Estados Unidos anunció recientemente que enviaría un paquete de bombas de racimo a Ucrania como parte de un paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares. La medida ha sido recibida con críticas generalizadas por parte de Naciones Unidas, Human Rights Watch y aliados como Alemania y Austria, preocupados por los riesgos potenciales que estas armas podrían suponer para la población civil.
A pesar de estas críticas, la administración Biden se ha mantenido firme en su decisión, alegando que los ucranianos se están quedando sin munición. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reconoce el riesgo para los civiles y afirma que Estados Unidos “ha pospuesto esta decisión todo lo que ha podido”.
Las bombas de racimo, según la definición de Human Rights Watch (HRW), son un tipo de munición indiscriminada que se ha descubierto que utilizan tanto las fuerzas ucranianas como las rusas. HRW ha condenado la medida, implorando a Estados Unidos que se abstenga de suministrar este tipo de armas mortíferas. La mayoría de los países del mundo han prohibido la producción, el uso y el suministro de bombas de racimo, allanando el camino para un sistema internacional de desarme más seguro.
Sullivan asegura que la munición que se está suministrando a Ucrania es, a diferencia de la de Rusia, no explosiva, con un porcentaje de fallo de alrededor del 2,5%. También destaca que Ucrania ha prometido utilizar las bombas de racimo en el campo de batalla y no en zonas urbanas.
El oficial del Pentágono Colin Kahl se ha pronunciado sobre la progresión de la contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas, afirmando que es “demasiado pronto para juzgar la contraofensiva en un sentido o en otro”. Es probable que Estados Unidos siga proporcionando ayuda militar a Ucrania mientras continúe el conflicto.
Independientemente de que Estados Unidos asegure que están mitigando el riesgo para la población civil, es improbable que la controversia en torno al uso de bombas de racimo desaparezca. Los aliados y las organizaciones que han condenado la decisión seguirán de cerca la situación y advertirán a los implicados para que actúen con responsabilidad.