By Natalia Rueda 
La denegación en Perú de un aborto terapéutico a una niña de 11 años violada por su padrastro ha provocado la indignación de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. La niña, cuyo nombre ficticio es Mila, estaba embarazada de 17 semanas cuando acudió a un hospital de Loreto en busca de un aborto.
El caso saltó a la luz pública después de que las organizaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, ONUSIDA, ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF emitieran una declaración conjunta condenando la decisión del gobierno peruano. La declaración expresaba su profunda preocupación por el menor y mayor riesgo de mortalidad entre las niñas embarazadas, así como reiteraba la urgencia de proporcionar un acceso seguro al aborto legal a las víctimas de violencia sexual.
Este caso ha suscitado un debate público sobre si Perú debe o no modificar su actual ley, que sólo permite el aborto terapéutico en los casos de violación, si el embarazo supone un riesgo para la vida y la salud de la madre y si el embarazo es consecuencia de un delito y no ha superado las 22 semanas.
El presidente del Consejo de Ministros peruano, Alberto Otárola, hizo una declaración esta semana en apoyo de estas leyes, haciendo hincapié en que el peligro para la mujer embarazada debe ser siempre el factor determinante en cualquier decisión de aborto.
Save the Children y CHS Alternativo han instado a que se modifiquen las leyes que regulan el acceso al aborto terapéutico para extenderlo a todos los casos de embarazo infantil y adolescente producto de una violación. Esto se acentúa aún más ya que entre enero y febrero se reportaron 8.381 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Perú, de los cuales el 33% fueron casos de violencia sexual y el 70% de las víctimas fueron mujeres menores de edad.
Mila ha sido trasladada a Lima para evaluar su estado de salud y restituir sus derechos. La indignación de este caso ha provocado una ola de protestas en todo el país, con peticiones de modificación de la ley, a la vez que ha impulsado a sus ciudadanos a posicionarse e instar a que se haga justicia.