En una medida controvertida, el gobierno de Biden ha reanudado las deportaciones de inmigrantes venezolanos, con un vuelo reciente que deportó a 130 personas a su país de origen. Esto marca un cambio significativo en la postura de la administración sobre la inmigración, ya que intenta hacer frente a la creciente presión de los críticos sobre la situación fronteriza.
El vuelo, organizado por la policía de inmigración estadounidense ICE, aterrizó en Caracas el 18 de octubre y forma parte de un acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro para la “repatriación ordenada, segura y legal” de los inmigrantes. Sin embargo, la decisión ha desatado las críticas de defensores de los derechos humanos, que argumentan que devolver a los migrantes a Venezuela podría poner en peligro sus vidas.
Los pasajeros, esposados de pies y manos, son hombres y mujeres adultos que no forman parte de unidades familiares, muchos de los cuales han entrado recientemente en Estados Unidos de forma ilegal o tienen antecedentes penales. Esta deportación se produce en pleno debate sobre el impacto de la inmigración en las ciudades estadounidenses, y algunos demócratas han expresado su preocupación por la gestión de la situación por parte del gobierno de Biden.
Pero aunque esta medida pueda apaciguar a algunos críticos, la decisión ha suscitado dudas sobre las prioridades del gobierno estadounidense y el planteamiento de la administración a la hora de gestionar la afluencia de inmigrantes en la frontera sur. Los defensores de los derechos humanos sostienen que deportar a personas a un país en plena crisis política y económica no sólo es peligroso, sino que va en contra de los valores y las obligaciones internacionales de Estados Unidos.
Este vuelo marca la primera vez que se ha organizado un vuelo chárter completo para la deportación de venezolanos de vuelta a su país, y el ICE afirma que habrá más en las próximas semanas.
Con información de Los Angeles Times
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