By Laura Pardo 
Colombia vive momentos de dolor y reflexión tras el asesinato de Sara Millerey, una mujer trans que fue brutalmente agredida en Bello, Antioquia. El caso, que ha estremecido a la sociedad, evidencia una cruda realidad: la transfobia sigue sembrando muerte y sufrimiento en espacios públicos, mientras la indiferencia de testigos y autoridades perpetúa estas tragedias.
Pronunciamiento oficial
En un comunicado, el Ministerio de Igualdad y Equidad condenó el ataque y afirmó contundentemente: “La transfobia mata. El silencio, también”. Este mensaje resulta aún más desgarrador al considerar que, según datos disponibles, durante el año 2025 se han documentado 24 casos de personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia, de los cuales 13 se registraron en Antioquia. Estos números no solo representan estadísticas frías, sino historias de vidas truncadas por prejuicios y odio.
Alarmante realidad
La violencia contra la comunidad trans alcanza niveles alarmantes, y el caso de Sara Millerey es un símbolo del sistemático menosprecio hacia las identidades diversas. En Bello, la agresión fue especialmente cruel: la víctima fue lanzada al caudal del río quebrada de Playa Rica luego de sufrir fracturas en brazos y piernas, mientras personas presentes se limitaban a grabar sin prestar auxilio. La demora en la atención médica, sumada a la falta de intervención oportuna de la autoridad, acentúa la injusticia y remite a un escenario en el que la vida de las personas trans es considerada prescindible.
La organización Caribe Afirmativo, activa en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, denuncia que “la mayoría de estos crímenes ocurren a plena luz del día, en espacios públicos, frente a testigos silenciosos y con la indiferencia o complicidad de muchas personas y autoridades”. Esta denuncia refleja una realidad cotidiana para muchas personas trans, quienes no solo deben enfrentar la violencia de agresiones físicas, sino también el desprecio y la falta de respuesta por parte de la sociedad y de los mecanismos estatales de protección.
Te podría interesar: Día Internacional de la Mujer
El caso de Sara no es un hecho aislado; es parte de una problemática estructural arraigada en prejuicios, intolerancia y narrativas deshumanizantes. En Antioquia, el territorio que concentra la mayor cantidad de estos homicidios, la cifra de 13 asesinatos de personas LGBTIQ+ durante 2025 advierte sobre la urgencia de implementar políticas públicas efectivas que garanticen la seguridad y el respeto hacia las diversidades. La comunidad trans exige justicia, reconocimiento de su identidad y, sobre todo, el fin de un ciclo de violencia que se perpetúa con cada acto de transfobia.
Un llamado a la acción colectiva
Ante esta situación, la sociedad no puede seguir siendo espectadora pasiva. Se hace imperativo romper el silencio y transformar la indiferencia en acciones concretas que protejan a las personas LGBTIQ+ y, en particular, a las mujeres trans, quienes históricamente han sido las más vulnerables frente a la violencia y el odio. La memoria de Sara Millerey debe convertirse en un llamado a la acción para reestructurar las políticas de protección, capacitación policial y sensibilización ciudadana, orientadas a erradicar la transfobia en todas sus formas.
La violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, reflejada en cifras alarmantes y en tragedias como la de Sara, es un recordatorio doloroso de que el respeto a la diversidad no es negociable. Las instituciones, en conjunto con la sociedad civil, deben unir esfuerzos para forjar un futuro en el que ninguna identidad sea motivo de discriminación y en el que el sufrimiento de una persona se traduzca en transformación social y, finalmente, en justicia.