El gobierno mexicano realiza una revisión de las concesiones que se entregaron 1.5 millones de hectáreas de santuarios y parques nacionales. Entre las concesiones hay 49 en etapa de desarrollo, informó María Luisa Albores
Daniela Pastrana, Pie de Página, recuperado de Lado B
20 de mayo de 2021
*Foto de portada: Iván Casteneira | Archivo Pie de Página
Daniela Pastrana
Santuarios, parques nacionales, reservas de biósfera y áreas de protección de flora y fauna. Nada se ha salvado en México de la expansión masiva de las concesiones mineras en este milenio.
De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 7.7 por ciento de la superficie que debería ser protegida por las leyes ambientales mexicanas fue concesionada a empresas mineras durante las últimas tres administraciones. Ese porcentaje equivale a 1.5 millones de hectáreas, distribuidas principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur, donde se ubican 45 proyectos mineros.
Dicho de otro modo: hay mil 609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de 68 de las142 “áreas naturales protegidas” en superficie terrestre del país.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, presentó la información este miércoles durante la conferencia presidencial. La funcionaria explicó que las concesiones entregadas en estas áreas son de diferentes categorías: 75 por ciento con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63 por ciento de reserva de biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios y 15 por ciento en parques nacionales.
“Es lo que encontramos cuando llegamos a la administración -dijo- Albores-: 503 (de estas concesiones) están en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión, y seis operaciones mineras cerraron”.
Albores explicó que la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas. “Si lo sumamos en superficie, es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería”, dijo.
También explicó que el territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años.
Mineras sacaron en 12 años seis veces más oro que en toda la Colonia
México ha registrado en las últimas décadas un aumento inédito de la extracción de minerales. De 2006 al 2018, la industria minera extrajo más de mil 59 toneladas de oro, “lo que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia”, dijo Albores.
A eso se agrega otro problema: el agua que requiere esta industria para operar.
La funcionaria explicó que hay aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga. El volumen concesionado equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua.
“El agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua”, dijo.
El 14 de mayo el ayuntamiento de Juan C. Bonilla clausuró la planta de Bonafont después de que durante casi dos meses habitantes cerraran las instalaciones denunciando la falta de agua a causa del extractivismo de la embotelladora
Aunque desde el 22 de marzo habitantes del municipio de Juan C. Bonilla cerraron la planta de Bonafont, y señalaron a la embotelladora por extraer más agua de la permitida y provocar desabasto en los pozos noria de las comunidades, apenas este fin de semana el Ayuntamiento clausuró las instalaciones.
Integrados en la organización “Pueblos Unidos”, vecinos de las comunidades de Zacatepec, Cuanalá y más del municipio, respaldadas por otras de la región de las Cholulas, dieron este martes 18 una rueda de prensa donde informaron que el viernes 14 de mayo el ayuntamiento llegó de manera irregular a poner los sellos de clausura.
Fue personal de Protección Civil quien llegó a poner los sellos pero solo en la entrada principal; se negaron a ponerlos en la puerta trasera, pues argumentaron que ahí nadie los vería. Ese día, los trabajadores del ayuntamiento dijeron a quienes estaban en el plantón que la clausura era por una falta fiscal, debido a un supuesto adeudo de la empresa.
Durante la conferencia de prensa, los pobladores defensores del agua dijeron que consideran que esta acción busca que el plantón, que estará de manera indefinida hasta que se vaya la empresa, “pierda credibilidad y fuerza”, y que tiene que ver con el tema electoral y estrategias de campaña.
Esto porque desde el inicio del conflicto el 22 de marzo de este año, el gobierno municipal no se había presentado ni formado parte de los diálogos, lo cual también señaló la propia Bonafont en una entrevista para LADO B.
Joel Lozano Alameda, actual alcalde de Juan C. Bonilla, ya ha sido denunciado por los habitantes al menos desde 2019, cuando ocurrió el conflicto por la defensa del río Metlapanapa para evitar que las empresas textiles descargaran aguas negras en su cauce. En ese momento, Lozano fue señalado de no querer dialogar con los habitantes inconformes, y apoyar a las empresas.
Lo que llevó a la clausura
Foto: Olga Valeria Hernández
El gobierno municipal envió el mismo día de la rueda de prensa de Pueblos Unidos, este martes 18, un comunicado donde explica que llevó a cabo siete acciones jurídicas, supuestamente iniciadas desde 2019, que derivaron en la clausura de Bonafont.
De acuerdo con la versión del municipio, el 10 de febrero de 2019 se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial una inspección del impacto ambiental de Bonafont; el 29 de marzo de 2021 (más de dos años más tarde) le pidieron al representante legal de la embotelladora que diera copia de los permisos de impacto ambiental, las cuales aseguran que no fueron presentadas.
El comunicado, firmado por Joel Lozano, dice que ese mismo 29 de marzo, una semana después del inicio del plantón, se le pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar el tema de impacto ambiental, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausurar la embotelladora ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo. El 7 de abril el municipio pidió a Conagua otra inspección, y el 8 de abril una más a Profepa.
Conagua explicó a LADO B que el 26 de marzo, inspectores de la delegación de Puebla acudieron a Bonafont pero por el bloqueo no pudieron hacer su trabajo, lo cual informaron el 5 de abril al edil Joel Lozano.
Foto: Olga Valeria Hernández
La dependencia agregó que el ayuntamiento no puede pedir a Conagua que clausure si no hay condiciones ni siquiera para hacer la inspección, y que será hasta que puedan realizarla cuando determinen si se infringió alguna norma o ley. Mediante su enlace de prensa, Conagua aclaró que las inspecciones se harán “todo en apego a derecho y siguiendo nuestros procedimientos establecidos en la Ley, no por que alguien diga que se debe clausurar.”
En el comunicado, el municipio dijo también que la clausura de Bonafont fue “motivada en procedimientos administrativos en la dirección de protección civil y tesorería municipal”. Mediante su enlace de prensa, el ayuntamiento aseguró que la empresa no se ha acercado a ellos, y dijeron que aclararían a que se refieren con el tema de tesorería municipal pero al cierre de esta edición no hay respuesta aún.
Por su parte, la persona encargada de medios de Bonafont dijo a LADO B que estaban revisando la información; al momento de esta publicación no se habían tenido noticias de la empresa.
Al respecto, los integrantes de Pueblos Unidos recordaron que seguirán en el plantón y tomarán sus decisiones mediante asambleas, con base en la organización comunitaria.
Vecinos de Tamaulipas denunciaron que el servicio de agua potable en el municipio está en el abandono tras la omisión de autoridades
Publimetro México
18 de mayo de 2021
25 MIL MILLONES DE PESOS APROBADOS PARA 2021 EN TAMAULIPAS NO HAN SIDO UTILIZADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. / FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM
Comerciantes, vecinos y campesinos acusaron a la administración del gobernador Cabeza de Vaca de incumplir con demandas ciudadanas a pesar de comprometerse a resolver diferentes problemáticas que aquejan a esta zona del país.
Señalaron que se hace varios años se dejó de invertir en servicios básicos como el mantenimiento de la red hidráulica, suministro de agua, así como atender el problema de inseguridad.
“Desde 2016 prometieron resolver el problema del agua, pero nunca hicieron nada en realidad; la deficiencia en los servicios públicos, falta de alumbrado público, inseguridad y saqueo del dinero ha quedado evidenciado en la Comapa que enfrenta un adeudo de 60 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, señalaron residentes.
A esto se le suma actos de represión y acoso por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Victoria y del Gobierno del Estado, afirmaron empleados.
Incluso afirmaron que son condicionados a difundir actividades proselitistas de los candidatos del PAN en sus cuentas de redes sociales y también acudir a una serie de eventos, ya que de lo contrario se toman medidas en contra de quienes se oponen.
La situación hizo crisis por lo que llamaron a cerrar filas en este proceso electoral y exigir cuentas a la administración de la entidad, ya que, denunciaron los vecinos, existe un claro abandono en toda la ciudad como calles destrozadas, fraccionamientos con problemas de inseguridad y comunidades ejidales en el olvido.
Vecinos de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo cerraron la carretera en ambos sentidos para exigir que no se otorguen permisos para extracción de agua en la zona
Los integrantes del “Comité en defensa del agua de la calle Guadalupe Victoria, Tlaxcalancingo”, convocaron este lunes a una rueda de prensa e hicieron un cierre de la carretera federal a Atlixco para denunciar las irregularidades y omisiones de las autoridades y la empresa Junghanns, que pretendía perforar un pozo en la comunidad. El cierre duró de mediodía hasta las cuatro de la tarde, cuando terminó el diálogo con los representantes del Ayuntamiento de San Andrés Cholula que llegaron a las dos y media de la tarde.
Foto: Aranzazú Ayala
El conflicto empezó el 26 de abril, cuando vecinos se dieron cuenta que se estaba rascando un pozo profundo en la calle Guadalupe Victoria #211, dentro de una bodega industrial, casi a un costado del periférico. A partir de ahí crearon el Comité y juntaron firmas para exigir, tanto al gobierno como a la empresa, que se clausurara la obra, por lo que fueron personalmente tanto al ayuntamiento de San Andrés Cholula como a la delegación estatal de la Conagua. Pese a que la empresa dijo a los vecinos que tenían todos los permisos correspondientes, el 29 de abril la obra fue clausurada por el ayuntamiento, por no contar con ningún permiso.
El 4 de mayo un representante de Conagua fue a la bodega para hacer una inspección y verificar el estatus del pozo, pero no pudo entrar pues el inmueble estaba clausurado con sellos de Protección Civil.
El mismo día por la noche, el Comité se reunió con la presidencia, y acordaron que la empresa tenía 48 horas para quitar la maquinaria, y que el ayuntamiento tendría que enviar a personal de Protección Civil a que retirara los sellos y Conagua pudiera hacer la inspección. Además, pidieron que se tapara el pozo; para esto tendría que estar también la Conagua y un “pozero” del pueblo, para cerciorarse cuánto se había rascado realmente de profundidad.
Fue hasta el lunes 10 de mayo cuando se pudo hacer la inspección por parte de Conagua, y se encontró que la empresa ya había tapado el pozo. Esto significa que no respetaron el sello de clausura de la bodega, pues entraron pese a que no podían.
El Comité denunció que también esto puede ser una estrategia para evadir una posible multa de Conagua por extraer agua sin tener los permisos correspondientes.
El jueves 13 de mayo se organizó una asamblea vecinal, en la cual decidieron que no quieren que la empresa Junghanns esté en la comunidad. Al día siguiente, los vecinos se reunieron con autoridades municipales, pero no obtuvieron una respuesta concreta de su parte.
Pese a que en teoría la obra sigue clausurada, los vecinos han visto entrar y salir a trabajadores, así como camionetas con garrafones de agua.
En la rueda de prensa los integrantes del Comité reiteraron que no son representados por ningún partido. Además, denunciaron la falta de actuación de las autoridades, y exigieron que todos los permisos que tenga la empresa Junghanns para trabajar en Tlaxcalancingo se cancelen definitivamente y no se otorguen nuevos, ni a esa ni a ninguna otra empresa, para cuidar el agua.
A la rueda de prensa asistieron también como apoyo habitantes de Juan C. Bonilla, quienes desde hace meses están en un plantón afuera de la sede de la empresa Bonafont, la cual clausuraron para denunciar que la extracción hídrica de la compañía ha provocado escasez de agua en los pueblos aledaños.
Al término del evento para medios, los vecinos hicieron una pequeña asamblea donde decidieron cerrar la carretera federal a Atlixco en ambos sentidos, para presionar a las autoridades a darles una respuesta clara.
Foto: Aranzazú Ayala
A las dos y media de la tarde llegaron autoridades y se inició un diálogo entre servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Cholula y el comisionado de la Dirección General del Gobierno del Estado. Cerca de las cuatro de la tarde se reabrió la carretera, después de llegar a acuerdos entre ambas partes. Las autoridades firmaron un documento en el que se comprometieron a no otorgar permisos para la instalación de Junghanns y/o a cualquier otra compañía con el mismo giro, además de designar una unidad de seguridad pública para vigilar la bodega y evitar que se entre a la misma y/o se haga cualquier trabajo en ella.
También se comprometieron a interponer una denuncia penal contra Junghanns por ingresar a la bodega a tapar el pozo cuando todavía estaban los sellos de clausura del ayuntamiento.
Asimismo, las autoridades darán seguimiento ante la Conagua para comprobar que el pozo sea tapado definitivamente, y organizarán un cabildo abierto este martes 18 de mayo para volver a dialogar.
Ciudad de México | Desinformémonos. Integrantes de la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, expusieron que han sido víctimas de agresiones e intimidación por parte de autoridades municipales, a más de un mes de que tomaran el pozo de agua para impedir el saqueo de empresas privadas.
Sara Hernández, integrante de la comunidad, denunció en conferencia de prensa desde la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) este miércoles, distintos hechos de violencia hacia la comunidad cometidos por parte de autoridades, tales como amenazas de muerte, fabricación de delitos, presencia de grupos de choque, así como balaceras en distintos lugares de la comunidad y, aseguró que son “herramientas de persecución política e intimidación”, además de una falta de disposición al diálogo para resolver el conflicto.
Durante la conferencia, Hernández señaló que la escasez de agua y los cobros elevados continúan desde hace tres meses, lo que calificó como violaciones a su derecho a la salud, la vida y la sobrevivencia. Aseguró que no hay respuestas por parte de las autoridades para resolver la problemática de la escasez y saqueo de agua.
Integrantes del Concejo indígena exigieron a las autoridades informar del estado actual de la concesión del pozo y exigieron su restitución para uso de la comunidad. Responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de la violencia ejercida en Santiago Mexquititlán. Señalaron que frente a la escasez, despojo y saqueo del agua, decidieron que el camino “hacia el bien vivir, es la resistencia, la rebeldía, la organización, la autonomía, la libre determinación y el autogobierno para garantizar el agua y los recursos naturales de vida de los actuales y futuras generaciones de cada pueblo”.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.
Lozano, E. (2021). Otomíes denuncian agresiones de autoridades por defender el agua en Santiago Mexquititlán. Desinformémonos. Recuperado el 5 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/otomies-denuncian-agresiones-de-autoridades-por-defender-el-agua-en-santiago-mexquititlan/
El uso intenso y excesivo del agua está ocasionando una grave crisis, la cual se agrava cuando los gobiernos establecen sobre ella un modelo económico que favorece sólo su explotación y no su preservación. Especialistas en el tema proponen que el uso circular del agua, a través del tratamiento de ésta, puede subsanar la carestía
CIUDAD DE MÉXICO.- “En el último siglo la población se ha multiplicado por cuatro, pero su demanda de agua se multiplicó por diez”, con estas palabras el profesor e investigador del Colegio de México, Carlos Andrés López Morales, ejemplificó cómo la apropiación socioeconómica global del agua está generando una crisis, pues no existe el agua suficiente para sostener la demanda que ahora se tiene del vital líquido.
A nivel mundial, explicó en economía ecológica de agua, la mayor parte del agua se utiliza en la agricultura, en la industria autoabastecida no urbana y sólo un 11 por ciento es lo que se ocupa para el uso público urbano. Por tanto, cuestionó a las y los asistentes al webinar Agua UNAM:
“¿Qué le pasa al agua una vez que se utiliza?, pues 44 por ciento del agua se evapotranspira, y el resto (56 por ciento) es agua residual. De ésta, 32 por ciento es agua difusa y el restante es agua residual que ese sí se puede someter a tratamientos”.
El proceso de urbanización de las últimas décadas ha creado una urbanización acelerada, constante y, en consecuencia, ha emergido el concepto de: “agua urbana”, la cual se refiere:
“A la que se utiliza directamente en las actividades industriales y los centros urbanos, pero también es aquella que de manera indirecta se usa en la producción de alimentos que satisface la demanda poblacional; entonces, cuando nosotros pensemos en el agua urbana de la Ciudad de México debemos contar toda el agua que se utiliza en la producción de los alimentos que llegan en la Ciudad de México”, explicó López Morales.
Por tanto, para el experto es importante pensar al agua en términos económico-ecológicos:
“¿Cómo se usa en los sistemas económicos? En esta pregunta debemos tener una idea muy detallada de cómo se usa en los sistemas económicos: ¿Cuáles son las condiciones ambientales para su uso sustentable? Aquí debemos de escuchar muy de cerca a los ecólogos y a los hidrólogos para saber, por ejemplo, las tasas de recarga del acuífero, o los requerimientos ambientales de aguas superficiales, también ¿Cuál es el papel de las tecnologías de riego en caso de uso agrícola o de las tecnologías de agua residual y la eficiencia en su uso en esta cuestión de la sustentabilidad? ¿Cuál es la relación entre precio y cantidad en el caso del agua? Esta última es una pregunta más estrictamente económica”.
Aguas tratadas
El asunto del tratamiento y el potencial reuso del agua residual ha ganado mucho interés en las últimas décadas porque la escasez de agua de primer uso cada vez en más fuerte en distintos lugares; por ejemplo, el Valle de México”
Partiendo de ello, Carlos Andrés Pérez planteó una pregunta fundamental:
“¿Es posible acaso establecer algún tipo de circularidad en la administración del agua urbana? En donde el agua residual pase por tratamientos bastante avanzados para dejarla en calidad como el agua de primer uso, y establecer esta circularidad: ¿cuál es el costo económico de esto?”.
El propósito del académico y profesor del Colegio de México es mostrar la complejidad del entendimiento del agua dentro de un sistema económico.
“El sistema económico que está compuesto por los sectores económicos, pero también por los hogares que utilizan alrededor de tres kilómetros cúbicos de agua al año, pero sólo kilómetro y medio es el agua renovable del Valle de México, entonces, nosotros estamos utilizando el doble del agua renovable de la cuenca… el remanente viene del sistema Cutzamala que ahora está en grave crisis debido a la sequía, y la mayor parte viene de la sobreexplotación de acuíferos, más o menos 1.7 kilómetros cúbicos al año, cuando la tasa de recarga es de 0.75”, dijo.
Lo más relevante de todo esto es que casi toda el agua se va sin tratamiento a la cuenca de Tula.
“Prácticamente el reuso y el tratamiento es muy leve, es menos del 10% del agua que se utiliza en la Ciudad de México, así que muy poco se vuelve a utilizar. Por eso, Ustedes ven de repente las pipas que van en Periférico regando los camellones y dicen agua tratada, ese es básicamente el único uso económico que se le da al agua residual en el Valle de México”.
Dada su experiencia, Carlos Andrés Pérez precisa que uno de los caminos que se tiene para hacer frente a la crisis del agua es apostar por un mecanismo circular en el que se tome el agua residual y se le someta a diferentes procesos de tratamiento, esto para volverla a distribuir junto con el agua de primer uso.
Finalmente, el experto señaló que para que dicho modelo funciona antes deben solucionarse otros problemas:
“Hay una explotación de acuíferos al doble de la tasa sustentable o de renovación, hay un dominio de fugas en la distribución del agua alrededor del 30 o 40 por ciento de la entrada de agua, pues mucha de ésta se termina perdiendo por las fugas; ahora el Gobierno de la Ciudad de México duplicó el presupuesto y está haciendo trabajo de reparación de la red secundaria y terciario de suministro para reducir las fugas, también para sectorizar y volver más eficiente la distribución; no obstante, menos del 10% de tratamiento de aguas residuales casi todo con métodos primarios, pero prácticamente el reuso es inexistente”.
La postura Carlos Andrés Pérez frente a esta realidad es crítica, pues considera que las malas políticas en la gestión del agua son las que más han agravado la crisis que hoy vivimos a manera cortes o tandeos en el suministro del agua potable, no sólo en el Valle de México sino en todo el país.
La apuesta por las hidroeléctricas
Por su parte, la ingeniera de Astrid Hollands, quien labora en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), expuso sobre las ventajas de la hidroelectricidad, pues hoy en día las centrales hidroeléctricas del país aportan el 10 por ciento de la energía que consumimos.
Dicha energía se produce en 86 hidroeléctricas, de las cuales 60 son de la CFE, siendo las más grandes las que se ubican en los ríos Balsas, Santiago y Grijalva.
Para ella es importante que dentro del valor del agua también se calcule lo que de éstas puedan generarse, pues sólo un porcentaje mejor de presas se construyen para generar energías, pues el resto se hace para riego, suministro del agua y control de inundaciones.
“Las presas que se construyen para producción de energía hidroeléctrica se pueden utilizar para regular y almacenar el agua, pero también para mitigar los impactos de eventos climáticos extremos como inundaciones y sequías, que están en aumento debido al cambio climático”, explicó la ingeniera.
Aunque aclaró que desde la CFE se tiene en cuenta los impactos ecológicos y sociales que conlleva la generación de la hidroeléctricas y de reconocer que actualmente no todos estos proyectos son viables, sobre todo, en términos económicos; sin embargo, sí precisó que la Comisión está trabajando en hacer adaptaciones de las presas ya existentes para seguir utilizando la hidroenergía en una mejor escala.
En lo que sí coincidieron ambos investigadores es en la necesidad de crear políticas de gestión del agua que ayuden a una mejor utilización de la misma, ya sea para su consumo o para la generación de energía; sin embargo, fueron claros en señalar que si la apuesta sigue siendo únicamente económica va a llegar el día en que el agua no alcance para toda la población, lo cual ya es palpable, pues conforme al Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI) únicamente 94.9 millones, de los 126.14 millones de habitantes de viviendas particulares en el país tienen agua en el interior de sus viviendas (80.5por ciento).
Este trabajo fue realizado por ZONA DOCS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original https://www.zonadocs.mx/2021/05/02/cual-es-el-valor-productivo-del-agua/
“El presente artículo es propiedad de Pie de Página“.
Ibarra, J. (2021). Sólo se reúsa el 10% del agua tratada de la Ciudad de México. PiedePágina. Recuperado el 4 de mayo de 2021 de: https://piedepagina.mx/solo-se-rehusa-el-10-del-agua-tratada-de-la-ciudad-de-mexico/
***La peor crisis apenas está por venir, dicen autoridades Bernardo Torres Chilpancingo, Guerrero.- Por tercer día consecutivo otras tres protestas se registraron esta mañana en la capital del Estado, por parte de colonos que exigen el suministro de agua. Desde las 09:00 de la mañana vecinos de la colonia Hermenegildo Galeana, bloquaron la calle Mariscal Galeana, interrumpiendo con ello el transporte público de varias colonias del poniente de la ciudad. Minutos más tarde fueron vecinos del Barrio de San Mateo, que por segundo día consecutivo bloquearon el cruce de las Calles 05 de Mayo y Dr. Liceaga, es la quinta ocasión que bloquean en la presente temporada de estiaje. Manifestaron los inconformes que el tanteo en esta calle es irregular, pues a sólo a la mitad de los vecinos les llega el suministro y a quienes les llega es solamente unas horas, insuficiente para llenar sus depósitos. Otro bloquo se registró en la lateral del Boulevard Vicente Guerrero, en dirección Sur-Norte a la altura de la colonia Progreso, quienes denunciaron que llevan varias semanas sin agua. Al lugar acudieron el responsable de Atención Ciudadana de la Capach, Arturo Carranza, quien les ofreció que el sábado o el domingo les estarían suministrando el líquido. Los vecinos no aceptaron y llevaron el bloqueo al crucero del Puente Ayutla, donde bloquearon las dos laterales del Boulevard, en demanda del abastecimiento inmediato. Ante las quejas reiteradas, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), indicó que el problema es generalizado y no pueden responder de manera inmediata a los manifestantes. Incluso advirtieron que definitivamente “No hay agua”, y el problema se agudizará en el mes de mayo, sobre todo en colonias del poniente que dependen del sistema de captación Omiltemi.
Pueblos de la región de los volcanes acusan una explotación diaria de más de 1.6 millones de litros de los mantos acuíferos
Ilse Contreras, Publimetro
26 de abril de 2021
PLANTÓN AFUERA DE LAS INSTALACIONES DE EMBOTELLADORA DE AGUA EN JUAN C. BONILLA / FOTO: AGENCIA ENFOQUE
La empresa Bonafont amagó con retirarse de Puebla si la toma por pobladores de sus instalaciones en el municipio de Juan C. Bonilla continúa. Los vecinos acusan una explotación diaria de más de 1.6 millones de litros de los mantos acuíferos de la región.
El vicepresidente de Asuntos Corporativos de la embotelladora, Fabrice Salamanca, aseguró que la explotación del recurso que hace la empresa para vender el líquido embotellado apenas representa el 0.09% del total del líquido que hay en la zona.
En entrevista con Cinco Radio, indicó que la toma de las instalaciones ha afectado a más de mil 200 trabajadores que participan en toda la cadena de valor, y advirtió que si no se resuelve a la brevedad el conflicto podría causar el cierre definitivo de la planta.
El pasado 22 de marzo, pobladores de los municipios de Juan C. Bonilla y la junta auxiliar San Mateo Cuanalá, Zacatapec, Domingo Arenas, Coronango, San Andrés Calpan y San Pedro Cholula instalaron un plantón afuera de los accesos de la empresa.
La embotelladora de agua, que pertenece a la multinacional francesa Grupo Danone, urgió desde inicios de abril al Gobierno del Estado de Puebla intervenir en el conflicto social para que los lugareños levanten el plantón y los accesos sean liberados a la brevedad.
A un mes de la toma, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Hill Mayoral, declaró que han tenido comunicación permanente con la empresa, que a su decir cuentan con todos los permisos para la extracción por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Como parte de la solución al problema pidieron al Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua que, de forma remota, comprueben que sus permisos están cumpliendo con lo establecido desde un inicio que se les entregó la licencia”, dijo.
Manifestación por conflicto contra Bonafont llega al Zócalo de la ciudad / Foto: Agencia Enfoque
El 21 de abril, desde las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), también tomadas por integrantes de la comunidad otomí desde hace seis meses en la Ciudad de México, los pueblos denunciaron las afectaciones directas que la empresa ha provocado en las últimas dos décadas y decretaron el cierre definitivo de la empresa.
La planta Bonafont se instaló en el territorio en 1992 con el nombre de Embotelladora Arcoíris SA de CV, y desde entonces, la embotelladora ha sustraído más de un millón 641 mil litros de agua diarios de los mantos acuíferos de la región, informaron.
Lo anterior, ha provocado afectaciones a los pozos, lagunas, ríos y ameyales, lo cual a su vez dificultó la realización de sus actividades agrícolas y fuentes de autoempleo.
Aseguraron que empresarios y autoridades han intimidado y amenazado a quienes protestan y denunciaron que la empresa los acusó de robo de vehículos. Además, señalaron que la Fiscalía General del Estado los amenazó con detenerlos si no se retiraban del plantón.
“Hacemos responsables a los empresarios y gobiernos si a algún compañero o compañera le llega a pasar algo, sabemos que defender el agua, la tierra y la vida no es un delito”, dijeron los pueblos originarios.
Por su parte, los representantes de la empresa señalan que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han buscado resolver el conflicto y aseguran que la planta opera totalmente independiente al suministro de agua que ocupa la localidad.
“Las autoridades no han podido establecer diálogo con los manifestantes para la resolución de este conflicto ajeno a nuestra compañía”, señalan en un comunicado difundido hace unas semanas.
Un nuevo estudio liderado por la Universidad de California (EE UU), concluye que cerca de un 20% de las masas de agua que se encuentran bajo la superficie terrestre podrían desaparecer si las reservas continúan disminuyendo
Eva Rodríguez, Agencia SINC recuperado de Lado B
25 de abril de 2021
*Foto de portada: Entre el 6 % y el 20 % de los pozos estudiados no están a más de 5 metros de profundidad de la capa freática. Este hecho implica que millones de ellos corren el riesgo de secarse si el nivel de las aguas subterráneas disminuye unos pocos metros/ Foto: manseok_Kim | Pixabay
Eva Rodríguez
El agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento para casi la mitad de la población del planeta. Un equipo de investigación, capitaneado por la Universidad de California en Santa Bárbara, ha dedicado más de cinco años a recopilar 39 millones de registros de pozos, en más de 100 bases de datos de 40 países. Entre la información recopilada se encuentran ubicaciones, profundidades, propósitos y fechas de construcción.
El trabajo asegura que entre el 6 % y el 20 % de los pozos estudiados están a menos de 5 metros de profundidad de la capa freática. Este hecho implica que millones de ellos corren el riesgo de secarse si el nivel de las aguas subterráneas disminuye unos pocos metros.
“El agotamiento de estos acuíferos es un problema complejo. No hay una solución única, sin embargo hay muchas oportunidades que, juntas, nos llevarán por el camino de una gestión sostenible. Por ejemplo, podemos reducir la demanda mediante cambios de comportamiento o la adopción de tecnologías de ahorro. También es posible crear mercados de agua que apoyen a un uso equitativo y eficiente o aprovechar el exceso cuando esté disponible y utilizarlo para recargar nuestros pozos”, dice a SINC Debra Perrone, profesora del Programa de Estudios Ambientales de Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB).
La vulnerabilidad crítica que presenta este recurso hídrico supone “una amenaza inminente para el agua potable y un riego en la actividad agrícola para miles de millones de personas”, según los autores de este estudio que publica la revista Science.
Scott Jasechko, profesor de la Escuela Bren de Ciencias y Gestión Medioambiental de la UCSB y coautor de la investigación, recalca a SINC: “El bombeo insostenible de las aguas subterráneas es, por desgracia, la causa del agotamiento de las mismas en muchas zonas del planeta”.
*Foto de portada: Entre el 6 % y el 20 % de los pozos estudiados no están a más de 5 metros de profundidad de la capa freática. Este hecho implica que millones de ellos corren el riesgo de secarse si el nivel de las aguas subterráneas disminuye unos pocos metros/ Foto: manseok_Kim | Pixabay
“El presente artículo es propiedad de Agencia SINC recuperado de Lado B“
Ciudad de México | Desinformémonos. Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, quienes desde el pasado 22 de marzo mantienen un plantón afuera de la planta de Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, denunciaron amenazas por parte de autoridades locales y empresarios, además, este miércoles, decretaron el cierre definitivo de la empresa.
En conferencia de prensa desde “la casa de los pueblos”, como han nombrado a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tomadas por integrantes de la comunidad otomí desde hace seis meses en la Ciudad de México, los pueblos unidos denunciaron las afectaciones directas que la empresa provocó mediante el saqueo de los mantos acuíferos de la región, lo que, explican, dificultó la realización de sus actividades agrícolas y fuentes de autoempleo.
Aseguraron que desde la toma de la planta de Bonafont, empresarios y autoridades han intimidado y amenazado a quienes protestan y denunciaron que la empresa los acusó de robo de vehículos. Además, se pronunciaron contra “la estrategia de persecución e intimidación” por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien los amenazó con detenerlos si no se retiraban del plantón.
“Hacemos responsables a los empresarios y gobiernos si a algún compañero o compañera le llega a pasar algo, sabemos que defender el agua, la tierra y la vida no es un delito”, condenaron los defensores y aseguraron que no aceptarán consultas “amañadas para beneficio del gobierno y de empresas transnacionales”.
En conferencia, los defensores también se pronunciaron contra el robo de agua en Santiago Mexquititlán, comunidad otomí en Querétaro y parte del Congreso Nacional Indígena. Integrantes de la comunidad denunciaron que desde hace meses no tienen agua. “Estamos en defensa de la vida, como pueblos sabemos que el agua es sagrada porque la utilizamos para la agricultura y para todo ser vivo”, explicaron que no permitirán ningún megaproyecto en sus territorios.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
