Un nuevo estudio publicado a principios de este mes de julio por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) habla del impacto tan devastador del COVID-19 en las víctimas y supervivientes de la trata de personas
Redacción | Sem México
AmecoPress. Madrid | Miércoles 28 de julio de 2021 | — : —
El pasado 8 de julio se publicó en Viena un estudio global sobre “Los efectos de la pandemia del COVID-19 en el tráfico de personas y las respuestas a los desafíos”, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En él, se ilustra cómo ha afectado de manera catastrófica a las personas sobrevivientes de la trata de personas, destacando el aumento de la focalización y explotación de los niños.
Por otra parte, el estudio también evalúa cómo las organizaciones que están en primera línea han ido respondiendo durante los últimos 15 meses a los nuevos desafíos que ha traído consigo la pandemia. A pesar de las restricciones impuestas por los países, la mayoría continuaron brindando servicios esenciales a las personas que lo necesitaran.
Pese a esto, según cuentan desde la ONU, “los traficantes se aprovecharon de la crisis mundial, capitalizando la pérdida de ingresos de las personas y la mayor cantidad de tiempo que tanto los adultos como los niños pasaban en las redes”.
En la presentación del estudio, la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly, afirmó que “la pandemia ha aumentado las vulnerabilidades a la trata de personas, al tiempo que hace que la trata sea aún más difícil de detectar y ha dejado a las víctimas con dificultades para obtener ayuda y acceso a la justicia”.
Añadido a esto, Ilias Chatzis, jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC, quien desarrolló el nuevo estudio, también habló de que “los traficantes se aprovechan de las vulnerabilidades y a menudo atraen a sus víctimas con falsas promesas de empleo”, tal y como ha recogido Naciones Unidas.
Los menores, el objetivo principal
Este estudio, además, revela que son menores quienes están en el punto de mira de los traficantes, que cada vez utilizan más las redes sociales y las plataformas en línea para reclutar nuevas víctimas y se benefician del aumento de la demanda de materiales de explotación sexual infantil.
Los bloques y las limitaciones de los servicios de luchas contra la trata, provocados por la pandemia de COVID-19, ha hecho que las víctimas hayan tenido, y sigan teniendo, menos posibilidades de escapar de sus traficantes. Y con las fronteras cerradas, muchas víctimas de trata rescatadas se han visto obligadas a permanecer durante meses en albergues en las zonas donde habían sido explotadas, por no poder regresar a sus países de origen.
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Redacción (2021) El impacto de la pandemia en la trata de personas: aumento en la explotación sexual en menores. Sem México. Recuperado el 28 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/el-impacto-de-la-pandemia-en-la-trata-de-personas-aumento-en-la-explotacion-sexual-en-menores/
La pandemia de coronavirus ha tenido un impacto perjudicial en la vida de millones de personas refugiadas y desplazadas internas, pero las consecuencias para las mujeres y la niñez desplazadas han sido especialmente devastadoras: desde un mayor riesgo de violencia doméstica y sexual, hasta un aumento de matrimonios infantiles.
Una nueva visualización de datos (‘COVID-19: amenazas para mujeres y niñez desplazadas’) es la cuarta parte de una serie que examina cómo la crisis de COVID-19 ha empeorado las condiciones de las comunidades desplazadas. Presenta datos de las operaciones humanitarias en todo el mundo que muestran cómo el deterioro de las condiciones socioeconómicas, el confinamiento y el cierre de escuelas han amenazado la seguridad y el bienestar de mujeres y niñez desplazadas.
ACNUR, junto con otros organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, alertaron sobre las consecuencias potencialmente catastróficas de la COVID-19 para mujeres y niñas refugiadas y desplazadas desde el principio del brote. Ahora hay datos que respaldan algunos de esos primeros temores. Por ejemplo, el 89 por ciento de las operaciones que se enmarcan en el Clúster de Protección Global – una red de ONG y Agencias de la ONU liderada por ACNUR que ofrece protección en situaciones de desplazamiento interno – señalaron a finales del año pasado que la violencia de género era un riesgo grave o extremo.
Otros datos sugieren el grado en que la COVID-19 ha perturbado la infancia de la niñez refugiada y desplazada interna, poniendo en peligro su salud y seguridad, así como sus perspectivas futuras. El número de operaciones de ACNUR que informan de abusos a niñas y niños desplazados por parte de sus cuidadores se duplicó con creces en 2020; al mismo tiempo, aumentaron los informes sobre un mayor número de familias desplazadas que recurren a forzar a sus hijos a casarse, las separaciones de niños de sus padres y la proporción de solicitudes de asilo presentadas por la niñez no acompañada.
A pesar del aumento de los riesgos de violencia contra las mujeres y la niñez desplazadas durante la pandemia, están gravemente subfinanciados los programas para protegerlas y apoyar a quienes han sobrevivido a violencia y abusos. Mientras tanto, la preocupación por el contagio de la COVID y las restricciones de movimiento han obligado a ACNUR a adaptar muchos de sus programas de protección a la infancia y de violencia de género. En muchos lugares, esto ha implicado un cambio hacia el apoyo en línea y el asesoramiento a distancia. También ha puesto de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las personas refugiadas voluntarias y el personal comunitario, en particular las mujeres.
“Más de un año después de la crisis, está claro que la COVID-19 ha hecho retroceder años de avances en materia de igualdad de género y protección infantil, y seguirá afectando a las mujeres y a la niñez desplazadas en el futuro. Es necesario actuar ahora para mitigar estos impactos”, comentó la Alta Comisionada Auxiliar para la Protección, Gillian Triggs.
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Redacción (2021) Datos señalan los impactos negativos de la COVID-19 en mujeres y niñez desplazadas por la fuerza. Sem México. Recuperado el 8 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/datos-senalan-los-impactos-negativos-de-la-covid-19-en-mujeres-y-ninez-desplazadas-por-la-fuerza/
Ofrece ONU Mujeres reducir pobreza a 85 millones de mujeres y niñas
Las mujeres jóvenes abandonan la escuela para ir a trabajar
Elda Montiel | Sem México
Ciudad de México | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —
No es posible que las mujeres y las niñas sigan trabajando tres veces más y no compartan esas responsabilidades que son de todas y todos, expresó Nadine Gasman Zylberman, presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres en París en el Foro Generación Igualdad.
A nombre de la Coalición de Justicia y Derechos Económicos expreso su satisfacción de haber lanzado la Alianza Global de los Cuidados en colaboración con ONU Mujeres a fines de marzo en México.
Señaló que el objetivo de la Alianza es poner en la agenda pública la necesidad avanzar hacia sociedades de cuidado, cuya importancia se evidencio después de la pandemia, por lo que realmente hay que invertir, reconocer, redistribuir los cuidados en una corresponsabilidad de gobierno, sector privado, sociedad civil y filantropía.
En cinco años se busca crear hasta 80 millones de empleos decentes en el sector y que se reduzca en 85 millones el número de mujeres y niñas que viven en la pobreza señala ONU Mujeres en datos sobre la Coalición de Justicia y Derechos Económicos.
Mediante las acciones de transformar la economía de los cuidados; aumentar el trabajo y el empleo decentes; inclusión financiera de las mujeres y el control sobre los recursos productivos, y establecer planes macroeconómicos con perspectiva de género.
Se busca cambiar con estas acciones:
Actualmente 740 millones de mujeres en todo el mundo trabajan en la economía informal, donde prevalecen la inseguridad laboral, los bajos salarios y las duras condiciones y horas de trabajo.
Que durante tres décadas se ha mantenido la brecha de género en 31 por ciento, que ante los efectos económicos del COVID-19 se proyecta que 47 millones más de mujeres caerán en la pobreza extrema.
Las mujeres jóvenes (entre 15 y 29 años) tienen tres veces más probabilidades de estar fuera de la fuerza de trabajo y de no ir a la escuela que los hombres jóvenes.
Mientras que el 71 por ciento de la población mundial carece de acceso a la protección social, las mujeres se ven particularmente en desventaja en los sistemas de protección social, con lo que registran menores tasas de cobertura y niveles de prestaciones sustancialmente inferiores.
Una encuesta efectuada en 18 países muestra que el COVID-19 ha intensificado la carga de trabajo de las mujeres en el hogar, y casi la mitad de todas las mujeres que viven con sus hijos en el hogar declaran que dedican más de cinco horas diarias al cuidado infantil.
La discriminación contra las mujeres es más si son indígenas, María Noel Vaeza
María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para la Américas y el Caribe dijo que la pandemia no ha creado la desigualdad en nuestra región, pero si la vino a profundizar lamentablemente.
Esta desigualdad enlaza con una profunda discriminación que aún existe contra las mujeres y contra las mujeres indígenas aún más.
En el marco del evento virtual “Crisis y oportunidades: mujeres indígenas ante la pandemia” abundó que las mujeres indígenas tienen un rol fundamental en la defensa del medio ambiente, que cobra un relieve especial en el contexto de la crisis y la prevención de futuras pandemias.
Yeleny Melody Juárez, activista representante de las niñas lideran, de Guatemala expresó que “Nuestros gobiernos y tomadores de decisiones necesitan acepta que muchas veces las mujeres indígenas llevan el sustento a las familias, por eso deben incluirse en los planes y políticas públicas”.
Mientras que Tarcila Rivera Zea, presidenta de Chirapaq, centro de culturas indígenas del Perú demandó “queremos que la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres sea una realidad en esta generación”.
Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y despatriarcalización de Bolivia, expuso que “la madre tierra te da las medicinas para luchar contra las enfermedades, las mujeres indígenas lo sabemos y lo utilizamos para cuidar a nuestras comunidades.
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Elda Montiel (2021) Foro Igualdad Generación busca crear 80 millones de empleos decentes y reducir la pobreza extrema de las mujeres. Sem México. Recuperado el 3 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/foro-igualdad-generacion-busca-crear-80-millones-de-empleos-decentes-y-reducir-la-pobreza-extrema-de-las-mujeres/
Hasta el 21 de junio, 21 asesinadas, 836 juicios de delitos en razón de género, sólo 67 hombres sancionados
En positivo, 6 gobernadoras, 317 diputadas locales, 246 diputadas federales, en medio de ambientes de miedo
Sara Lovera, 1ª. Parte | Sem México
—— | Viernes 25 de Junio del 2021 | — : —
Al 21 de junio los datos de violencia en las elecciones federales y locales son alarmantes 265 víctimas mortales, de candidatos y candidatas, sus colaboradores y familiares, 21 mujeres; del total de agresiones, mil 66, 36 por ciento mujeres por violencia electoral y de género; 836 juicios por violencia política de género y sólo 67 funcionarios inscritos en el registro Nacional de Personas Sancionadas en esa materia.
Ante ello la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó en su discurso inaugural de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, sobre el “alto nivel de violencia política” durante las recientes elecciones en México y pidió al gobierno no banalizar el problema.
Aunque el análisis fino de la consultora Etellekt está por publicarse, algunas informaciones destacan, como que fueron asesinadas 55 personas entre familiares y equipos de trabajo de las y los aspirantes a un puesto de representación popular.
Que la violencia fue en todo el territorio nacional, pero destacan 13 entidades que superaron el 25 por ciento del volumen global, como Zacatecas con el 70 por ciento, Yucatán con el 58 por ciento o Baja California con el 53 por ciento. Además Etellek sostiene que las agresiones a candidatos provinieron de las autoridades gobernantes en municipios, en este sentido, la mayoría provino de gobiernos en manos del partido gobernante Morena.
Denuncias documentadas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió 836 juicios por violencia política de género y cuestiones relacionadas con la paridad en la contienda electoral del 22 de septiembre de 2020 al 6 de junio pasado. De ellos 69 casos más que en los procesos electorales anteriores inmediatos, pues de noviembre de 2016 a 2020 se resolvieron 767 sentencias por violencia política de género.
Paralelamente y en positivo, muy publicado en los medios y discutido, el hecho de que 7 entidades del país, al final de este año serán gobernadas por mujeres, seis gobernadoras electas y la jefa de gobierno de la ciudad de México.
También en positivo habrá 246 diputadas federales, 317 diputadas locales, unos 900 ayuntamientos encabezados por mujeres; además 60 diputaciones de mayoría relativa y 31 plurinominales para candidatos indígenas, afromexicanos/as, con alguna discapacidad y para la comunidad LGTB+.
La información del Instituto Nacional Electoral, registró que 67 funcionarios quedaron inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE. No obstante en 10 de los 32 congresos locales las mujeres serán mayoría; en el resto tendrán una representación de entre 43 por ciento y 48 por ciento. Calificó, 30 congresos del país serán paritarios. No obstante un análisis más fino, indica diversos resultados, tanto que habrá entidades sólo con 6 diputadas o una.
Datos
SANCIONES
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, por violencia política de generó, en contra de la abanderada de Morena, Clara Luz Flores, por la difusión de dos spots de campaña. Ordenó realizar una disculpa pública en los tiempos del partido, publicar un extracto de la sentencia en sus redes sociales, y tomar un curso en materia de violencia política contra las mujeres.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvieron que el presidente municipal Ariel Osbaldo Ramos González ejerció violencia política en razón de género contra de Alejandra Jacqueline Barragán Corres, quien se desempeña como Regidora de Hacienda de esa localidad. Impusieron una multa por 4 mil 481 pesos, dar vista al Congreso del Estado de Oaxaca, para que inicie en su contra el procedimiento de revocación de mandato correspondiente. Y al INE para incorporarlo Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) confirmaron la existencia de violencia política en razón de género atribuida a Alfredo Juárez Constantino, hijo del entonces presidente municipal de Matías Romero Avendaño, en contra de una regidora. “En el estudio de este asunto se advirtió que el denunciado amenazó a la actora con el objetivo de invisibilizarla, someterla a acatar las decisiones de su padre, al grado que la afectada tuvo que desplazarse del municipio por el temor fundado a sufrir una afectación mayor en su esfera de derechos o su familia”.
El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato sancionó a José Luis Montoya Vargas, síndico de Morena en el Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, será suspendido por violencia política en contra de la senadora panista Lilly Téllez, a quien llamó “imbécil y frígida”. También determinó que inscribirlo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, y deberá ofrecer una disculpa pública, así como abstenerse de emitir cualquier tipo de expresión estereotipada.
El TEPJF revocó la convocatoria del INE para designar la presidencia del OPLE Jalisco y le ordenan emitir una nueva en donde se convoque solo a mujeres.
DENUNCIAS
Maruca Méndez Méndez, quien ganó la elección para la alcaldía de Mitontic, Chiapas, municipio que se rige por usos y costumbres, teme que no la dejen gobernar y se repita la historia de otras mujeres que obtuvieron un puesto, pero no tomaron posesión por violencia de género.
Sonia Eloina Hernández Aguilar, presidenta electa del municipio de Suchiate, denunció que fue amenazada de muerte tras obtener el triunfo el 6 de junio.
Laura Beristaín, presidenta del Municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, denunció persecución política por parte del Gobierno del Estado, y candidata de Morena, acusó al Gobernador de homofobia y misoginia.
La jueza Érika María Rodríguez enfrenta una batalla legal para cambiar la Constitución de Oaxaca, pues, aunque en el Congreso local se le eligió para ser Magistrada del Tribunal de Justicia, el Gobernador Alejandro Murat nombró a un hombre en el cargo.
El presente artículo es propiedad de Sem México.
Sara Lovera, 1ª. Parte (2021) Corte de Caja: violencia en el proceso electoral, 611 agresiones a mujeres, 36 por ciento del total. Sem México. Recuperado el 25 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/corte-de-caja-violencia-en-el-proceso-electoral-611-agresiones-a-mujeres-36-por-ciento-del-total/
Especialistas en género y migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentaron hoy un informe con 42 recomendaciones que, de ser aplicadas, permitirán una más adecuada integración económica, laboral y social de las mujeres migrantes en dos corredores migratorios fundamentales del estado de Chiapas, en el sur de México.
En el documento titulado “Procesos de Participación Económica, Laboral y Social de Mujeres Migrantes en Chiapas, México”, las expertas sostuvieron que actualmente en Chiapas, estado mexicano fronterizo con Guatemala, hay una incipiente feminización de la migración y una creciente movilidad activa e independiente de las mujeres que ha ido cobrando visibilidad debido a múltiples causas.
“Los factores que impulsan la migración de mujeres en América Central y el Caribe son diversos y oscilan entre la búsqueda de mejores oportunidades, reunificación familiar, el intento de evitar o salvaguardarse de la violencia que acontece en sus comunidades o al interior de sus familias, sumado a la discriminación y la violencia por motivos de género, tan preocupante para nosotras”, dijo Michele Klein Solomon, Directora Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, en la presentación del estudio.
La investigación recuerda que, durante décadas, la migración de carácter internacional por Chiapas fue percibida como un proceso protagonizado por hombres adultos, mientras que las mujeres, niños, niñas y adolescentes migrantes, estaban inmersos en procesos migratorios de manera regular en los que, mayoritariamente, se buscaba la reunificación familiar.
Una de las principales aportaciones del diagnóstico es que logra visibilizar de manera importante los desafíos que tienen ante sí las mujeres migrantes al tratar de integrarse socioeconómicamente en las comunidades del sur de México. El género, la condición de estancia migratoria, edad, nacionalidad y la posición que ocupan dentro de la estructura familiar que acompaña o que permanece en lugares de origen son elementos que condicionan a las mujeres.
También hace un llamado a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en materia de protección de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar con énfasis en la población migrante, mediante capacitaciones, mesas de trabajo, e intercambios de experiencias en la materia.
También se presentan veinticuatro recomendaciones generales, entre las que destacan la necesidad de difundir las rutas de atención para servicios relacionados con la violencia sexual o basada en género; la promoción del acceso a servicios de guarderías públicas y escolarización formal de niños, niñas y adolescentes migrantes que acompañan a sus madres y familias; y la creación y operación de un observatorio laboral regional con enfoque de género.
Otros ámbitos los que hay recomendaciones son en cuanto al trabajo remunerado en el hogar, en lo relativo a la atención a las mujeres extranjeras empleadas en los sectores de comercio y servicios, las que trabajan en el sector privado, las autoempleadas, y las dedicadas al emprendimiento. Al estudio contribuyeron 34 participantes, entre ellos ayuntamientos y representantes de ventanillas informativas para personas migrantes de los municipios del corredor Centro y Pacífico de Chiapas, organizaciones civiles, instituciones gubernamentales, representantes consulares y de la sociedad civil, y agencias de la ONU.
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—— (2021) Trazan ruta para mejorar la integración de mujeres migrantes en el sur de México. Sem México. Recuperado el 24 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/trazan-ruta-para-mejorar-la-integracion-de-mujeres-migrantes-en-el-sur-de-mexico/
*El reto ahora es hacer cumplir la normativa de los Derechos para las mujeres
Desapariciones y feminicidios continúan, aumenta, ya no es noticia la localización de las fosas clandestinas: Patricia Galeana Herrera
Elda Montiel | Sem México
Ciudad de México | Viernes 11 de Junio del 2021 | — : —
A una década de la reforma constitucional sobre derechos humanos de las mujeres continúan y en algunos casos crecieron por “el revanchismo machista ante la cuarta ola del feminismo” expresó la historiadora, diplomática, fundadora y directora del Museo de la Mujer, doctora Patricia Galeana Herrera.
Esa reforma trascendente al Artículo 1º Constitucional constituyó un parteaguas porque incorporó el respeto a los derechos humanos en todos los niveles de gobierno, en el sistema judicial y la sociedad, no obstante las violaciones a los de las mujeres no han variado, así lo dijo en el marco de la conferencia “Balance y perspectiva a una década de la reforma constitucional en Derechos Humanos” organizado por el Museo de la Mujer.
En su turno la doctora Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México CDHCDMX, señaló que la reforma fue un “giro de timón” que incorporó los principios de igualdad y no discriminación, antes considerados un asunto cultural. Hoy “el reto es que las normativas se hagan realidad en la vida cotidiana” sobre todo para la diversidad de población como las mujeres, las indígenas, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTI+.
La historiadora Patricia Galeana Herrera sostuvo que no hemos logrado deconstruir la cultura patriarcal que establece que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer, y cuando desobedece es violentada, por eso se necesitan los refugios a lo largo y ancho del país.
Abundó que la pandemia puso de relieve la desigualdad social y la desigualdad de género en particular; aumentó en 300 por ciento la violencia contra las mujeres, el aborto no está despenalizado en todo el territorio nacional; la percepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es negativa.
Tenemos uno de los más altos índices de violación a los Derechos Humanos, la necesidad de estándares de derecho internacional en investigaciones de desaparición forzada. Tenemos 61 mil 637 personas desaparecidas, por ello ya no es noticia encontrar fosas clandestinas; y la tortura sigue practicándose cotidianamente, como en el caso de la migrante detenida en Quintana Roo.
Le resultó preocupante el aumento de la trata de personas ante las migraciones masivas de los países llamados del triángulo centroamericano.
Advirtió como peligroso el incremento de la presencia militar en tareas de seguridad pública y dijo que no hay justicia restaurativa; periodistas y promotores de derechos humanos siguen siendo asesinados tanto como en países en guerra como Afganistán y Siria.
En 2011 hubo mil 235 feminicidios; en 2020 hubo 2 mil 223 asesinatos de mujeres y sólo el 24.6 por ciento se investigan como feminicidio.
La doctora Galeana Herrera, fundadora del Museo de la Mujer también se refirió al tema del presupuesto como un reto, ya que es necesario para que las reformas legislativas se lleven a la práctica, ya que las mujeres se tienen que quedar en casa al cuidado del esposo, hijas e hijos, enfermos, en lo que se ha llamado la economía del cuidado.
Mujeres que se enfrentan en los trabajos donde los patrones no aceptan mujeres embarazadas o que se embaracen, es otro flagelo.
Respecto a la CNDH consideró que es necesario que atienda las quejas y haga las recomendaciones, si bien estas no tienen una obligatoriedad jurídica vinculante no deben dejar de realizarse.
Hizo el recuento histórico de la trayectoria de los derechos humanos y destacó que la Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en incluir los derechos sociales, económicos y culturales, anteriormente en 1810 con Miguel Hidalgo se decretó la abolición de la esclavitud, y en 1860 la libertad de cultos, antes que en cualquier otro país hispanoamericano.
Detalló que en 1857 la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos estableció en su artículo primero que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. En la Constitución de 1917 se cambia la redacción por “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece”.
La reforma en el 2011, la más completa, modificó la ley de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales y se reconoce que todos los tratados internacionales que el gobierno firma y ratifica forman parte del derecho constitucional mexicano.
Con la reforma al Artículo primero, además, explicó se establece “la progresividad de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.
El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, en los términos que establece la ley”.
Pendientes el Sistema Nacional de Cuidados y la reforma a la Igualdad sustantiva
La reforma al Artículo primero de la Constitución Política sentó las bases de una nueva exigibilidad con los principios pro persona y la igualdad y no discriminación en opinión de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcdmx), doctora Nasheli Ramírez Hernández.
También señaló que la Constitución Política de la Ciudad de México no hubiera sido posible sin los antecedentes de esta reforma que cambio el paradigma de personas vulnerables a grupos de atención prioritaria, lo que benefició normativamente a grupos de mujeres en toda su diversidad, indígenas, persona con discapacidad, comunidad LGBTI+, entre otros.
Asimismo, fortaleció el sistema no jurisdiccional de las Comisiones de Derechos Humanos en las entidades federativas.
El principio de pro persona que es quizá uno de los más relevantes que más ha aportado a la transformación de la respuesta jurisdiccional y no jurisdiccional de estado. Junto con el principio de igualdad y no discriminación, así como el de progresividad han permitido concretar una atención reforzada las personas.
Como ejemplo señaló que se refuerza una garantía presupuestaria del derecho a la salud de personas con VIH, o en un despido por embarazo, se invierte la carga de prueba para que sea el empleador quien pruebe que no hubo discriminación. En la aplicación de legislación más favorable para recibir pensión de fuerzas armadas a viuda de integrante del ejército, como ejemplo de pro persona.
Explicó que enfoque diferencial permite reconocer las diferencias entre las personas en función de categorías como género, edad, identidad indígena, condición de salud, discapacidad, entre otras.
Hizo el balance de las agendas específicas para las mujeres, como la interrupción legal del embarazo, avance en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, paridad de género, reconocimiento de trabajo remunerado en las relaciones domésticas y familiares (aplicables para repartir el patrimonio conyugal con criterios de equidad).
Avance en el desarrollo normativo del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia que incluye un gran abanico de expresiones y ámbitos.
El reconocimiento de las poblaciones afromexicanas, el matrimonio igualitario para la comunidad LGBTI+, el reconocimiento del derecho a la identidad de género por medio de trámite administrativo y no de juicio, seguridad social sin discriminación.
Para las personas con discapacidad se reforma la Ley General de Educación para añadir el modelo de educación inclusiva conforme las observaciones del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU.
Así como el reconocimiento al derecho de la consulta y participación.
Como pendientes quedan la aprobación constitucional del sistema nacional de cuidados, y la igualdad sustantiva que modifica diversos artículos, transversaliza la perspectiva de género en la Constitución.
También expresó que la Constitución Política es un texto vivo, que debe evolucionar entre personas gobernadas y gobernantes.
El presente articulo es propiedad de Sem México.
Elda Montiel (2021) Lamentan el desmantelamiento de la CNDH a 10 años de la reforma. Sem México. Recuperado el 11 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/lamentan-el-desmantelamiento-de-la-cndh-a-10-anos-de-la-reforma/
Fabiola Del Jurado Mendoza* Y Norma Don Juan Pérez | Desinformémonos
———— | Jueves 27 de Mayo del 2021 | — : —
Desde hace décadas, las mujeres indígenas organizadas nos hemos preguntado por qué en México unas muertes son más visibles que otras. ¿Quién define qué cuerpos importan? Es momento de comenzar a hablar de las violencias hacia nosotras, las mujeres indígenas. Desde la organización comunitaria, trabajamos para construir una memoria colectiva y promover políticas públicas desde nuestras prácticas y saberes.
La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) es un proyecto político que nació en agosto de 1997 para articular y fortalecer espacios comunitarios en los que las mujeres tienen un papel activo y protagónico. Sus banderas son la libre determinación, la autonomía, la justicia, el respeto a la pluriculturalidad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Desde su conformación, se integró al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que es una de las organizaciones más importantes para la promoción de políticas globales a favor de los pueblos indígenas.
En un comunicado titulado Violencias y mujeres indígenas, las organizaciones que formamos parte de esta plataforma consideramos que las violencias contra las mujeres y las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas es política, social, económica, espiritual, física, sexual, psicológica y medioambiental. Estas violencias tienen múltiples dimensiones: interpersonal y estructural, pública y privada, estatal y no estatal. Su análisis en los espacios públicos, debería abarcar, en lo posible, todos estos modos de percibir. Por eso insistimos en la necesidad de enfocar la violencia como las violencias.
“Para poder entender el contexto violento en el que vivimos es necesario construir nuestra memoria colectiva dado que las violencias contra las mujeres indígenas en México se remontan a la época de la invasión.”
Para poder entender las violencias contra las mujeres indígenas en México es necesario construir nuestra memoria colectiva y remontarnos a la época de la invasión. La colonización significó una “confrontación cultural e histórica” entre las identidades de los europeos y de los indígenas que habitaban América, a quienes se los consideraba ignorantes y bárbaros. Los invasores creían que los indígenas debían ser tutelados y educados cristianamente, a través del uso de la violencia y la esclavitud.
En consecuencia, este proceso moldeó nuestra identidad dado que hablar de la invasión de nuestros territorios también incluye nuestros cuerpos, mentes y espíritus, es decir, todos los ámbitos de nuestra vida individual y colectiva. Incluso la concepción de dualidad femenino-masculino fue desplazada por la jerarquización de los sexos: el hombre pasó a ser el dominante y la mujer se convirtió en propiedad de los hombres. De esta manera, las mujeres hemos sido violentadas en los espacios públicos y privados.
Emergencia Comunitaria de Género
En su sexenio como presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) decretó la guerra contra el narco que provocó una escalada de violencia nunca antes vista: los homicidios dolosos se duplicaron de 9,3 en 2007 a 18,3 en 2012. En el mismo sentido, a pesar de la ausencia de cifras claras, se reconocía un aumento de feminicidios en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Ciudad de México y Ciudad Juárez.
Ante este panorama, mujeres feministas, académicas e indígenas del Estado de México demandamos la Alerta de Violencia de Género. Paralelamente, en Chihuahua hubo denuncias y movilizaciones por los feminicidios: en diciembre de 2010, asesinaron a Maricela Escobedo frente al Palacio de Gobierno, lo que visibilizó aún más la impunidad y negligencia del Estado Mexicano para dar respuestas ante los asesinatos y los casos de violencias de género. En Morelos, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, las mujeres también se movilizaron para denunciar las violencias y los asesinatos.
“Las mujeres indígenas sentíamos que aún éramos invisibles en las cifras que se reportaban sobre feminicidios y en las políticas para combatir las violencias de género.”
Sin embargo, las mujeres indígenas sentíamos que, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones, de la academia y del movimiento feminista, aún éramos invisibles en las cifras que se reportaban sobre feminicidios y en las políticas para combatir las violencias de género. Ante esta situación, decidimos crear la Emergencia Comunitaria de Género como una respuesta a la negativa de los gobiernos de las entidades federativas de México a reconocer su incapacidad para brindar protección y justicia a las mujeres en general y a las mujeres indígenas en particular. Los objetivos de Emergencia Comunitaria de Género son los siguientes:
– Visibilizar las violencias contra mujeres indígenas y entender la particularidad de estos hechos contra ellas y sus pueblos.
– Reconocer las violencias contra mujeres indígenas como el resultado de una concatenación de condiciones históricas y estructurales.
– Comprender que las violencias contra las mujeres y los pueblos indígenas van entrelazadas, por tanto, no pueden tratarse por separado.
– Generar políticas públicas con pertinencia cultural para la erradicación de las violencias.
– Promover el pluralismo jurídico y los principios, valores y prácticas de los pueblos originarios para la prevención, protección, acceso a la Justicia y reparación del daño y erradicación de las violencias.
¿Cómo trabajamos?
La Emergencia Comunitaria de Género cuenta con un espacio virtual en Facebook en el cual las integrantes de Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas comparten notas periodísticas y denuncias públicas sobre múltiples violencias que circulan en las redes. Desde esta plataforma, integrantes de la Comisión de Erradicación de Violencias y Defensa del Territorio se encargan de sistematizar la información en una base de datos. El 25 de noviembre de cada año, difundimos un reporte anual.
Esta información también genera insumos para la elaboración de informes sombra ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y otros espacios de incidencia para el avance de nuestros derechos. Es importante aclarar que esta base de datos no se ajusta a los parámetros científicos que se establecen en algunos observatorios académicos ya que no tiene una finalidad estadística, sino la intención política de interpelar al Estado Mexicano y a la sociedad en su conjunto.
“Nosotras, las mujeres indígenas, no podemos separar nuestros derechos específicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.”
El contacto y manejo de esta información nos ha llevado a profundizar el conocimiento y reflexión sobre los contextos de violencias. Para nosotras, las violencias tienen que ver con la violación de derechos humanos. Partimos de una definición amplia, en la que caben situaciones de desplazamiento, despojo territorial y despojo de recursos naturales. Estas circunstancias no son prioridad en las agendas feministas occidentales, pero para nosotras, las mujeres indígenas, sí lo son: no podemos separar nuestros derechos específicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
También reconocemos la diversidad de miradas y formas de significar estas violencias desde nuestros entornos. Para nosotras es un desafío dialogar sobre el feminicidio, la desaparición forzada, la trata de personas y otras formas de violencias que se desconocían y no se nombraban en los espacios comunitarios. Esta es la base de la erradicación de las violencias. Debemos darle un sentido político para evitar que el miedo nos inmovilice. Tenemos que reconocer que las violencias contra las mujeres indígenas son una afrenta contra los pueblos: nos daña y lastima a todos. No se puede construir ni fortalecer el tejido comunitario si no se detienen las violencias.
Nos reconocemos como sujetas protagónicas con capacidades, conocimientos y prácticas que pueden aportar a la atención integral de las problemáticas: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.
Especialmente reconocemos que es necesario ampliar nuestras miradas a los ámbitos urbanos, en donde cada vez tenemos más presencia. Las mujeres indígenas jóvenes que migran a la ciudad en busca de empleo o educación están expuestas a mayores niveles y formas de violencias. Lejos de su red familiar de apoyo, no conocen los procedimientos para hacer frente a las violencias al mismo tiempo que se encuentran en un espacio- territorio desconocido que las considera ajenas.
A su vez, estamos fortaleciendo el trabajo colaborativo con feministas y académicas no indígenas para acercarnos a los conceptos, teorías y métodos generados desde la academia. Queremos establecer un diálogo de saberes para que las metodologías sean incluyentes y representativas de la diversidad de mujeres que somos. Buscamos un mayor soporte a la recopilación, sistematización, interpretación y difusión de la información que manejamos.
Por último, promovemos una mirada política y crítica que haga al Estado responsable de la impunidad. El Estado debe eliminar las condiciones de riesgo, reconociendo e integrando nuestras cosmovisiones, prácticas y saberes en las políticas públicas para la prevención, atención, justicia y reparación del daño. Nos reconocemos como sujetas protagónicas con capacidades, conocimientos y prácticas que pueden aportar a la atención integral de las problemáticas: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Foto: Conami.
Con la mirada en el futuro
En este momento, estamos puliendo metodológicamente el programa de la Emergencia Comunitaria de Género y fortaleciendo los conocimientos de las integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para continuar con la sistematización de la información, tanto en el ámbito local como nacional. Al mismo tiempo, tejimos alianzas con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (ACELC) para desarrollar investigaciones colaborativas, promover la reflexión y enriquecer el debate público entre México, Estados Unidos y Canadá.
Tenemos el objetivo de continuar visibilizando las múltiples violencias que vivimos las mujeres indígenas hasta que seamos parte de los cuerpos que importan. Por lo pronto, algunas organizaciones como Tlachinollan comienzan a dar seguimiento y sistematización a casos de violencia hacia mujeres indígenas. Algunos medios de comunicación han sacado notas sobre las muertes que no importan y visibilizan e informan los feminicidios de mujeres indígenas. Seguiremos nombrando para que se mire y se actúe en consecuencia. Porque lo que no se nombra no existe. ¡Por nuestras raíces, por nuestros territorios, por la vida! ¡Nunca más un México sin nosotras!
La primera versión de este artículo se realizó para la revista Ichan Tecolotl de CIESAS en febrero de 2019.
*Fabiola Del Jurado Mendoza es nahua, Licenciada en Psicología y Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es integrante de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, y del Consejo de Mayoras de la CONAMI.
**Norma Don Juan Pérez es nahua y Licenciada en Diseño de Asentamientos Humanos. Es integrante de la organización Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios A.C. y del Consejo de Mayoras de la CONAMI.
El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.
Fabiola Del Jurado Mendoza* Y Norma Don Juan Pérez (2021) Emergencia comunitaria de género. Respuesta de las mujeres indígenas a las múltiples violencias y el despojo del territorio. Desinfomémonos. Recuperado el 27 de Mayo del 2021 en: https://desinformemonos.org/emergencia-comunitaria-de-genero-respuesta-de-las-mujeres-indigenas-a-las-multiples-violencias-y-el-despojo-del-territorio/
La familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, asesinada el 15 de mayo de 2018, se manifestó afuera del domicilio donde la joven fue víctima de feminicidio, y después en la Fiscalía, donde fue rociada con gas pimienta, además de recibir golpes y empujones
Aranzazú Ayala y Ámbar Barrera | Lado B
—– | Lunes 21 de Mayo del 2021 | — : —
Cerca de medianoche, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twiter un escueto comunicado de dos párrafos anunciando que: «se investigará el proceder del personal de la institución».
Este viernes 21 de mayo la familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, asesinada en San Andrés Cholula el 15 de mayo de 2018, dio una rueda de prensa afuera de la casa donde la joven vivía y fue privada de la vida, para denunciar omisiones y atropellos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Poco después de las 9:30 de la mañana llegaron la mamá y el papá de Zyanya, su hermano y hermana, con integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) y Carlos Olvera y Ximena Ugarte, quienes asesoran jurídicamente el caso. También estaba la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, asesinada en junio de 2010 y cuyo caso asentó un precedente para la tipificación de feminicidios.
La casa donde vivía la joven de 26 años de edad, en San Andrés Cholula, está bajo resguardo de la FGE por estar dentro de una investigación. Sin embargo, el jueves un agente del Ministerio Público se comunicó con la familia para avisarle que habían habido una audiencia con los dueños, en la cual se resolvió que la vivienda se dejaría de custodiar y se entregaría a los propietarios en un lapso de 72 horas.
Durante la rueda de prensa, su mamá, Patricia Becerril, denunció que desde el principio la FGE ha sido omisa, negándose a investigar el caso como feminicidio y manejando la versión de suicidio.
Los asesores jurídicos dijeron que es necesario que la casa siga resguardada pues aún se deben hacer varias pruebas periciales, y denunciaron que la Fiscalía solamente recabó cinco pruebas de las cerca de 80 que había en la escena del crimen.
Es importante que la casa no sea entregada aún pues faltan los peritajes independientes que la defensa de Zyanya Estefanía pidió, además de la reconstrucción de los hechos que todavía no se hace, señalaron.
Al finalizar, la señora Irinea Buendía dijo que en el estado de Puebla no ha habido justicia para Zyanya, y enfatizó que ha sido la propia Fiscalía quien ha tratado de “tapar la cloaca” de todos los atropellos por la falta de justicia para la joven. Pero, agregó, que eventualmente “le va a brotar en la cara por todas las omisiones que ha hecho”.
“No buscamos otra cosa más que justicia”, agregó Irinea.
La señora Paty pidió una reunión con el Fiscal, y ante la negativa de recibirla junto con la señora Irinea Buendía se trasladó a la sede de la Fiscalía en la 31 poniente alrededor de las 4 de la tarde.
La agresión en Fiscalía
Foto: Olga Valeria Hernández
“Es que ustedes llegaron agresivamente”, dice el agente ministerial Martín Torres Medina a Irinea Medina, una señora adulta mayor, que usa bastón, y que acompaña, al igual que otras personas defensoras de Derechos Humanos, a la familia de Zyanya Figueroa, víctima de feminicidio.
Ese mismo agente ministerial, minutos antes empujó con su cuerpo y antebrazo a varias mujeres cuando atravesaron la reja de la Fiscalía General del Estado. Y mientras empujaba con la izquierda, con la derecha empuñaba una macana. Unos 15 minutos después, también fue él quien lanzó gas pimienta a las manifestantes para evitar que se encadenaran a la reja como forma de protesta pacífica.
El gas alcanzó también a las personas defensoras, a personas que estaban ahí para presentar una denuncia, a algunas feministas que acuerpaban la manifestación y a la prensa.
La familia y demás manifestantes, entre ellos integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, llegaron a la Fiscalía a eso de las 16 horas para exigir una respuesta por parte del Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, sobre la entrega o liberación de la casa donde fue encontrado el cuerpo de Zyanya.
Desde el inicio, y con el antecedente de las omisiones por parte de la Fiscalía, la intención de las familias era encadenarse a la reja. En los videos puede verse que cuando algunas personas comienzan a cruzar la reja, policías y agentes ministeriales se lanzan para impedir el paso y cerrar la entrada.
Ximena Ugarte, la defensora de DDHH, queda con la mitad de su cuerpo adentro mientras dos policías intentan sacarla. La señora Buendía está junto a ella, totalmente fuera, al pie de la escalera. Los familiares que lograron entrar antes intentan ayudar para que dejen de empujar y abran la reja. Ahí empieza el caos.
También en los videos se ven claramente los movimientos de los policías y agentes en contraste a los de quienes se manifiestan. Ellos empujan, algunos encapsulan a miembros de la familia Figueroa. Los defensores y las feministas comienzan a gritar para que les dejen pasar, para que no les toquen, alertan sobre golpes a la familia. A la propia abogada Ugarte con un empujón le lastiman el brazo.
El agente ministerial Martín Torres, el que roció el gas pimiento, tiene la macana en mano, mientras que el resto de policías, a pesar de repetir una y otra vez a los y las manifestantes que se retiren, y que no les están tocando, tensan sus manos sobre sus respectivas macanas y no le dan espacio a las mujeres que ya se encuentran por dentro, pegadas a la reja.
Uno de los policías graba a quienes se manifiestan, pero cuando las feministas, familiares y activistas le preguntan sus nombres y cargos a cualquiera de ellos, la mayoría esconde su identificación entre la ropa. No es visible cuando Martín Torres se deshace de la macana, pues cuando la señora Buendía lo encara de frente, y a su alrededor le exigen su nombre, ya no la tiene, alega que su nombre está en su identificación mientras la levanta pero luego la voltea para que no se pueda leer.
Unos 15 minutos después las mujeres pegadas a las rejas comenzaron a rodearse con una cadena para quedar atadas a los barrotes. En ese momento fue que de nuevo vino una ola de empujones y, desde una tercera línea, Torres Molina roció directamente con gas pimienta a un joven y las mujeres en la reja, aunque el líquido llegó también a algunos policías y periodistas.
Después, Torres guarda el pequeño bote en su bolsillo para seguir con los empujones. Sí, el mismo funcionario público que minutos antes acusaba frente a cámaras de medios y civiles que aquellas personas manifestantes desarmadas, habían entrado con agresividad.
“Es mucho pedir que seamos escuchados”
Foto: Olga Valeria Hernández
Un poco después de esa agresión, el personal de la Fiscalía se resguardó en el edificio, lo que dio oportunidad para que algunos familiares, defensores y activistas hicieran sus denuncias y exigencias a través de un micrófono y una bocina.
“Estamos encadenadas hasta que nos reciban, hasta que se haga justicia del caso Zyanya y de todos las mujeres asesinadas de forma violenta en este estado, ¡no nos van a callar! ¡ni una más!», gritó la abogada Ugarte.
Por su parte, Patricia Becerril, denunció que desde el inicio la investigación no fue iniciada como feminicidio, a pesar de que está dictado en los protocolos, y en su lugar, sólo sentenciaron el caso como suicidio.
“Nosotros en su momento no teníamos porque saber que toda muerte violenta de una mujer tenía que ser investigada con perspectiva de género y debida diligencia, no simplemente decir [que] se suicidó y váyanse a su casa. Han sido tres años de constante lucha y dolor contenido, de una rabia que ya no cabe más, ¿es mucho pedir, señor fiscal general, que seamos escuchados?”
#NiUnaMás💜 "Estamos encadenadas hasta que se haga justicia del caso #Zyanya y de todos las mujeres asesinadas de forma violenta, ¡no nos van a callar!". pic.twitter.com/GIUUZ4r2FT
El abogado del OCNF Rodolfo Domínguez, sentenció: ¿Por qué nos tenemos que ir con las gargantas dolidas, con los ojos llorosos solo por pedir justicia? Esta es una Fiscalía corrupta, omisa, negligente y ahora violenta».
Domínguez también recalcó que trajeron peritos especializados a Puebla para ayudar a la investigación pero que el personal de la Fiscalía “se burló de ellos”, además de que los ministerios públicos no los han atendido y los han ignorado señalar que el cuerpo de Zyanya tenía 20 lesiones por lo que hay inconsistencias en la necropsia que no concuerdan con la teoría del suicidio
Casi a las 7 de la noche llegaron más personas a la Fiscalía, convocadas a través de redes para acompañar y acuerpar la manifestación. Conformadas principalmente por mujeres feministas, ayudaron a cerrar parte del Boulevard 5 de mayo para generar más presión a las autoridades ante la falta de respuesta a su petición de diálogo con el Fiscal.
Foto: Marlene Martínez
Media hora más tarde comenzó a llover y tanto las mujeres encadenadas como algunas otras personas se resguardaron bajo dos carpas que habían instalado momentos antes, previendo el mal clima.
A las 8:30 se presentaron Ulises Ramos, fiscal especializado en DDHH y Raquel Avendaño Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género cometidos en contra de mujeres, para tomar la denuncia sobre los hechos de agresión por parte del personal de la Fiscalía y se comprometieron a acompañar a las y los manifestantes para interponer la queja formal e iniciar el procedimiento interno.
Casi a las 9 de la noche, los familiares de Zyanya y sus abogados entraron finalmente a la Fiscalía acompañados de Avendaño y Ramos para dialogar, pero sin certeza de encontrarse también con el Fiscal General. Después de eso, el resto de personas manifestantes comenzó a retirarse.
Por la noche, pasadas las 10, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. hizo un llamado a las autoridades estatales a respetar «el derecho a la manifestación pacífica, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos».
El presente articulo es propiedad de Lado B.
Aranzazú Ayala y Ámbar Barrera (2021) Reclaman por feminicidio y reciben agresión de ministeriales en Fiscalía. Lado B. Recuperado el 24 de Mayo del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/05/reclaman-por-feminicidio-y-reciben-agresion-de-ministeriales-en-fiscalia/
Colectivos de la sociedad civil presentaron amparos para obligar al poder legislativo local a discutir la propuesta que presentó Estefanía Rodríguez Sandoval desde hace diez meses
Román Esaú Ocotitla Huerta, Lado B
17 de mayo de 2021
*Foto de portada: Marlene Martínez
En rueda de prensa de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, activistas y académicos de la misma institución educativa recordaron que a las y los actuales diputados les quedan 60 días para legislar a favor de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado, antes de que termine su legislatura. Sin embargo, a excepción de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, nadie más en el Congreso ha pronunciado un interés al respecto.
Esta información se dio a conocer debido a que, diez meses después de que ingresara al Congreso del estado, dicha iniciativa sigue en la congeladora a pesar de las promesas del entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gabriel Biestro, de que sería dictaminada a la brevedad.
Esto se suma a un problema no menor para el estado pues, según las cifras más recientes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Puebla junto con el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México concentran el 62 por ciento del total de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas en todo el país.
María Luisa Núñez Barajas —miembro del Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla— mencionó que desde el 3 de marzo el Colectivo recabó al menos 5 mil firmas en el centro y algunas colonias de Puebla capital para exigir al Congreso local que se atienda de manera inmediata la discusión y aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado.
“Es inconcebible que desde hace diez meses [la iniciativa] está en la congeladora. Han demostrado que no es para ellos importante, a pesar de que en Puebla hay por lo menos 2 mil 700 personas desaparecidas”, apuntó Núñez Barajas.
Foto: Marlene Martínez
“Una persona desaparecida no está viva ni está muerta, es una persona que falta en una familia”, afirmó Luz María Nieto, miembro también de Voz de los Desaparecidos, quien recordó que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió una carta al Congreso del estado para alentar a las y los legisladores a adoptar la ley en cuestión y ofrecerles asesoría y cooperación técnica, pero hasta el momento no se ha movido un dedo para avanzar en el tema.
Por su parte, Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla, comentó que, al adoptar esta iniciativa de ley, Puebla al fin respondería a las obligaciones adquiridas internacionalmente por parte de México ante la Corte Interamericana sobre la desaparición forzada de personas.
Además, tanto González como Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas, coincidieron en que es “preocupante el silencio por parte del Congreso”.
Presentan amparos
Sobre el avance legal, Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, mencionó que dicha institución educativa dio acompañamiento la semana pasada en la presentación de dos juicios de amparo a favor de las familias que integran el Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla. Esto, con la finalidad de señalar que existe una falta de legislación por parte del Congreso, que incumple con las obligaciones en materia de derechos humanos, reconocidas en la Constitución y en varios tratados internacionales, lo que resulta en una omisión legislativa absoluta.
En este sentido, la Ibero Puebla hizo un llamado al Congreso del estado para acatar con seriedad el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y para que responda a la necesidad sentida de las víctimas.
Respecto a las cifras, Arrambide González, recalcó que al corte del 10 de mayo, se tiene un registro de 87 mil 703 personas desaparecidas a nivel nacional, mientras que en Puebla se contabilizan 2 mil 725 personas desaparecidas, ubicando a la entidad en el lugar 13 a nivel nacional.
Ciudad de México. La llegada del Covid-19 al mundo exacerbó la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos: más agresiones en sus hogares, más abortos en condiciones inseguras y embarazos no deseados al no tener acceso a servicios de salud, mayor desempleo y trabajo no remunerado, por lo que millones de ellas se enfrentarán a la pobreza, enfermedades y a una salud mental desgastada.
Estas son las problemáticas que las integrantes del Grupo de Trabajo de Género (GWG) del C20 identificaron como las primordiales que los gobiernos y líderes mundiales deberán tratar en la “Cumbre Mundial de la Salud”, que se celebrará el próximo 21 de mayo de 2020 en Roma, la capital de Italia, con el fin de que aprueben la “Declaración de Roma” que asegure que los derechos de las mujeres y niñas, en especial los sexuales y reproductivos, no sean interrumpidos en lo que resta de esta pandemia y en las próximas que puedan presentarse.
El grupo de los G20 está conformado por representantes de 20 países, entre ellos México, y cuenta con alrededor de 14 organización internacionales y regionales como socias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras, que se reúnen para discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional y ahora para definir estrategias frente a esta y futuras crisis sanitarias.
En un comunicado, explicaron que el Covid- 19 visibilizó que los países carecen de un sistema de salud de calidad que pueda actuar ante emergencias sanitarias a gran escala, lo que repercutió en que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas fueron transgredidos al no ser atendidos, en consecuencia, la vida de ellas estuvo en riesgo, en particular de las que vivían en zonas marginadas.
En mayo de 2020, recordaron que la asamblea de la OMS aprobó una resolución firmada por todos los ministerios de sanidad que reconoce que los servicios sexuales y reproductivos son esenciales y exigió que los gobiernos de cada país aseguraran el acceso a ellos para todas las personas.
Sin embargo, dijeron, esto no ha sido así en lo que va de la pandemia. El resultado es que no sólo hay un aumento de aborto en condiciones inseguras o embarazos no deseados, sino que se prevé que esto influya en que ocurran 2 millones casos de mutilaciones femeninas y 13 millones de matrimonios infantiles en la próxima década, además, dificultará que las mujeres puedan vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual que ellas están en riesgo de contraer.
Por ello, lamentaron que países desarrollados reportaran un recorte del 85 por ciento al desarrollo de la planificación familiar y otro 80 por ciento al financiamiento de los tratamientos contra el VIH/Sida.
Resaltaron que las mujeres representan cerca del 70 por ciento de personal sanitario mundial, el cual ha enfrentado en primera línea el Covid-19, no obstante, muy pocas veces se les reconoce o las consideran en las políticas sanitarias preventivas y curativas. Consideraron importante que las mujeres de este sector sean incluidas en todos los procesos de decisión y su papel sea más valorado.
Ante este panorama, exigieron que los estados del G20 refuercen sus sistemas de salud pública para garantizar la plena continuidad de la atención sanitaria sin dejar de lado los servicios médicos hacia las mujeres y niñas y que los hospitales a nivel mundial, regional y local, trabajen en un nuevo sistema de logística que asegure un a respuesta efectiva ante futuras pandemias.
Además, demandaron la creación de centros de salud comunitarios para mujeres con personal capacitado, y garantizar la disponibilidad de agua, saneamiento e higiene en estos sitios; promover educación sexual integral; y generar datos abiertos sobre los temas ya mencionados para supervisar si estas estrategias son positiva en ellos.
“Sabemos que cuando las mujeres y niñas pueden tomar las decisiones más fundamentales sobre sus cuerpos, no sólo ganan en términos de autonomía, sino también en términos de avances en la salud, educación, los ingresos, la seguridad y la igualdad de género.Todo ello se traduce en un mundo de mayor justicia y bienestar humano”, finalizaron.
De acuerdo con ONUMujeres 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia sexual o física en el mundo antes de la pandemia. La llegada de ésta aumentó hasta 5 veces más las llamadas a las líneas telefónicas de asistencia contra violencia familiar en algunos países, debido a que las mujeres estuvieron encerradas con sus agresores y alejadas de personas que pudieran ayudarlas, por ello al menos 40 por ciento de ellas no buscaron algún tipo de apoyo.
Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calculó en abril de 2020 que si el confinamiento se prolongaba por 6 meses, habría 31 millones de casos de violencia de género. Este encierro también produjo una sobrecarga de actividades no remuneradas en las mujeres, si antes ellas destinaban casi 3 veces más tiempo a las labores domésticas en comparación con los hombres, en la pandemia aumentó más y se le sumó la supervisión de las tareas escolares de las y los hijos junto con el cuidado de éstos.
Según cálculos de ONUMujeres, 18 millones de mujeres pudieron perder el acceso a métodos anticonceptivos en lo que va de la pandemia en América Latina y el Caribe por el recorte del 50 por ciento de los servicios médicos, lo que advirtió, generaría más casos de mortalidad materna, más tasas de embarazos en adolescentes y contagios de infecciones de transmisión sexual.
21/AEG/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.
La Redacción (2021). Buscarán asegurar que el acceso a derechos sexuales y reproductivos no sean interrumpidos por pandemias. CIMAC Noticias. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/13/buscaran-asegurar-que-el-acceso-a-derechos-sexuales-y-reproductivos-no-sean-interrumpidos-por-pandemias
