Fundamental las redes de apoyo para las LGBTTTIQ+ en tiempos de pandemia en América Latina

Elda Montiel, SemMéxico

17 de mayo de 2021

  • Vulnerabilidad económica, reconfiguración política del mapa en la región por los gobiernos conservadores.
  • Análisis inicial en tres países realizado por el Fondo Mujeres del Sur en el 17 de mayo

Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 17 de mayo 2021.- La crisis desatada por la pandemia del Covid 19 reveló la profunda vulnerabilidad socioeconómica de la comunidad trans/trasvesti en Argentina, Paraguay y Uruguay, países que han tenido avances desiguales en la ampliación de derechos.

La reconfiguración del mapa latinoamericano en términos políticos, con la llegada de gobiernos conservadores de derecha, en estos países plantea incertidumbre en cuanto al avance del pleno reconocimiento de derechos de la población LGBTTTIQ+. Y también la posible sanción de leyes con efecto retroactivo que borren lo conquistado.

La emergencia sumó la tarea asistencial y el desafío de mantener el encuentro mediante redes y streaming, sin que se debiliten los espacios construidos. Dado que el activismo se ha movilizado en los últimos años con demandas sostenidas por mejoras concretas en salud, trabajo, vivienda, educación y una vida libre de violencias.

En un estudio exploratorio realizado para el Fondo Mujeres del Sur (FMS) por Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian, Candela Conmmeres Benejam, Melina Deangeli y Ana Fiol, concluyen que es complejo pensar en una agenda política postpandemia -porque no se avizora el final de la emergencia sanitaria-, aunque les parece claro que mantener las redes de apoyo, aun en su modalidad virtual, la contención afectiva y emocional son las prioridades del momento.

Cabe recordar que el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), es una fundación que, desde el 2007, brinda apoyo financiero y acompañamiento a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y personas LBTIQ+, principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Señala el estudio que Argentina y Uruguay son países con claras políticas de reconocimiento de derechos y garantías. En cambio, Paraguay no produjo avances favorables en materia legislativa y cuenta con una oposición activa en movimientos “provida” y “profamilia”. Sus discursos han permeado las cámaras legislativas, impidiendo el tratamiento de leyes de ampliación de derechos.

Mientras los feminismos y organizaciones LGBTTTIQ+ han ganado terreno y logrado, con su activismo, la ampliación de derechos y garantías, también crecen oposiciones con raíz religiosa, aliadas de partidos conservadores, con fuerte apoyo ciudadano y que han alcanzado escaños parlamentarios por medio del voto o por designaciones en reparticiones clave. Estas son las tensiones que atraviesan América Latina

Matrimonio igualitario

Argentina se convirtió en un país pionero en la región al sancionar en 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario. Uruguay también tiene Ley de Matrimonio Igualitario y las parejas del mismo sexo pueden adoptar.

Brasil, Colombia y algunos estados en México legislaron normativas similares. Chile ha dado media sanción al proyecto de matrimonio igualitario.

Ya lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión consultiva, 2017): se debe reconocer el pleno derecho de los vínculos familiares entre dos personas del mismo sexo. De modo que los veinte países que reconocen a la OEA deben aceptar el mandato.

Identidad de Género

En cuanto a la Identidad de Género, la Argentina reconoce legalmente el género autopercibido sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o médicos de otra índole con una ley aprobada en 2012.

Con otros matices, existen normativas similares en Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. En Venezuela, se requieren diferentes elementos de prueba para el reconocimiento legal.

Brasil –escenario de crecimiento de movimientos conservadores y antiderechos– estableció en 2018 la posibilidad del cambio de nombre en registros civiles para personas transexuales y transgénero mayores de 21 años y sin intervención quirúrgica.

En Paraguay, la autorización al cambio de nombre, aunque establecido en el Código Civil, ocurre en casos excepcionales y es controversial para personas trans.
Belice despenalizó recién en 2016 los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo.

Tensiones por la diversidad en América Latina

Se advierte que grupos fundamentalistas han calado hondo con sus denuncias descalificadoras de “Ideología de género” ante lo que representa diversidad. Con el permiso de los gobernantes de turno, propagan y legitiman discursos de odio. La presión de estos grupos conservadores se observa en Argentina, con su férrea oposición a la Ley de Educación Integral (ESI) y su participación durante el debate de la ley de interrupción legal del embarazo.

En Brasil, con discurso oficial a favor de la familia tradicional y la designación en puestos clave de religiosxs que proponen hasta “terapias de cura homosexual”.
Uruguay y Paraguay, con algunas diferencias, también muestran estas tensiones. En Uruguay, pese a su alto porcentaje de secularización y con separación de Iglesia y Estado, la llegada de un gobierno conservador empieza a exhibir el crecimiento de grupos -religiosos y laicos- en franca oposición a los feminismos y activismos LGBTTTIQ+.

Paraguay cedió frente a estos grupos al prohibir la circulación de materiales de educación sexual de las escuelas, orden que provino directamente del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular entonces (2017) era Enrique Riera

Uno de los grandes desafíos es avanzar hacia un marco legal de plenos derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y, sobre todo, de las personas travestis y trans en materia de inclusión laboral, previsional y acceso a la salud.

Impacto del Covid 19 en Argentina, Uruguay y Paraguay

En Argentina la restricción de circulación impactó de manera dramática en la población trans/travesti (el 95 por ciento de las mujeres trans ejerce trabajo sexual). Más de 50 mujeres trans/travestis, trabajadoras sexuales de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba sufrieron intentos de desalojo pese a la prohibición gubernamental de desalojar dispuesta en la pandemia.

Mediante el trabajo de agrupaciones trans/travestis y LGBTTTIQ+ con organizaciones políticas y sociales surgieron alternativas -al contar con maquinaria, materiales y espacios físicos-, como la producción y ventas de barbijos, emprendimientos autogestivos de producción de alimentos y productos de primera necesidad.

En las zonas alejadas a los centros urbanos, a pesar de que no todxs lxs activistas tienen acceso a redes, se realizaron actividades en diversas plataformas y las organizaciones realizaron colectas de dinero y se las hicieron llegar.

En Uruguay las organizaciones LGBTTTIQ+ reconocen que la emergencia no marcó una diferencia en el acceso a la salud; no hay denuncias recibidas por falta de atención de salud sexual y (no) reproductiva, o vinculados a tratamientos de VIH y hormonizaciones. Sí muestran una preocupación extrema por el nuevo ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, conservador y cercano a las fuerzas armadas, firme opositor a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los esfuerzos del activismo en pandemia se volcaron a la asistencia material de la
población más vulnerable: ollas populares, entregas de bolsones con alimentos a
personas del colectivo trans/travesti y a otrxs, también vulnerables, no pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. Se asistió con fondos de donaciones a compañeros o compañeras trans/travestis para mantener la vivienda y el pago de servicios básicos.

La violencia familiar y de género aumentó en todas las identidades del colectivo. La organización lésbica consultada puso especial acento en la violencia entre lesbianas, que requiere una respuesta estatal: las denunciantes son revictimizadas en las comisarías a las que acuden en busca de protección.

Los discursos de odio en los medios no cesaron durante la pandemia y dos programas de televisión: “El repasador”, por Canal 13 y “El Gran Debate”, de Unicanal, fueron señalados como reproductores de estos discursos y por prestar su espacio a referentes conservadores y fundamentalistas.

Aún en pandemia se consolidaron redes de trabajo entre organizaciones, algunas
con espacios de Argentina vinculados a los derechos laborales de las trabajadoras
sexuales. Las organizaciones lésbicas continuaron su trabajo con espacios de comunicadoras feministas y con la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODHEUPY); siguieron con las presentaciones judiciales por el derecho a visitas íntimas para lesbianas privadas de su libertad. Hubo actividad en centros culturales con personal de la música invitados e invitadas.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Montiel, E. (2021). Fundamental las redes de apoyo para las LGBTTTIQ+ en tiempos de pandemia en América Latina. SemMéxico. Recuperado el 18 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/fundamental-las-redes-de-apoyo-para-las-lgbtttiq-en-tiempos-de-pandemia-en-america-latina/

Racismo colorista domina expresiones de la publicidad: investigación

Brenda Macías, IBERO, recuperado de Desinformémonos

12 de mayo de 2021

El racismo colorista es aquel que se basa en los colores y las tonalidades corporales; una representación visual del discurso colonial: Juris Tipa

El sociólogo Juris Tipa realiza la investigación La percepción del racismo colorista en la publicidad en México, en el Departamento de Comunicación de la IBERO, como parte de su estancia posdoctoral.

La publicidad no representa la diversidad mexicana. Por ejemplo: la sexual, la racial, la cultural o la lingüística, expuso el Dr. Juris Tipa en un video publicado en el canal de YouTube de la División de Investigación y Posgrado de esta Universidad.

Antes de decidir estudiar el tema, el Dr. Juris Tipa participó en los procesos de selección de artistas o casting para producciones audiovisuales y publicitarias en México, allí detectó prácticas explícitas de discriminación colorista.

El racismo colorista es aquel que se basa en los colores y las tonalidades corporales, define el profesor Juris Tipa en el artículo El capital y las prácticas corporales entre actores y modelos ante el racismo colorista en la publicidad en México, publicado en la revistaEstudios sobre las Culturas Contemporáneas de la Universidad de Colima en el año 2020.

Por ejemplo: «Se busca actor latino internacional. No güero. No moreno”. El concepto de latino internacional se refiere a “la representación de lo criollo o de la población ibero-europea instalada en México en puestos de poder. Lo que vemos es el concepto del latino internacional, una representación visual de un discurso colonial”, detalló. 

El ‘latino internacional’ se define como alguien con piel clara, con ojos y cabello oscuro. La publicidad distorsiona lo que hay en la realidad y sólo muestra personas de tez clara, identificó el sociólogo, quien opina que en la actualidad es impensable la representación de la comunidad afromexicana en la publicidad, por ejemplo, una actitud contraria a la que ocurre en la publicidad de Canadá o Estados Unidos.

Con su proyecto posdoctoral, el académico busca generar un debate entre publicistas y consumidores con el objetivo de impulsar que en las expresiones de los medios se represente la diversidad mexicana. 

De acuerdo con su primer trabajo de campo, el profesor Juris Tipa encontró, mediante la realización de entrevistas en profundidad con público joven, que éste quiere ver en los medios la diversidad de las corporalidades, de las orientaciones sexuales y de las razas que habitan en el país. 

Ante el racismo colorista que forma parte de la estructura de la sociedad mexicana, el cambio de paradigma sobre las expresiones coloristas en la publicidad es inevitable, pero su adaptación será de forma paulatina, concluyó.  

Este material se comparte con autorización de la IBERO

“El presente artículo es propiedad de IBERO, recuperada de Desinformémonos

Macías, B. (2021). Racismo colorista domina expresiones de la publicidad: investigación. Desinformémonos. Recuperado el 14 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/racismo-colorista-domina-expresiones-de-la-publicidad-investigacion/

Baja presupuestal afecta programas públicos para personas con discapacidad

Redacción | Yo También

Miércoles 5 de mayo de 2021

Fotografía de una persona en silla de ruedas, un hombre sentado de espaldas a la cámara que lleva puesta una camisa color azul y está de frente a una calle.

Un análisis sobre Discriminación y Vulnerabilidad en México muestra cómo afecta la política social a las instituciones responsables de apoyar a esa minoría.

En México realmente se vive una emergencia social. Durante años, los llamados grupos vulnerables han permanecido en un ambiente de constante abuso, situación que se ha agravado con la pandemia por COVID-19 y sus diferentes consecuencias.

La emergencia sanitaria ha impactado en todos los ámbitos y los efectos se reflejan entre las personas con alguna discapacidad, aunque ciertamente no son un grupo exclusivo. Sin embargo, esta minoría, que es la mayor en el mundo, sí ha resentido las decisiones de política social que ha tomado el actual gobierno.

“La gestión de la pandemia en materia de apoyo a los grupos vulnerables, ha presentado ciertos inconvenientes tanto operativos como en el seguimiento de los objetivos del artículo 1° de los derechos humanos, apegados a la Constitución, donde la Política Social carece de una visión discriminatoria”, destaca un análisis de la organización Signos Vitales sobre la Discriminación y Vulnerabilidad en México que puedes consultar aquí.

El estudio es una radiografía de cómo el actual gobierno maneja la política social y cómo está afectando el recorte presupuestal de los organismos encargados de aplicarla como es Conapred, quien este 2021 tiene un recorte del 14.6% en su presupuesto, lo que implica  una reducción de más de 23 millones 600 mil pesos en sus recursos.

En 2020, ese Consejo recibió 161 millones 943,308 pesos para el ejercicio de sus funciones, sin embargo, el gobierno federal busca otorgarle 138 millones ,262,478 pesos para 2021.

En los hechos, pareciera que las decisiones de gobierno van en contrasentido a que dispuesto por la Constitución Política, que en sus artículos 1º, 2º y 4º consagra las garantías constitucionales en contra de la discriminación.

Las carencias en los marcos legislativos en materia de apoyo a los grupos vulnerables exhiben el lugar de dichos grupos en la agenda del gobierno. Desde el 10 de junio de 2011 no ha habido modificación a las reformas constitucionales relacionadas con los derechos humanos en México ni su incorporación en la Política Social.

De acuerdo con el estudio, el paradigma de los derechos sociales en el país no ha  incorporado la idea de la discriminación, entendida como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo,  implicando consecuencias negativas en la vida de las personas que se relacionan con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos.

En un país lleno de víctimas de todo tipo y resultado de múltiples y complejas circunstancias, la mayor relevancia del Ejecutivo federal debería implicar la comprensión de los derechos humanos en los grupos vulnerables y la vinculación de la Política Social con la discriminación. 

Es decir, se trata de reconstruir el aparato público para construir el curso de desarrollo que se requiere para dar cumplimiento a lo que hace 10 años se decidió como el eje de articulación del proyecto nacional en el país, y con ello, traer la posibilidad de una vida plena y en dignidad para los mexicanos bajo un contexto de mayor riesgo por la crisis sanitaria.

“El presente artículo es propiedad de Yo También“.

Redacción (2021). Baja presupuestal afecta programas públicos para personas con discapacidad. Yo También. Recuperado el 6 de mayo de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/baja-presupuestal-afecta-programas-publicos-para-personas-con-discapacidad/

Volver a la esquina. Se duplica el número de trabajadoras sexuales en total desprotección

Gloria Muñoz Y Erika Lozano, Desinformémonos

05 de mayo de 2021

Ciudad de México. Tras un año de pandemia, los ingresos de las trabajadoras sexuales en México bajaron hasta en un 90%, lo que las coloca en una situación de absoluta precariedad  y “en constante peligro de muerte”, según datos de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez. De hecho, explica Elvira Madrid Romero, directora de esta organización que “muchas han fallecido no sólo por la Covid-19, sino de enfermedades que en años anteriores eran más fáciles de atender”. Ahí están los casos de Mariana, trabajadora que murió por una infección de muela que le atravesó el nervio; y Elizabeth, quien perdió la vida por la falta de un hospital para operarse de la vesícula. Ambas en este año 2021. Aunado a esto, asegura Madrid, la violencia en su contra se ha agudizado.

 “Resistir para no morir”, se llama la campaña que echó a andar la Brigada Callejera que, a grandes rasgos, consiste en no esperar nada del gobierno y fomentar el apoyo mutuo entre las trabajadoras. El mensaje es el siguiente: “si tienes ropa en buenas condiciones, medicamento, comida, tráelo para dárselo a una compañera”. Así, explica la socióloga que acompaña el trabajo sexual desde hace casi 30 años, es como están sobreviviendo quienes “no viven ni al día”.

Resulta paradójico, y al mismo tiempo explicable, que debido a que la crisis sanitaria detonó una crisis económica, aumentó el número de las mujeres que se dedican a este oficio, a pesar de recibir por ello muchos menos ingresos. El censo de la Brigada Callejera, de febrero del 2020, registró en Ciudad de México, a 7, 200 trabajadoras sexuales, y para agosto de ese mismo año,ya había 15, 200, es decir, un aumento del 100%. Lo que ocurre, señala la entrevistada, es que “muchas se habían retirado de las calles y habían puesto algún negocio, pero quebraron durante la pandemia, y ¿quién aguanta tantos meses sin poder abrir? El 40% de ellas regresó a su esquina; otras son personas que se quedaron sin trabajo y por primera vez le entraron a esta actividad; y otras son amas de casa que no se consideran trabajadoras sexuales, y ellas nos preocupan mucho porque se están infectando de VIH”.

Elvira Madrid es fundadora, junto con Jaime Montejo, su compañero de vida y de lucha, de la Brigada Callejera, organización que apoya el trabajo sexual en los barrios más pobres de la Ciudad de México y en otros estados del país, como Chiapas y Jalisco. Justo hace un año, el 5 de mayo, Montejo perdió la vida a causa del coronavirus que, posiblemente, contrajo en las calles apoyando a las trabajadoras con comedores comunitarios. Pero “Jaime no murió, el gobierno lo mató”, gritaron sus compañeras en la movilización del Día del Trabajo, debido a que el activista no recibió la atención médica que podría haberle salvado la vida. Fue rechazado en siete hospitales por falta de cupo, según confirma Elvira Madrid, quien deambuló con él durante dos días y también contrajo el virus.

Movilización de trabajadoras sexuales en el Día del Trabajo en las calles del centro histórico de la Ciudad de México / Foto: Gerardo Magallón

Jaime, Elvira y otras integrantes de la Brigada repartieron despensas casi desde el inicio de la contingencia. Tan sólo en 2020 distribuyeron 10,200, más los apoyos económicos para que las trabajadoras sexuales completaran el pago de la renta de sus viviendas, pues muchas fueron echadas de los hoteles de paso en los que vivían y trabajaban, en zonas como La Merced, Colonia Obrera o avenida Tlalpan, entre otras. Al mismo tiempo, muchos de sus hijos dejaron de estudiar porque no tienen televisión, y menos una computadora con acceso a internet, que requiere la educación a distancia.

Betza y Estrella, nombres ficticios para trabajar, padecen una situación económica difícil. Betza tiene 32 años, de los que ha pasado 10 en las calles del barrio de la Merced. Mantiene a su hijo, a sus padres y a su pareja, pero el trabajo para ella ha caído en un 80%. Constantemente recibe insultos y extorsiones de la policía. “¡Puta barata!”, le gritan a su paso. Y ahora se siente más discriminada por continuar trabajando. “Me dicen que los puedo contaminar, pero yo cumplo con las medidas sanitarias y me protejo”, precisa. “Hay clientes que les incomoda la mascarilla y me piden que me la retire. Y, pues, me la quito”.

Betza su “representante” le comunicó que había un virus, pero, dice, “pensé que era un mito. Empecé a creer que era verdad cuando todos se comenzaron a guardar en sus casas, y empezó a verse poca gente en la calle”. Acostumbrada a vivir en un clima de violencia, Betza lamenta que la policía no la cuide y que, por el contrario, la hayan golpeado, amenazado e insultado. “Para el Gobierno, no valemos nada, por eso nos ofrece mil pesos (unos 50 dólares) para tres meses, porque hay desprecio”.

Estrella tiene 40 años y es una de las miles de migrantes internas que llegan a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Nació en el estado norteño de Zacatecas, y mantiene sola a tres hijos de 7, 4 y 2 años de edad. En época normal tenía hasta siete clientes al día. Ahora, apenas llega a uno por día. Trabaja, además, como empleada doméstica y gana 80 pesos diarios (menos de cinco dólares). Teme que su trabajo “se va a acabar”.

Día de la mujer trabajadora

Las calles del centro histórico de la Ciudad de México volvieron a ser tomadas este año por las trabajadoras sexuales en ocasión del Día del Trabajo. Hace un año interrumpieron su movilización por la pandemia, pero este primero de mayo la retomaron con cubrebocas, distanciamiento y demás medidas sanitarias. No podían quedarse en casa. “Ya no”, dice Sandra, quien todavía hace servicios en algún rincón de la calle o en el automóvil del cliente. Se cuida, dice, con mascarilla, gel antibacterias y sin besos. En cambio Laura, de 40 años, lleva cinco trabajando en las calles del centro histórico, y ha tenido que decir basta desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria en México. No por voluntad propia, sino a causa del cierre de los hoteles. Vive en el municipio de Chalco, estado de México, uno de los de mayor contagio de todo el país. Tiene dos hijos que no saben a qué se dedica y que dependen económicamente de ella. De un día para otro se quedó sin dinero para comida, azúcar, jabón, gas, luz y alquiler. Ahora, con el dinero que gana con la venta de cosméticos por catálogo come “un día sopita, otro día frijoles, y una vez a la semana, pollo”.

Hoy, junto con la Brigada, Sandra continúa defendiendo sus derechos como trabajadora. “Les guste o no les guste”, dice Elvira Madrid, “ya se obtuvo el reconocimiento del trabajo sexual como “no asalariado de la vía pública”, al menos en la Ciudad de México, y seguiremos dando la batalla hasta que se dé el reconocimiento en todo el país”.

Movilización de trabajadoras sexuales en el Día del Trabajo en las calles del centro histórico de la Ciudad de México / Foto: Gerardo Magallón

Del gobierno, coinciden Sandra y Elvira, “no esperamos nada, pero de la sociedad esperamos más solidaridad”, e insisten en la falta de respuestas y discriminación por parte del gobierno de turno, del partido que sea. “Las están matando en vida, no encuentran solución. Hace dos meses lanzamos un diagnóstico para que voltearan a ver la situación de las trabajadoras sexuales, pero no pasó nada, nadie se acercó a ver qué se necesitaba, nadie volteó a verlas. Vemos todo ese odio que cargan hacia ellas”, lamenta Madrid Romero.

El único apoyo recibido por parte del gobierno fue una tarjeta de mil pesos para tres meses. La situación es alarmante. La Brigada publicó, a finales de 2019, el informe “Mujeres de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba y migrantes internos en el trabajo sexual, en México”, con un listado de 30 indicadores para medir la violencia hacia las trabajadoras sexuales. Debido a la actual emergencia sanitaria, se ha detectado un incremento en, al menos, 21 de esos indicadores, entre los que destacan la violencia institucional y económica. Según La Brigada “ante la prohibición del comercio sexual, el crimen organizado y los delincuentes de barrios donde había trabajo sexual son los que han ‘acogido’ a trabajadoras sexuales, haciéndolas además víctimas de violencia, extorsión, robo, violación y privación de libertad”.

La Brigada Callejera da cuenta del aumento “del señalamiento y estigmatización de las trabajadoras sexuales, ya que no pocos sectores de la población, de los grupos políticos gobernantes y de la prensa mexicana, las consideran un grupo que contagia el covid-19 a sus clientes”. El comercio sexual no ha desaparecido a pesar de la pandemia, y ha aumentado la extorsión de funcionarios públicos, que exigen mayores cuotas a cambio de dejarlas trabajar. Paralelamente, continúan los asesinatos y desapariciones de estas mujeres en todo el país.

“La autoorganización ha sido la mejor respuesta de las trabajadoras sexuales ante la amenaza de contagio de la covid-19”, subraya la Brigada Callejera, y esto les ha permitido coordinar comedores y colectas de víveres, medicamentos, colchonetas, cobijas y dinero para las más desprotegidas. Justo en esas tareas falleció Jaime Montejo, a quien se le dedicó la movilización del primero de mayo, pues, como como se leía en las mantas de sus compañeras en la marcha del Día del Trabajo, «murió en la línea».

Movilización de trabajadoras sexuales en el Día del Trabajo en las calles del centro histórico de la Ciudad de México / Foto: Gerardo Magallón

Este trabajo es parte del especial Mujeres que trabajan hasta el fin y sin derechos realizado por medios de comunicación que son parte de la alianza Otras Miradas

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Muñoz, G. y Lozano, E. (2021). Volver a la esquina. Se duplica el número de trabajadoras sexuales en total desprotección. Desinformémonos. Recuperado el 06 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/volver-a-la-esquina-se-duplica-el-numero-de-trabajadoras-sexuales-en-total-desproteccion/

El Estado Mexicano reacciona (un poco): ya prepara disculpa pública

Katia D’Artigues | Yo También.

Miércoles 5 de mayo de 2021

Fotografía de un hombre de edad media, lleva puesto un saco azul y una corbata roja, en la mano izquierda lleva un reloj de color negro. Se encuentra escribiendo con una pluma de color negro en una hoja de papel en blanco sobre un escritorio de madera, en el cual se encuentran otros objetos: una computadora, una pluma, un par de anteojos y un calendario.

Aunque en la secretaría de Relaciones Exteriores, vía Christopher Ballinas, aseguró que había 21 instituciones del Estado Mexicano que no habían reportado acciones para sustentar el avance en el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (que el pasado 3 de mayo cumplió 13 años de su entrada en vigor al país), resulta ser que una institución sí presentó un reporte que no tienen contabilizado: el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) que depende de Gobernación.

La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me hizo llegar un par de documentos donde esta institución -que sigue acéfala desde la renuncia de Mónica Maccise en junio de 2020- documenta que sí ha realizado acciones en 9 rubros, incluyendo el apoyo a la secretaría de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de la recomendación, hecha en 2019 sobre el caso en particular de Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad psicosocial al cual se le violaron sus derechos humanos al debido proceso y a la igualdad jurídica.

También, asegura CONAPRED en el documento que pueden leer aquí que incluso apoyó a la secretaría de Relaciones Exteriores para sustentar los Informes Periódicos 2o. y 3o. combinados de México sobre la instrumentación y cumplimiento de la Convención. Una versión más detallada está acá

El caso Arturo Medina Vela

Aunque el plazo puesto por el Comité de Expertos de Naciones Unidas para que el Estado Mexicano ofreciera una disculpa pública y tome medidas de no repetición en el caso de Arturo Medina Vela expiró el pasado 26 de marzo, en la secretaria de Gobernación dicen que ya están “iniciando el proceso”. 

Enrique Irazoque Palazuelos, director de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación me dijo: “La Unidad ha retomado el proceso de coordinación con Documenta-Análisis y acción para la justicia social, A.C. (representación legal de Arturo Medina) para dar cumplimiento al Dictamen del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo componente de partida será el acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública del Estado, el cual se proyecta pueda llevarse a cabo entre junio y julio próximos”.

Esperemos a junio o julio, pues. 

Medina es un joven con discapacidad psicosocial que estuvo preso durante 4 años y se le negó su derecho a la defensa porque el estado le puso una “medida de protección”, al declararlo “inimputable” que le negó su derecho a la defensa. Puedes leer un resumen de su caso aquí. 

Otras ‘acciones’ de Conapred.

En el documento mandado por Sánchez Cordero, Conapred dice que entre diciembre de 2018 a marzo de 2021 también:

  1. Participó en el proceso de reforma a la Ley General de Educación para la incorporación plena del criterio de educación inclusiva así como en el “proceso de integración de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva -ENEI- “ derivada de esa reforma para “materializar el carácter inclusivo de la educación”.
  2. Que en su Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación (Pronaid) 2020-2024 “incluytye acciones puntuales para la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.
  3. Que dio varios cursos que llegaron a 36 mil 202 personas sobre temas de discapacidad,  distribuyó 7 mil 269 ejemplares sobre derechos de personas con discapacidad, publicó un documento específico sobre los resultados de personas con discapacidad de la ENADIS 2017 y tamibén hizo una versión en lectura fácil de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en el 2021 publicó el libro “sentencias relevantes en materia de igualdad y no discriminación” que contiene casos de personas con discapacidad. 
  4. Que tuvo varias acciones de vinculación del tema de discapacidad con otras instituciones como la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Conacyt, Inmujeres y la Profeco.
  5. Que iniciaron en 2020 el proceso para transformar la Norma Mexicana NMX-r-025- SCFI.2015 sobre Igualdad Laboral y no discriminación en Norma Oficial Mexicana
  6. Que desde el 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de este año iniciaron 69 expedientes de quejas calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con personas con discapacidad.
  7. Que desde 218 lanzaron una campaña llamada “Incluir para crecer” que incluyó a pcd.
  8. En la pandemia que participaron en la integración y publicación de la “guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19” que hizo la secretaría Salud y revisaron la Guía Bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica así como la defensa de pcd y otras poblaciones frente a restricciones de horario e ingreso a establecimientos comerciales de bienes y servicios.

“El presente artículo es propiedad de Yo También“.

D’Artigues, K. (2021). El Estado Mexicano reacciona (un poco): ya prepara disculpa pública. Yo También. Recuperado el 5 de mayo de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/el-estado-mexicano-reacciona-un-poco-ya-prepara-disculpa-publica/

”Es mejor no decir de dónde vienes”: mujeres migrantes indígenas en Monterrey

Liz López | Chiapas Paralelo.

Martes 4 de mayo de 2021

En Monterrey no todo es progreso. Esta ciudad considerada en México como «más avanzada»,  carga consigo uno de los atrazos más grandes que hay en el mundo, el de la discriminación, que remonta en nuestro continente, a los primeros años de la Conquista. Tras más de 500 años, la población regia no ha podido descolonizar su pensamiento.

“Cuando escuché la palabra Monterrey, lo primero que pensé fue en progreso. Pensé en que podía vivir en una casa con piso de cemento, mandarle dinero a mis papás y comprarme un carro…”, cuenta Antonia, de 23 años, originaria de San Luis Potosí, que desde hace dos años trabaja como empleada de mostrador en un negocio del centro de la ciudad con mayor calidad de vida en México, donde viven más de 5 millones 300 mil habitantes, pero desde que llegó el dinero solo le ha permitido para pagar la renta donde vive y mandar algo de “dinero a casa”, asegura la joven migrante.

Antonia integrante de la etnia pame, que solo terminó la secundaria en su comunidad Los Olivos en el municipio de Matehuala, vecino a Nuevo León, es una de las 70 mil 551 personas que decidieron dejar su estado para buscar trabajo en otra entidad, entre el 2015 al 2020, según datos de INEGI, reflexiona que en la ciudad “es muy difícil ser mujer migrante e indígena”.

Monterrey es una ciudad con mayor recepción de migrantes que vienen de todo México y en los últimos años, de Centroamérica, que de acuerdo al último censo del INEGI, registró un crecimiento del 92.32 % en presencia de integrantes de grupos originarios, que convierte en la primera ciudad en este rubro a nivel nacional.

Carmen Farías, presidenta de la organización Zihuame Mochilla A.C , fundada en 2003 en Monterrey, detalló que en la zona metropolitana de Nuevo León se ubican 77 mil 945 personas de lengua hablante indígena (37 mil 686 mujeres y 40 mil 259 hombres).

“La composición varió de 2010, ya que eran 20 mil 490 hombres y 20 mil 038 mujeres. Habían más mujeres que hombres; ahora no. Eso tiene que ver con los flujos migratorios. La mayoría vienen de San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Estado de México, pero sobre todo de la zona de la región huasteca”

Los indígenas que han llegado a Nuevo León, se encuentran con mayor presencia en el municipio central de Pesquería, es la jurisdicción de García, donde hay más hablantes de alguna de los 66 idiomas del país y en segundo lugar se ubica Monterrey.

Por ahí se dice que “vivir lejos de casa no es para todos…. Los viajeros están hechos de otra pasta…”, dice Cecilia de 19 años de edad, que llegó procedente de Puebla, antes del inicio de la pandemia arribó a Monterrey para trabajar como niñera.

La joven nahuatl asegura que “ser mujer migrante e indígena, es dejar casi afuera la esperanza de acceso a oportunidades, ya que somos encasilladas para trabajos en casa: barrer, trapear, lavar ropa, planchar, cocinar o para cuidar a los niños”, pero en algunas empleos la dueña de la casa le ha preguntado si sabe “hablar bien español”, porque no quiere que “sus hijos vayan aprenderlo mal”.

Cecy, como le llaman de cariño, asegura que no habla náhuatl, porque sus padres nunca le enseñaron el idioma.

Las labores del hogar, es uno de los empleos más demandantes en la zona metropolitana, por lo que la mayoría de las mujeres indígenas se dedican a trabajos de casa donde logran percibir salarios de 450 pesos en un día, siempre y cuando sea de “entrada por salida”, pero si viven en la casa recibiendo alimentación y un cuarto, entonces el salario va de mil 500 a dos mil pesos a la semana, con jornadas que van de las siete de la mañana, hasta que termine el día, un día de descanso, que es el domingo.

Carmen Farías que dirige Zihuame Mochila, organización que trabaja en mejorar calidad de vida y y respeto a la diversidad cultural de pueblo indígenas en Nuevo León, comentó que la mayoría de “la gente indígena no viene de paso. Viene a quedarse. Algunos viene por temporadas, pero en mayoría son los mayores de edad “La población joven viene para quedarse y se encuentran en diferentes profesiones, incluso con maestrías y doctorados”.

Agrega que: “Es mucha la ignorancia y prejuicio en la sociedad. Y tristemente para comunidades indígenas esto hace que haya prevalecido la discriminación desde la colonia. No es novedad. Por tradición, Nuevo León se ha conformado de población migrante. No todos indígenas, pero sí migrantes. Terceras generaciones son de aquí, pero a quien le preguntes te dirán que su padres o abuelos viene de San Luis, Zacatecas o Jalisco, porque antes las personas venían a trabajar en las fábricas. Es un contrasentido, en que siendo un estado que ha crecido Gracias a la migración, sea tan discriminatorio. Debería ser mucho más abierto, tolerante, y no lo es”, enfatizó la activista.

Durante los 10 años que ha vivido en Monterrey, Karla de 26 años, originaria de Durango que labora como enfermera y recepcionista, se ha percatado el trato que reciben los migrantes en Monterrey:

”Cuando dices que eres de otro lado, los regíos te ven raro. Hay quienes se alejan, te discriminan. Cuestionan tu estancia y preguntan si vas a irte pronto o piensas quedarte; no saben de la necesidad del otro. Estoy aquí porque de dónde yo vengo no hay trabajo ni escuela, Sí extraño el calor de mi casa, pero sé que ayudo a mi mamá con los gastos”.

Foto: Liz López

El sentimiento de vulnerabilidad va creciendo ante la falta de aceptación. El sentirse discriminado ha llevado varios migrantes indígenas a esconder su origen y evitarse así la carga de ser señalados por los regios.

Una joven migrante habla con recelo y pide no ser identificada, mucho menos el grupo étnico al que pertenece, asegura que las mujeres que han llegado a Monterrey, prefieren no revelar su identidad, ni lugar de origen. “No lo decimos”, dice, pero “las recién llegadas se sienten orgullosas de haber salido de casa, pero van aprendiendo”.

Es domingo, la noche cae en Monterrey. La Alameda, cual ha servido de punto de encuentro para muchos migrantes, comienza a vaciarse y con ello miles de mujeres indígenas se dirigen a los cuartos para descansar, para prepararse para otra jornada laboral de más de ocho horas.

“El presente artículo es propiedad de Chiapas Paralelo“.

López, L. (2021). ”Es mejor no decir de dónde vienes”: mujeres migrantes indígenas en Monterrey. Chiapas Paralelo. Recuperado el 4 de mayo de 2021 de: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/nacional/2021/05/es-mejor-no-decir-de-donde-vienes-mujeres-migrantes-indigenas-en-monterrey/

Discriminación laboral, otra secuela de la covid

Arturo Contrera Camero | Pie de Página.

Jueves 29 de abril de 2021

El abogado que fue despedido por la compañía italiana, comenta que solo su compañero de cubículo no lo discriminó a diferencia de todos los demás.

Además del riesgo de salud que conlleva enfermar de covid, los despidos y la dificultad para encontrar un nuevo empleo se perfilan como una de las secuelas más difíciles para quienes lo contraen, a pesar de que la Procuraduría Federal del Trabajo tiene programas de asesorías, lo hecho resulta insuficiente ante la ola de despidos

Fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar trabajaba en el hospital ABC, era médico dictaminador para una empresa de seguros, hasta que enfermó de covid. A las pocas semanas la empresa cortó, de tajo y unilateralmente, todo tipo de relación con él. Casos como el suyo se repiten por los miles; filas de trabajadores que después de contrarer el nuevo coronavirus fueron sujetos de discriminación laboral.

Como el de Omar, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) atendió cerca de 12 mil casos parecidos desde que inició la pandemia, la mayoría registrados entre abril y junio de 2020. 

Todos esos casos se atendieron a través del sitio en línea que crearon especialmente para atender despidos injustificados y pagos detenidos por la pandemia, sin embargo, el titular de la Profedet, Luis Enique Solorzano Espinosa, no cree que la emergencia sanitaria haya provocado un nuevo paradigma en la violación de derechos laborales de las personas. 

“Si ha afectado, eso no lo puedo responder, nosotros en la Procuraduría defendemos trabajadores, esa es la actividad que tenemos, lo que ha pasado con la situación de la emergencia nos ha permitido tener una mejor forma de atender a los trabajadores, no solo presencial sino a través de asesorías telefónicas y por correo”, asegura en entrevista telefónica.

A esta tarea se ha dedicado buena fuerza del personal de la Procuraduría, que nunca cerró sus puertas, a diferencia de la Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, que durante los la pandemia dejaron de resolver casos de desencuentros laborales entre empleados y patrones. No obstante, podría no ser suficiente. 

Durante el primer pico de la epidemia, entre mayo y junio de 2020, casi 100 mil personas acudieron de forma presencial a la Profedet por casos parecidos.

Si bien por motivos de la pandemia la Profedet atendió 20 mil casos, sólo logró una resolución favorable en 23 de ellos, y abrió 68 juicios más. Pero tan sólo en abril de 2020 más de 12 millones de personas perdieron su empleo en México.

“A mí me dio covid en noviembre; como secuela me quedó fibrosis en el pulmón derecho. Tuve neumonía, tuve incapacidad por tres meses, y cuando llegó el tiempo, no querían que me reincorporara a mis labores. Finalmente me reincorporé y, a partir de entonces, me estuvieron presionando, me hostigaban, me ponían más trabajo, yo quería que entendieran que yo no podía trabajar tanto, que me costaba mucho, pero en vez, me ponían más”, relata Omar en una entrevista telefónica. 

Según cuenta, su contagio tuvo que ver con el hostigamiento y acoso laboral del que fue objeto desde meses antes, cuando su jefa se enteró de sus preferencias sexuales.

Mi jefa es medio espantadita, yo no lo ando diciendo al mundo, pero tampoco lo escondo cuando me lo preguntan, se enteró por alguna razón y empecé a tener problemas con ella. Me hicieron un chisme, me difamaron”.

Poco después de esto, a Omar se le enterró una astilla en el dedo y se le infectó todo el brazo.

Espantado, fue al hospital, donde recibió el diagnóstico de una enfermedad que afecta su sistema inmune. Para el diagnóstico tuvo que tomarse tres días laborales, los cuales solicitó como parte de sus derechos, pero le fueron negados y se le descontaron. Desde ese incidente, la jefa de Omar le pidió que firmara su renuncia. Él se negó. “Está bien, si no quieres, te vamos a despedir de manera justificada”, le amenazaron. 

Tiempo después, en medio del hostigamiento laboral que le imponía jornadas extenuantes, la depresión que le provocó el diagnóstico previo y la condición del mismo Omar enfermó de covid.

“En mi área trabajamos tres médicos y yo; mis dos compañeros fallecieron de covid”, narra. 

Tres semanas después de que Omar se recuperó, cuando intentó retomar sus labores, se dio cuenta que la misma empresa le había bloqueado el acceso a las herramientas de trabajo.

“Me quitaron el acceso al sistema, estuve mandando mensajes de por qué ya no me dejaban entrar, hasta que un día me dicen ‘comunícate con el abogado’. Me comunico, y me dijo que yo ya no laboraba en la empresa, por teléfono”. 

El caso de Omar resume una realidad característica de la precarización laboral en México, que se recrudeció con la pandemia: en el país las condiciones de salud, de género y el embarazo son las principales razones de exclusión laboral, según datos de 2019 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred.

El abogado egresado de la UNAM asegura que sus padres han sido su principal motivación para seguir adelante, pues ambos dependen de él
económicamente.

Prohibido enfermarse

Desde antes del primer pico epidémico en el país, en mayo del 2020, muchas empresas empezaron a recortar sus plantillas laborales. Cuatro de cada 10 compañías en México ya lo habían hech, según una encuesta realizada por la Confederación de Cámaras Industriales de México, la Concamin.

Muchas de estas empresas, de por sí, ya contaban con esquemas en los que los derechos laborales eran menos que una ilusión. Como la empresa en la que trabajaba Norberto, abogado especializado en el sector de la construcción, a quien después de casi cinco años de labor en la Constructora Sicim nunca le entregaron un contrato definitivo.

“Es la sede de una constructora italiana basada en México, te contrataban por outsourcing, uno no estaba dado de alta ante el IMSS. La empresa se asesoró bastante bien para hacer las cosas mal. Su centro de trabajo estaba en Guadalajara y la empresa que nos contrataba estaba en San Luis Potosí y no declaraba al seguro lo que nos pagaban a nosotros”, cuenta sobre sus condiciones. 

Norberto.

Poco después de empezar la pandemia, las órdenes de la empresa fueron estrictas:

“‘Nadie puede dejar de venir a trabajar, se tienen que hacer guardias’. Eso nos dijeron, a pesar de que era una empresa no esencial. Incluso buscaron una manera de solicitar una carta del presidente de la empresa para no parar las funciones”.

Norberto enfermó en julio del 2020, según cree, por compartir la oficina con muchos de sus compañeros que no pudieron dejar de trabajar. Junto con él, enfermó el resto de su familia. 

“Nos enfermamos en julio. Mi papá tuvo secuela en un pulmón, mi mamá tuvo un shock hipovolémico, que da por el uso de anticoagulantes, provoca un sangrado interno, que si no encuentra cómo salir, puede provocar el ahogamiento, pero no pasó a mayores”. 

Cuando Norberto enfermó, seguía asistiendo a la oficina, por orden de sus jefes. Al tener síntomas, él mismo se realizó una prueba, no la empresa. Cuando conoció el resultado, preguntó si debía pedir una incapacidad en el IMSS, y la respuesta fue contundente. 

“Regresé para el 6 o 7 de octubre, que me pidieron que fuera a presentar mi estudio de laboratorio de covid. Entonces el gerente de recursos humanos me dijo: ‘Qué bueno que estás aquí, déjame darte tu finiquito’. Yo no sabía que desde el momento en que notifiqué que me sentía mal para ellos fui una baja definitiva. Solo que se esperaron una semana para correrme. La empresa continúa operando así, según me dicen. Hicieron llegar una circular que decía que al primer síntoma, sea Coronavirus o no, están dados de baja de la empresa”. 

Omar no recibió su última quincena. Actualmente batalla para pagar el tratamiento de sus enfermedades, pues de un día para otro se quedó sin trabajo. Norberto, por su parte, ya no cree en la sensibilidad o en la comprensión de las empresas. “Ninguna persona está exenta de este virus, y los trabajos no entienden. Deberían ser más empáticos y comprensivos”. 

¿Qué hacer en caso de emergencia?

En caso de que una persona decida terminar su relación laboral por propia cuenta tiene derecho a recibir una parte proporcional de su aguinaldo, el pago de sus vacaciones así como de la parte proporcional de su prima vacacional; una prima de antigüedad, si tiene al menos 15 años de antigüedad y la cobertura de sus prestaciones laborales. 

En caso de que se produzca un despido injustificado, el trabajador tiene esas mismas prestaciones. También, tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional. 

Si usted necesita algún tipo de orientación, puede comunicarse al: 01 800 911 7877 o solicitar información al correo: orientacionprofedet@stps.gob.mx

También puede emitir denucnias a través de este sitio: https://procuraduriadigital.stps.gob.mx

“El presente artículo es propiedad de Pie de Página“.

Contreras Camero, A. (2021). Discriminación laboral, otra secuela de la covid. Pie de Página. Recuperado el 29 de abril de 2021 de: https://piedepagina.mx/discriminacion-laboral-otra-secuela-de-la-covid/

Criminalización contra pueblos indígenas se intensificó durante pandemia, denuncian organizaciones

Redacción Desinformémonos

27 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. La criminalización hacia pueblos indígenas alrededor del mundo se intensificó durante la pandemia, expuso Indigenous Peoples Rights International (IRPI) en su primer informe. Con el pretexto de prevenir los contagios, se impusieron políticas restrictivas y en algunos países se ha debilitado la protección ambiental para acelerar inversiones y megaproyectos, señaló la iniciativa global.

La organización documentó 204 casos de violencia y ataques contra pueblos indígenas y, explica, identificó patrones de criminalización, violencia e impunidad, donde la mayoría de las víctimas, sus familias y comunidades fueron amenazadas o acosadas.

Durante la presentación virtual del informe, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, habló sobre la situación en México y la violencia contra pueblos indígenas, la cual ha aumentado por disputas territoriales, por la presencia del crimen organizado y por la falta de un marco jurídico que reconozca plenamente los derechos de los pueblos, señaló Barrera. 

Rubén Moreno, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, expuso la situación que se vive en el estado de Chiapas, ante agresiones armadas contra comunidades desplazadas y la llegada de la Guardia Nacional sin consentimiento de las comunidades.

Integrantes de Indigenous Peoples Rights International condenaron el asesinato de la gobernadora indígena del Cauca, Sandra Peña, y externaron su solidaridad con el Consejo Regional Indígena del Cauca ante los recientes ataques.

El informe reveló la discriminación y la impunidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas del mundo, además de que los ataques se basan en discriminación sistémica y racismo. A este escenario se suman las condiciones de desigualdad en medio de la pandemia por Covid-19, señaló la iniciativa global. 

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2021). Criminalización contra pueblos indígenas se intensificó durante pandemia, denuncian organizaciones. Desinformémonos. Recuperado el 28 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/criminalizacion-contra-pueblos-indigenas-se-intensifico-durante-pandemia-denuncian-organizaciones/

Muerte materna en campos agrícolas

Tlachinollan, recuperado de Desinformémonos

26 de abril de 2021

En la mañana del miércoles 21 de abril, Margarita Bartolo Fermín, acudió a la clínica del IMSS de Guasave, Sinaloa, al advertir que tenía un pequeño sangrado. A pesar de que se encontraba a unos días de tener a su cuarta hija, el médico le comentó que no era de cuidado. Como a las 9 de la noche, su esposo Eustaquio Castro la trasladó de urgencia a la misma clínica porque el sangrado era mayor. La metieron al quirófano para operarla, sin embargo, no pudieron controlar la hemorragia. Optaron por trasladarla al hospital de los Mochis, Sinaloa, para tenerla en terapia intensiva. La sangre que había perdido, con la operación de la cesárea, no la pudo recuperar. En la mañana del jueves 22, los médicos le notificaron a Eustaquio que su esposa había muerto.

Margarita salió hace tres años de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, ante la falta de trabajo y la violencia que han impuesto grupos de la delincuencia organizada, en los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa. Eustaquio no cuenta con tierras para sembrar, ni tiene casa dónde vivir. Llevaba dos temporadas, en el campo agrícola El Gallo, perteneciente a la empresa Sacramento en Guasave, Sinaloa. Vivía en el cuarto 523 en Batamonte donde hoy se encuentra tendida Margarita. Le pagaban 197 pesos por cada tarea que realizaba que consiste en recolectar 30 botes de chile o 12 botes de tomate tipo uva. A la semana lograba recibir un pago de 2 mil pesos, cuando bien le iba, pero regularmente no hay muchas tareas durante la semana. Sobrevive con el poco dinero que han podido juntar. Sus tres niñas no han tenido la oportunidad de estudiar, porque es difícil acudir a la escuela cuando los padres tienen que estar en el campo. Margarita tuvo la oportunidad de estudiar la secundaria, pero ya no logró continuar con sus estudios ante los riesgos que implica salir ir a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, donde la delincuencia organizada ha tomado el control de la seguridad.

En el año de la pandemia, el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, de febrero del 2020 al mes de marzo del presente año, ha registrado la salida de 17 mil 775 personas, que se han enrolado como jornaleros agrícolas, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y Baja California, principalmente. 8 mil 768 son mujeres y 9 mil 7 son hombres, de los municipios de Cochoapa el Grande, Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Copanatoyac y Atlamajalcingo del Monte. En cuanto a su pertenencia a un pueblo indígena el 46% de las familias es Na’Savi, el 26% es Me’phaa, el 21% Naua y el 7% es población que no se adscribe a un pueblo indígena.

La población infantil de 0 a 17 años representa el 42%, los jóvenes y adultos de los 18 a 64 años, asciende al 57%. Los índices de analfabetismo son alarmantes debido a que el 42% de la población no fue a la escuela y solo el 16% reporta que terminó la primaria. Hay un 22% de niños y niñas que no concluyeron estos estudios, y solo el 10%, tuvo la oportunidad de concluir su secundaria. El 4% de jóvenes cuenta con bachillerato, sin embargo, al no encontrar trabajo en su región, han optado por contratarse como jornaleros agrícolas. 

Durante este año 162 personas acudieron al campo agrícola El Gallo, donde murió la indígena Naua Margarita Bartolo Fermín. En ese mismo lugar el 23 de septiembre del 2014, murió un niño Naua de dos años, originario de Chiepetepec, municipio de Tlapa, debido a la atención negligente de los médicos de la misma clínica donde fue atendida Margarita. Son los niños y las mujeres indígenas jornaleras, la población más vulnerable que está condenada a sobrevivir en condiciones insalubres dentro de los campos agrícolas. Carecen de servicios médicos, de albergues y de servicios básicos como el agua potable y la luz eléctrica. En un gran número de campos, la explotación laboral es extrema, sin que se hagan efectivas las prestaciones que por ley les corresponden.

En el año 2019, se inscribió en la Ley Federal del Trabajo la obligación para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un salario mínimo profesional para las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta los riesgos inherentes a las labores desarrolladas y las características de las familias jornaleras. Para ello, se realizaron reuniones con la Secretaría del Trabajo, así como la CONASAMI, donde se expusieron las diferentes problemáticas que enfrentan en los campos agrícolas. Se planteó la urgencia de mejorar las condiciones de vida, que se orienten a revertir las múltiples violencias que se viven en los campos agrícolas.

Como resultado de estas gestiones el 16 de diciembre del 2020, la CONASAMI aprobó un incremento al salario mínimo de las personas jornaleras del 30 por ciento respecto al salario mínimo vigente, quedando en 160.19 pesos. Para la población jornalera, este pequeño aumento no representa ninguna relevancia, porque en la práctica ganan más trabajando por tareas o a destajo. Es una lucha desigual porque al interior de la CONASAMI, la voz cantante la tienen los empresarios que no están dispuestos a ceder sus ganancias, a cambio de la mejora salarial de los trabajadores.

No solo es la sobreexplotación de la mano de obra indígena, sino la discriminación institucionalizada, la carencia de servicios básicos, la denigración de la vida familiar y el destino funesto de las muertes de niños y niñas, así como las muertes maternas, como la de Margarita Bartolo Fermín.

Publicado originalmente en Tlachinollan

“El presente artículo es propiedad de Tlachinollan, recuperado de Desinformémonos

Tlachinollan. (2021). Muerte materna en campos agrícolas. Tlachinollan. Recuperado el 26 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/muerte-materna-en-campos-agricolas/

Cardumen Lab: un antídoto audiovisual contra el racismo en México

Cardumen Lab tiene el propósito de explicar los mecanismos del racismo sistemático que afecta, especialmente, a las comunidades afromexicanas, y al mismo tiempo propone reflexiones sobre cómo combatirlo

Gustavo Escalante (@fumandoplanetas), Lado B

22 de abril de 2021

Lado B
*Foto de portada: cardumenlab | Instagram

Con el propósito de ser un espacio para la creación artística y la difusión de proyectos con enfoque antirracista e inclusivo nació hace cinco años el proyecto Cardumen Lab, una comunidad virtual fundada por el cineasta afromexicano André Lo Sánchez, a la que se han sumado más de treinta artistas de distintas disciplinas. 

La idea inicial del proyecto fue unir el talento de distintos artistas para crear una comunidad donde, con total libertad, se pudiera experimentar con ideas creativas—a manera de un laboratorio—, para posteriormente llevarlas a cabo con la participación de toda la comunidad. El objetivo era unir distintos talentos a fin de crear un todo más grande, así como sucede con los cardúmenes de peces, contó el fundador del proyecto a LADO B. 

Cardumen Lab se dedica a producir proyectos audiovisuales de carácter artístico, pero también se ocupa de promocionar el arte a través de las redes sociales, especialmente aquel hecho por artistas afrodescendientes, de igual forma busca visibilizar a las comunidades afromexicanas, cuestionar el racismo sistemático que impregna nuestra sociedad y promover redes de apoyo para la generación de nuevas ideas entre artistas.

Con cortometrajes, documentales, series fotográficas, videoreseñas sobre arte y productos de entretenimiento, un podcast y recientemente un canal de videos en Tik Tok acerca del racismo, Cardumen Lab muestra que en nuestra sociedad existen asuntos por resolver respecto a la segregación racial y la inclusión. 

A decir del director del proyecto, en la cotidianidad de las y los mexicanos no se reconoce que existen prácticas racistas que ponen en desventaja a ciertos sectores de la población, como las comunidades afrodescendientes, de ahí la importancia de trabajar los proyectos de Cardumen con un enfoque antirracista. 

El mestizaje como disfraz del racismo

Cardumen Lab
Foto: cardumenlab | Instagram

André Lo Sánchez afirma que el racismo en México está disfrazado por un discurso de estado-nación basado en el mestizaje, que sostiene la idea de que la sociedad debe ser entendida como algo homogéneo —pues al creer que todos somos mestizos se niega la existencia de la diversidad étnico-racial— y no como un todo diverso.

A través de chistes sobre el color de la piel, estereotipos asignados a las personas afrodescendientes, frases dogmáticas como «trabajar como negro», discursos audiovisuales que niegan la existencia de las personas de color, modelos aspiracionales basados en arquetipos de belleza blanca y actitudes discriminatorias, se esconden prácticas racistas que atraviesan todas las esferas de la vida cotidiana. 

Los elementos anteriores se han normalizado y conforman un racismo sistemático —es decir, que penetra en todo nuestro sistema social— que se refleja en relaciones de poder verticales basadas en la idea de que hay personas superiores a otras por su color de piel; dichas prácticas generan violencia y opresión hacia grupos vulnerables, afirma André Lo Sánchez. 

Al respecto, en México, el 56 por ciento de las personas afromexicanas opinan que sus derechos no son respetados, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el estado de Puebla el panorama también es desfavorable, pues, según la Enadis, esta es la entidad donde más prevalece la discriminación en razón de tono de piel, manera de hablar, aspecto físico, forma de vestir, sexo, edad y orientación sexual; le siguen los estados de Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos. 

El racismo sistémico afecta a todos los grupos sociales que estén fuera del canon establecido por el discurso del mestizaje y por la supremacía del color de piel. Estos sectores se vuelven ajenos y periféricos a un sistema que busca directa o indirectamente suprimirlos mediante prácticas discriminatorias.

Visibilizar a las personas afromexicanas es reconocer su existencia. En este ámbito se están logrando avances sustanciales, como la inclusión de la categoría de autoadscripción como persona afromexicana en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi y el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos, pero el camino para intervenir el problema apenas comienza, por ello Cardumen Lab apuesta por la difusión de arte e información que contribuya a avanzar en las soluciones.

Desaprendiendo el racismo en YouTube y Tik Tok

Cardumen Lab
Foto: Cardumen Lab | Facebook

Desde videos sencillos pero precisos para señalar prácticas discriminatorias difundidos en Tik Tok, hasta documentales que retratan la historia de vida de las personas afromexicanas, Cardumen Lab apuesta por el formato audiovisual para combatir el racismo.

André Lo Sánchez afirma que los contenidos audiovisuales son una gran oportunidad para educar a la población interesada en desaprender el racismo o en conocer sobre la diversidad que hay en nuestro país; no obstante, comenta, esta responsabilidad le corresponde al Estado, no a la comunidad afromexicana, que a falta de herramientas educativas provistas por las instituciones públicas —como libros de texto que hablen de la historia negra y la diversidad— ha tenido que asumir el rol de educar.

El proyecto más reciente de Cardumen Lab es una especie de antídoto audiovisual para hacer frente al racismo llamada «El kit básico antirracista», un video que explica la esencia del racismo, los métodos por los cuales se ha normalizado, sus consecuencias y una serie de herramientas para combatirlo.       

El director de Cardumen Lab considera que hay tres herramientas fundamentales —explicadas en el kit— para hacer frente al racismo: la visibilización, la empatía y el cuestionamiento.

Ser empáticos con las causas de las demás personas conlleva entender sus luchas, pero también tomar conciencia de la situación de vida de cada persona y tratar de entender desde la individualidad del otro, sin reducirlo a una categoría racializada.

El cuestionamiento es un proceso complejo que inicia con uno mismo y que se expande hacia el exterior, compartió con LADO B André Lo Sánchez, pues para el artista antes de poder cuestionar al sistema debemos aprender a cuestionarnos como personas, cuestionar nuestras acciones y sus consecuencias, nuestros comportamientos. 

Cuando uno se cuestiona «comienza a tener un poco más claro quién es y qué desea de la vida y cómo se desea manejar ante ella», explica Lo Sánchez. El cuestionamiento interior nos permite cuestionar la información que nos llega del exterior, los mensajes audiovisuales, la publicidad, los discursos, las opiniones y, a partir de ahí, hacer un análisis de las implicaciones que tienen los mensajes que recibimos y las narrativas que los sustentan.

El ejercicio del cuestionamiento constituye el eje fundamental del contenido de Cardumen Lab en YouTube, pues es la plataforma donde difunden una serie de reseñas sobre productos artísticos y de entretenimiento, dedicadas a visibilizar las creaciones de las y los artistas afrodescendientes y también a cuestionar las representaciones mediáticas que se hacen de las comunidades y personas afro.

Trascender el discurso de la visibilización

Representar a las comunidades afromexicanas es incluirlas, pero la representación no debe quedarse estancada en una imagen de vulnerabilidad, explicó el artista afromexicano, más bien debe tender hacia una imagen empática que comunique más allá de los problemas que afectan a las comunidades racializadas; la representación debe aprender a contar las historias de las personas negras, pues contar las historias va más allá de contar los problemas.

Respecto al reto que implica trascender el discurso de la visibilización, los medios masivos de comunicación juegan un rol importante, pues los mensajes que transmiten generan un impacto en la realidad que representan a sus audiencias, por tal motivo los medios deben aprender a representar con responsabilidad y nosotros debemos aprender a cuestionarlos, indicó el director.

El próximo proyecto de Cardumen Lab pretende trascender el reto de contar historias sobre las personas afrodescendientes, y será un largometraje impulsado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y el «Fondo Miradas 2021» creado por la organización de cine Ambulante y Netflix.

El filme que llevará el nombre «Las historias de mi gente» seguirá la historia de seis jóvenes afrodescendientes que residen en México, ellos contarán cómo tejen sus sueños, luchas e identidades en un país que evita hablar de racismo, discriminación y exclusión. Se espera que el largometraje se estrene a finales de año.

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Puedes conocer el trabajo de Cardumen Lab en sus redes sociales en FacebookInstagramYouTubeTwitter y Tik Tok.

Si te interesa saber más sobre cómo combatir el racismo puedes revisar el Kit Básico Antirracista que elaboró Cardumen Lab.

*Foto de portada: cardumenlab | Instagram

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Escalante, G. (2021). Cardumen Lab: un antídoto audiovisual contra el racismo en México. Lado B. Recuperado el 23 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/cardumen-lab-un-antidoto-audiovisual-contra-el-racismo-en-mexico/