Comunidades de QR y Veracruz exigen Ley General de Aguas

La Redacción, La Jornada

08 de febrero de 2021, 09:43

Vista aérea de la laguna de los Siete Colores, principal atractivo turístico de Bacalar, municipio maya de Quintana Roo.
Vista aérea de la laguna de los Siete Colores, principal atractivo turístico de Bacalar, municipio maya de Quintana Roo. Foto Carlos Águila / Archivo

Ciudad de México. Ante la omisión de no expedir la Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al líquido, comunidades de Quintana Roo y Veracruz presentaron dos demandas de amparo en contra del Poder Legislativo para que éste cumpla con su obligación.

En entrevista con La Jornada, Xavier Martínez Esponda, abogado y director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que este lunes se cumplen ocho años de retraso para ese mandato constitucional que desde 2012 estableció un plazo de 360 días para que el Congreso federal expidiera una legislación que sustituyera a la actual Ley de Aguas Nacionales, la cual “está agotada y no tiene un enfoque de derechos”.

Subrayó que en el sureste del país existe “una complejidad enorme”, ya que la legislación vigente “no protege ni regula cuencas como el acuífero de la Península de Yucatán”, donde 98.5 por ciento del agua que se utiliza en la zona es subterránea.

Frente a dicha omisión, personas residentes de Cancún y Chetumal; de los municipios de Cozumel, Solidaridad y Othón P. Blanco, en Quintana Roo, así como integrantes de las comunidades de los municipios de Jalcomulco y Teocelo, en Veracruz, demandaron la protección de la justicia federal debido a que “la contaminación es uno de los mayores riesgos para la subsistencia del agua”.

En el amparo, las comunidades señalan que “es necesario que la Ley General de Aguas incluya contenidos diferenciados para la cuenca porque hidrológicamente están ante circunstancias diferentes del resto del país, que ponen en riesgo la seguridad hídrica ante el crecimiento poblacional, el cual se potenciará con la llegada de proyectos como el Tren Maya”, refirió el Cemda.

En el caso del recurso interpuesto en Veracruz, añadió, se establece que “es urgente la expedición de un marco jurídico que garantice el derecho al agua de manera sostenible y culturalmente adecuada”, ya que en la cuenca del río La Antigua –que corre desde el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba hasta su desembocadura en el Golfo de México–, las comunidades indígenas, campesinas y rurales realizan actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo, al tiempo que han construido en su territorio un “patrimonio intangible”.

El abogado Xavier Martínez indicó que en el modelo actual de la Ley de Aguas Nacionales, las decisiones siguen estando concentradas en las autoridades sin tomar en cuenta a las comunidades. Esta situación pone en “suma vulnerabilidad” a los pueblos originarios para satisfacer el derecho humano al líquido.

Ello a pesar de que en esos lugares ya existe un manejo pluricultural del agua, que hace que alrededor de 20 millones de mexicanos garantice el derecho al agua a través de sistemas comunitarios, los cuales no tienen cabida en la Ley de Aguas Nacionales, aseguró.

Por su parte, José Milán Tejeda, integrante del colectivo de los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres, hizo notar que el hecho de no contar con la Ley General de Aguas, es un riesgo ya que se da paso a nuevos proyectos de hidroeléctricas, mineras y cementeras que vulneran la sustentabilidad y tranquilidad de los pueblos, por lo que “es urgente que el Congreso federal” cumpla con su obligación de expedir una nueva legislación que garantice un acceso equitativo y pluricultural al líquido.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

La Redacción. (2021). Comunidades de QR y Veracruz exigen Ley General de Aguas. La Jornada. Recuperado el 08 de febrero de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/08/sociedad/comunidades-de-qr-y-veracruz-exigen-ley-general-de-aguas/

Familiares de víctimas cierran accesos de Segob para exigir atención a demandas

Redacción | Desinformémonos.

Jueves 4 de febrero de 2021

Foto: Alfredo Domínguez / La Jornada

Ciudad de México | Desinformémonos. Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos bloquearon desde el miércoles todas las entradas a de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir que las autoridades resuelvan las demandas de atención a los colectivos y concedan una audiencia con la titular del organismo, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario Alejandro Encinas, y la directora de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

Desde la mañana, alrededor de 30 familiares de víctimas de desaparición, desplazamiento forzado y feminicidio, junto con padres de la Guardería ABC, cerraron con cadenas y candados los accesos al edificio para exigir a Alejandro Encinas la atención que prometió a las familias.

“Tenemos minutas firmadas con él de que se iban a resolver nuestros casos, pero la Segob ha incumplido las cosas a las que ya se había comprometido”, dijo Yoltzi Martínez Corrales, integrante del Colectivo “Raúl Trujillo Herrera”, del estado de Guerrero.

“Queremos que nos digan qué está pasando con nuestras carpetas de investigación, porque la Fiscalía nos ha mantenido solamente con reuniones virtuales, sin tener acceso a nuestros Ministerios Públicos para continuar con nuestro proceso de justicia”, explicó Martínez.

La activista señaló que una de sus demandas tiene que ver con la desaparición de los fideicomisos de protección a víctimas y el “desmantelamiento” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Ahora quiere quitarnos los apoyos que muy raquíticamente nos está dando para las personas que salimos a buscar a nuestros familiares desaparecidos. Somos quienes hemos dejado el cuerpo, la vida y el hogar con tal de buscar a nuestros seres amados. Para las autoridades son cifras, pero para nosotros son nuestros tesoros, son una vida que anhelamos que regrese a casa”, indicó Martínez.

Agregó que la decisión de extinguir los apoyos obliga a los familiares a endeudarse para pagar la búsqueda de sus seres queridos, pues los fondos que las autoridades llegan a entregarles están siempre sujetos a una comprobación difícil de realizar.

“Cada familia sigue pidiendo (recursos) o tomando casetas, con tal de tener el dinero para comprar una pala o un pico e ir a buscar. Si bien nos dicen que los fondos tienen que ser comprobados con facturas, ¿cómo le vamos a hacer en el desierto, en la sierra, en los drenajes. Esta lucha va más allá de los adeudos: es por la protección de los derechos de las víctimas de desaparición a ser buscados”, subrayó.

Finalmente, la activista añadió que la CEAV “tiene adeudos” con muchas de las personas que integran el plantón frente a la dependencia.

Con información de La Jornada

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Redacción (2021). Familiares de víctimas cierran accesos de Segob para exigir atención a demandas. Desinformémonos. Recuperado el 5 de febrero de 2021 de: https://desinformemonos.org/familiares-de-victimas-cierran-accesos-de-segob-para-exigir-atencion-a-demandas/

El horror que temíamos ya llegó: Lo que nos dice el parto de una mujer fuera de un hospital en Oaxaca

Tercera Vía

04 de febrero de 2021

Hace un año, cuando la pandemia era una curiosidad de YouTubers desde China con tapabocas y se veía tan lejos que los pocos periodistas  hablando de eso parecían exagerados (hasta el titular de prevención de la salud en México decía que era una gripe), no imaginábamos el colapso del golpeado sistema de Salud en México.

El foco ha ido hacía el COVID-19 y el resto de pacientes ha tenido que adaptar su vida. O lo que es lo mismo: bastante gente ha empeorado su calidad de vida por falta de atención (o incluso ha fallecido) debido a la urgencia de atender el COVID-19 y hasta volver exclusivas áreas para su atención, a fin de evitar más contagios.

Esto ha dado paso a imágenes desagarradoras como la de un hombre muriendo fuera de una clínica en el Estado de México, personas que tienen que tener los cuerpos de sus seres queridos  en casa debido a que no alcanzan ambulancias ni funerarias, y ahora una mujer dio a luz fuera de un hospital en Oaxaca porque no le abrieron para atenderla.


Es el horror que tanto se temía y hace un año nunca imaginamos.

Leemos en Milenio sobre el caso:

Una mujer dio a luz en la puerta de acceso de un hospital en San Pablo Huixtepec, Oaxaca. En un video difundido en redes sociales, los familiares de la paciente recriminaron la actuación de las autoridades sanitarias por la presunta negligencia cometida en la atención de la mujer, ya que acusan que su hijo cayó al piso en el momento del parto.

En el clip de dos minutos de duración, se aprecia un charco de líquido amniótico y sangre en el piso, además de médicos socorriendo a la mujer.

El bebé cayó al piso al momento de llegar al mundo ya que a la mujer se le indicó que debía esperar fuera. Trasciende que el  Hospital regional de San Pablo Huixtepec de Oaxaca es de los 17 saturados por COVID-19 en el estado y las autoridades locales afirman que no se atendió de manera debida a la mujer porque había riesgo de infección.

México está colapsando.

PARA LEER

Enfermos sin COVID, olvidados por  (en EMEEQUIS)

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Tercera Vía. (2021). El horror que temíamos ya llegó: Lo que nos dice el parto de una mujer fuera de un hospital en Oaxaca. Tercera Vía. Recuperado el 05 de febrero de 2021, de https://terceravia.mx/2021/02/horror-oaxaca-colapso/

Aguacateros: a dos fuegos, entre cárteles y autodefensas

Luis Carlos Rodríguez (luis.rodriguez@contrareplica.mx), ContraRéplica

05 de febrero de 2021, 01:47

Aguacateros: a dos fuegos, entre cárteles y autodefensas

Productores de aguacate de Uruapan y otros 21 municipios enfrentan desde hace más de 15 años el acecho de la delincuencia, de los cárteles de la droga que cobran “derecho de piso” e “impuestos de exportación” con las amenazas cumplidas de quema de huertas, empacadoras, secuestros; pero también la creación de “autodefensas” que cobran protección “voluntariamente a fuerza” y exigen que se les compre armamento.

En vísperas del SuperBowl en Tampa, Florida, y con la tradicional fiebre por la venta de aguacate y guacamole en Estados Unidos, los productores mexicanos enfrentan no sólo el acecho de la delincuencia, sino también los bajos precios, de alrededor de 18 pesos el kilo de fruta de exportación, la competencia desleal de aguacateros de Jalisco y Colima, así como el abandono del gobierno de Silvano Aureoles.

“Aquí en Ario de Rosales nos están obligando a apoyar a un grupo antidelincuencial según para protegernos de los cárteles, pero los que organizan son de otro grupo antagónico. Nos exigen a quienes tenemos huertas cifras que van de los 10 mil a los 100 mil pesos, dependiendo de las hectáreas de nuestras propiedades, así como exigen que les compremos armas de alto calibre, como cuernos de chivo y R-15, además de exigir que nuestros peones participen en barricadas”.

Dijo a ContraRéplica el dueño de una huerta en ese municipio, quien pidió no publicar su nombre por temor a represalias. “Aquí y en todos los municipios y pueblos donde hay huertas de aguacate ya no sólo es el cobro de piso, las extorsiones, las amenazas de quemar huertas y empacadoras, los secuestros, sino también muchos de esos líderes de criminales ya están metidos en el negocio”.

Comentó que por medio de prestanombres o de agricultores de la zona, estos grupos ya están utilizando la industria del aguacate para el lavado de dinero. “Aquí hay una mezcolanza de cárteles, de grupos, desde Los Viagra, que la Nueva Familia Michoacana, que el Cártel Jalisco. Estamos a varios fuegos, ya no sabemos quién nos extorsiona. Todo con el silencio y complacencia del gobernador Silvano Aureoles y obviamente del gobierno federal. Acá no llega ni el Ejército ni la Guardia Nacional, pero que tal presumen las exportaciones del aguacate al Super Bowl”.

Otros productores exponen que en zonas como Tancítaro lo mismos aguacateros se han organizado para autodefenderse de los delincuentes; el municipio de Peribán está dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación; en Tierra Caliente, como son Tepalcatepec y Buena Vista están en disputa entre Los Viagras y los de grupos jaliscienses.

José trabaja en una empacadora en Uruapan y también ha sido víctima del cobro de impuestos de “exportación” de los cárteles. “Aquí todos le tenemos que entrarle y sino pues queman huertas, empacadoras o secuestran lo mismo a los directivos que a los familiares. Es el caso de uno de la empacadora estadunidense Calavo Growers, cuyo administrador, un gringo, ya ha sido secuestrado dos veces”.

Expuso que los cobros por protección o también por cortar o empacar. “Te cobran un porcentaje por kilo o por tonelada, más si es aguacate de exportación. Pagamos empacadores, productores y hasta los cortadores o peones. Es el mismo esquema delincuencial de los tiempos de la Familia Michoacana. 15 años después, nada ha cambiado, estamos peor, porque el precio que el año pasado era para la fruta de exportación en entre 70 y 90, ahora están en 16 o 17 pesos. Ha sido el peor año”

“Es tal el descaro, la forma en que operan estas empresas criminales, que hasta agrónomos contratan y los mandan a tus huertas para asesorarte: Te dicen oye tus arboles necesitan abono de tal marca y hasta ellos te los venden o te recomiendan cuándo cortar y hacen el cálculo de tus ganancias, para cobrar su extorsión”.

A mediados del 2020, en una empacadora de Tinguindín, fue quemada porque los propietarios se negaron a la extorsión. Algunos han contratado a policías estatales o municipales para que protejan el trayecto de las huertas a las empacadoras, para evitar robos y as altos.

“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica

Rodríguez, L. (2021). Aguacateros: a dos fuegos, entre cárteles y autodefensas. ContraRéplica. Recuperado el 05 de febrero de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-Aguacateros-a-dos-fuegos-entre-carteles-y-autodefensas2021524

CNDH amenaza con sanciones internas por publicación de informe sobre migrantes, pero sigue sin explicar por qué no actuó

La Comisión alega que se vulneró el derecho a la privacidad de las víctimas a pesar de que Animal Político no dio a conocer ningún dato personal de las mismas.

Redacción Animal Político

04 de febrero de 2021

Cuartoscuro

La Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) amenazó con sanciones a su personal tras la publicación en Animal Político de varios testimonios sobre secuestros a migrantes que permanecieron ocultos desde que fueron recabados, entre finales de 2019 y principios de 2020. En su segundo posicionamiento sobre el asunto en los últimos dos días, la institución, que dirige Rosario Piedra Ibarra, elevó el tono y anunció que investigará el modo en el que este medio obtuvo la información. Lo que no explicó la CNDH es por qué los testimonios quedaron guardados y no se realizó acción alguna en forma de recomendación o informe. 

“Atendiendo a la publicación por parte del medio Animal Político de algunos testimonios recabados por personal de esta CNDH en funciones de visitadores adjuntos durante 2019 y 2020, cuyo contenido se encontró bajo el resguardo y responsabilidad de los mismos y, ante el uso indebido de dicha información sensible en agravio de presuntas víctimas, así como de la reserva de esta por Ley y en perjuicio de esta institución, se ha dado parte a las instancias competentes a fin de que realicen las investigaciones respectivas, se deslinden las responsabilidades correspondientes y se apliquen las sanciones a que haya lugar”, señaló en un comunicado. 

Animal Político reveló el lunes la existencia de un informe que la CNDH mantuvo oculto y en el que se recogen 32 testimonios recabados en estaciones migratorias y albergues de la sociedad civil en el sur, centro y norte del país. Los relatos hablan del infierno sufrido por los migrantes, que refieren haber sufrido o haber sido testigos de asesinatos, torturas, extorsiones y violaciones. 

“Es conveniente precisar que los referidos testimonios a que se hace alusión fueron realizados en su mayoría durante la administración pasada de la CNDH, en 2019 y algunos en 2020, cuya información fue entregada hasta noviembre de 2020 por personal que la tenía bajo su resguardo, misma que se encuentra en proceso de estudio y seguimiento por personal de la Quinta Visitaduría General de esta Comisión Nacional, a fin de emitir en su momento oportuno la determinación o pronunciamiento que en derecho proceda, previas investigaciones del caso y sin perjuicio de brindar la atención que requieran las personas en situación de víctimas”, asegura la institución.

Animal Político solicitó en cuatro ocasiones una entrevista con Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Quinta Visitaduría o la persona que la CNDH considerase adecuada para abordar el asunto. En lugar de esto, la institución remitió dos comunicados: el primero, en el que hace referencia a las 44 recomendaciones elaboradas en el ámbito de la migración y el segundo en el que hablaba sobre los retos en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos en cuestiones migratorias. En ningún momento la CNDH dijo, hasta después de la publicación de la investigación, que los testimonios recabados estaban siendo analizados al interior de la institución para preparar futuros pronunciamientos. 

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/02/COMUNICADOS-DE-PRENSA-2019-Y-2021-TEMA-MIGRANTES.docx.pdf

“No publicitar los testimonios y expedientes que se integran en la CNDH no es sinónimo de ignorar. No exponer a las víctimas no es y nunca será una falta; es nuestra misión y responsabilidad velar por la protección de su seguridad y, en general, de sus Derechos Humanos”, dijo la Comisión en el comunicado.

“Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como para cualquier organismo que trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos, la privacidad y el derecho a respetar la intimidad de las víctimas no sólo es un derecho básico, sino incluso una herramienta necesaria para actuar y a la vez proteger”, añadió.

La CNDH acusó que se ponía en riesgo a los migrantes con la publicación de los testimonios. Sin embargo, la investigación de Animal Político no dio datos personales ni ningún otro detalle que sirviese para identificar a estas personas, de las que las que solo se mencionó su nacionalidad. 

“La CNDH no otorga información efectivamente cuando se trate de datos o información sensible y que ponga en riesgo la vida y los Derechos Humanos de las personas. De manera que, llama la atención que sea el medio de comunicación el que haga esta misma precisión y, no obstante, al mismo tiempo haga la publicación de diversos testimonios de presuntas víctimas, que indica fueron obtenidos por vía de la Unidad de Transparencia de la CNDH, situación que se niega categóricamente, toda vez que, como se indicó, por razones de seguridad y protección de datos, así como por privilegiar la no revictimización a las víctimas, no se otorga fuera de la ley”, añadió el comunicado, que obvia que en la propia investigación de Animal Político se especifica que se emplearon diversas vías para obtener la información. Una de ellas fueron las solicitudes de transparencia, pero no la única. También se realizaron diversas entrevistas con expertos y personal de albergues y organizaciones de derechos humanos. 

Por último, la CNDH “condena la difusión de notas periodísticas sustentadas en la obtención de información de manera ilegal o ilegítima, más aún cuando existe una tendencia a desinformar”. 

“La CNDH condena todo acto que atente contra el derecho de la sociedad a la información y a conocer la verdad. Los medios de comunicación son aliados en la defensa y protección de los Derechos Humanos; sin embargo, la desinformación atenta contra nuestra institución y se convierte en un obstáculo para sus labores constitucionalmente encomendadas, además de resultar un agravio para las víctimas”, concluyó.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Redacción Animal Político. (2021). CNDH amenaza con sanciones internas por publicación de informe sobre migrantes, pero sigue sin explicar por qué no actuó. Animal Político. Recuperado el 05 de febrero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/02/cndh-amenaza-sanciones-internas-por-publicacion-de-informe-sobre-migrantes/