By Ivy L. Alarcón 
En un hito histórico para la democracia mexicana, los reclusos en el país están participando activamente en las elecciones presidenciales de este año. Por primera vez, los presos tienen la oportunidad de influir en el destino político de México desde detrás de las rejas. Esta decisión, que marca un paso significativo hacia la inclusión electoral, ha generado un intenso debate sobre los derechos civiles y la justicia penal en el país. La medida busca garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal, puedan ejercer su derecho fundamental a votar.
La iniciativa ha sido recibida con opiniones encontradas. Por un lado, defensores de los derechos humanos celebran esta acción como un avance hacia la igualdad y la justicia social. Consideran que el derecho al voto es una parte integral de la rehabilitación y reintegración de los presos en la sociedad. Sin embargo, críticos de la medida expresan preocupaciones sobre la idoneidad de permitir que los condenados por delitos graves participen en el proceso electoral. Temen que esta inclusión pueda comprometer la integridad del sistema electoral y la seguridad pública.
A pesar de las controversias, el gobierno mexicano ha defendido la medida como un paso crucial hacia una democracia más inclusiva y equitativa. Se han implementado medidas especiales para garantizar la seguridad y la transparencia en el proceso de votación dentro de las instituciones penitenciarias. Con la participación activa de los reclusos en las elecciones presidenciales, México se encuentra en medio de un momento histórico que desafía las percepciones convencionales sobre la participación política y los derechos civiles.
En adición, el presidente López Obrador ha expresado públicamente su apoyo a las prisiones preventivas en ciertos casos, particularmente en lo que él considera como lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ha argumentado que las prisiones preventivas son necesarias para garantizar que los presuntos delincuentes no eludan la justicia mientras se lleva a cabo el proceso legal en su contra.