Prevenir y atender la violencia política contra las mujeres con un enfoque territorial

Prevenir y atender la violencia política contra las mujeres con un enfoque territorial

Muriel Salinas Díaz | Sem México

Guadalajara, Jalisco | Martes 27 de julio, 2021 | — : —

La mitad del cielo

Pese a que en las 32 entidades federativas se cuenta con un Observatorio de Participación Política de las Mujeres (OPPM), en la mayoría de los casos estos no cumplen con la función para la que fueron creados y ha sido difícil lograr que las instituciones que los conforman avancen hacia la articulación de una política pública para fortalecer la participación política de las mujeres, la democracia paritaria y el acceso de las mujeres a una participación libre de violencia.
En el caso de Guerrero el OPPM prácticamente sesiona para que las instituciones informen sobre las actividades que realizan en torno a estos temas, que se centran fundamentalmente en acciones de capacitación o eventos conmemorativos.
Sin embargo, la necesidad de avanzar hacia la consolidación de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres es una tarea imprescindible que requiere de la concurrencia de las instituciones electorales, los gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad civil para concretarse.
Con este propósito, Equipos Feministas, A.C. llevó a cabo un proyecto para desarrollar una estrategia participativa para prevenir y atender esta modalidad de violencia contra las mujeres durante el pasado proceso electoral en el estado de Guerrero, con el apoyo del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSC, a cargo del INE, en su edición 2020.
El proyecto consistió en la conformación de Nodos Regionales para Prevenir y Atender la VPMRG en las regiones de Acapulco, Centro, Montaña y Norte del estado de Guerrero, para lo cual se instrumentó un curso de capacitación virtual en la materia dirigido al funcionariado de las instituciones electorales y gubernamentales, OSC’s locales, abogadas y abogados electorales, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres. Con los cuales posteriormente se conformaron los Nodos y se habilitaron para desarrollar acciones de monitoreo, registro, atención, canalización y seguimiento de casos de VPMRG durante el proceso electoral.
Derivado de este ejercicio, Equipos Feministas, A.C. y la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses publicaron el primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Proceso Electoral de Guerrero 2020-2021, el pasado mes de mayo.
El informe da cuenta de un total de 45 casos de violencia política contra mujeres que participaron en el proceso electoral como precandidatas o candidatas a cargos electivos y contra militantes activas de diversos partidos políticos. De estos, 8 corresponden a denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, en tanto que 32 de estos incidentes fueron identificados a través de los Nodos Regionales e integrantes de la Red.
Estos casos fueron registrados en un total de 20 municipios de Guerrero, siendo Chilpancigo y Acapulco los que concentraron la mayoría de estos, con nueve y seis incidentes respectivamente.
En términos regionales, el 41 por ciento de los incidentes se registraron en la zona Centro de Guerrero, seguido por un 24 por ciento concentrados en la zona Norte, 16 por ciento en la zona de Acapulco, 6% en la Costa Chica, el 5 por ciento se situó en la región de la montaña y en el mismo porcentaje en la Costa Grande, en tanto que un 3 por ciento de estos casos se registraron en la Tierra Caliente.
La mayoría de los incidentes de VPMRG registrados fueron cometidos contra mujeres entre 40 y 49 años de edad, siendo 17 los casos en este grupo, seguidos por 9 casos en los que las víctimas fueron mujeres entre 30 y 39 años. Cinco casos fueron perpetrados contra mujeres entre 50 y 59 años; cuatro casos fueron cometidos contra mujeres mayores de 60 años y solo dos casos fueron cometidos contra mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 y 29 años.
Cuatro de los casos registrados en el informe fueron perpetrados contra mujeres indígenas: Eneida Lozano Reyes, integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero UPOEG, quien primero fue aspirante a diputada local por MORENA en el distrito 14 y posteriormente fue candidata a Concejala del gobierno municipal de Ayutla de los Libres, cargo para el que resultó electa. El segundo caso es el de Felicitas Martínez Solano, precandidata a la diputación local por el mismo partido en el distrito 15 con cabecera en San Luis Acatlán y el tercer caso corresponde a Edith Ramírez Santos, quien renunció a la candidatura a una regiduría por el partido Redes Sociales Progresistas en el municipio de Copalillo, por presiones y actos de hostigamiento por parte del candidato a la presidencia municipal de dicho partido político.
Exceptuando las 8 denuncias que se presentaron en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales FEDE y de las que no se cuenta con información, de un total de 32 casos registrados a través de los Nodos Regionales, 17 cueron cometidos contra mujeres que militan en MORENA, 4 contra mujeres del Partido de la Revolución Democrática PRD, 4 contra mujeres del partido Movimiento Ciudadano, 4 del Partido Revolucionario Institucional PRI, 3 del Partido Acción Nacional PAN, dos mujeres canditatas de la coalición PRI-PRD, 1 de Redes Sociales Progresistas y 1 del Partido del Trabajo PT.
En diecinueve de los casos registrados se trata de mujeres candidatas a cargos municipales, en tanto que se identificaron seis casos en los cuales las víctimas fueron candidatas a diputaciones locales, de las cuales dos son mujeres indígenas.
Respecto del perfil de las personas perpetradoras, el 62 por ciento de estas son hombres, el 16 por ciento son hombres y mujeres, el 11por ciento son mujeres y en otro 11 por ciento de los casos no se logró identificar el sexo de las o los perpetradores.
Es importante destacar que en 40 por ciento de los casos las personas identificadas como perpetradoras son dirigentes, militantes o simpatizantes de MORENA, en tanto que en el 22 por ciento de los incidentes las víctimas señalaron a grupos del crimen organizado como los perpetradores, seguidos por un 11 por ciento de casos donde se identifica como perpetradores a personas militantes o simpatizantes del PRI, un 5 por ciento corresponde a medios de comunicación o sus integrantes y en la misma proporción se identificó a militaltes o simpatizantes del PRD. EL 3 por ciento de los casos se identifica a dirigentes, militantes o simpatizantes de MC y en el mismo porcentale a personas del partido Redes Sociales Progresistas y a una casa encuestadora.
El informe contiene además un conjunto de fichas descriptivas mediante las que se recuperan algunos de los casos documentados y un apartado que narra dos casos emblemáticos: el de Félix Salgado Macedonio y un testimonio de la Síndica de Teloloapan, Eleazar Marín Quebrado, que dan cuenta del contexto de violencia en el que se desarrolló el proceso electoral en Guerrero y cómo este afecta la participación política de las mujeres durante el mismo, así como durante el ejercicio del cargo.
Uno de los factores clave que me gustaría recuperar de esta experiencia es el haber desarrollado una estrategia de prevención y atención de la VPMRG con un enfoque territorial en Guerrero, que fue posible por iniciativa de una organización de la sociedac civil como Equipos Feministas, A.C y por la voluntad política de las instituciones electorales y gubernamentales, tanto estatales como municipales. Un proceso de este tipo sólo es posible con el apoyo de programas como el PIPPM a cargo del INE, quizá uno de los pocos programas de fomento a las actividades de las OSC que sobreviven a las medidas regresivas impuestas desde la presidencia de la república que han desaparecido prácticamente todos los programas de esta naturaleza en el país.
Entre las acciones de capacitación virtual y presencial, así como la integración y puesta en marcha de los Nodos Regionales, el monitoreo, registro, así como atención jurídica a casos de VPMRG, la organización logró beneficiar a un total de 577 mujeres y 77 hombres, desde precandidatas y candidatas a cargos electivos de diversos partidos políticos, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, integrantes de colectivas feministas y OSC’s, abogadas y abogados, funcionarias y funcionarios electorales tanto locales como federales, así como servidoras y servidores públicos estatales y municipales, impactando en 35 de 81 municipios de Guerrero.
La experiencia de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en Guerrero representa un referente que habrá que fortalecer y consolidar en la entidad, e impulsar como un modelo replicable y susceptible de institucionalizarse para dinamizar el quehacer de los Observatorios Estatales de Participación Política de las Mujeres. Y eso también implica la defensa del Programa de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSC en el presupuesto de egresos de los años venideros.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Muriel Salinas Díaz (2021) Prevenir y atender la violencia política contra las mujeres con un enfoque territorial. Sem México. Recuperado el 27 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/prevenir-y-atender-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-con-un-enfoque-territorial/

Militarización de Chenalhó y Pantelhó amenaza integridad de desplazados en Chiapas

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | 16 de Julio del 2021 | — : —

La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano «pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas», la cual ha sido obligada a desplazarse de sus comunidades por la violencia paramilitar y del crimen organizado, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

En un comunicado, el Frayba alertó que la entrada del ejército a las comunidades indígenas «profundiza el miedo y el terror» de la población.

«Estas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México», agregó el centro de derechos humanos.

Ante la violencia y las amenazas contra la integridad de los desplazados, el Frayba hizo un llamado al gobierno federal «para que las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la población de la región».

De acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales que documentaron las recientes violaciones de derechos humanos en Los Altos, aproximadamente 3 mil 205 personas han sido desplazadas de manera forzada por la violencia en Pantelhó y Chenalhó.

Las víctimas de desplazamiento forzado, a pesar de haber salido de sus casas, continúan en riesgo y temen ser perseguidas y atacadas por los agresores que “siguen presentes y operando en la región”, reportaron las organizaciones que participaron en una misión de observación el pasado 10 de julio.

El presente artículo es propiedad de Desinformémonos.

Redacción (2021) Militarización de Chenalhó y Pantelhó amenaza integridad de desplazados en Chiapas. Desinformémonos. Recuperado el 19 de Julio del 2021 en: https://desinformemonos.org/militarizacion-de-chenalho-y-pantelho-amenaza-integridad-de-desplazados-en-chiapas/

Sigue TEEO, 63 juicios por Violencia Política en razón de género

  • En cinco casos el pleno declaró inexistencia de ese delito
  • Las que más han denunciado son con 31 casos las regidoras y le siguen 9 precandidatas

Lorena Vaniezcot | Sem México

Oaxaca | Miércoles14 de julio del 2021 | — : —

64 mujeres y 4 hombres han denunciado actos de violencia política en razón de género (VPRG), ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), al corte al 5 de julio y desde que inició el proceso electoral, el 1 de diciembre de 2020.

En un comunicado el Tribunal explica que de acuerdo con la estadística jurisdiccional, los casos de violencia política en razón de género son atendidos mediante 63 juicios, de los cuales, 25 siguen en instrucción; en cinco, el Pleno declaró la existencia de VPRG.

Además, en seis se declaró la inexistencia, y 27 medios de impugnación, por diferentes circunstancias, se desecharon, se sobreseyeron o reencauzaron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Respecto a las mujeres que han promovido estos juicios: 31 son regidoras propietarias o suplentes, 9 precandidatas, 4 presidentas municipales, 4 síndicas, 8 funcionarias, diputadas o auxiliares; y 8 ciudadanas sin cargo público.

En cuanto a la estadística general, el TEEO ha recepcionado, en este mismo periodo, 622 medios de impugnación, de los cuales, 429 están relacionados con el proceso electoral 2020-2021.

De este universo, 219 asuntos están en la etapa de instrucción.

SEM/sj

El presentearticulo es propiedad de Sem México.

Lorena Vaniezcot (2021) Sigue TEEO, 63 juicios por Violencia Política en razón de género. Sem México. Recuperado el 14 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/sigue-teeo-63-juicios-por-violencia-politica-en-razon-de-genero/

La LXV Legislatura tiene por analizar 67 iniciativas en materia de igualdad de género

Destaca la paridad de género en partidos políticos

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Lunes 12 de julio del 2021 | — : —

La LXV Legislatura podría avanzar en la profundización de la paridad de género, ya que, de las 453 iniciativas en materia político-electoral, (164 en el Senado y 289 en la Cámara de Diputados) que serán analizadas en los próximos meses, suman 67 iniciativas las de igualdad de género vinculadas a la política.

De las 67 iniciativas de igualdad de género, 36 tienen que ver con la aplicación de la paridad de género en partidos políticos, autoridades electorales y las gubernaturas de las entidades federativas y 31 proponen establecer medidas para sancionar la violencia política contra las mujeres.

En el estudio “Elementos para el debate de la reforma político-electoral” para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República elaborado por César Alejandro Giles Navarro.

En cuanto a las reformas que han sido aprobadas por la LXIV Legislatura destacan la reforma de paridad total, que instituyó este principio como derecho de la ciudadanía y al mismo tiempo como mandato para la integración de gabinetes, órganos autónomos y ayuntamientos; la sanción de la violencia política de género, la revocación de mandato y el acotamiento del fuero.

Detalla que, aunque el año pasado se expidió la legislación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ahora se han puesto sobre la mesa propuestas interesantes como la nulidad de los comicios cuando se cometan este tipo de conductas, o bien la pérdida del registro de partidos y candidaturas que no cumplan o simulen el cumplimiento del principio de paridad.

Ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 15 de junio de que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para, entre otras cosas, asegurar la actuación independiente de las autoridades electorales frente a los grupos de interés, disminuir el costo de las elecciones y eliminar a la representación proporcional.

Se podría avanzar en rubros menos espinosos como la profundización de la paridad de género, la adopción del voto electrónico y la representación política de los migrantes, la reglamentación de la reelección legislativa, la flexibilización del modelo de comunicación política, entre otros temas que podrían dar forma a la siguiente reforma político-electoral.

Afirma el especialista que la adopción del principio de representación proporcional en el Congreso, la conformación de un auténtico sistema de partidos y la creación de un órgano electoral dotado de autonomía (INE) fueron eslabones de un complejo proceso de apertura y democratización del Estado mexicano, por lo que cualquier modificación de estas instituciones democráticas debe analizarse con rigor y prudencia para evitar posibles regresiones políticas.

Detalla que la desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales y la reducción del presupuesto a partidos, aunque parezcan medidas atractivas en un contexto de polarización y desencanto democrático, deben ser analizadas rigurosamente, procurando no caer en terrenos riesgosos para la institucionalidad democrática que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir en México. 

Afirma que es indispensable tener claridad sobre los problemas que se buscan resolver y los objetivos que se persiguen al modificar el marco constitucional y legal que regula la organización política y la competencia por el poder en nuestro país.

La reforma político-electoral dependerá de la construcción de acuerdos en el congreso dado que ninguna fuerza política cuenta por sí sola con la mayoría calificada, la viabilidad de la próxima reforma dependerá del diálogo y voluntad de los diferentes actores políticos. 

En la LXIV Legislatura que está por terminar, hasta el 16 de junio de 2021, se habían presentado en el Congreso de la Unión 453 iniciativas en materia político-electoral, (164 en el Senado y 289 en la Cámara de Diputados) que serán analizadas en los próximos meses.

Entre las que destacan tres temas recurrentes: 1) paridad de género y derechos políticos de las mujeres; 2) fortalecimiento de los mecanismos de democracia directa y 3) reducción del financiamiento público de partidos.

Como era de esperarse en esta legislatura de la paridad, la cuestión de los derechos políticos de las mujeres es el tema más recurrente de las iniciativas presentadas. El tercer tópico más recurrente, que seguramente cobrará más fuerza con la iniciativa presidencial, es la disminución del financiamiento público de los partidos políticos.

Hasta el momento se ha presentado formalmente 33 iniciativas que proponen distintas fórmulas para reducir el presupuesto público que se destina a los partidos políticos. Cabe destacar que este tema ya fue discutido y desechado en la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 12 de diciembre de 2019, al no reunir la mayoría calificada que se requería para poder modificar el artículo 41 constitucional. Además de los partidos de oposición, votaron en contra de este dictamen las bancadas del PT y el PVEM, ambos aliados del partido en el gobierno.

Concluye que la viabilidad de la próxima reforma dependerá del diálogo y voluntad de los diferentes actores políticos.

Desde la década de los noventa hasta la fecha, las reformas político-electorales que se han aprobado en México han requerido del consenso no solo por cuestiones de legitimidad, sino porque para su aprobación se necesita de una mayoría calificada que avale los cambios, al menos a nivel constitucional.

La reforma política no se refiere a cambios en la forma de gobierno (para lo cual se requeriría de una nueva Constitución), sino a los ajustes que, en el marco de un proceso de reforma del Estado, se realizan a las instituciones políticas existentes para responder a las demandas de la sociedad, sin que ello implique modificar, en esencia, el tipo de gobierno.

La reforma electoral, por su parte, se refiere a las modificaciones que se llevan a cabo en las normas que se observan para efecto de integrar los órganos de gobierno y de representación política, con base en la voluntad de las y los ciudadanos, lo que se conoce como el sistema electoral.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel (2021) La LXV Legislatura tiene por analizar 67 iniciativas en materia de igualdad de género. Sem México. Recuperado el 12 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-lxv-legislatura-tiene-por-analizar-67-iniciativas-en-materia-de-igualdad-de-genero/

Inicia IEEPCO 48 Procedimientos Especiales Sancionadores por violencia política en Oaxaca

* Durante el proceso electoral 2020-2021

* Uno de ellos fue interpuesto por la candidata del PAN Ivonne Gallegos quien fue asesinada en marzo pasado

Soledad Jarquín Edgar | Sem México

México, Oaxaca | Lunes 5 de Julio del 2021 | — : —

 Durante el proceso electoral 2020-2021, el instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana inició un total de 48 procedimientos especiales sancionadores (PES), por violencia política en razón de género.

De acuerdo al informe público en el primer año se registraron nueve procedimientos siete de los cuales corresponden a violencia política y la mayoría de ellos fueron interpuestos contra autoridades municipales y en un solo caso contra “operadores, titulares y/o responsables de medios de disfunción o de comunicación de noticias digitales vía internet mediante páginas o cuentas de redes sociales”.

De los siete procedimientos dos han sido remitidas al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y el resto se encuentra en etapa de audiencia de pruebas e investigación. Dos también recibieron medidas cautelares de las cuatro que solicitaron la medida.

De los 41 PES interpuestos en 2021 destaca el registrado el 20 de marzo pasado por Ivonne Gallegos Carreño, aspirante del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Ocotlán en contra de Miguel Pacheco Pérez y Eduardo Salvador Díaz Ríos. Se trata de la misma fecha en que fue asesinada a pesar de que la candidata había acudido ante la instancia correspondiente una tarde antes.

La mayoría de los procedimientos especiales se interpusieron en contra de actos cometidos por autoridades municipales, al menos cuatro diputados locales, partidos políticos y funcionarios.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Soledad Jarquín Edgar (2021) Inicia IEEPCO 48 Procedimientos Especiales Sancionadores por violencia política en Oaxaca. Sem México. Recuperado el 6 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/inicia-ieepco-48-procedimientos-especiales-sancionadores-por-violencia-politica-en-oaxaca/

Denuncian organizaciones injerencia de gobernador de Oaxaca en elección de magistrados para favorecer a varones

CIMACFoto: Citlalli López Velázquez

La Redacción  | Cima Noticias

Ciudad de México | Martes 1 de Junio del 2021 | — : —

Más de 15 organizaciones civiles denunciaron que el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, no respetó la paridad de género e interfirió en el proceso de selección de candidaturas de magistrados al Tribunal de Justicia del estado de Oaxaca, para favorecer a los hombres, pese a que una mujer ya había sido seleccionada para uno de estos cargos. 

En un comunicado, las organizaciones explicaron que como parte del proceso de selección, el Consejo de la Judicatura remitió al gobernador dos listas, una con 8 mujeres y otra con 8 hombres, quienes eran las personas aspirantes a ocupar el cargo de magistrada o magistrado, para que éste a su vez, seleccionara una terna de mujeres y una de hombres al Congreso del estado. Señalaron que entre las 8 mujeres seleccionadas se encontraba la jueza Erika María Rodríguez.

“Sin embargo, desconociendo la medida adoptada por el Consejo para garantizar la elección de una mujer (en la terna), el gobernador propuso al Congreso del estado dos ternas mixtas. En una de las ternas incluyó a la jueza Rodríguez”, detallaron.

En abril, las 6 personas aspirantes al cargo comparecieron ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXIV Legislatura del congreso estatal donde definieron el nombramiento de la jueza Erika María Rodríguez como magistrada y solicitó se convocara al pleno del congreso local para la aprobación del nombramiento. 

Este proceso, detallaron, debía ser realizarse antes del 3 de mayo de 2021, sin embargo, “en un acto inexplicable y altamente cuestionado por las y los oaxaqueños”, la Diputación Permanente no convocó a sesión en los 20 días que marca la Constitución, por lo que el plazo se venció y esta facultad pasó a el gobernador de esta entidad, quien nombró a Moisés Molina Reyes y a Abraham Isacc Soriano Reyes como magistrados, aunque ya se había elegido a una mujer.  

“Estos actos además de ser irregulares dentro del proceso de selección, vulneran el derecho a una representación equitativa del género en los sistemas de justicia y el derecho de las mujeres a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad y no discriminación por razones de género. Esto tomando en cuenta la actual composición del Tribunal Superior de Justicia: 21 hombres y 7 mujeres”, dijeron. 

Por todo lo anterior, agregaron, la jueza Erika María Rodríguez Rodríguez promovió un amparo en contra de las normas constitucionales locales y de la designación realizada por el gobernador. Éste fue admitido por el Titular del Juzgado XI de Distrito mientras que el Titular del Juzgado Federal concedió la suspensión provisional de las funciones de los dos magistrados designados, que se impugnan inconstitucionales.  

Ante ello, dijeron, el gobernador interpuso una queja en contra de esta suspensión, la cual se encuentra en trámite en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa. Esperan que este órgano tome esta oportunidad histórica para hacer valer la Constitución y los tratados internacionales “confirmando el respeto al Estado de derecho, a la autonomía judicial, a la división de poderes, y al principio de paridad de género”. 

Las organizaciones exigieron que los tribunales federales en lo que se está tramitando tanto el amparo principal como la queja interpuesta por el gobernador de esta entidad actúen con independencia judicial y no permitan ningún tipo de injerencia política en los procesos y que las resoluciones que se emitan tengan como base el principio de paridad de género y o discriminación, y a los principios internacionalmente reconocidos para los nombramientos de altos cargos en la judicatura como experiencia, mérito, perfil adecuado, procedimiento transparente y apegado a derecho.

Que el gobernador y los partidos políticos se abstengan de interferir de manera inadecuada en el proceso respetando la división de poderes, la independencia judicial y los derechos de las mujeres y también demandaron que las autoridades oaxaqueñas se abstengan de ejercer cualquier acto de intimidación contra la jueza Erika Martínez y se proteja su integridad.

21/AEG/LGL

El presente articulo es propiedad de Cima Noticias.

La Redacción  (2021) Denuncian organizaciones injerencia de gobernador de Oaxaca en elección de magistrados para favorecer a varones. Cima Noticias. Recuperado el 1 de Junio del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/06/01/denuncian-organizaciones-injerencia-de-gobernador-de-oaxaca-en-eleccion-de-magistrados-para-favorecer-a-varones

Asesinatos, amenazas y renuncias marcan las campañas políticas de las mujeres

Imagen retomada del INE

Anayeli García Martínez  | Cima Noticias

Ciudad de México | Viernes 28 de Mayo del 2021 | — : —

A una semana de que se celebre la jornada electoral, el domingo 6 de junio, tres candidatas a cargos de elección fueron asesinadas, 109 presentaron quejas por ser víctimas de violencia política y 38 hombres fueron registrados como agresores de mujeres en el ámbito político.

En esta elección, la más grande en México por la cantidad de cargos a elegir (20 mil 500 cargos), el 15 de febrero de este año fueron asesinadas la exalcaldesa priista de Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, Gladys Merlín Castro, y su hija Carla Enríquez Merlín, quien de acuerdo con medios locales aspiraba a conseguir el apoyo de Morena para obtener una candidatura para ocupar la presidencia municipal donde vivía.

Unos días después del doble crimen, el 20 de marzo, fue asesinada Ivonne Gallegos Carreсo, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca. Los medios locales reportaron que la política fue invitada por la alianza “Va por Oaxaca”, integrada por PRI, PAN y PRD, para participar en el proceso electoral, pero analizaba ser candidata independiente. En este caso, antes de ser asesinada, la política presentó una denuncia por violencia política ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

El crimen más reciente de una candidata ocurrió el 25 de mayo, cuando Alma Rosa Barragán, postulada por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, en el estado de Guanajuato, fue asesinada por un grupo armado durante un mitin de campaña. Antes del ataque ella denunció públicamente que trataban de desprestigiarla al acusarla de estar relacionada con lavado de dinero.

Aunque se tiene información de estos tres casos, de acuerdo con la consultora Etellekt, en total seis mujeres que aspiraban a cargos públicos fueron asesinadas en este proceso electoral y 155 mujeres relacionadas con la política fueron agredidas, según sus registros, hasta mayo de 2021.

Además de estos crímenes, otras mujeres que hicieron campaña arropadas por partidos políticos también fueron amenazadas. Por ejemplo, Alejandra Lagunas Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Xochitepec, en el estado de Morelos, renunció a su postulación y cambió de domicilio, después de recibir amenazas de muerte vía telefónica y por redes sociales.

Otras mujeres que aspiraban a cargos públicos, pero que abandonaron sus intenciones debido a amenazas de muerte, fueron la candidata del PT a la alcaldía de Cuichapa, en el estado de Veracruz, Érika Cortés; y la abanderada del PRI para encabezar el municipio veracruzano de Mixtla de Altamirano, Francisca Morales, cuyo esposo fue asesinado en abril de este año. Además, la candidata de Morena, a encabezar este último municipio, Norma Estela Hernández Sánchez, también denunció amenazas, pero fue la última que continuó con su campaña.


Aunque el 27 de mayo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó en una reunión virtual de trabajo con la jefa de Gobierno, la gobernadora y gobernadores que “en casi la totalidad de los municipios, distritos electorales, federales y locales, y en las 32 entidades federativas, prevalecen condiciones de paz, tranquilidad y confianza para que las campañas concluyan sin mayores contratiempos”, la violencia política sigue presente.    

El 23 de mayo la candidata por el partido estatal Chiapas Unido a la presidencia municipal  de Cintalapa, Alejandra Aranda, fue retenida por pobladores de la comunidad, junto con su hijo menor de edad y su equipo de campaña. Aranda fue intimidada supuestamente porque su esposo, que fue alcalde de ese municipio, no cumplió sus promesas de campaña. La política estuvo incomunicada alrededor de 24 horas hasta que fue liberada.

Registro de agresores

En este proceso electoral también se han presentado denuncias de violencia contra mujeres que ya ejercen un cargo público. Es el caso de la regidora quinta del Ayuntamiento de Perote, en el estado de Veracruz, Angelina Zavaleta Córdoba, quien fue reportada como desaparecida el pasado 23 de mayo. La funcionaria fue localizada con vida este 27 de mayo en el ejido Tepetzilera, en aquel municipio.

Previo a su desaparición, la regidora denunció ante las autoridades electorales que fue víctima de violencia política por parte del alcalde y algunos regidores, quienes fueron incluidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. De acuerdo con esta base de datos, hasta el mes de mayo, hay 38 hombres registrados como agresores de mujeres en el ámbito político.

El más reciente informe del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre violencia política en razón de género, indica que en marzo el organismo conoció 55 quejas de violencia política de género, en abril la cifra llegó a 73 y para mayo fue 108. Es decir, entre abril y mayo se duplicaron las quejas y denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE sólo atendió 35 quejas porque las otras 73 las remitió a otras autoridades locales.

Este informe, que se realiza para cumplir con las reformas en materia de violencia política, vigentes desde abril de 2020, también menciona que 21 casos fueron remitidos a los partidos políticos, dos a Morena, uno al PAN, dos a Movimiento Ciudadano y uno del PRI, por tratarse de asuntos que deben resolverse al interior de las agrupaciones políticas. Las estadísticas del INE dan cuenta además de que las solicitudes de medidas cautelares se duplicaron para pasar de 10 en abril a 19 en mayo.

La violencia denunciada por funcionarias, militantes de partido, candidatas a diputadas federales y a gobernadoras va desde amenazas, agresiones físicas, obstaculización de las funciones del cargo, hasta negativas para otorgarles licencias sin goce de sueldo para contender por un puesto de representación popular. Además, durante las campañas se presentaron quejas de candidatas que denunciaron ser amedrentadas para abandonar sus aspiraciones políticas, recibir manifestaciones misóginas, impedimento para colocar propaganda electoral y discriminación para participar en encuestas y sondeos.

En tanto, en la próxima jornada electoral las mujeres competirán para buscar ganar la preferencia del electorado para ocupar las 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 63 diputaciones locales  de 30 congresos locales y mil 926 presidencias municipales, además de cargos edilicios.

21/AGM/LGL

El presente articulo es propiedad de Cima Noticias.

Anayeli García Martínez  (2021) Asesinatos, amenazas y renuncias marcan las campañas políticas de las mujeres. Cima noticias. Recuperado el 28 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/28/asesinatos-amenazas-y-renuncias-marcan-las-campanas-politicas-de-las-mujeres

Cancela INE tres candidaturas a diputaciones federales por ejercer violencia política de género

Imagen retomada de Twitter

Anayeli García Martínez  | Cima Noticias

Ciudad de México | Jueves 27 de Mayo del 2021 | — : —

El Instituto Nacional Electoral (INE) canceló el registro de tres candidaturas a diputaciones federales que presentaron información falsa en su “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género”, en particular por cometer actos de violencia política contra las mujeres.

En la sesión de este 26 de mayo, la consejera Consejera Carla Humphrey Jordan, dijo que se canceló la candidatura de Manuel Guillermo Chapman Moreno, Raúl Tadeo Nava y Ana Elizabeth Ayala Leyva por incumplir con el requisito de modo honesto de vida, “calidad indispensable para ocupar una candidatura”.

La decisión se tomó después de que el Grupo Interdisciplinario, encabezado por la Secretaría Ejecutiva del instituto e integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, hizo una revisión muestral de las declaraciones presentadas por las y los candidatos.

La declaración, conocida como “#3De3VsViolencia”, es un documento que fue entregado a la autoridad electoral en el que, quienes buscan una candidatura, aseguraron bajo protesta de decir verdad  no tener condena o sanción por violencia familiar y/o doméstica; delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o no ser deudores alimentarios.

Tres personas presentaron información falsa

El Consejo General del INE resolvió cancelar las candidaturas de tres aspirantes a diputados federales por tener una sentencia por violencia política contra las mujeres, de acuerdo con información de tribunales electorales.

Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien se presentó como candidato a diputado federal por Morena, fue presidente municipal de Ahome, en el estado de Sinaloa, cargo desde el que ejerció violencia política y acoso laboral en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites.

Lo anterior, de acuerdo con la sentencia TESIN-JDP-21-2019, en la que no se impusieron sanciones, pero sí medidas de protección y restitución, las cuales no fueron cumplidas. La infracción fue confirmada en la sentencia SG-JE-37/2019 de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los actos tuvieron lugar durante el periodo inmediato anterior al que se postuló para otro cargo de elección popular y se perpetuaron desde 2018 hasta por lo menos el inicio del actual proceso electoral.

En el caso de Ana Elizabeth Ayala Leyva, también abanderada de la coalición Juntos Hacemos Historia, la autoridad encontró que cuando se desempeñaba como tesorera municipal del Ayuntamiento de Ahome, en el estado de Sinaloa, también ejerció violencia política en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites.

La tercera candidatura cancelada fue la de Raúl Tadeo Nava, postulado por el Partido del Trabajo, quien fue presidente municipal de Cuautla, en el estado de Morelos, desde donde ejerció violencia política contra de la síndica, María Paola Cruz Torres, quien de acuerdo con una denuncia en el Tribunal Electoral, impidió a la funcionaria realizar tareas propias de la sindicatura municipal, como representar legalmente al Ayuntamiento en todos los asuntos.

Tadeo Nava excluyó a la funcionaria de la toma de decisiones, toda vez que no se le convocó a sesión de cabildo; ejerció bloqueo económica en su contra; le impidió  tener personal a su cargo; e hizo expresiones denostativas referentes a que no era capaz de realizar sus labores por ser mujer.

En la Sentencia TEEM/JDC/443/2018-2 fue amonestado públicamente pese a haber sido emplazado a juicio, en ese entonces no acudió a combatir los hechos por los cuales se le denunció. Los actos tuvieron lugar desde 2015 y se perpetuaron al menos hasta 2018; es decir, hace no más de tres años.

No hubo revisión total de las declaraciones  

La consejera Carla Humphrey Jordan, lamentó que se haya realizado sólo una revisión muestral pese a que su propuesta fue hacer una revisión total de las declaraciones de todas las candidaturas. “Queda la duda si alguna de las personas registradas no debieran serlo” o es posible que una persona violentadora tome posesión de un cargo desde el cual seguirá violentando mujeres.

El Grupo Interdisciplinario requirió información a 156 autoridades de las 32 entidades federativas, de una muestra de mil 177 personas -822 hombres y 355 mujeres- de las 6 mil 962 registradas a una candidatura a diputación federal por ambos principios de elección, propietarias y suplentes, inscritas en el Sistema Nacional de Registro de Candidaturas.

En su intervención, la consejera Dania Ravel Cuevas detalló que, en el ámbito federal se consultó a cuatro instituciones: la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

En el ámbito local se requirió información a las autoridades penitenciarias, judiciales y/o de procuración de justicia; a las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales locales; al Registro Estatal de Deudores Alimentarios, al Tribunal Superior de Justicia de todas las entidades federativas, sobre resoluciones firmes, relacionados con delitos descritos en la #3De3VsViolencia.

Cabe decir que la crítica de organizaciones y colectivos feministas es que uno de los parámetros de la ““3 de 3”” fue pedir sentencia firme para negar una candidatura, a pesar de que no todos las denuncias de violencia de género llegan a tener resolución firme contra los agresores.

21/AGM/LGL

EL presente articulo es propiedad de Cima Noticias.

Anayeli García Martínez  (2021) Cancela INE tres candidaturas a diputaciones federales por ejercer violencia política de género. Cima Noticias. Recuperado el 27 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/27/cancela-ine-tres-candidaturas-a-diputaciones-federales-por-ejercer-violencia-politica-de-genero

Violencia contra mujeres periodistas incrementa durante los contextos electorales

CIMAC lanza el “Semáforo de violencia contra mujeres periodistas. Elecciones 2021” para registrar las agresiones contra las periodistas y sus características

Lado B

Cimac Noticias | Lado B

—- | Miércoles 26 de Mayo del 2021 | — : —

Durante la cobertura del proceso electoral (1 de enero a 20 de mayo de 2021), CIMAC ha registrado 15 agresiones en contra de mujeres periodistas; las entidades con más registros son Ciudad de México, San Luis Potosí, Puebla y Jalisco.

Por ello, en el presente proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de junio de 2021, Comunicación e Información de la Mujer AC.C (CIMAC) realizará un monitoreo para documentar y verificar atentados en contra de la labor de las periodistas durante sus coberturas de las elecciones venideras.

El “Semáforo de violencia contra mujeres periodistas. Elecciones 2021” registrará las agresiones contra las periodistas para identificar las zonas con el mayor riesgo de agresiones, las personas perpetradoras de los ataques, así como el tipo de violencias y el nivel de gravedad de las mismas antes, durante y después de las contiendas electorales de este año.

No es un problema nuevo

Tan solo en el proceso electoral de 2018, CIMAC registró 39 agresiones, 22 de ellas sucedieron el día de los comicios. Las entidades en donde se concentraron el mayor número de ataques fueron: Coahuila 18 por ciento, Estado de México 14 por ciento, Guanajuato, Jalisco y Puebla nueve por ciento, siendo los funcionarios (funcionarios del INE y policía estatal) quienes más agresiones realizaron con un 32 por ciento; equipos de trabajo, simpatizantes de partidos políticos o personas relacionadas con alguna candidata o candidato.

Ese año, las manifestaciones de violencia más frecuentes hacia las comunicadoras y periodistas fueron de intimidación u hostigamiento, el bloqueo informativo a través de la confrontación física o verbal al negarle el acceso a la periodista, ya sea a un espacio público e incluso impidiendo la cobertura a través de la agresión física o de amenazas a su integridad.

Violencia psicológica, presente en la mayoría de las agresiones

En 2021, los candidatos y candidatas han sido agresores directos en un 46 por ciento, mientras que particulares que tienen alguna relación con ellas/ellos ha agredido en un 26 por ciento; el equipo de trabajo o militantes y simpatizantes del partido han atacado a las periodistas en un 13 por ciento.

La violencia psicológica se presenta en 93 por ciento de los registros que se materializa en descrédito de la labor de las periodistas, intimidación y hostigamiento, mientras que la violencia física se materializa a través de bloqueos informativos y amenazas. Por su parte, en el espacio institucional sucedieron 53 por ciento de las agresiones, seguido del espacio digital en donde se han presentado casos de censura y campañas de desprestigio en contra de la labor periodística de las mujeres.

La labor informativa es fundamental durante el proceso electoral en una sociedad democrática con la capacidad de toma de decisiones basadas en información confiable y oportuna. Para conocer más sobre la cartografía y el desarrollo de la situación de las periodistas durante la cobertura electoral de este año consulta: https://bit.ly/2RKEVyy.

*Foto de portada: International Transport Forum | Flickr

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Cimac Noticias (2021) Violencia contra mujeres periodistas incrementa durante los contextos electorales. Lado B. Recuperado el 26 de Mayo del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/05/violencia-contra-mujeres-periodistas-incrementa-durante-contextos-electorales/

San Luis Potosí: violencia electoral y presuntos vínculos delincuenciales

En el proceso electoral de San Luis Potosí destacan las agresiones a candidatos a distintos puestos, las denuncias por vínculos delincuenciales en algunos de los candidatos y la violencia de género durante las campañas

Marcela Del Muro  | Pie de Página

SAN LUIS POTOSÍ | Martes 25 de Mayo del 2021 | — : —

En las calles de la capital de San Luis Potosí se siente la proximidad de las elecciones. Las vías rápidas se encuentran tapizadas de espectaculares que muestran los rostros de los candidatos con sus mejores promesas electorales, algunas frases innovadoras y otras menos entendibles. El próximo 6 de junio los habitantes elegirán quién ocupará la gubernatura y renovarán su congreso y todas sus alcaldías.

Es frecuente que en las pláticas se especule sobre los resultados electorales, pero lo cierto es que ni las encuestas nos muestran con claridad lo que se aproxima. Lo que sí ha salido a flote son los señalamientos de presuntos vínculos delincuenciales de los aspirantes a la gubernatura y una violencia que tiene a San Luis Potosí como una de las entidades con más agresiones dentro de la contienda electoral.

La plataforma Polls.mx, que recopila los resultados de distintas casas encuestadoras, coloca en la primera posición a Octavio Pedroza, candidato a la gubernatura de la coalición “Sí por San Luis”, integrada por PRI, PAN, PRD y el local Partido Conciencia Popular. Consulta Mitofsky y Massive Caller también dan la primera posición al exsenador panista.

Facto Métrica, en tanto, indica que desde finales de abril la abanderada de Morena, la doctora Mónica Rangel, superó por 4 puntos a Pedroza.

La encuesta del periodico El Financiero es la única que da la la ventaja, con 19 puntos, a Ricardo Gallardo Cardona, el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el PVEM y PT.

Para la capital, tenemos únicamente la encuesta de encuestas de Polls.mx que coloca en la primera posición al candidato de la coalición “Sí por San Luis”, el excomisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.

Pero las especulaciones y las pláticas electorales no demuestran que exista claridad en la preferencia de la población. A dos semanas para las elecciones, Pie de Página entrevistó a transeúntes que circulaban por la zona centro de la capital, la mayoría de ellos muestra desinterés hacia las jornadas electorales o consideran que ningún perfil cumple sus expectativas para darle el voto. Las pocas personas que ya tienen una idea clara decidieron gracias al acercamiento de los aspirantes a sus colonias, por las promesas de apoyos gubernamentales justos o porque los perfiles de los candidatos se ven honestos. 

Ricardo Gallardo en campaña.

Gastos de campaña y señalamientos de corrupción

Los caminos rurales en la Huasteca potosina fueron forrados por lonas con el rostro del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Ricardo Gallardo; a fuerza de mantas impresas, pasó de ser un completo desconocido en la zona a estar presente, prácticamente, en cada esquina.

Ricardo Gallardo ha gastado más que cualquier otro candidato en la elección, hasta ahora 13 millones 854 mil pesos, según información del INE. La imagen del abanderado del Verde está por todos los rincones del estado. Los números doblan en cantidad a los gastos de campaña de los otros punteros, Pedroza y Rangel. En medio de estas cantidades millonarias se comienzan a interponer denuncias que van de un lado y del otro de la balanza.

Hace una semana, el senador morenista Elí Cervantes interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por las tarjetas proselitistas “La Cumplidora” que se activarán en caso del triunfo de Ricardo Gallardo: “para que a partir del 26 de septiembre, tengas acceso a diferentes programas y becas que otorgará mi gobierno en beneficio tuyo y de tu familia”, se puede leer en los trípticos informativos que se muestran en redes sociales.

Esto no es lo único que envuelve al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ha informado que existen varias indagatorias que señalan el desvío de recursos públicos, mediante empresas fantasmas, que han beneficiado a la campaña de El Pollo Gallardo, como se le conoce coloquialmente al candidato, y a su partido político. A esta información se suma las diversas investigaciones realizadas por el medio potosino Astrolabio, donde se indican los vínculos y modus operandi de la familia del candidato. 

Recordemos que los Gallardo, Ricardo Gallardo Juarez, padre de El Pollo, y su hijo, han ocupado distintos puestos políticos en el estado. Primero, Gallardo Juárez fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, municipio conurbado de la capital, del 2009 al 2012; lo sucedió su hijo, del 2012 al 2014. Del 2015 al 2018 Gallardo padre gobernó el ayuntamiento de San Luis Potosí. Ese mismo año, el 6 de enero, Gallardo Cardona fue aprehendido “por la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera”.A su salida de prisión y absuelto de las acusaciones, Gallardo ocupó una diputación federal del 2018 al 2020.

Pero Gallardo no es el único señalado. Durante el segundo debate, organizado por la Coparmex, el único candidato independiente a la gubernatura, el maestro Arturo Segoviano, denunció el desvío de más de 10 millones de pesos por parte del secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitan, hermano del candidato panista Octavio Pedroza, a la campaña de la coalición “Sí por San Luis”, a través de la triangulación con una empresa propiedad del coordinador de campaña.A estas acusaciones se suma la denuncia del delegado nacional del PVEM, Francisco Elizondo, donde señalan que hubo un presunto financiamiento a la campaña de Pedroza por parte del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el prófugo de la justicia Javier Cabeza de Vaca.  

La candidata por Morena y extitular de Secretaría de Salud en el estado también ha sido señalada por la asociación Ciudadanos Observando, quienes aseguran que existen contratos irregulares triangulados por empresas fantasma entre Secretaría de Salud y el empresario Gabriel Salazar Soto, que es investigado por fraude. Hasta ahora, estas aseveraciones no han sido comprobadas, pero en Ciudad Valles, algunos ciudadanos aseguran que estas transas de compras irregulares fueron habituales durante su jefatura en la Jurisdicción Sanitaria No. VI, que abarca la responsabilidad de once municipios de la zona huasteca sur del estado.   

Las denuncias y sanciones no son exclusivas de las candidaturas a la gubernatura. El pasado 12 de mayo, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura a diputado federal por Morena de Pedro Carrizales Becerra, “El Mijis”, tras no poder comprobar la autenticidad de los documentos presentados para ocupar la diputación plurinominal como representante de comunidades indígenas.

Para el activista y vocero de la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (Cocihp), Rogel del Rosal, la jornada electoral ha sido muy superficial: 

“Es una elección al estilo antiguo, donde los candidatos son perfiles impresentables que no presentan soluciones reales. Ningún candidato tiene interés en promover la autonomía de la población indigena. Vemos que se sigue usando a los pueblos indígenas como objetos electorales no como sujetos de derecho. No se ve el cambio ni la transformación”.      

Proselitismo de los candidatos Romero Calzada y Octavio Pedroza en San Luis Potosí.

Foco rojo en violencia

San Luis Potosí es la séptima entidad con más violencia política durante el proceso electoral 2020-2021. La violencia, que ya se sentía con fuerza previo a las campañas, incrementó. De acuerdo con datos del gobierno federal, San Luis Potosí está entre las siete entidades del país que concentran el 53 por ciento de candidatos protegidos ante amenazas y agresiones en el proceso.

La Huasteca potosina se encuentra en foco rojo, según informó el secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, después del ataque armado a simpatizantes del PES en el municipio de San Martín Chalchicuautla y el ataque a la candidata panista a la regiduría de Tamasopo durante un mitin de campaña. 

En el reciente debate con los candidatos a la gubernatura, realizado por la Confederación Patronal de México, Coparmex, se notó la preocupación de los participantes ante el incremento de la violencia electoral en todo el país. Pero desde el debate anterior, organizado por el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana (CEEPAC) y la Universidad Autónoma (UASLP), los candidatos pusieron énfasis en sus propuestas de seguridad.  Todas giran en torno a la idea de robustecer la policía o crear una nueva Guardia Civil que sustituya a la policía estatal.

Violencia de género

En la intervención del candidato panista Octavio Pedroza en el segundo debate habló que para lograr que se reconstruya el tejido social en el estado y haya mayor seguridad es necesario apostarle a la familia. “La primera responsabilidad (de la mujer) es la atención de los hijos, en cuanto a su edad lo exija […] Hay que darle mayor participación a las mujeres, sin descuidar su función en lo familiar, para que una mujer que trabaja y al mismo tiempo son madres de familia no desatiendan su responsabilidad fundamental de ser ese núcleo que da cohesión a la familia”, señaló el candidato. Esta declaración fue señalada como misógina por feministas, medios de comunicación y Marvely Constanzo, candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.

Pero no es algo aislado. Desde las precampañas se han denunciado varios casos de violencia política en razón de género. El más reciente es la acusación y multa del candidato a la alcaldía por el PVEM, Leonel Serrato, al comprobar que “existieron las conductas denunciadas por la víctima (la candidata priista al ayuntamiento de Xilitla, María Rebeca Terán), generadas en el mes de abril de 2017 y diciembre de 2020 y son constitutivas de violencia política de género», indicó el Tribunal Electoral del Estado. 

Algunas mujeres de colectivas feministas y entrevistadas en vía pública expresaron que no detectan ningún perfil que sea genuino en su promesas de campaña que aborden la erradicación de la violencia contra la mujer. La mayoría de ellas son conscientes de la importancia del voto, pero pese al poco tiempo para el día de la votación, se sienten desalentadas por los perfiles electorales.  

Segoviano denuncia a Pedroza.

Violencia contra mujeres periodistas

Estas prácticas machistas y la violencia electoral permearon en la vida de las mujeres periodistas. 

El primer incidente, el 28 de abril, fue en una entrevista realizada por el periodista Omar Niño a el candidato de la coalición “Sí por San Luis”, donde el presentador infantilizó y desacreditó a una compañera periodista y fue secundado, de nuevo, por el candidato Pedroza. El segundo incidente fue previo al primer debate, donde el expriista José Luis Romero Calzada, ahora candidato por Redes Sociales Progresistas, respondió con un “yo no contesto mamadas”, ante el cuestionamiento por la transparencia de los gastos a raíz del uso de un helicóptero en su campaña electoral. Este no ha sido el único caso de agresiones de Romero Calzada, Tekmol, ante preguntas de mujeres periodistas. 

“Se habla de la violencia política que se ejerce contra mujeres que están en la función pública, pero las mujeres periodistas estamos en una especie de vacío y también estamos siendo violentadas políticamente. Hasta ahora, no hay una instancia a la cual recurrir y que pueda dar seguimiento a los casos, se ha intentado hacerlo a través del CEEPAC y del INE, pero en la ley no hay una competencia que los haga aptos y no hay nada más allá”, comenta la periodista María Medrano. Ella ha dado acompañamiento a las compañeras víctimas de violencia, como parte de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí. 

Para ella, la violencia que estamos viviendo durante este proceso electoral tiene que ver con tres ejes. La permisividad que dan las campañas de desprestigio ante trabajo periodístico; el silencio y las malas prácticas periodísticas ante agresiones contra el gremio en el estado y, por último, las formas cómo los funcionarios públicos han solucionado ciertos errores con la prensa y las oportunidades de comprar las líneas editoriales de algunos medios. María señala que es preocupante que los candidatos traigan la agenda de género como discurso principal de sus campañas, para ella sería más relevante que entendieran de qué va tener propuestas o políticas públicas con perspectivas de género.

El presente articulo es propiedad de Pie de Página.

Fotos: Ceepac y Especial

Marcela Del Muro  (2021) San Luis Potosí: violencia electoral y presuntos vínculos delincuenciales. Pie de Página. Recuperado el 25 de Mayo del 2021 en: https://piedepagina.mx/san-luis-potosi-violencia-electoral-y-presuntos-vinculos-delincuenciales/