Condena ONU DH desaparición de defensoras en Edomex y Oaxaca, exige investigación

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 13 de mayo de 2021

FOTOCIMAC: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México.- Organizaciones internacionales y nacionales a favor de los Derechos Humanos exigieron que se investigue la desaparición de la defensora de Derechos Humanos Grisell Pérez Rivera, ocurrida en Tlalmanalco, Estado de México.

Grisell Pérez Rivera desapareció el pasado 26 de marzo de 2021. La última ubicación identificada por sus familiares fue el domicilio del refugio del que es fundadora y directora, “La Cabaña de la Sabiduría”, ubicada en una zona boscosa del municipio de Tlalmanalco, Estado de México. 

De acuerdo con información dada a conocer por la Red Nacional de Defensoras de DH, pese a que sus familiares reportaron la desaparición el mismo 26 de marzo, la Cédula Odisea de personas desaparecidas para el Estado de México no hizo difusión de la misma hasta el 13 de abril.

Grisell era abogada y brinda asesoría, acompañamiento y refugio a víctimas de violaciones de DH en la búsqueda de justicia, así como a madres de víctimas de feminicidio del Estado de México y familiares de mujeres y niñas desaparecidas. 

De acuerdo con lo que dijo a Cimacnoticias Concepción Esperanza Rivera Guerrero, madre de Grisell, entre las actividades políticas que recientemente había llevado su hija fue visitar a personas en situación de calle, participar en un foro en el Senado de la República y se manifestó afuera de Palacio Nacional para exigir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escuchara a las madres de víctimas de feminicidio.

Rivera Guerrero también relató que el Ministerio Público de Amecameca, en Edomex, fue muy omiso al momento al inicio de las investigaciones, toda vez que cuando fueron a buscar a Grisell en su refugio, encontraron sus pertenencias enterradas y luego ya no las volvieron a ver. La carpeta de investigación fue transferida a un Ministerio Público en Chimalhuacán, detalló. 

“Mi hija me invitaba a los foros y ahora soy una más de las madres con una hija desaparecida. Esto no puede seguir, cada día somos más. ¿Hasta dónde?”, cuestionó la madre.  

En un comunicado emitido este 13 de mayo, la ONU-DH condenó la desaparición de Grisell, así como de la también defensora de Derechos Humanos, Claudia Uruchurtu Cruz, reportada como desaparecida en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 26 de marzo y quien, de acuerdo con información difundida por López Obrador en su mañanera del pasado 11 de mayo, fue asesinada presuntamente por orden de la alcaldesa morenista, Lizbeth Victoria Huerta.

De acuerdo con ONU DH, en los últimos años, Uruchurtu Cruz había denunciado supuestos actos de extorsión y abuso de poder por parte de las autoridades municipales de Nochixtlán. Fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación frente al edificio del Ayuntamiento de Nochixtlán, donde se llevaba a cabo una protesta contra la actuación de la policía municipal que habría golpeado a una persona. En días recientes, las autoridades han anunciado la detención de algunas personas que estarían relacionadas con la desaparición.

La ONU-DH también llamó a las autoridades a realizar una investigación urgente e integral de los hechos y a lograr la búsqueda y localización de las dos defensoras.

“En México, las defensoras de Derechos Humanos enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos ciertos servidores públicos, y ésta se ve agravada por la discriminación estructural por motivos de género. Es esencial que la búsqueda de las dos defensoras y la investigación de su desaparición incorpore la perspectiva de género”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

“La impunidad en los crímenes cometidos contra personas defensoras de Derechos Humanos es una de las causas que más agravan la vulnerabilidad que enfrentan en México. Una investigación efectiva y de acuerdo a los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia por estos hechos, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, añadió Fernández-Maldonado.

Por esto, la ONU-DH llamó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar una búsqueda pronta y efectiva de las dos defensoras conforme a los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y a los demás estándares relevantes en la materia, incluido el principio de búsqueda en vida y el uso de todos los recursos disponibles para la búsqueda.

La ONU-DH alentó a que las acciones que adelanten las autoridades sean parte de una investigación pronta y exhaustiva de ambas desapariciones, que comprenda todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de las desapariciones con las actividades de defensa de los Derechos Humanos realizada por ambas defensoras, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la investigación. 

También llamó a las autoridades a garantizar la seguridad, acceso a la información y todas las medidas de atención necesarias para las familias de ambas defensoras, así como para las personas y organizaciones que las acompañan en la exigencia de verdad y de justicia.

En su informe “Situación de las personas defensoras de Derechos Humanos en México 2019-2020”, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT) reveló que durante 2019 y 2020 han sido asesinadas 45 personas defensoras de DH, entre ellas , 9 mujeres. Del total de defensoras asesinadas, 15 defendían derechos económicos, sociales y culturales, y 11 vivía en Chiapas.

21/AJSE/LGL

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Soto Espinosa, A. J. (2021). Condena ONU DH desaparición de defensoras en Edomex y Oaxaca, exige investigación. CIMAC Noticias. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/13/condena-onu-dh-desaparicion-de-defensoras-en-edomex-y-oaxaca-exige-investigacion

Familiares de desaparecidos exigen garantías de su derecho a la salud

Redacción | Desinformémonos.

Sábado 17 de abril de 2021

Foto: Erika Lozano

Ciudad de México | Desinformémonos. Madres y padres de personas desaparecidas denunciaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por violar su derecho a la salud y exigieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les garantice atención médica.

Un grupo de 11 madres y padres de personas desaparecidas en México presentaron el pasado jueves una queja colectiva de las violaciones a sus derechos humanos por parte de la CEAV. Solicitaron a la CNDH su protección ante estos actos y omisiones.

Las víctimas padecen graves enfermedades y afirman que varios de sus problemas de salud se derivaron de las actividades de búsqueda a sus familiares desaparecidos. Denunciaron que la CEAV no proporciona apoyo médico a las víctimas con el argumento de la supuesta inexistencia del nexo causal entre la desaparición de sus familiares y los problemas de salud desarrollados. “Ante la incertidumbre debe operar el principio pro persona en favor de las víctimas”, afirmaron colectivos defensores de derechos humanos.

Las siete mujeres y cuatro hombres pidieron a la CNDH que emita medidas cautelares que garanticen su atención médica y que resuelva de manera estructural su situación por medio de mesas de trabajo con las víctimas, sus representantes, peritos, médicos, psicólogos con perspectiva de derechos humanos y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la CEAV.

Enfatizaron que su situación representa un problema mayor que afecta a todas las víctimas de desaparición y sus familiares. Por ello, solicitaron que la CNDH deje la queja abierta para poder incorporar a otras personas, documentar las violaciones a sus derechos y revisar su estado de salud.

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Redacción (2021). Familiares de desaparecidos exigen garantías de su derecho a la salud. Desinformémonos. Recuperado el 19 de abril de 2021 de: https://desinformemonos.org/familiares-de-desaparecidos-exigen-garantias-de-su-derecho-a-la-salud/

Sí habrá marcha el 5 de junio para conmemorar incendio de guardería ABC

Silvia Núñez Esquer | CIMAC Noticias

Viernes 16 de abril de 2021

Hermosillo, Son. La integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, Patricia Duarte Franco, confirmó que la marcha para conmemorar el doceavo aniversario del incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio, sí se llevará a cabo y sólo podría suspenderse si se agravara la pandemia y hubiera instrucciones de las autoridades sanitarias de un reconfinamiento.

La tradicional marcha organizada por el Movimiento 5 de junio se ha realizado durante los primeros diez años de ocurrida la tragedia en Hermosillo, Sonora, y solamente en el 2020 fue imposible realizarla, por el confinamiento total que solo permitía actividades esenciales.

El año pasado el onceavo aniversario se recordó con actividades virtuales en las que participaron ciudadanas y ciudadanos solidarios con madres y padres afectados, y se compartieron por redes sociales.

Solo se llevó a cabo con muy pocas personas la vigilia de la noche previa, que se realiza cada año frente a la Guardería ABC en homenaje a las 49 niñas y niños fallecidos en el suceso que puso al descubierto la red de complicidades de los poderes político y económico, alrededor del comercio voraz del cuidado infantil.

La conmemoración en Hermosillo que ha llegado a congregar hasta veinte mil personas marchando, tendrá adecuaciones por el contexto de contingencia sanitaria que no termina aún.

Este año la marcha que se realizará un día antes de las elecciones, sólo se hará con cubre boca y la distancia recomendada, y no culminará en mitin como tradicionalmente sucede. Tampoco habrá lectura presencial del pronunciamiento anual del Movimiento 5 de junio, mismo que se difundirá virtualmente para evitar el conglomerado que se hace al culminar la marcha.

Duarte Franco comentó que valoraron la situación de la pandemia con una baja en los contagios y defunciones reportadas por las autoridades y decidieron que sí saldrán a marchar.

La convocatoria como siempre se hará a toda la sociedad que desee acompañarlos a exigir justicia pues a la fecha quedan muchos temas pendientes, el caso no ha finalizado, por lo que continúan en la lucha tal como se lo prometieron solemnemente a sus hijas e hijos fallecidos.

“Tenemos que salir a marchar, han transcurrido doce años y el caso ni siquiera se ha resuelto aquí en México”, lamentó quien forma parte del grupo de familias que ya presentaron una queja contra el Estado mexicano y fue admitida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La mamá de Andrés Alonso García Duarte, niño fallecido en el incendio de la Guardería ABC, explicó que todavía el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no hay fecha para que se resuelva.

Este año electoral, igual que el 2009, año del incendio, consideran que deben recordarle al Estado mexicano ese gran pendiente por el mayor agravio cometido contra los Derechos Humanos de la niñez mexicana.

“Seguimos en la exigencia por justicia para nuestras niñas y niños y no vamos a desistir hasta que esto se resuelva. Es importante que se mantenga en la memoria de los hermosillenses y con toda la responsabilidad del mundo lo platicamos y decidimos convocar”, anunció.

A los asistentes se les pedirá que continúen con las medidas que el sector salud disponga para ese tipo de eventos, y a las personas solidarias que siempre se unen con actividades en otros lugares de residencia del país, que hagan lo propio, según el contexto sanitario de esos puntos.

Para quienes no puedan salir a marchar les pedirán que continúen con los actos conmemorativos presenciales o virtuales y los compartan para seguir recordando la exigencia de justicia.

A reserva de que próximamente se dará a conocer el programa oficial, se confirma la convocatoria a que la vigilia se realice sin reunión, sin música, ni ceremonia ecuménica, ni discursos. Solamente se pedirá a quienes así lo deseen, que lleven veladoras y flores a la Guardería ABC la noche del 4 de junio para honrar a las niñas y niños y seguir recordándolos.

En relación a la resolución del caso, Duarte Franco confirmó que ya tiene aproximadamente dos años en la SCJN y no se ve la resolución en puerta. “Necesitamos el apoyo de la gente”, recordó.

En relación a la petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, narró que en enero pasado dieron respuesta a la CIDH, en donde no llegaron a un acuerdo amistoso con el Estado mexicano pues las propuestas no satisfacen la demanda de justicia, además de señalar algunas prácticas con las que no están de acuerdo.

A principios del mes de mayo se dará a conocer la convocatoria oficial con las actividades confirmadas que podrán realizase para la conmemoración del aniversario 12 del incendio de la Guardería ABC, finalizó.

21/SNE/LGL

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Núñez Esquer, S. (2021). Sí habrá marcha el 5 de junio para conmemorar incendio de guardería ABC. CIMAC Noticias. Recuperado el 16 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/16/si-habra-marcha-el-5-de-junio-para-conmemorar-incendio-de-guarderia-abc

Exigen justicia para Andrea, joven de 21 años asesinada en Estado de México

Redacción | Desinformémonos.

Lunes 5 de abril de 2021

Foto: @Sandy_0601

Ciudad de México | Desinformémonos. Cientos de mujeres protestaron en el Estado de México para exigir justicia para Andrea, joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el Hotel Rey Poeta del municipio de Nezahualcóyotl, el pasado 29 de marzo.

Las mujeres señalaron que la pareja de Andrea, Bryan, es el principal sospechoso del feminicidio, pues las cámaras de seguridad del hotel muestran cómo ambos ingresan al edificio y después él abandona el lugar solo.

Angela Salgado, madre de la víctima, denunció que el presunto feminicida fue detenido pero que podría quedar libre porque su familia “ha ofrecido dinero a las autoridades para manipular el juicio y quedar libre”.

“¡Justicia para Andrea!”, gritaron familiares, amigas y mujeres del municipio mexiquense, quienes también exigieron que no se libere al sospechoso, detenido por integrantes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

Andrea fue reportada como desaparecida el pasado 27 de marzo, día en que salió de su domicilio con Bryan para ir a una fiesta. Dos días después, las autoridades notificaron a su madre el hallazgo del cuerpo sin vida.

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Redacción (2021). Exigen justicia para Andrea, joven de 21 años asesinada en Estado de México. Desinformémonos. Recuperado el 5 de abril de 2021 de: https://desinformemonos.org/exigen-justicia-para-andrea-joven-de-21-anos-asesinada-en-estado-de-mexico/

Confirma Fiscalía de Quintana Roo que Victoria Salazar era víctima de violencia familiar

Andrea Franco | CIMAC Noticias.

Jueves 1 de abril de 2021

violenciagenero24SilviaNunezEsquer

Cancún, Q.Roo. La Fiscalía General de Quintana Roo, informó que Victoria Salazar, la mujer asesinada a manos de policías de Tulum en aquella entidad, era víctima de violencia familiar junto con una de sus hijas.

Tras confirmar que la pareja de Salazar fue detenida por los delitos de “desobediencia de particulares y contra la libertad y seguridad sexual”, en agravio de la hija menor Victoria, la Fiscalía informó que la captura fue posible gracias a que una persona que vio los videos que estuvieron circulando en redes, aportó información para encontrar a familiares de la víctima.

“Con la información obtenida, la policía de investigación en coordinación con la Policía Quintana Roo y Guardia Nacional, realizaron un despliegue policial, en el cual, a través del uso de la tecnología y otras técnicas de investigación, se establecieron puntos de vigilancia en un asentamiento irregular en el municipio de Tulum”, informó la Fiscalía.

En días pasados la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) Gretchen Kuhner, dijo a Cimacnoticias que aún falta mucha información para conocer a detalle las circunstancias de este feminicidio; sin embargo, lo que se sabe, dijo, es que elementos policiales hicieron uso excesivo de la fuerza contra una mujer, por lo que el gobierno de México tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia para la familia de Victoria. Esto implica, agregó, identificar las necesidades específicas de su familia y facilitarles, por ejemplo, que su madre pueda viajar y estar en México mientras se investigan los hechos.

21/RED

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La Redacción (2021). Confirma Fiscalía de Quintana Roo que Victoria Salazar era víctima de violencia familiar. CIMAC Noticias. Recuperado el 1 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/01/confirma-fiscalia-de-quintana-roo-que-victoria-salazar-era-victima-de-violencia-familiar

«Cartas a las madres», homenaje a las colectivas de madres de desaparecidas y víctimas de feminicidio

Libros UNAM | Desinformémonos.

Viernes 26 de marzo de 2021

Cartas a las madres es un libro de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género. La coordinación estuvo a cargo de Julia Antivilo; la ilustración, de las artistas de Producciones y Milagros Agrupación Feminista, y el diseño, de Fernanda Zendejas, del Laboratorio Curatorial Feminista (LCF). Cartas a las madres se integra por los textos finalistas del concurso “Cartas a las madres de hijas desaparecidas y víctimas de feminicidio”, que fue convocado en mayo de 2020 por la artista Mónica Mayer, el LCF, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), la Cátedra Nelson Mandela y la Cátedra Rosario Castellanos. Cabe mencionar que este certamen está inspirado en la pieza de Mayer “Carta a mi madre” (1987), cuyo espíritu sigue vigente.

A lo largo de las siete misivas contenidas en el breve pero significativo volumen, “se les hace saber a las colectivas de madres de hijas desaparecidas y asesinadas que son nuestras ídolas, que admiramos su valentía y su insistencia infranqueable, y que las acompañamos en su lucha”. Entre las autoras se encuentran Andrea Casas Herrera, Francesca Gargallo Celentani, Gabriela Huerta Tamayo, Iliana Hernández, Margarita Robles, Natalia Stengel Peña, Vanessa Hernández Reyes y Esmeralda González Aquino.

Todas ellas se valen de la epístola para construir un discurso íntimo, sensible y respetuoso en torno a un tema que nos lastima a todas y a todos: las desapariciones y feminicidios de mujeres y niñas mexicanas. Así, la comunidad lectora encontrará en este libro un homenaje a la labor de las madres cuya pugna tenaz y amor inconmensurable las han convertido en “investigadoras, casi peritos”, en buscadoras incansables de justicia en un contexto de impunidad.

Cartas a las madres no se comercializará, al contrario: la distribución de ejemplares impresos, así como el acceso a la versión digital, será gratuita. Por ello, esta poderosa obra se encuentra hoy en acceso abierto a través del siguiente enlace de Libros UNAM Open Access: http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3179

A causa de las condiciones sanitarias, las entidades organizadoras llevarán a cabo una performance titulada Apapacho estético, que será realizada por la artista Mónica Mayer y la Brigada de Belleza Itinerante, y consistirá en entregar los volúmenes a las colectivas de madres, razón de este proyecto y destinatarias de las palabras impresas. Adicionalmente, la publicación acompaña una iniciativa paralela del CCUT: Árbol de Correspondencias

https://tlatelolcounam.mx/arbolccut, que aspira a la reflexión y la comprensión a través de cartas en distintos formatos.

Este material se comparte con autorización de UNAM Global

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Libros UNAM (2021). «Cartas a las madres», homenaje a las colectivas de madres de desaparecidas y víctimas de feminicidio. Desinformémonos. Recuperado el 26 de marzo de 2021 de: https://desinformemonos.org/cartas-a-las-madres-homenaje-a-las-colectivas-de-madres-de-desaparecidas-y-victimas-de-feminicidio/

10 años del Movimiento por la Paz: convertir la “espera” en esperanza

A contrapelo de la simulación, la demagogia o la indiferencia de las autoridades de todo signo político, familiares de víctimas de la violencia mantienen la exigencia que movilizó al país hace una década: paz con justicia y dignidad.

Asunción Cabrera, Alondra Reséndiz, Fernanda Vega, Xareni Márquez, Metztli Molina, Javier Sánchez Alpízar, Juan Gómez, becarixs; Dulce Soto, Violeta Santiago y Paris Martínez, reporterxs. Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, Animal Político

25 de marzo de 2021

Cuartoscuro

El 27 de marzo de 2011, en Morelos, siete personas fueron secuestradas, asesinadas y abandonadas en el interior de un auto. Eran Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y escritor Javier Sicilia, y seis amigos que acudieron a un bar para preguntar por una cámara fotográfica olvidada días antes. Ellos no lo sabían, pero el bar era controlado por el crimen organizado, y el reclamo de la cámara les costaría la vida.

La historia de estas muertes, sin embargo, no comenzó esa noche. 

Inició, como otras decenas de miles de historias de víctimas de la violencia, cinco años antes: el 12 de diciembre de 2006, cuando el recién estrenado presidente Felipe Calderón lanzó la táctica de seguridad conocida popularmente como “guerra contra el crimen organizado”.

Caracterizada por el involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, esta táctica con la que Calderón buscaba “limpiar” al país de delincuentes, lo único que logró fue llevar la violencia a niveles sólo comparables a los registrados en países inmersos en un conflicto armado.

Según estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2007, el primer año de gobierno de Calderón, en México se registraron 10 mil homicidios intencionales. En los años siguientes las cifras se incrementarían dramáticamente: 13 mil en 2008; 16 mil en 2009; 20 mil en 2010; y en 2011 los casos de asesinato llegaron a 22 mil 409. Uno de ellos, el de Juan Francisco Sicilia y sus seis amigos.

En menos de un sexenio, la táctica militar de Calderón duplicó los índices de violencia homicida, hasta arrojar tantas víctimas como las que dejó la guerra en Chechenia durante la última década del siglo pasado.

Hasta antes del 27 de marzo de 2011 esta crisis de violencia no era reconocida. De hecho, ni siquiera las víctimas eran aceptadas por la autoridad como tales, sino como “daños colaterales”. 

Los siete asesinatos de Morelos, sin embargo, lo cambiaron todo. 

Después de ellos, un coro de miles de personas en todo México se alzó en reclamo no sólo de justicia para esas víctimas sino para todas las que antes ya se acumulaban.

Durante abril, esas voces comenzaron a aglutinarse. Primero, en la marcha más grande, hasta entonces, realizada en la ciudad de Cuernavaca. En mayo caminaron de Cuernavaca a la Ciudad de México, y en junio partieron en un recorrido por todo el país, de norte a sur, en las llamadas Caravanas del Consuelo, recogiendo en cada punto cada vez más dolores.

Durante ese caminar por el país, abrazándose, consolándose, esas miles de personas tejieron una identidad compartida: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Los dolores de cada una de las miles de víctimas de la violencia, explica Javier Sicilia, papá de Juan Francisco, a diez años de ese andar, no son dolores distintos, apartados entre sí, inconexos. “Son el mismo dolor”, subraya, “un dolor que se acumula, junto con la frustración, el enojo, la tristeza”, que se expande en el tiempo. El reto en 2011, cuando las víctimas se encontraron entre sí, tanto como lo es hoy, era “que ese dolor no se volviera odio”.

La característica de la poesía, explica Sicilia, “no es el acto de escribir un poema. La poesía es un lenguaje que toca con su poder simbólico otros lenguajes, incluido el lenguaje de las personas en el poder”. De ahí el valor simbólico de caminar, de recorrer el país y encontrarse. 

Y juntos, recuerda Sicilia, decirle al poder, al entonces presidente Felipe Calderón,  pero también a quienes lo sucederían en el cargo, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador: “Véanos a la cara. ¿Somos un número, somos un porcentaje? Somos una historia, somos seres humanos”.

La palabra traicionada

Del encuentro con Felipe Calderón, realizado al volver del primer recorrido por el norte del país, en junio de 2011, derivó un acuerdo: la creación de una ley que garantizara la atención integral a las víctimas de la violencia.

La ley se aprobó en el Congreso, pero Calderón se negó a promulgarla, y sólo vio la luz tras la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto, en enero de 2013. Aunque nunca la instrumentó realmente.

“El Movimiento por la Paz –explica el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, defensor de derechos humanos y quien hace diez años fue uno de sus voceros– tuvo una visión de Estado muy superior a la de los políticos”. Y el mejor ejemplo de ello, subraya, “fue (su impulso a) la Ley General de Víctimas, que es la segunda del continente americano, y que apuesta al diseño de una política pública que atienda los vacíos en materia de justicia, de salud, de vivienda, de desalojo interno forzado”. Un mecanismo de cobertura amplia, que abarcara tanto a las personas directamente afectadas por la violencia como a sus familias. 

“La ley fue muy buena –destaca Álvarez Icaza–, pero la implementación fue muy mala. Un ejemplo: la primera cosa que hicieron los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (órgano que la ley ordenaba instituir) fue discutir su sueldo; y poco hicieron para implementar el sistema nacional de atención que se deriva de esa ley.”

Así, aunque el Movimiento por la Paz logró que cristalizara la Ley General de Víctimas, al final sus efectos fueron neutralizados en los hechos. “Fue una de las experiencias más dolorosas que yo he vivido –recuerda Álvarez Icaza–. Era una apuesta (de las víctimas) realizada literalmente con sangre, sudor y lágrimas”, que se vio frustrada por “una muy pequeña visión de Estado”, por parte del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. “Los operadores de la ley prácticamente se encargaron de no instrumentarla. Infelizmente, la política pública no cambió, infelizmente la crisis de derechos humanos siguió en aumento, infelizmente las desapariciones continuaron…”.

Peor aún: durante el gobierno de Peña Nieto existió un esfuerzo oficial por simular que la crisis de violencia se resolvía y que las víctimas de desaparición estaban siendo encontradas por millares.

Simulación: las víctimas, bajo la alfombra

Según el primer Registro Nacional de Personas Desaparecidas, publicado en febrero de 2013, al finalizar el gobierno de Felipe Calderón, en México había 26 mil personas desaparecidas. 

Diez meses después, cuando Peña Nieto cumplió un año como presidente, casi milagrosamente, esa cifra se había reducido a 16 mil víctimas. 

Y cinco meses más tarde, en mayo de 2014, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció ante el Senado de la República que “un grupo pequeño” de personas realizó un “ejercicio rápido” de investigación y depuró el registro hasta dejarlo en 8 mil víctimas “nada más”.

Es decir, en un año y medio, el gobierno de Peña Nieto reportó la localización de 18 mil personas desaparecidas. 

Cuando senadores le pidieron detallar cómo habían desaparecido esas personas y cómo fueron localizadas, Osorio aseguró que, en la mayoría de los casos, las víctimas reportadas se trataban “de la joven que se va, se escapa con el novio; o de la persona que se va a trabajar a otro lado; o de quienes, por un conflicto matrimonial, de momento se salen de la casa”.

El gobierno de Peña Nieto nunca presentó pruebas de esas supuestas localizaciones. Tampoco aclaró quiénes integraron ese pequeño grupo que, en cuestión de meses, resolvió miles de casos.

Este registro de “personas localizadas” sólo se haría público con el cambio de autoridades, en 2018, ya con López Obrador como presidente.

Ese registro, del que Corriente Alterna posee una copia, deja ver el tipo de simulaciones realizadas durante la administración de Peña Nieto para desinflar la estadística de desaparecidos, aunque sólo fuera en el papel.

Un ejemplo: el 2 de septiembre de 2013, una niña indígena de 14 años, 48 kilos de peso y metro y medio de estatura, salió de su hogar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y no volvió. Simplemente desapareció.

Los padres de la menor, tarahumaras que migraron al sur del país, esperaron tres meses con la esperanza de que su hija regresara, pero eso no ocurrió, por lo que el 29 de noviembre de ese mismo año reportaron los hechos a la fiscalía estatal.

Tal como consta en el registro de “localizados” durante el gobierno de Peña, la Fiscalía de Chiapas no realizó ninguna acción para la búsqueda de esa niña; sólo dejaron que pasara el tiempo y, más de un año después de la denuncia, en febrero de 2015, personal de ese organismo estatal se comunicó con la familia para preguntar si habían tenido alguna noticia de la víctima.

La familia informó que sí, que algunas personas “la han visto parada enfrente de una cantina”; y que, recientemente, habían recibido una llamada telefónica de la niña, “quien le refirió (a su papá) que tenía miedo, que no podía salir de donde se encontraba (cautiva), y que era mejor si se moría”. 

Así, con esas palabras, fue inscrito el hecho en el registro oficial de “localizados” de Peña Nieto.

Sin embargo, aunque existían indicios de que la niña seguía viva en 2014, de que era víctima de trata con fines de explotación sexual, así como del lugar en el que era retenida, el mismo registro revela que nunca fue rescatada por la autoridad.

Por el contrario, bajo el argumento de que terceras personas “han visto” a la menor, las autoridades declararon a la víctima como oficialmente localizada y cerraron el caso. A pesar de que, en realidad, sigue desaparecida hasta la fecha. Su “localización” sólo fue simulada. 

Bajo este tipo de procedimientos, al final de su sexenio, el gobierno de Peña Nieto registró 62 mil víctimas localizadas.

Aunque la lista de desaparecidos aumentó a 37 mil.

Eludir el compromiso

En la actualidad, con López Obrador como presidente, el registro de desaparecidos fue nuevamente revisado; la cifra de víctimas reconocidas se elevó a 86 mil 700 personas que permanecen sin ser localizadas hasta el día de hoy.

De ellas, 19 mil desaparecieron durante los 28 meses que lleva el gobierno de la Cuarta Transformación.

Así, aunque López Obrador aseguró el 1 de febrero de 2019 que “ya no hay guerra”, lo cierto es que con él ha continuado la estrategia militarizada de seguridad pública de Calderón y Peña, y las víctimas de la violencia siguen acumulándose.

“En las elecciones que llevaron a Andrés Manuel a la Presidencia vimos una oportunidad –explica Sicilia–. Entonces fuimos a buscar al candidato puntero, para conversar sobre estos asuntos. Hablamos ampliamente y yo recuerdo que dijo: ‘Yo sé de todo sobre los problemas de este país, pero de este asunto de las víctimas, nada. Ayúdenme’”.

El 8 de mayo de 2018, todavía como candidato, López Obrador firmó la “Agenda fundamental” para el desarrollo de una política de justicia “transicional” desarrollada por las víctimas, agrupadas ahora en decenas de colectivos que, directa o indirectamente, formaron parte o se crearon a partir del Movimiento por la Paz.

Esta agenda fue ratificada por López Obrador ya como presidente electo.

“Fue un momento simbólico, porque eran los 50 años de la masacre del 68, y el encuentro se realizó en el Centro Cultural Tlatelolco (memorial para las víctimas de la masacre de estudiantes). Ahí expusimos los elementos fundamentales de la justicia transicional y él dijo ‘adelante’ (…) Pero, cuando asumió la Presidencia, esa agenda no estaba en su programa de gobierno”.

El concepto de justicia transicional implica distintos procesos que ayudan a los países que atraviesan altos niveles de violencia e impunidad, como México, a superarlos, explica Jacobo Dayán, académico, activista, defensor de derechos humanos y miembro del Movimiento por la Paz desde su surgimiento. 

“En países en los que los actos de violencia llegan a chorros, las fiscalías de justicia no tienen la capacidad de ‘reparar’ a las víctimas. Entonces, la justicia transicional lo que pretende es crear instituciones extraordinarias, temporales, que pueden durar 10, 20, 30 años, para despresurizar las instituciones ordinarias del Estado, para volver a generar el vínculo de confianza con la sociedad y para garantizar a las víctimas verdad, justicia, reparación y no repetición. Es por ello que se trabajó la agenda. La propuesta de López Obrador era anunciar esto en los primeros días de su gobierno”. Pero esto no ocurrió.

En enero de 2020, 14 meses después de iniciada la gestión de López Obrador, el Movimiento por la Paz volvió a salir a la calle; esta vez como respuesta a la masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón, ocurrida en noviembre de 2019, en Chihuahua. 

“Salimos de Cuernavaca en una marcha hacia la Ciudad de México –recuerda Sicilia– para hablar con Andrés Manuel, para decirle: ‘¿Qué pasó con estos documentos, cómo vamos a trabajar? ¿Por qué nos diste la espalda? Aquí está lo que se trabajó y a esto te comprometiste, presidente’. Pero nos acusó de hacer el show, de que veníamos a dañar su investidura. Y no sólo eso: llegando al Zócalo nos esperaba, al estilo del viejo PRI, un grupo de choque con petardos”.

Efectivamente, López Obrador se negó a recibir a las víctimas. Pero dos meses después, el 29 de marzo de 2020, el presidente sí aceptó encontrarse con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, uno de los principales generadores de violencia en México, preso actualmente en Estados Unidos, y darle la mano.

Epílogo: la espera, la esperanza

Javier Sicilia dejó de escribir poemas en 2011, tras el asesinato de su hijo Juan Francisco.

“Dejar de escribir no es una protesta –dijo dos meses después del crimen–, eso se ha malentendido. Mi silencio se trata de algo más profundo: es una meditación, es un estar recogido, aguardando, porque aunque yo sé que mi hijo está en la resurrección del Padre, yo aguardo una resurrección aquí: la resurrección del país, que la violencia y la corrupción han deshecho”.

Diez años después, la espera sigue. 

“Espero que a partir de todos estos dolores del movimiento indígena, del movimiento feminista, del movimiento de víctimas de la violencia, podamos crear la agenda común que nos permita, con un lenguaje nuevo, un lenguaje poético, derribar la muralla de Andrés Manuel; como un acto de dignidad profundamente humana, profundamente enlazados con los dolores de la historia, y formar realmente un acontecimiento político que permita, otra vez, arrinconar al poder y hacer cambios”.

“Espero que estas enseñanzas acumuladas de lucha se queden en el inconsciente de la cultura y permitan volver a articular un movimiento político, que cree un nuevo pacto social”, una nueva forma de convivir.

Eso espera. “Pero una espera –lamenta– es menos que una esperanza”.

Esta investigación fue realizada por la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM.

“El presente artículo es propiedad de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM recuperado de Animal Político“.

Cabrera, A., Reséndiz, A., Vega, F., Márquez, X., Molina, M., Sánchez Alpízar, J., Gómez, J., Soto, D., Santiago, V. y Martínez, P. (Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM). (2021). 10 años del Movimiento por la Paz: convertir la “espera” en esperanza. Animal Político. Recuperado el 26 de marzo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/03/movimiento-por-la-paz-convertir-espera-esperanza/

«Sin las familias no» es lema con el que colectivos piden que titular de Comisión de Víctimas no sea impuesto por el Poder Ejecutivo

Estrella Pedroza, SemMéxico

17 de marzo de 2021

SemMéxico. Morelos. 17 de marzo de 2021.- Colectivos de familiares de víctimas  lanzan un  S.O.S  ante el intento del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo de apoderarse  de  la  Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos  al pretender imponer una terna, para elegir a la o el titular, violentando Ley de Víctimas del Estado de Morelos.

Mujeres  integrantes de los  colectivos “Regresando a Casa Morelos”, “Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos” “Unión de Familias Resilientes” y “Ana Karen Vive” han iniciado una jornada de protestas bajo el lema «Sin la familias no» para visibilizar las irregularidades con las que se pretende imponer a la próxima titular de dicha comisión. 

Angélica Monrroy, integrante de “Regresando a Casa Morelos”, destacó que «el Poder Ejecutivo pretende enviar al Congreso de Morelos una terna con perfiles alineados al gobernador y con ello  se  violenta la Ley de Víctimas del Estado de Morelos porque no está tomando en cuanta a las familias».

La citada Ley en su artículo 118 señala que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que el Gobernador del Estado, previa consulta pública que se realice a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

«Pero lo que estamos viendo es que las personas que el Poder Ejecutivo está proponiendo son personas o que tienen afinidad con el Gobierno del Estado o/y que son propuestas por uno que otro colectivo que surgió de manera repentina pero que ni representa a las familias y que no tiene trabajo en este camino de búsqueda y la terna debe ser avalada por el mayor número de familias y no solo por unas cuantas», dijo.

De acuerdo a los colectivos que integran decenas de familias que buscan a sus seres queridos que están en condición de desaparecidos  o fueron víctimas de violencia, «es importante que a ese espacio llegue una persona verdaderamente comprometida con el tema, que tenga experiencia pero sobretodo empatía con las víctimas, que trabaje por y para las víctimas». 

Angelica Monroy  recordó  que la anterior titular Naxielli Carranco Lechuga no tuvo ni la sensibilidad, ni la preparación, pese a que venía de sociedad civil, se manejó  por intereses personales y nunca hizo nada por  ejercer y defender los recursos de las víctimas». 

Añadió : 

«Ella era gente de Graco Ramírez (exgobernador de Morelos) y tenía la consigna de no gastar el recursos  en víctimas; tan fue así que cada año se etiquetaron  aproximadamente 30 millones de pesos y nunca se ejercieron debida y equitativamente; los dejo perder». 

Los colectivos de víctimas han enviado una carta a las y los diputados de la LIV Legislatura  en la que explican la situación y hacen la siguiente petición: 

«Es de suma importancia que la voz de las víctimas del Estado de Morelos,  ya que directamente sin elección ocupamos un lugar que no buscamos pero por dichas circunstancias somos la parte interesada por lo que les hacemos respetuosamente petición de tomar en cuenta nuestra candidata la Angélica Danae Velázquez Luna para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos», se lee en el documento. 

Y a pesar de que han acudido en dos ocasiones al Congreso Local prácticamente han sido ignoradas la madres, hijas, hermanas y tías de las víctimas de esta entidad.

Hasta ahora no han logrado que la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, presidida  la diputada Érika García Zaragoza, les de una audiencia. 

En su última visita, realizada este miércoles, fue el diputado del Partido de Encuentro Solidarios (PES) -partido del que emanó el gobernador de la entidad- las recibió. 

«Se comprometió  a hacer de conocimiento de sus homólogos y que las víctimas quería transparencia para la terna pero dijo que él  no podía hacer más… «, dijo, Ana Luisa Garduño, integrante del colectivo “Ana Karen Vive”.

Subrayó que entre  los motivos por los que se quiere una persona comprometida al frente de la Comisión es porque desde el año pasado están 147 familias sin poder acceder al Fondo de Reparación  y además a tres meses de haber iniciado el año no hay una calendarización de las actividades del Consejo que rige este organismo.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Pedroza, E. (2021). «Sin las familias no» es lema con el que colectivos piden que titular de Comisión de Víctimas no sea impuesto por el Poder Ejecutivo. SemMéxico. Recuperado el 19 de marzo de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=33346

8 de marzo: un recordatorio de que estamos vivas en un país feminicida

Tres madres de víctimas de feminicidio relatan su búsqueda de justicia y el desinterés de las autoridades para castigar a los responsables.

Eréndira Aquino y Tania Casasola, Animal Político

08 de marzo de 2021

Andrea Paredes

Renata, una adolescente de 13 años, soñaba con ser bailarina y poner un refugio para perros de la calle, pero la mataron. Ella vivía con su mamá en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, una de las entidades del país con más feminicidios. 

El 29 de noviembre de 2020 fue encontrada en su propia casa, recostada en su cama, con las cobijas encima, la cabeza totalmente encintada y en su cuerpo había signos de violencia.

Karen Martinely Reyes, mamá de Renata, cuenta que ese domingo salió temprano a trabajar, la dejó dormida y más tarde ella se iría a la casa de sus abuelos –que estaba a una cuadra y media de la suya− a almorzar y pasar el día, pero nunca llegó.

Sus abuelos fueron a su casa a buscarla. Nadie abrió. Marcaron a su mamá, pero su celular se quedó sin batería. Cuando Karen regresó del trabajo, su familia le dijo que no habían visto a Renata. Ella se alertó, se dirigieron a su casa y al entrar no la vieron, se acercaron al bulto de cobijas, las quitaron y ahí estaba.

A Renata la mataron en el lugar que debería estar segura: su casa. Los vecinos dicen que no vieron ni escucharon nada.

Su mamá relata que se publicaron versiones falsas de que la habían hallado colgada de una viga. Y el grito que se ha vuelto común en protestas y manifestaciones se repite: “No fue suicidio, fue feminicidio”.

A tres meses de su asesinato no hay responsable de su muerte ni sospechoso, y se desconoce cuál es la línea de investigación de las autoridades.

Karen Martinely sospecha de la expareja con la que vivió durante cinco años. Ella presentó cinco meses antes una denuncia en su contra en la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS), por acoso contra su hija. No hubo seguimiento de las autoridades y ni siquiera lo citaron a declarar.

Renata se dio cuenta que él la grabó con su celular mientras se bañaba, le dijo a su mamá, lo denunció y se separaron.

“Llevé el video, la mandaron a declarar y hasta ahí. Yo también pedí medidas de protección porque su familia no quería que sacara mis cosas y tenía mucho miedo (…) Pensé que había hecho las cosas a tiempo, lo correspondiente”.

Tras el feminicidio, su casa estuvo vigilada las 24 horas, aunque sin previo aviso esta medida ya se le retiró. Su última reunión con la fiscal fue en diciembre y no se le ha notificado algún avance.  

“Estoy muy arrepentida por haberme ido ese día, como hubiera querido que ese día se me hubiera hecho tarde, no haber tenido esa presión económica de tener que salir a conseguir otro trabajo”, se lamenta Karen, quien tenía un negocio de comida, pero ante las bajas ventas por la pandemia, el dinero ya no era suficiente.

Karen dice sentir mucho miedo porque el asesino de su hija está libre, aunque también se siente cobijada por mujeres, que sin conocerla, se han acercado a ella para brindarle todo su apoyo y la han acompañado para exigir justicia.

En redes sociales se usó el hastag #JusticiaParaRenata para exigir que su caso no quede impune. Su mamá la recuerda como una niña muy alegre y noble que quería ayudar a todos y siempre le preocupaba la gente en situación de calle. El baile era su pasión, tomaba clases de jazz y su sueño era convertirse en una gran bailarina.  

“Ella es y seguirá siendo lo más importante de mi vida, qué más quisiera estar con ella porque ahorita mi vida no tiene sentido. Sabe que la amo y que me disculpe si lo que estamos haciendo aún no es lo suficiente, pero que no vamos a descansar. No sé si mañana, pasado o en unos meses o tarde. Uno, dos o tres años, el tiempo que me tenga que tardar para conseguir que esta persona le hizo daño pague, lo voy  hacer”, asegura la mamá de Renata.

El Estado de México, donde vivía Renata, cuenta con dos alertas de género: una por feminicidio y la otra por desapariciones, pese a ello, estos delitos no han parado. En 2020 fue la entidad con más feminicidios de todo el país, con 150 víctimas.

Tan solo en enero de este año ya se abrieron 67 carpetas de investigación por feminicidio en el país. El Edomex encabeza la lista con 12 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

De acuerdo con la abogada penalista, defensora de género y de derechos humanos, Ana Katiria Suárez, la situación es más alarmante de lo que parece, pues “tan solo el año pasado se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres, por lo menos 10 cada día, de las cuales solo 914 fueron tipificadas como feminicidio”.

“¿Qué nos dice esta cifra? Que continúa la perpetuación de la violencia institucional para la correcta tipificación de las conductas, la falta de capacitación y sensibilización de los servidores públicos que integran las Fiscalías del país, y sobre todo que siguen siendo cifras que a nadie le importan más que a nosotras cuando salimos a la calle, cuando tenemos miedo de ser un número más”, señala la abogada.

Daños y pérdidas irreparables

El último día que Lorena Gutiérrez vio a su hija Fátima fue el 5 de febrero de 2015, cuando se fue de casa a la secundaria, en Santa María Zolotepec, Estado de México.

De regreso de la escuela, Fátima, de 12 años, fue interceptada por tres de sus vecinos, quienes la torturaron, la violaron, la asesinaron y enterraron su cuerpo en una zanja, donde fue hallada por su madre y su hermano menor, Daniel.

Lorena lleva seis años buscando justicia, pues uno de los tres agresores -que fueron entregados a las autoridades el mismo día del feminicidio- había sido dejado en libertad y actualmente continúa sin ser sentenciado. Desde entonces también vive desplazada, pues ella y sus hijos comenzaron a recibir amenazas de muerte. Tuvo que dejar su casa en el Estado de México para vivir “oculta” en Nuevo León.

“Llevamos seis años en este caminar, en esperar que se dé una solución al caso de Fátima, pero el desplazamiento ha sido algo que nos ha perjudicado demasiado, ha sido muy revictimizante y de muchas pérdidas, porque se han violentado muchísimo nuestros derechos. Ha habido pérdidas irreparables”, cuenta.

Daniel, su hijo menor, falleció hace tres meses. Lorena acusa que su muerte fue provocada por la falta de acceso a servicios de salud que viven debido a su estado de desplazamiento forzado y señala que sus problemas de salud fueron producto del estrés y la depresión que sufrió los años siguientes al asesinato de Fátima.

“Tenía 10 años cuando encontró asesinada a su hermana en esa zanja. La manera en la que la mataron, la revictimización, las amenazas de muerte, el haber sido desplazado… poco a poco fue minando su salud física y mental. Él tenía nulo acceso al sistema de salud. Su muerte fue por omisión e indolencia, porque le negaron el acceso al sistema de salud, la Comisión de Víctimas no garantizó su salud, y ese es un derecho que ningún niño debe padecer en México, menos siendo una víctima”, lamenta.

Para Lorena, Daniel es una víctima colateral del feminicidio de Fátima, y ahora que sus dos hijos han fallecido, dice que su único objetivo es encontrar verdad y justicia en ambos casos.

También debe pensar qué hará en cuanto liberen a uno de los dos agresores de Fátima que fueron sentenciados, pues cometió los delitos de violación y feminicidio siendo menor de edad y está próxima a cumplirse su condena.

“Daniel debería estar aquí conmigo, dándome fuerzas y aliento para seguir, pero él, dondequiera que esté con Fátima, saben que mientras yo tenga fuerzas no me voy a rendir. Espero que esto deje de pasar y que las mujeres podamos vivir sin miedo y tener la seguridad de que vamos a salir y regresar a nuestra casa, de que nuestros hijos… bueno, en mi caso ya no, porque ya terminaron con mis bebés, pero ojalá que las mujeres tengan seguridad”.

Pese a que en los últimos años el Congreso federal y 13 congresos estatales han reformado sus códigos penales para agravar las penas por feminicidio, en los hechos solo 3 de cada 100 asesinatos son esclarecidos y llegan a una condena.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2015 a 2018 fueron asesinadas en México 12 mil 378 mujeres, pero en el mismo lapso solo se dictaron 407 sentencias condenatorias, que equivalen apenas al 3.2% de todos los casos.

En el mismo periodo de tiempo, los asesinatos de mujeres crecieron 57%, y los datos oficiales muestran que las entidades con mayor cantidad son precisamente las que tienen penas más altas de feminicidio: Estado de México, Chihuahua y Guanajuato.

La indiferencia ante llamadas de auxilio

Mariana Sánchez Dávalos, joven pasante de medicina asesinada en Chiapas, denunció que un médico de la clínica donde hacía su servicio social la acosaba y entraba borracho a su cuarto. La ignoraron. Fue hallada muerta el 28 de enero de este año en su habitación.

La respuesta de las autoridades −a pesar de que ya había más quejas contra él −fue ofrecerle unos tamales y darle unos días de descanso porque estaba “muy estresada”.

La madre de Mariana, Lourdes Dávalos, cuenta que desde que su hija llegó a la clínica de Nueva Palestina, en Ocosingo, pidió su cambio, pues le parecía una zona insegura, pero su solicitud no fue atendida por la Universidad Autónoma de Chiapas.

“Ella no quería quedarse en este lugar. No conocía a nadie y el cuarto donde estuvo estaba prácticamente a la intemperie, abría la puerta y estaba el monte. Los sanitarios estaban alejados del cuarto, tenía que caminar varios metros para llegar a un baño que no tenía ni puerta y se compartía con hombres, con todos. No tenía cama, mesa, sillas, nada”, dice.

Aunque tenía poca comunicación con su mamá debido a la falta de internet en la comunidad, Mariana le contó que un compañero de trabajo la acosaba, y tal mal estaba la situación que había presentado su renuncia.

“Me dijo ‘mamá, mamá, estaba aguantando pero ya no, ya no aguanto, ya renuncié”’. La convencieron de quedarse asegurándole que harían algo, pero al hombre solo lo cambiaron de turno. Siguió pasando, se siguió quejando. La respuesta a sus llamadas de auxilio solo fueron indiferencia.

“Yo digo que si se truncaron los sueños de mi hija, que por lo menos tenga fruto todo lo que pasó Mariana y sufrió. Que sirva para que haya mejores condiciones en las que trabajan los médicos y pasantes, que sean dignas, que haya una limpieza tanto en la universidad y en las instituciones, que la escoria salga”, señala.

A la señora Lourdes nadie le explicó qué pasó con Mariana. De Saltillo, donde trabajaba, viajó a Chiapas con muchas dudas y las autoridades hicieron muchas cosas sin su consentimiento, como agilizar su incineración cuando tenía que haber de por medio una investigación para aclarar su muerte.

“Alcancé a estar con ella durante 20 minutos. Cuando salimos de la funeraria pensé que podía darle el último adiós a mi hija, pero la carroza se fue demasiado rápido, cuando llegué donde me dijeron que estaba ya la habían metido al crematorio. No me permitieron ni siquiera darle un último adiós”.

Después se enteró que un familiar autorizó la incineración por desconocimiento. “El Ministerio Público fue el que dijo que se tenía que cremar y todo fue demasiado rápido”.  

La Fiscalía del estado reabrió la carpeta de investigación como posible feminicidio, pues en su primer informe había dicho que Mariana se había suicidado. Su mamá tuvo que poner un amparo para que las autoridades le entregaran la carpeta de investigación.

Según la necropsia de ley, la causa de su muerte de la joven de 25 años fue por “asfixia mecánica secundaria”. Lourdes solicitó a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso de Mariana al considerar que hay “irregularidades y omisiones” en la investigación.

Analí “N”, directora de la clínica en la que Mariana prestaba su servicio social, fue detenida “por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad” en agravio de la pasante de medicina.

Además, un juez de control vinculó a proceso al médico Fernando “N”, como probable responsable del delito de hostigamiento sexual en contra de Mariana.

En 2020, en México se abrieron 5 mil 597carpetas de investigación por el delito de acoso sexual. Tan solo en enero de este año ya contabilizan 411. Chiapas registró el año pasado 28 carpetas de investigación por feminicidio.

Lourdes Dávalos recuerda a su única hija como una joven muy risueña, sencilla, con muchos amigos. Le encantaba ir al gimnasio, la música, tenía habilidades para el dibujo y le apasionaba su profesión. Estaba en trámites para titularse y quería hacer una especialidad en pediatría, pues le gustaban mucho los niños.

Su madre solo pide saber qué pasó y que se haga justicia.

“Ella me está impulsando a ser lo que yo pueda hasta las últimas consecuencias, yo estoy hablando por ella, soy su portavoz, recordando todo, cuando le dieron la espalda, desde cuando se presentó a pedir que le dieran su cambio, que la reubicaran. La ignoraron con total indiferencia. Los que le dieron la espalda, todo lo que le hicieron ahora la van a escuchar, yo hablo por ella. Ella es mi fuerza, ella es mi motor y lo seguirá siendo mientras yo viva”. 

Este panorama muestra que en México la perpetuación de la violencia de género es sistemática, de acuerdo con Ana Katiria Suárez.

Por ello, “este 8 de marzo no podemos felicitar a nadie, es un recordatorio para saber que si estamos levantando la voz es que solo el día de hoy seguimos vivas en este país feminicida, podemos dar una entrevista, ir a una marcha, rayar una pared o exigir al presidente que voltee a ver la gravedad de los feminicidios… es solo porque en este instante estamos vivas, mañana no sé”.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Aquino, E. y Casasola, T. (2021). 8 de marzo: un recordatorio de que estamos vivas en un país feminicida. Animal Político. Recuperado el 08 de marzo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/03/8-de-marzo-un-recordatorio-de-que-estamos-vivas-en-un-pais-feminicida/

Familiares de desaparecidos «se desangran» para exigir intervención de ONU-DH

Redacción | Desinformémonos.

Miércoles 17 de febrero de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Familiares de víctimas de desaparición derramaron su propia sangre frente a la sede en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para exigir la intervención del organismo en la búsqueda de sus seres queridos, pues aseguraron que las autoridades federales no han respondido a sus demandas.

Los familiares aseguraron que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales no han atendido sus exigencias para dar con el paradero de las víctimas y acceder a la verdad y la justicia, por lo que recurrieron a la medida “desesperada” para llamar la atención de la ONU-DH.

Durante la protesta, los familiares, en su mayoría mujeres, se turnaron para colocarse catéteres con los que dejaron fluir su sangre, con la que incluso escribieron consignas como “Justicia para los desaparecidos” en los muros de la Oficina.

Los familiares que se manifestaron frente a la ONU-DH han pasado semanas en un plantón en las afueras de la Secretaría de Gobernación para exigir que las autoridades federales cumplan los compromisos asumidos con los colectivos de búsqueda en diálogos anteriores.

Con información de La Jornada

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Redacción (2021). Familiares de desaparecidos «se desangran» para exigir intervención de ONU-DH. Desinformémonos. Recuperado el 17 de febrero de 2021 de: https://desinformemonos.org/familiares-de-desaparecidos-se-desangran-para-exigir-intervencion-de-onu-dh/