El lunes, un panel federal de apelaciones en Boston sorprendió al permitir que proceda una demanda de 10 mil millones de dólares presentada por México contra seis fabricantes de armas estadounidenses. La demanda acusa a los fabricantes de ayudar e instigar el tráfico ilegal de armas hacia México, un país que ha enfrentado una violencia armada desenfrenada a pesar de sus estrictas leyes sobre la propiedad de armas de fuego.
La demanda, presentada en 2021, acusa a los principales fabricantes de armas, incluidos Smith & Wesson, Glock y Ruger, de ser responsables del suministro de armas utilizadas en delitos en México. Con estimaciones que sugieren que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas traficadas hacia México provienen de Estados Unidos, la demanda busca responsabilizar a los fabricantes por su papel en la violencia armada que ha afectado gravemente al país.
En septiembre de 2022, un juez de un tribunal federal desestimó el caso, citando una ley federal que otorga inmunidad a los fabricantes de armas frente a las demandas presentadas por las familias de las víctimas muertas o heridas por sus productos. Sin embargo, en una decisión unánime, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos revocó el fallo, afirmando que los demandantes habían presentado un argumento “plausible” de que su caso debería estar exento del escudo de inmunidad.
Esta decisión ha sido recibida con elogios por parte de los defensores del control de armas, quienes ven la decisión como un hito en la lucha por responsabilizar a la industria de armas por su contribución al tráfico ilegal y violencia armada en otros países. Para ellos, la decisión del tribunal no sólo reconoce el derecho de México a buscar reparación por los daños causados por las armas de fabricación estadounidense, sino que también desafía el escudo legal que ha protegido a la industria de tales demandas durante mucho tiempo.
Si bien el tribunal aún no ha determinado el monto de la compensación, se estima que podría alcanzar hasta el 2% del PIB de México. Esto podría proporcionar recursos muy necesarios para que el gobierno mexicano combata la actual guerra contra las drogas y ayude a reconstruir las comunidades afectadas por la violencia.
Por otro lado, aquellos que defienden a la industria de armas han criticado la decisión, afirmando que México debería enfocarse en hacer cumplir sus propias leyes y llevar a los criminales ante la justicia en lugar de atacar a la industria. Sin embargo, esta decisión podría tener un impacto más amplio no sólo en el resultado de este caso en particular, sino también en el futuro de la industria armamentística y en el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.
Con la posibilidad de más demandas y un posible reexamen de la ley de inmunidad que ha protegido a los fabricantes de armas durante décadas, esta decisión sin duda marcará un hito en la lucha por la rendición de cuentas y la seguridad pública en el país.
A medida que este caso histórico siga desarrollándose, seguramente se intensificará el debate sobre el control de armas y la rendición de cuentas en Estados Unidos. Y aunque aún está por verse el resultado final de esta demanda, la decisión del panel federal de apelaciones marca un paso significativo hacia responsabilizar a la industria de las armas por su papel en la proliferación de armas de fuego y las devastadoras consecuencias que siguen.
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