By Natalia Rueda 
En un movimiento audaz para defender su soberanía y defender los principios del derecho internacional, México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Ecuador. La acusación surge del asalto a la embajada de México en Quito por parte del gobierno ecuatoriano, que incluyó la destitución por la fuerza del ex vicepresidente Jorge Glas, quien había buscado protección dentro de la embajada.
La canciller mexicana Alicia Bárcena ha detallado con claridad los hechos que llevaron a esta denuncia, resaltando la violación de la inmunidad diplomática de las instalaciones y el personal mexicano, así como las agresiones físicas sufridas por los diplomáticos en manos del gobierno ecuatoriano. Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, México exige que Ecuador se haga responsable por sus acciones y sea suspendido como miembro de las Naciones Unidas hasta que ofrezca una disculpa pública. Esto, según el gobierno mexicano, servirá como precedente para prevenir violaciones similares en el futuro.
La crisis entre ambos países comenzó cuando el ex vicepresidente Glas, quien enfrenta cargos de corrupción en su país, solicitó asilo en la embajada de México alegando persecución política. Sin embargo, Ecuador cuestionó la decisión de México de concederle asilo diplomático, argumentando que estaba interfiriendo en sus asuntos internos. Esta situación escaló rápidamente, incluyendo la expulsión del embajador mexicano por parte de Ecuador y la posterior ruptura de relaciones diplomáticas por parte de México.
El asalto a la embajada y la respuesta de ambos gobiernos han generado condena internacional. La destitución por la fuerza de Glas llevó a México a tomar una decisión decisiva de presentar una denuncia y romper todos los vínculos diplomáticos.
Esta escalada de la disputa diplomática entre México y Ecuador ha generado preocupaciones sobre la fragilidad del derecho internacional y la protección de la inmunidad diplomática. El resultado de este caso ante la Corte Internacional de Justicia no sólo determinará la responsabilidad de Ecuador sino que también sentará un precedente para el manejo de situaciones similares en el futuro.