El 14 de mayo el ayuntamiento de Juan C. Bonilla clausuró la planta de Bonafont después de que durante casi dos meses habitantes cerraran las instalaciones denunciando la falta de agua a causa del extractivismo de la embotelladora
Aunque desde el 22 de marzo habitantes del municipio de Juan C. Bonilla cerraron la planta de Bonafont, y señalaron a la embotelladora por extraer más agua de la permitida y provocar desabasto en los pozos noria de las comunidades, apenas este fin de semana el Ayuntamiento clausuró las instalaciones.
Integrados en la organización “Pueblos Unidos”, vecinos de las comunidades de Zacatepec, Cuanalá y más del municipio, respaldadas por otras de la región de las Cholulas, dieron este martes 18 una rueda de prensa donde informaron que el viernes 14 de mayo el ayuntamiento llegó de manera irregular a poner los sellos de clausura.
Fue personal de Protección Civil quien llegó a poner los sellos pero solo en la entrada principal; se negaron a ponerlos en la puerta trasera, pues argumentaron que ahí nadie los vería. Ese día, los trabajadores del ayuntamiento dijeron a quienes estaban en el plantón que la clausura era por una falta fiscal, debido a un supuesto adeudo de la empresa.
Durante la conferencia de prensa, los pobladores defensores del agua dijeron que consideran que esta acción busca que el plantón, que estará de manera indefinida hasta que se vaya la empresa, “pierda credibilidad y fuerza”, y que tiene que ver con el tema electoral y estrategias de campaña.
Esto porque desde el inicio del conflicto el 22 de marzo de este año, el gobierno municipal no se había presentado ni formado parte de los diálogos, lo cual también señaló la propia Bonafont en una entrevista para LADO B.
Joel Lozano Alameda, actual alcalde de Juan C. Bonilla, ya ha sido denunciado por los habitantes al menos desde 2019, cuando ocurrió el conflicto por la defensa del río Metlapanapa para evitar que las empresas textiles descargaran aguas negras en su cauce. En ese momento, Lozano fue señalado de no querer dialogar con los habitantes inconformes, y apoyar a las empresas.
Lo que llevó a la clausura
Foto: Olga Valeria Hernández
El gobierno municipal envió el mismo día de la rueda de prensa de Pueblos Unidos, este martes 18, un comunicado donde explica que llevó a cabo siete acciones jurídicas, supuestamente iniciadas desde 2019, que derivaron en la clausura de Bonafont.
De acuerdo con la versión del municipio, el 10 de febrero de 2019 se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial una inspección del impacto ambiental de Bonafont; el 29 de marzo de 2021 (más de dos años más tarde) le pidieron al representante legal de la embotelladora que diera copia de los permisos de impacto ambiental, las cuales aseguran que no fueron presentadas.
El comunicado, firmado por Joel Lozano, dice que ese mismo 29 de marzo, una semana después del inicio del plantón, se le pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar el tema de impacto ambiental, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausurar la embotelladora ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo. El 7 de abril el municipio pidió a Conagua otra inspección, y el 8 de abril una más a Profepa.
Conagua explicó a LADO B que el 26 de marzo, inspectores de la delegación de Puebla acudieron a Bonafont pero por el bloqueo no pudieron hacer su trabajo, lo cual informaron el 5 de abril al edil Joel Lozano.
Foto: Olga Valeria Hernández
La dependencia agregó que el ayuntamiento no puede pedir a Conagua que clausure si no hay condiciones ni siquiera para hacer la inspección, y que será hasta que puedan realizarla cuando determinen si se infringió alguna norma o ley. Mediante su enlace de prensa, Conagua aclaró que las inspecciones se harán “todo en apego a derecho y siguiendo nuestros procedimientos establecidos en la Ley, no por que alguien diga que se debe clausurar.”
En el comunicado, el municipio dijo también que la clausura de Bonafont fue “motivada en procedimientos administrativos en la dirección de protección civil y tesorería municipal”. Mediante su enlace de prensa, el ayuntamiento aseguró que la empresa no se ha acercado a ellos, y dijeron que aclararían a que se refieren con el tema de tesorería municipal pero al cierre de esta edición no hay respuesta aún.
Por su parte, la persona encargada de medios de Bonafont dijo a LADO B que estaban revisando la información; al momento de esta publicación no se habían tenido noticias de la empresa.
Al respecto, los integrantes de Pueblos Unidos recordaron que seguirán en el plantón y tomarán sus decisiones mediante asambleas, con base en la organización comunitaria.
Vecinos de Tamaulipas denunciaron que el servicio de agua potable en el municipio está en el abandono tras la omisión de autoridades
Publimetro México
18 de mayo de 2021
25 MIL MILLONES DE PESOS APROBADOS PARA 2021 EN TAMAULIPAS NO HAN SIDO UTILIZADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. / FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM
Comerciantes, vecinos y campesinos acusaron a la administración del gobernador Cabeza de Vaca de incumplir con demandas ciudadanas a pesar de comprometerse a resolver diferentes problemáticas que aquejan a esta zona del país.
Señalaron que se hace varios años se dejó de invertir en servicios básicos como el mantenimiento de la red hidráulica, suministro de agua, así como atender el problema de inseguridad.
“Desde 2016 prometieron resolver el problema del agua, pero nunca hicieron nada en realidad; la deficiencia en los servicios públicos, falta de alumbrado público, inseguridad y saqueo del dinero ha quedado evidenciado en la Comapa que enfrenta un adeudo de 60 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, señalaron residentes.
A esto se le suma actos de represión y acoso por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Victoria y del Gobierno del Estado, afirmaron empleados.
Incluso afirmaron que son condicionados a difundir actividades proselitistas de los candidatos del PAN en sus cuentas de redes sociales y también acudir a una serie de eventos, ya que de lo contrario se toman medidas en contra de quienes se oponen.
La situación hizo crisis por lo que llamaron a cerrar filas en este proceso electoral y exigir cuentas a la administración de la entidad, ya que, denunciaron los vecinos, existe un claro abandono en toda la ciudad como calles destrozadas, fraccionamientos con problemas de inseguridad y comunidades ejidales en el olvido.
Ciudad de México. La pandemia por COVID-19 aumentó las brechas a las que se enfrentaban las mujeres mexicanas para poder acceder a los servicios de salud o a un aborto seguro, de tener un trabajo y salario digno y de no sufrir violencia de género, ya que de manera histórica su gobierno ha tenido una repuesta deficiente ante estas problemáticas, lo que conlleva a que su vida y bienestar esté en mayor riesgo.
Así lo confirmaron la coordinadora en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Indra Rubio; la subdirectora del Grupo de Información Elegida (GIRE) Isabel Fulda; la coordinadora de datos en “México, ¿cómo vamos?”, Katia Guzmán; y la oficial de proyecto en “Equis Justicia”, Geras Contreras, durante la presentación del informe “Nos Cayó el 20” con el fin de brindar un diagnóstico del impacto diferenciado hacia las mujeres que dejó la pandemia.
Este informe, explicaron, es resultado del trabajo colaborativo de distintas organizaciones civiles que integran el “Observatorio Género y Covid-19 en México” y trata 3 ejes: salud, bienestar y violencia para exponer cómo estos contextos de las mujeres se han agravado con la pandemia y con ello proponer una serie de recomendaciones y así mejorar la atención inmediata.
Al presentar este informe, revelaron que la pandemia ha tenido impactos graves, en lo laboral, 5.8 por ciento de las personas perdieron su empleo, de estas 7.9 por ciento fueron mujeres y 4.4 por ciento fueron hombres, es decir las mujeres que laboran disminuyeron casi el doble que los hombres, sin embargo el trabajo de cuidados aumentó para ellas.
Si antes ellas destinaban hasta 40 horas sin pago, es decir una jornada laboral, al cuidado de sus hijas e hijos, casa y demás, esta cifra incrementó con la pandemia debido a que no existe un sistema nacional e integral en esta materia, en consecuencia, se sumó una doble jornada para las mujeres que teletrabajan y las que se quedaron sin empleo no tuvieron posibilidad de salir a buscar uno.
Lo anterior, añadieron, impactó la salud, el bienestar y el tiempo de disfrute de las mujeres. Afectaciones que pueden ser más graves para las trabajadoras del hogar, ya que la precariedad en la que ejercían su labor aumentó, algunas fueron despedidas sin justificación, otras obligadas a pasar el confinamiento en la casa de sus empleados para conservar su trabajo, y otras no pudieron acceder a servicios de salud en la pandemia por no estar afiliadas a la seguridad social.
Datos citados por el estudio registraron que al primer trimestre de 2020, en México había 2 millones 394 mil 69 personas ocupadas como trabajadoras del hogar remuneradas, de ellas casi 2 millones 200 mil eran mujeres, lo que equivale al 91.6 por ciento del total y el resto eran hombres.
Para el tercer trimestre del mismo año, se observó una disminución del 18.1 por ciento, es decir sólo un 1 millón 195 mil 149 de personas continuaron como trabajadoras del hogar remuneradas. Las trabajadoras del hogar remuneradas disminuyeron 20.8 por ciento mientras que los hombres sólo un 10.9 por ciento.
En suma, detallaron que 1 de cada 10 trabajadoras del hogar cuenta con un contrato, seguridad social y ganan alrededor de 3 mil pesos mensuales. “Sabemos que el gobierno desde 2019, contamos con el programa piloto del IMSS, en el cual se puede incorporar por ahora voluntariamente a las trabajadoras del hogar, sin embargo a octubre de 2020, sólo había 27 mil trabajadoras del hogar inscritas, esto ni siquiera representa una parte de este sector, dijo la coordinadora en el LSB, Indra Rubio.
Frente a este contexto, exigieron a las autoridades mexicanas que se reconozcan las tareas del hogar y del cuidado de la familia como un trabajo; desarrollen una coordinación interinstitucional para la creación de un padrón de trabajadoras del hogar; sigan avanzando en la agenda en términos de cuidado; y que la Secretaría de Educación Pública emplee estrategias que garanticen el acceso a la educación a todas las personas.
Sin opciones de lugares seguros
La violencia hacia las mujeres, en particular la feminicida y familiar, aumentó en pandemia. En todo 2020, dijeron, hubo incremento del asesinato de mujeres con armas de fuego en la vía pública mientras que en los primeros meses del confinamiento, registraron 11 asesinatos al día de mujeres, la mayoría de ellas menores de 18 años, de los cuales sólo 25.8 por ciento se están investigando como casos de feminicidio.
De acuerdo con el informe, en los meses siguientes de 2020, se distinguió un número ligeramente menor de casos: con 306 asesinatos de mujeres en mayo, 309 en junio, 311 en julio y 300 en agosto, sin embargo, en septiembre las cifras volvieron a incrementar: 324 asesinatos, es decir un promedio de 10.8 al día.
Agregaron que en lo que va de la pandemia, la casa tampoco fue un espacio seguro para todas las mujeres. Durante marzo y abril de 2020, incrementaron las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar, en comparación del 2019, y la incidencia de este tipo de violencia aumentó un 8 por ciento.
Pese a este panorama, la atención se mantuvo de manera digitalizada o se detuvo en algunas instituciones creadas para atender este problema, aunque esta decisión no consideró la brecha digital que existe en México y que no todas las mujeres tienen acceso a internet, además que este tipo de violencia debe ser atendida de manera inmediata. A ello se sumó el recorte al presupuesto para programas de atención para mujeres que sufren violencias o para las instituciones encargadas de brindarles servicios.
Comentaron que en resultado, organizaciones civiles que apoyan a estas mujeres han iniciado campañas para visibilizar cómo estos recortes afectarían la protección de la vida de las mexicanas. Ante ello, exigieron que se desarrolle una vigilancia a la distribución de los recursos y que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fortalezca sus datos de violencia contra las mujeres.
Además, demandaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres desarrolle mesas de diálogo y vigile las Alertas de Género y que las instituciones y los centros de atención de violencia contra las mujeres integren medidas de atención efectivas para ellas.
Más crisis en la salud
Las brechas que ya existían para acceder al aborto seguro en México se profundizaron con la pandemia porque disminuyeron los hospitales donde las mujeres pudieron atenderse o porque temían contagiarse de ir a uno. Redes y organizaciones de la sociedad están llenando los vacíos del Estado en esta materia.
Además de este servicio también se limitaron los tratamientos de infecciones de transmisión sexual, el acceso a medicamentos anticonceptivos, entre otros que afectaron en particular a las indígenas, afromexicanas, privadas de la libertad, que padecen una discapacidad y migrantes, las cuales enfrentaron más discriminación a la hora de querer ejercer su derecho a la salud.
El informe señala que debido a la pandemia, la muerte materna incrementó un 30 por ciento mientras que el Consejo Nacional de Población estimó que durante 2020 habría 145 mil 719 embarazos, de los cuales 21 mil 575 serían en adolescentes y niñas.
Exigieron a las autoridades mexicanas que se atiendan los problemas y priorice la vacunación para las mujeres privadas de libertad, se difundan campañas bajo un marco de Derechos Humanos sobre anticonceptivos, garantice el acceso de las mujeres al aborto seguro y despenalice la interrupción legal del embarazo en todo México.
También demandaron que se generen mensajes con información específica para la atención de mujeres que viven con VIH y están embarazadas, desarrollen medidas de prevención, protección sanitaria o ayuda humanitaria dirigidas a la población migrante y a las mujeres en situación de calle, entre otras más acciones.
21/AEG/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMACNoticias“.
Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Impactos de la pandemia repercutieron en salud y violencia contra mujeres. CIMACNoticias. Recuperado el 19 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/19/impactos-de-la-pandemia-repercutieron-en-salud-y-violencia-contra-mujeres
Como cualquier día, Marimar Salinas llegó a su trabajo en una empresa transnacional de venta de cosméticos por catálogo. En el corporativo ella era la encargada de toda la parte de comunicación en Latinoamérica. Era noviembre de 2020.
Apenas se había sentado en su escritorio y un mail llegó a su bandeja de entrada: habría una reunión de trabajo a las 17:00 horas. Desde ese momento supo que algo no estaba bien.
Continuó con sus tareas y a la hora marcada fue a la oficina de su jefe. “Ahí me dijo que me iban a liquidar”, dice Marimar de 44 años en entrevista.
“Íbamos bien hasta que empezó la pandemia porque empezaron a recortar poco a poco personal de todos los niveles (…) el primer recorte fue muy grande y después cada quince días veías que se iba uno, se iba otro”.
Al momento de notificarle que se quedaría sin empleo le dieron la opción de decidir cuánto tiempo más quería permanecer en su puesto, mientras arreglaba los pendientes que tuviera.
En un acto de profesionalismo les indicó a sus jefes que se quedaría el tiempo necesario mientras capacitaba a quien ocuparía su lugar.
“Yo les dije que si querían que capacitara a alguien que se fuera a quedar con mis labores porque no iban a contratar a nadie, entre varias personas iban a asumir lo que yo hacía, entonces yo les dije, ‘les entrego el área, les entrego todo y capacito a quien tenga que capacitar y después ya me voy’”, comparte.
¿Por qué hacerlo y no tomar tus cosas y ese mismo día dejar tu trabajo?
“Viéndolo en retrospectiva ya veo que mejor hubiera hecho eso, pero no, la verdad es que finalmente está la responsabilidad y la parte profesional de cada persona, dices ‘no quiero quedar mal’ y finalmente hay que dejar las puertas abiertas, aunque te estén despidiendo y no haya opción de regreso”. Ella estaba por cumplir seis años en su trabajo.
Desde hace seis meses Marimar no tiene un empleo formal. Desde que fue liquidada buscó a un amigo que estaba emprendiendo en el campo de los detergentes y sanitizantes biodegradables con quien se asoció.
Ahora ese es su trabajo. Juntos desarrollaron un sanitizante para patitas de mascotas y sus accesorios, así como un sanitizante para accesorios de bebé.
Sabe que los frutos de este emprendimiento, con suerte, se verán en tres años, pero no es algo que la detenga porque sabe que tiene que mantener a su familia.
“Claro que es difícil. Mucha gente dice que es horrible, pero finalmente el ser empleado te da la comodidad y seguridad de tener tu dinero cada quincena, que si en diciembre tienes un poco de deudas sabes que va a llegar el aguinaldo, o el fondo de ahorro en las empresas que lo dan. Por supuesto que da una tranquilidad enorme, ahorita yo que estoy emprendiendo pues no estoy percibiendo nada porque en el inicio de un emprendimiento es pura inversión”, subraya.
Con el dinero que le dieron por su liquidación es que ha seguido aportando para la casa y para cubrir las necesidades de sus dos hijos -de ocho y seis años, respectivamente-, y aunque su esposo también trabaja, recalca que desde hace mucho tiempo “en México ya es difícil vivir con un solo sueldo”.
La pandemia de COVID-19 ha impactado en todos los niveles y sectores imaginables, sin embargo, el impacto que ha tenido entre las mujeres trabajadoras es preocupante.
Se trata, lamentablemente, de una tendencia que se viene registrando desde el inicio de la pandemia.
En octubre de 2020, Animal Político publicó, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que, para marzo de 2020 -cuando inició la crisis sanitaria-, la tasa de desocupación de las mujeres era del 3%, unas 688 mil mujeres sin empleo y que estaban en busca de uno.
Sin embargo, conforme pasaron los meses, la situación se fue recrudeciendo.
Para julio, el desempleo entre las mujeres ya se ubicaba en el 6.34%, un incremento del 110%.
Y aunque para agosto de 2020 la tasa de desempleo había tenido una ligera reducción al ubicarse en el 5.16%, es claro que las mujeres trabajadoras habían sufrido en mayor grado la crisis sanitaria al quedarse sin empleo.
“Nos están obligando a tomar una pausa laboral que no queríamos”, lamenta Marimar. “Esto va a implicar un retroceso al país, al mundo laboral y a las mujeres como fuerza laboral. Y si estábamos buscando una igualdad laboral, híjole, pues es empezar desde cero (…) con el hecho de despedir sobre todo a mujeres se reafirma el hecho de que las mujeres deben estar en casa y son las que menos se necesitan en la oficina”.
La mujer está clara en que destinará todo su trabajo y empeño en el emprendimiento de detergentes y sanitizantes biodegradables que tiene con su amigo.
No descarta que en algún momento pueda buscar algún trabajo formal, pero de momento no es su prioridad. Ya lo vivió y con la crisis sanitaria es momento de tomar otras decisiones para bien de su familia.
“Yo tuve la suerte de hacer un emprendimiento muy rápido, pero hay muchas (mujeres) que están en la búsqueda y obviamente está súper difícil”, agregó.
Tengo la esperanza de que me llamen
Andrea de 25 años estudió ingeniería textil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En junio de 2019 la joven se graduó y luego de buscar y buscar, en noviembre de ese mismo año encontró un empleo como auxiliar de graduación en una empresa de ropa para mujer. Cuatro meses después de terminar su carrera había conseguido un trabajo formal con las prestaciones mínimas de ley.
Cuenta que estaba muy contenta, era un empleo que le gustaba y le permitía no solo poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad, sino tener un aprendizaje continuo.
Ya que su horario laboral era de lunes a viernes también tuvo la posibilidad de inscribirse a la especialidad de diseño de modas que estudia los sábados. Con su sueldo le alcanzaba para cubrir sus necesidades y pagar su preparación profesional.
Sin embargo, la crisis sanitaria por el COVID-19 comenzó y poco a poco vio cómo lo que había construido comenzaba a desmoronarse.
“Me salvé de varios recortes, como de tres, porque desde que mandaron a confinamiento empezaron a recortar. Yo regreso (al trabajo presencial) en junio y en agosto es cuando me dicen que ya no voy a poder continuar ahí”, comparte la joven.
“Mi jefe me dijo que lamentaba perder mi ayuda porque yo era un buen elemento, porque tenía todo a tiempo. Yo todavía sigo con la esperanza de que algún día me llame (para volver)”.
Cuando fue a recursos humanos, detalla, el encargado le dijo que lo mejor era liquidarla en ese momento, de lo contrario más adelante ni siquiera tendrían para pagarle lo que por ley le correspondía por prescindir de sus servicios. La empresa pasaba por el peor momento.
Afortunadamente tenía un poco de dinero ahorrado y con ello pudo seguir pagando sus estudios, pero para diciembre -cuatro meses después de quedarse sin empleo-, la situación volvió a complicarse.
Por más que buscaba, las opciones laborales que encontraba eran inviables, no solo por la ubicación, sino por los salarios que ofrecían.
“Los sueldos están muy bajos. Hay lugares en los que me ofrecen menos -siendo yo la encargada- de lo que ganaba en mi antiguo trabajo siendo auxiliar; con un horario más extenso, con más días de trabajo, con menos beneficios… todo a cambio de un salario mucho menor”, lamenta Andrea.
Un día en diciembre, de esos que no tenía mucho qué hacer, decidió subir una foto de ella en pijama al Instagram “presumiendo” su outfit de pandemia y sin empleo. Ahí fue que una de sus tías se enteró que la joven se había quedado sin trabajo.
La mujer tiene algunos locales comerciales dentro del Metro de la Ciudad de México y ofreció a Andrea a que le ayudara en la atención de uno de ellos.
Con un salario 70% menor de lo que ganaba en la fábrica de ropa, sin prestaciones, y con un horario laboral de domingo a viernes, la joven no tuvo mayor opción que aceptarlo porque ya no le era posible seguir pagando su especialidad en diseño de modas.
“Yo estoy muy consciente de que yo sí quiero regresar a un empleo formal, o sea, yo no me quiero quedar en el empleo que tengo ahorita o algo similar, pero mientras es lo que voy a tener que hacer porque no quiero dejar por nada mi especialidad porque sé que eso me va a servir mucho para trabajar en lo que yo quiero”, sentencia la joven.
¿Por hay tanta gente trabajando y yo no?
Hace un año, justamente el 15 de mayo de 2020, María José recibió su última quincena. La agencia en la que trabajaba la liquidó. Con el confinamiento instruido por las autoridades, no era posible sostener la plantilla de empleados que tenían, así que poco a poco comenzaron a prescindir de sus empleados.
“Ahí vino lo más duro, independientemente de si la liquidación fue buena o fue mala. Yo empiezo a buscar trabajo de nuevo, pero ya éramos muchos en esa situación (de desempleo), mucha gente y sobre todo muchas mujeres buscando trabajo”, recuerda la ejecutiva de cuentas.
‘¿Qué aceptar?’ era la pregunta. Un empleo con un sueldo “humillante” pero dentro de tu rama de conocimiento, o lanzarse a la aventura por un sueldo mayor en un área que no conocía. La respuesta no era fácil, solo tenía la certeza de que necesitaba encontrar un nuevo empleo lo más rápido posible.
“Empecé a trabajar en un sitio (web) con unos conocidos que me dijeron ‘ven con nosotros’ y también, de buenas a primeras, después de casi un mes, ‘qué crees, que se nos fueron los clientes; vamos a cerrar, la situación nos pegó muy duro’, y ahí sí me sentí peor porque de andar de atorada y aceptar lo primero que me saliera me fui a perder tiempo que pude haber usado buscando mejores oportunidades”, reclama Majo.
Julio, agosto, septiembre y octubre y principios de noviembre estuvo desempleada. Durante este tiempo echó mano de la comunidad virtual que se fue construyendo en torno a la búsqueda de empleo.
Ahí observó que los despidos y liquidaciones, principalmente a mujeres, no era una situación exclusiva de México
“En verdad no le saqué nada a eso, no conseguí trabajo (a través de estos grupos), pero era como una vía un poco para escapar. De alguna manera sabes que no es tu culpa, que todo obedece a una situación global, que no era algo de desempeño, pero al mismo tiempo te preguntas ‘¿por qué hay tanta gente trabajando y yo no?, empezaban estos cuestionamientos de por qué ellos sí y yo no’”.
Después de meses de turbulencia en noviembre pasado por fin encontró un trabajo. Ahora es productora.
“Algo que ha estado muy de manifiesto es que muchos buscamos no salirnos de nuestra área, pero muchas otras sí fue de ‘no, yo tengo una familia’ (…) y todas se pusieron a hacer algo y más que nunca veías en las redes sociales venta de comida o cualquier cantidad de cosas que no eran usualmente su trabajo, pero se trata de cubrir la necesidad. Ese ser protector inevitable que se junta con el ser profesional”, resaltó Majo.
“El presente artículo es propiedad de Animal Político“
Marco Antonio Guerrero Gumercindo cumplía 25 años el día en el que desapareció de Altamira, Tamaulipas. Fue el 25 de febrero de 2018 y su madre, Ruth Gumercindo, tenía la fiesta preparada cuando el joven salió de la casa para hacer una recarga al celular. Nunca regresó. “Pasan muchas cosas por la mente. Al principio no puse denuncia por miedo, luego ya me decidí, pero hasta la fecha, nada”, explica, en conversación telefónica. Desde hace más de tres años Gumercindo no sabe nada de su hijo. En el proceso de búsqueda se ha encontrado con la pasividad de las autoridades, a las que acusa de no mover un dedo para buscar al joven. “Lo único que hay en el expediente es lo que aportamos a la familia”, dice.
La mujer es una de las familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia que desde hace días mantienen un plantón de protesta ante el palacio de gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Salieron a marchar el 10 de mayo, con motivo del Día de la Madre, que en decenas de municipios mexicanos se convirtió en jornada de reivindicación para exigir búsquedas más eficaces y justicia para las víctimas. Sin embargo, al llegar a las oficinas estatales decidieron quedarse para denunciar la falta de voluntad del gobierno estatal en resolver sus casos.
Cada noche, Gumercindo monta su tienda de campaña y junto a otros tres compañeros, duerme frente al edificio oficial.
Ella busca a su hijo, Marco Antonio. Está Martina, que busca a su hijo Ricardo. También José, que busca a su hermano Miguel. Y Guillermo, tras los pasos de su hija Raquel.
Con más de 11 mil desaparecidos, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Tamaulipas es el segundo estado con más personas que faltan de sus casas, solo superado por Jalisco, con más de 12 mil. En total, México tiene contabilizados más de 87 mil personas a las que se busca, pero la cifra aumenta cada día. Este es uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado, con el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste (escisión de los antiguos Zetas) disputándose el territorio. Además, aquí son continuas las denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas por Ejército, Guardia Nacional, Marina o policía estatal.
Ruth, Martina, José y Guillermo son cuatro entre esos 11 mil. Comparten el dolor por la ausencia, la incertidumbre sobre qué habrá ocurrido y la desesperación ante unas autoridades que, a su juicio, poco hacen para encontrar a sus familiares.
“No hay investigación. Me dijeron que no tenían elementos, que no tenían policías, que son muchos los casos, que somos pocos y que no llegan a todo”, dice Ruth.
Por eso están en plantón. Porque están hartos de ejercer como investigadores y encontrarse siempre con evasivas o puertas cerradas.
“Exigimos a las autoridades involucradas en la investigación de desaparición que dejen de simular y hagan su trabajo, incluyendo al procurador del estado, comisión de Derechos Humanos, comisionado estatal de búsqueda y departamento de víctimas. Pedimos un avance en los expedientes que por años han sido dilatados y entorpecidos por el hecho de haber autoridades involucradas”. Estos son los dos primeros puntos del pliego de peticiones formulado por los familiares para abandonar el plantón. Los otros dos son establecer políticas públicas para disminuir y acabar con las desapariciones y priorizar la búsqueda en vida.
Hasta el momento no han recibido respuesta. Cada día ven cómo los funcionarios del gobierno estatal acuden a su puesto de trabajo frente a ellos, pero nadie les dice nada.
Animal Político se puso en contacto con el gobierno estatal y con la Fiscalía general de justicia del Estado para pedirles una valoración. Al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“Mi expediente tiene cuatro años pero no hay avances”, dice José, hermano de Miguel, que tenia 41 años cuando desapareció en Nuevo Laredo, 500 kilómetros al norte de Ciudad Victoria. El hombre asegura que denunció a quien considera responsable, pero que las autoridades han dilatado el procedimiento. No ofrece más detalles, aunque los tiene, por miedo a que un desliz en una entrevista sirva al sospechoso para tumbar la investigación.
“Cuando hay señalamientos, simple y sencillo no le avanzan. Saben que están protegiendo a los culpables. Por eso decidimos hacer el plantón”, asegura.
Ellos cuatro son los irreductibles, los que no están dispuestos a moverse bajo ningún concepto. Diariamente reciben el acompañamiento de otros integrantes del colectivo, personas que, como ellos, siguen buscando a un familiar.
Reconoce Ruth que no se sienten seguros. Tamaulipas es un estado peligroso y quien pregunta puede encontrarse con el rechazo del crimen organizado o de las autoridades. Por eso exige protección.
Las tiendas de campaña y los carteles con rostros de desaparecidos se mantienen en el palacio de gobierno como símbolo de la desesperación de las familias. Del otro lado, hasta ahora solo han encontrado indiferencia.
“El presente artículo es propiedad de Animal Político“
