Tras el terremoto y el tsunami de 2011, Japón puso en marcha un controvertido plan para verter al océano Pacífico las aguas residuales tratadas de la central nuclear de Fukushima Daiichi, una decisión que sigue generando una fuerte oposición por parte de gobiernos, ecologistas e industria.
El domingo 27 de agosto, el Ministerio de Medio Ambiente japonés analizó el agua de 11 puntos cercanos a la central nuclear de Fukushima y no encontró niveles significativos de radiactividad. El gobierno japonés ha argumentado que mantendrá el vertido dentro de los niveles de radiación aprobados internacionalmente, pero cada vez son más los expertos que siguen cuestionando la seguridad y exactitud de los datos que han proporcionado.
Japón alega que este paso es esencial para el desmantelamiento de la central nuclear, para liberar el espacio ocupado por 1,3 millones de metros cúbicos de agua contaminada. La contaminación por radiación del agua de los océanos puede causar daños genéticos importantes y a largo plazo a los organismos expuestos. Sin embargo, las posibles repercusiones de la radiación no se limitan a la vida marina, ya que también puede afectar a la salud pública, el turismo y la sostenibilidad de la pesca.
A pesar de las garantías, sigue habiendo dudas sobre la eficacia del plan y sus posibles efectos sobre el medio ambiente y la salud humana. China se ha opuesto enérgicamente, y se han vetado las importaciones de marisco japonés. Además, Corea del Sur ha sido testigo de múltiples protestas contra el vertido en las últimas semanas. Los manifestantes afirman que no se han estudiado todas las repercusiones en el ecosistema de la liberación de agua radiactiva en el océano Pacífico.
Los daños a largo plazo de la exposición a la radiación incluyen efectos en la salud de los seres humanos como daños en el sistema inmunitario, nervioso y reproductor, y efectos psicológicos como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Los alimentos y el agua contaminados también pueden afectar a las personas y los animales, así como a los ecosistemas marinos y terrestres.
El gobierno japonés previó originalmente un plan de 30 a 40 años para el desmantelamiento de la central nuclear. Sin embargo, los expertos entrevistados por AP indican que, si es posible retirar todo el combustible fundido, podría llevar hasta 100 años.
Está por ver si Japón será capaz de cumplir su promesa de seguridad para todos los implicados, pero los riesgos potenciales son de gran alcance y muy preocupantes. Mientras consideramos las implicaciones científicas y medioambientales de las aguas residuales radiactivas vertidas, sólo nos queda esperar que Japón pueda cumplir su promesa.
Con información de Reuters, AP