Narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y robo de combustible, entre los casos que llevaba el juez Uriel Villegas ejecutado en Colima

El juez de Distrito, Uriel Villegas Ortiz, de 43 años, asesinado la mañana del martes junto con su esposa, Verónica Barajas, en la ciudad de Colima, llevó varios casos relacionados con el narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y huachicoleo.

Entre los que destacan está el de Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando se desempeñó como juez Sexto de Distrito en Procesos Penales y ordenó su traslado de un penal de Oaxaca a uno de Jalisco, en donde permaneció hasta su extradición a Estados Unidos.

En enero pasado, como juez Noveno de Distrito en Materia Penal tuvo conocimiento del amparo tramitado por Miguel Ángel Treviño, El Z-40, identificado como el capo más sanguinario del país, quien permanece en el penal de Puente Grande.

También conoció casos de los implicados en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo ocurrido en mayo de 1993. Y de otros integrantes del CJNG, uno de ellos implicado en el asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez.

En Jalisco tuvo en sus manos expedientes de integrantes del Cártel de los Arellano Félix, de Los Valencia y de los implicados en ataques con explosivos de 2014 en el Estado de México y Michoacán.

Otro caso al que tuvo acceso en el penal de Puente Grande fue el de Luis Morales Villanueva, el comandante que fue condecorado en 2004 con la medalla al valor policiaco por el entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador antes de que se descubriera que lideraba una banda de secuestradores integrada por policías llamada Los Cobra.

Colima se ha convertido en la entidad más violenta de nuestro país por la presencia del crimen organizado. Bañado por las aguas del Pacífico, el pequeño estado fue tradicionalmente un territorio tranquilo, pero en los últimos años ha sufrido un incremento de la violencia, asociada a la llegada de grupos del crimen organizado expulsados de otras zonas del país por la acción de las fuerzas públicas.

A principios de junio, en el mismo estado, que en 2019 fue el que registró mayor número de homicidios por cada 100,000 habitantes, fue hallada muerta en una fosa Francis Anel Bueno, de 38 años, diputada local del partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien había sido secuestrada hace unas semanas. La desaparición de Anel fue reportada por sus familiares el pasado 29 de abril, en el municipio de Ixtlahuacán, Jalisco.

Un día después, el 2 de junio, los cuerpos de los siete policías estatales desaparecidos el 29 de mayo fueron encontrados en el interior de un vehículo abandonado en los límites de Colima y Jalisco. Los agentes estaban adscritos a la Policía Estatal Preventiva (PEP) y contaban hasta con 12 años de antigüedad donde realizaban labores de patrullaje y prevención del delito.

Los policías habían aprobado recientemente sus exámenes de control y confianza y apoyaban a la FGE en órdenes de aprehensión. Junto con otras tres mujeres policías y dos civiles, fueron secuestrados en el municipio de Cuautitlán de García Barragán cuando escoltaban a unos empresarios mineros que habían llegado al aeropuerto internacional “Playa de Oro” en Manzanillo.

Familiares acusaron que le habían retirado sus escoltas por ser “un gasto innecesario”. “Desgraciadamente le quitaron sus escoltas diciendo que no los necesitaban y que era un gasto innecesario. Le pido por favor que renuncie a la presidencia de este país”, demandó Edgar Villalobos, familiar del impartidor de justicia ejecutado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

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