco, las personas del recorrido aseguran que la asignación de los recursos para la construcción de este muro es irregular; nunca se consultó en la asamblea correspondiente, el fin, asegura un ejidatario es ganar control político:

“Se está fortaleciendo él, porque tiene recursos para hacer estas cosas y se las está invirtiendo la campaña de Patricia Ortiz. Van a todas las colonias en donde carecen de servicios como Tierra Colorada, El Gavillero, la parte alta de Iztlahuatonco, en vía chiquita, El rincón, en Los cedros, La Agüita, Totolapan, en donde ellos tienen el dispendio de agua bien controlado pues llegan, prometen regularización y así se van”.  

Durante la campaña de la alcaldesa con licencia, los recorridos por algunas de estas colonias ha sido particularmente bien recibido.

“El presente artículo es propiedad de Pie de Página“.

Contreras Camero, A. (2021). Talan bosque con apoyo de alcaldesa que busca reelegirse. Pie de Página. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://piedepagina.mx/talan-bosque-con-apoyo-de-alcaldesa-que-busca-reelegirse/

“Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola

Erika Lozano, Desinformémonos

19 de mayo de 2021

Foto: Equipo Indignación

Ciudad de México | Desinformémonos. “Es un triunfo para el pueblo de Homún, nunca pensamos que esto se pudiera dar, pero no bajamos la guardia y ganamos”, explica José May en entrevista telefónica con Desinformémonos. El integrante de Kanan Ts’ono’ot, organización que ha luchado desde hace más de tres años contra una granja porcícola, recalca la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respete las costumbres y la decisión del pueblo.

Este miércoles, el máximo Tribunal confirmó la suspensión de la fábrica porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). La empresa dejó de operar desde octubre de 2018, cuando la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón otorgó un amparo promovido por seis niñas y niños de Homún, comunidad maya de Yucatán que se encuentra en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, de acuerdo con información de la organización Indignación.

“Estamos muy contentos, pues como pueblo decidimos que no queríamos la granja, hicimos una consulta y el pueblo dijo que no”, indica el defensor del territorio y añade que “los empresarios no apoyan a las comunidades”, y que lo que ocurre en Homún también pasa en otros lugares de México.

José May explica que cuando comenzó el conflicto con la granja porcícola, los integrantes de Kanan Ts’ono’ot fueron a escuelas y preguntaron a los niños y niñas qué pensaban de este problema, ellos decían que no querían que se contaminaran los cenotes. May dice que la participación de los niños ayudó a concientizar a la comunidad, pues en un inicio mucha gente no estaba de acuerdo pero ahora defienden su derecho al agua y al medio ambiente sano.

“Estamos luchando por el agua y para que no se contaminen nuestros cenotes, con esta decisión (de la Corte) se están respetando nuestras costumbres y esperamos que sirva para otras comunidades”, dice el defensor y añade que estarán a la espera de que se otorgue la clausura definitiva de la granja, y seguirán en la lucha “hasta donde tengan que llegar”.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Lozano, E. (2021). “Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola. Desinformémonos. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/un-triunfo-para-el-pueblo-de-homun-confirma-scjn-suspension-de-granja-porcicola/

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación

El 14 de mayo el ayuntamiento de Juan C. Bonilla clausuró la planta de Bonafont después de que durante casi dos meses habitantes cerraran las instalaciones denunciando la falta de agua a causa del extractivismo de la embotelladora

Aranzazú Ayala Martínez (@aranhera), Lado B

18 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

Aunque desde el 22 de marzo habitantes del municipio de Juan C. Bonilla cerraron la planta de Bonafont, y señalaron a la embotelladora por extraer más agua de la permitida y provocar desabasto en los pozos noria de las comunidades, apenas este fin de semana el Ayuntamiento clausuró las instalaciones.

Integrados en la organización “Pueblos Unidos”, vecinos de las comunidades de Zacatepec, Cuanalá y más del municipio, respaldadas por otras de la región de las Cholulas, dieron este martes 18 una rueda de prensa donde informaron que el viernes 14 de mayo el ayuntamiento llegó de manera irregular a poner los sellos de clausura.

Fue personal de Protección Civil quien llegó a poner los sellos pero solo en la entrada principal; se negaron a ponerlos en la puerta trasera, pues argumentaron que ahí nadie los vería. Ese día, los trabajadores del ayuntamiento dijeron a quienes estaban en el plantón que la clausura era por una falta fiscal, debido a un supuesto adeudo de la empresa.

Durante la conferencia de prensa, los pobladores defensores del agua dijeron que consideran que esta acción busca que el plantón, que estará de manera indefinida hasta que se vaya la empresa, “pierda credibilidad y fuerza”, y que tiene que ver con el tema electoral y estrategias de campaña.

Esto porque desde el inicio del conflicto el 22 de marzo de este año, el gobierno municipal no se había presentado ni formado parte de los diálogos, lo cual también señaló la propia Bonafont en una entrevista para LADO B.

Joel Lozano Alameda, actual alcalde de Juan C. Bonilla, ya ha sido denunciado por los habitantes al menos desde 2019, cuando ocurrió el conflicto por la defensa del río Metlapanapa para evitar que las empresas textiles descargaran aguas negras en su cauce. En ese momento, Lozano fue señalado de no querer dialogar con los habitantes inconformes, y apoyar a las empresas.

Lo que llevó a la clausura

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

El gobierno municipal envió el mismo día de la rueda de prensa de Pueblos Unidos, este martes 18, un comunicado donde explica que llevó a cabo siete acciones jurídicas, supuestamente iniciadas desde 2019, que derivaron en la clausura de Bonafont.

De acuerdo con la versión del municipio, el 10 de febrero de 2019 se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial una inspección del impacto ambiental de Bonafont; el 29 de marzo de 2021 (más de dos años más tarde) le pidieron al representante legal de la embotelladora que diera copia de los permisos de impacto ambiental, las cuales aseguran que no fueron presentadas. 

El comunicado, firmado por Joel Lozano, dice que ese mismo 29 de marzo, una semana después del inicio del plantón, se le pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar el tema de impacto ambiental, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausurar la embotelladora ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo. El 7 de abril el municipio pidió a Conagua otra inspección, y el 8 de abril una más a Profepa.

Conagua explicó a LADO B que el 26 de marzo, inspectores de la delegación de Puebla acudieron a Bonafont pero por el bloqueo no pudieron hacer su trabajo, lo cual informaron el 5 de abril al edil Joel Lozano. 

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

La dependencia agregó que el ayuntamiento no puede pedir a Conagua que clausure si no hay condiciones ni siquiera para hacer la inspección, y que será hasta que puedan realizarla cuando determinen si se infringió alguna norma o ley. Mediante su enlace de prensa, Conagua aclaró que las inspecciones se harán “todo en apego a derecho y siguiendo nuestros procedimientos establecidos en la Ley, no por que alguien diga que se debe clausurar.”

En el comunicado, el municipio dijo también que la clausura de Bonafont fue “motivada en procedimientos administrativos en la dirección de protección civil y tesorería municipal”. Mediante su enlace de prensa, el ayuntamiento aseguró que la empresa no se ha acercado a ellos, y dijeron que aclararían a que se refieren con el tema de tesorería municipal pero al cierre de esta edición no hay respuesta aún. 

Por su parte, la persona encargada de medios de Bonafont dijo a LADO B que estaban revisando la información; al momento de esta publicación no se habían tenido noticias de la empresa. 

Al respecto, los integrantes de Pueblos Unidos recordaron que seguirán en el plantón y tomarán sus decisiones mediante asambleas, con base en la organización comunitaria.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Ayala Martínez, A. (2021). Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación. Lado B. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/clausura-ayuntamiento-planta-de-bonafont-en-juan-c-bonilla-habitantes-denuncian-simulacion/

Denuncian abandono y escasez de agua en Tamaulipas

Vecinos de Tamaulipas denunciaron que el servicio de agua potable en el municipio está en el abandono tras la omisión de autoridades

Publimetro México

18 de mayo de 2021

25 MIL MILLONES DE PESOS APROBADOS PARA 2021 EN TAMAULIPAS NO HAN SIDO UTILIZADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

Comerciantes, vecinos y campesinos acusaron a la administración del gobernador Cabeza de Vaca de incumplir con demandas ciudadanas a pesar de comprometerse a resolver diferentes problemáticas que aquejan a esta zona del país.

Señalaron que se hace varios años se dejó de invertir en servicios básicos como el mantenimiento de la red hidráulica, suministro de agua, así como atender el problema de inseguridad.

“Desde 2016 prometieron resolver el problema del agua, pero nunca hicieron nada en realidad; la deficiencia en los servicios públicos, falta de alumbrado público, inseguridad y saqueo del dinero ha quedado evidenciado en la Comapa que enfrenta un adeudo de 60 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, señalaron residentes.

A esto se le suma actos de represión y acoso por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Victoria y del Gobierno del Estado, afirmaron empleados.

Incluso afirmaron que son condicionados a difundir actividades proselitistas de los candidatos del PAN en sus cuentas de redes sociales y también acudir a una serie de eventos, ya que de lo contrario se toman medidas en contra de quienes se oponen.

La situación hizo crisis por lo que llamaron a cerrar filas en este proceso electoral y exigir cuentas a la administración de la entidad, ya que, denunciaron los vecinos, existe un claro abandono en toda la ciudad como calles destrozadas, fraccionamientos con problemas de inseguridad y comunidades ejidales en el olvido.

“El presente artículo es propiedad de Publimetro

Publimetro México. (2021). Denuncian abandono y escasez de agua en Tamaulipas. Publimetro. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/05/18/denuncian-abandono-y-escasez-de-agua-en-tamaulipas.html

Cierran federal a Atlixco: habitantes de Tlaxcalancingo exigen salida de Junghanns

Vecinos de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo cerraron la carretera en ambos sentidos para exigir que no se otorguen permisos para extracción de agua en la zona

Aranzazú Ayala Martínez (@aranhera), Lado B

17 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Aranzazú Ayala

Los integrantes del “Comité en defensa del agua de la calle Guadalupe Victoria, Tlaxcalancingo”, convocaron este lunes a una rueda de prensa e hicieron un cierre de la carretera federal a Atlixco para denunciar las irregularidades y omisiones de las autoridades y la empresa Junghanns, que pretendía perforar un pozo en la comunidad. El cierre duró de mediodía hasta las cuatro de la tarde, cuando terminó el diálogo con los representantes del Ayuntamiento de San Andrés Cholula que llegaron a las dos y media de la tarde.

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Foto: Aranzazú Ayala

El conflicto empezó el 26 de abril, cuando vecinos se dieron cuenta que se estaba rascando un pozo profundo en la calle Guadalupe Victoria #211, dentro de una bodega industrial, casi a un costado del periférico. A partir de ahí crearon el Comité y juntaron firmas para exigir, tanto al gobierno como a la empresa, que se clausurara la obra, por lo que fueron personalmente tanto al ayuntamiento de San Andrés Cholula como a la delegación estatal de la Conagua. Pese a que la empresa dijo a los vecinos que tenían todos los permisos correspondientes, el 29 de abril la obra fue clausurada por el ayuntamiento, por no contar con ningún permiso.

El 4 de mayo un representante de Conagua fue a la bodega para hacer una inspección y verificar el estatus del pozo, pero no pudo entrar pues el inmueble estaba clausurado con sellos de Protección Civil. 

El mismo día por la noche, el Comité se reunió con la presidencia, y acordaron que la empresa tenía 48 horas para quitar la maquinaria, y que el ayuntamiento tendría que enviar a personal de Protección Civil a que retirara los sellos y Conagua pudiera hacer la inspección. Además, pidieron que se tapara el pozo; para esto tendría que estar también la Conagua y un “pozero” del pueblo, para cerciorarse cuánto se había rascado realmente de profundidad.

Fue hasta el lunes 10 de mayo cuando se pudo hacer la inspección por parte de Conagua, y se encontró que la empresa ya había tapado el pozo. Esto significa que no respetaron el sello de clausura de la bodega, pues entraron pese a que no podían.

El Comité denunció que también esto puede ser una estrategia para evadir una posible multa de Conagua por extraer agua sin tener los permisos correspondientes.

El jueves 13 de mayo se organizó una asamblea vecinal, en la cual decidieron que no quieren que la empresa Junghanns esté en la comunidad. Al día siguiente, los vecinos se reunieron con autoridades municipales, pero no obtuvieron una respuesta concreta de su parte. 

Pese a que en teoría la obra sigue clausurada, los vecinos han visto entrar y salir a trabajadores, así como camionetas con garrafones de agua.

En la rueda de prensa los integrantes del Comité reiteraron que no son representados por ningún partido. Además, denunciaron la falta de actuación de las autoridades, y exigieron que todos los permisos que tenga la empresa Junghanns para trabajar en Tlaxcalancingo se cancelen definitivamente y no se otorguen nuevos, ni a esa ni a ninguna otra empresa, para cuidar el agua.

A la rueda de prensa asistieron también como apoyo habitantes de Juan C. Bonilla, quienes desde hace meses están en un plantón afuera de la sede de la empresa Bonafont, la cual clausuraron para denunciar que la extracción hídrica de la compañía ha provocado escasez de agua en los pueblos aledaños.

Al término del evento para medios, los vecinos hicieron una pequeña asamblea donde decidieron cerrar la carretera federal a Atlixco en ambos sentidos, para presionar a las autoridades a darles una respuesta clara.

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Foto: Aranzazú Ayala

A las dos y media de la tarde llegaron autoridades y se inició un diálogo entre servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Cholula y el comisionado de la Dirección General del Gobierno del Estado. Cerca de las cuatro de la tarde se reabrió la carretera, después de llegar a acuerdos entre ambas partes. Las autoridades firmaron un documento en el que se comprometieron a no otorgar permisos para la instalación de Junghanns y/o a cualquier otra compañía con el mismo giro, además de designar una unidad de seguridad pública para vigilar la bodega y evitar que se entre a la misma y/o se haga cualquier trabajo en ella.

También se comprometieron a interponer una denuncia penal contra Junghanns por ingresar a la bodega a tapar el pozo cuando todavía estaban los sellos de clausura del ayuntamiento.

Asimismo, las autoridades darán seguimiento ante la Conagua para comprobar que el pozo sea tapado definitivamente, y organizarán un cabildo abierto este martes 18 de mayo para volver a dialogar.

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*Foto de portada: Aranzazú Ayala

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Ayala Martínez, A. (2021). Cierran federal a Atlixco: habitantes de Tlaxcalancingo exigen salida de Junghanns. Lado B. Recuperado el 18 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/cierran-federal-a-atlixco-habitantes-de-tlaxcalancingo-exigen-salida-de-junghanns/

Mordaza legal: al menos 156 defensores ambientales demandados por proteger su territorio en cuatro países de Latinoamérica

Michelle Carrere & Vanessa Romo | Mongabay Latam

Martes 4 de mayo de 2021

  • Los defensores son denunciados y hasta apresados como parte de su protesta contra proyectos mineros, agroindustriales y energéticos.
  • En la mayoría de los casos es el Estado el que los ha denunciado por obstrucción de vías públicas o disturbios, pero también por extorsión y terrorismo.
  • Los expertos señalan que la criminalización cumple un objetivo: desmovilizar a los defensores mediante el miedo, el agotamiento, la estigmatización e incluso la ruina social y financiera. 

Wbeimar Cetina recuerda con una claridad estremecedora los catorce meses en la Cárcel de Arauca, en Colombia, aislado y sin poder recibir visitas por la pandemia. Entre esas cuatro paredes recreaba los últimos momentos vividos con su familia. También volvía una y otra vez sobre los eventos del 10 de febrero de 2020, el día en que un grupo de policías armados con fusiles llamaron a la puerta de su casa para llevárselo preso. Lo acusaron de financiar y ser parte de la guerrilla colombiana. Cetina dice que quien protesta contra la empresa petrolera en Arauca, se convierte de inmediato en un aliado de la subversión.

Siete meses antes, en su Arauca natal, Wbeimar Cetina lideró una gran marcha, como presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, contra lo que ellos consideran abusos ambientales y laborales de la empresa petrolera Occidental de Colombia (Oxy), la que opera en la zona desde la década de 1970. “En este tiempo han acabado con un santuario indígena, han desplazado comuneros y hemos denunciado constantemente derrames de crudo”, dice el líder comunal. La última de estas protestas, la de julio 2019, lo llevó a prisión.

Junto con Wbeimar Cetina, otros seis líderes de Arauca están siendo procesados por rebelión y hasta terrorismo por esa misma protesta y cuatro de ellos están en prisión. Esto le costó al dirigente comunal no solo catorce meses de privación de libertad sino también la ruptura del vínculo familiar. Por eso repite que la cárcel le arrebató hasta su hogar. Ahora espera con temor el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la apelación presentada por la contraparte, pues sabe que su libertad depende de esa decisión.

Lo que ocurrió con Wbeimar Cetina no es un caso aislado. América Latina es un lugar peligroso para los defensores ambientales no solo porque los matan, sino también porque los demandan o criminalizan. Según Front Line Defenders, este es el tercer ataque más recurrente cuando se habla de las amenazas contra líderes y lideresas de la región. La información que da cuenta de este problema, sin embargo, se encuentra muy dispersa. Laura Furones, líder de campaña de Global Witness, reconoce que harían falta muchos más recursos para poder identificar y sistematizar los casos en cada uno de los países de Latinoamérica. Un tema adicional —dijo a Mongabay Latam, Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU)— es el subregistro de actos de criminalización de quienes defienden el medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional”.

Mongabay Latam rastreó en Ministerios Públicos, fiscalías, defensorías del pueblo y 11 organizaciones de derechos humanos de Colombia, México, Ecuador y Perú los casos de defensores ambientales que enfrentan hoy procesos judiciales y construyó una base de datos para dibujar el rostro de esta criminalización.

¿Quiénes son? ¿Qué recursos defienden? ¿Quiénes los denuncian y por qué?

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Lo que dicen los datos

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la criminalizaciónde defensores ambientales ocurre precisamente cuando “el sistema penal de justicia es manipulado” para impedir que estos realicen su labor de defensa de los territorios y del medio ambiente.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Perú (IDL), añade que en estos casos hay dos elementos que deben estar presentes: que la persona denunciada tenga una relación directa con el reclamo o protesta y que los hechos imputados a la persona sean por la defensa de los intereses de una comunidad. “Esto ayuda en un porcentaje importante —explica Rivera— a identificar un acto de represión por la condición de dirigente, por haber levantado su voz de protesta o haber expuesto públicamente los intereses de algún grupo económico contrarios a su comunidad”.

El defensor Dixon Torres durante una protesta del caso Arauca, Colombia. Foto: Dixon Torres

Siguiendo los criterios de la CIDH y de IDL, Mongabay Latam revisó los listados de casos detectados por más de una decena de organizaciones de derechos humanos en Colombia, Perú, Ecuador y México. Luego de filtrar la información y de corroborarla identificamos que por lo menos 156 defensores ambientales tienen procesos judiciales activos en estos cuatro países por ejercer su labor como activistas.

La investigación reveló que en Perú existen 77 casos activos, 36 en Colombia, 22 en México y 21 en Ecuador. Del total de defensores judicializados, 132 son hombres y 24 son mujeres, y 37 de ellos son pobladores indígenas de la Amazonía de Perú y Ecuador.

La situación es tan agobiante y peligrosa en algunos casos, que 13 de los demandados han solicitado mantener en reserva sus nombres por miedo a las represalias y la estigmatización que viven por ser víctimas de esta criminalización.

También identificamos que los sectores más problemáticos que derivan en conflictos ambientales con casos de criminalización asociados, son la minería y la agroindustria, con 58 y 34 personas respectivamente que tienen procesos penales activos.Los delitos más frecuentes por los que se les acusa son obstrucción de vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje.

“La criminalización de los defensores del medio ambiente en América Latina ha sido un problema desde que he trabajado con defensores de derechos humanos”, aseguró Lawlor y agregó que “desde que comencé con el mandato, defensores y la sociedad civil me han señalado repetidamente estos casos”.

https://unidadid.mx/PruebasViz/visualizacionAbusosJudiciales/

“El presente artículo es propiedad de Mongabay Latam“.

Carrere, M.; Romo, V. (2021). Mordaza legal: al menos 156 defensores ambientales demandados por proteger su territorio en cuatro países de Latinoamérica. Mongabay Latam. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://es.mongabay.com/2021/05/mordaza-legal-al-menos-156-defensores-ambientales-demandados-por-proteger-su-territorio/

Tribunal Supremo debe defender suspensión de operación de granja con 49 mil cerdos en la Península de Yucatán

Earth Justice | Biodiversidad LA

Martes 11 de mayo de 2021

Grupos conservacionistas, científicos, médicos y expertos en salud pública presentaron hoy un escrito legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México apoyando los reclamos constitucionales planteados por niñas y niños mayas, que se oponen a la aprobación y operación de una granja industrial de animales en la Península de Yucatán.

Foto: Greenpeace
Tribunal Supremo de México debe defender suspensión de operación de granja con 49 mil cerdos en la Península
 de Yucatán, exigen expertos en salud pública y conservacionistas

La demanda cuestiona la decisión de las autoridades mexicanas de permitir la operación industrial de 49 mil cerdos en un área ecológicamente sensible cerca del pueblo maya de Homún. La decisión de permitir la instalación masiva, a pesar de los riesgos para la calidad del aire, el agua y la salud humana, viola el derecho de las niñas y los niños mayas a un medio ambiente sano, así como la autonomía como pueblo indígena, según dice la demanda.

El caso, que ha resultado en la  suspensión de la operación de las instalaciones, está programado para ser escuchado por la Suprema Corte de México a finales de este año.

“La contaminación derivada de las granjas porcinas industriales ya ha degradado de manera desproporcionada enormes extensiones de tierra y agua de comunidades indígenas en la Península de Yucatán”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Agregar otra mega granja abrumará este frágil ecosistema con excrementos y gases nocivos de animales”.

El escrito amigo de la corte” presentado hoy, detalla evidencia científica sustancial sobre los daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente asociados con las operaciones industriales de granjas porcinas. Estos daños incluyen la contaminación del agua, incluidos los cenotes, la emisión de contaminación atmosférica nociva, la propagación de patógenos peligrosos y la contribución al cambio climático.

Algunas de las personas que se unen al escrito de amigo de la corte” también son autores de la literatura científica citada en el escrito.

“Numerosos estudios científicos proporcionan evidencia de que las operaciones industriales de cerdos liberan contaminantes a las comunidades vecinas, donde afectan la salud y la calidad de vida de los vecinos. Tales operaciones se han asociado con aumentos en los síntomas respiratorios y de asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca”, dijo la Dra. Jill Johnston, profesora asistente de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien se unió al escrito de amigo de la corte”.

Las operaciones de granjas industriales de animales son contaminantes notorios. Se espera que la operación de esta granja en particular genere más de 272 millones de kilogramos de orina y heces cada año, más de lo que genera toda la población humana de Tijuana. Ese desperdicio se almacenará en pozos descubiertos y luego se eliminará en campos cercanos, una práctica empleada por muchas granjas industriales de animales en los Estados Unidos.

“La Península de Yucatán se ve frecuentemente afectada por huracanes, lo que probablemente hará que los pozos de desechos de esta instalación se desborden”, dijo la Dra. Ana María Rule, profesora asistente de salud e ingeniería ambiental y directora del Laboratorio de Evaluación de Exposición de la Universidad Johns Hopkins que se unió al amigo de la corte”. “Ya ha sucedido en los Estados Unidos varias veces en los últimos años, y no hay razón para creer que no sucederá en el ecosistema más frágil y único de la península de Yucatán”.

De hecho, como se documenta en el informe de Greenpeace  La carne que está consumiendo el planeta, el crecimiento desenfrenado de las operaciones industriales porcinas ya ha degradado el aire, el suelo y el agua de la península de Yucatán. Esos daños se agravarán si se permite que la instalación en cuestión funcione sin tecnología avanzada de gestión de residuos.

“La ganadería industrial pone en riesgo nuestra salud y la salud del medio ambiente. Este tipo de producción intensiva está cerca de los centros de población y las ciudades, lo que genera una mayor exposición a las enfermedades. Por eso debemos buscar una transición del modelo agroindustrial, hacia una producción agroecológica, sustentable y saludable que respete los ciclos de la naturaleza y garantice el respeto a los derechos de las personas”, dijo Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México.

La Península de Yucatán alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado intergubernamental que protege humedales espectaculares: Laguna de Términos, Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, Parque Estatal Lagunas de Yalahau y Reserva de la Biosfera Ría Celestún.

La  Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, ubicada en Homún en un sitio de importancia ecológica y mundial, es especialmente vulnerable a la contaminación de la operación de la granja. Los cenotes de la reserva son el hogar de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluidos tres peces: la brótula ciega mexicana, la anguila ciega de cenote y el topote aleta grande.

Los cenotes también brindan áreas de descanso para las aves acuáticas durante su migración hacia el sur, y hábitat vital para especies nativas como la tortuga de caja yucatana, la salamandra lengua de hongo yucateca, la golondrina yucateca y la chara yucateca.

“El derecho mexicano e internacional requiere que las autoridades apliquen el principio precautorio, y el mensaje del principio precautorio es claro: debemos detener los riesgos inaceptables antes de que ocurran daños”, dijo Guillermo Zúñiga Martínez, abogado de Earthjustice. “Las operaciones industriales porcinas envenenan a los trabajadores y las comunidades, y amenazan el entorno único de Península de Yucatán. Las autoridades no deben esperar a que los niños se enfermen antes de reconocer lo que todos saben que es verdad: que es necesaria tecnología avanzada de tratamiento de desechos para proteger a las personas y el medio ambiente, y esta instalación debe adoptar una tecnología funcional avanzada antes de que se reanuden las operaciones”.

El mes pasado, el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una petición formal a las autoridades mexicanas exhortándolas a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas conforme a la legislación mexicana y los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta, sobre la concesión de permisos y la operación de explotaciones porcinas industriales en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Las organizaciones solicitaron al gobierno que aceptara una denuncia popular de 21 comunidades mayas que, solicitan una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas operaciones de granjas cerdos industriales y expansiones de operaciones existentes, hasta que se respeten y resuelvan los derechos del pueblo maya y el daño continuo a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.

“Una extensa investigación científica ha documentado que las operaciones de confinamiento de cerdos a escala industrial que utilizan pozos de desechos y disposición en tierra pueden contaminar las aguas subterráneas, contaminar las aguas superficiales y emitir gases peligrosos al aire”, dijo Kelly Hunter Foster, Abogada Senior de Waterkeeper Alliance. “Está bien establecido que estas prácticas obsoletas representan amenazas sustanciales para las personas y los recursos naturales”.

Earthjustice presentó el escrito de hoy en su propia representación y en nombre del Centro para la Diversidad Biológica, Coastal Carolina Riverwatch, Greenpeace México, Waterkeeper Alliance y los expertos Larry Baldwin, Dr. Lawrence Cahoon, Dr. Meghan Davis, Dr. Mike Fliss, Dr. Jill Johnston, Dr. Robert S. Lawrence, Bob Martin, Dr. Arbor JL Quist, Dra. Ana María Rule, Dr. Kendall Thu, Dr. D’Ann Williams y Dr. Sacoby Wilson.

El Centro para la Diversidad Biológica es una organización nacional de conservación sin fines de lucro con más de 1.7 millones de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies en peligro de extinción y lugares silvestres.

Greenpeace es una organización ambiental global, política y económicamente independiente que busca cambios en las políticas públicas, prácticas corporativas y cultura, para enfrentar las amenazas del cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad a través de campañas disruptivas para incentivar la acción de la gente.

Earthjustice es la principal organización de derecho ambiental sin fines de lucro. Ejercemos el poder de la ley y la fuerza de la asociación para proteger la salud de las personas, preservar los lugares magníficos y la vida silvestre, promover la energía limpia y combatir el cambio climático. Estamos aquí porque la tierra necesita justicia.

Waterkeeper Alliance es un movimiento global que une a más de 350 grupos de Waterkeeper en todo el mundo y centra la acción ciudadana en los problemas que afectan a nuestras vías fluviales, desde la contaminación hasta el cambio climático. El movimiento Waterkeeper patrulla y protege más de 2.75 millones de millas cuadradas de ríos, lagos y costas en América, Europa, Australia, Asia y África.

Fuente:  Earthjustice

“El presente artículo es propiedad de Biodiversidad LA“.

Earthjustica (2021). Tribunal Supremo debe defender suspensión de operación de granja con 49 mil cerdos en la Península de Yucatán. Biodiversidad LA. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://www.biodiversidadla.org/Noticias/Tribunal-Supremo-debe-defender-suspension-de-operacion-de-granja-con-49-mil-cerdos-en-la-Peninsula-de-Yucatan

Con batería de amparos, juez De la Peza congela Ley de Hidrocarburos

Instalaciones de Pemex en Salamanca.
Instalaciones de Pemex en Salamanca. Foto Alfredo Domínguez/ Archivo

César Arellano García y Gustavo Castillo | La Jornada

Miércoles 12 de mayo del 2021

Ciudad de México. El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, también frenó por tiempo indefinido la Ley de Hidrocarburos que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El juez Rodrigo de la Peza otorgó suspensiones provisionales a 18 empresas promoventes que impugnaron la enmienda.

Las resoluciones impiden la entrada en vigor los artículos 51, 57, y 59 Bis, además de los transitorios cuarto y sexto de la reforma que se publicó el 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Con ello sumarían 24 las medidas cautelares concedidas a las compañías quejosas tanto por De la Peza como su homólogo Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica.

Los efectos de esta medida cautelar son de carácter general, es decir, comprenden no solamente a los quejosos, sino a todos los permisionarios de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Asimismo, ordena a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) abstenerse de revocar el permiso de comercialización de los quejosos por no tener la capacidad mínima de almacenamiento de combustible que determine la Secretaría de Energía (Sener).

También resuelve que se evite la suspensión de permisos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, pues tiene hipótesis indefinidas en la legislación.

En su resolución, Rodrigo de la Peza advierte que la reforma a la Ley de Hidrocarburos produce una alteración de las reglas para que las empresas privadas permanezcan en dicho sector. Particularmente, dice, se incluye como requisito para el otorgamiento de permisos que el interesado cuente con la capacidad de almacenamiento que determine la Sener, para el caso de que la CRE o la misma Secretaría no resuelvan una solicitud de cesión dentro del plazo de noventa días.

Asimismo sostiene que se establecen como nuevas causales de revocación de un permiso la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como reincidir en incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos y la modificación de las condiciones técnicas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente, por mencionar algunos.

El juez advierte que existe la posibilidad de que la parte quejosa “demuestre que es contrario al texto constitucional que la empresa productiva del Estado (Pemex) recupere una posición de agente preponderante en el sector, y no sea un participante más del mercado, en perjuicio de la postura que incipientemente han alcanzado las empresas privadas, lo cual merma los motivos sustanciales de la reforma constitucional, dado que una premisa fundamental de la reforma energética, alegadamente, era abrir al libre mercado dicho sector, precisamente con la finalidad de que el Estado mexicano aprovechara de verdad los recursos naturales de su propiedad, y que ello redundara en la satisfacción de las necesidades de los consumidores finales, a precios más asequibles.

En otras palabras, agrega De la Peza, existe la probabilidad de que la parte quejosa demuestre en lo principal que la finalidad de la reforma energética era precisamente lograr la participación de otros competidores y sobre todo, otras tecnologías más eficientes y así asegurar precios más asequibles y abasto continuo de hidrocarburo, y que el decreto reclamado reducirá la inversión del sector privado de hidrocarburos del país, lo cual contraría el sentido y alcance de la reforma constitucional energética, que pretendía alentarla y protegerla.

El juez añade que el decreto reclamado afecta también el derecho de propiedad, reconocido en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque con las medidas legislativas que contiene, que facultan a las autoridades administrativas tanto para cancelar su permiso como para suspenderlo, podrán generársele daños patrimoniales consistentes en las pérdidas de las inversiones que efectuó con base en la confianza legítima a la que se ha hecho referencia, y porque aun en caso de que dichas medidas fueran constitucionalmente válidas, no establece un mecanismo para indemnizar dichos daños.

“El decreto reclamado constituye un cambio imprevisible e intempestivo que rompe con esa vocación de estabilidad de mercado a largo plazo, con lo cual se afecta el derecho fundamental de seguridad jurídica de esas empresas”.

“El presente artículo es propiedad de LA JORNADA”

Arellano, C., Castillo, G. (2021). Con batería de amparos, juez De la Peza congela Ley de Hidrocarburos. La Jornada. Recuperado el 12 de mayo del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/12/politica/con-bateria-de-amparos-juez-de-la-peza-congela-ley-de-hidrocarburos/