By Ivy L. Alarcón 
Medellín se cubre de indignación frente al caso de Timothy Alan Livingston, el estadounidense de 36 años que fue encontrado con dos menores de edad (12 y 13 años) en un hotel en lo que parecía un acto de explotación y delito sexual. El hombre fue reportado a las autoridades por una ciudadana que presenció como entraba a las instalaciones con las menores. Y aunque lo detuvieron poco después, el día de hoy Livingston salió del país sin ningún cargo o sanción.
En una entrevista con Semana Federico Gutiérrez dijo “Yo tengo la misma indignación y misma rabia […] ¿cómo es posible que un tipo de estos después salga como si nada de nuevo para su país? En mi concepto este tipo debió haber sido llevado ante la justicia.” Dice que el sujeto fue llevado al Centro de Traslado de Protección donde fue procesado según protocolo y después puesto en libertad. Sin embargo, este seguía enfrentando un proceso de investigación. Pero posteriormente no tuvo complicaciones para salir del país.
Es frente a este último factor que nace la incredulidad del público respecto el tratamiento que se le dio al caso. Se cuestiona si realmente fue una falla de parte de la Policía y la Fiscalía, o si el alcalde pudo haber tomado cartas en el asunto para asegurarse que se llevara el caso hasta un juez. Frente a estos cuestionamientos el alcalde reitera sus lamentos y se libera de la responsabilidad empatizando con las víctimas y su desagrado frente al perpetuador.
Previamente el alcalde ha tratado de establecer medidas para prevenir este tipo de violencia en menores. Específicamente el decreto emitido por la Alcaldía de Medellín. El cual ordena restringir la movilidad y permanencia de menores de 18 años en vías públicas todos los días desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en las zonas: Sector Poblado, Corredor Vial de las 33, Comuna 10 Candelaria y Corredor de la 70. Con permiso de circular sólo si están acompañados por cualquiera de sus padres o representante legal.
Aun así, la situación con Livingston es la muestra de que esta medida no ha sido suficiente para evitar la violencia y explotación contra menores. E incluso, evidencia la inefectividad del sistema al enfrentarse a situaciones donde se encuentra a las posibles victimas justo al lado de una amenaza real.