«Las responsabilidades del Estado no se consultan»: organizaciones de derechos humanos ante consulta popular

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Sábado 31 de Julio del 2021 | — : —

«Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad», aseguraron centros y organizaciones de derechos humanos, ante la consulta popular del próximo 1 de agosto para la creación de una comisión de verdad y justicia para víctimas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) señalaron que «el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad», así como que la actual administración no ha tomado «decisiones contundentes» para atender la «seria» crisis de justicia en México.

Reconocieron que si bien las consultas ciudadanas son un ejercicio democrático, «los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan», sino que todas tienen el derecho de acceder a la verdad y a la justicia «que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión».

Por ello, señalaron que independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México, exigirán e impulsarán la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición «de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».

El Frayba y el Centro Fray Juan también repudiaron los mensajes que miembros de algunos partidos políticos y otros grupos sociales enviaron a la sociedad para no participar en la jornada del 1 de agosto, y aseguraron que se trata de una respuesta a «que el ejercicio del derecho a la consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos».

Finalmente, hicieron un llamado a continuar con acciones organizadas «ante la indiferencia gubernamental por las masacres» a los pueblos, así como a manifestarse contra la impunidad y acompañar a las personas y pueblos víctimas de violaciones a sus derechos.

A continuación el comunicado completo:

Quienes firmamos este pronunciamiento: El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) quienes, de Norte a Sur, reconocemos a pueblos y personas que han sido victimizadas, como Sujetas de Derechos, que con su acción y lucha digna, persistente y tenaz no han cesado, ni claudicado en la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, en todo el territorio nacional.

Reconocemos como un mecanismo trascendental para nuestra democracia las Consultas Ciudadanas, contempladas en el marco jurídico mexicano, y esperamos que en un futuro se puedan realizar más ejercicios similares que puedan apoyar y promover el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones de gobierno en cualquier ámbito de responsabilidad. El recurso de la Consulta popular, libre e informada puede ser un mecanismo en manos de la sociedad en la seria crisis de seguridad y derecho humanos en nuestro país.

Ante la consulta popular a realizarse en 1 de agosto, manifestamos:

Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, asumiendo su responsabilidad ante la realidad de violencia e impunidad que vivimos.

En lo que va la actual administración federal no se observan decisiones contundentes de gobierno encaminadas a atender de fondo la seria crisis de justicia en nuestro país. Muestra de ello es el reconocimiento oficial de 89,488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio del 2021, y que día a día se incrementa. En lo que va de este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la intervención en 1,749 fosas clandestinas, con la recuperación de 3,025 cuerpos, de los cuales se han retornado a casa 822. Solo en Coahuila, existen aproximadamente mil cuerpos sin identificar, que fueron inhumados arbitrariamente en panteones municipales y más de 100mil fragmentos de restos recuperados en campos de exterminio.

Actualmente en el país, las Fiscalías se niegan a aportar datos certeros de cuerpos sin identificar bajo su custodia, pero se habla de por los menos 38mil hasta el 2019.

Más de 340mil personas desplazada por diferentes tipos de violencias. De enero a junio de este año se sumaron 3,873 personas desplazadas, datos que se pueden corroborar porque son públicos2.

De enero a junio del 2021, se registraron oficialmente 543 feminicidios, es decir 90 mujeres por mes oficialmente se les asesina en nuestro país3.

Y podemos seguir con más datos de las cadenas de injusticia e impunidad que mantiene a nuestros pueblos masacrados y en el terror. Cómo se puede hablar de Estado democrático de Derecho ante esta crisis humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que vivimos por décadas, y en las que gobiernos van y vienen y todo se mantiene avanzando hacia horizontes de exterminio.

Saludamos el ejercicio ciudadano de la Consulta Popular a realizarse este 1 de agosto, sin embargo, enfatizamos lo siguiente:

Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad.

Los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan. Todas y cada una de ellas tienen el derecho de poder acceder a la verdad y a la justicia que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión.

Es por lo que, independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México:

• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que padecemos en nuestro país. Convocamos a organizarnos para la construcción de estas iniciativas, procesos y exigencias.

• Denunciamos y repudiamos las acciones que miembros de algunos partidos políticos u otros grupos sociales, están realizando con el envío de mensajes a la sociedad, convocando a no participar en la jornada del 1 de agosto, tachándola de inconstitucional e ilegal, lo cual es falso4. Sabemos que el ejercicio del Derecho a la Consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos.

Confiamos en que la sociedad civil mexicana ejerza y defienda su derecho a la Consulta y a reorientar las acciones de gobierno para en verdad hacer el bien común. Hacemos un llamado a continuar con acciones organizadas ante la indiferencia gubernamental por las masacres a nuestras gentes, a manifestarnos contra la impunidad y a caminar al lado de las personas y pueblos que siguen siendo victimizados, mujeres y hombres que siguen en su digna exigencia de verdad, justicia y reparación.

Reafirmamos nuestro compromiso con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de injusticia e impunidad que impera en nuestro país.

¡No están solas, no están solos!

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Saltillo, Coahuila; México

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Redacción (2021) «Las responsabilidades del Estado no se consultan»: organizaciones de derechos humanos ante consulta popular. Desinformémonos. Recuperado el 1 de Agosto del 2021 en: https://desinformemonos.org/las-responsabilidades-del-estado-no-se-consultan-organizaciones-de-derechos-humanos-ante-consulta-popular/

Organizaciones promueven alimentación saludable en entornos escolares

Redacción Desinformémonos

03 de mayo de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones se aliaron para promover una alimentación saludable en entornos escolares en Oaxaca, el primer estado del país en prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y “comida chatarra” a menores.

En el marco de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado, diversas organizaciones lanzaron la campaña “Por el derecho a una alimentación sana y nutritiva de niñas, niños y adolescentes”, para “concientizar a la población sobre los cambios de hábitos alimenticios para incluir en la dieta diaria, frutas, verduras y comida tradicional de nuestro estado”, señaló Noelia Abigail Paz Hernández, coordinadora del Centro Calpulli.

Durante la presentación de la campaña, Yésica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca, señaló la necesidad de ampliar los espacios donde se “genere una nueva conciencia y dinámica para una alimentación sana, en especial las escuelas donde las niñas y niños pasan mayor tiempo”.

La Red por los Derechos de la Infancia en México y El Poder del Consumidor destacaron que la industria de alimentos y bebidas encontró una oportunidad para comercializar sus productos no saludables a través de las plataformas digitales del programa Aprende en Casa, “violando los derechos a la salud y alimentación de niñas, niños y adolescentes en los espacios educativos”.

La campaña, también conocida como “Oaxaca sin chatarra” es impulsada por Espacio Civil de Oaxaca, Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli A. C., Red por los Derechos de la Infancia en México, Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., Espiral por la Vida A.C., El Poder del Consumidor, Alianza por la Salud Alimentaria,  Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C., San Juan Quiahije, Mano Vuelta A.C., Piña Palmera A.C. y Puente a la Salud Comunitaria A.C.

Con información de Educa Oaxaca.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2021). Organizaciones promueven alimentación saludable en entornos escolares. Desinformémonos. Recuperado el 04 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/organizaciones-promueven-alimentacion-saludable-en-entornos-escolares/

Miente López Obrador sobre el registro del feminicidio en México y es responsable de la falta de recursos para prevenirlo y atenderlo

Sara Lovera, SemMéxico

30 de marzo de 2021

  • Precisiones históricas del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad
  • Argumenta que borra los esfuerzos de la  sociedad civil cuando la clasificación data de  2012

SemMéxico, Cd. de México, 30 de marzo, 2021.- En un comunicado de prensa  el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), lamentó esta mañana  que el presidente Andrés Manuel López Obrador , asegure que los feminicidios comenzaron a registrarse durante su gobierno.

Explica que el tipo penal del feminicidio se creó en 2012,  cuando se elaboraron las primeras normas que tipificaron delitos que atentan contra la integridad física, psicológica, económica o la libertad de las  mujeres, delitos como el feminicidio y la trata de personas.

Afirmar que este es un logro de su administración implica anular todo el trabajo realizado por la sociedad civil desde marzo de 2011, para tipificar el feminicidio en las 32 entidades federativas.

La organización reclama que este tipo de declaraciones mentirosas implica borrar esas luchas sociales de grupos, mujeres y especialistas. El  presume que es  empático con estas luchas, cuando todo en su administración ha sido ir contra ellas.

Relata la comunicación que durante la mañanera de López Obrador, este martes  30 de marzo, sostuvo que “antes los feminicidios no se consideraban feminicidios sino homicidios”, esta clasificación, dijo, comenzó con su administración, con lo que trató de justificar el aumento de feminicidios en estos dos últimos años.

Esta organización sostiene que el presidente miente cuando refiere que gracias a su administración existen registros oficiales de feminicidio. Al contrario, se cuenta con dichas estadísticas desde el gobierno de Enrique  Peña Nieto como resultado del trabajo colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP). Dicho esfuerzo conjunto permitió que en enero de 2018 se presentara el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15.

El SESNP  daba a conocer una nueva metodología de registro de incidencia delictiva con información desde enero de 2015, a partir de la cual se incorporó el feminicidio para clasificar la privación de la vida a una mujer desde la  perspectiva de género acorde con los lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos.

Además, por primera vez, se publicó información sobre el sexo de las víctimas de algunos delitos, por lo que se pudo obtener datos sobre los homicidios dolosos de mujeres que no fueron investigados como feminicidio.

La implementación de esta metodología de registro no ha estado libre de críticas. Aunque algunas procuradurías y fiscalías ya cuentan con esta desagregación, existe poca claridad sobre cuándo una institución decide clasificar una muerte violenta como homicidio doloso o feminicidio. Tal es el caso de la Fiscalía de Veracruz que en 2020 reclasificó 49 feminicidios cometidos en 2018 sin explicar a detalle los motivos.

Tras más de un semestre de peticiones del ONC, ni la Fiscalía ni el SESNSP aclararon técnicamente y caso por caso porqué se determinó la ausencia de razones de género.

El presidente también miente cuando afirma que el feminicidio aumentó debido a que actualmente se cuenta con estadísticas sobre su incidencia. Ello se debe a que desde 2015 hay un alza constante del feminicidio acorde con datos del SESNSP. Esto coincide con los datos de homicidios de mujeres del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las cuales revelan que 2019 fue el año con más homicidios de mujeres al reportarse 3 mil  893 casos, lo cual es 102 por ciento  mayor respecto a 2009.

López Obrador, señala el ONC, fue más allá al señalar que a la mujer se le debe respetar porque es una consideración básica para la transformación. “No se puede llevar a cabo una transformación sin la igualdad de género”.

Lo que pareciera olvidársele al presidente es que su gobierno es responsable de desmantelar la estructura de protección a las  mujeres.

Y enseguida describe: en dos años:

1. Ha eliminado los fideicomisos que permitían el buen funcionamiento de la Red Nacional de Refugios; de los programas de los varios institutos de la mujer, de los recursos necesarios para la prevención del delito y la procuración de justicia;

2. Ha reducido el presupuesto total asignado en esta materia pues en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) en 2021 se mantuvo un monto igual al asignado en 2020, que fue de 405 mil tres millones 761 mil peso. Lo que  representa una disminución anual del  3.3 por ciento debido a la inflación,  estimada.

3. Ha dejado en la inoperabilidad al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), entre otras.

Conclulye que el presidente no miente al afirmar que para transformar a México es fundamental la igualdad de género. Sin embargo, esta debe ir más allá del discurso oficial o de la mera participación de mujeres en el gabinete. La igualdad de género se construye a partir de las políticas públicas y de los recursos que se asignan con dicho enfoque.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Lovera, S. (2021). Miente López Obrador sobre el registro del feminicidio en México y es responsable de la falta de recursos para prevenirlo y atenderlo. SemMéxico. Recuperado el 01 de abril de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=33892

Piden organizaciones investigar a políticos implicados en chat donde exhibían mujeres

Anayeli García Martínez | CIMAC Noticias.

Viernes 19 de marzo de 2021.

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CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México. Después de renunciar a la precandidatura a una diputación en el estado de Oaxaca, por Morena, Humberto Santos Ramírez, acusado de crear un chat donde se difundían imágenes con contenido sexual de mujeres indígenas, llamó a apoyar la precandidatura de Jesús Diego, conocido como “Chucho Diego”, otro participante de este grupo de mensajería.

Dos días después de renunciar a la precandidatura, Santos Ramírez publicó en su perfil de Facebook una explicación de porqué “se bajó” del proceso electoral. Según dijo, se retiró ante la ”despiadada campaña” y ataques en su contra desatados después de que defensoras revelaron que creó el chat “Sierra XXX”, un grupo para compartir imágenes y videos de indígenas, obtenidos sin su consentimiento.

En esa publicación el político también pidió apoyar a otro de los presuntos implicados en la distribución de este material, Diego Jesús. “Sin embargo, la lucha tiene que seguir, y en esta coyuntura es el compañero CHUCHO DIEGO a quien pido apoyemos en la encuesta que se está llevando a cabo en nuestra región entre hoy y mañana”, escribió el morenista.

Este caso muestra que si no se reconoce la violencia de género y si instituciones como las Fiscalías no garantizan justicia, estas personas pueden decir que no hay acusaciones formales en su contra y por tanto no hay un delito que perseguir, ni mucho menos sentencias, afirmó a este medio la secretaria ejecutiva de la red nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Claudia Ignacio Álvarez.

En febrero de 2020, mujeres del pueblo Ayuujk denunciaron la existencia del chat denominado “Sierra XXX”, en el que un grupo de alrededor de cien hombres, entre ellos políticos y funcionarios públicos vinculados al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), compartían imágenes misóginas y algunas con connotación sexual, material obtenido sin consentimiento y violando la privacidad de las víctimas.

De estos hechos se desprendió una denuncia penal contra el jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, Rolando Vázquez, quien además fue separado de su cargo. Sin embargo, más de 80 organizaciones integradas en la Red TDT señalaron en un comunicado que a pesar de la denuncia no se reconoció el daño causado por los funcionarios involucrados, por el contrario, hubo mensajes de respaldo y normalización de este chat.

Ahora, en el contexto del proceso electoral para renovar el Congreso de Oaxaca, Humberto Santos Ramírez se postuló y posteriormente reununció ante los señalamientos de ser promotor de la violencia sexual, pero aseguró que no existía denuncia penal en su contra. En la reciente publicación que hizo en Facebook anunció que ejercerá acciones legales contra quien resulte responsable de los ataques contra su persona.

Otro ejemplo del pacto patriarcal

Claudia Ignacio Álvarez expuso que en el caso de los políticos de Oaxaca que promovían pornografía en un chat de WhatsApp, donde uno dejó de competir para ceder el paso a otro que también participaba en la distribución de imágenes sexuales, muestra el pacto patriarcal que ya señalaron defensoras y feministas en el estado de Guerrero.

En el estado sureño, donde en los comicios de junio próximo se renovará el Poder Ejecutivo estatal, el candidato a gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente del delito de violación sexual, fue apoyado por el presidente de su partido, Mario Delgado Carrillo y por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quienes argumentaron que no tenía sentencia condenatoria.

La defensora e integrante de la Red TDT reflexionó que el pacto patriarcal en Guerrero y Oaxaca deja ver que aún existen retos importantes para obtener un compromiso genuino de los partidos políticos de cero tolerancia a la violencia de género y para permitir que los mecanismos institucionales puedan ser efectivos para que las mujeres denuncien las violencias que viven.

Por ejemplo, a pesar de que en Oaxaca la defensora Sandra Domínguez Martínez, cuya imagen circuló en el chat, presentó una denuncia ante la Fiscalía general del estado e interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha pasado un año sin que se tenga noticia del resultado de la investigación penal.

Las organizaciones de Derechos Humanos integradas en la Red TDT manifestaron su preocupación por la falta de una investigación puntual para encontrar y castigar a los responsables de la difusión de información privada de mujeres. Explicaron que esta falta de investigación es una omisión grave del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.

En cuanto a los señalamientos de Humberto Santos, las organizaciones dijeron que preocupa sobremanera la falta de reconocimiento del ejercicio de violencias de género y de manera particular la desacreditación que realiza de las denuncias de mujeres Ayuujk, vinculándolas con intereses partidistas, que incitan al odio e invisibilizan el problema de fondo.

“Es una mirada corta y obtusa si partimos de la urgencia de nombrar las violencias estructurales contra las mujeres, así como de incorporar el enfoque de género en el espectro político electoral mexicano”, señalaron.

Mencionaron que en Oaxaca las mujeres que denunciaron a estos políticos han sido objeto de violencia política de género al interior de Morena, pues todas las precandidatas fueron retiradas de la boleta de preferencias electorales y en su lugar se promueve a un precandidato que también es señalado de participar en el chat.

Claudia Ignacio Álvarez consideró que el sistema político electoral mantiene una deuda para garantizar la prevención de la violencia de género. Además, agregó que el Instituto Nacional Electoral (INE) como del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca deberían posicionarse a favor de la paridad y la no violencia política de género.

Cabe decir que desde el año pasado el INE acordó adoptar la declaración 3 de 3 contra la violencia de género como requisito para registrar candidaturas. Se trata de un documento que debe ser firmado por las y los candidatos donde declaren, bajo protesta de decir verdad, que no temen sentencias por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales o por ser deudores de pensión alimenticia. Esta medida fue adoptada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

21/AGM/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias.

García Martínez, A. (2021). Piden organizaciones investigar a políticos implicados en chat donde exhibían mujeres. CIMAC Noticias. Recuperado el 22 de marzo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/03/19/piden-organizaciones-investigar-a-politicos-implicados-en-chat-donde-exhibian-mujeres

Mantienen oposición a la termoeléctrica

Ejidatarios determinan en asamblea conservar plantón y no retirar los amparos

Emmanuel Ruiz, El Sol de Cuautla

20 de septiembre de 2020

Emmanuel Ruiz, El Sol de Cuautla

Mientras que en Tenextepango y Moyotepec los ejidatarios sostenían reuniones para analizar retirarse del plantón de San Pedro Apatlaco y desistirse de sus respectivos amparos contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) dejó en claro que la oposición seguirá incluso si los comisariados deciden favorecer el megaproyecto.

Este domingo, ejidatarios, ciudadanos e integrantes de agrupaciones civiles realizaron una reunión informativa en el plantón instalado desde hace cuatro años a la orilla del río Cuautla y de las obras del acueducto que trasladará el agua desde la planta de tratamiento hasta la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla. Ahí recibieron a representantes de las comunidades indígenas de Coatetelco y Xoxocotla, así como a pobladores de localidades de Puebla y el Estado de México, donde también hay grupos de resistencia.

Sobre la cancha en que recibieron a los invitados a la reunión, entre ellos el nieto de Emiliano Zapata Salazar, Jorge Zapata González, los asistentes recibieron la noticia de la suspensión de la asamblea realizada en Tenextepango, donde finalmente los ejidatarios se abstuvieron de tomar una decisión respecto al desistimiento de su amparo. Actualmente, el estado de este recurso legal es una suspensión de plano para que la termoeléctrica no tome el agua usada para riego de cultivos de esta zona, y está a la espera de la admisión de pruebas. En Moyotepec, la reunión realizada fue de carácter informativo, según se dio a conocer más tarde.

De momento, el FPDTA-MPT descartó que el posible desistimiento de los ejidos en las acciones legales emprendidas contra el PIM se traduzca en el término del movimiento social que busca impedir la operación de la termoeléctrica, siempre que exista la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos legales:

“Estamos trabajando cuatro amparos en El Recreo y San Francisco Huilotepec, en Puebla. Pero la lucha no nada más es lo legal, que es lo que ha dio retrasando las cosas, sino lo social”, declaró Jaime Domínguez.

Mientras que los ciudadanos que se concentraron en el plantón determinaron fortalecer la resistencia hasta las últimas consecuencias, en Tenextepango se convocó a una nueva asamblea para el próximo 4 de octubre, con el mismo orden del día que la de este domingo, en la que se espera volver a abordar el posible retiro del plantón y del amparo.

Actualmente, existen 16 amparos vigentes emprendidos por comunidades y pobladores contra las obras del PIM, según la información facilitada por el FPDTA-MPT.

“El presente artículo es propiedad de El Sol de Cuautla

Ruiz, E. (2020). Mantienen oposición a la termoeléctrica. El Sol de Cuautla. Recuperada el 21 de septiembre de 2020, de https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/mantienen-oposicion-a-la-termoelectrica-5783782.html

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Familiares de desaparecidos se manifiestan en 14 entidades

Los Corresponsales, La Jornada

Ciudad de México, 31 de agosto de 2020, 07:08 am

Parientes de víctimas se manifestaron frente a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, en el marco del día internacional contra ese ilícito. Muchos no pudieron contener la rabia y el llanto ante, enfatizaron, la inacción de autoridades. En varios estados, colectivos exigieron eficacia y celeridad en las investigaciones. Foto: Marco Peláez.

Ciudad de México. Cientos de personas e integrantes de diversos colectivos se manifestaron ayer en al menos 14 estados con el fin de exigir a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia celeridad y eficacia en sus investigaciones para encontrar a los miles de desaparecidos a lo largo del país y frenar este delito.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se realizaron marchas, mítines, misas, visitas a panteones y fosas comunes, así como inauguración de murales y kioscos, entre otras actividades, en las que repudiaron la falta de voluntad e indolencia de las autoridades encargadas de las investigaciones.

Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada

Ciudad de México. 30 de agosto de 2020. Familiares de personas desaparecidas en el país realizaron diversas manifestaciones en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada que se conmemora este día. Madres, hermanas e hijas de personas en esa condición, se manifestaron en la sede de la Comisión Nacional de Búsqueda, mientras que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo realizó una protesta en el circuito del Zócalo.

En los actos hubo reclamos, así como lágrimas de frustración y coraje de madres, esposas, hijos y hermanos, entre otros familiares, por no tener a su lado a sus seres queridos. Acusaron que las autoridades, además de manipular las cifras de ausentes, llevan años desestimando este problema.

Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en desapariciones, con 11 mil denuncias. Este domingo organizaciones no gubernamentales se manifestaron en la ciudad fronteriza de Reynosa en repudio al abandono de las indagatorias.

Aseguraron que aunque en la fiscalía del estado existe la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Secuestradas y/o Privadas de su Libertad, las denuncias sólo se archivan.

Jalisco también está entre los primeros lugares, con 10 mil 268 casos, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Este domingo, integrantes de organizaciones civiles acudieron a una misa en la catedral metropolitana, en Guadalajara, convocada por Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Luego se desplazaron a la Glorieta de los Desaparecidos, donde realizaron un mitin.

En avenida Federalismo y a convocatoria de la organización Por Amor a Ellos, se inauguró un mural con un letrero gigante que dice: Hasta encontrarlos, del colectivo artístico Sin Justicia No Hay Paz.

En Mazatlán, Sinaloa, cientos de personas con hijos y padres desaparecidos participaron en una misa en la catedral basílica de la Inmaculada Concepción para recordar a sus seres queridos. En Culiacán, miembros de los colectivos Sabuesas Guerreras y Voces Unidas por la Vida marcharon para visibilizar a sus desaparecidos.

En Irapuato, Guanajuato, se construyeron tres kioscos donde se colocaron 100 placas con los nombres de personas ausentes y la leyenda Te seguimos buscando. La organización Sembrando Comunidad denunció que la fiscalía estatal no atiende adecuadamente a las familias.

En Chihuahua, activistas y representantes de diversas agrupaciones civiles salieron a las calles a demandar que busquen a sus hijos y hermanos. Se reunieron en los panteones municipales de la capital, Cuauhtémoc y Parral, donde exigieron que se conozca la verdad.

Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres demandaron la creación de un plan estatal de búsqueda e identificación de restos humanos que permanecen en fosas comunes.

Asimismo, decenas de personas se concentraron ayer en la plaza de armas de la ciudad de Zacatecas, frente al palacio de gobierno, para reprochar la falta de voluntad política del gobernador Alejandro Tello y del Congreso local para continuar con la búsqueda de miles de desaparecidos en la entidad.

En Baja California, colectivos conmemoraron el día con trabajos de rastreo en el predio La Gallera, en el oriente de Tijuana, donde Santiago Meza, El Pozolero, reconoció haber disuelto en ácido a 300 hombres por orden de Teodoro García, El Teo, lugarteniente del cártel de Tijuana. En la entidad se calcula que hay mil 225 personas desaparecidas desde 2015.

En Nuevo León, el grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos inició labores de búsqueda en el municipio de Hidalgo, donde de octubre de 2019 a la fecha se han documentado al menos 40 desapariciones forzadas.

En Veracruz, familiares de personas ausentes protestaron en Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica y Xalapa; reprocharon a las autoridades federales que, casi dos años después del cambio de gobierno, no haya avances en las pesquisas y continúen las desapariciones.

En Atoyac de Álvarez, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos se movilizaron de la Ciudad de los Servicios al zócalo de la localidad, donde instalaron una muestra fotográfica, realizaron una oración ecuménica y un pase de lista de personas ausentes. Por su parte, la Asociación de Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos organizó una misa en la parroquia de San Isidro Labrador.

Para recordar a los indígenas desaparecidos y exigir verdad y justicia, el Colectivo Hijos por la Identidad y Justicia contra el Olvido y el Silencio, de Oaxaca, publicó en redes sociales un cartel y fotografías con nombres y apellidos a fin de visibilizar a sus familiares y sus rasgos étnicos.

En Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos informó que, en contraste con los datos de la fiscalía estatal, que sólo reconoce mil 700 carpetas de investigación por desaparición, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas se estima que hay 3 mil 500 casos.

En Hidalgo, una protesta por desapariciones y asesinatos de mujeres culminó con destrozos en la fachada de la alcaldía y pintas en la barda perimetral de la catedral de Tula y en el busto de Benito Juárez.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

Los Corresponsales. (2020). Familiares de desaparecidos se manifiestan en 14 entidades. La Jornada. Recuperada el 31 de agosto de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/31/familiares-de-desaparecidos-se-manifiestan-en-14-entidades-7033.html

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Colectivos, organizaciones y sociedad civil internacional exigen el desarme de paramilitares en Aldama

Kafé Kapel De Bretaña, MutVitz13 De Marsella, CaféZ De Lieja Y Las Colectivas Mujerxs De La Sexta En La Otra Europa Y Mujeres Adherentes A La Sexta De Jovel En Chiapas, Desinformémonos

26 de agosto de 2020

Los colectivos Kafé Kapel de Bretaña, MutVitz13 de Marsella, CaféZ de Lieja y las colectivas Mujerxs de la Sexta en la Otra Europa y Mujeres Adherentes a la Sexta de Jovel en Chiapas urgieron el alto al fuego y el desarme de los grupos paramilitares que continúan con las agresiones hacia las comunidades de Aldama – Chiapas.

Ante la omisión del Estado mexicano, se han intensificado las agresiones por armas de fuego en este municipio. Este mes se incrementaron las agresiones poniendo en alto riesgo a sus pobladores.

El 17 de julio, la niña María Luciana Lunes Pérez resultó herida de bala, mientras trabajaba su telar de cintura, en su casa, en la comunidad de Koko’ en Aldama, Chiapas, México, según los informes del centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

A pesar de las solicitudes realizadas desde este Centro de Derechos Humanos, junto con los reportes de los 115 representantes de las comunidades de Aldama, ante las autoridades estatales «la repuesta es la indiferencia cargada de racismo y discriminación de los gobiernos federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y estatal por el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas.»

El Centro de Derechos Humanos indica que son «al menos 26 ataques con armas de alto calibre, realizados por grupos civiles armados de corte paramilitar que operan en esa región y que son procedentes de comunidades de Santa Martha, municipio de Chenalhó».

Insistimos que con la contingencia nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se encuentran en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de alta vulnerabilidad, quienes se refugian en las montañas ante los reiterados ataques.»

En su artículo y acción urgente, el Frayba explica:

«Este fin de semana se intensificaron las agresiones, ante la omisión del Estado mexicano, por investigar, detener, sancionar, desarticular y desarmar a los responsables de la violencia en esta región.»

Por lo anterior, solicitan a la sociedad civil nacional e internacional firmar esta acción en la que piden urgentemente que el Estado:  

«Accione las medidas de seguridad y precautorias para evitar hechos que sean de difícil reparación, como el derecho a la vida, seguridad e integridad personal y el escalamiento del desplazamiento forzado.  

Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.»  

Para leer nota completa y firmar acción urgente:

https://frayba.org.mx/agresiones-armadas-en-aldama/

“El presente artículo fue encontrado en Desinformémonos

Kafé Kapel De Bretaña, MutVitz13 De Marsella, CaféZ De Lieja Y Las Colectivas Mujerxs De La Sexta En La Otra Europa Y Mujeres Adherentes A La Sexta De Jovel En Chiapas. (2020). Colectivos, organizaciones y sociedad civil internacional exigen el desarme de paramilitares en Aldama. Desinformémonos. Recuperada el 27 de agosto de 2020, de https://desinformemonos.org/colectivos-organizaciones-y-sociedad-civil-internacional-exigen-el-desarme-de-paramilitares-en-aldama/

Si eres una persona migrante o chicana que reside o trabaja en California y quieres contarnos sobre tu experiencia durante la pandemia de la Covid-19, te invitamos a contestar el siguiente formulario: https://forms.gle/WsvgX5ssfwjZWuCH7

Se desconoce aún paradero de más de 30 detenidos durante operativos en Veracruz

Fernando Camacho Servin, La Jornada

19 de agosto de 2020, 14:19

Imagen tomada de un video elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia sobre los operativos de seguridad en Veracruz implementados durante el gobierno de Javier Duarte

A cinco años de la realización de una serie de operativos de seguridad llevados a cabo de forma conjunta por varias dependencias en Coatzacoalcos, Veracruz, aún se desconoce el paradero de más de 30 personas que en su momento fueron detenidas en ese contexto, por lo que las familias de las víctimas y las organizaciones civiles que las acompañan exigieron la confirmación de un grupo de trabajo interinstitucional para buscar a los ausentes. 

En conferencia de prensa virtual, Rafael Heredia, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y coordinador del informe “Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos”, recordó que dicha estrategia fue anunciada en 2014 por el entonces gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa. 

En ella, intervinieron las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (en particular la llamada Fuerza Civil), cuyos elementos son señalados por organizaciones de familiares como los responsables de al menos 35 desapariciones forzadas, ocurridas en los meses de mayo y septiembre de 2015. 

El investigador señaló que hay diversos testimonios y materiales en video y foto que comprueban que las personas desaparecidas fueron vistas por última vez al ser detenidas en retenes móviles y fijos de los uniformados, algunos de los cuales estaban relacionados con grupos de la delincuencia organizada que se disputaban el control de ese territorio. 

Heredia señaló que aunque hubo algunos uniformados detenidos por este caso, debería realizarse un análisis de contexto para identificar a los altos mandos que pudieron tener injerencia en las desapariciones o conocimiento de las mismas, incluido el entonces gobernador Javier Duarte, y no descartó que pueda haber más casos que hasta ahora no se han documentado. 

Edgar Cortez, coordinador de proyectos del IMDHD, resaltó que una de las exigencias de las familias de las víctimas es que se cree un grupo de trabajo interinstitucional conformado por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Veracruz, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de Búsqueda del estado de Veracruz. 

El propósito de dicha coordinación sería no solo ubicar el paradero de las 35 personas desaparecidas, sino también identificar y sancionar a quienes diseñaron e implementaron el Operativo Blindaje Coatzacoalcos sin tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de abusos.  

Por su parte, Lenit Enríquez y Belén González, familiares de algunas de las personas desaparecidas, señalaron que han sido víctimas de criminalización y hostigamiento por parte de las autoridades estatales, pero recalcaron que continuarán en la búsqueda de sus seres queridos para saber la verdad de lo ocurrido y obtener justicia. 

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

Camacho Servin, F. (2020). Se desconoce aún paradero de más de 30 detenidos durante operativos en Veracruz. La Jornada. Recuperado el 20 de agosto de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/08/19/se-desconoce-aun-paradero-de-mas-de-30-detenidos-durante-operativos-en-veracruz-2785.html

Radio Huayacocotla cumple 55 años siendo altavoz de campesinos y pueblos indígenas

J. Francisco De Anda Corral, El Economista. Inforural

19 de agosto de 2020

Sandra Luz Cruz, coordinadora de la radiodifusora, relata lo que han significado estos años de lucha y resistencia, transmitiendo en náhuatl, otomí, tepehua y español.

Sandra Luz Cruz Fuente, coordinadora de Radio Huayacocotla. Foto EE: Cortesía
Sandra Luz Cruz Fuente, coordinadora de Radio Huayacocotla. Foto EE: Cortesía.

Este fin de semana, Radio Huayacocotla, La Voz Campesina, celebró 55 años de estar al aire, 40 años en onda corta y los últimos 15 en el 105.5 de FM. Este año no hubo jolgorio ni baile en la estación, como es la costumbre. Sones, huapangos y el danzón se escucharon desde las casas y las milpas en los 150 municipios a donde llega la señal.

“Estamos atravesando esta peligrosa pandemia. Lo más importante es cuidar que la vida de la gente no se pierda”, avisó la radio en su cuenta de Facebook.

Radio Huayacocotla, “la abuela de las radios comunitarias indígenas en México”, nació como escuela radiofónica el 15 de agosto de 1965, “en el boom de la educación popular en América Latina, con el propósito de alfabetizar a distancia a través de la radio”, me dice Sandra Luz Cruz Fuentes, coordinadora de la emisora que transmite en náhuatl, otomí, tepehua y español, desde la Sierra Norte de Veracruz.

Mantenerse en pie, y al aire, a lo largo de estos años ha sido para Radio Huayacocotla una proeza, un acto de resistencia y heroísmo, porque nunca ha sido fácil. Su trabajo comprometido ha tocado intereses de caciques y explotadores de las comunidades y territorios indígenas, y eso  le ha granjeado represalias, amenazas veladas y abiertas en contra del equipo del proyecto radiofónico, incluso atentados, por denunciar despojos de tierras y acompañar a los campesinos en litigios territoriales que casi siempre se resuelven a favor del más fuerte y bajo la mirada distraída o cómplice de las autoridades municipales y ejidales, o por oponerse a proyectos que deterioran el tejido social y el ecosistema de las comunidades.

Pero a pesar de la negativa que por décadas mantuvo el Estado mexicano para conceder permisos a las radios comunitarias e indígenas, Radio Huaya -como le llaman sus radioescuchas- ha sido el altavoz de las comunidades campesinas y pueblos indígenas de la Sierra Norte de Veracruz, la Huasteca Hidalguense, la Huasteca Potosina, una parte de la Sierra Norte de Puebla, el sur de Tamaulipas y algunos municipios de la Sierra Gorda de Querétaro.

A través de la música, el canto, la poesía, la noticia y el aviso comunitario se defiende la tierra, se protege a la madre naturaleza, se gestionan servicios para las comunidades, se lucha por la justicia y los derechos de los pueblos indígenas, y se preservan las lenguas originarias.

“Todos los que trabajamos en la radio, un equipo de 15 personas, tenemos un pie en la estación y otro en las comunidades; además contamos con corresponsales, que son la voz de sus pueblos, que hablan sus idiomas; y son ellos los que nos van marcando la agenda de acuerdo con sus necesidades”, dice Sandra Luz Cruz.

Radio Huayacocotla pertenece a Fomento Cultural y Educativo, AC, la organización que coordina los proyectos sociales en los que trabaja la Compañía de Jesús en México desde hace décadas.

La radio es miembro fundadora de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), que es órgano consultivo de la UNESCO, que agrupa a más de 80 radiodifusoras en América Latina, dos de ellas en México: Radio Huayacocotla y Radio Teocelo, ambas en Veracruz.

Sandra Luz rememora que fue en 2005 cuando el gobierno dio 15 permisos a radiodifusoras comunitarias, entre ella Radio Huaya, que ya llevaba más de 30 años solicitándolo para transmitir en Frecuencia Modulada, y que en 2013, con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) cambió su estatus de permisionaria a concesionaria de uso social.

“Le dieron a Radio Huaya 10 mil watts de potencia, en 2005 y eso nos convirtió en la radio de uso social indígena con más alcance en México, y nos permite llegar a todo el corazón del pueblo náhuatl y a muchísimas comunidades hablante de otomí y tepehua”, dice.

Un modelo brutal y una ley ambigua

Sin embargo, el modelo de concesión al que está sujeta “es brutal” y “la ley es ambigua”, refiere Cruz. Por un lado, en el Artículo 2 Constitucional, el Estado mexicano reconoce el derecho de los pueblos indígenas a tener sus medios propios de comunicación, pero no les suelta un peso; la ley (LFT) reconoce las figuras de concesión de tipo social, comunitaria o indígena, pero les amarra las manos, las deja a su suerte,  porque les impide vender publicidad o servicios, necesarios para su financiamiento, y las confina a sobrevivir de donativos o de concursar proyectos que, si son aprobados, su horizonte de estabilidad cuando mucho alcanza dos años.

La reforma del 2013, que después de más de 40 años sustituyó la obsoleta Ley Federal de Radio Televisión de 1972 con la nueva LFT, pareció un rayo de esperanza, pero se quedó en eso, los buenos deseos toparon con la burocracia y con los intereses de quienes controlan en México el espacio radioeléctrico.

“La reforma pintaba muy bien, dice Sandra, pero el tema económico es un obstáculo, porque simplemente para una comunidad, montar una radio sigue siendo muy complejo, es prácticamente un sueño, incluso para las organizaciones civiles que tienen trabajo de base en las comunidades y que desde allí pudieran empujar una radio comunitaria.

Un sueño, cuando no una pesadilla. “En México hacer radio comunitaria indígena es muy difícil, cuesta mucho económicamente, no hay presupuesto para eso y se batalla muchísimo para hacer comunicación comunitaria. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer radio comunitaria en México?, me pregunta la coordinadora de Radio Huayacocotla, quien lleva 13 años en la sierra trabajando en el proyecto. Y no es una pregunta retórica.

Además de falta de información que poseen las comunidades respecto de su derecho a tener una radio o una televisión comunitaria o la desconfianza de los pueblos hacia el gobierno un obstáculo apremiante es la falta de recursos económicos para desarrollar un proyecto, el papeleo burocrático y las vueltas que hay que hacer a la Ciudad de México para que la gestión avance y se consiga.

“De tal suerte que, en hoy en día, hay radios comunitarias en varios puntos del país que ejercen su derecho a una comunicación libre, sin buscar una concesión, por la complejidad económica y burocrática, y porque el papeleo que se necesita para montar una radio es brutal”, sostiene Sandra Luz.

“Con esta situación, deja de ser mirado el derecho que tienen los pueblos y comunidades para estar al aire en el espectro radioeléctrico, para poder hablar, para decir lo que se piensa, todo lo que los pueblos tienen derecho a decir y por tanto ante la ley se convierten en radios piratas, y en consecuencia en radios perseguidas por buscar ese derecho”, agrega.

“Vivimos en la cuerda floja”

Radio Huayacocotla se mantiene a través de donaciones nacionales y extranjeras que llegan de fundaciones básicamente. Vivimos en la cuerda floja, porque metemos proyectos a distintas convocatorias, y estos eventualmente se aprueban o no, entonces podemos tener presupuestos asegurados por un año o quizá por dos, de acuerdo con los proyectos que consigan la aprobación, pero siempre hay que estar pensando cómo mantendremos este o tal programa el año próximo”, revela.

“La ley es muy ambigua”, porque con las limitantes económicas y burocráticas que nos imponen a las radiodifusoras comunitarias e indígenas se sigue impidiendo que existan o que sobrevivan en condiciones aceptables las que ya están y que surjan más.

“En ese sentido la ley se queda corta: el Estado dice ‘ahí tienes la concesión, pero como eres radio de uso social no puedes vender publicidad o servicios. ¿Cómo te vas a financiar?, ese es tu problema’.  Ahí nos cierran la puerta y tenemos que buscar donaciones, la presentación de proyectos, y estar atentos a convocatorias para ir viendo cómo financiamos la radio”.

¿Publicidad oficial?, más caro el caldo que las albóndigas

‘No hay nada peor en México que vivir fuera del presupuesto’, decían en la era priista. Para las radios comunitarias e indígenas, reconocidas como entes de interés público, la consigna sigue vigente.  El derecho constitucional reconocido parece que se escribió con lápiz o es letra muerta.

“Te puedo contar con los dedos de una mano las radios de uso social indígena que se dediquen solo a hacer radio y que puedan vivir de eso. Eso no ocurre. Por ejemplo, la gente que está haciendo radio en Oaxaca y hablando todos los idiomas de las naciones de Oaxaca es gente que lo hace por amor al arte, porque le apasiona, porque tienen un derecho y lo quieren reivindicar, porque es su palabra originaria al aire, pero no les pagan por eso, ellos tienen que dedicarse a muchas otras cosa para poder ir ratito en la tarde, en la mañana o en la noche, para poder tener un informativo en mixe, digamos”, dice Sandra.

Las únicas radios indígenas que tienen un presupuesto oficial son las del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (antes INI o CDI), “pero durante muchos años han tenido una línea muy clarita, tampoco es que transmitan desde la libertad, y eso no es comunicación comunitaria, como la que hacemos muchas organizaciones civiles con décadas de trabajo comunitario en el país. Eso es radio oficial en idioma indígena”.

“Por ahí abrieron la puerta para acceder al 1% de la publicidad oficial que reparte el gobierno entre las radios comunitarias”, pero el criterio es absolutamente discrecional; “el gobierno decide quién entra y quién no, Radio Huaya no entró, por ejemplo”, dice Sandra Cruz. “Y esa es una pregunta que nosotros nos hacemos, porque no tenemos claridad de cuáles son los criterios (para acceder a la publicidad oficial) ni quien lo determina”.

“Pero por otra parte, cuando hablamos con otras radios comunitarias y nos enteramos de la complejidad que eso les implicó, la verdad es que agradecimos un poco no haber entrado. Por ejemplo, te piden comprobación de impacto por spot, ¿tú sabes en términos de facturación lo que eso le cuesta a una radio comunitaria?, tener una persona que se dedique exclusivamente a medir los impactos, a contestar los requerimientos de la autoridad, a facturar (…) se trata de alivianar el trabajo de las radios comunitarias no de amolarlo”, reclama.

“Si de por si tenemos pocos recursos, y vamos a tener que emplear eso poco que nos llegue por publicidad oficial en contratar a una persona que se dedique solo eso, pues nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas”, remata.

Qué debe cambiar de cara al decenio de las lenguas indígenas

Respecto de  la Declaración de Los Pinos (Chapoltepek), “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”, que presentaron las autoridades de la UNESCO y de la Secretaría de Cultura federal el pasado 15 de julio, y que convoca a las naciones a asumir, entre muchos otros, el compromiso de ‘apoyar el desarrollo y reconocimiento de medios de comunicación de los pueblos indígenas’  y ‘mayor presencia de los pueblos indígenas en los medios de comunicación en general’, Sandra Cruz expresa el deseo de Radio Huayacocotla de que “que no se quede solo en la buena voluntad.”

“Yo esperaría que hubiera mayor impulso a las radios indígenas y comunitarias, porque después de 2005 no hemos vuelto saber que den más ni a comunidades ni a organizaciones que trabajan con comunidades”.

“Nos da gusto que haya un importante deseo por preservar los idiomas originarios en este país. Que siempre han sido muy presumidos hacia el exterior por los gobiernos, como folclor, pero concretamente para su preservación y su cuidado muchos de los buenos deseos se han quedado solo en el papel”.

“Entonces no es una cosa menor que haya una declaratoria ahora, sin embrago va a ser importante mirarla con pasos muy concretos y con acciones muy claras, y con un presupuesto asignado para que eso realmente funcione, porque son muchos los idiomas originarios que se hablan en México y muchas sus variantes, y conforme pasa el tiempo son muchos los que se van perdiendo.

“En cada lengua que desaparecen perdemos saberes, cosmovisiones, maneras de entender el mundo, y se mueren porque no ha habido un interés claro por mantenerlas”.

Radiodifusión y educación son clave

En la preservación y fortalecimiento de las lenguas originarias, la radiodifusión y las escuelas públicas juegan un papel fundamental.

En la reunión de presentación de la Declaración de Los Pinos, la actriz Yalitza Aparicio, hablante de mixteco y con una trayectoria como maestra de educación preescolar en su natal Tlaxiaco, Oaxaca, señaló la carencia y necesidad de materiales didácticos en lenguas indígenas en las escuelas públicas y la necesidad de formación de un mayor número de docentes bilingües.

Estaba hablando, de un modo muy comedido, de un problema que se invisibiliza por la burocracia educativa en el país: la discriminación en las escuelas y que la presencia de maestros bilingües en las aulas se ha vuelto un mero requisito normativo, pero ha ocultado su ineficacia, ya que no todos los maestros bilingües hablan la lengua de las comunidades a los que han sido asignados, y como no se entienden profesores y educandos, no queda más remedio que dejar la lengua materna a un lado y forzar a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en español.

Sandra Luz Cruz dice que parte de la misión de Radio Huayacocotla es compensar un poco esa carencia. “La función fundamental de Radio Huaya es que sea una radio compañera de las comunidades, desde sus trincheras, con sus luchas y resistencias diarias, y también que el náhuatl, el otomí y el tepehua resuenen en estas cañadas, por estas sierras y por la Huasteca, porque eso  le da una importancia vital a estos idiomas que han sido discriminados, incluso desde las escuelas, donde durante muchos años el llamado ha sido a ya no hablarlo, porque también desde el ámbito educativos los niños y las niñas han sido discriminados por hablar su idioma materno, porque los maestros y maestras bilingües no los hay tantos como tendría que haberlos, o los  mandan a un lugar donde no toca, de manera que puede haber un maestro tepehua en una comunidad náhuatl, o una maestra otomí en un pueblo tepehua”, relata.

“Eso es un obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para la preservación de un idioma, que de eso se trata. Y hay todo un asunto de discriminación, y más cuando la gente tiene que moverse para continuar estudiando en otro lugar o para a buscar el sustento, y luego sus hijos ya no aprenden el idioma original y las comunidades se van quedando solas y los idiomas se van perdiendo.”

Por eso Radio Huaya transmite a lo largo de 16 horas todos los días alternando con los cuatro idiomas, con radio revistas, noticieros, anuncios comunitarios y bloques musicales, abarcando a públicos de todas las edades.

“Por ejemplo, la pareja que conduce ‘Con olor a café’, el programa matutino, es náhuatl y hablan en su idioma y en español, lo cual permite naturalizar de una manera muy sencilla este brinco entre un idioma y otro”.

francisco.deanda@eleconomista.mx

“El presente artículo se encontró en Inforural

De Anda Corral, J. (2020). Radio Huayacocotla cumple 55 años siendo altavoz de campesinos y pueblos indígenas. El Economista. Recuperado el 19 de agosto de 2020, de https://www.inforural.com.mx/radio-huayacocotla-cumple-55-anos-siendo-altavoz-de-campesinos-y-pueblos-indigenas/

México. «Vamos por el Informe de Fondo de la CIDH, no por la solución amistosa», Acteal Chiapas

Resumen Latinoamericano

13 de agosto de 2020

13 de agosto de 2020

Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2020

«Que le quede claro al Estado mexicano, Las Abejas de Acteal vamos por el Informe de Fondo de la CIDH, no vamos por la solución amistosa»

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal           

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

12 de agosto del 2020
 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

En esta conferencia de prensa desde Acteal, sede de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, tiene por objetivo denunciar la impunidad y darle continuidad a la reivindicación de la memoria y la exigencia de justicia a la masacre cometida en contra de nuestras 45 hermanas y hermanos, más los 4 bebés no nacidos, asesinados brutalmente dentro del vientre de sus madres, por un grupo paramilitar priísta de Chenalhó, bajo las órdenes del gobierno priísta de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el marco de la guerra de contrainsurgencia, inscrita en el Plan de Campaña Chiapas 94.

Queremos recordarle al mundo que un día como hoy del año 2009, la «Suprema Corte de ricos y criminales», o la mal llamada «Suprema Corte de Justicia de la Nación» (SCJN), liberó masivamente a los autores materiales de la Masacre de Acteal, argumentando «irregularidades en el debido proceso», el objetivo era encubrir lo que pasó con su manto de impunidad y que no se investigara a los autores intelectuales de dicha masacre.

El acto de impunidad que sembró la mal llamada «SCJN» en el año de 2009, laceró la dignidad y la memoria de nuestras víctimas de Acteal, al liberar a todos los autores materiales de la Masacre de Acteal. No sólo les otorgó impunidad, sino que el Estado mexicano, a través del entonces gobernador perredista de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, premió a los asesinos con tierras, casas y pensiones mensuales. Supuestamente, la condición para recibir estas cosas era no regresar a vivir a sus comunidades en Chenalhó, pero no fue así: ahora los paramilitares asesinos de Acteal andan campantes en Chenalhó y en Acteal, gozando con sus familias de los regalos que les ofreció el mal gobierno; sin embargo, nuestros familiares masacrados ya nunca volverán.

Al tomar la decisión abominable de poner en libertad a los paramilitares, la «SCJN» ni siquiera analizó que estos asesinos pueden volver a matarnos, ya que las armas con las que masacraron a nuestros hermanos, siguen ahí escondidas en sus comunidades, porque el mal gobierno nunca desarmó a los grupos paramilitares que financió en Chenalhó, como en otras partes de Chiapas.

Fue así que hace 11 años la «casa máxima de justicia» de la nación se burló  de la memoria y sangre de nuestros 45 hermanos y hermanas y más los 4 bebés no nacidos, y desde esa fecha quedó escrito para siempre en la memoria e historia de Las Abejas de Acteal, que la mal llamada «SCJN», defraudó al sistema de justicia mexicano en el caso de la Masacre de Acteal.

Cuando vimos que el sistema de justicia en México no es para los pobres y menos para los pueblos con procesos de autonomía, fue que decidimos que para hacer justicia por la Masacre de Acteal era necesario buscar alternativas; una era acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la otra ha sido construir desde los pueblos de abajo y organizados, una justicia verdadera, digna, duradera y humanizada, a la que le llamamos La Otra Justicia, donde sí estamos seguros que se puede lograr el Lekil Chapanel (Justicia Buena/Digna), donde los autores intelectuales y materiales reconocen el crimen que han cometido y se toman medidas efectivas para que no se vuelva a repetir. 

A casi 23 años de la Masacre de Acteal, hemos atravesado desgastes de todo tipo,  orquestados por el mismo mal gobierno, llámense priístas, panistas y ahora morenista. Como sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal, miembros activos de la Organización  Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, aquí, justo en donde están enterrados nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, reafirmamos que nunca, bajo ninguna condición y circunstancia nos conformaremos con una justicia a medias. Queremos que se entienda nuestra palabra: si nuestras hermanas y hermanos masacrados no renunciaron a su lucha pacífica en el momento de ser privados de su vida, ¿con qué dignidad podemos hablar en su nombre, si dejamos de luchar por su memoria y justicia a cambio de cosas materiales?

No, nosotras y nosotros no queremos justicia a medias. Lo que queremos es una justicia cabal, una justicia que evite la repetición de hechos como el de Acteal. La justicia que anhelamos es investigar a todos los autores intelectuales de la Masacre de Acteal, empezando con el ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, el Gral. Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la defensa nacional, Emilio Chuayfet Chemor, ex Secretario de Gobernación, Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas, el General Mario Renán Castillo y todos los otros ex funcionarios que son responsables de dicha masacre.

Y para que se investiguen estos ex funcionarios y sean juzgados por sus crímenes de lesa humanidad, le reiteramos a la CIDH, que emita ya el informe de fondo que en repetidas ocasiones le hemos insistido, desde que nuestro representante de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, acompañado de nuestros representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, participaron en la audiencia pública, durante el 156 período de sesiones, realizado en Washington, el 20 de abril del año 2015, mediante un documento firmado por Las Abejas de Acteal y de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre, manifestamos nuestra decisión de continuar con el informe de fondo, porque frente a las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano, este debe ser señalado responsable y debe reparar integralmente todo el daño cometido a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto.

El camino que hemos elegido para buscar la verdadera justicia para La Masacre de Acteal, no es corto, no es liso y llano; porque lo fácil, lo sencillo, lo inmediato, se caduca rápido.

Que sepa el Estado mexicano que no vamos a descansar hasta lograr la justicia, que la buscaremos con toda la fuerza de nuestro corazón y alma, porque nuestra palabra es verdadera, porque vivimos y vimos la violencia. Y para lograr ese objetivo, no podemos sólo nosotros, por eso les pedimos a todas las personas de buena voluntad, que también miran y piensan como nosotros, a que se unan a nuestra demanda y exigencia y construcción de justicia verdadera. ¡Ya basta! de tanto engaño y mentiras que hacen los malos gobiernos. Recordemos que lo que ahora estamos plantando, aunque no veamos y comamos su fruto, pero, sepan en su conciencia que nuestras hijas e hijos, cuando escuchen y lean nuestra historia, nos agradecerán infinitamente nuestra lucha que en algún momento la hicimos con amor y dignidad para la humanidad.

Que le quede claro al Estado mexicano:

Las Abejas de Acteal vamos por el Informe de Fondo de la CIDH

Nosotras y nosotros no vamos por la solución amistosa

Justicia para Acteal YA

Pedimos a la Sociedad Civil Nacional e Internacional que este mensaje haga eco. Agradecemos sus palabras hermanas y hermanos porque fortalece nuestro corazón y nos empuja a seguir caminando por la  verdad y la justicia por la masacre de nuestras 45 hermanas y hermanos más 4 no nacidos.

Atentamente,

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Simón Pedro Pérez López

Hilario Jiménez Pérez

Francisco López Sántiz

Por el representante de los sobrevivientes y familiares de víctimas de la Masacre de Acteal:

Elías Gómez Pérezhttps://acteal.blogspot.com/2020/08/las-abejas-de-acteal-vamos-por-el.html?m=1Compar

FUENTE: Pozol

“El presente artículo es propiedad de Resumen Latinoamericano

Resumen Latinoamericano. (2020). México. «Vamos por el Informe de Fondo de la CIDH, no por la solución amistosa», Acteal Chiapas. Resumen Latinoamericano. Recuperado el 14 de agosto de 2020, de https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/13/mexico-vamos-por-el-informe-de-fondo-de-la-cidh-no-por-la-solucion-amistosa-acteal-chiapas/