La pandemia reinventa el narcotráfico

La elegante colonia de las Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, con sus amplias avenidas arboladas y grandes mansiones y embajadas amuralladas como fortalezas, es una de las zonas mejor resguardadas del Distrito Federal. De ahí la alarma que provocó entre los chilangos, como los mexicanos llaman a los capitalinos, el atentado del 26 de junio contra Omar García Harfuch, jefe de la policía de la capital, por un comando de una treintena de hombres armados hasta los dientes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mayor organización criminal del país.

Bajo la lluvia de balas, nadie abandonó el vehículo, diseñado para soportar ese tipo de ataques, lo que evitó una tragedia peor, pero García Harfuch recibió tres balazos: en la clavícula, la rodilla y el hombro. En medio del fuego cruzado, murieron dos de sus escoltas y una vendedora callejera de tacos.

Los sicarios huyeron dejando chalecos antibalas, pistolas, un lanzagranadas que no utilizaron, más de 400 casquillos y cinco fusiles Barrett adquiridos en armerías de Estados Unidos, como el 70% de las armas capturadas a las bandas –unas 150.000 entre 2007 y 2018– por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Fue la primera vez que los narcos utilizaron en el DF fusiles de asalto y granadas de fragmentación. Y todo ello en el Paseo de la Reforma, muy cerca de la residencia del embajador de EEUU. Las balas de alto calibre llegaron hasta más de un kilómetro, atravesando los muros de algunos edificios.

La policía detuvo a las pocas horas a una docena de sicarios, que apenas habían sido entrenados en el manejo de armas de gran calibre. Tampoco conocían la ciudad. Procedían de cinco Estados diferentes y llegaron a la ciudad pocos días antes del ataque. Desconocían a quién tenían que matar. Solo les dijeron que era una operación suicida y que sus familias cobrarían unos 4.000 euros.

La demostración de fuerza de los narcos jaliescenses ha dejado malherida la estrategia de seguridad del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, basada en su lema electoral “Abrazos, no balazos”. El 11 de mayo, sin embargo, firmó un decreto que extiende la presencia militar en las calles al menos hasta 2024.

México convive hoy con casi 100 homicidios diarios. Ni siquiera en los peores años de la guerra contra los carteles declarada por Felipe Calderón (2006-2012), tan criticada por López Obrador, se había vivido nada parecido. Hasta ahora los grandes narcos habían evitado hacerse notar demasiado en el DF porque, entre otras cosas, varios viven y necesitan hacer ahí discretas operaciones de lavado de dinero. El pacto tácito con la policía era vive y deja vivir. Sin violencia, nadie les molestaría. La llegada de García Harfuch cambió las reglas del juego. Pero Jalisco nunca pierde. Ni perdona. Según Raúl Benítez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en narcotráfico, el CJNG necesitaba vengarse de él por la ayuda que dio a la DEA, la agencia antidroga de EEUU, en una operación que llevó a la detención de 600 de sus sicarios y la incautación de 20.000 kilos de drogas y 22 millones de dólares en efectivo.

En junio, la Unidad de Inteligencia Financiera federal congeló 2.000 cuentas bancarias del cártel que habían movido unos 1.000 millones de dólares en los últimos meses. Así, no resulta extraño que marzo haya sido el mes más violento desde que se comenzaron a llevar registros oficiales, en 1997. En junio, sicarios asesinaron a un juez federal en Colima, Uriel Villegas, y el 1 de julio masacraron a 26 personas en una clínica de rehabilitación de Irapuato (Guanajato).

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