The popular social media news account, Ojovreal, has reported that influencer, Camilo Garcia Caballero aka “El Camus”, for mounting a fake charity drive. While initially the project, Cambiando Vidas (“Changing Lives”), was well received by both Milenio and Telemundo, due diligence was apparently not performed on the project. The news outlets likely observed a large social media following and opted to take the projects alleged intent at face value.
Family Ties to Mexico President
For context, the influencer ‘Camus’ was also recently at the center of a public controversy due to uploading a photo with the wildly unpopular ex president of Mexico, Enrique Pena Nieto. The photo took place in the Dominican Republic where Camus’ sister – who is also a beauty queen from Barranquilla, Colombia – was getting married.
El Camus Did Not Provide Funds To Family
Apparently, a dispute between ‘El Camus’ and another Mexico based influencer resulted in chaos for a household of three women. Funds allegedly donated to the families were somehow lost in transit; the Mexican influencer then covered the family expenses, but not while they were monumentally exposed without a home since they abandoned their prior home based on ‘El Camus’ promises.
Ultimately, the families denounced that for the creation of content, El Camus faked a birthday for one of the younger members. Then, they were left behind in a subpar dwelling while “El Camus” traveled to Europe.
In his social media account, there is reference to Los Angeles based investors that are footing the bill for 1000 homes in Colombia. The projects exact dimensions are not specified, only a distinct prominent investor/luxury home developer is mentioned on the social media post.
Story Unfolding, Social Media Accounts For OjoVReal Locked
While OjovReal has dilligently reported on a story of public interest, it appears that some entities have begun to falsely report the social media account. This has led to the outlet not being able to access its accounts. This amounts to a suppression of the press act that should be thoroughly reviewed by Meta (Instagram’s parent company) as it is common for policy abuse measures to be misapplied in emerging markets.
This story is ongoing and will be expanded as new information is obtained.
En el informe de la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica en septiembre de 2001, la ONU “reconoció que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no sólo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, especialmente, su negación de la esencia de las víctimas”. Catalogó que la esclavitud y la trata de esclavos como un crimen de lesa humanidad y que son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo y discriminación racial. Resaltó que los africanos y afrodescendientes, así como los asiáticos y los pueblos indígenas, fueron víctimas de esos actos y continúan siéndolo por sus consecuencias. Manifestó que el colonialismo profundizó estos tratos, al grado que formaron parte de las políticas de exterminio en América Latina. Lamentó que los efectos y la persistencia de estas estructuras y prácticas que aún prevalecen en nuestros países, sean la causa primordial de las desigualdades sociales y económicas.
Lo más grave es que estas acciones tienen repercusiones fatales en las esferas de la educación, salud, vivienda, mortalidad infantil y la esperanza de vida, entre los pueblos Afromexicanos e Indígenas, a causa de la discriminación racial, el desprecio por el color de la piel y la xenofobia, que persiste en los poderes públicos y que se reproduce en amplios sectores de la sociedad. No se reconoce su aporte cultural y su contribución al desarrollo de la humanidad, como pueblos con historia y con amplia presencia en diferentes latitudes.
Es un imperativo ético que todos los países de América y todas las demás zonas de la diáspora africana reconozcan la existencia de su población de origen Africano y sus contribuciones económicas, políticas, culturales y científicas que han hecho. Deben reconocer sus derechos a la cultura y a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, económica y cultural; a tener, mantener y fomentar sus propias formas de organización, su modo de vida; su idioma, su cultura y su religión. Al uso, disfrute y conservación de sus bienes naturales de su hábitat, y a respetar sus tierras que por centurias han conservado.
Ante la multiplicidad de luchas que han proliferado en varios continentes, un grupo de mujeres afrodescendientes de 32 países de América Latina y el Caribe, se reunieron el 25 de julio de 1992, en República Dominicana, con el fin de visibilizar sus luchas, su resistencia y trazar algunas estrategias para enfrentar el racismo y el sexismo, como las expresiones más cruentas de la violencia que padecen. En ese marco el 25 de julio se formalizó como el día internacional de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.
Con motivo de esta conmemoración la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD) manifestó que “aún persisten miradas y prácticas discriminatorias que estigmatizan a la mujer afro, herederas de la historia de violencia perpetrada. Su sometimiento de género se suma a la situación de precariedad y exclusión a la que fueron sometidas, invisibilizadas y excluidas, generando una situación de múltiple vulnerabilidad en su colectivo”.
En México se ha logrado dar un paso importante con el reciente reconocimiento constitucional del Pueblo Afromexicano, que se oficializó el 10 de agosto del 2019, como parte de la composición pluricultural de la nación. Esta incorporación implica saldar la deuda que el gobierno de México tiene con esta población que enfrenta graves problemas marginación, pobreza, salud, educación, falta de oportunidades de empleo, así como discriminación y racismo. Para que esta reforma tenga consistencia debe pasar a las constituciones locales, también se requiere redactar las leyes reglamentarias en cada entidad y modificar la estructura del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas o que se forme un Instituto propio para la población afromexicana.
Tomando como referencia los datos del INEGI, de 2015, se tiene un registro de un millón 381 mil 853 personas que se consideran afrodescendientes. Representan el 1.2 por ciento de la población nacional, siendo 705 mil mujeres y 677 mil hombres. La concentración de su población se da en los estados de Guerrero con el 8.6 por ciento, seguido de Oaxaca con el 4.7 por ciento, Baja California Sur con el 3.3, Yucatán con el 3.0 por ciento, Quintana Roo con el 2.8 y Veracruz con el 2.7 por ciento. Guerrero es el estado que sobresale por el mayor número de población afromexicana que registra 303 mil 923 personas, seguido de el estado de México con 296 mil 264, Veracruz con 215 mil 435 y Oaxaca con 194 mil 474 habitantes. Es importante resaltar que la población Afro se encuentra distribuida en los 32 estados de la república. La entidad que menos población cuenta es de 10 mil 416 personas que se reconocen como afromexicanas. Los municipios que tienen un alto porcentaje de población Afro son: Cuajinicuilapa con el 79.9; Copala con el 58.7; Juchitán con 53.8; Florencio Villareal con 51.4 y Marquelia con 43.1, todos ubicados en la costa chica de Guerrero.
La tenacidad con la que han luchado mujeres y hombres del pueblo Afro ha dado resultados tangibles. Su reconocimiento en la constitución no es una concesión graciosa de las dos cámaras, forma parte de un movimiento que está marcado por el racismo y la discriminación, por parte de los gobiernos criollos y mestizos, que en todo momento han considerado, tanto a la población indígena como Afro, como inferiores e irracionales. Han justificado el despojo de sus territorios ancestrales, han pisoteado sus derechos básicos y los han excluido del presupuesto público. A pesar de la riqueza natural que posee la población Afro, han quedado relegado como principales actores del desarrollo regional. Las tierras que conforman sus ejidos en la práctica las poseen caciques ganaderos, como pasa en Cuajinicuilapa, donde la población Afro se desempeña como peón o vaquero de los patrones, que no son Afros, sino mestizos. Las relaciones que se establecen están marcadas por el color de la piel. Los súbditos son los afros, aunque en realidad sean los dueños de las tierras ejidales. En la práctica se reproduce una relación de explotación por parte de quienes tienen el poder político y económico. Lo mismo sucede con la población indígena, forma parte del estamento social más bajo y por lo mismo es víctima del engaño, despojo y explotación económica.
Los municipios y las comunidades de la costa Chica, a pesar de que se encuentran asentadas en tierras fértiles y cuentan con un gran litoral que forma parte de la riqueza natural de Guerrero, las familias viven en condiciones deplorables; no todos tienen acceso a la educación básica, persiste la deserción escolar y un alto índice de analfabetismo en adultos mayores. Son escasos y precarios los servicios de salud. Las viviendas no cuentan con los servicios básicos de agua, luz, drenaje. Muchos pisos son de tierra y varias casas no están construidas con material duradero. Las actividades del campo son para subsistir con muchas carencias económicas. A pesar de que hay un gran potencial pesquero, las ganancias son nimias entre los pescadores, que no tienen forma de comercializar a gran escala los productos del mar. La población mestiza que ha disputado el poder político es la que se ha beneficiado del presupuesto público y la que se ha apropiado de las mejores tierras destinadas para la ganadería. En la costa Chica se han afianzado los cacicazgos en las cabeceras municipales que tienen el control del comercio, el transporte público, los productos agrocomerciales, la ganadería y la precaria infraestructura turística. En buena medida la población afro se encuentra desorganizada, dispersa en sus luchas, dependiente de los líderes políticos y subordinados a los cacicazgos regionales. Ha sido muy difícil que los jefes y jefas de familia encuentren empleos seguros y bien remunerados. No encuentran en el campo una forma de vivir dignamente y la población que vive de la pesca no le reditúa su actividad, por la competencia local que tiene un reducido número de clientes.
A pesar de que es una región que ha sabido pelear en coyunturas políticas, aún no se han podido liberar del poder caciquil y del clientelismo político que ejercen los líderes de los partidos políticos. La reivindicación de sus derechos como pueblo Afro ha alcanzado resonancia nacional por el gran aporte cultural de los pueblos y de personas que han logrado vencer los obstáculos del racismo para dar la pelea en el plano político y en el ámbito de los derechos humanos. La presencia de las mujeres afros en varios espacios nacionales y estatales, reivindicando su identidad, proyectando su historia y su riqueza cultural, así como el importante papel que desempeñan en la vida comunitaria, han mostrado el encanto de la cultura afro y su trascendencia nacional e internacional para el reconocimiento de su trabajo específico como mujeres afromexicanas que están abriendo brecha en la lucha por el reconocimiento de sus derechos, en su aporte al movimiento feminista, en su lucha tenaz que de manera cotidiana libran contra el racismo y la discriminación, que forma parte de la violencia institucionalizada y de la tragedia que padecen aún por la violencia feminicida.
El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.
Tlachinollan (2021) Encanto y tragedia de las mujeres Afromexicanas. Desinformémonos. Recuperado el 27 de Julio del 2021 en: https://desinformemonos.org/encanto-y-tragedia-de-las-mujeres-afromexicanas/
Informe sobre Desarrollo Humano: el trabajo no remunerado y el cuidado pone a las mujeres en un permanente juego desigual
Ser mujer afrodescendiente o indígena en Brasil, Ecuador y Guatemala tiene menor probabilidad de salir de la pobreza, sentencia
Elda Montiel, II parte | Sem México
Ciudad de México | Viernes 25 de Junio del 2021 | — : —
Los países de América Latina y el Caribe se encuentran atrapados en un círculo vicioso entre una alta desigualdad y un bajo crecimiento económico exacerbado por la pandemia del COVID 19, donde las mujeres son las primeras afectadas.
Más allá del ingreso, otras formas de desigualdad persisten obstinadamente, como las brechas de género en participación laboral y horas de trabajo no remunerado, dedicadas a actividades de cuidado, continúan poniendo a las mujeres en un campo de juego desigual.
Las personas LGBT+ continúan sufriendo discriminación en el colegio y en el mercado laboral y son víctimas de violencia más frecuentemente que personas de otros grupos.
Las minorías étnicas continúan sin reconocimiento como agentes económicos y políticos activos y rezagadas en el acceso a los servicios básicos, incluida la salud y la educación.
Advierte el Cuarto Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dado a conocer esta semana.
El Informe detalla que décadas de progreso podrían desaparecer, ya que una larga lista de “buenas políticas” adoptadas por los países dan lugar a políticas fragmentadas con perspectivas a corto plazo, que en algunos casos profundizan las distorsiones existentes.
Aunque la reducción generalizada de la desigualdad de ingresos (medida por las encuestas de hogares) a principios de la década de 2000 es de celebrar, esta tendencia se estancó en la década de 2010 y había comenzado a revertirse en algunos países incluso antes del inicio de la pandemia del COVID 19.
Brecha salarial de género
Las brechas de género en la oferta de trabajo vienen disminuyendo. Este informe no ignora que se ha avanzado y que las mujeres participan actualmente en el mercado de trabajo mucho más que hace tres décadas. Como región, sin embargo, América Latina y el Caribe están lejos de avanzar para estar donde debería estar.
La participación laboral de las mujeres es en promedio 32 por ciento menor que la de los hombres, pero para las mujeres que se encuentran entre el 20 por ciento más bajo de la distribución del ingreso, es 42 por ciento menor.
Del mismo modo, las mujeres dedican en promedio 16 por ciento menos horas semanales que los hombres al trabajo remunerado, pero las que se encuentran en el 20 por ciento más bajo de la distribución del ingreso dedican un 24 por ciento menos.
Las mujeres participan menos que los hombres en la fuerza laboral y, cuando lo hacen, trabajan menos horas remuneradas que los hombres, pero dedican mucho más tiempo por semana que los hombres a tareas domésticas y de cuidado.
Además de la dependencia económica y la mayor exposición a la violencia doméstica que conlleva la baja participación laboral de las mujeres y el menor número de horas de trabajo remunerado implican un enorme desperdicio de capital humano, costoso para la sociedad.
Las brechas de género en el desempleo son las mayores. El desempleo de las mujeres es, en promedio, un 36 por ciento mayor que el de los hombres. Sin embargo, las mayores brechas no son las del 20 por ciento más bajo de la distribución, sino las del 20 por ciento siguiente, y disminuyen con los ingresos a partir de ese momento.
Del Informe destacan datos como:
Las brechas de género en participación laboral disminuyen con la educación y son mucho menores para las mujeres que han completado educación terciaria. Las brechas en horas de trabajo remunerado también disminuyen con la educación, aunque no tanto como la participación laboral, y la formalidad aumenta.
Las mujeres tienen mayores tasas de desempleo que los hombres, además si cuentan con mayor nivel de educación es mayor que para las personas que han completado solo la primaria.
No todas las encuestas nacionales de hogares contienen información sobre las horas dedicadas al trabajo no remunerado.
En el caso de Colombia y México las encuestas nacionales de hogares muestran similitudes. En Colombia, las mujeres dedican en promedio 3,9 horas de trabajo no remunerado a la semana por cada hora que dedican los hombres.
La relación entre las horas de trabajo no remunerado de las mujeres y los hombres es mayor para las mujeres que se encuentran en la cola inferior de la distribución del ingreso y disminuye a medida que el ingreso es más alto, tal vez porque las mujeres de los hogares más ricos pueden disponer de ayuda remunerada. Para México, la relación es ligeramente inferior, pero la historia es la misma.
Las brechas de género son menores a mayor nivel de ingreso de los hogares, y las mujeres más pobres se enfrentan a las peores desigualdades.
Las brechas en horas de trabajo remunerado también aumentan con el número de hijos Esta es una de las razones por las que el acceso a servicios de cuidado de calidad es fundamental y debe ser una prioridad de la política pública.
Personas LGBT+
Medir el tamaño de la población LGBT+ es difícil, pero las estimaciones disponibles sugieren que entre el 11 por ciento y el 19 por ciento de la población se considera parte de ella. Aunque no hay estudios de este tipo para la región, está claro que los países no podrán poner fin a la desigualdad e impulsar el crecimiento económico sin erradicar la marginación de sus personas LGBT+.
42 millones de indígenas en América Latina
Las mujeres indígenas y afrodescendientes por lo general no estánbien cubiertas por los sistemas de protección social y tienden a recibir beneficios de pensión más bajos o a no recibirlos en absoluto. Experimentan una mayor vulnerabilidad económica y exposición a las crisis, muestran niveles más bajos de acceso a la educación y logros educativos, y suelen habitar los territorios más empobrecidos y subdesarrollados institucionalmente.
En América Latina, el PNUD ha determinado que ser una persona afrodescendiente o indígena en Brasil, Ecuador y Guatemala está relacionado con una menor probabilidad de salir de la pobreza. Lo que es peor, las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la región han sido durante mucho tiempo objeto de invisibilidad estadística.
El Banco Mundial estimo que en 2010 América Latina albergaba aproximadamente 42 millones de indígenas pertenecientes a 780 grupos étnicos diversos, y representaba el 8 por ciento de la población. Las mismas estimaciones sugieren que el 14 por ciento de los que viven en la pobreza y el 17 por ciento de los que viven en la pobreza extrema son indígenas.
134 millones de personas afrodescendientes
América Latina es el hogar de aproximadamente 134 millones de personas afrodescendientes, que representan el 21 por ciento de la población, y también experimentan adversidades significativas.
Este grupo de la población sufre las privaciones más severas en términos de acceso a los servicios del Estado y en las condiciones básicas de vida, y es más vulnerable a la mortalidad infantil y materna, al embarazo adolescente, a las enfermedades de transmisión sexual y a otras afecciones de salud, que dan una pista acerca de las dificultades devastadoras que han enfrentado estas comunidades durante la pandemia del COVID-19.
En cinco (de seis) países latinoamericanos con datos disponibles para 2018, la pobreza y la pobreza extrema eran más frecuentes entre la población afrodescendiente, afectando especialmente a quienes vivían en zonas rurales y a las mujeres.
Brechas de género en la informalidad
Las brechas en informalidad son las menos relevantes de las brechas de género en el mercado de trabajo. No porque la informalidad laboral no sea relevante, sino porque es un fenómeno tan extendido en la región que sobrepasa la dimensión de género.
La brecha de género en informalidad es pequeña y, en promedio, a favor de las mujeres. También muestra que las condiciones cambian a lo largo de la distribución del ingreso y que las mujeres que se encuentran entre el 60 por ciento más bajo, en promedio, trabajan en condiciones ligeramente más informales que los hombres.
Las múltiples crisis de la pandemia del COVID-19 han pesado más sobre los que ya se habían quedado atrás, exacerbando aún más las desigualdades a lo largo de 2020 y 2021.
Paridad en educación inicial
La educación en América Latina se ha convertido en una historia de igualdad de género, más que de desigualdad. Los hombres y las mujeres han accedido a la escolaridad a ritmos comparables en América Latina. Las mujeres tenían una pequeña desventaja en las cohortes más antiguas, pero alcanzaron la paridad en la década de 1970 y superaron a los hombres en la década de 1980.
La investigación ha documentado el cierre de la brecha de género en América Latina en los niveles iniciales de educación desde la década de 1980 y el cambio a favor de las mujeres a partir de ese momento. Sin embargo, el análisis detallado por país muestra considerable heterogeneidad entre países.
Bolivia muestra una brecha persistente que favorece a los hombres en todas las cohortes, y Brasil presenta una ventaja creciente entre las mujeres desde las cohortes de 1940.
El presente articulo es propiedad de Sem México.
Elda Montiel, II parte (2021) Décadas de progreso podrían desaparecer en América Latina, donde las mujeres son las primeras afectadas: PNUD. Sem México. recuperado el 25 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/decadas-de-progreso-podrian-desaparecer-en-america-latina-donde-las-mujeres-son-las-primeras-afectadas-pnud/
Dra. Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la IBERO y coordinadora del número LI-2 de la RLEE.
Ibero Prensa | Desinformémonos
—– | Viernes 25 de Junio del 2021 | — : —
Docentes y estudiantes dialogan acerca de ‘¿Qué sentido tiene hablar de violencia en educación?’, con motivo de la presentación virtual del número LI-2 de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, dedicado a ese tema.
Sobre los hombros de los niños y niñas se están poniendo los desafíos de las violencias, simbólicas, materiales, económicas, laborales, de género y de la diversidad sexual, señaló el Dr. Ernesto Treviño, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al participar en el diálogo ¿Qué sentido tiene hablar de violencia en educación?, organizado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México con motivo de la presentación del número LI-2 de su Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (RLEE), dedicado a ese tema.
En su alocución, dijo que el número LI-2 de la RLEE da en el núcleo de uno de los desafíos que permanentemente se tienen en América Latina, el de los distintos tipos de violencias, que se materializan muchas veces en las situaciones educativas, pero que también superan a las escuelas y al sistema educativo.
Una de las cosas que le llamó la atención en esta publicación fue el caso de las escuelas en Colombia, donde “se ve el camino de la selva como un camino de tristeza, de olvido, porque es el camino por el cual se ve partir a los compañeros, a los amigos, a los padres; y al mismo tiempo representa un gran sacrificio por parte de los niños, de los jóvenes, de las familias, un sacrificio de separación que es violento también”.
Una separación que además es necesaria, porque como algunos de los jóvenes dicen, es para no seguir siendo jornalero, para no tener que reproducir la situación de mis padres, refirió Treviño.
La Dra. Mercedes Ruiz Muñoz, investigadora del Departamento de Educación de la IBERO y editora Académica de la RLEE, subrayó que este número lleva a reflexionar acerca de la educación, la violencia, la paz, la compasión, el juego, la esperanza y, sobre todo, “la posibilidad de construir comunidad para dar acogida a todas y todos en un mundo tan cambiante, tan desafiante y en un contexto de violencia”.
Pero, ¿tiene caso hablar de violencia en la educación?; el Dr. Juan Carlos Silas Casillas, coordinador del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (CEA-MOPE), cree que sí, que tiene mucho sentido, “sobre todo porque la vida cotidiana se ha enfrascado en este fenómeno de la violencia”.
Él, quien considera que habría que empezar a ver a la violencia y a la convivencia como antónimos, comentó que México es un país complejo, lleno de inequidades, asimetrías, tensiones e impunidades, que trastocan la vida de las personas y la relación que se da entre ellas.
Es así que la educación, que promueve aprendizajes significativos, “necesariamente deberá proponer vías para la prevención de la violencia”, e incluso en un entorno como el mexicano podría proponer vías para una gestión de los impactos de la violencia.
Para la Dra. Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la IBERO, hay que identificar cómo se nombra a las distintas opresiones, para poder, en este número de la revista -que ella coordinó-, hablar de cuándo es violencia ocasionada por el narcotráfico, por la cuestión migratoria, por el racismo, cuándo es despojo y cuándo es violencia de género.
“En la medida en que podemos nombrar y visibilizar estos mecanismos, pues también nuestro reto, creo, desde la investigación educativa, es saber cómo investigar, cómo acercarnos a estos contextos que son tan complejos”.
¿Qué sentido tiene hablar de violencia en educación?
Agustín Solano, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que en el artículo Hacer escuela entre silencios. Docentes de telesecundaria en contextos de narcotráfico, que escribió en coautoría con la Mtra. Flor Trujillo Reyes, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, se analiza lo que ocurre en espacios escolares en zonas rurales de Guerrero.
En su trabajo tomaron como referente los testimonios de profesores que laboran en esas instituciones donde coinciden la escolarización y la guerra contra el narcotráfico -desatada desde 2006-. Los entrevistados mencionaron que a lo largo de sus años de servicio el narcotráfico ha estado presente en las zonas rurales, por ello conocen y asumen las condiciones de violencia que circunscriben su trabajo, el silencio -que modela su interacción con los estudiantes- y su posición como educadores ante los diversos acontecimientos que observan.
“La escuela y la comunidad forman parte de una violencia sistemática que se reproduce constantemente y que va disminuyendo la voz y la autoridad pedagógica de los docentes al realizar su labor educativa”, subrayó Solano.
Agregó que hablar de la violencia en su artículo tiene que ver con visibilizar los efectos de la guerra contra el narcotráfico en las escuelas y entre miembros de la comunidad educativa, principalmente los docentes. “El sentido que tiene el hablar de la violencia en la educación, para el caso de nuestro artículo, es mostrar cómo da forma a las experiencias educativas. Al mismo tiempo, mostrar cómo los docentes asumen su trabajo de enseñar y no renuncian a seguir haciendo escuela”.
Colombia
La colombiana Yuri Páez, alumna de Doctorado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), consideró que vale la pena reflexionar cómo la violencia ha tocado la educación, por ejemplo, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; los 14 mil niños, niñas y jóvenes retenidos por Estados Unidos en la frontera con México en el último año, muchos de ellos viajando solos desde sus países de origen.
Los mil 159 niños, niñas y jóvenes víctimas de minas antipersonas y restos explosivos en Colombia entre 1990 y 2016, muchos de esos restos dejados en inmediaciones de las instituciones educativas; los 160 millones de niños y niñas que trabajan en el mundo; y los mil 76 docentes que han sido asesinados, los más de mil 800 desplazados, los 50 desparecidos, los 70 exiliados y los más de seis mil amenazados en Colombia en el periodo de 1985-2016.
En este contexto realizó una investigación en 2018-219 en dos escuelas rurales en Colombia -de lo que habla su artículo-, que tiene como centro la pregunta, cómo hacer escuela en espacios atravesados por conflictos que potencialmente amenazan el trabajo de la institución escolar.
Encontró que la violencia ha estado asociada a la precariedad o la ausencia del Estado. Esto quiere decir que la presencia de actores armados -guerrillas, organizaciones paramilitares y el ejército nacional-, además de los ataques a las infraestructuras, amenazan todo el tiempo el trabajo escolar de maestros, estudiantes y comunidades y, sobre todo, el proceso de paz firmado en 2016.
En ese marco, Yuri Páez recopiló el testimonio de niños, niñas y adolescentes en las zonas de conflicto armado en Colombia, algo, dijo, necesario para pensar la escuela en medio de ese entorno.
El también colombiano Esteban Morales, estudiante de doctorado de la Universidad de British Columbia, añadió que educar sobre paz y violencia se volvió algo indispensable, pues se ve a la educación como una herramienta esencial para transformar y construir culturas, estructuras y prácticas de paz, que lleven a las sociedades a ser mejores.
En este sentido, se deben entender las posibilidades que brinda la educación sobre la paz y la violencia de tres formas: como un proceso de construir paz; como una filosofía, una manera de ver el mundo; y como una pedagogía, una forma de relacionarse en el aula.
Resaltó que lo que ocurre en las comunidades también acontece en las aulas, por lo que hablar de violencia en los salones es una estrategia para procesar colectivamente lo que está pasando, para entender mejor, para generar soluciones entre todos y prepararse para un mejor futuro. Eso, en Colombia, significa hablar de porqué su comunidad ha sido tan golpeada por los impactos armados e intentar hacer algo al respecto. “Preparar a los estudiantes para esto es en sí un valor de la educación para la paz”.
Lo que pasa en el aula, agregó, también tiene consecuencias directas e indirectas en la comunidad, porque el potencial transformador de la educación para la paz no es exclusivo de las aulas, sino que permea a los padres de familia, a los vecinos, a los amigos; porque hablar de paz es siempre una forma de relacionarse con el otro.
En contraposición, dijo que “no tiene sentido hablar de violencia y paz en la educación” cuando se pretenden imponer definiciones y prácticas de paz que violentan a las comunidades. Por ejemplo, cuando el Estado no busca entender las violencias particulares de las comunidades y cómo a ellas les gustaría vivir la paz, sino que pone sus definiciones de paz y violencia; o cuando el docente y el directivo no buscan entender la realidad de los estudiantes, sino enseñar desde una visión del conflicto que no tiene nada que ver con lo vivido.
“Educar para la paz y en las violencias tiene sentido por su potencial de transformar comunidades, hacia dentro del aula y hacia fuera en las comunidades, pero sólo tiene sentido si nos preocupamos por escuchar la realidad de nuestros estudiantes, y no cuando buscamos imponer nuestra paz estática”.
Escuela y acuerdos
Por su parte, la Dra. Cimenna Chao Rebolledo, coordinadora de la Especialidad en Educación Socioemocional de la IBERO, mencionó que: “La escuela es un lugar de encuentros y desencuentros, un lugar para aprender a tomar acuerdos, aprender a convivir y a lidiar con las diversidades que nos distinguen, pero que a su vez nos conforman como sociedad y como comunidad escolar”.
Hablar entonces de violencia en el contexto escolar se debe a que puede suceder que en el desencuentro se genere violencia, ya sea incitada por la violencia heredada del contexto sociocultural, que puede condicionar las formas de pensar y de actuar.
O bien, puede que la violencia surja como un impulso al no poder regular las acciones ante estímulos que despiertan emociones conflictivas intensas, como ira, enojo, cólera, miedo, angustia o desprecio. “En cualquier caso, la escuela es el espacio para educar dichas reacciones, de manera que se puedan transformar en respuestas reflexivas, reguladas y asertivas.
Comentó que en 2019 la prueba PISA arrojo que en México 23% de los estudiantes reportaron haber sufrido bullying al menos una vez en la escuela; resultados que fueron mejores a los del 2014, donde 32% de los estudiantes reportaron lo mismo. Esto indica que las acciones pedagógicas emprendidas desde la escuela para combatir la violencia dan buenos resultados, sobre todo, si se trabaja en pos de la construcción de competencias emocionales que permitan desde el lugar de convivencia e interrelaciones que es la escuela, atender de manera preventiva la violencia.
“La escuela debe asegurar, dentro de su labor educativa, el bienestar integral de su comunidad, enseñando a orientar las emociones de manera productiva, a negociar de manera equitativa, justa y proactiva los conflictos, y llevando el diálogo y el juego…a los espacios de convivencia, como herramienta para la construcción de paz y bienestar”.
Además de las personas citadas, en la presentación del número LI-2 de la RLEE también tomaron parte la Dra. Hilda Patiño Domínguez y la Dra. Ximena González Grandón, directora y académica del Departamento de Educación de la IBERO, respectivamente; la Mtra. Flor Trujillo Reyes, docente de la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco; y la Mtra. Alejandra Luna Guzmán, de Gestión Editorial de Revistas Académicas Arbitradas del Departamento de Educación de la Iberoamericana, universidad jesuita de la Ciudad de México.
Este material se comparte con autorización de la Ibero
El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.
Ibero Prensa (2021) Niños y niñas llevan sobre sus hombros los desafíos de las violencias: experto. Desinformémonos. Recuperado el 25 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/ninos-y-ninas-llevan-sobre-sus-hombros-los-desafios-de-las-violencias-experto/
En este periodo de tiempo, el virus se replicó y hasta mutó, informaron miércoles fuentes académicas
Exámenes serológicos revelaron que en ningún momento el paciente desarrolló anticuerpos. EFE/E. Mastrascusa
EFE| Informador MX
23 de junio de 2021 – 15:59 hs
Un grupo de científicos brasileños estudian el caso de un paciente que dio positivo para el coronavirus en test PCR durante 218 días, periodo en el cual el virus se replicó y hasta mutó, informaron este miércoles fuentes académicas.
“Esa capacidad replicante del virus fue observada de forma continua y persistente durante un periodo de 196 días consecutivos”
Se trata de un hombre de unos 40 años que, antes de padecer el COVID-19, había pasado por un tratamiento agresivo contra el cáncer, lo que había dejado su sistema inmunológico bastante debilitado, según señaló en una nota la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de Sao Paulo (Fapesp).
El paciente dio positivo para la enfermedad desde septiembre de 2020 hasta abril de este año.
La investigación, publicada en la plataforma medRxiv y que aún debe ser revisada por otros expertos, fue conducida por científicos de la Universidad de Sao Paulo (USP), que descubrieron que el virus no sólo estuvo presente en el organismo del paciente, sino que también se replicó en buena parte de ese tiempo.
“Durante todo ese periodo hubo riesgo de transmisión para otras personas”, explicó María Mendes-Correa, profesora de la Facultad de Medicina de la USP y primera autora de la investigación.
Ello fue corroborado en exámenes in vitro a partir de muestras nasofaríngeas y de saliva extraídas semanalmente, y en las cuales, pasadas unas horas, era posible apreciar un aumento de la carga viral.
“Ese es un fenómeno preocupante, pues favorece el surgimiento de variantes virales mejor adaptadas al organismo humano”
“Esa capacidad replicante del virus fue observada de forma continua y persistente durante un periodo de 196 días consecutivos”, indicó Mendes-Correa.
Entre enero y abril de este año también recolectaron muestras de sangre, orina y de la región anal, que también indicaron la persistencia del SARS-CoV-2 a lo largo de buena parte del periodo estudiado.
Por otro lado, exámenes serológicos revelaron que en ningún momento el paciente desarrolló anticuerpos.
Además, los científicos también detectaron mutaciones del patógeno a lo largo del proceso de infección, a partir de la secuenciación genética de muestras nasofaríngeas recogidas los días 77, 134, 169 y 196 tras el inicio de los primeros síntomas.
Algunas de esas mutaciones ocurrieron en la proteína ‘spike’ (espiga), de la que se vale el virus para penetrar en las células humanos.
“Los datos sugieren” que ese proceso evolutivo del virus “haya ocurrido dentro de un mismo huésped, cuando normalmente” esos cambios “se observan en comunidad”, puntuó Mendes-Correa.
“Ese es un fenómeno preocupante, pues favorece el surgimiento de variantes virales mejor adaptadas al organismo humano”, añadió.
El paciente en cuestión permaneció buena parte del tiempo ingresado en el hospital y en los cortos periodos de tiempo en los que estuvo en casa, también permaneció aislado.
“El presente artículo es propiedad de Informador MX“
EFE. (2021). Estudian caso de coronavirus que dio positivo por 218 días en Brasil. Informador MX. Recuperado el 23 de junio del 2021 en: https://www.informador.mx/internacional/COVID-19-Estudian-caso-de-coronavirus-que-dio-positivo-por-218-dias-en-Brasil-20210623-0086.html
García Luna debe enfrentar los 5 cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado.
Forbes Staff | Forbes
—— | Jueves 20 de Mayo del 2021 | 5:25pm
EFE.-La Fiscalía estadounidense entregó nuevas pruebas contra el exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, acusado de presuntos delitos de narcotráfico, algunas de las cuales fueron aportadas por los gobiernos de México y Colombia, según un documento judicial.
Las nuevas pruebas, que incluyen “material protegido”, son de momento confidenciales y solo se ha hecho público un listado de las mismas.
Según este inventario, los fiscales han presentado registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y metadata relacionada con documentos recuperados de dispositivos electrónicos de García Luna, además de documentos aportados por los Gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se ha revelado.
Además, incorporaron comunicaciones sobre los negocios del acusado, un video de un encuentro entre Genaro Luna y otro preso de la cárcel neoyorquina donde espera juicio y registros de propiedad.
En el escrito, la Fiscalía precisa que durante el juicio también “tiene la intención” de ofrecer registros sobre “actividades comerciales realizadas con regularidad” y solicitadas a Islas Barbados, México y Panamá.
México pidió a Estados Unidos la extradición de García Luna, en diciembre pasado, un año después de que la Fiscalía General de la República de México (FGR) informara que planeaba solicitarla, una vez que concluyera sus propias diligencias respecto a los posibles delitos cometidos por el exfuncionario mexicano.
Antes de cualquier proceso de extradición, sin embargo, García Luna debe enfrentar los 5 cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.
García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn (Nueva York) a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.
El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EU) y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de seguridad nacional en México.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.
Forbes Staff (2021) Fiscalía de EU aporta más pruebas contra García Luna, algunas ofrecidas por México. Forbes. Recuperado el 20 de Mayo del 2021 en: https://www.forbes.com.mx/politica-fiscalia-eu-pruebas-garcia-luna-ofrecidas-mexico/
En 2021, América Latina cuenta con una proporción de 36% de mujeres en puestos directivos, superando el punto de inflexión de 30% necesario para lograr un cambio, de acuerdo con especialistas.
Foto: CoWomen para Pexels
Mónica Garduño | Forbes
——- | 14 de Mayo del 2021 | 1:17pm
“La pandemia democratizó el juego y lo emparejó, nos dio la oportunidad de que pudiéramos hacernos cargo de responsabilidades laborales y familiares. Nos hizo ver una realidad diferente y ver las cosas que no estábamos viendo“, explicó Laura Tabares, directora ejecutiva de Intuic en entrevista para Forbes México.
Durante la pandemia de Covid-19 se ha registrado un avance en la proporción de mujeres directivas y liderazgo femenino en el mundo con un 31%, frente al 29% registrado en 2020, superando el punto de inflexión de 30% necesario para impulsar un cambio genuino en la brecha entre hombres y mujeres, de acuerdo con datos del estudio Mujeres Directivas de Grand Thornton.
La directiva de la empresa tecnológica aseguró que a pesar de que la pandemia golpeó severamente a las mujeres trabajadoras, al menos 90% de las compañías cuentan con una mujer en puestos directivos, lo cual refuerza el liderazgo femenino.
“Sí creo que la pandemia solamente de 2020 a 2021 hizo que las empresas voltearan a ver a las mujeres por las habilidades que tenemos también, y no solo de género, sino que en nuestra vida nos hemos obligado a desarrollar esas habilidades como la empatía, conciencia y son importantes para los niveles de liderazgo“, agregó.
De acuerdo con el estudio, América Latina cuenta con una proporción de 36% de mujeres directivas, América del Norte con 33% y Asia Pacífico es la región con los peores resultados, 28%.
“En 2019 solamente en Latinoamérica hubo una baja de las mujeres en las posiciones de liderazgo, el punto de inflexión sería el 30% de mujeres en puestos de liderazgo para saber que vamos bien y los puntos porcentuales de 2017 eran del 20% y ahora estamos en aproximadamente el 36%”, precisó Tabares.
La experta aseguró que la pandemia de Covid-19 obligó a que las empresas impulsaran programas de apoyo y flexibilización para mantener el trabajo remoto y equilibrar la vida profesional y personal.
“La pandemia abrió una gran puerta para que las empresas tuvieran más cuidado en los programas de apoyo para las mujeres que trabajan y estos programas que ya existían sobre cómo apoyar mujeres para desarrollar más habilidades empezaron a enriquecerlos con otro tipo de actividades”.
En tanto, algunos hombres también jugaron un rol indispensable para equilibrar la sobrecarga laboral y personal de las mujeres, quienes en promedio destinan 5.8 horas diarias extra al cuidado del hogar, en comparación con ellos, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas.
“Una vez que los hombres también pudieron ver la realidad de las mujeres que muchas veces tenemos una sobrecarga impresionante, creo que muchos se han hecho conscientes y han sido empáticos“, reiteró Tabares.
En tanto, Intuic la empresa que ofrece servicios digitales gerenciados de comunicación, relaciones públicas y marketing encabezados por mujeres en más75 países se dedicó a reforzar aún más sus programas para impulsar el talento femenino.
“Conozco empresas que son clientes de Intuic donde están armando programas de mentorship de hombres y mujeres, los hombres están tomando un papel muy importante y se han involucrado. Estamos haciendo el programa He to She porque tenemos mucho que aprender de ellos porque lo han sabido hacer desde hace mucho tiempo“, finalizó directora ejecutiva de Intuic.
El presente articulo es propiedad de Forbes.
Mónica Garduño (2021) La pandemia hizo visible lo invisible en posiciones de liderazgo femenino: Laura Tabares. Forbes. Recuperado el 18 de Mayo del 2021 en: https://www.forbes.com.mx/mujeres-pandemia-visible-invisible-posiciones-liderazgo-femenino-laura-tabares/
Vulnerabilidad económica, reconfiguración política del mapa en la región por los gobiernos conservadores.
Análisis inicial en tres países realizado por el Fondo Mujeres del Sur en el 17 de mayo
Elda Montiel SemMéxico, Cd. de México, 17 de mayo 2021.- La crisis desatada por la pandemia del Covid 19 reveló la profunda vulnerabilidad socioeconómica de la comunidad trans/trasvesti en Argentina, Paraguay y Uruguay, países que han tenido avances desiguales en la ampliación de derechos.
La reconfiguración del mapa latinoamericano en términos políticos, con la llegada de gobiernos conservadores de derecha, en estos países plantea incertidumbre en cuanto al avance del pleno reconocimiento de derechos de la población LGBTTTIQ+. Y también la posible sanción de leyes con efecto retroactivo que borren lo conquistado.
La emergencia sumó la tarea asistencial y el desafío de mantener el encuentro mediante redes y streaming, sin que se debiliten los espacios construidos. Dado que el activismo se ha movilizado en los últimos años con demandas sostenidas por mejoras concretas en salud, trabajo, vivienda, educación y una vida libre de violencias.
En un estudio exploratorio realizado para el Fondo Mujeres del Sur (FMS) por Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian, Candela Conmmeres Benejam, Melina Deangeli y Ana Fiol, concluyen que es complejo pensar en una agenda política postpandemia -porque no se avizora el final de la emergencia sanitaria-, aunque les parece claro que mantener las redes de apoyo, aun en su modalidad virtual, la contención afectiva y emocional son las prioridades del momento.
Cabe recordar que el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), es una fundación que, desde el 2007, brinda apoyo financiero y acompañamiento a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y personas LBTIQ+, principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Señala el estudio que Argentina y Uruguay son países con claras políticas de reconocimiento de derechos y garantías. En cambio, Paraguay no produjo avances favorables en materia legislativa y cuenta con una oposición activa en movimientos “provida” y “profamilia”. Sus discursos han permeado las cámaras legislativas, impidiendo el tratamiento de leyes de ampliación de derechos.
Mientras los feminismos y organizaciones LGBTTTIQ+ han ganado terreno y logrado, con su activismo, la ampliación de derechos y garantías, también crecen oposiciones con raíz religiosa, aliadas de partidos conservadores, con fuerte apoyo ciudadano y que han alcanzado escaños parlamentarios por medio del voto o por designaciones en reparticiones clave. Estas son las tensiones que atraviesan América Latina
Matrimonio igualitario
Argentina se convirtió en un país pionero en la región al sancionar en 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario. Uruguay también tiene Ley de Matrimonio Igualitario y las parejas del mismo sexo pueden adoptar.
Brasil, Colombia y algunos estados en México legislaron normativas similares. Chile ha dado media sanción al proyecto de matrimonio igualitario.
Ya lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión consultiva, 2017): se debe reconocer el pleno derecho de los vínculos familiares entre dos personas del mismo sexo. De modo que los veinte países que reconocen a la OEA deben aceptar el mandato.
Identidad de Género
En cuanto a la Identidad de Género, la Argentina reconoce legalmente el género autopercibido sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o médicos de otra índole con una ley aprobada en 2012.
Con otros matices, existen normativas similares en Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. En Venezuela, se requieren diferentes elementos de prueba para el reconocimiento legal.
Brasil –escenario de crecimiento de movimientos conservadores y antiderechos– estableció en 2018 la posibilidad del cambio de nombre en registros civiles para personas transexuales y transgénero mayores de 21 años y sin intervención quirúrgica.
En Paraguay, la autorización al cambio de nombre, aunque establecido en el Código Civil, ocurre en casos excepcionales y es controversial para personas trans. Belice despenalizó recién en 2016 los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo.
Tensiones por la diversidad en América Latina
Se advierte que grupos fundamentalistas han calado hondo con sus denuncias descalificadoras de “Ideología de género” ante lo que representa diversidad. Con el permiso de los gobernantes de turno, propagan y legitiman discursos de odio. La presión de estos grupos conservadores se observa en Argentina, con su férrea oposición a la Ley de Educación Integral (ESI) y su participación durante el debate de la ley de interrupción legal del embarazo.
En Brasil, con discurso oficial a favor de la familia tradicional y la designación en puestos clave de religiosxs que proponen hasta “terapias de cura homosexual”. Uruguay y Paraguay, con algunas diferencias, también muestran estas tensiones. En Uruguay, pese a su alto porcentaje de secularización y con separación de Iglesia y Estado, la llegada de un gobierno conservador empieza a exhibir el crecimiento de grupos -religiosos y laicos- en franca oposición a los feminismos y activismos LGBTTTIQ+.
Paraguay cedió frente a estos grupos al prohibir la circulación de materiales de educación sexual de las escuelas, orden que provino directamente del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular entonces (2017) era Enrique Riera
Uno de los grandes desafíos es avanzar hacia un marco legal de plenos derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y, sobre todo, de las personas travestis y trans en materia de inclusión laboral, previsional y acceso a la salud.
Impacto del Covid 19 en Argentina, Uruguay y Paraguay
En Argentina la restricción de circulación impactó de manera dramática en la población trans/travesti (el 95 por ciento de las mujeres trans ejerce trabajo sexual). Más de 50 mujeres trans/travestis, trabajadoras sexuales de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba sufrieron intentos de desalojo pese a la prohibición gubernamental de desalojar dispuesta en la pandemia.
Mediante el trabajo de agrupaciones trans/travestis y LGBTTTIQ+ con organizaciones políticas y sociales surgieron alternativas -al contar con maquinaria, materiales y espacios físicos-, como la producción y ventas de barbijos, emprendimientos autogestivos de producción de alimentos y productos de primera necesidad.
En las zonas alejadas a los centros urbanos, a pesar de que no todxs lxs activistas tienen acceso a redes, se realizaron actividades en diversas plataformas y las organizaciones realizaron colectas de dinero y se las hicieron llegar.
En Uruguay las organizaciones LGBTTTIQ+ reconocen que la emergencia no marcó una diferencia en el acceso a la salud; no hay denuncias recibidas por falta de atención de salud sexual y (no) reproductiva, o vinculados a tratamientos de VIH y hormonizaciones. Sí muestran una preocupación extrema por el nuevo ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, conservador y cercano a las fuerzas armadas, firme opositor a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los esfuerzos del activismo en pandemia se volcaron a la asistencia material de la población más vulnerable: ollas populares, entregas de bolsones con alimentos a personas del colectivo trans/travesti y a otrxs, también vulnerables, no pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. Se asistió con fondos de donaciones a compañeros o compañeras trans/travestis para mantener la vivienda y el pago de servicios básicos.
La violencia familiar y de género aumentó en todas las identidades del colectivo. La organización lésbica consultada puso especial acento en la violencia entre lesbianas, que requiere una respuesta estatal: las denunciantes son revictimizadas en las comisarías a las que acuden en busca de protección.
Los discursos de odio en los medios no cesaron durante la pandemia y dos programas de televisión: “El repasador”, por Canal 13 y “El Gran Debate”, de Unicanal, fueron señalados como reproductores de estos discursos y por prestar su espacio a referentes conservadores y fundamentalistas.
Aún en pandemia se consolidaron redes de trabajo entre organizaciones, algunas con espacios de Argentina vinculados a los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Las organizaciones lésbicas continuaron su trabajo con espacios de comunicadoras feministas y con la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODHEUPY); siguieron con las presentaciones judiciales por el derecho a visitas íntimas para lesbianas privadas de su libertad. Hubo actividad en centros culturales con personal de la música invitados e invitadas.
Los defensores son denunciados y hasta apresados como parte de su protesta contra proyectos mineros, agroindustriales y energéticos.
En la mayoría de los casos es el Estado el que los ha denunciado por obstrucción de vías públicas o disturbios, pero también por extorsión y terrorismo.
Los expertos señalan que la criminalización cumple un objetivo: desmovilizar a los defensores mediante el miedo, el agotamiento, la estigmatización e incluso la ruina social y financiera.
Wbeimar Cetina recuerda con una claridad estremecedora los catorce meses en la Cárcel de Arauca, en Colombia, aislado y sin poder recibir visitas por la pandemia. Entre esas cuatro paredes recreaba los últimos momentos vividos con su familia. También volvía una y otra vez sobre los eventos del 10 de febrero de 2020, el día en que un grupo de policías armados con fusiles llamaron a la puerta de su casa para llevárselo preso. Lo acusaron de financiar y ser parte de la guerrilla colombiana. Cetina dice que quien protesta contra la empresa petrolera en Arauca, se convierte de inmediato en un aliado de la subversión.
Siete meses antes, en su Arauca natal, Wbeimar Cetina lideró una gran marcha, como presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, contra lo que ellos consideran abusos ambientales y laborales de la empresa petrolera Occidental de Colombia (Oxy), la que opera en la zona desde la década de 1970. “En este tiempo han acabado con un santuario indígena, han desplazado comuneros y hemos denunciado constantemente derrames de crudo”, dice el líder comunal. La última de estas protestas, la de julio 2019, lo llevó a prisión.
Junto con Wbeimar Cetina, otros seis líderes de Arauca están siendo procesados por rebelión y hasta terrorismo por esa misma protesta y cuatro de ellos están en prisión. Esto le costó al dirigente comunal no solo catorce meses de privación de libertad sino también la ruptura del vínculo familiar. Por eso repite que la cárcel le arrebató hasta su hogar. Ahora espera con temor el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la apelación presentada por la contraparte, pues sabe que su libertad depende de esa decisión.
Lo que ocurrió con Wbeimar Cetina no es un caso aislado. América Latina es un lugar peligroso para los defensores ambientales no solo porque los matan, sino también porque los demandan o criminalizan. Según Front Line Defenders, este es el tercer ataque más recurrente cuando se habla de las amenazas contra líderes y lideresas de la región. La información que da cuenta de este problema, sin embargo, se encuentra muy dispersa. Laura Furones, líder de campaña de Global Witness, reconoce que harían falta muchos más recursos para poder identificar y sistematizar los casos en cada uno de los países de Latinoamérica. Un tema adicional —dijo a Mongabay Latam, Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU)— es el subregistro de actos de criminalización de quienes defienden el medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional”.
Mongabay Latam rastreó en Ministerios Públicos, fiscalías, defensorías del pueblo y 11 organizaciones de derechos humanos de Colombia, México, Ecuador y Perú los casos de defensores ambientales que enfrentan hoy procesos judiciales y construyó una base de datos para dibujar el rostro de esta criminalización.
¿Quiénes son? ¿Qué recursos defienden? ¿Quiénes los denuncian y por qué?
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la criminalizaciónde defensores ambientales ocurre precisamente cuando “el sistema penal de justicia es manipulado” para impedir que estos realicen su labor de defensa de los territorios y del medio ambiente.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Perú (IDL), añade que en estos casos hay dos elementos que deben estar presentes: que la persona denunciada tenga una relación directa con el reclamo o protesta y que los hechos imputados a la persona sean por la defensa de los intereses de una comunidad. “Esto ayuda en un porcentaje importante —explica Rivera— a identificar un acto de represión por la condición de dirigente, por haber levantado su voz de protesta o haber expuesto públicamente los intereses de algún grupo económico contrarios a su comunidad”.
El defensor Dixon Torres durante una protesta del caso Arauca, Colombia. Foto: Dixon Torres
Siguiendo los criterios de la CIDH y de IDL, Mongabay Latam revisó los listados de casos detectados por más de una decena de organizaciones de derechos humanos en Colombia, Perú, Ecuador y México. Luego de filtrar la información y de corroborarla identificamos que por lo menos 156 defensores ambientales tienen procesos judiciales activos en estos cuatro países por ejercer su labor como activistas.
La investigación reveló que en Perú existen 77 casos activos, 36 en Colombia, 22 en México y 21 en Ecuador. Del total de defensores judicializados, 132 son hombres y 24 son mujeres, y 37 de ellos son pobladores indígenas de la Amazonía de Perú y Ecuador.
La situación es tan agobiante y peligrosa en algunos casos, que 13 de los demandados han solicitado mantener en reserva sus nombres por miedo a las represalias y la estigmatización que viven por ser víctimas de esta criminalización.
También identificamos que los sectores más problemáticos que derivan en conflictos ambientales con casos de criminalización asociados, son la minería y la agroindustria, con 58 y 34 personas respectivamente que tienen procesos penales activos.Los delitos más frecuentes por los que se les acusa son obstrucción de vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje.
“La criminalización de los defensores del medio ambiente en América Latina ha sido un problema desde que he trabajado con defensores de derechos humanos”, aseguró Lawlor y agregó que “desde que comencé con el mandato, defensores y la sociedad civil me han señalado repetidamente estos casos”.
“El presente artículo es propiedad de Mongabay Latam“.
Carrere, M.; Romo, V. (2021). Mordaza legal: al menos 156 defensores ambientales demandados por proteger su territorio en cuatro países de Latinoamérica. MongabayLatam. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://es.mongabay.com/2021/05/mordaza-legal-al-menos-156-defensores-ambientales-demandados-por-proteger-su-territorio/
Ciudad de México. En Colombia, los medios de comunicación locales encubren los actos de extrema violencia que realiza la policía de este país contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) y jóvenes al tergiversar la información y calificarlas como “vándalas” cuando ellas ejercen su derecho a la protesta en las movilizaciones del Paro Nacional, que hoy cumple 19 días en pie.
Así lo afirmaron defensoras de DH de organizaciones feministas de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca al suroeste de Bogotá, durante una conferencia de prensa virtual para evidenciar que a la prensa de su país no le interesa hablar de los casos de violencia sexual y agresiones por parte de la policía contra defensoras y jóvenes, en vez de ello, hace montajes que las muestran como “delincuentes” y así justificar que si la policía las encarceló, usó extrema fuerza o armas contras ellas, fue de forma legítima.
En suma, dijeron, los medios de comunicación responsabilizan a las víctimas de sus agresiones, deslegitiman los motivos que originaron el Paro Nacional y el por qué éste continua, no reconocen que la violencia policiaca se concentra en los cuerpos de las mujeres y niegan la presencia de las defensoras y jóvenes en la primera línea de las protestas al no nombrarlas ni incluir su voz en las noticias.
El 28 de abril, el Paro Nacional inició con el fin de que el presidente de Colombia, Iván Duque, retirara su reforma tributaria que pretendía subir los costos de la gasolina, la renta y la canasta básica. Este proyecto fue eliminado el 2 de mayo, pero las y los colombianos siguen en las calles porque exigen que su gobierno no deje de pagarles el acceso pleno a servicios de salud, un salario digno, oportunidades de trabajo, educación, y también exigieron un alto a la violencia contra las mujeres y una reforma que desmantele el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Resaltaron que muchas defensoras han sido detenidas de forma arbitraria, a pesar de que portaban la vestimenta de las organizaciones donde trabajan o presentaron su carnet que avala su cargo. “Hay 2 defensoras que sufrieron amenazas de muerte y de violencia sexual en una estación de policía. Las golpearon y fueron impactadas con armas del ESMAD de manera directa en sus cuerpos, a pesar de ello, aquí estamos, resistiendo”.
A estos 2 casos se sumó el de la defensora conocida como Libertad de la “Colectiva Reparando Ausencias”, quien relató que el 29 de abril intentó denunciar que un joven era agredido por casi 20 policías, los cuales se abalanzaron contra ella al ver lo que hacía y le dijeron que estaba detenida, aunque mostró su identificación. Ella forcejeó contra ellos, pero la encapsularon, violentaron sexualmente y golpearon para subirla a un vehículo.
La llevaron a una estación de policía donde declaró a las demás autoridades de ese lugar que había sido víctima de violencia, pero éstas le respondieron que “se lo había buscado” y la amenazaron con culparla de terrorista. Gracias a que una compañera de ella pudo dar con su paradero y junto a la demanda de su familia y más sociedad civil fue liberada.
“Grité como nunca en mi vida. Grité como si se me fuera el alma porque sabía que no iba a volver. Ese día me rompieron. El alma está rota, porque nunca somos las mismas después de una agresión sexual. Por eso la chica de Popayán no se suicidó, la mató la policía”, recalcó.
Jessica Amaya, una joven, coincidió con las declaraciones de Libertad. El 28 de abril, ella participó en un bloqueo en Cali, al cual un gran número de policías llegó, los emboscaron y replegaron. Comenzó a correr cuando una de los policías la señaló, pero no pudo escapar, se hizo bolita en el suelo, sintió alrededor de 45 golpes en su cabeza, luego de un rato perdió la conciencia.
Al despertar se dio cuenta que la habían colocado debajo de unos arbustos, no veía bien de un ojo y tenía la ropa rasgada. Escuchó disparos a su alrededor y decidió hacerse la muerta por miedo a que volvieran por ella. Regresó a su casa y se quedo ahí, por su parte, su hermana quiso regresar a la calle, pero en una horas terminó en el hospital al recibir un impacto de bala en el brazo.
Recordaron que según las leyes de su país la policía tiene como objetivo proteger a la ciudadanía y los militares deben defender las fronteras y no estar en las calles, pero eso es sólo una ilusión que se queda en el papel. “¿A quiénes están cuidando la vida estas autoridades?, ¿acaso somos nosotras y nosotros enemigos de guerra? Exigimos que paren de matar”, demandaron las defensoras afrocolombianas de la “Red de Madres del Oriente de Cali”
Estas defensoras explicaron que en el oriente de Cali, donde ellas residen, la violencia de género es más grave, y a ella se le suma el racismo. Por ser mujeres afrocolombianas sus únicas opciones laborales es trabajar limpiando casas, por lo que nunca ganan lo suficiente para enviar a sus hijas e hijos a escuela o trasladarse a otra ciudad.
Las agresiones contra su población son tantas, que las y los jóvenes se frustran al ver que no pueden hacer uso de sus derechos en ninguna parte de Colombia, por ejemplo, un joven joven quiso suicidarse al darse cuenta que por más que trabajara nunca le iba a dar el salario que merecería, en consecuencia, su madres tendría que regrese a laborar en casas.
Datos citados por las defensoras registraron 33 desapariciones de mujeres (3 en el Valle de Cauca y 20 a nivel nacional); 16 agresiones sexuales (3 de ellas fueron a menores de edad en Popayán, municipio colombiano); y 24 asesinatos de mujeres (2 de ellos fueron menores de edad) del 28 de abril al 9 de mayo, pero prevén que sean mayores, ya que no todas las mujeres y jóvenes denuncian ante las autoridades o evidencian sus casos en redes sociales.
Cabe recordar que el 14 de mayo, cientos de mujeres, defensoras y sociedad civil salieron a las calles en distintas ciudades de Colombia para exigir justicia por los 3 casos de menores de edad que fueron agredidas sexualmente por policías en Popayán; una de ellas decidió suicidarse luego de vivir estos actos violentos.
Ante la desinformación de la prensa, llamaron a que más defensoras de otras organizaciones de Cali u otras ciudades se sumen a la red de apoyo que ellas intentan crear para impulsar las voz de las mujeres y jóvenes, a través de sus redes sociales y espacios, se continue registrando los casos de violencia contra ellas, se sientan acompañadas, y entre todas luchen porque las víctimas accedan a la justicia.
Demandaron el despido del presidente de Colombia y del Ministro de Defensa, Diego Molano, y que se les incluya en la creación de las nuevas reformas que el Paro Nacional busca promover. “Cuántas veces me mataron, sin embargo, estoy aquí resucitando” cantaron las defensoras y las mujeres que estuvieron presentes al finalizar la conferencia.
En ese evento también participaron defensoras del pueblo “Misak”, conocido también como el l pueblo Guambiano que se ubica al sur de Colombia en el departamento del Cauca, de la “Fundación Ana María” y del “Taller Colectivo Político”.
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.
Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Encubren medios colombianos violencia contra mujeres en Paro Nacional, denuncian defensoras. CIMACNoticias. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/17/encubren-medios-colombianos-violencia-contra-mujeres-en-paro-nacional-denuncian-defensoras
