By Natalia Rueda 
Un nuevo y desgarrador caso de explotación sexual infantil ha estremecido una vez más a Colombia, poniendo en evidencia la cruda realidad que azota al país. La reciente detención de Stefan Andrés Correa, un farmacéutico de 42 años de Miami (Florida), acusado de tráfico sexual de menores en territorio colombiano, ha generado conmoción e indignación en la sociedad.
La captura de Correa, llevada a cabo por agentes de las fuerzas del orden en el aeropuerto internacional de Miami, momentos antes de que abordara un vuelo con destino a Bogotá y Medellín, ha sacado a la luz la alarmante situación de los abusos sexuales perpetrados contra niños y niñas en Colombia.
Según la denuncia penal presentada contra Correa, éste habría estado en contacto con un proxeneta de Medellín para concertar encuentros con niñas menores de 12 años con el fin de abusar sexualmente de ellas. Lo que hace aún más inquietante este caso es la frecuencia con la que Correa había viajado a Colombia en los últimos dos años, más de 40 veces, un hecho que ya había llamado la atención de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).
El descubrimiento de nueve teléfonos en posesión de Correa, que contenían vídeos en los que se le veía realizando actos sexuales con menores, así como chats entre Correa y un presunto traficante sexual, en los que Correa pagaba por mantener relaciones sexuales con menores durante sus viajes a Colombia, el contenido de estos chats, en los que Correa pedía a las menores que se sometieran a los abusos en todos los sentidos y que no se quejaran del dolor, es especialmente perturbador y pone de manifiesto la depravación de sus actos. El pago por estos abusos a estas menores oscilaba entre los 300.000 pesos colombianos y teléfonos celulares iPhone. En un intercambio especialmente escalofriante, Correa habría escrito: “Por favor no interrumpas, pase lo que pase vale? Si todo sale bien, puede ser un iPhone XS”.
Este caso nos recuerda con crudeza la urgente necesidad de una mayor cooperación internacional para combatir la trata de menores con fines sexuales en Colombia y en todo el mundo. Es imperativo que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley colaboren diligentemente para investigar, detener y procesar a los implicados en estos atroces delitos. Proteger a los niños vulnerables de la explotación y los abusos debe ser una prioridad absoluta.
El caso de Timothy Alan Livingstone, que fue hallado con dos menores de 12 y 13 años en la habitación de un hotel de Medellín pero consiguió escapar de las autoridades, subraya aún más la necesidad de actuar con decisión. Es esencial que Livingstone comparezca ante la justicia estadounidense para responder de sus reprobables actos.
Aunque la detención de Stefan Andres Correa es un paso en la dirección correcta, está claro que queda mucho por hacer para abordar las causas profundas de la trata sexual de menores. Sólo mediante un esfuerzo concertado y sostenido de la comunidad internacional podremos erradicar esta práctica abominable y garantizar un futuro más seguro para estos menores vulnerables.