España modifica su Constitución para reemplazar el término disminuido por persona con discapacidad

Redacción | Yo También

Lunes 17 de mayo de 2021

Fotografía de un libro de pasta negra sobre una mesa de madera, a un costado aparece un mazo de juez, ambos elementos pretenden representar gráficamente la idea de justicia.

El gobierno español se sube a la definición que recomienda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el tratado escrito por el mexicano Gilberto Rincón Gallardo hace 13 años.

El Consejo de Ministros de España aprobó la reforma al artículo 49 de la Constitución para eliminar el término ‘disminuido’ y comenzar a utilizar ‘personas con discapacidad’. 

Muchas organizaciones de la sociedad civil festejaron esta iniciativa de reforma, aprobada el martes 11 de mayo, que es la primera en cuatro décadas que tiene un claro contenido social. 

Como recomienda la  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (el primer gran tratado para esta minoría que México impulsó gracias a su autor, Gilberto Rincón Gallardo), el enfoque ahora en España de la discapacidad será una cuestión de derechos humanos. Con este cambio se termina por desterrar la concepción médico-rehabilitadora para poner el énfasis sobre los derechos y deberes de todos los españoles que viven con alguna discapacidad.

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Pero no se trata solo de una cuestión semántica, sino de una serie de cambios que esta definición trae consigo: se comienzan a aplicar cuestiones menos asistencialistas y se prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación. La reforma obliga además a los poderes públicos a “garantizar su plena autonomía e inclusión social, respetando sus preferencias y libertad de elección”. 

Un punto no menor que lleva esta modificación constitucional en España es sumar una perspectiva de género que atienda la situación particular de las mujeres y niñas con discapacidad, que son víctimas de discriminación múltiple. 

Se estima que en España viven 4.12 millones de personas con discapacidad, lo que representa aproximadamente el 9% de la población total. Para este año 2021, el Instituto Nacional de Estadística (INE) de ese país publicará una nueva encuesta ‘Discapacidad, Autonomía Personas y situaciones de Dependencia’, para actualizar los datos, ya que el último estudio se publicó en 2008 con cifras de 2007.

“El presente artículo es propiedad de Yo También“.

Redacción (2021). España modifica su Constitución para reemplazar el término disminuido por persona con discapacidad. Yo También. Recuperado el 19 de mayo de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/espana-modifica-su-constitucion-para-reemplazar-el-termino-disminuido-por-persona-con-discapacidad/

Impactos de la pandemia repercutieron en salud y violencia contra mujeres

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias

Miércoles 19 de mayo de 2021

Ciudad de México. La pandemia por COVID-19 aumentó las brechas a las que se enfrentaban las mujeres mexicanas para poder acceder a los servicios de salud o a un aborto seguro, de tener un trabajo y salario digno y de no sufrir violencia de género, ya que de manera histórica su gobierno ha tenido una repuesta deficiente ante estas problemáticas, lo que conlleva a que su vida y bienestar esté en mayor riesgo. 

Así lo confirmaron la coordinadora en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Indra Rubio; la subdirectora del Grupo de Información Elegida (GIRE) Isabel Fulda; la coordinadora de datos en “México, ¿cómo vamos?”, Katia Guzmán; y la oficial de proyecto en “Equis Justicia”, Geras Contreras, durante la presentación del informe “Nos Cayó el 20” con el fin de brindar un diagnóstico del impacto diferenciado hacia las mujeres que dejó la pandemia. 

Este informe, explicaron, es resultado del trabajo colaborativo de distintas organizaciones civiles que integran el “Observatorio Género y Covid-19 en México” y trata 3 ejes: salud, bienestar y violencia para exponer cómo estos contextos de las mujeres se han agravado con la pandemia y con ello proponer una serie de recomendaciones y así mejorar la atención inmediata. 

Al presentar este informe, revelaron que la pandemia ha tenido impactos graves, en lo laboral, 5.8 por ciento de las personas perdieron su empleo, de estas 7.9 por ciento fueron mujeres y 4.4 por ciento fueron hombres, es decir las mujeres que laboran disminuyeron casi el doble que los hombres, sin embargo el trabajo de cuidados aumentó para ellas. 

Si antes ellas destinaban hasta 40 horas sin pago, es decir una jornada laboral, al cuidado de sus hijas e hijos, casa y demás, esta cifra incrementó con la pandemia debido a que no existe un sistema nacional e integral en esta materia, en consecuencia, se sumó una doble jornada para las mujeres que teletrabajan y las que se quedaron sin empleo no tuvieron posibilidad de salir a buscar uno. 

Lo anterior, añadieron, impactó la salud, el bienestar y el tiempo de disfrute de las mujeres. Afectaciones que pueden ser más graves para las trabajadoras del hogar, ya que la precariedad en la que ejercían su labor aumentó, algunas fueron despedidas sin justificación, otras obligadas a pasar el confinamiento en la casa de sus empleados para conservar su trabajo, y otras no pudieron acceder a servicios de salud en la pandemia por no estar afiliadas a la seguridad social. 

Datos citados por el estudio registraron que al primer trimestre de 2020, en México había 2 millones 394 mil 69 personas ocupadas como trabajadoras del hogar remuneradas, de ellas casi 2 millones 200 mil eran mujeres, lo que equivale al 91.6 por ciento del total y el resto eran hombres. 

Para el tercer trimestre del mismo año, se observó una disminución del 18.1 por ciento, es decir sólo un 1 millón 195 mil 149 de personas continuaron como trabajadoras del hogar remuneradas. Las trabajadoras del hogar remuneradas disminuyeron 20.8 por ciento mientras que los hombres sólo un 10.9 por ciento. 

En suma, detallaron que 1 de cada 10 trabajadoras del hogar cuenta con un contrato, seguridad social y ganan alrededor de 3 mil pesos mensuales. “Sabemos que el gobierno desde 2019, contamos con el programa piloto del IMSS, en el cual se puede incorporar por ahora voluntariamente a las trabajadoras del hogar, sin embargo a octubre de 2020, sólo había 27 mil trabajadoras del hogar inscritas, esto ni siquiera representa una parte de este sector, dijo la coordinadora en el LSB, Indra Rubio.

Frente a este contexto, exigieron a las autoridades mexicanas que se reconozcan las tareas del hogar y del cuidado de la familia como un trabajo; desarrollen una coordinación interinstitucional para la creación de un padrón de trabajadoras del hogar; sigan avanzando en la agenda en términos de cuidado; y que la Secretaría de Educación Pública emplee estrategias que garanticen el acceso a la educación a todas las personas.  

Sin opciones de lugares seguros

La violencia hacia las mujeres, en particular la feminicida y familiar, aumentó en  pandemia. En todo 2020, dijeron, hubo incremento del asesinato de mujeres con armas de fuego en la vía pública mientras que en los primeros meses del confinamiento, registraron 11 asesinatos al día de mujeres, la mayoría de ellas menores de 18 años, de los cuales sólo 25.8 por ciento se están investigando como casos de feminicidio. 

De acuerdo con el informe, en los meses siguientes de 2020, se distinguió un número ligeramente menor de casos: con 306 asesinatos de mujeres en mayo, 309 en junio, 311 en julio y 300 en agosto, sin embargo, en septiembre las cifras volvieron a incrementar: 324 asesinatos, es decir un promedio de 10.8 al día. 

Agregaron que en lo que va de la pandemia, la casa tampoco fue un espacio seguro para todas las mujeres. Durante marzo y abril de 2020, incrementaron las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar, en comparación del 2019, y la incidencia de este tipo de violencia aumentó un 8 por ciento. 

Pese a este panorama, la atención se mantuvo de manera digitalizada o se detuvo en algunas instituciones creadas para atender este problema, aunque esta decisión no consideró la brecha digital que existe en México y que no todas las mujeres tienen acceso a internet, además que este tipo de violencia debe ser atendida de manera inmediata. A ello se sumó el recorte al presupuesto para programas de atención para mujeres que sufren violencias o para las instituciones encargadas de brindarles servicios. 

Comentaron que en resultado, organizaciones civiles que apoyan a estas mujeres han iniciado campañas para visibilizar cómo estos recortes  afectarían la protección de la vida de las mexicanas. Ante ello, exigieron que se desarrolle una vigilancia a la distribución de los recursos y que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fortalezca sus datos de violencia contra las mujeres. 

Además, demandaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres desarrolle mesas de diálogo y vigile las Alertas de Género y que las instituciones y los centros de atención de violencia contra las mujeres integren medidas de atención efectivas para ellas. 

Más crisis en la salud 

Las brechas que ya existían para acceder al aborto seguro en México se profundizaron con la pandemia porque disminuyeron los hospitales donde las mujeres pudieron atenderse o porque temían contagiarse de ir a uno. Redes y organizaciones de la sociedad están llenando los vacíos del Estado en esta materia. 

Además de este servicio también se limitaron los tratamientos de infecciones de transmisión sexual, el acceso a medicamentos anticonceptivos, entre otros que afectaron en particular a las indígenas, afromexicanas, privadas de la libertad, que padecen una discapacidad y migrantes, las cuales enfrentaron más discriminación a la hora de querer ejercer su derecho a la salud.  

El informe señala que debido a la pandemia, la muerte materna incrementó un 30 por ciento mientras que el Consejo Nacional de Población estimó que durante 2020 habría 145 mil 719 embarazos, de los cuales 21 mil 575 serían en adolescentes y niñas. 

Exigieron a las autoridades mexicanas que se atiendan los problemas y priorice la vacunación para las mujeres privadas de libertad, se difundan campañas bajo un marco de Derechos Humanos sobre anticonceptivos, garantice el acceso de las mujeres al aborto seguro y despenalice la interrupción legal del embarazo en todo México. 

También demandaron que se generen mensajes con información específica para la atención de mujeres que viven con VIH y están embarazadas, desarrollen medidas de prevención, protección sanitaria o ayuda humanitaria dirigidas a la población migrante y a las mujeres en situación de calle, entre otras más acciones. 

21/AEG/LGL

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Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Impactos de la pandemia repercutieron en salud y violencia contra mujeres. CIMAC Noticias. Recuperado el 19 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/19/impactos-de-la-pandemia-repercutieron-en-salud-y-violencia-contra-mujeres

Sólo 949 personas en prisión preventiva harán efectivo su derecho a votar

Asilegal | Desinformémonos.

Miércoles 19 de mayo de 2021

Este 17 de mayo arrancó la jornada electoral para 148 mujeres y 801 hombres en prisión preventiva. Continúa la duda sobre qué estrategias de difusión y campañas informativas fueron implementadas en los centros penitenciarios para que las 949 seleccionadas hagan un voto informado.

Derivado de la sentencia de 2018 donde la Sala Superior del Tribunal Electoral encontró responsable al Estado mexicano de no contar con los mecanismos necesarios para que las personas privadas de libertad en prisión preventiva tuvieran derecho al sufragio, el pasado lunes el Instituto Nacional de Electoral (INE) comenzó la jornada electoral en cinco centros penitenciarios del país mediante la modalidad anticipada.

Se trata de 949 personas en prisión preventiva que, durante el 17, 18 y 19 de mayo ejercerán este derecho político por primera vez en México.

Cabe recordar que en enero de 2021, el INE dio a conocer los detalles del Modelo de operación de la prueba piloto del Voto de Personas en Prisión Preventiva”en donde informaba que serían 2 mil 699 personas privadas de libertad en prisión preventiva las seleccionadas para participar en este programa piloto, sin embargo, de acuerdo al último informe del INE sobre la conformación de la lista nominal de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva, la lista final quedó integrada por solo 148 mujeres y 801 hombres de los CPS de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán.

Durante estos tres días, funcionarios del INE en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) visitarán los centros penitenciarios mencionadas para que las personas contempladas en esta lista nominal voten en sobres cerrados personalizados. Sus boletas serán resguardadas y finalmente computarizadas para contabilizarse durante la jornada electoral del 6 de junio.

Estos hechos se vuelven históricos dado que en México aún prevalecen fuertes estigmas y prejuicios contra las personas privadas de libertad que constantemente les priva de derechos; por tanto, que se reconozca que no existe justificación alguna para negarles este derecho político electoral es un avance significativo hacia la efectiva reinserción social.

Sin embargo a pesar de ello, las dudas sobre la efectividad de este programa continúan: 

  • La lista nominal final indica que solo harán efectivo su derecho el 1% de la población en prisión preventiva, por lo que el INE tiene solo tres años para garantizar que el 99% restante pueda votar en 2024.
  • La conformación final de la lista nominal fue recortada de 2 mil 699 a 949 personas, lo cual comienza a vislumbrar retos importantes para brindar a las personas privadas de libertad en prisión preventiva los mecanismos suficientes para hacer exigibles sus derechos.
  • Continúa la duda sobre qué estrategias de difusión y campañas informativas fueron implementadas en los centros penitenciarios para que las 949 seleccionadas hagan un voto informado.
  • El INE no ha realizado ningún exhorto a las y los candidatos para integrar en sus campañas a esta población en situación de vulnerabilidad, no hay conocimiento de propuestas de políticas públicas enfocadas a esta población o a sus familiares. Es decir, en concreto, la población penitenciaria continúa siendo invisible. 


Los retos que se le han presentado al INE durante la implementación de este programa piloto nos brindan un panorama del nivel de complejidad que tendrá el proceso electoral en 2024: el Instituto tiene que garantizar que más de 90 mil personas en prisión puedan ejercer su derecho a votar. Y no solo eso, el sistema penitenciario y las autoridades corresponsables deben mejorar sus mecanismos de articulación para informar, mediante campañas de concientización dirigidas a las personas privadas de libertad y a sus familias, sobre la importancia de hacer uso de este derecho como vía para hacer exigibles el resto de sus derechos.

La organización ASILEGAL observa esta jornada electoral en aras de coadyuvar a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, asimismo, refuerza su compromiso con la sociedad civil para continuar brindando un análisis objetivo de los logros y desaciertos de este programa piloto. 

Publicado originalmente en ASILEGAL

Asilegal (2021). Sólo 949 personas en prisión preventiva harán efectivo su derecho a votar. Desinformémonos. Recuperado el 19 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/solo-949-personas-en-prision-preventiva-haran-efectivo-su-derecho-a-votar/

Defensoras que acompañan a mujeres para ILE, son agredidas por esta labor

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias.

Martes 18 de mayo de 2021

Ciudad de México. Las mujeres que informan a otras para que de manera consciente y segura decidan si desean o no ser madres y las acompañan en sus procesos, son víctimas de distintas agresiones por su labor, como amenazas, agresiones directas hacia ellas o a sus familias, son calificadas como “asesinas” y sufren de ciberataques en los que pueden llegar a difundir sus datos personales o fotografías. 

En ello coincidieron las defensoras y acompañantes de maternidades libres, Vanessa Jimenez de la “Red Necesito Abortar” en Nuevo León; Fátima Alejo de la “Colectiva Colmena Verde” en Veracruz; y Ariadne Song de “Colectiva Abortar Ixtabay” en Quintana Roo, durante el conversatorio “Maternidades Libres”, organizado por la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México con el fin de discutir cómo las acompañantes buscan impulsar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las  mujeres. 

Explicaron que sus principales agresores son los grupos antiderechos y las autoridades de sus entidades. Éstos tergiversan la información de lo que hacen para que la población deslegitime y recrimine su labor de defensa por medio de sus redes sociales o sus espacios de poder en los medios de comunicación, lo que genera aún más agresiones hacia ellas. 

Una acompañante, dijeron, es una mujer que puede ser enfermera, psicóloga, abogada o tener otra profesión en su vida diaria y a la vez trabaja porque más mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y hagan valer sus DH. Además, está informada sobre la legislación de su entidad respecto al aborto, explica a las gestantes que buscan interrumpir sus embarazos las opciones seguras que tienen y proporcionan un espacio de apoyo a quienes desean continuar sus gestaciones. 

Señalaron que ser acompañante no es un delito porque ellas sólo brindan y explican qué es y cómo se puede acceder a una interrupción legal del embarazo y siguen los casos de las mujeres, pero nunca las obligan a nada. “No hay reforma que reconozca de forma pública que por ser acompañantes se nos criminalice. El contexto cambia. Nosotras tenemos el poder de cambiarlo. Tenemos la fortaleza y los DH de nuestro lado”, añadió la defensora Vanessa Jiménez. 

Aunque dijeron, lo anterior debería conocerse como lo que en realidad hace una acompañante, no es así. La desinformación existente en las poblaciones del país, en particular en sus estados fomenta por ejemplo, que las defensoras de Veracruz tengan que realizar su labor en total secrecía porque el derecho a decidir está restringido y sus leyes “protegen la vida desde la concepción”. 

De acuerdo con la defensora Fátima Alejo, “la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural” en el artículo 4 de la Constitución de Veracruz, y se considera que “comete delito de aborto quien interrumpe su embarazo en cualquiera de sus etapas” y se sanciona “con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”, según los artículos 149 y 150 del Código Penal de este estado. 

Este mismo Código Penal, específica en su artículo 154, que el aborto sólo es legal en 4 causales cuando “por violación, imprudencial o culposo, peligro de muerte, alteraciones graves en el producto e inseminación artificial no consentida”.

En Quintana Roo, las defensoras son calificadas por sus autoridades como “vándalas” o dicen “que son compradas por los partidos políticos”, además hacen apología de usar la violencia contra ellas. “Tomamos las instalaciones del Congreso por 95 días en medio de la pandemia para seguir exigiendo la despenalización del aborto en esta entidad. Los grupos antiderechos ubicaron nuestras redes sociales, dónde vivíamos, y prendieron fuego a la casa de una compañera con sus hijos adentro”, dijo Ariadne Song. 

Según el artículo 97 del Código Penal de Quintana Roo, el aborto es posible cuando “sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; cuando la gestación sea resultado de una violación, que haya sido denunciada antes en el Ministerio Público; cuando a juicio de 2 médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas; cuando a juicio del médico sea necesario para evitar un grave peligro para la vida de la madre”. 

Las mujeres o personal médico que interrumpa un embarazo fuera de estas causales será penado de 6 meses a 2 años en prisión, la sanción es mayor si el procedimiento se hiciera sin el consentimiento de la gestante, según los artículos 93 y 94 del Código Penal de Quintana Roo.

En el caso de Nuevo León la agresión más recurrente son los ciberataques por los grupos antiderechos, ya que éstos piensan que su labor es ilegal debido a que en 2019, el Congreso de este estado aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución de su estado, que reconoce “el derecho a la vida desde la concepción”. 

Este cambio, añadió Vanessa Jiménez, no debe representar un obstáculo para el acceso al aborto legal para las causales que ya existen en su entidad: peligro de muerte, riesgo a la salud, y si el embarazo es producto de violación. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud se han realizado 2 mil 612 interrupciones legales del embarazo en lo que va del 2021 en México. Las entidades con más registros son la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Michoacán. 

Frente a estos contextos, añadieron, crean redes de apoyo y de comunicación con más mujeres de sus entidades a través de las diversas movilizaciones como las “Mareas Verdes”, desarrollan cursos y pláticas sobre aborto para la ciudadanía, utilizan sus redes sociales y se articulan con más defensoras de otros estados con el fin de minimizar los riesgos de los que pueden ser víctimas. 

21/AEG/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Defensoras que acompañan a mujeres para ILE, son agredidas por esta labor. CIMAC Noticias. Recuperado el 18 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/18/defensoras-que-acompanan-a-mujeres-para-ile-son-agredidas-por-esta-labor

En prisión y vinculada a proceso, presidenta Municipal de Nochixtlán, por desaparición de defensora México-Británica

Jaime Guerrero | CIMAC Noticias

Martes 18 de mayo de 2021

Oaxaca, Oax. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra la presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, su asesor jurídico y su escolta, J. R. M. M. y J. A. H., como probables responsables del delito de desaparición de personas en agravio de la activista México-Británica, Claudia Uruchurtu Cruz.

La defensora desapareció el pasado 26 de marzo de 2021 en la jurisdicción de Asunción Nochixtlán, tras participar en una protesta contra la munícipe.

De acuerdo con los hechos plasmados en el expediente penal 203/2021, el pasado 26 de marzo de 2021, Uruchurtu Cruz fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar.

La investigación se realizó con perspectiva de género para priorizar las necesidades particulares de la víctima directa y víctimas indirectas, aseguró la Fiscalía.

Los trabajos estuvieron apoyados en todo momento por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), así como la Secretaría de Gobernación que dio intervención a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a fin de realizar las acciones de búsqueda y localización pertinentes.

El pasado 7 de mayo la Fiscalía General del Estado dio cumplimiento al mandato judicial girado en contra de las personas probables responsables, logrando su aprehensión y presentación ante el Juez de la causa.

Proceso de vinculación de la presidenta municipal de Nochixtlán

En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la

FGEO, el Juez en turno determinó vincular a proceso a L. V. H., J. R. M. M. y J. A. H., a quienes impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de otorgar cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.

Respecto a la localización de Uruchurtu Cruz, la FGEO no descarta ninguna de las líneas de investigación contenidas en la teoría del caso para dar con su paradero.

Reiteró su compromiso de procurar el acceso pleno a la justicia para las víctimas directas e indirectas, así como el trabajo en el proceso resarcitorio del daño.

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un testigo protegido -involucrado en el caso- señaló que Victoria Huerta, daría la orden de asesinar a la activista México-Británica Claudia Ururchurtu Cruz, desaparecida el pasado 26 de marzo.

En su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, declaró sin que mediara pregunta de por medio del caso, que un participante, acogido en la figura de testigo protegido, aportó información y reveló que la defensora fue asesinada por la presunta orden de Victoria Huerta.

“Un participante, como testigo protegido, da conocer que la habían asesinado y que la orden había salido, presuntamente, supuestamente, de la presidenta municipal (Lizbeth Victoria Huerta) del partido Morena”, confesó López Obrador.

Frente a ese caso, aseguró que la instrucción es aplicar la ley, sea quien sea, en alusión a la presidenta municipal de Nochixtlán emanada de Morena.

López Obrador aseguró que su proyecto de gobierno no llegó al poder para eternizar la corrupción y la impunidad.

*Este artículo fue retomado del portal pagina3.mx

21/JG/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Guerrero, J. (2021). En prisión y vinculada a proceso, presidenta Municipal de Nochixtlán, por desaparición de defensora México-Británica. CIMAC Noticias. Recuperado el 18 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/18/en-prision-y-vinculada-a-proceso-presidenta-municipal-de-nochixtlan-por-desaparicion-de-defensora-mexico-britanica